Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01907-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01907-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01907-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315-000-2022-01907-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON JAIRO DELGADO GÓMEZ
TESIS: SE MODIFICA SENTENCIA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA
ACCIÓN DE TUTELA, PARA EN SU LUGAR DENEGAR EL AMPARO
SOLICITADO. EL TRIBUNAL EFECTUÓ UN ANÁLISIS INTEGRAL DE
LAS PRUEBAS QUE ESTIMÓ PERTINENTES, CONDUCENTES Y ÚTILES
PARA DIRIMIR LA CONTROVERSIA. EL HECHO DE QUE EL ACTOR
TENGA ANOTACIONES POSITIVAS EN SU HOJA DE VIDA NO LIMITA
EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LLAMAMIENTO A CALIFICAR
SERVICIOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL TRABAJO Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado a consideración de la Sala por el Consejero doctor
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la impugnación
interpuesta por el actor contra la sentencia de 19 de mayo de 2022,
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Número único de radicación: 110010315 000 2022 01907 01
Actor: JHON JAIRO DELGADO GÓMEZ
mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JHON JAIRO DELGADO GÓMEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al proferir
la sentencia de 24 de septiembre de 2021, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 110013335025 2017 00278 01.
I.2.- Hechos
Manifestó que prestó sus servicios en la POLICÍA NACIONAL como
1
En adelante la SECCIÓN CUARTA.
2
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315 000 2022 01907 01
Actor: JHON JAIRO DELGADO GÓMEZ
Oficial desde el 5 de noviembre de 1993 hasta el 26 de abril de 2017,
fecha en la que le fue notificada la Resolución núm. 1947 de 27 de
marzo de esa anualidad, a través de la cual fue llamado a calificar
servicios.
Precisó que durante el desarrollo de su carrera en la POLICÍA
NACIONAL recibió varias felicitaciones, condecoraciones y
excelentes calificaciones, no obstante, no fue recomendado para
realizar el curso de ascenso al grado de coronel, conforme con el
contenido del Oficio núm. 96155/DIPON-DITAH-1.10 de 18 de julio
de 2016, suscrito por el director de la institución.
Expuso que del contenido del acta de la junta en la que se tomó la
decisión de no recomendarlo para curso de ascenso, no se advierten
las razones o motivos de dicha decisión, en contraste al hecho de que
a otros de sus compañeros sí se les convocó para tal efecto, pese a
tener investigaciones, malas calificaciones y sanciones.
Explicó que solicitó la reconsideración de dicha decisión, no obstante,
esta fue confirmada mediante el Oficio núm. S-2016-
311149/ADEHU-GRUAS-1.10 de 16 de septiembre de 2016, sin
contar “[…] con la más mínima motivación y análisis de los
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argumentos y pruebas que arrimé ante el Ministerio, para efectos de
denotar las calificaciones y evaluaciones excepcionales que alcancé
dentro del período de evaluación de mi trayectoria profesional (2012-
2015), así como el hecho de que el suscrito no presentaba para ese
momento, NINGUNA investigación, ni sanción disciplinaria y/o penal
que invalidara mi selección […]”.
Agregó que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho respectivo contra la POLICÍA
NACIONAL con la finalidad de discutir la legalidad de la Resolución
núm. 1947 de 27 de marzo de 2017, mediante la cual fue llamado a
calificar servicios.
Señaló que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 110013335025 2017 00278 00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO VEINTICINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ que,
mediante sentencia de 6 de junio de 2019, negó las pretensiones de
la demanda.
Adujo que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 24 de septiembre de 2021,
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confirmó la decisión recurrida.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL
incurrió en “[…] inobservancia y falta de valoración de las pruebas
que fueron enunciadas y aportadas en la demanda y a lo largo del
trámite del proceso contencioso administrativo, […] así como por su
sustracción de analizar argumentos y circunstancias que claramente
denotaban una situación particular e irregular en mi retiro […]”.
Explicó que la autoridad judicial accionada no valoró “[…] el hecho
de que, junto con mi hoja de vida, fueron evaluadas otras hojas de
vida de oficiales que, a diferencia de la mía, sí se encontraban
afectadas por antecedentes disciplinarios que invalidaban su
postulación para el ascenso al grado de coronel, conforme al
procedimiento establecido en el SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PARA LA POLICÍA NACIONAL 2HD-PR-0004 […]”.
Argumentó que la POLICÍA NACIONAL optó por salvaguardar el
ascenso de tres oficiales que no merecían ser promovidos al grado
de Coronel dado sus antecedentes disciplinarios, restándole la
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oportunidad de materializar su ascenso, pese a su excelente
trayectoria en la institución.
Manifestó que el TRIBUNAL se limitó a acoger la posición de la
POLICÍA NACIONAL, conforme con la cual su retiro del servicio fue
legal por cumplir con los requisitos para beneficiarse de una
asignación de retiro y contar con el concepto de la junta asesora,
contrariando la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha señalado
que se debe “[…] compensar la labor evaluada como EXCEPCIONAL,
mediante la selección para la realización del curso de ascenso al
grado de Coronel […]”.
