RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01910-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01910-01

Fecha
9 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01910-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la decisión de primera instancia del 3 de junio de 2022 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de subsidiariedad. En su lugar NIÉGASE la solicitud de amparo, dado que no se acreditó la vulneración o amenaza alegada. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01910-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

9 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo / Mecanismos ordinarios de
defensa judicial / Requisito de subsidiariedad / Se revoca la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo y, en su lugar, se
niegan las pretensiones porque no se acreditó la vulneración alegada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de primera instancia del 3 de junio proferida por la Sección
Tercera, Subsección C de esta Corporación. El fallo de tutela impugnado declaró la
improcedencia por falta de subsidiariedad de la solicitud de amparo presentada
contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali-Valle del Cauca, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca y el Juez Veintitrés Civil
Municipal de Cali, pues la accionante fue desvinculada de un cargo que ocupaba en
provisionalidad en el despacho del juzgado accionado.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 22 de marzo de 2022 la señora Mónica Cardona Carvajal interpuso acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo
vital y a la salud, vulnerados, en su concepto, por las autoridades accionadas al
ordenar la desvinculación del cargo que la accionante ostentaba en provisionalidad.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1. Se tutelen los derechos fundamentales al acceso a la administración de
Justicia, al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y a la salud.

2. Solicito el reintegro a mi cargo y funciones en la rama judicial en el cargo de
asistente judicial, para así garantizar una estabilidad laboral.

3. Se Ordene el pago de todos los salarios, prestaciones sociales dejados de percibir
desde el momento de mi desvinculación hasta cuando sea efectivamente
reintegrada, así mismo ordene que se paguen los aportes al sistema general de
seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) desde el momento de mi
desvinculación hasta cuando se produzca mi reintegro sin condición de continuidad.

4. Se me pague la indemnización por despido, lo anterior contemplado el artículo 26
de la ley 361 de 1997 (sentencias T- 305 de 2018 y T-494 de 2018).

5. Ordenar a la Rama Judicial se Abstenga de realizar sobre carga laboral una vez
se produzca mi reintegro>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Desde el 2 de marzo de 2017 venía desempeñando en provisionalidad el cargo
de asistente judicial en el Juzgado 23 Civil Municipal de Cali.

3.2.- Las funciones que debía desarrollar le generaron afectaciones de salud, dada
la carga laboral. Afirma que padeció problemas de estrés, falta de sueño, debilidad
y cansancio, dolor de espalda y cabeza, irritación en la vista, problemas en la
2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

tiroides, alteraciones de la presión, ansiedad y depresión constante. Por lo anterior,
el 22 de octubre de 2019 fue hospitalizada en la Clínica Ciclo Vital, donde
permaneció hasta el 2 de marzo de 2020.

3.3.- El 27 de febrero de 2020 el Servicio Occidental de Salud E.P.S. profirió
concepto de rehabilitación tras una incapacidad de noventa (90) días, por lo que su
reintegro laboral era viable.

3.4.- Los días 3 y 4 de septiembre de 2021 estuvo de nuevo incapacitada por
problemas oculares generados por el estrés y el uso de medios electrónicos. En el
mes de octubre de 2021 fue hospitalizada por las mismas razones.

3.5.- Mediante Resolución No. 007 del 12 de octubre de 2021 la Jueza Veintitrés
Civil Municipal de Cali nombró en propiedad a Claudia Carvajal Ríos en el cargo de
asistente judicial que ocupaba la accionante en provisionalidad. Por lo tanto, la jueza
nominadora le informó a la accionante que trabajaría hasta el 20 de octubre de 2021,
pues al día siguiente la persona que adquirió derechos de carrera por concurso
tomaría posesión del cargo que la accionante ostentaba en provisionalidad.

3.6.- La accionante fue nuevamente hospitalizada desde el 26 de octubre hasta el
30 de diciembre de 2021, sin que el tratamiento médico pudiera ser cubierto, pues
ya no se encontraba vinculada a la Rama Judicial. Afirmó que la médica tratante le
indicó que no se encontraba en condición para buscar trabajo.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad
social, a la vida digna, al mínimo vital y a la salud. Afirmó que gozaba de estabilidad
laboral reforzada con ocasión de los problemas de salud que padeció por la
sobrecarga laboral, por lo que no podía ser retirada del servicio. Citó en extenso las
sentencias T-305 de 2018, T-062 de 2020, T-434 de 2020 y T-342 de 2021 de la
Corte Constitucional, así como la parte resolutiva del <<Fallo del Consejo de Estado
1834-01 de 2003>>, C.P. Magnolia Cortés Cardozo.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca (accionado) se opone a las
pretensiones de la solicitud de amparo. Sostiene que liquidó y desembolsó los
salarios y prestaciones sociales de la accionante mientras estuvo vinculada a la
Rema Judicial y precisa que son los jueces, como autoridades nominadoras, los que
tienen a su cargo las decisiones de nombramiento y remoción de los servidores
judiciales.

6.- El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial (accionado) alega que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo
que solicita su desvinculación del proceso.

