Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01927-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01927-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01927-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
12 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01927-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01927-00
Demandante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONVOCADO POR
AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S.
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medida cautelar en
trámite arbitral. Requisitos generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, por medio de apoderado, la Agencia
Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), contra el Tribunal de Arbitraje
convocado por Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. en contra de la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, de conformidad con lo establecido en el artículo
1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La ANI interpuso acción de tutela contra Tribunal de Arbitraje convocado por
Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. en contra de la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“De conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que se desarrollarán en detalle en
este escrito de tutela, se le solicita al H. Consejo de Estado.
1) TUTELAR el derecho fundamental de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI al
debido proceso, en conexidad con los principios garantes de la actuación administrativa
que se desarrolla con la función pública prevista en el Artículo 209 de la constitución
política y 3 de la ley 1437 de 2011, dentro de los cuales se encuentran la prevalencia del
interés general sobre el particular; vulnerados por el Tribunal Arbitral accionado al
decretar la medida cautelar de suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio
contractual iniciado en contra del Concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S.,
toda vez que:
i. El Tribunal Arbitral incurrió en un defecto sustantivo porque decretó la medida
cautelar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 231 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ii. El Tribunal Arbitral incurrió en falta de motivación en la providencia que decretó la
medida cautelar porque únicamente tomó en consideración la situación del contratista
frente a las decisiones que pueda adoptar la Administración, pero no fundamentó ni
tuvo en cuenta en su decisión la afectación del interés público reflejada en la parálisis
de las funciones a cargo de la ANI, en tanto la entidad no tiene forma de realizarle
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seguimiento al contrato estatal objeto de controversia, con lo que se afecta
gravemente el interés general asociado al desarrollo de la infraestructura de
transporte y se compromete el patrimonio público.
2) En consecuencia, DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el Auto N° 7 del 29 de diciembre de
2021 que decretó la medida cautelar y su confirmatorio N° 8 del 13 de enero de 2022”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 7 de junio de 2016 la ANI y la sociedad concesionaria Autovía Bucaramanga
Pamplona S.A.S. celebraron contrato de concesión 002 de 2016, cuyo objeto
consistió en el otorgamiento de una concesión para que el Concesionario llevara a
cabo los estudios y diseños definitivos, la financiación, la gestión ambiental, predial
y social, la construcción, el mejoramiento, la rehabilitación, la operación,
mantenimiento y reversión del corredor vial Bucaramanga – Pamplona.
Señala que, en la ejecución del contrato, el Concesionario no llevó a cabo el plan
de obras en cada una de las unidades funcionales que conforman el proyecto, de
conformidad con las obligaciones pactadas por las partes, que, luego de diferentes
incumplimientos que podían conducir a la parálisis del contrato de concesión, la
ANI, en uso de las facultades exorbitantes y por conducto de la Gerencia GIT
Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales, inició procedimiento
sancionatorio, expediente 20217070320700018E, conforme con el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011.
Mediante los radicados ANI 20217070217681 del 19 de julio de 2021 y
20217070236331 del 4 de agosto de 2021, la entidad citó a la audiencia de que
trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con fundamento en los presuntos
incumplimientos graves por parte del concesionario, capaces de dar lugar a la
caducidad del contrato, los cuales se encuentran relacionados con el
incumplimiento del cronograma dispuesto en el plan de obras.
El 4 de agosto de 2021 se llevó a cabo la audiencia de instalación, a la cual se
hicieron presentes el representante legal suplente y el apoderado del
Concesionario, así como la representante legal para fines judiciales de la Compañía
Aseguradora, a quienes se les reconoció personería jurídica para actuar dentro del
proceso.
El 15 de octubre de 2011, aún en curso el proceso sancionatorio, la sociedad
Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. presentó ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá demanda arbitral en contra de
la ANI, el 12 de diciembre de 2021, el apoderado de la parte convocante radicó ante
el Tribunal Arbitral solicitud de medidas cautelares y el 13 de diciembre de 2021,
presentó ante el tribunal solicitud de medidas cautelares de urgencia.
Que, luego de surtir las diferentes etapas procesales previstas en la ley, la Gerencia
GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales de la ANI
declaró el incumplimiento grave del contrato mediante Resolución
20217070020325 del 15 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, ordenó
continuar con el trámite previsto en el Capítulo XI, Sección 11.1 “Caducidad” de la
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Parte General del Contrato de Concesión 002 de 2016, suscrito entre la ANI y la
sociedad Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. y se dictan otras disposiciones.
El 16 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de instalación en la que el
Tribunal Arbitral, mediante auto número 2, declaró legalmente instalado el trámite,
en auto número 3 inadmitió la demanda y en auto número 4 se abstuvo de
pronunciarse de plano sobre las medidas cautelares deprecadas y ordenó correr
traslado a la ANI por el término de 5 días para pronunciarse sobre la petición.