Sostuvo que su evaluación para ser o no llamado a curso de ascenso
“[…] no se hizo conforme a los parámetros establecidos en la
resolución No. 02066 del 8 de julio de 2009 y el procedimiento de
evaluación de trayectoria profesional - código 2DH-PR-0004 del 12-
08-2014 […]”.
Destacó que la autoridad judicial accionada desatendió el hecho de
que la POLICÍA NACIONAL premió “[…] a quienes tenían penosos
antecedentes disciplinarios, como por ejemplo, a los tenientes
coroneles hoy coroneles Luis Alberto Gómez Luna, José Moisés
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Contreras Reyes y Luis Alfonso quintero parada, en lugar de ascender
a quien se ha esmerado por tener una conducta completamente
intachable y excepcional […]”.
Anotó que siempre demostró que tuvo méritos para haber sido
ascendido a Coronel, además porque existían vacantes suficientes
para tal efecto, incluso teniendo en cuenta los demás oficiales que
fueron llamados a curso.
Apuntó que el TRIBUNAL desconoció “[…] los PRECEDENTES
JURISPRUDENCIALES contemplados en las sentencias de unificación
emitidas por la Corte Constitucional (Sentencias 091 del 25 de
febrero de 2016 y 237 del 30 de mayo de 2019), especialmente en
lo atinente a las reglas en que deviene obligatorio para la entidad,
motivar el acto administrativo que ordena el retiro de un oficial que
cuenta con una trayectoria profesional que siempre ha sido calificada
como superior y excepcional […]”.
Agregó que de igual forma la autoridad judicial accionada desconoció
“[…] la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, de fecha 22 de julio de 2015, siendo actor
FERNANDO CRISTANCHO ARIZA y demandado la Policía Nacional,
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radicado 25000232500020000020701 (1615-2003); así como la
proferida recientemente por la Sección Segunda, subsección “A” del
Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 13 de febrero de
2020, siendo C.P. la Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, radicado
No. 11001-03-25-000-2016-00177-00 (0881-2016) y la sentencia
del mismo alto Tribunal, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Dr.
CESAR PALOMINO CORTÉS, radicado 41001-23-31-000-2003-
00401-01 (1129-2014) […]”.
Precisó que en los precedentes aludidos esta Corporación ha
destacado la importancia del estudio de la hoja de vida para efectos
del llamamiento a calificar servicios y la carga de la prueba que le
asiste al interesado sobre las condiciones que desconocen la finalidad
de esta modalidad de desvinculación.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, así como el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, todos en
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conexidad con el Derecho a la Vida, Igualdad y al trabajo, según
lo previsto en los artículos 29 y 229, 11, 13 y 25, de la
Constitución Política de Colombia, los cuales fueron vulnerados
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, M.P. el Dr. JAIME
ALBERTO GALEANO GARZON, como consecuencia de la VÍA DE
HECHO en que incurrió dicha Corporación al momento de proferir
su sentencia de segunda instancia de fecha 24 de septiembre de
2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado bajo el No. 11001-33-35-025-2017-00278-
01, promovido por el aquí suscrito en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda
instancia de fecha 24 de septiembre de 2021, emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, M.P. el Dr. JAIME ALBERTO
GALEANO GARZON y, en consecuencia, ORDENAR a dicha
Corporación, EMITIR UN NUEVO FALLO, en el que se analicen
todos y cada uno de los fundamentos fácticos, de derecho y
jurisprudenciales que fueron traídos a colación por el apoderado
del suscrito actor dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 11001-33-35-
025-2017-00278-01 […].
TERCERO: Lo que en derecho corresponda de conformidad con
las facultades extraordinarias que la Constitución Política de
Colombia les otorga a los jueces de la República, en la
interpretación de nuestra carta magna al abordar sus decisiones
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con
interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad
de la solicitud de amparo, dado que, en su sentir, conforme con las
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sentencias SU- 091 de 2016 y SU-237 de 2019 proferidas por la Corte
Constitucional, la figura de llamamiento a calificar servicios debe
entenderse como una causal de terminación normal de la carrera
policial que tiene como finalidad la renovación en la estructura de
mando de la institución.
Agregó que además el estudio del fondo del asunto no es procedente
porque el actor no está en presencia de un eventual perjuicio
irremediable, máxime si se tiene en cuenta que en la actualidad está
percibiendo una asignación de retiro mensual equivalente a
$6.603.590.
I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, este último vinculado en
calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, no
rindieron informe pese a haber sido notificados en debida forma.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 19 de mayo de 2022, la SECCIÓN CUARTA
de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, porque en su criterio carece de relevancia constitucional.
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Para tal efecto, indicó que en el escrito introductorio el actor planteó
los mismos argumentos que fueron expuestos en el curso del proceso
ordinario origen de la controversia y resueltos de forma suficiente
por los jueces respectivos.
