Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01918-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01918-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01918-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
2 de junio de 2022
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01918 00
Demandante: Ovidio Lesmes Otero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 01918 00
Demandante: Ovidio Lesmes Otero
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Tema: Incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-606 de 2015, por
exclusión en el pago de auxilio transitorio de alimentación y
económico en favor de los pescadores artesanales del Parque
Nacional Natural Tayrona / improcedencia de la acción de tutela
por inexistencia del requisito de subsidiariedad y no acreditar
perjuicio irremediable / rechaza y niega el derecho de petición.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Ovidio Lesmes Otero
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Departamento del Magdalena,
Secretaría de Desarrollo Económico y la Mesa Técnica de Apoyo a los Pescadores
del Parque Nacional Natural Tayrona.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Ovidio Lesmes Otero, actuando en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se acojan, las siguientes pretensiones:
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01918 00
Demandante: Ovidio Lesmes Otero
«1. SE ME AMPARE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE PETICIÓN LA DIGNIDAD HUMANA, AL MÍNIMO
VITAL Y MÓVIL, A LA VIDA DIGNA, ordenado en la sentencia T-606 de 2015 la
CORTE CONSTITUCIONAL violados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA MESA TECNICA DE APOYO
A LOS PESCADORES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA.
2, SE ORDENE a la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, continuar con el pago del
auxilio alimenticio y económico de carácter transitorio, como lo establece la
sentencia T-606 de 2015 proferida por la Honorable Corte Constitucional, en la
cual garantiza mis derechos fundamentales al trabajo, soberanía alimentaria y
mínimo vital». (sic en todo el texto transcrito)
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Pertenece a la Cooperativa de Pescadores de Barlovento por el ejercicio
durante varios años de la actividad de pesca artesanal, según tradiciones culturales
de su familia, en la jurisdicción del Parque Nacional Tayrona de Santa Marta.
ii) El 12 de junio de 2011, Parques Naturales de Santa Marta lo desalojó y
desarraigó del sitio de pesca y el 6 de agosto de 2014, ordenó el decomiso de las
redes de pesca en la playa Bahía Gayraca, por lo que presentó acción de tutela que
fue resuelta por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-606 de 2015, en la
que se decidió tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la vida, a
la seguridad alimentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad humana de los
miembros de la Cooperativa de Pescadores de Barlovento y demás pescadores
ancestrales.
iii) Con ocasión de lo ordenado en el fallo de tutela en mención la gobernación
del Magdalena, a través de la Resolución 085 de 2016, le reconoció un auxilio
alimentario y económico; sin embargo, el 7 de marzo de 2022, el ente territorial y la
Mesa Técnica de Apoyo a los Pescadores del Parque Nacional Natural Tayrona,
mediante acta le reconoce la compensación por la vinculación al Proyecto de
Desarrollo y Financiación de Alternativas Productivas para Pescadores Artesanales
que se encuentran enmarcados dentro del Plan de Compensación del Parque
Nacional Natural Tayrona en el departamento del Magdalena, e incluye como
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Demandante: Ovidio Lesmes Otero
compromiso, entre otras cosas, renunciar al apoyo alimenticio y económico de
carácter transitorio, una vez reciba a satisfacción los activos productivos
contemplados en su proyecto productivo.
iv) A partir del mes de enero de 2022, le fue suspendido por parte de la
gobernación del Magdalena el pago del auxilio alimentario y económico ordenado en
la sentencia T-606 de 2015, sin que se haya cumplido con lo establecido en el Acta
de compromiso, anteriormente referida.
1.1.3. Fundamentos jurídicos
El accionante considera vulnerados los derechos citados por las siguientes razones:
i) De acuerdo con la sentencia T-606 de 2015, las autoridades nacionales,
departamentales y municipales, deben garantizar una adecuada compensación a las
comunidades ancestrales que obtenían su sustento de la pesca artesanal ancestral,
a través de medidas administrativas o la implantación de una política ambiental, en la
que se diseñen planes razonables de reubicación laboral, la creación de programas
de formación para que las personas desalojadas puedan desempeñarse en otra
actividad económica y el acceso a créditos blandos y a insumos productivos, lista
que no es taxativa pues corresponde evaluar la situación específica.
ii) En el caso concreto, se debe atender a la condición de vulnerabilidad de los
accionantes y comunidades pesqueras que tradicionalmente desarrollaban su labor
en el parque Tayrona, pues han sufrido males estructurales derivados de la ausencia
de una adecuada gestión estatal, manifestados en el alto índice de necesidades
básicas insatisfechas y en un limitado acceso a bienes esenciales como vivienda,
servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo.
iii) La Corte Constitucional consideró indispensable que en los eventos en los que
se tenga que imponer una limitación a la actividad desarrollada por el accionante, la
administración compense adecuadamente las afectaciones causadas a las
comunidades que laboraban en ese oficio, por lo que pone de manifiesto la
necesidad de generar urgentemente acciones de carácter interinstitucional, de
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acuerdo con las competencias, que atiendan las diferentes situaciones sociales en
las que se encuentran las familias de los pescadores a fin de mitigar los efectos que
genera la prohibición de pesca para los accionantes y demás pescadores
artesanales del Parque Tayrona. De tal forma que el perjuicio sufrido por el
accionante es susceptible de ser superado a través de programas de reubicación y
capacitación pesquera, liderados por las correspondientes autoridades vinculadas al
trámite tutelar.
iv) La acción de tutela se presenta como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, al no contar con recursos para sufragar los honorarios de un
abogado.
1.2. Actuación Procesal
1.2.1. Mediante auto del 1 de abril de 2022, se inadmitió la acción de tutela y se
ordenó al demandante que aclarara: i) cuáles son las acciones u omisiones en las
que incurrieron el Tribunal Administrativo de Magdalena y la Mesa Técnica de Apoyo
a los Pescadores del Parque Nacional Natural Tayrona, y que considera vulneran sus
derechos fundamentales; ii) si ha adelantado incidente de desacato en contra de los
aquí accionados, o un tercero, por incumplimiento de la sentencia de tutela T-606 de
2015; y iii) si ha presentado petición ante alguna de las autoridades accionadas
dentro del presente trámite, para lo cual debería aportar la fecha, el consecutivo de
radicación, la copia de la solicitud y de la respuesta recibida.