El 22 de diciembre de 2021, el apoderado de la parte convocante remitió por correo
electrónico el escrito de subsanación de la demanda y el 23 de diciembre de 2021,
la ANI remitió escrito en el que se pronunció sobre las medidas cautelares
solicitadas por la convocante, oponiéndose con sustento en que no se cumplía lo
relativo a la prevención del daño, pues la medida tenía como único objetivo
suspender las actuaciones adoptadas en ejercicio de sus facultades, precisó que
en la jurisprudencia se ha señalado la falta de competencia de la jurisdicción arbitral
para pronunciarse sobre la legalidad de las medidas adoptadas en el marco del
ejercicio de las potestades exorbitantes de la administración pública y solicitó
desestimar las medidas cautelares solicitadas.
Mediante auto número 7 del 29 de diciembre de 2021, el Tribunal Arbitral decretó
la medida cautelar solicitada y fijó en la suma de $ 4.575´785.407 el valor de la
caución que debería prestar la convocante para responder por los perjuicios que
podrían ocasionar la medida cautelar decretada y señaló que, constituida a
satisfacción la póliza, la ANI debería suspender el procedimiento administrativo
sancionatorio contractual iniciado contra el concesionario Autovía Bucaramanga
Pamplona S.A.S. el cual cursa bajo el número de expediente
20217070320700018E, hasta tanto se profiera el laudo que def ina el proceso
arbitral y el mismo quede en firme.
El 3 de enero de 2022 la ANI interpuso recurso de reposición, con fundamento en
que se desatendió la jurisprudencia que limita las facultades y competencias de los
tribunales de arbitramento frente al ejercicio de las facultades excepcionales o
exorbitantes de la administración.
El tribunal, en auto número 8 del 13 de enero de 2022, no repuso la decisión, con
el argumento que, de no decretarse la medida cautelar, se afectaría el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, para lo cual citó el laudo que
resolvió las diferencias entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana
S.A. E.S.P. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP que
dijo que "no se altera ni se afecta el interés general cuando la medida cautelar se decreta con el
fin de proteger el orden público mediante la garantía de un derecho fundamental, en este caso, el
derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia para que sea un juez y
no su contraparte quien resuelva de manera definitiva y unilateralmente la respectiva controversia ”.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora señala que la autoridad demandada vulneró el derecho fundamental
al debido proceso, con fundamento en los argumentos que se pasan a señalar:
En cuanto al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, en
particular el de subsidiariedad, sostuvo que la ANI hizo uso de los recursos
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previstos en el ordenamiento jurídico, como lo es la interposición del recurso de
reposición en contra del auto número 7 del 29 de diciembre de 2021, que ordenó
las medidas cautelares, el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante el
auto número 8.
Indicó que, en este caso, se trata de la inminencia de un perjuicio irremediable, no
solo para la entidad sino para el interés general, pues, el proceso sancionatorio no
obedeció a un capricho de la ANI sino a una facultad otorgada por la ley y por el
mismo contrato suscrito con el Concesionario, quien hábilmente convocó al Tribunal
Arbitral para impedir la declaración de una eventual caducidad del contrato, en
tanto, en el proceso conminatorio no logró desvirtuar la existencia del
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que hoy en día amenazan
la paralización de las obras y afectan la continuidad en la prestación del servicio
público.
Al respecto, explicó que en el estado actual del trámite arbitral no existe en el
ordenamiento jurídico algún otro mecanismo para debatir y resolver este asunto, de
tal suerte que no es posible acudir a la jurisdicción mediante alguna acción que
permita revisar la legalidad de la medida cautelar, que, únicamente, podrá ser
levantada en el laudo, momento en el que se habrá acabado de materializar el
perjuicio irremediable consistente en la paralización de las obras y del proyecto,
que presenta un atraso del 59,29 % de la Unidad Funcional 1 y del 75.52 % en las
Unidades Funcionales 2, 3 y 4.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos específicos, la parte actora
considera que las decisiones del tribunal arbitral incurrieron en el defecto
sustantivo porque se decretó la medida cautelar sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque los fundamentos fácticos
presentan incongruencia, pues no obedecen a la realidad contractual, en cuanto, lo
que busca el concecionario es seguir desatendiendo sus obligaciones y extender la
controversia, paralizar la prestación de un servicio público y afectar a la comunidad
que debe ser beneficiada con el proyecto vial. Que, la solicitud de medida cautelar
tampoco cumplió con el supuesto de la apariencia de buen derecho, pues las
actuaciones del Concesionario reflejan la mala fe contractual, si se tiene en cuenta
que lo único que pretendió y pretende con la activación del trámite arbitral, es seguir
retrasando injustificadamente la culminación de las obras que están a su cargo.
Igualmente invoca el defecto por falta de motivación, porque las decisiones
cuestionadas únicamente tomaron en consideración la situación del contratista,
frente a las decisiones que pueda adoptar la Administración, pero no
fundamentaron ni tuvieron en cuenta la afectación del interés público reflejada en
la parálisis de las funciones a cargo de la ANI, en tanto la entidad no tiene forma de
realizar el debido seguimiento al contrato estatal objeto de controversia, con lo que
se afecta gravemente el interés general asociado al desarrollo de la infraestructura
de transporte y se compromete el patrimonio público.