Apuntó que el accionante “[…] se limitó a reiterar lo expuesto al
interior del proceso ordinario en relación con que no se hizo un
análisis de su hoja de vida que mostraba múltiples felicitaciones y un
desempeño excelente, elementos que hubieran permitido adoptar al
Tribunal una decisión diferente, pues, afirma, cumplía los requisitos
para ser llamado a curso de ascenso en comparación con la hoja de
vida y trayectoria de muchos de sus compañeros […]”.
Sostuvo que en la providencia cuestionada la autoridad judicial
accionada “[…] dejó en evidencia que, del material probatorio
obrante en el proceso, de la jurisprudencia vigente y de la
interpretación normativa, no era posible establecer que el acto
administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicio del actor
hubiera sido expedido bajo las causales de falsa motivación o
desviación de poder […]”, dado que se constató que la junta asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional no lo recomendó
para realizar el curso de ascenso a coronel, además porque al
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verificar su hoja de vida se evidenció que ya contaba con 15 años de
servicio, tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro.
Explicó que en relación con los precedentes invocados, advertía que
su citación se hizo con la “[…] finalidad de reiterar el argumento
alegado durante todo el proceso ordinario, se repite, el deber de
motivar el acto de retiro teniendo en cuenta que en su trayectoria
profesional se destacó como superior, incluso, sobre las de sus
compañeros […]”, por lo que la solicitud de amparo era
improcedente.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia,
manifestando que su solicitud de amparo cumple con los requisitos
para su procedencia, conforme con la sentencia de 20 de septiembre
de 2017, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación
dentro de la acción de tutela 250002342 000 2017 03364 01, en
razón a que sí hay una vulneración a sus derechos fundamentales.
Manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia
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de 13 de febrero de 20203, proferida por esta Corporación dentro del
expediente 11001 03 25 000 2016 00177 00, porque nunca tuvo en
cuenta el material probatorio allegado al proceso, conforme con el
cual se evidenciaba que era merecedor del ascenso en razón a su
destacada trayectoria en la institución.
Aseguró que el TRIBUNAL inobservó que en su hoja de vida no se
evidencian sanciones, a diferencia de 3 de sus compañeros llamados
a curso de ascenso, frente a los cuales allegó las respectivas
certificaciones expedidas por la Procuraduría General de la Nación.
Insistió en que de igual forma había suficientes vacantes para haber
sido convocado a curso de ascenso a grado de coronel, conforme con
el Decreto 520 de 6 de abril de 20164, en el que se establece la planta
de personal de la institución.
Citó como precedentes la sentencia de 18 de noviembre de 2010,
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, dentro
del expediente 25000232500 2002 10342 01 y la sentencia SU 091
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección “A”,
sentencia de 13 de febrero de 2020, CP Sandra Lisset Ibarra, número único de radicación 11001 03 25
000 2016 00177 00.
4
“Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.
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de 2016 proferida por la Corte Constitucional, para concluir que, en
su criterio, conforme con dichas providencias los actos discrecionales
de retiro suponen un mejoramiento del servicio que no puede ser
utilizado como herramienta de persecución.
Sostuvo que la decisión cuestionada pasó por alto “[…] la providencia
de unificación de 4 de octubre de 2018 del Honorable Consejo de
Estado que enalteció un sin número de derechos en favor de los más
desprotegidos como en mi caso, tales como protector o protectorio,
pro homine o pro persona y pro operario […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
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distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
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Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
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de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
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que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
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fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente caso, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 24 de septiembre de 2021, mediante la cual el
TRIBUNAL confirmó la negación de las pretensiones que elevó
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el número único de radicación
110013335025 2017 00278 01.
La controversia tiene origen en el hecho de que el actor no haya sido
llamado a curso de ascenso para el grado de coronel de la POLICÍA
NACIONAL, además porque fue llamado a calificar servicios.
A la citada providencia el actor atribuyó la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico por falta
de valoración probatoria, no resolvió los cargos de la demanda y
desconoció los precedentes judiciales aplicables.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que declaró la
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improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.
En la impugnación el actor reiteró los argumentos relativos al
defecto fáctico e insistió en el desconocimiento del precedente
judicial, por lo que serán estos aspectos los que centrarán el análisis
en esta instancia judicial, conforme con los argumentos del recurso
aludido.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, al proferir la sentencia de 24 de septiembre
de 2021 aludida.
La Sala observa que, contrario a lo estimado por el a quo, en el
presente caso sí se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga
argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se han
vulnerado sus derechos fundamentales y se configuraron los
defectos aludidos; contra la decisión cuestionada no proceden
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recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos
extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación
de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable5, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de
una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la
Sala hará mención al marco jurídico general de los defectos alegados,
para enseguida resolver el fondo del asunto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20136, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
6
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
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tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
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Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente7 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial8.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)9.
7
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
8
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
9
Ver sentencia T-292 de 2006.
