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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01914-01

Fecha
16 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01914-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR improcedente el amparo, por el no cumplimiento de los requisitos generales de la relevancia constitucional y de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01 Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01914-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

16 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de
subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia y iii) participación política

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 3 de mayo de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

de 9 de febrero de 2022, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 47-001-
2333-000-2019-000-2019-00789-001, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de participación política.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que presentó demanda contra el acto de elección del señor Carlos
Alfonso Machado Arquez como alcalde del Municipio de Pijiño del Carmen –
Magdalena por considerar que se encontraba en la causal de nulidad prevista en
el numeral 2 del artículo 2752 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

4. El Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declara no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del Consejo Nacional Electoral, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Declarar no probada la excepción de inepta demanda, conforme lo
expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: Negar las pretensiones de nulidad electoral planteadas por el señor
EGAN ELJADUE GUTIRREZ y FRANCISCO ANTONIO PABON (sic) VEGA,
contra el actor de elección del señor CARLOS ALFONSO MACHADO ARQUEZ

1
Acumulado 47-001-2333-000-2019-000-2019-00806-00.
2
Dispone el numeral 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011: “[…] Se hayan destruido los documentos,
elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje
contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de
las elecciones […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

como Alcalde del Municipio de Pijiño del Carmen- - Magdalena, para el periodo
2020- 2023, conforme a las razones expuestas en esta providencia […]”.

5. Consideró que:

“[…] La Sala considera que la administración de justicia no puede favorecer
aspiraciones electorales que vayan en contra del principio de participación
democrática, obstruyendo en sentido estricto el sistema electoral establecido en la
ley, que subyace en estricto orden en el procedimiento técnico de la elección, por
medio del cual los electores manifiestan su voluntad política en votos y que a su
vez se convierten en escaños o poder público representativo, garantizando el
derecho constitucional a votar y ser elegido.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-122 de 2017 ha mantenido una
línea jurisprudencial en torno al aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans”, a través de la cual sostiene que el juez no puede amparar situaciones
donde la vulneración de los derechos fundamentales del actor cuando se deriva de
una actuación negligente, dolosa o de mala fe. Cuando ello ocurre, es decir, que el
particular o la autoridad pública pretende aprovecharse del propio error, dolo o
culpa, se ha justificado la aplicación de este principio como una forma de impedir
el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. Por
lo que la persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener beneficios
originados de su actuar doloso.

Seguidamente, la Alta Corporación Contenciosa Administrativa en sentencia del 3
de abril de 2020, trae a colación la explicación retórica de este principio general del
derecho, en los siguientes términos:

“Además, para la Sala no cabe duda de que el hecho de evadir de manera
voluntaria la justicia y luego pretender su reparación se encuadra dentro de la
regla “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, la que ha sido definida por la
Corte Constitucional del siguiente modo:

“7.1. La Corte Constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial respecto del
aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, a través de la cual
sostiene que el juez no puede amparar situaciones donde la vulneración de los
derechos fundamentales del actor se deriva de una actuación negligente, dolosa o
de mala fe. Cuando ello ocurre, es decir, que el particular o la autoridad pública
pretende aprovecharse del propio error, dolo o culpa, se ha justificado la aplicación
de este principio como una forma de impedir el acceso a ventajas indebidas o
inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico.

Por lo que la persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener
beneficios originados de su actuar doloso.

“Según ese principio, una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el
reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la
Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los
derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al
derecho y los fines que persigue la misma norma.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

Así las cosas, concluye la Sala que el demandado CARLOS ALFONSO
MACHADO ARQUEZ no tuvo participación en la destrucción de material electoral
para los comicios de autoridades territoriales 2019, en que fue declarado electo
como alcalde municipal de Pijiño del Carmen Magdalena, para el periodo
constitucional 2020- 2023, por cuanto se encuentra probado en el plenario que los
actos vandálicos propiciados para la ocurrencia de tales hechos, le son atribuibles
al actor EGAN ELJAUDE GUTIERREZ, algunos familiares y seguidores, por tanto
no puede alegar a su favor su propia culpa, para beneficiarse de la anulación del
acto electoral por via judicial, pues no debe perderse de vista que ante esta
jurisdicción se presentaron testimonios que acreditan que la parte actora, algunos
familiares y seguidores participaron, patrocinaron o instigaron la violencia que se
alega como causal de nulidad, además la Sección Quinta del Consejo de Estado
señala claramente que la violencia debe ser de TERCEROS, y en el caso estudio
quedó probado que quienes propinaron la situación irregular fue el candidato con
algunos familiares y seguidores.