1.2.2. A través del proveído del 21 de abril de 2022, pese a que el accionante no
atendió los requerimientos, en procura de salvaguardar el derecho de acceso a la
administración de justicia, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar como
demandados al Tribunal Administrativo del Magdalena, a la gobernación del
departamento del Magdalena, Secretaría de Desarrollo Económico Departamental y
a la Mesa Técnica de Apoyo a los Pescadores del Parque Nacional Natural Tayrona.
Como tercero interesado en las resultas del proceso, se vinculó al Ministerio de
Medio Ambiente, a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales, y al Parque Nacional Natural Tayrona, y se les otorgó el término de dos
días para rendir el respectivo informe.
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Adicionalmente, se comisionó a la gobernación de Magdalena para que notificara el
presente trámite constitucional a la Mesa Técnica de Apoyo a los Pescadores del
Parque Nacional Natural Tayrona.1
Finalmente se requirió al ente territorial accionado para que indicara: i) si el
accionante se encuentra incluido en el Plan de Compensación ordenado en la
sentencia T-606 del 2015, y si recibe el pago correspondiente hiciera llegar el
histórico y las constancias respectivas, ii) en caso negativo, señalara las razones por
las cuales no lo e informara los requisitos de otorgamiento de la ayuda económica
(Plan de Compensación) a pescadores artesanales del Parque Nacional Natural
Tayrona y, iii) si el accionante ha presentado alguna petición relacionada con el Plan
de Compensación y su derecho a recibir el pago establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-606 del 2015, y si recibió respuesta congruente y de
fondo a dicha solicitud.
1.2.3. A través de escrito radicado el 27 de abril de 2022, el señor Ovidio Lesmes
Otero aclaró que las accionadas vulneran sus derechos fundamentales, pues, en
cumplimiento de la sentencia T-606 de 2015 y, por orden explícita de la Corte
Constitucional, le reconocieron el auxilio alimentario y económico en la Resolución
2264 del 18 de diciembre de 2018 y en enero de 2022 le fue suspendido el pago, por
lo que a través de derechos de petición solicitó la reactivación del beneficio; sin
embargo, la gobernación del Magdalena, ha hecho caso omiso a la reclamación.
1
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 631 del 30 de diciembre de 2015, suscrito por el gobernador
del departamento del Magdalena, la Mesa de Trabajo de Apoyo a los Pescadores Artesanales del
Parque Nacional Natural Taiyrona está conformada por: el gobernador (a) del Departamento del
Magdalena, el ministro(a) de ambiente y desarrollo sostenible, el/la alcalde(sa) del Distrito Turístico
Cultural Histórico de Santa Marta; el/la director(a) de la territorial caribe de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Naturales de Colombia, el/la director territorial Magdalena del
INCODER, el/la director(a) de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, el/la
director(a) de la regional Magdalena del Sena, el/la defensor del pueblo Regional Magdalena, el/la
procurador(a) delegado(a) para asuntos ambientales y agrarios en el departamento del Magdalena,
el/la secretario(a) de desarrollo económico del departamento del Magdalena, el/la jefe de oficina
asesora de planeación del departamento del Magdalena, el/la director(a) regional Caribe de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y un representante por cada una de las Asociaciones de
Pescadores Artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona legalmente constituidas.
Como apoyo Técnico y de conocimiento se titene al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
(INVEMAR), la Universidad del Magdalena y otras entidades de carácter académico o técnico de
reconocida trayectoria en las áreas de investigación científica marina y costera.
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Debido a esto, presentó incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena.
1.3. Contestaciones de la demanda
1.3.1 Del Tribunal Administrativo del Magdalena:
La magistrada María Victoria Quiñones Triana rindió un informe pormenorizado de
las actuaciones que ha adelantado la corporación con miras a establecer el
cumplimiento de las órdenes de amparo dadas con ocasión de la sentencia T-606 de
2015,2 de las cuales advierte que no se han vulnerado los derechos fundamentales
del accionante, máxime si se tiene en cuenta que la situación fáctica narrada en la
solicitud lo que muestra es una inconformidad del accionante con el procedimiento
adelantado por la gobernación del Magdalena, en punto de la suspensión de los
pagos de apoyo económico y alimentario de carácter transitorio.
1.3.2. Del departamento del Magdalena
El apoderado del departamento del Magdalena solicitó negar por improcedente la
acción de tutela, con fundamento en lo siguiente:
i) Lo existente, es una inconformidad con el auto de fecha 15 de marzo de 2021
proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena,3 cuyo cumplimiento implicó la
suspensión del pago del auxilio alimenticio y económico de carácter transitorio a
partir del mes de enero del 2022 que percibía el accionante; por tanto, en atención al
contenido del numeral 8 del artículo 188 del CCA (sic) contaba con el recurso
2
Los elementos fácticos y jurídicos puestos de presente por el Tribunal Administrtivo del Magdalena,
serán analizados en la presente providencia en el acápite «Hechos probados«».
3
Advierte el departamento del Magdalena que la providencia en mención dispuso lo siguiente:
(...) Segundo: Ordenar a la gobernación del Magdalena, que a través de la mesa de apoyo para
compensar a los pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona que, en el término de
15 días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, realice un estudio de las
condiciones de subsistencia de los reclamantes y de los que integran hoy la lista del plan de
compensación, para que aquellos que se encuentran en situación de indefensión y debilidad
manifiesta, sean incluidos de manera inmediata, a la lista de beneficiarios de las ayudas transitorias,
las cuales cesarán una vez se acredite el inicio de las actividades diseñadas en el marco del plan de
compensación.
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extraordinario de revisión para el efecto, dado que la acción de tutela no puede ser
utilizada como una tercera instancia.
ii) El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante el auto del 15 de marzo de
2021, ordenó realizar un estudio de las condiciones de subsistencia de los
reclamantes y de los que integran hoy la lista del plan de compensación, decisión
que atendió la sana crítica y con fundamento en ella, la gobernación del Magdalena
implementó un instrumento de caracterización socioeconómica consistente en una
encuesta que tomó como base la ficha del SISBEN IV y las encuestas realizadas por
el ente territorial en el año 2020.
iii) El accionante no fue priorizado por cuanto cuenta con 53 años de edad, es
decir, no puede ser considerado como persona de la tercera edad; por lo tanto, no
fue seleccionado para el beneficio del mínimo vital por no pertenecer a este grupo de
protección especial. Dado que el pretendido auxilio es una ayuda económica
«transitoria» ordenada en la sentencia T-606 de 2015, que se erige como sui generis,
no se enmarca en una prestación social o con cualquier otro derecho u obligación de
la misma índole, de ahí que se considera que es un pago de carácter accidental y
excepcional.
iv) El operador judicial accionado no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo o
por falta de motivación, debido a que la providencia acusada fue proferida conforme
a las normas reguladoras de su función judicial y se apoyó en el material probatorio
obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al
caso concreto. Además, el accionante no demostró un perjuicio irremediable o la
condición de vulnerabilidad que lo haga sujeto de especial protección.