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Caso concreto
Mediante sentencia de 24 de septiembre de 2021, el TRIBUNAL
confirmó la negación de nulidad de la resolución a través de la cual
el actor fue llamado a calificar servicios como oficial de la POLICÍA
NACIONAL, con base en el siguiente análisis:
“[…] 9.2 Problema jurídico planteado
De conformidad con los argumentos esgrimidos por la parte
apelante en el recurso de alzada, corresponde a la sala
determinar si, ¿la Resolución No. 1947 de 27 de marzo de 2017,
a través de la cual se retiró del servicio al oficial de la PN John
Jairo Delgado Gómez por llamamiento a calificar servicios se
encuentra viciada de nulidad por desviación de poder y falsa
motivación, en atención a que ostentaba una hoja de vida
extraordinaria, y existía disponibilidad en la planta de personal,
razón por la cual debió ser llamado a curso de ascenso y no ser
desvinculado de la institución, pues ello implicó un
desmejoramiento del servicio?
“[…]
9.3.4 Tesis de la sala
La sala CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, como
quiera que:
9.3.4.1 El demandante sí podía ser retirado del servicio por
llamamiento a calificar servicios, puesto que a la fecha de su
desvinculación cumplía con todas las exigencias del artículo 1.º
del Decreto 991 de 2015, para ser acreedor de la asignación de
retiro.
9.3.4.2 El actor no logró acreditar que la resolución que dispuso
su retiro por llamamiento a calificar servicios, estuviera
motivada en razones ajenas a las dadas por la ley, y con la
misma se hubiera desmejorado el servicio.
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[…]”
1.1.1.- Del retiro por llamamiento a calificar servicios
De conformidad con el anterior marco normativo, existe una
causal de retiro denominada por llamamiento a calificar
servicios, por la cual, el uniformado sin perder el grado, cesa en
la obligación de prestar el servicio, siempre y cuando haya
cumplido los requisitos para hacerse acreedor de la asignación
de retiro, previa recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional, en el caso de los oficiales.
Respecto a dicha figura, la Corte Constitucional se pronunció en
la sentencia de unificación SU-091 de 201612, en la que
evidenció las siguientes características:
(i) La institución emite un acto administrativo basado en una
atribución legal que conduce al cese de actividades del
uniformado, sin que ello implique sanción, despido o exclusión
deshonrosa, y no es equiparable a otras formas de
desvinculación, como la destitución.
(ii) Esta facultad solo puede ser ejercida cuando el
uniformado cumple con el tiempo de servicios exigido en la
norma para ser acreedor de la asignación de retiro, y requiere
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa en
el caso de los oficiales.
(iii) Dicho retiro no es definitivo, ni absoluto, pues el policial
deja de estar activo y pasa a la reserva, existiendo la posibilidad
de que vuelva a ser reincorporado por llamamiento especial.
(iv) Es una forma consuetudinaria de permitir la renovación
del personal de la fuerza policial, y una manera común de
terminar la carrera dentro de la institución, lo que protege la
estructura jerárquica piramidal.
(vi) Esta modalidad de retiro no exige la motivación expresa
del acto administrativo, ya que se encuentra contenido de forma
extra textual, al estar dado por la ley. Tal posición fue reiterada
en la sentencia SU-217 de 201613.
(vii) Existe la posibilidad de efectuar el control judicial
posterior del acto de retiro, para evitar que pueda ser utilizado
como una herramienta de persecución por razones de
discriminación o abuso del poder. En tal caso, la carga probatoria
se encontrará en cabeza de aquel que aduzca que el acto
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administrativo se encuentra viciado de nulidad.
Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
consolidado un precedente uniforme respecto a la causal de
retiro denominada llamamiento a calificar servicios, según el
cual:
(i) “Corresponde al ejercicio de una facultad discrecional,
cuya materialización depende de las necesidades del servicio,
atiende a un concepto de evolución institucional y permite un
relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados,
facilitando el ascenso y promoción de su personal.”14.
(ii) “No debe motivarse expresamente el acto administrativo
que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los
oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la
finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen
servicio.”15
(iii) “Un excelente desempeño de las funciones no riñe con la
legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En
efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido
como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera
fuero e inamovilidad en el empleo.”
(iv) “Quien afirme que en su expedición concurrieron razones
diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar
la prueba que así lo demuestre.”17.
(v) “No comporta una sanción o trato degradante, pues es un
instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro
sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades
castrenses.”18.
Así las cosas, la potestad discrecional en cabeza del Gobierno
nacional para disponer del retiro de un uniformado por
llamamiento a calificar servicios está plenamente justificada en
el cumplimiento de la misión constitucional de la fuerza pública,
como una forma de renovación del personal dentro de las
instituciones militares y de policía.
Sin embargo, en Colombia no existen poderes absolutos y lo
discrecional no puede confundirse con lo arbitrario, razón por la
cual, pese a que no se requiere motivación del acto por el cual
se llama a calificar servicios a un uniformado, la presunción de
legalidad que envuelve tal decisión puede ser desvirtuada
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cuando se encuentre que incurrió en alguna causal de nulidad,
la que debe ser probada por quien pretende demostrar la
ocurrencia de tal vicio, conforme lo dispone el artículo 167 del
CGP, y en atención a la jurisprudencia, tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
[…]
CASO CONCRETO
Encontrándose claro el marco legal y jurisprudencial que regula
el retiro de los miembros de la PN por llamamiento a calificar
servicios, procede la sala a revisar los argumentos expuestos por
el apelante en la alzada, a fin de determinar si tienen la
potencialidad de enervar la decisión adoptada en primera
instancia.