2.6.9. Del precedente horizontal

Es pertinente aclarar que esta Corporación mediante las sentencias del veintiocho
(28) de junio de 2016 (expediente radicado No. 47-001-2333-001-2015-00472-00)
y veintinueve (29) de julio de 2016 (expediente radicado No. 47-001-2333-002-
2016-00035-00), declaro la nulidad de la elección del Alcalde del municipio de
Plato- Magdalena y la nulidad de la elección de los Concejales del municipio (sic)
de Sabanas de San Ángel, respectivamente, por presentarse violencia contra
autoridades electorales y material electoral, por hechos similares al de estudio, sin
embargo, en los dos procesos se invocaron las causales 1 y 2 del artículo 275 de
la Ley 1437 de 2011 y por ello procedía la consecuencia del numeral 1 del artículo
288, pues la violencia también se predicó respecto de personas, situación diferente
al caso en estudio que solo se invocó en la causal del numeral 2 del artículo 275
ibídem, esto sobre cosas o material electoral, además en el presente caso se
probó que los hechos de violencia los propició el accionante y no se probó que
hubiese afectado el derecho de voto a los ciudadanos del municipio de Pijiño del
Carmen […]”.

6. La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] De conformidad con los planteamientos expuestos me permito solicitar lo
siguiente:

1. AMPARAR los derechos fundamentales del señor EGAN ELJADUE
GUTIERREZ a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político
(art.40.1 CP), al debido proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229
CP), así como el derecho a elegir de los ciudadanos de Pijiño del Carmen –
Magdalena.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del nueve (09) de febrero de dos mil veintidós
(2022), en la que el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, decidió
NEGAR las pretensiones de nulidad electoral planteadas por el señor EGAN
ELJAUD GUTIERREZ, contra el acto de elección del señor CARLOS ALFONSO
MACHADO ARQUEZ como Alcalde del Municipio de Pijiño del Carmen -
Magdalena, para el periodo 2020-2023, por estar en contravía del debido proceso,
el derecho a la defensa, el principio de igualdad de las partes y el de legalidad.

3. Como consecuencia de lo anterior, solicitamos se profiera sentencia de
reemplazo conforme a la Constitución y a la Ley vigente, acorde al acervo
probatorio y respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de
igualdad de las partes y el de legalidad, así como aplicando el precedente
jurisprudencial dado en la sentencia del dieciséis (16) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar, con radicado
N°. 13-001-23-33-000-2020-00029-00, la cual declaró la nulidad de la elección del
alcalde del municipio de Achí, Bolívar.

4. En dado caso no sea posible lo anterior, ordenar al Tribunal Contencioso
Administrativo del Magdalena que proceda a dictar una nueva providencia,
ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales
del señor EGAN ELJAUDE GUTIERREZ y del municipio de Pijiño del Carmen y
aplicando el precedente jurisprudencial dado en la sentencia del dieciséis (16) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del
Bolívar, con radicado N°. 13-001-23-33-000-2020- 00029-00, la cual declaró la
nulidad de la elección del alcalde del municipio de Achí, Bolívar.

5. Que se ordene compulsar copias en contra de las Magistradas Maribel Mendoza
Jiménez, Maria Victoria Quiñones Triana y Martha Lucia Mogollón Saker, del
Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, quienes profirieron la
sentencia fechada el nueve (09) de febrero de dos mil veintidós (2022), incurriendo
en una arbitraria “vía de hecho” además de estar inmersas en un presunto
prevaricato.

6. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en un
defecto procedimental, en un defecto orgánico, en un defecto fáctico, en un error
inducido y en la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 30
de marzo de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, y iii) vinculó a la

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a los
señores Francisco Antonio Pabón Vega y Carlos Alfonso Machado Arquez en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Magdalena expresó que:

“[…] De acuerdo con el anterior relato de las actuaciones, y teniendo en cuenta los
argumentos expuestos por el tutelante, se tiene que no se vislumbra violación a
sus garantías fundamentales, toda vez que esta Corporación no ha llevado a cabo
ninguna actuación que pueda ser censurada. Por el contrario, sólo se advierte que
la solicitud de amparo está dirigida más bien a revivir los términos ya precluidos y
a tratar de acceder a una instancia adicional, razón por la cual se debe rechazar la
solicitud de amparo en aplicación de los criterios sobre la materia expuestos en la
jurisprudencia constitucional […]”.

11. El señor Carlos Alfonso Machado Arquez adujo que:

“[…] Me opongo a la prosperidad de la acción de tutela, por cuanto es temeraria,
abusiva del derecho, no se iguala a lo acontecido en el Municipio de Achi (Bolivar)
entre otras cosas porque en ese municipio no intervino en los desmanes ningún
candidato a la alcadia (sic), tanto que en Pijiño del Carmen como quedó
demostrado con los informes policivos, con las declaraciones de las mas (sic) de
30 testigos, con videos y la misma declaración de la registradora municipal el
propio candidato EGAN ELJADUE GUTIERREZ y hoy accionante fue autor
intelectual y material de esos hechos lamentables y barbaros que ocurrieron en día
de las elecciones en ese municipio; ahora trata de revivir un proceso electoral ya
concluido y que ha hecho transito (sic) a cosa juzgada por esta vía, con el cual se
trata de desconocer el principio de cosa juzgada y en consecuencia pido de esa H.
Corporación se deprequen en forma desfavorable la pretensión del amparo
constitucional […]”.

12. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de Estado Civil
solicitaron que se les desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse
configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

13. Ana Raquel Oliveros Gaviria, Justo Luques contreras, Julie Carolina Vega
Yacub, Nadith Rafael Palmera Pérez, Omaira de Jesús Martínez, Adria López

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

de Machado, Digna Rosa Machado López, Helen Luquez Torrez, Marta
Beatriz Arrieta Jiménez, Carmen Lilian Velilla Jiménez y Raúl Royero Vega,
solicitaron declarar improcedente el amparo, toda vez que el actor no interpuso el
respectivo recurso extraordinario de revisión, por lo que no se acreditó el requisito
general de la subsidiariedad.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 3 de mayo de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Egan
Eljadue Gutiérrez, en la acción de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia […]”.

15. Consideró que:

“[…] Conforme a los argumentos esbozados en la decisión judicial cuestionada y
citados previamente, esta Sala de decisión observa que el Tribunal judicial
accionado comprobó que se presentaron actos de violencia contra el material
electoral (lo que tuvo como consecuencia su destrucción), los cuales no le eran
atribuibles al demandado Carlos Alfonso Machado Arquez, caso contrario, si
podían endilgársele al aquí accionante, algunos familiares y sus seguidores, de
tal manera, en observancia del principio nemo auditur propriam turpitudinem
allegans, aquél no podía alegar a su favor su propia culpa.

En este orden de ideas, se observa que el razonamiento efectuado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena simplemente obedece a la deducción a la que
arribó después de analizar el material probatorio aportado que daba cuenta de
incidencias puntuales, frente a las cuales, cabe recordar que, el juez de tutela no
es el competente para determinar si otra autoridad judicial incurre o no en un
delito como el prevaricato, ante lo cual la parte interesada está en la posibilidad
de hacer uso de los medios de defensa judicial procedentes.

Así mismo, se evidenció que las irregularidades presentadas en las votaciones no
tuvieron incidencia alguna, en tanto, en gracia de discusión, el Tribunal judicial
accionado, realizó el ejercicio de verificar los votos o votantes reales a quienes se
les afectó el derecho al sufragio y que eventualmente fueron víctimas de alguna
violencia contra el elector, por lo que contabilizó los votos no tenidos en cuenta
(457) al entonces candidato Egan Eljadue Gutiérrez, para comprobar que no
había una variación en el resultado electoral.