Indicó que el Tribunal accionado no identificó el verdadero interés de la contratación
pública celebrada, sino que dejó que su decisión se sustentara en una única causa,
esto es, el interés del contratista de cara a las decisiones que pueda adoptar el
contratante.
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Citó la sentencia de tutela del 23 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el expediente con radicado número:
11001-03-15-000-2018-01177-01, en el que la Corporación señaló que el tribunal
de arbitramento demandado “no efectuó una ponderación adecuada de los intereses en
controversia, pues no hizo un análisis de proporcionalidad entre el bien protegido con la medida
cautelar y los efectos de la misma sobre los intereses públicos, para determinar si el objeto
amparado era un bien superior que merecía estar por encima de las potestades exorbitantes del
Estado y los bienes jurídicos que constitucional y legalmente tiende a proteger” y, en la que
agregó que, “la Sala considera que las medidas cautelares decretadas por los tribunales de
arbitramento no deben restringir las potestades excepcionales de la administración en materia
contractual, sin realizar previamente un análisis de proporcionalidad de los intereses en conflicto,
pues son instrumentos con los que cuentan las entidades para garantizar el interés público, toda vez
que se trata de actos de autoridad a través de los cuales se ejerce su defensa”.
En general, señaló que el decreto de la medida cautelar de urgencia, lo que hace
es paralizar las funciones de la administración en provecho del contratista, las
cuales fueron otorgadas por la Ley 80 de 1993, precisamente para que, ante un
evento de incumplimiento, la obra continúe su curso, bien con otro contratista o bien
con la aseguradora.
Agregó que los árbitros carecían de competencia para conocer de la legalidad de
los actos administrativos producidos en el marco de una facultad exorbitante, esto,
porque, ante la existencia de un acto administrativo proferido en el ejercicio de las
funciones exhorbitantes de la administración, los árbitros carecen de competencia
para definir su legalidad, limitación que debe extenderse a la imposibilidad de
suspender los efectos de un acto administrativo que ha sido proferido en el marco
de un proceso administrativo sancionatorio que busca, eventualmente y, salvo otro
remedio legal o contractual, la declaratoria de la caducidad del contrato por hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que
afectan de manera grave y directa la ejecución del contrato y a partir de los cuales
se hace evidente su paralización y con ello la prestación de un servicio público.
Al efecto, se refirió a la Sentencia C-1436 de 2000 de la Corte Constitucional, según
la cual, “existe una limitación del arbitraje por temporalidad y naturaleza del asunto, siendo
justamente en la naturaleza que se “habla de la transacción y de la imposibilidad que tienen los
tribunales de arbitraje de pronunciarse en temas que involucren el orden público, la soberanía, orden
constitucional o asuntos reservados al Estado (...)” y a la sentencia del 10 de junio de 2009
(Exp. 36252), de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso “En materia
contractual se encuentran excluidos de la competencia de los árbitros i) los actos administrativos de
contenido particular y concreto que se expidan en ejercicio de potestades o facultades
excepcionales en los términos previstos por la Corte Constitucional en la precitada sentencia C-
1436 de 2000 y ii) los actos administrativos de carácter general proferidos en desarrollo de la
actividad contractual de la Administración. Podrán, en cambio, ponerse en conocimiento de los
árbitros los actos administrativos contractuales de contenido particular que no provengan del
ejercicio de facultades excepcionales, dado que respecto de tales actos se reconoce la capacidad
dispositiva de las partes”.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 1 de abril de 2022, admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, al Tribunal de
Arbitraje del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
conformado por los árbitros José Pablo Durán Gómez, Margoth Perdomo
Rodríguez y Hernán Fabio López Blanco y a la Sociedad Autovía Bucaramanga –
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Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Pamplona S.A.S., como tercero interesado en el resultado del proceso. Asimismo,
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Tribunal de Arbitraje del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá conformado por los árbitros José Pablo Durán Gómez, Margoth
Perdomo Rodríguez y Hernán Fabio López Blanco, informó que encontró reunidos
los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para decretar la medida
cautelar.
Explicó que el demandante solicitó el decreto de nueve medidas cautelares, frente
a lo cual, el tribunal se ocupó de analizar si resultaba procedente decretar la octava
solicitud1, mediante la que el solicitante pretendió la suspensión del procedimiento
administrativo contractual correspondiente al expediente 20217070320700018E,
solicitud que fue calificada como urgente y, en atención a que la entidad profirió la
Resolución 20217070020325 del 15 de diciembre de 2021, en la que declara el
incumplimiento grave del concesionario, el tribunal observó que, en efecto, le
correspondía pronunciarse de forma prioritaria sobre la solicitud.
Indicó que analizó los requisitos legales para la imposición de la medida y dispuso
presentar caución, que, contra la decisión la ANI interpuso recurso de reposición,
el cual fue resuelto de manera desfavorable.
Señaló que en la actualidad el proceso arbitral se encuentra para fijar fecha para
llevar a cabo la primera audiencia de trámite.