Para el efecto, es menester recordar que el señor John Jairo
Delgado Gómez prestó sus servicios a la PN del 27 de enero de
1992 al 13 de enero de 2017, desempeñando como último cargo
el de teniente coronel, para un total de 24 años, 2 meses y 8
días de servicios.
Adicionalmente, que mediante la Resolución No. 1947 de 27 de
marzo de 2017, acto administrativo acusado, el Ministro de
Defensa Nacional lo retiró del servicio activo de la PN por
llamamiento a calificar servicios, para lo cual sostuvo que:
(i) El accionante tenía un tiempo de servicios que loa hacía
acreedor de la asignación de retiro, a voces del artículo 1.º del
Decreto 1157 de 2014.
(ii) La Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para
la PN recomendó al Gobierno nacional el retiro del servicio activo
del demandante.
Ahora bien, los vicios que enrostra la recurrente al acto
administrativo acusado, son la falsa motivación y la desviación
de poder, para lo cual alegó que era un excelente oficial, con una
hoja de vida extraordinaria, en la que se evidencia un gran
número de felicitaciones y condecoraciones que exaltaban su
excelente labor, aunado a que había obtenido calificaciones
excepcionales, razón por la cual debió ser llamado a curso de
ascenso y no desvinculado, puesto que esta última
determinación implicó una desmejora en el servicio.
Dentro del plenario se encuentra debidamente acreditado que,
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la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la PN en sesión
celebrada el 17 de julio de 2016 decidió no recomendar el
nombre del señor John Jairo Delgado Gómez para realizar el
curso de ascenso a coronel, “Diplomado en gerencia estratégica
policial” en el segundo semestre del año 2016. Decisión que fue
confirmada por la mencionada junta, en sesión celebrada el 14
de octubre de 2016.
Al respecto, el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000 estableció
los requisitos para el ascenso de oficiales, miembros del nivel
ejecutivo y suboficiales de la PN, entre ellos, ser llamado a curso
y específicamente para oficiales, como es el caso del accionante,
obtener concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para la PN.
Ahora bien, en cuanto a los vicios que endilga el demandante a
dicho trámite, que implicó que no fuera llamado a curso de
asenso y, como consecuencia, no fuera ascendido, pese a ser un
uniformado de excepcionales calidades, debe decir la sala que
este proceso terminó con la decisión de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la PN de no recomendar su nombre
para realizar el curso de ascenso a coronel, y su confirmatorio,
actos administrativos enjuiciables ante esta jurisdicción, los
cuales debía demandar en el término establecido en la norma
para tal fin si consideraba que habían incurrido en alguna de las
causales de nulidad establecidas en la ley.
Como no lo hizo, se trata de una actuación administrativa en
firme, que se presume legal y que no puede ser revisada en esta
oportunidad, porque los actos administrativos no fueron
demandados en el presente, además, se superó el término
establecido en la norma para efectuar su control judicial, amén
de no poder hacer el control judicial oficiosamente, y tampoco
se puede estudiar su legalidad al amparo del cuestionamiento de
una decisión posterior y distinta.
Adicionalmente, no se observa que el no llamamiento del
demandante a curso de ascenso haya sido un antecedente para
expedir el acto acusado, pues la entidad no sustentó el retiro del
actor en el hecho de no haber logrado ser ascendido, sino en la
causal de llamamiento a calificar servicios, que es autónoma.
Tampoco se logra establecer de las pruebas aportadas al
plenario que lo relativo al ascenso hubiese influido de alguna
manera en la decisión de la entidad de retirarlo del servicio, pues
no se observa que haya sido la causa de la decisión posterior, y
pese a que el actor se esforzó en plantear una relación entre
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ambos hechos, no sucedió lo mismo con el acervo probatorio que
lo respaldara.
Por otra parte, a pesar de lo afirmado por el demandante, en el
sentido de que con el acto acusado no se buscó un mejoramiento
del servicio, pues el actor contaba con todas las calidades para
ser ascendido y no retirado, es preciso recordar que en términos
de la Corte Constitucional, “el buen desempeño del cargo no se
traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las
competencias legales de la Fuerza Pública para ejercer la
facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar
servicios. En criterio de la Corte, la excelencia y la buena
conducta son inherentes al servicio público, por ende, tales
cualidades no derivan en fuero de estabilidad alguno.”21
Es preciso reiterar que, la Corte Constitucional en sentencia SU-
091 de 201622 indicó que esta clase de retiro no implica una
sanción, despido o exclusión deshonrosa, y no es equiparable a
otras formas de desvinculación, como la destitución, por el
contrario, es una forma consuetudinaria de permitir la
renovación del personal de las fuerzas militares y de policía, y
una manera común de terminar la carrera dentro de la
institución, lo que protege la estructura jerárquica piramidal.