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

Finalmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena estableció que, realizados
los cálculos porcentuales correspondientes al censo electoral con el histórico de
las votaciones de los años anteriores en esa circunscripción electoral, se
estableció que no se afectó el derecho de voto de los ciudadanos del municipio
de Pijiño del Carmen de más del 25% de los ciudadanos inscritos en el censo
electoral de esa circunscripción.

En este orden de ideas, conforme a la motivación expuesta por la corporación
judicial accionada en la providencia acusada, esta Sala de decisión no encuentra
una actuación arbitraria o incoherente que amerite una intromisión del juez de
tutela en la autonomía y el criterio judicial empleado por el juez natural del asunto
en la libre apreciación de las pruebas aportadas, en tanto de hacerlo así, se
reitera, estaría actuando como una instancia adicional que avala o descredita el
criterio de interpretación del juez en el proceso ordinario, competencia que no le
esta atribuida al juez constitucional […]”.

La impugnación

16. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] En esta no se evidencia un estudio detallado de los argumentos expuestos en
el escrito de tutela, tampoco un análisis riguroso del material probatorio,
limitándose a relacionar los fundamentos facticos expuestos en la misma y
declarando sin mayor motivación, que la acción de tutela no era el mecanismo
idóneo para impulsar las pretensiones de la acción constitucional interpuesta […]”.

[…]

“[…] Igualmente, no se realizó un análisis de las pruebas aportadas, limitándose a
justificar que la tutela no es un medio adecuado para lo que se pretende,
fundamento con el que no estamos de acuerdo, ya que en el presente caso existe
una abierta contradicción al ordenamiento jurídico, vulnerando derechos
fundamentales, no solo de mi mandante, sino de todo el municipio de Pijiño del
Carmen. Adicionalmente, encontramos que la celeridad con que se reviste la
acción de tutela, es un argumento más, para ratificar esta como la acción idónea
para salvaguardar los derechos que se han vulnerado […]”.

[…]

“[…] A. Primer cargo: defecto orgánico y defecto procedimental al juzgar
situaciones de índole penal, por fuera de la competencia del Proceso
Contencioso Administrativo.

El Consejo de Estado ha manifestado, en relación al defecto orgánico que, en el
inciso segundo del artículo 29 constitucional se estableció la garantía
constitucional del juez natural, a partir de la cual se establece quién es el idóneo,
por designio constitucional o legal, de asumir el conocimiento de determinados
asuntos. Además la garantía esencial de que las personas solo puedan ser

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

juzgadas por el juez competente previamente fijado, obedece al principio según el
cual toda competencia debe ser reglada. Se ha determinado en reiteradas
oportunidades, que se está en presencia de un defecto orgánico en aquellos
eventos en los que él o la funcionaria que profiere determinada decisión, carece de
manera absoluta de la competencia para hacerlo32. Al relacionar lo anterior con el
caso concreto, encontramos que, en la sentencia impugnada se estudia y decide
sobre situaciones que no son competencia de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, si no, de Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Penal, toda vez
que se decreta que el señor EGAN ELJADUE GUTIERREZ, es culpable de las
situaciones descrita en los hechos, con referencia a los disturbios que ocasionaron
la destrucción de los documentos, elementos o el materiales electorales, así como
los hechos de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones de
alcalde en el municipio de Pijiño del Carmen, Magdalena, el día 27 de octubre de
2019.

Lo anterior, fue manifestado sin tener suficiente material probatorio, ya que solo le
basto con revisar las declaraciones extra juicio para tomar tal determinación, que
resaltamos una vez más, no le compete. Además, y peor aún, dicha determinación
fue tomada en una etapa del proceso que no dio espacio al derecho de defensa,
vulnerando el debido proceso y sobre todo el principio de legalidad.

Conforme a lo descrito anteriormente, estamos ante un presunto prevaricato
debido a que en la sentencia impugnada encontramos una manifestación injusta o
contraria a la ley, proferida por un servidor público en ejercicio de sus funciones y
abusando de su autoridad, a lo que le súmanos que en más de una ocasión, el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en el presente caso ha adoptado
consideraciones o conceptos dados por la contraparte para argumentar sus
decisiones, rompiendo con la imparcialidad, el principio de igualdad de las partes y
sobre todo su objetividad como juez en el proceso.

