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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01948-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01948-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, dictada el 4 de mayo de 2022 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a la IMPROCEDENCIA de la acción por la no acreditación del requisito de relevancia constitucional frente al principio de seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, pero por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Radicado: 11001-03-15-000-2022-01948-01 Accionante: María Stella Ramos Rubio SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional frente a los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión. CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01948-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de julio de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01948-01
Accionante: María Stella Ramos Rubio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01948-01
Demandante: MARÍA STELLA RAMOS RUBIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ

Tema: Improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial por la presunta violación del principio de la
seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, al no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional por
no constituir derechos fundamentales.

No incurren en violación a los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia los
autos acusados por no acreditar la existencia de un
defecto fáctico frente a la valoración de las pruebas
obrantes dentro del proceso de reparación directa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta en contra de la
sentencia del 4 de mayo de 2022, dictada por la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Stella Ramos Rubio, a través de apoderado, presentó acción
de tutela en contra de los siguientes autos: i) del 16 de octubre de 2020
dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, que declaró la
caducidad del medio de control adelantado por la accionante en contra de
la Alcaldía Municipal de Ibagué, y ii) del 9 de diciembre de 2021 dictado por
el Tribunal Administrativo de Tolima, que confirmó la decisión de primera

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01948-01
Accionante: María Stella Ramos Rubio

instancia dentro del proceso de reparación directa con radicado nro. 73001-
33-33-007-2019-00336-00/01, al considerar que, con estas decisiones, de
las autoridades judiciales accionadas se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales “al debido proceso; de defensa; de la seguridad
jurídica y del acceso a la recta administración de justicia”.

La parte actora en la presente actuación constitucional formuló las
siguientes pretensiones1:

“(…) se sirvan tutelar los derechos fundamentales alegados por existir los
suficientes argumentos jurídicos y probatorios que así lo determinan, y como
consecuencia de ello, ordénesele al Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué́-En
Oralidad, dejar sin ningún efecto el auto de fecha 16 de octubre de 2020,
ordenándosele admitir dicha demanda, y de esa forma, poder continuar el trámite
procesal que pretende el resarcimiento de perjuicios materiales y morales causados
por la entidad demandada.”

En ese orden, la accionante, para sustentar las anteriores pretensiones,
argumentó lo siguiente:

Señaló que en el presente caso se evidencia la ocurrencia de una vía de
hecho por parte de las autoridades judiciales acusadas, puesto que no
realizaron una adecuada contabilización del término de caducidad al no
tener en cuenta las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, en
especial la resolución 1020-0006 de fecha 09 de marzo de 2017,
mediante la cual se confirmó la resolución 1074 de 2015 emitida por la
Dirección de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué́, que declaró a la
accionante como ocupante permanente e indebida de un bien de uso
público, se le ordenó restituir el espacio público indebidamente ocupado, y
se le impuso una multa por la suma de $ 50.258.520.

Afirmó la parte actora que en el presente caso no había operado la
caducidad, por cuanto el acto administrativo generador del derecho, es
decir, la resolución 1020-0006 de fecha 09 de marzo de 2017, adquirió́
firmeza el día 20 de octubre de 2017, y la demanda de reparación directa
fue presentada el día 19 de agosto de 2019, esto es, dentro del término
de los 2 años establecidos en el literal i) del artículo 164 del CPACA.

1
Escrito de tutela cargado en el aplicativo SAMAI.

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Accionante: María Stella Ramos Rubio

Concluyó señalando la parte actora que las autoridades judiciales acusadas,
al no haber analizado en debida forma el material probatorio, desconocieron
igualmente el artículo 58 de la Carta Política2, al no respetar la propiedad
privada de la señora Ramos Rubio, lo que le ha ocasionado una serie de
perjuicios materiales y morales.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. De la admisión de la acción de tutela

La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
auto de 1° de abril de 2022, admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar
al Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué y al Tribunal Administrativo
del Tolima, comunicar al municipio de Ibagué al tener un interés legítimo
en las resultas del proceso y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado como interviniente.