En igual sentido, el Consejo de Estado ha señalado que: “No
comporta una sanción o trato degradante, pues es un
instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro
sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades
castrenses”.
Finalmente, en lo concerniente a la desviación de poder, se
recuerda que era el demandante quien tenía la carga de
demostrar que su desvinculación obedeció a un fin diferente al
de la figura de llamamiento a calificar servicios, en otras
palabras, le correspondía probar los motivos ocultos que en su
sentir conllevaron a su retiro del servicio.
Sin embargo, más allá de las afirmaciones efectuadas por el
recurrente, no obra prueba en el plenario que permita advertir
que la finalidad del acto demandado fue diferente a la prevista
en la ley y jurisprudencia o, que la intención del retiro fue ajena
al relevo jerárquico del mando. Por el contrario, se encuentra
acreditado que el demandante tenía un tiempo de servicios de
24 años, 2 meses y 8 días, razón por la cual era acreedor de la
asignación de retiro de que trata el artículo 1.º del Decreto 991
de 201524, pues tal precepto tan solo exige quince (15) años de
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servicios.
Adicionalmente, se verifica que la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para la PN en sesión celebrada el 16 de
enero de 2017, recomendó al Gobierno nacional el retiro del
servicio activo del demandante, decisión que se encontró
sustentada en que el actor cumplía un tiempo mínimo de servicio
que le daba derecho al reconocimiento y pago de una asignación
mensual de retiro por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía, y en la necesidad de permitir el revelo generacional
dentro de la institución.
Así pues, la corporación evidencia que el acto administrativo
acusado cumple las exigencias del artículo 3.º del Decreto 857
de 2003, y satisface la finalidad de la figura de llamamiento a
calificar servicios, la cual no es otra que la evolución institucional
y el relevo dentro de la línea jerárquica de la fuerza pública […]”.
De los apartes trascritos de la providencia acusada, la Sala observa
que el TRIBUNAL encontró que el llamamiento a calificar servicios
del actor no fue ilegal, en la medida que estuvo recomendado de
forma previa por la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para la Policía Nacional, a partir del hecho de que cumplió con el
tiempo de servicios requerido para que fuera beneficiario de la
asignación de retiro.
Por otro lado, en relación con las calificaciones superiores del actor,
el TRIBUNAL señaló que tal circunstancia no implicaba que
adquiriría un fuero de estabilidad o que tal situación limitara la
facultad de su nominador para llamarlo a calificar servicios, por lo
que no estaba demostrado que el acto administrativo acusado
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hubiere buscado un fin diferente al establecido por el legislador.
Por otro lado, en relación con los reproches que el actor elevó frente
a la circunstancia de que no hubiese sido convocado a curso de
ascenso, pese a que a otros de sus compañeros con antecedentes
disciplinarios sí se les dio la oportunidad, la autoridad judicial
accionada indicó que los actos administrativos que contenían esa
decisión no habían sido demandados, además que el término para
haberlo efectuado ya se encontraba superado, por lo que al tratarse
de una actuación en firme se presumía legal.
Además, sobre dicho aspecto, el TRIBUNAL destacó que no advertía
que la convocatoria a curso de ascenso haya sido un antecedente
para expedir el acto acusado, dado que este fue motivado en la
causal autónoma de llamamiento a calificar servicios.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL valoró la
situación fáctica puesta a su consideración de forma razonable, dado
que jurisprudencialmente está decantado que el llamamiento a
calificar servicios a los miembros de la POLICÍA NACIONAL es una
facultad del Gobierno que conduce al cese de las funciones en el
servicio activo del uniformado y que procede una vez se ha cumplido
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con el tiempo mínimo de servicio para que este sea acreedor de una
asignación de retiro, requisito que debe estar acompañado de la
recomendación emitida por la junta de evaluación respectiva.
Lo anterior sin que el uniformado pierda su grado, o que tal situación
se asemeje a una sanción, a un despido o a una exclusión deshonrosa
de la institución, pues además se trata de una herramienta para
garantizar la renovación o el relevo del personal dentro de las escalas
jerarquizadas propias de las fuerzas militares y de policía, sin que el
hecho de que el llamado a calificar servicios cuente con calificaciones
superiores limite dicha facultad, pues el cumplimiento de las labores
en forma oportuna y adecuada es lo mínimo que se espera de
cualquier servidor estatal.
Al respecto, en sentencia SU 091 de 201610, la Corte Constitucional
señaló:
“[…] Es una facultad del Gobierno Nacional para el caso de los
Oficiales o del Director General de la Policía Nacional en relación
con los Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes, una
vez se ha cumplido con el tiempo mínimo de servicio para
hacerse acreedor de una asignación de retiro, requisito que debe
estar acompañado de la recomendación emitida por la Junta de
Evaluación respectivo.