Por su parte, existe defecto procedimental cuando el órgano judicial desconoce en
forma protuberante las formas propias del juicio, especialmente cuando esa
irregularidad procesal afecta principios constitucionales materiales, como el
derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad y la igualdad de
las partes. En el presente caso, existe un evidente defecto procedimental, ya que
el Tribunal desconoció las formas propias del juicio saliendo de su competencia
limitada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.

[…]

“[…] B. Segundo Cargo: defecto factico y un posible error inducido debido a
que no se realizó un análisis probatorio profundo y se tomó como prueba el
E26 departamental, documento que está inmerso en irregularidades y en
contravía de los datos arrojados en los E14, E24 y E26 municipal.

En el caso concreto encontramos que, en la sentencia impugnada, el Tribunal
considero que no se estaba inmerso en la exigencia del inciso 2, numeral 1 del
artículo 288, de la Ley 1437 de 2011, el cual menciona que: “si los actos de
violencia afectaron el derecho de voto a más del 25% de los ciudadanos inscritos
en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en
toda la circunscripción”36. Lo anterior, basándose en el E26 departamental, el cual

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es el acto que decreta la elección del alcalde del municipio de Pijiño del Carmen,
Magdalena, para la vigencia 2020-2023, debido a que este dice que hubo un total
de 5822 votos generales sobre los 8799 ciudadanos inscritos en el censo electoral,
lo que a primera vista, parece ser así.

Sin embargo, al constatar los E14, el E24 y el E26 municipal, encontramos que los
datos que aparecen en dichos documentos, son totalmente diferentes a los que
arroja este E26 departamental, lo que demuestra que hay grandes indicios de que
este es un documento fraudulento o que presenta irregularidades, hecho que ya
fue denunciado ante las autoridades pertinentes.

Las magistradas debieron realizar un análisis profundo del material probatorio y
evidenciar que los E14, el E24 y el E26 municipal arrojan tan solo 1875 votos
generales y al momento de compararlos con el E26 departamental, revelar las
inconsistencias que en este se encuentran […]”.

[…]

“[…] C. Tercer Cargo: defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y
la
violación directa a la Constitución, debido a que conforme al acervo
probatorio, se debió de declarar la nulidad de la elección según lo
preceptuado en el numeral 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y se
debió proceder con lo que manifiesta el inciso segundo del numeral 1 del
artículo 288 ibídem, además se debió aplicar el precedente jurisprudencial
dado en la sentencia dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021),
proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar, con radicado N°. 13-001-
23-33-000-2020-00029-00, la cual declaró la nulidad de la elección del alcalde
del municipio de Achí, Bolívar, por contar con elementos facticos y jurídicos
similares a los expuestos en el proceso de la referencia, conforme a los
lineamientos de la Corte Constitucional […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y

3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

19. La Sala advierte que, previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

25

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos
casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo
señala el segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.

5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

22. La Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

23. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora interpuso la solicitud de
tutela de la referencia contra la sentencia de 9 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 47-001-2333-000-2019-
000-2019-00789-007, en el cual tenían un interés directo en lo que se decidiera.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil les asiste interés en la decisión de tutela
que se profiera respecto al medio de control de nulidad electoral.

25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegadas.

Problemas jurídicos

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con los requisitos generales de ii) relevancia constitucional y iii) subsidiariedad.

27. Para resolver los presentes problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del

7
Acumulado 47-001-2333-000-2019-000-2019-00806-00.

25

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derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y jurisprudencial del derecho fundamental a la participación política; procediendo
posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
8

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

29. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
10

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 12

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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generales de i) relevancia constitucional y de ii) subsidiariedad.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

35. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
13

lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [ ]. 16

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para

13
Ut supra página 6.
14
[ ] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
15
[ ] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
16
[ ] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

25

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que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 17

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [ ]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
18

constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [ ]. 19

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho 20

a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]

17
[ ] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
18
[ ] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
19
[ ] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
20
[ ] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

25

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Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

36. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 21

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

21
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23
Ibidem.

25

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

37. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de
los derechos fundamentales.

Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela

38. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 24, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

39. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional25:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200926 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

24
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
25
Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
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“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o
como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier
materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha
delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción.
Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los
procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la
naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor
tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que
está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con
la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas
del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir
violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la
seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa
judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del
requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el
juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y
iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
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40. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

41. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia
y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

42.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

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43.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
27

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

44.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

45.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
28

la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento

27
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
28
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

25

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
participación política

46. Vistos el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo ese derecho puede […]”.

[…]

“[…] 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos […]”.

47. Atendiendo a que, la Corte Constitucional frente al derecho a la participación
29

política ha dicho que: “[…] “constituye garantía básica para lograr amplios
espacios de legitimación democrática” y, además, que su ejercicio se convierte en
una manifestación de la libertad individual de los ciudadanos, orientada a la
intervención en la dirección de la comunidad política de la cual forman parte. Con
todo, el derecho de participación en el control político, se consolida como una
garantía estructural del Estado Social de Derecho, en cuanto se relaciona con el
derecho que les asiste a los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señale la ley (C.P. arts. 13,
40-7 y 125). En efecto, este derecho no sólo garantiza el acceso igualitario a las
funciones y cargos públicos, sino que también salvaguarda que quienes hayan
ingresado a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad
con lo que disponga la ley […]”.

29
Corte Constitucional, Sentencia T-1005 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

Análisis del caso concreto

48. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia
de 9 de febrero de 2022, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 47-001-
2333-000-2019-000-2019-00789-0030, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de participación política.

49. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

50. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

51.1. Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
el 9 de febrero de 2022.

30
Acumulado 47-001-2333-000-2019-000-2019-00806-00.

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

52. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un error inducido. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Por su parte, el error inducido se presenta cuando la autoridad judicial es
víctima de factores externos al proceso que lo determinan o influencian a tomar
determinada decisión que resulta contraria a derecho o a la realidad fáctica del
caso. Esto produce un quebrantamiento del debido proceso que hace procedente
la acción de tutela contra sentencias.

En el caso concreto encontramos que, en la sentencia impugnada, el Tribunal
considero que no se estaba inmerso en la exigencia del inciso 2, numeral 1 del
artículo 288, de la Ley 1437 de 2011, el cual menciona que: “si los actos de
violencia afectaron el derecho de voto a más del 25% de los ciudadanos inscritos
en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en
toda la circunscripción”35. Lo anterior, basándose en el E26 departamental, el cual
es el acto que decreta la elección del alcalde del municipio de Pijiño del Carmen
Magdalena, para la vigencia 2020-2023, debido a que este dice que hubo un total
de 5822 votos generales sobre los 8799 ciudadanos inscritos en el censo electoral,
lo que a primera vista, parece ser así.

Sin embargo, al constatar los E14, el E24 y el E26 municipal, encontramos que los
datos que aparecen en dichos documentos, son totalmente diferentes a los que
arroja este E26 departamental, lo que demuestra que hay grandes indicios de que
este es un documento fraudulento o que presenta irregularidades, hecho que ya
fue denunciado ante las autoridades pertinentes.

Las magistradas debieron realizar un análisis profundo del material probatorio y
evidenciar que los E14, el E24 y el E26 municipal arrojan tan solo 1875 votos
generales y al momento de compararlos con el E26 departamental, revelar las
inconsistencias que en este se encuentran.

Ahora, cabe la posibilidad que la magistrada ponente haya sido víctima de un error
inducido, toda vez que toma como documento completamente legal el E26
departamental, no obstante, la responsabilidad de constatar lo acreditado ahí, es
completamente de quien toma la decisión ya que es menester realizar un análisis
de todos los elementos materiales probatorios y para el caso concreto, se contaba
con todos ellos […]”.

53. Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima de establecer cómo se configuró el error inducido con fundamento en las

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reglas establecidas por la Corte Constitucional. Se debe recordar que este defecto
se estructura cuando: “[…] i) la decisión judicial se fundamente en la apreciación
de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado
derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga
como consecuencia un perjuicio ius fundamental […]” 31

54. El actor, en su escrito de tutela, no indicó cómo se estructuró o se configuró la
actuación irregular, ni mucho menos indicó cual fue el tercero o los terceros que
hayan inducido en error al Tribunal Administrativo del Magdalena al momento de
haber proferido la respectiva sentencia, y que hubieran generado la vulneración de
derechos fundamentales, por haber tenido como prueba un documento “[…]
fraudulento […]”. Además, el actor no indicó cual fue la información falsa,
equivocada o imprecisa contenida en dicha prueba documental que llevó a que se
cometiera un error trascendental, grave y arbitrario en la respectiva sentencia.