7.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca (accionado) igualmente
alega falta de legitimación en la causa por pasiva y solicita su desvinculación. No
obstante, agrega que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir el acto administrativo de
nombramiento.

8.- . El Juez Veintitrés Civil Municipal de Cali (accionado) señala que el retiro de la
accionante no se debió a un despido, sino que fue competencia de la posesión en
el cargo de una servidora con derechos de carrera. Añade que el pago de las
incapacidades médicas debe tramitarse ante la autoridad pagadora, esto es, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

9.- La señora Claudia Carvajal Ríos (tercero con interés) reitera que la
desvinculación de la accionante se debió a la aplicación de las normas de carrera
judicial, por lo que un eventual amparo desconocería sus derechos de carrera.
También sostiene que la acción es improcedente porque la legalidad del acto
administrativo debió cuestionarse ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

E. Sentencia impugnada

10.- Mediante sentencia del 3 de junio de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

subsidiariedad. Recordó que en virtud de la Constitución Política y el Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela no procede cuando exista otro recurso o medio de
defensa judicial, que para el caso sería la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138, así como las medidas cautelares procedentes
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

F. Impugnación

11.- La accionante impugna la anterior providencia. Sostiene que el fallo desatiende
las razones fundamentales de la solicitud de amparo y pasa por alto sus dificultades
médicas de origen laboral, todo lo cual la hace acreedora al derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta.

II. CONSIDERACIONES

12.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. En su lugar,
negará la solicitud de amparo porque no se demostró la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales de la accionante.

12.1.- Contario a lo concluido por el juez de tutela de primera instancia, la Sala
advierte que en este caso sí se cumplió con el requisito de subsidiariedad. La
primera instancia consideró que la parte actora no agotó los mecanismos ordinarios
para controvertir la resolución No. 007 del 12 de octubre de 2021. Ahora bien, para
la Sala, el interés para demandar ese acto administrativo es indirecto, pues si bien
nombró en propiedad a otra persona en el cargo que ostentaba la actora, lo cierto
es que no se refirió a su situación particular, por lo que podría configurarse una falta
de legitimación en la causa por activa para controvertirlo. En ese sentido, se
considera que ese mecanismo no es idóneo ni eficaz para salvaguardar los
derechos de la accionante.

12.2.- Ahora bien, la Corte Constitucional1 ha señalado que las personas que
ocupan un cargo en provisionalidad tienen una estabilidad laboral relativa, pues esta
se encuentra condicionada al nombramiento en propiedad de la persona que haya
adquirido derechos de carrera en el correspondiente concurso. Lo anterior, sin

1 Entre otras, las sentencias T-09 6de 2018 y T-464 de 2019.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

perjuicio de que se acrediten circunstancias que configuren un supuesto de
estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta y que obligue a la autoridad
empleadora a encontrar alternativas que velen por los derechos, tanto de la persona
que es retirada del cargo en provisionalidad, como aquella que es acreedora de los
derechos de carrera. No obstante, ello no sucedió en este caso.

12.3.- En efecto, se observa que: (i) la accionante cuenta con 47 años de edad
(según lo manifestado por ella misma en el escrito de tutela), por lo que aún cuenta
con casi 10 años para cumplir la edad de jubilación y se encuentra en edad para
trabajar; (ii) se advierte que no manifestó si tiene personas a cargos o cuál es su
situación familiar, por lo que no se puede suponer un perjuicio inminente en este
aspecto; (iii) aunque sí se allegaron órdenes médicas para valoración psiquiátrica y
certificados de incapacidad, no se demostró que su tratamiento le impida
reincorporarse a la vida laboral en otra entidad o en el sector privado; (iv) no se
demostró que la accionante pusiera de presente su situación ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, ni le
solicitara el pago de las incapacidades que echa de menos; y (v) tampoco se señaló
cuáles son las condiciones económicas de la accionante y si el trabajo que
ostentaba era su única fuente de ingresos.

12.4.- Por el contrario, la Sala consultó la base de datos única de afiliados al sistema
general de seguridad social en salud prevista por la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES en donde consta que
la accionante actualmente se encuentra afiliada a la E.P.S. Suramericana S.A. en
el régimen contributivo y en calidad de beneficiaria.

12.5.- De lo anterior se concluye que no existe una amenaza inminente y grave a
los derechos de la accionante que amerite la intervención del juez de tutela. Como
prueba de ello se tiene también el hecho de que la accionante esperara casi cinco
meses para interponer la presente acción de tutela (22 de marzo de 2022) desde
que fue retirada de su cargo (12 de octubre de 2021).

12.6.- En cambio, según se desprende de lo demostrado en el proceso, la
accionante actualmente tiene acceso al sistema de seguridad social en salud, por
lo que puede mantener su tratamiento médico y solicitar a las accionadas que se
pronuncien frente a su situación especial, esto es, acudir a la vía administrativa.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01910-01
Accionante: Mónica Cardona Carvajal
Se revoca la sentencia de primera instancia y se niega el amparo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la decisión de primera instancia del 3 de junio de 2022
proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de subsidiariedad. En su lugar
NIÉGASE la solicitud de amparo, dado que no se acreditó la vulneración o amenaza
alegada.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.