10
Mp. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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[…]
Con ello, sin importar la idoneidad y/o altas calidades
profesionales para el desempeño de las funciones asignadas,
quienes cumplan con tales requisitos podrán ser sujetos de dicha
medida por parte de la Administración, en tanto con ello se
garantiza la movilidad en la dinámica jerarquizada institucional
y se desvirtúan condiciones propias no solo de un fuero de
estabilidad, sino de reglamentaciones adicionales a las
existentes que no son otra cosa que limitantes a la potestad legal
y discrecional del nominador, por cuanto es normal que estos
funcionarios cumplan con el buen servicio público.
[…]
En síntesis, el retiro por llamamiento a calificar servicios
es una herramienta con la que cuentan las instituciones
de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o el
relevo del personal uniformado dentro de las escalas
jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello
el ascenso y la promoción de otros funcionarios, régimen
especial dispuesto por mandato constitucional y desarrollado en
los Decretos Ley 1790 y 1791 de 2000 y las Leyes 857 de 2003
y 1104 de 2006. El presupuesto que da razón a la aplicación de
esta causal tal y como se mencionó es haber cumplido un tiempo
mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro
[…]” (Destacado original).
Ahora bien, en efecto, el TRIBUNAL no realizó ningún análisis a las
pruebas que, en criterio del actor, demostraban que varios de sus
compañeros de curso continuaron en la institución, pese a que tenían
antecedentes disciplinarios e investigaciones penales en trámite.
No obstante, la Sala señala que tal situación no tiene incidencia en
la decisión cuestionada, en primer lugar, porque dichas pruebas
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estaban en caminadas a demostrar que el actor tenía un mejor
derecho para haber sido convocado a curso de ascenso frente a sus
compañeros, sin que en el citado proceso hubiesen sido demandados
los actos administrativos que versaban sobre dicho aspecto, pues
como se advirtió, el objeto del litigio estuvo encaminado a discutir la
legalidad de la resolución de llamamiento a calificar servicios
conforme con las pretensiones de la demanda ordinaria.
En segundo lugar, lo cierto es que en el proceso ordinario fue probado
que el llamamiento a calificar servicios del actor cumplió con los dos
requisitos previstos para tal efecto, esto es, el tiempo de servicios
para que el uniformado fuese beneficiario de la asignación mensual
de retiro y la recomendación previa de la junta de evaluación
respectiva11.
Además, los presuntos aspectos negativos que el actor destaca frente
a sus compañeros son irrelevantes, dado que el llamamiento a
calificar servicios es una forma normal de culminación de la carrera
profesional como uniformado, no una figura que tenga como finalidad
la de velar por el mejoramiento del servicio frente a casos de
11
Cabe anotar que esta Sala se pronunció en similar sentido en sentencia de tutela de 17 de febrero
de 2022, dentro del expediente 11001 03 15 000 2021 06119 01, CP Nubia Margoth Peña Garzón.
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corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la
función institucional, esto último, que correspondería a otra clase de
desvinculación denominada “por voluntad del Ministro de Defensa
Nacional”.
Respecto de las diferencias entre las figuras del llamamiento a
calificar servicios y el retiro por voluntad del Ministerio de Defensa o
del Director General de la Policía Nacional, en la sentencia SU 091 de
2016, citada en precedencia, la Corte Constitucional indicó:
“[…] Del cuadro anterior, se puede evidenciar que ambas
figuras difieren sustancialmente en cuanto a su contenido,
requisitos y efectos o consecuencias, pero son similares en
cuanto a la intención de retirar del servicio activo de la Fuerza
Pública a quienes cumplan unos requisitos específicos (para el
caso del retiro por llamamiento) o se encuentren inmersos en
circunstancias especiales, por razones del servicio, (para el caso
del retiro discrecional en las Fuerzas Militares o del retiro por
voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía
Nacional) que generen el ejercicio de
la facultad “discrecional” prevista en la norma.
[…] el retiro por llamamiento a calificar servicios es una
herramienta con la que cuentan las instituciones de la
Fuerza Pública para garantizar la renovación o el relevo
del personal uniformado dentro de las escalas
jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello
el ascenso y la promoción de otros funcionarios […]
A diferencia de lo anterior, el retiro Discrecional en las
Fuerzas Militares y el retiro por Voluntad del Gobierno
Nacional o del Director General de la Policía Nacional han
sido instituidas con la finalidad de velar por el mejoramiento del
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servicio frente a casos de corrupción o graves situaciones que
afecten el desempeño de la función institucional, en aras de
garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del
Estado, sin que se requiera que el uniformado haya tenido un
tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el derecho a una
asignación de retiro […]”. (Destacado original)
Así las cosas, la Sala evidencia que la providencia cuestionada no
incurrió en el defecto fáctico endilgado, toda vez que el TRIBUNAL
efectuó un análisis integral de las pruebas que estimó pertinentes,
conducentes y útiles para dirimir la controversia.
Además, no se advierte que la valoración que la autoridad judicial
accionada hizo a la situación fáctica del caso desborde el marco de la
juridicidad y de la hermenéutica jurídica razonable y que, por ende,
haya una situación que amerite la intervención del juez constitucional
para redefinir el asunto.