55. La Sala debe hacer énfasis que para la estructuración del error inducido, el
actor tiene la carga argumentativa de demostrar como la actuación de un tercero
que participó en el respectivo proceso, obrando de manera engañosa o
fraudulenta, trajo como consecuencia que indujera en error al juez para adoptar su
respectiva sentencia, lo cual, se repite no sucedió en el presente asunto32.

56. El actor indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en la causal de
violación directa de la Constitución. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:

“[…] Y finalmente, también se da el defecto de violación directa a la constitución, el
cual aparece cuando el juez da un alcance a una disposición normativa

31
Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 17 de abril de 2007, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
32
Frente a la carga argumentativa para estructurar el error inducido, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02064-00 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio de 2020, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2019-05143-01.

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abiertamente contrario a la constitución o no aplica la excepción de
inconstitucionalidad, debiendo hacerlo […]”.

[…]

“[…] Lo anterior, en relación al artículo 229 de la Constitución Política de Colombia,
que nos habla de la tutela judicial efectiva, norma evidentemente vulnerada por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, al proferir una decisión
abiertamente contraria a la Constitución y a la Ley vigente, vulnerando derechos
como el de defensa y el debido proceso y pasando por encima de principios como
el de la igualdad de las partes, objetividad, imparcialidad y legalidad […]”.

57. Para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para
estructurar la causal de violación directa de la Constitución, toda vez que no
estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez
colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i)
interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional.

58. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
33

ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad
aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del
órgano autor de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales
34

especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que
implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el
caso concreto, entre otros aspectos.

Análisis del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

59. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente:

33
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
34
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

“[…] Primer cargo: defecto orgánico y defecto procedimental al juzgar
situaciones de índole penal, por fuera de la competencia del Proceso
Contencioso Administrativo.

El Consejo de Estado ha manifestado, en relación al defecto orgánico que, en el
inciso segundo del artículo 29 constitucional se estableció la garantía
constitucional del juez natural, a partir de la cual se establece quién es el idóneo,
por designio constitucional o legal, de asumir el conocimiento de determinados
asuntos. Además la garantía esencial de que las personas solo puedan ser
juzgadas por el juez competente previamente fijado, obedece al principio según el
cual toda competencia debe ser reglada. Se ha determinado en reiteradas
oportunidades, que se está en presencia de un defecto orgánico en aquellos
eventos en los que él o la funcionaria que profiere determinada decisión, carece de
manera absoluta de la competencia para hacerlo. Al relacionar lo anterior con el
caso concreto, encontramos que, en la sentencia impugnada se estudia y
decide sobre situaciones que no son competencia de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, si no, de Jurisdicción Ordinaria en su
especialidad Penal, toda vez que se decreta que el señor EGAN ELJADUE
GUTIERREZ, es culpable de las situaciones descrita en los hechos, con
referencia a los disturbios que ocasionaron la destrucción de los
documentos, elementos o el materiales electorales, así como los hechos de
violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones
de alcalde en el municipio de Pijiño del Carmen, Magdalena, el día 27 de
octubre de 2019.

Lo anterior, fue manifestado sin tener suficiente material probatorio, ya que solo le
basto con revisar las declaraciones extra juicio para tomar tal determinación, que
resaltamos una vez más, no le compete. Además, y peor aún, dicha determinación
fue tomada en una etapa del proceso que no dio espacio al derecho de defensa,
vulnerando el debido proceso y sobre todo el principio de legalidad.

Conforme a lo descrito anteriormente, estamos ante un presunto prevaricato
debido a que en la sentencia impugnada encontramos una manifestación injusta o
contraria a la ley, proferida por un servidor público en ejercicio de sus funciones y
abusando de su autoridad, a lo que le súmanos que en más de una ocasión, el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en el presente caso ha adoptado
consideraciones o conceptos dados por la contraparte para argumentar sus
decisiones, rompiendo con la imparcialidad, el principio de igualdad de las partes y
sobre todo su objetividad como juez en el proceso.