2.2. De la contestación de la acción de tutela

2.2.1. El Tribunal Administrativo del Tolima

El Tribunal Administrativo del Tolima dio respuesta a la presente acción de
tutela indicando lo siguiente:

“Adentrándonos en el caso concreto, se advierte que por parte de esta corporación
no hubo trasgresión alguna al debido proceso, pues la decisión que se adoptó estuvo
ajustada a las reglas procedimentales, fundada con base en las probanzas obrantes
el expediente, las cuales permitieron concluir con absoluta certeza, que la aquí
accionante no interpuso de manera oportuna la demanda de reparación directa en
contra de la entidad demandada Municipio de Ibagué.

Así mismo, puede evidenciarse que en el caso objeto de estudio, no se presentó
una extralimitación en el cumplimiento de funciones por parte de este colectivo, por
el contrario con el fin de esclarecer la situación objeto de controversia se hizo uso
de las herramientas constitucionales y legales brindadas por el ordenamiento
jurídico colombiano, en tanto ello garantizaba su derecho de acceso a la
administración de justicia (decreto de pruebas de oficio y análisis del principio pro
actione), además, la decisión proferida no se tornó arbitraria, por cuanto, se itera,
la misma estuvo fundada en las probanzas allegadas al plenario, requisitos estos
que al haberse cumplido, harían improcedente la acción tutelar contra la providencia
que puso fin al proceso bajo radicado Nro. 73001-33-33-007-2019-00336-01.

2
ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el
siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.(…)

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Conforme a lo expuesto se advierte, que en lo referente al debido proceso argüido
por el actor como trasgredido, esta instancia judicial brindó todas las garantías
formales y materiales contempladas en el artículo 29 de la Constitución Política.

En los anteriores términos dejo rendido el correspondiente informe, solicitando
desde ya, de manera respetuosa, que se niegue por improcedente la presente
acción de tutela.”

2.2.2. Los demás vinculados a este trámite constitucional, pese a haber
sido debidamente notificados, guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 4 de mayo de 2022, resolvió declarar improcedente la
acción constitucional presentada, con base en lo siguiente:

“II. CONSIDERACIONES

La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, en la medida en que la tutela reitera los argumentos que fueron
planteados y resueltos dentro del proceso ordinario”.

De otra parte, señaló el a quo que los reparos de la acción de tutela no
podrían prosperar, por las siguientes razones:

“17.1 La autoridad accionada aplicó correctamente la normativa pertinente y evaluó́
las pruebas allegadas al proceso ordinario; si bien es cierto que en el auto del 9 de
diciembre de 2021 no se hizo mención expresa al oficio No. 64216 del 12 de julio
de 2018, la valoración de dicha prueba no tiene la virtualidad de cambiar el sentido
de la decisión.

17.2.- El auto atacado indicó, en primer lugar, que desde el 2011 la señora María
Stella Ramos Rubio elevó solicitudes de demarcación y parámetros del predio, por
lo que tenía conocimiento desde tiempo atrás de que este ocupaba espacio público
y además era objeto de estudios y proyecciones de una vía pública, lo que impedía
que se le concedieran autorizaciones para la construcción del edificio.

17.3.- Por otra parte, insistió́ en que la accionante tenía conocimiento de la
restitución del espacio público que adelantaba el Municipio de Ibagué́ desde el 2015,
pues en ese momento ya se había proferido la resolución 1022-1074 del 9 de
noviembre de 2015 (con anterioridad a la suscripción del contrato de obra civil) e
incluso la señora María Stella Ramos Rubio había interpuesto recurso de apelación
contra la misma, conclusión que es adecuada.”