1.3.3. De la Mesa Técnica de Apoyo a los Pescadores del Parque Nacional
Natural Tayrona
Algunos de los integrantes de la citada Mesa Técnica se pronunciaron sobre la
presente acción de tutela de la siguiente manera:
1.3.3.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Demandante: Ovidio Lesmes Otero
El apoderado judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adujo que la
entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, por no ser la autoridad pública
llamada a responder por las supuestas afecciones alegadas, ni ha transgredido los
derechos fundamentales enunciados por el accionante. Adicionalmente, advirtió que
no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues lo que se busca con el
mecanismo excepcional es que se le de cumplimiento a un fallo de tutela, por lo cual
cuenta con otros medios de defensa para obtener lo pretendido, de los cuales no ha
hecho uso, ni demuestra la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
1.3.3.2. Parques Nacionales Naturales de Colombia —PNNC—
Mediante apoderado judicial PNNC, se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela, por cuanto la obligación exigida en la vía de amparo se encuentra a cargo de
la gobernación del departamento del Magdalena y no de la Mesa Técnica de Apoyo a
los Pescadores del Parque Nacional Natural Tayrona, de la cual hace parte; en ese
orden, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.
1.3.3.3. Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
El director de la Regional Magdalena del SENA intervino para expresar que se
encuentra notificado de la acción de tutela, por lo que estará atento a cualquier
requerimiento que se presente dentro del trámite constitucional.
1.3.3.4. Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Magdalena
El Procurador 13 Judicial II Ambiental y Agrario del Magdalena, en ejercicio de la
función de intervención judicial, informó lo siguiente.
i) Pese a lo resuelto en el numeral segundo del auto del 15 de marzo de 2021,4
emitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, persiste el incumplimiento a lo
dispuesto por la Corte Constitucional y la antedicha providencia, tal como se ha
4
Ibidem
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puesto de presente en los Oficios PJIIAAM-004 del 21 enero 2022, PJIIAAM-012 del
27 enero 2022, PJIIAAM-048 del 10 marzo 2022 y PJIIAAM-062 del 23 marzo 2022.
ii) Igualmente, se le ha advertido tanto al Tribunal Administrativo del Magdalena
como a la gobernación del departamento del Magdalena que sin mediar la
implementación efectiva del Plan de Compensación ni la delimitación de zonas de
pesca de subsistencia, se han suspendido los pagos correspondientes al auxilio
económico transitorio con desconocimiento de la orden contenida en la sentencia T-
606 de 2015 la cual cobija a aquellos pescadores que «actualmente no cuenten con
los recursos necesarios para satisfacer su derecho al mínimo vital y subsistencia
digna», situación que también se traduce en la omisión de la providencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena que ordenó la protección de: «aquellos que se
encuentran en situación de indefensión y debilidad manifiesta».
iii) El estudio y la metodología empleada por la gobernación del Magdalena para
determinar los beneficiarios del auxilio transitorio, vulnera el principio de igualdad, 5
por lo que la acción de tutela procede en contra del ente departamental y debe
concederse en forma intercomunis, mientras que el Tribunal Administrativo del
Magdalena decide el desacato a la orden impartida en el auto del 15 de marzo de
2021.
1.3.3.5. Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento del Magdalena
El secretario de Desarrollo Económico del departamento del Magdalena, en calidad
de secretario técnico de la Mesa de Trabajo de Apoyo a los Pescadores Artesanales
del Parque Nacional Natural Tayrona, adujo que i) el señor Ovidio Lesmes Otero
cuenta con otro mecanismo judicial para exigir el reconocimiento de los derechos que
asegura le han sido conculcados, ii) la gobernación del Magdalena y la Mesa de
Trabajo, han actuado en el marco de la legalidad, dentro del principio de la buena fe,
de acuerdo con las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena
5
Agrega el agente del Ministerio Público que de los 172 pescadores sujetos del estudio, al menos 76
son adultos mayores en términos de la legislación colombiana, 127 con dificultades normativas para
ser licenciados en las actividades marítimas, el 52% del grupo poblacional pertenece al estrato 1, el
82% al régimen subsidiado de salud, además algunos pescadores están en situación de
vulnerabilidad.
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y iii) la suspensión del pago del auxilio económico al accionante obedece a que no
cumplió con los criterios técnicos y metodológicos del estudio socioeconómico al que
fue sometido por orden del Tribunal Administrativo del Magdalena.
1.3.3.6. Oficina asesora de Planeación del Departamento del Magdalena
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación del departamento del Magdalena, a
través de escrito de intervención, precisó que no le es atribuible a la entidad territorial
el desconocimiento del mínimo vital, ni el debido proceso, dado que el accionante no
cumplió con los criterios técnicos y metodológicos para ser beneficiario del auxilio
reclamado, los cuales fueron diseñados en virtud del nuevo estudio socioeconómico
que se efectuó para atender la orden del Tribunal Administrativo del Magdalena en el
auto de 15 de marzo de 2021. Por tanto, la acción de tutela resulta improcedente,
máxime si se tiene en cuenta que otro operador judicial tiene bajo su conocimiento
esta clase de reclamaciones. A lo anterior se agrega, que el accionante no ha
radicado ante el ente territorial ninguna petición sobre el particular.
1.3.3.7. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP —
A través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la AUNAP expuso que carece de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante, dado que no tiene participación directa en
los hechos que dan origen a la acción de tutela, y como miembro de la Mesa Técnica
de Apoyo a los Pescadores del Parque Nacional Natural Tayrona ha cumplido con
sus obligaciones y compromisos.