6. Intervención de los terceros interesados
La Sociedad Autovía Bucaramanga – Pamplona S.A.S. se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela, indicó que no se desconoció
el derecho fundamental invocado y el tribunal demandado no incurrió en algún
defecto.
Afirmó que la ANI, en su propósito por ocultar las circunstancias relevantes del caso
y dar a entender que la medida cautelar fue decretada sin fundamento, no
acompañó copia de la demanda arbitral presentada por el Concesionario el 15 de
octubre de 2021, la cual, define el objeto del litigio que fue protegido por el Tribunal
mediante la medida cautelar decretada, tampoco aportó copia completa de la
solicitud de medidas cautelares presentada por el Concesionario, la cual tenía
adjuntos numerosos documentos y de dos dictámenes periciales que soportaban
los fundamentos fácticos de dicha solicitud, como tampoco allegó la copia del
Contrato de Concesión 002 de 2016, ni de sus anexos y apéndices relevantes, con
1 “Octava.- Se inste a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a que suspenda el procedimiento sancionatorio contractual
iniciado contra el concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. con la comunicación con radicado ANI No.
20217070236331 del 4 de agosto de 2021 por presuntos incumplimientos graves que amenazan la parálisis del contrato de
concesión No. 002 de 2016, relacionados con el cronograma dispuesto en el Plan de Obras y el Fondeo de Subcuentas de
Soporte Contractual y de MACS, el cual cursa bajo el expediente 20217070320700018E, hasta tanto el Tribunal Arbitral se
pronuncie en el Laudo Arbitral sobre la pérdida de vigencia de dicho plan de obras por causa del impacto sustancial y adverso
que genera en todo el proyecto y en la obtención de financiación para la realización del mismo y, por ende, en la posibilidad
de efectuar fondeos a las referidas subcuentas, la imposibilidad de ejecutar la Unidad Funcional 1 o conectante C1-C2 por
causas no imputables al concecionario Autovía Bucaramanga – Pamplona S.A.S., conforme lo solicitado en las pretensiones
formuladas en la demanda arbitral que se ha presentado y sometido a su decisión”.
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lo que dejó de mencionar aspectos de dicho contrato que son fundamentales para
entender la situación que se ha presentado durante la ejecución del mismo y las
controversias sometidas a decisión arbitral.
Hizo extensa relación de los hechos que dieron lograr convocar al tribunal arbitral,
posteriormente, indicó que la inconformidad relacionada con la falta cumplimiento
de requisitos legales para la imposición de la medida de aseguramiento es un
asunto que no puede ser controvertido a instancias de la acción de tutela, porque,
de conformidad con el artículo 235 del CPACA, es posible solicitar el levantamiento
de la medida cautelar, entre otros, cuando no se cumplieron los requisitos para su
otorgamiento, por lo que, señala, la accionante cuenta con otro medio de defensa.
En general, hizo extensas anotaciones en relación con las actuaciones
contractuales adelantadas, así como de las razones que, a su juicio, impidieron la
debida ejecución del contrato, las razones por las que el asunto es competencia del
tribunal de arbitramento y por las que la decisión de decretar la medida cautelar
solicitada no vulneró derechos fundamentales de la ANI.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
2
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra provi dencia judicial
descritos.
Acción de tutela contra providencias proferidas en el trámite del proceso
arbitral
La Corte Constitucional en sentencia SU -033 de 2018, se pronunció de manera
específica, sobre la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales, en
sentido de señalar que:
«El inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los particulares pueden ser
transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley. Esta habilitación constituye el fundamento constitucional
para que los particulares administren justicia a través de mecanismos alternativos de solución de
conflictos como el arbitramento, cuya naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas
actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.
Precisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos implican que los laudos arbitrales se asimilan a
las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de acción de tutela contra providencias. Sobre
esta específica materia, en sentencia T-244 de 2007, la Corte Constitucional se pronunció en relación
con la equiparación entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales, para efectos de la
procedencia de la acción de tutela, en los siguientes términos:
“En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral es el
equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y desata de manera definitiva
la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son investidos de manera transitoria de la función
pública de administrar justicia, la cual además legalmente ha sido calificada como un servicio público,
por tal razón no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales
arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente cuando estos
sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral”.
La equivalencia –material- que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial, activa de manera
excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las decisiones emanadas y el
procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento.
En la sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó
que los administradores de justicia, sean permanentes o temporales, no están exentos de cumplir con
lo dispuesto en la Carta Política, de tal manera que mediante la acción de tutela es factible
controvertir sus actos jurisdiccionales, siempre y cuando éstos vulneren de manera directa el
derecho fundamental al debido proceso o al acceso a la administración de justicia:
“[l]a atribución transitoria de funciones públicas en cabeza de particulares no les otorga un po der extra-
o supraconstitucional, así sus decisiones se inspiren en la equidad y persigan la resolución de conflictos
económicos (…) La sujeción de la conducta de las autoridades públicas al Estado de derecho, lleva
implícito el respeto y sometimiento al debido proceso en todas sus actuaciones, esto como garantía del
ciudadano frente al poder. El desobedecimiento flagrante del debido proceso constituye una vía de
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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hecho frente a la cual la persona no puede quedar inerme. Por ello, la importancia de que exista un
procedimiento constitucional para impedir la vulneración y solicitar la protección de los derechos
fundamentales”.