IV. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, la señora María Stella Ramos Rubio, a
través de apoderado, impugnó el fallo de primera instancia y solicitó

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revocarlo, por considerar que la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado no se pronunció frente a la posible vulneración a la
propiedad privada de la accionante establecida en el artículo 58 de la
Constitución Política, para lo cual argumentó lo siguiente:

“Se presenta en éste caso una dualidad censurable e inaceptable que
infortunadamente para la Sala Ad-quo no ameritaba pronunciamiento alguno,
cuando era esencial tenerla en cuenta, como es que mi poderdante como propietaria
privada del bien objeto de controversia, se le ha venido exigiendo por parte del
municipio de Ibagué el pago y cancelación del impuesto predial de su inmueble, tal
como se acredita con el último recibo del impuesto predial; pero por otro lado, no
se le ha dado a conocer que dicho inmueble sea de utilidad pública o de interés
social, llegándose incluso a un abuso inaceptable de imponérsele una multa
millonaria impagable por no restituirle el inmueble al Municipio. Quién tiene la
razón?. Mi sustento constitucional se contrae al relacionado art 58 es la Carta
Política en concordancia con el artículo 2 de la misma en donde el Constituyente
Primario estableció que las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes...Sí probatoriamente se ha
demostrado con el certificado de tradición y la escritura de adquisición que el predio
objeto de controversia es de propiedad privada de mi poderdante, no se entiende
cómo es el mismo Estado a través del Municipio de Ibagué, quien está vulnerando
en forma expresa y plenamente probada la Carta Política, sobre todo en lo que hace
relación a los derechos fundamentales de la propiedad privada y el debido proceso
constitucional establecidos en los relacionados artículos 58 y 2 de la Carta Política,
lo que no es de recibo. (…)”

Adicionalmente la accionante reiteró: i) que el bien inmueble en disputa se
había adquirido mediante escritura 2566 de fecha 18 de julio de 1997 de la
Notaría Primera de Ibagué, ii) que mediante el certificado de tradición con
matrícula inmobiliaria 350-34472 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Ibagué se encontraba acreditada la propiedad del bien, y iii) que
la factura número 0042937635 correspondiente al impuesto predial
unificado para el año 2022 se encontraba a nombre de la señora María Stella
Ramos3 y, por lo tanto, la parte actora consideraba que estos hechos
probaban plenamente que el predio en disputa era de su propiedad.

Concluyó señalando que, si el municipio de Ibagué requería el bien objeto
de controversia, debió iniciar un proceso de expropiación, demostrando la
utilidad pública o de interés social del mismo, situación que nunca ocurrió.

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Documento anexado con el escrito de impugnación

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

Conforme a lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora María Stella Ramos Rubio manifiesta que, mediante la
escritura pública 2566 de 18 de julio de 1997 suscrita ante la Notaría 1ª de
Ibagué́, compró el lote de terreno en disputa. En la misma fecha, el
vendedor le hizo entrega real y material del bien. La accionante indicó que
ha ejercido posesión sobre este bien de manera “quieta, regular, pacífica e
ininterrumpida, sin ningún tipo de inconveniente o problema con terceros”.

5.2.2. El 9 de noviembre de 2015, la Dirección de Espacio Público y Control
Urbano de la Alcaldía Municipal de Ibagué́ expidió la resolución nro. 1022-
1074 de 2015, mediante la cual declaró que la accionante era ocupante
permanente e indebida de un área constitutiva de espacio público, en
atención a que una parte predio en disputa estaba contemplado para la
continuidad de la calle 13 como vía pública que daría acceso a los predios
que colindan con el mismo, por lo tanto ordenó la restitución de dicha parte
del predio y le impuso una multa pecuniaria.

5.2.3. Dentro de los términos establecidos en la ley, la accionante interpuso
recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto
mediante la resolución 1020-0006 del 9 de marzo de 2017, que confirmó
íntegramente la resolución 1022-1074 de 2015.

5.2.4. Mediante oficio No. 1011-2017-009697 del 24 de febrero de
2017, la Alcaldía de Ibagué le precisó a la accionante que el predio se

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encontraba afectado por la continuidad de la calle 13 como vía que daría
acceso a los predios que colindan con su propiedad, decisión que fue
notificada el 25 de febrero de 2017.