1.3.3.8. Agencia de Desarrollo Rural — ADR —
La apoderada judicial de la ADR se opuso a las pretensiones de la acción de tutela,
con fundamento en las siguientes razones:
i) La entidad no ha puesto en peligro o vulnerado los derechos fundamentales
del accionante, dado que en cumplimiento de la sentencia T-606 de 2015, ha
desarrollado y viene ejecutando a través de su oferta institucional el Proyecto Integral
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Demandante: Ovidio Lesmes Otero
de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) con enfoque territorial y unos
beneficiarios concertados al interior de la Mesa, entre los que no se encuentra el
señor Ovidio Lesmes Otero; sin embargo, es beneficiario del proyecto que viene
implementando la gobernación del departamento del Magdalena, dentro del plan de
compensación para los pescadores del Tayrona, y, por tanto, será esa entidad la
encargada de rendir el informe sobre el estado de la compensación de aquel.
ii) Como lo pretendido por el accionante versa en torno: a) al cumplimiento de un
fallo que contiene una obligación de hacer, el mecanismo idóneo para el presente
caso es el incidente de desacato y b) a un asunto de carácter económico, se torna
improcedente la solicitud de amparo.
1.4. Intervenciones
1.4.1. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andréis” — INVEMAR —
El director general encargado del INVEMAR, indicó que solo le corresponde brindar
apoyo técnico y de conocimiento a la Mesa de Trabajo de Apoyo a los Pescadores
Artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona, por lo que considera que no debe
estar vinculado al proceso tutelar, en atención a que además, es la gobernación del
departamento del Magdalena la destinataria de la orden transitoria de brindar el
auxilio alimentario y económico que asegure el mínimo vital de los pescadores,
aspecto objeto de la decisión contenida en la sentencia T-606 de 2015 hasta la
ejecución del Plan de Compensación.
1.4.2. Del Ministerio de Defensa, Dirección General Marítima, Autoridad
Marítima Colombiana, Capitanía de Puerto de Santa Marta
El oficial naval en el grado de capitán de corbeta y de capitán de Puerto de Santa
Marta Diego Fernando Salguero Londoño, indicó que la entidad que representa
carece de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la tutela,
teniendo en cuenta las funciones que le son propias y que la sentencia T-606 de
2015 no le impuso obligaciones respecto de lo reclamado por el accionante; además,
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01918 00
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participa en la mesa técnica como una entidad de apoyo y, por tanto, no lidera ningún
proyecto, de tal suerte que se configura la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela, por cuanto está dirigida contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si con la exclusión del pago del auxilio alimenticio y económico
de carácter transitorio al accionante, el Tribunal Administrativo del Magdalena, el
departamento del Magdalena y la Mesa Técnica de Apoyo a los Pescadores del
Parque Nacional Natural Tayrona, dentro del ámbito de sus competencias, se
encuentran incumpliendo la orden establecida por la Corte Constitucional en la
sentencia T-606 del 21 de septiembre de 2015, a través de la cual le fue garantizado
a quien ejerce la pesca artesanal ancestral del Parque Nacional Tayrona, los
derechos fundamentales al trabajo, la soberanía alimentaria y el mínimo vital.
Igualmente, se examinará si al accionante se le ha vulnerado el derecho fundamental
de petición.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
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caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos elementos dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias
que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos las que no se pueden
pasar por alto.
Por ello el artículo 6.º, numeral 1.°, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observancia estricta del
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. Verificación del cumplimiento de las sentencias que amparan derechos
fundamentales
Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, prevén que ante el incumplimiento
de una orden emitida dentro de un fallo de tutela, el accionante tiene como
alternativa, en forma simultánea o sucesiva, adelantar el trámite de cumplimiento del
fallo o promover el incidente de desacato; este último, además de buscar el
6
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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acatamiento de la decisión, estudia la posibilidad de que se sancione a la persona o
funcionario responsable de cumplirla.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que la competencia para hacer cumplir
los fallos de tutela radica, prima facie, en cabeza de los jueces de primera instancia,
pues son estos los encargados de velar por el acatamiento de las órdenes
impartidas, así provengan de un fallo de segunda instancia o de una sentencia de
revisión de la Corte Constitucional y gozan de amplias facultades para utilizar uno u
otro mecanismo tendiente al cumplimiento de sus decisiones, pues, hasta que ello no
ocurra, mantienen la competencia en el asunto.7
El incidente de desacato procede a petición de la parte interesada, de oficio o por
intervención del Ministerio Público, y tiene como propósito que el juez constitucional,
en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien no
atienda la orden de tutela. La autoridad judicial, al momento de resolver un incidente
de desacato, debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y
subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de la sentencia por parte de
su destinatario.
Así, en caso de que el operador judicial evidencie el incumplimiento, debe establecer
si este fue total o parcial, las razones por las cuales se produjo y las medidas
necesarias para proteger efectivamente el derecho.
Entre los factores objetivos que se advierten en el trámite incidental, deben revisarse,
entre otros aspectos: i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, iii) la presencia de un estado
de cosas inconstitucional, iv) la complejidad de las órdenes, v) la capacidad funcional
de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en
el fallo, vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de
amparo, y vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.8
7
Corte Constitucional, auto A-136A de 2002.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018.
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El incidente de desacato, además, está cobijado por los principios del derecho
sancionador y, específicamente, por las garantías que este otorga al disciplinado
como el debido proceso y el derecho de defensa; por ello siempre será necesario
demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela para
que proceda. Sobre el particular la Corte Constitucional 9 ha señalado:
30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo (sic) incidente tiene el deber
constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar
la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del
proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el
referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por
el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la
obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad
subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y
razonable – a los hechos
31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un
mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los
jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o
arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador.En este orden
de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden
fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del
accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el
incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la
responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.
32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del
accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva
a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la
Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el
comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo
causal sustentado en la culpa o el dolo.
Siendo esto así, el sólo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la
sanción, comoquiera que se hace necesario probar la negligencia o el dolo de la
persona o funcionario sobre quien recaiga la responsabilidad de cumplir la sentencia
de tutela.10
Por tanto, para imponer una sanción de desacato, el juez de conocimiento debe, en
primer lugar, individualizar al presunto responsable del incumplimiento, de manera
9
Corte Constitucional, sentencias T-343 de 2011 y T-527 de 2012.
10
Al tenor de la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, entre los factores subjetivos el
juez debe verificar circunstancias como: i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, ii) si
existió allanamiento a las órdenes, y iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento.