La jurisprudencia constitucional5 ha sido particularmente enfática en cuanto al carácter excepcional
de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales, el procedimiento que se
adelanta ante los tribunales de arbitramento y las decisiones judiciales que resuelven los
recursos de anulación. En ese sentido, su procedencia y procedibilidad está sometida, en principio,
a las mismas reglas que la jurisprudencia constitucional ha sistematizado en la sentencia C-590 de
2005 respecto a las providencias judiciales, a saber:
(i) Los requisitos generales de procedencia consistentes en:
[Al respecto, ver pie de página número 3].
(ii) Al constatarse el cumplimiento de los presupuestos anteriormente expuestos, deben configurarse
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
cuestión que se concreta en la demostración de la ocurrencia de al menos uno de las siguientes:
[Al respecto, ver pie de página número 4].
Las precitadas condiciones han sido recapituladas con el fin de reiterar que estas no implican la
equivalencia absoluta entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales para efectos de la acción
de tutela, ya que el carácter especial de la justicia arbitral inciden que se deba hacer un examen de
procedibilidad -tanto de los requisitos generales, como especiales-, más riguroso. En efecto, a partir
de la sentencia de unificación SU-500 de 2015, la Sala Plena de esta Corporación precisó que la razón
para realizar un examen más estricto reside fundamentalmente en que se trata de un escenario
en el cual se ha expresado la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria y
someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento.
La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un elemento esencial que
implica procurar al máximo la permanencia de la decisión adoptada por la jurisdicción arbitral, la cual
no debe condicionarse a una posterior ratificación o cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la
cual las partes expresamente renunciaron. En palabras de esta Corporación:
“(…) acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y transitoria de la
administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un conflicto transigible” 6.
En ese sentido, someter el laudo a las instancias propias de la justicia ordinaria implicaría, en cierto
modo desconocer la voluntad de las partes que previeron un mecanismo alternativo de solución de
conflictos. Y es precisamente por ello que en el contexto de una procedencia más estricta, mediante
la sentencia SU-174 de 2007, la Corte se pronunció en los siguientes términos:
“Ahora bien, debe aclararse que aunque son producto del ejercicio de una función jurisdiccional y, por lo
mismo, quedan cobijados por la cosa juzgada, los laudos arbitrales no son completamente equiparables
en sus características formales y materiales a las sentencias judiciales, principalmente porque al ser
producto de una habilitación expresa, voluntaria y libre de los árbitros por las partes en conflicto, no están
sujetos al trámite de segunda instancia a través del recurso de apelación, como sí lo están las decisiones
adoptadas por los jueces. Si los laudos fueran apelables ante los jueces, la disputa cuya resolución las
partes voluntariamente decidieron confiar a unos particulares habilitados por ellas terminaría siendo
desatada precisamente por el sistema estatal de administración de justicia de la cual las partes, en
ejercicio de su autonomía contractual y de la facultad reconocida en el artículo 116 de la Constitución,
querían sustraer esas controversias específicas en virtud de una cláusula compromisoria o de un
compromiso. Las vías legales para atacar los laudos son extraordinarias y limitadas, por decisión del
legislador en desarrollo de la Constitución: contra ellos únicamente proceden los recursos de
homologación (en materia laboral), de anulación (en los ámbitos civil, comercial y contencioso
administrativo) y, contra la providencia que resuelve el recurso de anulación, el recurso extraordinario de
revisión”.
De acuerdo con la consideración transcrita, las vías procesales para controvertir los laudos arbitrales
son extraordinarias y limitadas, por una parte, frente a ellos no procede la segunda instancia, y, por
otra, los recursos de homologación -en materia laboral- o de anulación -en los ámbitos civil, comercial
y contencioso administrativo- y, contra la sentencia que resuelve el recurso de anulación, el recurso
extraordinario de revisión, fueron creados por el legislador para controvertir aspectos del
procedimiento, y en ese sentido se limitan a unas causales taxativas expresamente señaladas en la
ley. Precisamente, en la precitada sentencia de unificación SU-174 de 2007 la Corte se pronunció al
respecto:
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-174 de 2007.
6 Sentencia SU-649 de 2017.
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“Tales recursos han sido concebidos como mecanismos de control judicial del procedimiento arbitral, no
como vías para acceder a una instancia que revise integralmente la controversia resuelta por el laudo.
Por eso, las causales para acudir en el ámbito contencioso administrativo al recurso de anulación son
restringidas si se las compara con las cuestiones que podrían ser planteadas mediante un recurso de
apelación o cualquiera otra vía que habilite al juez para conocer el fondo de la controversia”.