5.2.5. El 21 de agosto de 2019 la accionante presentó ante el Juzgado
Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué́ una demanda de
reparación directa contra la Alcaldía Municipal de Ibagué́, el cual decidió,
mediante auto del 16 de octubre de 2020, rechazarla por caducidad,
indicando que:

“En consecuencia, como el Oficio No. 1011-2017-009697 fue notificado a la actora
el día 25 de febrero de 2017 (ver fl. 127), se tiene que el término de caducidad del
presente medio de control empezó́ a correr a partir del 26 de febrero de 2017 y
hasta el 26 de febrero de 2019.

(…)

Por tanto, en el caso que ocupa la atención del despacho, se tiene que la audiencia
de conciliación se celebró́ el día 28 de febrero de 2019, la cual se declaró́ fallida por
no existir ánimo conciliatorio y, por tanto, ese día el Procurador Judicial expidió́ la
correspondiente certificación, reanudándose el término de la caducidad el 01 de
marzo de 2019 al 24 de mayo de 2019.

Finalmente, como se aprecia que la demanda fue radicada en la Oficina Judicial de
esta ciudad el 20 de agosto de 2019, se tiene que para esa fecha ya se había
superado ampliamente el término de caducidad del presente medio de control,
aspecto que impide al Despacho asumir el conocimiento del mismo, en virtud de lo
preceptuado en el numeral 1o del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo
con el cual, la demanda será́ rechazada ordenando la devolución de sus anexos
cuando hubiere operado la caducidad, por lo tanto, se procederá́ a ello.” Resaltado
del texto original

5.2.6. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación para ante el Tribunal Administrativo de Tolima, el cual,
mediante auto del 9 de diciembre de 2021, confirmó lo dispuesto en primera
instancia.

5.2.7. La señora María Stella Ramos Rubio, al no estar de acuerdo con
lo decidido dentro del proceso de reparación directa, elevó la presente
solicitud de tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales
“al debido proceso; de defensa; de la seguridad jurídica y del acceso
a la recta administración de justicia”.

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5.2.8. En proveído de 4 de mayo de 2022, la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado decidió, en primera instancia,
declarar improcedente el amparo solicitado.

5.2.9. La parte actora impugnó el referido fallo.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La demandante, en su inicial escrito de tutela, invocó como violados los
derechos fundamentales “al debido proceso; de defensa; de la
seguridad jurídica y del acceso a la recta administración de
justicia”, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, que declaró la
caducidad del medio de control adelantado por ella contra la Alcaldía
Municipal de Ibagué, y que fuera confirmado por el Tribunal Administrativo
de Tolima dentro del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-
33-007-2019-00336-00/01.

El juez constitucional de primera instancia declaró improcedente el amparo
solicitado, en atención a que, dentro del análisis realizado, se evidenció que
no se había cumplido con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la parte actora expuso los mismos argumentos presentados dentro
del proceso ordinario.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, en su escrito de
impugnación, reiteró que, con las decisiones acusadas dentro del proceso
de reparación directa, se le vulneraron los derechos fundamentales “al
debido proceso; de defensa; de la seguridad jurídica y del acceso a
la recta administración de justicia”, por cuanto consideró que se le
estaba vulnerando el derecho de la propiedad privada establecido en el
artículo 58 de la constitución política.

Bajo el anterior contexto, la Sala analizará si, en relación con la solicitud de
amparo de los derechos fundamentales invocados, se cumplen los requisitos
generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de
la acción de tutela en contra de las providencias judiciales dictadas dentro
de la acción de reparación directa radicado objeto del presente estudio.

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5.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

5.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de
evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de
desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese orden de ideas, la Sala analizará entonces si se cumplen los
requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela formulada por la accionante en contra de
los siguientes autos: i) del 16 de octubre de 2020, dictado por el Juzgado
7º Administrativo de Ibagué, que declaró la caducidad del medio de control
adelantado por la accionante en contra de la Alcaldía Municipal de Ibagué,
y ii) del 9 de diciembre de 2021, dictado por el Tribunal Administrativo de
Tolima, que confirmó la decisión de primera instancia.