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que se verifiquen sus nombres y apellidos, y, en segundo lugar, comprobar si el
desacato fue total o parcial y su causa, con el fin de encontrar el medio adecuado
para asegurar que se cumpla lo decidido ya que, se repite, el mero incumplimiento
(responsabilidad objetiva) no es razón suficiente para imponer una sanción.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, la Sala puede establecer lo
siguiente:
2.4.1. La Corte Constitucional a través de la sentencia T-606 de 2015, expedida el 21
de septiembre de ese año, tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil,
la vida, a la seguridad alimentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad
humana del señor Jonatán Pacheco Yánez, los miembros de la Cooperativa de
Pescadores de Barlovento, entre los que se encuentra el accionante, y demás
pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona. En la parte resolutiva
dispuso, entre otras decisiones, las siguientes:
(…)
TERCERO.- ORDENAR la construcción de una mesa de trabajo para lograr la
compensación de los pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona
en la cual deberán participar la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder -, la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el Servicio Nacional de Aprendizaje -
Sena-, la Defensoría del Pueblo del Magdalena, la Procuraduría General de la
Nación, la Gobernación del Magdalena y las diversas asociaciones de pescadores
artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona.
Teniendo en cuenta que la determinación de competencias en materia de gestión
social y desarrollos productivos es una tarea compleja, precisamente debido a las
limitaciones presupuestales y a la asignación de recursos y subsidios con destinación
específica y previa convocatoria se ordena:
(i) Que en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
las referidas entidades bajo la coordinación de la Gobernación del Magdalena
diseñen en el término de 60 días contados a partir de la notificación de esta
providencia un plan de compensación que garantice a los pescadores artesanales del
Parque Nacional Natural Tayrona la satisfacción de sus derechos fundamentales al
trabajo, soberanía alimentaria y mínimo vital.
Para ello las entidades anteriormente referenciadas deberán incorporar y vincular en
la gestión y construcción de la mesa de trabajo, a las entidades nacionales,
departamentales y territoriales que en el marco de sus funciones puedan brindarles
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alternativas económicas y proyectos productivos sostenibles a los pescadores
artesanales del parque Tayrona.
La participación no se reduce a que las autoridades competentes organicen reuniones
de información, de concertación o audiencias, sino que en coordinación con la
comunidad garanticen la participación y asuma la protección de las personas en
situación de vulnerabilidad que van a ser afectadas negativamente por las decisiones
administrativas. Es decir, la participación también significa darle efecto a las opiniones
expresadas.
La Gobernación de (sic) Magdalena transitoriamente y hasta que sea diseñado y
ejecutado el plan de compensación a los Pescadores artesanales del Parque
Nacional Natural Tayrona, deberá brindar un apoyo alimenticio y económico de
carácter transitorio a las personas que tradicionalmente ejercían esta actividad
y que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer su
derecho al mínimo vital y subsistencia digna.
(…) (negrilla y subrayado no original)
2.4.2. A través de la Resolución 1586 del 1 de octubre del 2018 «[p]or medio de la
cual se da cumplimiento a la sentencia T-606 de 2015 emanada de la Honorable
Corte Constitucional (…)» el departamento del Magdalena tuvo como beneficiario del
plan de compensación de pescadores artesanales al señor Ovidio Lesmes Otero,
quien fuera postulado por la Asociación Barlovento.
2.4.3. La Secretaría de Hacienda del departamento del Magdalena expidió la
Resolución 062 del 1 de marzo de 2022, mediante la cual ordena un pago de apoyo
alimenticio y económico a los pescadores artesanales del Parque Nacional Natural
Tayrona, en cumplimiento de la sentencia T-606 de 2015; sin embargo, el señor
Ovidio Lesmes Otero, no se encuentra dentro de los destinatarios de dicho beneficio.
2.4.4. De acuerdo con el informe que sobre la presente acción de tutela rindió el
Tribunal Administrativo del Magdalena, la corporación ha verificado la ejecución de
las órdenes impartidas en la sentencia T-606 de 2015, con ocasión de los incidentes
de desacatos que se han promovido para el efecto y, específicamente, respecto del
estado actual de dicho examen, expuso lo siguiente:
(…)
27.- En adelante el Tribunal Administrativo del Magdalena ha continuado verificando
el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia T- 606 de 2015, y
mediante providencia del 15 de marzo de 2021 se declaró que las autoridades
destinatarias de la orden establecida en el ordinal tercero de la Sentencia T-606 de
2015, han adelantado gestiones dirigidas a garantizar su cumplimiento, en el marco
de sus competencias legales y constitucionales.
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Así las cosas, resulta oportuno destacar que, tal como lo dispuso el Consejo de
Estado mediante la providencia que revocó la sanción impuesta por este Tribunal,
resulta evidente que el número de beneficiarios identificados, ha aumentado dentro
de estos últimos años, en la medida que se han efectuado nuevas convocatorias, se
han ampliado los criterios de selección y se han realizado otras actividades de
pesquisa, empero, la cifra de personas que accede a este apoyo económico se ha
mantenido incólume, circunstancia que merece un reproche en el trámite de
verificación de cumplimiento de la sentencia T-606 de 2015. En virtud de lo anterior,
este Tribunal ordenó a la gobernación que en la medida que se identificaran los
pescadores artesanales que ejercían su actividad en inmediaciones del Parque
Tayrona, tiene el deber de incluirlos, de manera inmediata, a la lista de beneficiarios
de las ayudas transitorias, las cuales cesarán una vez se acredite el inicio de las
actividades diseñadas en el marco del plan de compensación.
La anterior orden fue recurrida por el Departamento del Magdalena y este Tribunal
profirió auto de fecha 15 de julio de 2021, notificado por estado electrónico a las
partes el 18 de agosto de 2021, donde se dieron las siguientes órdenes:
“1°. Rechazar por improcedente el recurso de reposición presentado por el
departamento del Magdalena en contra del auto del 15 de marzo de 2021, por los
motivos expuestos en esta providencia.
2°. Dar trámite a la solicitud de ampliación de los términos otorgados en el numeral
segundo de la providencia del 15 de marzo de 2021, presentado por el departamento
del Magdalena y coadyuvado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y
la Agencia de Desarrollo Rural, en el siguiente sentido:
• La gobernación del Magdalena deberá acreditar dentro de los 10 días siguientes
a la notificación de esta providencia que realizó el estudio de las condiciones de
subsistencia de los reclamantes y de los que integran hoy la lista del plan de
compensación, para que aquellos que se encuentran en situación de indefensión y
debilidad manifiesta, sean incluidos de manera inmediata, a la lista de beneficiarios de
las ayudas transitorias, las cuales cesarán una vez se acredite el inicio de las
actividades diseñadas en el marco del plan de compensación, como se señaló en la
providencia del 15 de marzo de 2021.