Pues bien, si la excepcionalidad y taxatividad de las causales restringe el análisis de los recursos
mencionados al aspecto meramente procesal, con el fin de que en todo momento se respete la
voluntad de las partes, quienes han pactado que su controversia sea resuelta por la justicia arbitral,
con mayor razón la procedibilidad frente al procedimiento de tutela se hace más restringido todavía.
Esto, pues si el Legislador limitó las vías judiciales para controvertir los laudos arbitrales, a su vez la
acción de tutela, en principio, no resultaría procedente para controvertir circunstancias propias del
proceso arbitral que las partes prima facie decidieron resolver por fuera de los cánones de la justicia
ordinaria.
De lo anterior se colige entonces que la excepcionalidad en la procedencia de la acción de tutela
se acentúa en el caso de los procesos arbitrales, en atención a que muchas de las reglas son
definidas por el mismo tribunal de arbitramento designado, en el cual las partes han depositado
confianza para la solución alternativa de sus conflictos. Es por esta razón que cualquier
intervención de una jurisdicción exógena resulta, en principio, ajena a la voluntad de las partes y
excepcional frente a la obligatoriedad del fallo arbitral.
En la pluricitada sentencia de unificación SU-174 de 2007 la Corte fue enfática en reafirmar que el
carácter excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales exige tener en cuenta el respeto
por: (i) La estabilidad jurídica de los laudos arbitrales; (ii) el carácter excepcional y transitorio de la
resolución de conflictos mediante el arbitraje; (iii) la voluntad de las partes de someter sus
controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no a los jueces estatales y (iv) el
margen de decisión autónoma de los árbitros, que no debe ser invadido por el juez de tutela y le impide
a éste, pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento.
De esta manera, como se indicó en párrafos precedentes la equivalencia entre las providencias
judiciales y los laudos arbitrales en relación con la acción de tutela no es absoluta y está
condicionada por las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia SU-
174 de 2007, las cuales fueron objeto de reiteración por la Corte en la sentencia SU-500 de 2015, en
los siguientes términos:
“(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez
de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la
procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la decisión que se
ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar
la doctrina de las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por
los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los (sic) cual implica que su procedencia se
circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y (4) el carácter subsidiario
de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo procede cuando
se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a
pesar de ello persiste la vía de mediante la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental.
En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo.”
Estos criterios refuerzan la naturaleza autónoma de la justicia arbitral, cuestión que constituye un
elemento esencial y a la vez un límite para el juez de tutela, quien debe tener como presupuesto la
competencia del tribunal de arbitramento para decidir sobre el fondo del asunto, y la voluntad de las
partes de que la decisión que ponga fin a la controversia quede en firme.
Conforme a lo criterios referenciados en los numerales 1 y 2 de la sentencia SU-500 de 2015, al juez
de tutela corresponde verificar si la pretensión en sede de tutela hace referencia a una violación directa
de un derecho fundamental, o por el contrario está orientada a revivir una instancia o a plantear
asuntos que merecen un estudio de fondo. En este aspecto, la subsidiariedad en los procesos
arbitrales reviste un carácter especial, ya que este procedimiento no cuenta con una segunda instancia
que faculte a las partes a impugnar el laudo, pero sí disponen del recurso extraordinario de anulación,
que debe ser agotado, previo a la interposición de la acción de tutela.
El requisito de subsidiariedad exige tener en cuenta que, tanto en la normatividad anterior (Decreto
1818 de 1998, artículo 163), como en la vigente (Ley 1563 de 2012, artículo 41), el legislador restringió
la posibilidad del recurso de anulación a unas causales taxativas y, precisamente por ello, es posible
que en el trámite arbitral se presenten afectaciones a derechos fundamentales que no estén
comprendidas en tales causales y, en consecuencia, no puedan ser controvertidas por vía del referido
recurso de anulación. Sobre el particular, en sentencia T-244 de 2007 la Corte preciso lo siguiente:
“Dado el carácter extraordinario del recurso de anulación y el alcance restringido de sus causales de
procedencia, podría argumentarse que ciertos defectos en los que pueden incurrir los laudos arbitrales
no están sujetos al control de la jurisdicción y en esa medida, en algunos eventos, el mecanismo judicial
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previsto por el ordenamiento se revela ineficaces (sic) para la protección de los derechos fundamentales
de las partes o de terceros en el proceso arbitral.”
Si bien el recurso extraordinario de anulación es el medio idóneo para que el juez verifique la
adecuación del laudo a los parámetros constitucionales respecto a las causales que están enfocadas
en la valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in procedendo, en aquellas
materias excluidas de este recurso y que, en principio, están sometidas a la decisión definitiva e
irrevocable del tribunal de arbitramento, es procedente la acción de tutela contra laudos en protección
de los derechos fundamentales7.
En términos simples, la acción de tutela se puede formular en dos eventos posibles, dependiendo de
si se ha agotado el recurso de anulación. En los casos en que no se exige agotar el recurso de
anulación, la acción de amparo implica un primer acercamiento al laudo arbitral, por lo que la
valoración sobre la eventual vulneración de derechos fundamentales habrá de ser más estricta. En
segundo escenario se presenta cuando se ha agotado el requisito de anulación y, por tanto, el laudo
ya ha sido sometido a un primer examen, esto incide en que el juez de tutela cumple una función más
distante, y pasa a controlar si, al examinarse las causales en el recurso, no se advirtió alguna
vulneración de derechos fundamentales.