5.3.1.1.1 Frente al requisito general de relevancia constitucional, se
tiene lo siguiente:

La Sala procederá inicialmente con la verificación de este requisito, en
atención a que el juez de primera instancia, en el fallo impugnado,
fundamentó su decisión para la declaratoria de improcedencia del amparo
constitucional en su no acreditación por parte de la accionante.

i) En primer término, la Sala advierte que, en el caso bajo examen, la
accionante invocó como vulnerado el principio de seguridad jurídica, y
en atención a que el mismo no es un derecho fundamental, no se cumple
en este caso con el requisito de relevancia constitucional. En consecuencia,
frente a este elemento resulta acertada la decisión de declarar
improcedente la acción de tutela.

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ii) En segundo lugar, la parte actora señaló como vulnerado el derecho a
la propiedad privada que, pese a su gran importancia, no es un derecho
fundamental, por lo que solo de manera excepcional puede ser protegido
mediante tutela, en caso de probada conexidad con otro derecho que sí
tenga ese carácter. No obstante, dentro del escrito de tutela y su
impugnación no se acreditó que con los autos acusados se le estuvieran
vulnerando a la actora el derecho a la vida, a la dignidad o a la igualdad,
a partir de lo cual sería posible que el derecho de propiedad adquiriera la
naturaleza de derecho fundamental, según lo ha manifestado la Corte
Constitucional4 así:

“2.5 En cuanto tiene que ver con la propiedad privada, estos dos aspectos –
fundamentalidad y justiciabilidad- se encuentran estrechamente ligados. El criterio
mantenido por esta Corte es que únicamente algunas facetas del derecho
constitucional a la propiedad privada adquieren el carácter de fundamental y, solo
cuando ello ocurre, la propiedad es susceptible de protección mediante la acción de
tutela. Concretamente, para la Corte, la propiedad solo puede ser considerada
un derecho fundamental cuando las facetas invocadas por los accionantes
(uso, goce, usufructo, etc.) tengan una relación directa con la dignidad
humana.

(…)

Sobre este punto, ya desde sus primeras providencias había dicho la Corte:

"La posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como derecho
fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De
aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino
en cada caso concreto. Sólo en el evento en que ocurra una violación
del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un
desconocimiento evidente de los principios y valores
constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y
a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho
fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela ".

(…)

2.7 A manera de síntesis, cabe decir que el juez constitucional solo puede entrar a
estudiar dentro del trámite de la acción de tutela asuntos relativos al derecho a la
propiedad cuando esta adquiere un carácter fundamental, lo cual ocurre
cuando la afectación a alguno de sus atributos está ligado directamente a
la dignidad humana del titular del derecho subjetivo. En los demás casos,
debe declararse que la acción de tutela no es procedente.” (Subrayas y
resaltado de la Sala)

En ese orden de ideas, frente al requisito de relevancia constitucional, la
Corte Constitucional ha sostenido que los asuntos sometidos al juez de

4
Sentencia T-454 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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tutela deben ser constitucionalmente relevantes, es decir, el debate que se
plantea en la demanda debe versar sobre derechos fundamentales.

En ese sentido, se indicó en la sentencia C-590 de 2005:

“Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación suscitada
por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental,
por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción
pública.”5 (Subrayas de la Sala).

De lo anterior se colige que al juez constitucional solo le está permitido
estudiar cuestiones que tengan una clara y notoria importancia
constitucional, ello con el fin de impedir que éste se inmiscuya en materias
propias de otras jurisdicciones, lo que desbordaría el ámbito de aplicación
de la acción de tutela.

Por lo tanto, en los términos planteados por el accionante ni el principio de
seguridad jurídica ni el derecho a la propiedad privada cumplen con el
requisito de relevancia constitucional al no ser derechos fundamentales y,
en consecuencia, concluye la Sala que frente a ambos fue correcta la
decisión del a quo de declarar improcedente la acción de tutela.

iii) En tercer lugar, se procederá a analizar el requisito de relevancia
constitucional frente a la presunta violación del derecho fundamental al
debido proceso de la siguiente manera:

La Corte Constitucional en la ya referida sentencia C–590 de 2005 indicó
que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia
constitucional cuando se “plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.

Para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, la parte
interesada deberá explicar clara y expresamente las razones por las cuales
estima están siendo vulnerados los derechos fundamentales invocados.