• La gobernación del Magdalena, como coordinadora del plan de compensación, a
más tardar dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de esta
providencia, deberá presentar un informe sobre la ejecución, control y seguimiento a
cada uno de los proyectos productivos que comprenden la fase I del referido plan.
• En lo que respecta a la ejecución de la fase II del plan de compensación, la
gobernación deberá acreditar en el término de 10 días siguientes a la comunicación de
esta providencia que realizó las encuestas faltantes, atendiendo lo señalado en el auto
del 15 de marzo de 2021.
• La gobernación del Magdalena, el plazo máximo de 10 días siguientes a la
comunicación de esta providencia, deberá allegar el cronograma de ejecución de
la fase II del plan de compensación.”
En virtud de lo anterior, se evidencia que la gobernación del Magdalena rindió el
respectivo informe solicitado mediante escrito del 1° de septiembre de 2021, y
adicionalmente, el 9 de noviembre de 2021 se allegó la Resolución No. 388 del 4 de
noviembre de 2021, por medio de la cual se ordena el pago correspondiente al apoyo
alimenticio y económico del mes de octubre a los pescadores beneficiados con esta
ayuda.
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28. Posteriormente, mediante auto de 12 de enero de 2022, se fijaron como fechas
para adelantar audiencia por medios electrónicos de verificación de cumplimiento de
la sentencia T-606 de 2015 las siguientes: Plan de Compensación: 19 de enero de
2022, a las 2:00 p.m., y Plan Maestro de Protección y Restauración del Parque
Natural Tayrona: 19 de enero de 2022 a las 4 p.m. Igualmente, en dicho proveído se
requirió a la Gobernación del Magdalena y a la Unidad de Parque Nacionales
Naturales para que en la fecha de la diligencia la primera allegara un informe
pormenorizado de las acciones adelantadas a la fecha que reflejara el cumplimiento
de las órdenes impartidas dentro del asunto de la referencia respecto del Plan de
Compensación y del Plan Maestro, respectivamente.
No obstante, mediante proveído de 18 de enero de 2022 fue aplazada la audiencia en
cita, al ser aceptadas las solicitudes en tal sentido elevadas por la Gobernación del
Magdalena y la Unidad de Parques Nacionales Naturales; reprogramándose la
diligencia para el día 2 de febrero de 2022, a las 9:00 a.m. y 2:30 p.m.
Llegada la fecha en comento, se adelantó la audiencia, disponiéndose su suspensión,
y profiriéndose las siguientes órdenes definitivas:
“5.1.- Otorgar el plazo máximo hasta el viernes 29 de abril de 2022, para que
la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, como entidad
coordinadora del Plan Maestro de Protección y Restauración del Parque
Nacional Natural Tayrona, para que realice los ajustes a que hubiere lugar,
conforme las observaciones que se plantearon en estos dos días de
presentación, con la finalidad de hacer la presentación de los avances del año
3 del plan (2018-2019-2020) donde se incluyan todos los indicadores de
cumplimientos o no de cada uno de los componentes del plan. En virtud de lo
anterior, implica que la Unidad de Parques incluya en las mesas de trabajo al
municipio de Pueblo Viejo, Sitio Nuevo y Dibulla. Es obligación de la Unidad
de Parques informar a este Tribunal en caso que las entidades que
adquirieron compromisos en el plan maestro no estén cumpliendo con lo
pactado, para que aquí se adopten las medidas tendientes a garantizar el
cumplimiento de las metas.
“5.2.- Respecto del Plan de Compensación, se le concede el plazo hasta el
viernes 29 de abril de 2022, al departamento del Magdalena, como entidad
coordinadora del referido plan, para que presente en debida forma,
cumplimiento de la fase I, donde allegue un informe pormenorizado que
permita establecer si culminaron o no con los proyectos productivos de esta
fase, adicionalmente, debe allegar el listado de los que tienen proyecto para la
fase II así como el listado de los pescadores que a la fecha no se han decidido
por un proyecto productivo ofertado. Asimismo, deben aportar la constancia de
notificación de todos los actos administrativos proferidos en virtud del apoyo
económico que brinda la gobernación de carácter transitorio, así como la
relación y constancia de pago de todos los beneficiarios del pago del apoyo
económico, actualizado a la fecha de entrega del informe, esto es, 29 de abril
de 2022”
29. Continuando con el relato de las actuaciones, el 24 de febrero de 2022, actuando
mediante apoderado, los señores RAFAEL LÁZARO GALVÁN ROMERO, ROBERTO
ENRIQUE RODRÍGUEZ CASTRO Y OS interpusieron incidente de desacato en
contra de la Nación-Ministerio Del Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible, la Unidad
De Parques Nacionales Naturales, CORPAMAG y el Departamento del Magdalena,
por considerar que dichas entidades no habían dado cabal cumplimiento a la
sentencia T-606 de 2015.
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30. Finalmente, a través de auto de 19 de abril de 2022, se requirió a la Gobernación
para que en el informe que debe rendir a más tardar el 29 de abril de 2022, para que
remitiera junto con el mismo lo siguiente:
a) El listado completo de los pescadores que hacen parte del Plan de
Compensación, incluyendo los siguientes datos: Nombre e identificación - Quien
financia el proyecto - Organización pesquera a la que pertenece o si es pescador
independiente - Que están haciendo en este momento - Quien está haciendo control
y seguimiento al proyecto productivo - En qué zona está operando el pescador - Ha
sido o es beneficiario del mínimo vital - Cuánto ha recibido por pago de mínimo vital;
b) Las evidencias del recuento de inversión de la entidad en el cual debe establecer:
1- Cuánto se ha ejecutado, 2- Cuánto está pendiente de ejecutar o en marcha, 3- Qué
actividades está gestionando la gobernación para la consecución de recursos para los
proyectos que hacen falta;
c) Informar especialmente la situación específica de los siguientes pescadores,
respecto de la inclusión en el plan de compensación y el pago del auxilio económico
de carácter transitorio:
Ricardo Antonio Manjarres Carrillo, José Ibarra Domínguez, Aníbal Ibarra Domínguez,
Teobaldo Reyes, Richard Guillot Manotas, Silfredo Guerra Suárez, Alexander Vega
Rey, George Quiroz Vuelvas, Rafael Enrique Martínez Mármol, Juan Manuel Calvo
San Martín y Alcides Rapelo; Rafael Lázaro Galván Romero, Roberto Enrique
Rodríguez Castro, León Enrique Puente Sobrino, Orlando David Cuello Peralta, Jairo
Francisco Roos Orozco y Edie Alberto Cadavid Cadavid, Manuel Diazgranados
Solano, Rodolfo Diazgranados Solano y Alex de Jesús Cotes Moreno y Carlos
Manuel Romero Amarís.