En ambos casos la acción de tutela no se debe convertir en una instancia adicional y la actuación del
juez de tutela se limita a examinar las posibles vulneraciones directas a los derechos fundamentales.
Es decir, que la actuación del juez de amparo debe restringirse a determinar si el derecho al debido
proceso se ha protegido en la sentencia de anulación, guardando distancia con los aspectos concretos
del laudo. En palabras de la Corte:
“(…) la sede de tutela no puede convertirse en un nuevo espacio procesal para reexaminar las cuestiones
jurídicas y fácticas que fueron objeto del proceso arbitral ” 8.
Finalmente, el numeral tercero de los criterios especiales de procedencia de la acción de tutela contra
laudos arbitrales conlleva a que al examinar los requisitos o causales de procedibilidad, se deban tener
en cuenta las características propias del trámite arbitral. La especialidad de la justicia arbitral frente a
cada defecto fue desarrollada por la Corte en la sentencia T-466 de 2011, la cual por su pertinencia
en materia de arbitramento a continuación se cita in extenso:
“I. Defecto sustantivo: Se presenta cuando (i) los árbitros fundamentan su decisión en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, y en razón de ello desconocen de manera directa un derecho
fundamental; (ii) el laudo carece de motivación material o su motivación es manifiestamente irrazonable;
(iii) la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias
con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática y (v) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada.
II. Defecto orgánico: Ocurre cuando los árbitros carecen absolutamente de competencia para resolver el
asunto puesto a su consideración, ya sea porque han obrado manifiestamente por fuera del ámbito
definido por las partes o en razón a que se han pronunciado sobre materias no arbitrables.
III. Defecto procedimental: Se configura cuando los árbitros han dictado el laudo de manera
completamente contraria al procedimiento establecido contractualmente o en la ley, y con ell o se ha
incurrido en una vulneración directa del derecho de defensa y de contradicción. Para que la mencionada
irregularidad tenga la magnitud suficiente para constituir una vía de hecho, es necesario que aquella
tenga una incidencia directa en el sentido de la decisión adoptada, de tal forma que si no se hubiera
incurrido en ella se habría llegado a una determinación diametralmente opuesta.
IV. Defecto fáctico: Se presenta en aquellas hipótesis en las cuales los árbitros (i) han dejado de valorar
una prueba determinante para la resolución del caso; (ii) han efectuado su apreciación probatoria
vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o (iii) han fundamentado su valoración de las
pruebas con base en una interpretación jurídica manifiestamente irrazonable. Para este Tribunal, es
necesario que el error en la valoración probatoria haya sido determinante respecto del sentido de la
decisión finalmente definida en el laudo».
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto los autos número 7 del 29 de diciembre de 2021 y 8 del 13 de enero de 2022,
mediante los que el Tribunal de Arbitraje convocado por Autovía Bucaramanga
Pamplona S.A.S. en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, decretó
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-500 de 2015.
8 Corte Constitucional, Sentencia T- 225 de 2010.
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la medida cautelar solicitada por la sociedad convocante y no repuso la decisión
que decretó dicha medida, respectivamente.
La Sala determinará si el presente asunto cumple con el requisito general de
subsidiariedad y, solo en el evento en que se logre superar ese requisito de
procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la
configuración de los defectos alegados por la parte actora.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales – requisito general de subsidiariedad
Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el
de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)” .
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en
impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales,
pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una
serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 9 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 10 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el
proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en
principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-
126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional
9 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…) ” (se destaca).
10 “Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
12
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Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo» .
Caso concreto
Como se anticipó, de manera excepcional la jurisprudencia constitucional ha
admitido que existe una suerte de equivalencia entre las decisiones proferidas por
los tribunales de arbitramento y las providencias judiciales, al punto que, limita la
procedencia de la acción de tutela para controvertir dichos actos jurisdiccionales,
siempre y cuando éstos vulneren de manera directa el derecho fundamental al
debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
Sin embargo, en el marco del análisis de la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales, concretamente, contra las que resuelven
sobre las medidas cautelares, esta Sala de decisión ha señalado de manera
reiterada, que la acción de tutela contra providencias judiciales se torna en
improcedente cuando se encuentra en curso el proceso judicial en el que se
cuestionan actuaciones propias del trámite del proceso y que se invocan como
vulneradoras de derechos fundamentales 11.
Lo anterior permite señala que la solicitud de amparo de la referencia es
improcedente porque la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI- cuenta con otro
medio para la defensa de los derechos que considera se encuentran en riesgo con
la decisión del Tribunal de Arbitraje convocado por Autovía Bucaramanga
Pamplona S.A.S. en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
consistente en declarar la medida cautelar de suspensión del proceso sancionatorio
adelantado por la entidad contra el concesionario, con miras a declarar la caducidad
del Contrato de Concesión 002 de 2016. Ello, porque el trámite de arbitramento
actualmente cursa en referido tribunal, en el que se discute la controversia
planteada dirigida a obtener la terminación anticipada del c ontrato por la presunta
imposibilidad de ejecutar el mismo por circunstancias extraordinarias, imprevistas
o imprevisibles posteriores a la celebración del contrato.