Así mismo, tampoco se advierte un desconocimiento del precedente
judicial contenido en la Sentencia SU 091 de 2016 a la que se hizo
alusión en líneas anteriores, pues como se indicó, en dicha
providencia la Corte Constitucional precisó que el llamamiento a
calificar servicios no implica que el uniformado pierda su grado, o
que tal situación se asemeje a una sanción, a un despido o a una
exclusión deshonrosa de la institución, sin que el hecho de que aquel
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cuente con calificaciones superiores limite el ejercicio de esa facultad.
Ahora bien, de igual forma en el escrito de impugnación el actor citó
como precedentes las sentencias de 18 de noviembre de 2010 y 13
de febrero de 2020, proferidas por la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación dentro de los expedientes 250002325000 2002 10342
01 y 110010325000 2016 00177 00.
En la sentencia de 10 de noviembre de 2010, la SECCIÓN SEGUNDA
resolvió un litigio en el que se discutía la legalidad de un retiro del
servicio de un miembro de la POLICÍA NACIONAL “por voluntad
del Gobierno”, a partir del siguiente problema jurídico:
“[…] Problema jurídico por resolver
Se trata de determinar si la Resolución No. 0504 de 15 de mayo
de 2002, por la cual se retiró del servicio al actor por voluntad
del Gobierno Nacional, se mantuvo incólume pese a la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos 55 y 62 del
Decreto 1791 de 2000, normas que sirvieron de fundamento
para expedir el acto acusado.
Acto Acusado
Resolución No. 0504 de 15 de mayo de 2002, expedida por el
Ministro de Defensa Nacional, mediante la cual se ordenó el
retiro del señor Oscar Julián Díaz Moncada, por voluntad del
gobierno, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1791
de 2000 (fl. 15) […]”.
Corolario a lo anterior, la Sala advierte que el precedente que cita el
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actor no es aplicable al presente asunto, porque en esa oportunidad
el litigio se derivaba de un retiro por voluntad del Gobierno,
modalidad de desvinculación que difiere del llamamiento a calificar
servicios, como se precisó en precedencia.
Por su parte, en la sentencia de 13 de febrero de 2020 aludida, la
SECCIÓN SEGUNDA estudió la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales a un oficial de la POLICÍA
NACIONAL le fue negada la reevaluación de su trayectoria en la
institución para que fuera recomendado para la realización de un
curso de ascenso, a partir de los siguientes problemas jurídicos:
“[…] PROBLEMAS JURÍDICOS
Los argumentos expuestos por la parte demandante, los motivos
de oposición aducidos por la Policía Nacional, así como los
razonamientos del Ministerio Público, muestran a esta
Corporación que los problemas jurídicos a resolverse en este
proceso son:
• Establecer si los actos administrativos demandados que le
niegan al señor TOVAR LOMBO la posibilidad de una segunda
evaluación de su «trayectoria profesional» para efectos de
tramitar su ascenso al grado de «Teniente Coronel», desconocen
el contenido de los Decretos 1791 y 1800 de 2000, en lo
relacionado con los ascensos en la carrera de la Policía Nacional.
• Señalar si los actos administrativos acusados vulneran el
debido proceso administrativo relativo a los ascensos en la
carrera de la Policía Nacional, contenido en los Decretos 1791 y
1800 de 2000.
• Indicar si los oficios demandados desconocen el principio de
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favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política.
• Definir, si los actos administrativos censurados se encuentran
falsamente motivados, al no resolver la solicitud del señor Tovar
Lombo de evaluar su nuevamente su trayectoria profesional,
incluyendo los años que no fueron evaluados la primera vez,
para así «empezar con un nuevo proceso para el ascenso a
Teniente Coronel».
• Determinar si la Policía Nacional, al negar al actor la posibilidad
de una segunda evaluación de su «trayectoria profesional» para
efectos de tramitar su ascenso al grado de «Teniente Coronel»,
desconoció los artículos 2 y 209 de la Constitución Política […]”.
El caso resuelto en la providencia en cita tampoco constituye un
precedente que sea aplicable al del actor, porque este en ningún
momento demandó la nulidad de los actos administrativos que
concluyeron con la evaluación de su trayectoria en la institución
previo a que se decidiera sobre su convocatoria al curso de ascenso,
puesto que su demanda fue encaminada a discutir de forma exclusiva
la legalidad de la Resolución núm. 1947 de 27 de marzo de 2017, por
la cual fue retirado de la POLICÍA NACIONAL por llamamiento a
calificar servicios.
Por otro lado, cabe anotar que en la impugnación el actor mencionó
como desatendida una sentencia del Consejo de Estado de 4 de
octubre de 2018, no obstante, dicha providencia no fue identificada
de forma alguna que permitiera su individualización y consulta, por
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lo que no se hará pronunciamiento al respecto.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL confirmó la decisión del JUZGADO en
la que se habían denegado las pretensiones de la demanda.
Así entonces, la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción constitucional de la referencia y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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