Con respecto a los mencionados pescadores, la Gobernación debe indicar cuáles
fueron los resultados que arrojó el estudio de las condiciones de subsistencia de los
mismos, para determinar si podían ser beneficiarios o no del apoyo económico de
carácter transitorio. Asimismo, se ordena a la gobernación que el día de la diligencia
informe sobre el pago del apoyo económico y alimenticio de los meses de enero y
febrero de 2022 a los pescadores artesanales de la Cooperativa Barlovento, conforme
el escrito presentado por el doctor José Francisco Arismendy.
Igualmente, en el proveído referenciado, se fijó fecha para adelantar audiencia por
medios electrónicos de verificación de la Sentencia T-606 de 2015, plan de
compensación, para el día 2 de mayo a las 2:30 p.m., y se requirió a las entidades
que conforman el Plan Maestro para que aportaran las (sic) relación de evidencias
con destino a la Unidad de Parques para que se determine por parte de dicha entidad
si se han o no cumplido con las acciones del plan estratégico del plan maestro, con el
fin de rendir el informe en comento. (sic en todo el texto)
(…)
2.4.5. Mediante auto del 12 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena dispuso abrir incidente de desacato en contra de Carlos Eduardo Caicedo
Omar, gobernador del Magdalena, como coordinador del plan de compensación; Ana
Cristina Moreno Palacios, presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR; Virna
Lizi Johnson Salcedo, alcaldesa distrital de Santa Marta; Fredy Julián Cortés Urquijo,
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secretario de desarrollo económico del departamento del Magdalena; Eric Alberto
Orgullo Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Planeación del departamento
del Magdalena a quienes se les impartió la orden en la sentencia T-606 DE 2015, en
cabeza de las entidades que representan; además, el citado proveído incluye a las
autoridades que fueron mencionadas en el Decreto 631 de 2015, dado que, a la
fecha, no se encuentran ejecutados los proyectos productivos de la denominada fase
I, que según el cronograma debieron haber finalizado. Adicionalmente, la providencia
ordenó lo siguiente:
(…)
Segundo: Concédaseles el término de tres (3) días siguientes a la notificación del
presente proveído, para que los funcionarios señalados en el numeral primero de este
auto, o quienes hagan sus veces, informen a este Despacho si han dado
cumplimiento a las órdenes impartidas en el numeral tercero de la sentencia T 606 de
2015, que en el fondo busca lograr la compensación de los pescadores artesanales
del Parque Tayrona, y en caso de no haber acatado tales órdenes de manera
completa, se sirva a (sic) indicar por qué de la mora o inobservancia, o caso
contrario quien o quienes son los funcionarios encargados de dar estricto
cumplimiento a la orden impartida en la mencionada providencia.
(…)
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. La procedencia de la acción de tutela.
En el sub lite, el accionante considera que las accionadas han omitido preservar los
derechos fundamentales al trabajo, la soberanía alimentaria y el mínimo vital, que le
fueron amparados por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-606 de 2015,
lo que a la postre ha comprometido otras garantías constitucionales, entre estas, el
debido proceso y la dignidad humana, en la medida que fue excluido del auxilio
alimentario y económico que como pescador artesanal ancestral del Parque Nacional
Natural Tayrona devengaba con ocasión del cumplimiento del fallo de tutela en
mención, por lo que busca le sea restituido el pago.
Se aprecia entonces, que el accionante fundamenta su pedimento en el posible
incumplimiento de la orden impartida en la sentencia T-606 de 2015, a través de la
cual la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales atrás relacionados,
no solo de quienes ejercieron la acción de tutela, sino de todos los pescadores
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artesanales que de manera tradicional ejercen la actividad en el Parque Nacional
Natural Tayrona, a quienes de forma transitoria y hasta que sean efectivamente
compensados, les reconoció un apoyo alimenticio y económico con el fin de
satisfacer su derecho al mínimo vital y subsistencia digna.
Ante estas circunstancias, la Sala efectuará el análisis del caso bajo la premisa
establecida en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla el
artículo 86 de la Constitución Política, conforme al cual la acción de tutela no procede
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Una vez proferido un fallo que salvaguarda derechos fundamentales, en virtud de la
acción de tutela, conforme a los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991,
corresponde al responsable del agravio cumplir lo ordenado sin demora, y el obligado
incumplido se hace merecedor de una sanción que será impuesta por el juez
constitucional mediante trámite incidental por desacato, que se puede iniciar de
oficio, a petición de parte o por solicitud del ministerio público; de tal suerte que es a
través de este mecanismo que le está dado al operador judicial evidenciar la
desatención a lo previsto en el fallo de amparo y lo faculta para ejercer la potestad
disciplinaria tendiente no solo a imponer sanción sino a buscar la protección efectiva
del derecho protegido.
Ahora bien, el accionante reconoció en el escrito a través del cual subsanó la vía de
amparo que «debido a los reiterativos incumplimientos por parte de la GOBERNACIÓN
DEL MAGDALENA solicité al Tribunal Administrativo de Magdalena- incidente de
desacato en contra de la GOBERNACIÓN» (sic), lo que permite inferir que se encuentra
en curso el medio de defensa idóneo para establecer el posible incumplimiento de la
orden de tutela, en lo que tiene que ver con el pago del auxilio alimentario y
económico que alega como desconocido en este trámite constitucional.
Además, como se logró establecer en los hechos probados, en la actualidad el
Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de una reciente providencia que data
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del 12 de mayo de 2022, decidió aperturar el incidente de desacato, que está dirigido
precisamente a verificar si se ha cumplido con la compensación prevista en favor de
los pescadores artesanales que ejercen la actividad en el Parque Nacional Natural
Tayrona, dentro de los que se encuentra el accionante, en virtud de la Resolución
1586 del 1 de octubre del 2018, a través de la cual el departamento del Magdalena le
empezó a reconocer el auxilio alimentario y económico ordenado en la sentencia T-
606 de 2015.