5
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).

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Accionante: María Stella Ramos Rubio

Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del
derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, pues sólo de
esta manera el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para
permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio
constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito,
el juez no podrá convalidar el requisito de la relevancia constitucional con
la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito correspondiente, hay
amenaza o violación efectiva de un derecho fundamental.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de
un derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que
permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo
convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección” 6.

Así las cosas, para establecer si una acción de tutela contra providencia
judicial tiene o no relevancia constitucional, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que el escrito invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) que se expongan las razones de vulneración de esos
derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión suponga un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.

6
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

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Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la accionante invocó como
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, es importante
destacar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo de
este derecho está integrado por las siguientes garantías mínimas7: i) el
principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la
observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de
favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a
la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la
no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el
principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes;
xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la
administración de justicia.

Ahora bien, al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora
argumentó la posible vulneración del derecho fundamental al debido
proceso a partir de la vía de hecho en que habrían incurrido las providencias
judiciales que rechazaron la demanda de reparación directa por caducidad,
decisiones que, sin duda, tendrían la virtualidad de afectar el derecho de
acceso a la administración de justicia, garantía que hace parte del núcleo
esencial del derecho invocado por la parte actora, puesto que con las
decisiones acusadas se está impidiendo la existencia de una sentencia de
fondo que resuelva el caso planteado por la demandante.

Acorde con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, y en
consecuencia se procederá con el estudio de los restantes requisitos
generales de procedencia de la siguiente manera:

7
Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2018 (M. P. Carlos Bernal Pulido).

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5.3.1.1.2. En el presente caso, advierte la Sala que, frente a la presunta
violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, la presente acción cumple con los demás
requisitos generales para su examen, en razón a que:

i) La acción de tutela cumplió con el requisito de inmediatez, ya que
entre la fecha de la decisión que resolvió el recurso de apelación
que se cuestiona por vía de tutela y la interposición de ésta
transcurrieron menos de seis meses.

ii) La accionante agotó todos los medios de defensa judicial de que
disponía, toda vez que contra el auto de rechazo de la demanda
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué,
interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Tolima y de igual manera ambos autos fueron
objeto de reproche constitucional;

iii) La irregularidad manifestada por la accionante corresponde al
defecto fáctico, puesto que en su consideración existió una
indebida valoración de una prueba que era esencial para la
determinación del momento en el cual se debía iniciar el conteo
del término de caducidad;

iv) La situación que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente explicada en el escrito de tutela,
e igualmente los hechos en los que fundamenta su inconformidad
fueron alegados en el curso del proceso y;

v) En el caso sub examine no se trata de una providencia contentiva
de una sentencia de tutela.

De conformidad con lo anterior, la Sala procederá con el estudio de fondo de
esta acción constitucional, teniendo en cuenta que la misma cumplió con
todos los requisitos de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia para
controvertir las providencias judiciales.

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5.3.2. CASO CONCRETO

De la revisión del escrito de tutela se advierte que la parte actora adujo que
las providencias censuradas incurrieron en una vía de hecho por parte de
las autoridades judiciales accionadas, al realizar una indebida valoración de
la prueba documental correspondiente a la resolución 1020-0006 de fecha
09 de marzo de 2017, puesto que era este acto administrativo que se debía
tener en cuenta al momento de contabilizar el término de caducidad,
situación que configuraría un defecto fáctico.

En ese orden, y dado que frente a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia se
encontraron acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Sala analizará si la decisión objeto
de reproche constitucional incurrió en la referida falencia.

5.3.2.1. El defecto fáctico

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
corporación, un defecto fáctico se configura “[…] cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias
del proceso. Según esta corporación, el fundamento de la intervención del
juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no
obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del
proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo
con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos
y racionales […]8.”

Considera el alto tribunal constitucional que la evaluación del acervo
probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria, y que por
ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de
criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es

8
Sentencia T-582 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios
judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”9.

Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible
que se configure el defecto fáctico, a saber:

a) Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa,
situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una
valoración defectuosa de la prueba, y (ii) sin una razón válida da por
no probado un hecho que emerge claramente.

b) Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez
aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la
providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta
porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o
ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista
material probatorio que fundamente su decisión.

Bajo los parámetros judiciales anteriores y teniendo en cuenta que los
asuntos fácticos que se debaten en un proceso corresponden a la prueba,
la relevancia y la connotación jurídica de los hechos, el defecto fáctico puede
configurarse cuando: a) se le da relevancia a un hecho jurídico que
resulta irrelevante para la decisión del caso, o por el contrario, se
considera irrelevante el hecho, cuando en uno u otro caso resulta
determinante para la decisión; b) se considera probado un hecho
concreto que en realidad no está probado, ya sea porque no hay constancia
del mismo en el expediente, o porque la prueba se ha recaudado con
violación al debido proceso, o porque lo acreditado en el proceso no tiene
la virtud de prueba de acuerdo con la ley; o por el contrario, no se considera
probado el hecho que en realidad sí lo está, o se omite indebidamente el
decreto o práctica de una prueba, y ésta es determinante para la decisión

9
Sentencia T-917 de 2012 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).

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a tomar, y c) cuando a un hecho concreto debidamente probado, se le da
una connotación jurídica que no le corresponde, o no estando probado se
connota jurídicamente.

En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error
debe ser flagrante y manifiesto y debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la evaluación fáctica de la autoridad judicial que ordinariamente
conoce de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia
y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.

5.3.2.2. Ahora bien, en el caso sub examine se advierte que la parte actora
estimó que se configura el defecto fáctico en el auto que resolvió el recurso
de apelación censurado porque no se valoró en debida forma la resolución
1020-0006 de fecha 09 de marzo de 2017 que en su consideración adquirió́
firmeza el día 20 de octubre de 2017, y fue con base en dicha prueba
que se presentó la demanda de reparación directa el día 19 de agosto de
2019, esto es, dentro del término de los 2 años establecidos en el literal i
del artículo 164 del CPACA.

La Sala encuentra que, con relación a este asunto, en la providencia del 9
de diciembre de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Tolima que
confirmó la decisión de primera instancia, se hicieron las siguientes
consideraciones frente a las pruebas que obran en el proceso:

“Como se aprecia, la causa petendi de la demanda que en ejercicio del medio de
control de reparación directa promueve a través de apoderado judicial la señora
MARÍA STELLA RAMOS RUBIO, la constituyen según su dicho: i) La expropiación por
vía de hecho del lote de terreno de su propiedad; ii) La frustración de su
aspiración a construir un edificio en dicho lote; iii) Su buen nombre al ser
considerada como invasora de un bien de uso público; y iv) La restitución del lote
objeto de expropiación. Sin embargo, los argumentos del recurrente están
encaminados única y exclusivamente a señalar que el conteo de la caducidad debe
efectuarse desde la ejecutoria de la resolución No. 1020- 0006 de fecha 09 de marzo
de 2017

Frente a lo anterior, lo primero que debe dejar claro la Sala, es que, en efecto, en
el caso bajo examen no ha existido proceso de expropiación alguno, lo que se
evidencia es un proceso administrativo a través del cual se le ordenó a la señora
MARÍA STELLA RAMOS RUBIO la restitución de 156 mts2 de espacio público (…)
luego de concluido el correspondiente procedimiento a través de las resoluciones
1022- 1074 del 09 de noviembre 2015 (…) y confirmada a través de la resolución

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No. 1020-0006 de fecha 09 de marzo de 2017 (…) que según indica el
recurrente adquirió́ firmeza el día 20 de octubre de 2017.

(…)

Ahora bien, en lo que respecta a la frustración de su aspiración a construir
un edificio, se tiene que este hecho NO se dio en modo alguno con la
firmeza de la resolución No. 1020-0006 de fecha 09 de marzo de 2017 el
día 20 de octubre de 2017, como lo pretende hacer ver el recurrente en su
recurso de alzada.