Por su parte, existe defecto procedimental cuando el órgano judicial desconoce en
forma protuberante las formas propias del juicio, especialmente cuando esa
irregularidad procesal afecta principios constitucionales materiales, como el
derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad y la igualdad de
las partes.

En el presente caso, existe un evidente defecto procedimental, ya que el
Tribunal desconoció las formas propias del juicio saliendo de su
competencia limitada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
[…]”. (Resaltado por la Sala).

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

60.Ahora bien, frente al defecto orgánico y defecto procedimental alegados por el
actor, esta Sección considera que no se cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con otro medio de defensa judicial
para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, esto es el recurso extraordinario de revisión.

61.Es así como esta Corporación, interpretando el alcance de esta causal, ha
dicho lo siguiente35:

[…] La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está
instituida para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya
que se trata de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades
que de ser desoídas y “ante la improcedencia de recursos ordinarios contra
ella subsistirían groseramente”.

Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en
la sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe
alegarse por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo
140 del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al
juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de
dictar sentencia”36.
(…)
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio
grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de
nulidad en la sentencia37:

Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.

35
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres
Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando
Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
36
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres
Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando
Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.
REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de
sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.

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Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii)
proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso […]”

62. Esta Sección frente al tema, consideró lo siguiente38:

“[…] Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que -en virtud del artículo 16
del Código General del Proceso- la jurisdicción es improrrogable y, debido a
esto, la sentencia que se dicte por un juez que carezca de jurisdicción será
nula. Dice la norma:

[…] La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de
jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo
actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que
será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado
con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia
será nulo […].

1. El precepto anterior resulta aplicable al sub lite por disposición del artículo
208 del CPACA que dispone «[s]erán causales de nulidad en todos los
procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil».

2. Así las cosas, esta Sala debe concluir que el argumento esbozado por el
actor -que en resumen consiste en una falta de jurisdicción por parte del juez
estatal formal- puede y debe ser propuesto como una causal de revisión a la
luz del artículo 250 del CPACA y del artículo 16 del CGP, norma esta última
que expresamente dispone que la jurisdicción es improrrogable y su
declaración da lugar a la nulidad de la sentencia […]”. (Resaltado por la Sala).

63.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en las
jurisprudencias citadas supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos
de control judicial para garantizar la protección de los derechos del actor, como lo
es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, antes de acudir a la acción

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2021-04190-00.

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de tutela.

Estudio del perjuicio irremediable

64.Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

65.Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional39:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable40[…]”

66.Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

67.Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que el actor debió haber presentado el recurso
extraordinario de revisión.

39
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
40
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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68. Finalmente, la Sala precisa que si bien el actor indicó que se desconoció el
precedente fijado por el Tribunal Administrativo de Bolívar41, lo cierto es que no se
configuró el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que los criterios jurisprudenciales emanados por los tribunales administrativos,
constituyen antecedentes jurisprudenciales42, teniendo en cuenta que solo las
sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado se
constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales que
deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores judiciales.

Conclusiones de la Sala

69. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de
tutela por falta del cumplimiento del i) requisito de relevancia constitucional, toda
vez que quedó plenamente acreditado en el presente caso, que el actor no
cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el error inducido y la
causal de violación directa de la Constitución; y por falta del cumplimiento del ii)
requisito de agotamiento de los recursos o medios de defensa ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales frente al defecto orgánico y al defecto procedimental, teniendo en cuenta
que el actor contaba con otro mecanismo para garantizar la protección de sus
derechos, como lo era, el recurso extraordinario de revisión y, además, la acción

41
Radicado núm. 13-001-23-33-000-2020-00029-00.
42
Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.

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de tutela no procedía como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta que no se
configuró la existencia de un perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 2022 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente el amparo, por el no cumplimiento de los
requisitos generales de la relevancia constitucional y de la subsidiariedad, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01914-01
Actor: Egan Eljadue Gutiérrez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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