Bajo este panorama, resulta claro para la Sala que la pretensión tendiente a que por
la vía de amparo examinada sea verificado el cumplimiento de lo establecido en la
sentencia T-606 de 2015 y, por ende, restablecido el pago del auxilio alimentario y
económico hasta que sea debidamente compensado en los términos de dicha
providencia, no cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme al cual la acción
de tutela únicamente es procedente cuando no exista otro medio de defensa judicial,
o de manera residual, siempre que se acredite que los existentes no resultan idóneos
para proteger el derecho fundamental invocado.
En síntesis, el aspecto relevante es que la acción de tutela no satisface la exigencia
de subsidiariedad consistente en que se hayan agotado los medios de defensa
judicial, por cuanto con el análisis de fondo: i) esta se asumiría como un mecanismo
de protección alternativo; ii) se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales; iii) se concentrarían en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción constitucional. 11
Es sabido que la exigencia que se echa de menos en el expediente busca evitar que
el instrumento tutelar se convierta en un mecanismo para reemplazar las
competencias previstas en el ordenamiento jurídico, pues en ello reside el carácter
excepcional de la vía de amparo.
Por ese motivo, de admitirse el estudio de fondo de las pretensiones formuladas en
la acción de tutela, fundadas en los aspectos que se detallaron en el acápite de los
11
Sentencia de la Corte Constitucional T-126-2019, magistrado ponente: José Fernando Reyes
Cuartas, sentencia del 12 de marzo de 2019, radicado: T-7.006.202
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fundamentos de hecho y de derecho, se desnaturalizaría el carácter excepcional de
la mentada vía de amparo.
2.5.2. Análisis del perjuicio irremediable
No obstante la inexistencia del requisito de subsidiariedad, es dable examinar la
acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En ese sentido, corresponde a la sala efectuar el análisis
correspondiente tendiente a verificar la ocurrencia de circunstancias excepcionales
que habiliten el estudio de fondo.
En el presente caso, el actor no demostró los motivos que justifiquen la procedencia
excepcional de la vía de amparo, pues se limitó a afirmar que el perjuicio
irremediable se circunscribe al hecho de no contar con recursos para sufragar los
honorarios de un abogado, cuando lo cierto es que no se requiere la asistencia de
este profesional para hacer valer sus derechos en el trámite incidental.
En síntesis, la Sala no avizora que el juez constitucional deba desplazar el medio de
defensa judicial anteriormente aludido, en razón a que el accionante no aportó los
mínimos elementos de juicio que permitan acreditar el perjuicio irremediable dado
que no le es posible a esta corporación determinar: (i) que el incidente de desacato
no resulte lo suficientemente idóneo y eficaz para garantizarle la protección de los
derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) que se requiere la protección
constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el accionante se
enfrentaría a la ocurrencia inminente o próxima a suceder de un perjuicio
irremediable frente a sus derechos fundamentales; (iii) que existen hechos de
extrema gravedad que representen un detrimento sobre un bien significativo; (iv) que
están plenamente acreditadas medidas urgentes para superar el daño, entendidas
éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y que armonice con las particularidades del caso, y
finalmente (v) que las medidas adoptadas mediante la acción de tutela sean
impostergables, esto es, que correspondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
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2.5.3. Del derecho de petición
El accionante en el escrito a través del cual subsanó la acción de tutela, respecto al
requerimiento efectuado por el despacho en torno a que aclarara si ha presentado
peticiones ante las autoridades accionadas, manifestó que la gobernación del
Magdalena ha hecho caso omiso a «nuestras solicitudes» efectuadas en torno a la
sentencia T-606 de 2015, a tal punto que lo excluyó del pago del auxilio alimentario y
económico que desde el 2018 venía devengando.
No obstante, al revisar los anexos que acompañó con el mentado escrito, se
evidencia que se trata de memoriales dirigidos al Tribunal Administrativo del
Magdalena,12 en los que el señor José Francisco Arismendy Pinto, en calidad de
apoderado de los pescadores artesanales de la Cooperativa de Barlovento del
Parque Nacional Natural Tayrona, pone de presente el «incumplimiento del mínimo
vital al igual que el incumplimiento en la entrega del Plan de Compensación
Ordenado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia 1-606 de 2015» (sic)
y solicita, entre otros aspectos, que se ordene a la gobernación del Magdalena
reactivar el pago del mínimo vital desde el mes de diciembre de 2021 al señor Ovidio
Lesmes Otero y los demás integrantes de la Cooperativa Barlovento.
Como se aprecia que las peticiones objeto de la solicitud de amparo se enmarcan en
el trámite de un proceso judicial, se hace necesario establecer si implican una
actuación judicial o administrativa; es decir, si buscan, en su orden, irrumpir la órbita
en el cumplimiento de funciones propias del administrador de justicia dentro de un
procedimiento regulado por la ley o, si por el contrario, solamente pretenden definir
situaciones que no se relacionan con la controversia que se busca resolver a través
del proceso.
Lo precedente en atención a que en el primero de los casos mencionados resulta
improcedente la acción de tutela, en razón a que se trata de actuaciones que están
sujetas a la regulación del procedimiento previsto para cada juicio y, por tanto, las
peticiones que en torno a las actuaciones judiciales se realicen están sujetas a los
12
Radicados a través de correo electrónico el 6 de octubre de 2021 y 1º de marzo de 2022.
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términos y etapas procesales señaladas para el efecto; 13 en el segundo de los casos,
las peticiones administrativas, por ser ajenas a esta situación, deben ser resueltas
acorde a las reglas generales que rigen el derecho de petición. 14
En ese orden de ideas, la Sala observa que la naturaleza de las peticiones referidas
por el accionante, tienen el carácter de solicitudes judiciales, en la medida que su
intención es la de lograr que el Tribunal Administrativo del Magdalena inicie un
incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden impartida por la
Corte Constitucional en la sentencia T-606 de 2015, la que no puede ser atendida
acorde con las reglas generales del derecho de petición, dado que la actuación
solicitada está sometida al procedimiento previsto en la ley para el efecto.
Además, el accionante no acreditó haber elevado derecho de petición ante la
gobernación del departamento del Magdalena y, por ende, no es posible predicar el
desconocimiento de este derecho fundamental.
3 Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que se rechazará la acción de tutela, por un lado, por cuanto no se cumple
con el requisito de subsidiariedad y, de otro, en lo atinente al derecho de petición se
denegará por cuanto no se satisfacen las exigencias para que proceda su protección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela y negar el amparo respecto
del derecho de petición con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
13
Sentencia T-394 de 2018
14
Ibídem.
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Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G.
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