Sumado a ello, el artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 12, establece que las medida
cautelares se regulan por lo dispuesto en el CGP o en la Ley 1437, según el caso,
en lo siguiente términos: «(…) A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar
las medidas cautelares que serían procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o
la contencioso administrativa, cuyos decretos, práctica y levantamiento se someterán a las normas
del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y a las disposiciones especiales pertinentes (…)». Ahora, como el asunto bajo
estudio, correspondería conocerlo a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, la normativa aplicable es el CPACA.
Justamente, en los términos del artículo 235 de la Ley 1437 de 2011, la parte actora
puede solicitar en cualquier estado del proceso el levantamiento de la medida
cautelar, siempre que existan circunstancias sobrevinientes que ameriten un nuevo
pronunciamiento en ese sentido, como se pasa a transcribir:
11 Al respecto, ver sentencias del 8 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-03983-00, del 17
de julio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01253-01 y del 7 de abril de 2022, expediente con radicado
número: 11001-03-15-000-2021-07047-01, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.
12 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.
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“Artículo 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El
demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar
prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea
compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños y
perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del
proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se
cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron
superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos
no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior.
La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres (3)
días siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias
que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión
del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer
dicha modificación, será sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las
normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus poderes correccionales”. (Negrita y
subrayado fuera de texto)
En tal sentido, resulta evidente que el planteamiento que hace en el escrito de
tutela y revisados los argumentos que presentó para impugnar la medida
provisional decretada, está reiterando los argumentos presentados en un inicio al
tribunal arbitral.
Considera la parte actora que se incurre en la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso. Sin embargo, con el laudo arbitral se resolverá los asuntos
objeto de la controversia sometida a conocimiento del tribunal de arbitramento,
decisión que, en todo caso, tendrá incidencia frente al proceso sancionatorio que
se encuentra suspendido hasta tanto sea proferido el referido laudo, luego, el
proceso arbitral se encuentra en trámite ante la autoridad accionada y, en ese
sentido, los efectos frente al proceso sancionatorio que aduce como argumentos
de la acción de tutela, es un asunto que se encuentra pendiente por definir.
Para esta Sala, es claro que todos los argumentos aquí expuestos podrá alegarlos
la parte actora en el curso del proceso que actualmente se encuentra en trámite,
pues corresponde al juez de la causa resolver la controversia en torno a todos estos
aspectos que propone mediante el ejercicio de este mecanismo constitucional, sin
que se encuentre necesaria, urgente e impostergable la intervención del juez de
tutela.
Desconocer lo anterior, sería desconocer los mecanismos de defensa dispuestos
en los procesos ordinarios o especiales, lo que no responde a la naturaleza y
propósito de la acción de tutela, pues para la Corte Constitucional, cuando está en
curso un proceso judicial, la tutela se torna en un mecanismo realmente excepcional
donde el juez constitucional solo entraría a intervenir en casos donde exista la
posibilidad de configurarse un perjuicio irremediable 13.
La jurisprudencia constitucional ha sido constante en señalar la improcedencia de
la acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en trámite, porque “la
intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
13
Al respecto, ver sentencias del 8 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-03983-00 del 17 de julio de 2021,
expediente 11001-03-15-000-2021-01253-01, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
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Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
interior del trámite ordinario”14.
Lo anterior, porque considera que “Las etapas, recursos y procedimientos que conforman
un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos
a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos
dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.”15
No se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, que justifique la
intervención del juez de tutela, en cuanto el argumento relacionado con la
prestación del servicio público en aras de garantizar el interés general no se
satisface de manera inmediata con el levantamiento de la medida cautelar
decretada, lo que se plano desvirtúa la urgencia y la inminencia de la intervención
del juez constitucional, pues será el juez de la causa el que adoptará las medidas
que en derecho correspondan.
Adicionalmente, porque, para el decreto de la medida cautelar en el trámite arbitral
se constituyó póliza, que, en los términos del artículo 32 del CPACA, tiene como fin
garantizar los perjuicios que se pudieran causar con la medida cautelar.
Para la Sala, el medio de defensa que se encuentra en curso resulta eficaz para la
defensa del derecho invocado en el escrito de tutela, en el marco del cual la entidad
accionante cuenta con las garantías y herramientas que le provee el debido proceso
que caracteriza el proceso judicial.
En suma, es improcedente el amparo solicitado por la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, contra el Tribunal de Arbitraje convocado por Autovía
Bucaramanga Pamplona S.A.S.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, contra el Tribunal de Arbitraje convocado por Autovía
Bucaramanga Pamplona S.A.S.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
14 Sentencia T-600 de 2017
15 Sentencia T-396 de 2014.
15
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Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo voto
16
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