Igualmente, se tiene que según reposa a folios 95 a 96 del cuaderno principal del
expediente, el contrato de obra civil para esos efectos se suscribió́ el 15 de enero
de 2017, fecha para la cual la señora RAMOS RUBIO ya tenía conocimiento tiempo
atrás de la situación relacionada con la restitución del espacio público que
adelantaba el municipio de Ibagué́, al punto que ya se había proferido la resolución
1022-1074 del 09 de noviembre 2015 emanada de la Dirección de Espacio Público
y Control Urbano del Municipio de Ibagué́ que ordenaba restituir 156 mts2 del lote
de su propiedad, considerados espacio público, e incluso la hoy demandante había
interpuesto recurso de apelación contra la misma (28 de diciembre de 2015).

Así mismo, se aprecia, que en virtud de los requerimientos efectuados por el a quo,
previo a la adopción de la decisión que ahora es objeto de apelación en esta
instancia, la Secretaría de Planeación Municipal - Dirección de Información y
Aplicación de la Norma Urbanística mediante el Oficio No. 1220-006578 del 17 de
febrero de 2020 encontró́ documentos desde el 2011 hasta el 2018, en donde se
puede apreciar, entre otras cosas, que la señora MARÍA STELLA RAMOS RUBIO
elevó solicitudes de demarcación y paramentos del predio con ficha catastral 730-
01-01-0178-00008-00, es decir, que desde el año 2011 la demandante conoció́ que
su predio no solo estaba ocupando espacio público, sino que además estaba siendo
objeto de estudios y proyecciones de una vía pública, lo que de entrada impedía
que se pudieran conceder autorizaciones de construcción de una edificación.

Entre dichos documentos, se encuentra acreditado que a la actora se le
comunicó la situación jurídica de su predio mediante los Oficios No. 1011-
217- 9553 del 23 de febrero de 2017 y, 1011-2017-009697 del 24 de
febrero de 2017, este último notificado el día 25 de febrero de 2017 (folios
126 a 127 del Cuaderno Principal digitalizado).

(…)

Aunado a ello, en la demanda el extremo actor afirma que es a partir del día de
expedición del Oficio No. 1011-2017-009697 que conoció́ la situación del predio. En
consecuencia, como el Oficio No. 1011-2017-009697 fue notificado a la actora el
día 25 de febrero de 2017 (folio 127), se tiene que el término de caducidad del
presente medio de control, aun en garantía del principio pro actione, empezó́ a
correr a partir del 26 de febrero de 2017 y se extendió́ hasta el 26 de febrero de
2019. No obstante, con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial el
día 03 de diciembre de 2018, se suspendió́ el término desde dicho día hasta el día
28 de febrero de 2019 cuando se expidió́ la constancia que trata el Decreto 1716
de 2009, finalizando la oportunidad para presentar la demanda de reparación
directa el día 24 de mayo de 2019, no obstante, según se aprecia a folio 2 del
Cuaderno Principal del Expediente Digitalizado, la misma fue presentada solo hasta
el 20 de agosto de 2019, estando para esta fecha configurado el fenómeno
jurídico de caducidad del medio de control.” (Subrayas y resaltado de la Sala).”

De la anterior transcripción se advierte que el Tribunal accionado realizó un
juicioso análisis frente al material probatorio allegado dentro del proceso de

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reparación directa en su conjunto, incluyendo la resolución 1020-0006 de
fecha 09 de marzo de 2017, en contravía de lo manifestado por la parte
actora en el escrito de tutela. Se observa también que el defecto fáctico que
se alega habría consistido en la distinta apreciación de cuál era el hecho
relevante a partir del cual debería contarse el término de caducidad de la
acción de reparación directa incoada, pues mientras que el juez y tribunal
accionados consideraron que era el oficio 1011-2017-009697 de febrero 24
de 2017, notificado a la actora al día siguiente, ésta reclama que debía ser
la resolución 1020-0006 de fecha 09 de marzo de 2017, que según afirma,
quedó ejecutoriada el día 20 de octubre de 2017.

De otra parte, se puede constatar que el Tribunal Administrativo del Tolima
al analizar los documentos allegados al expediente por parte de la
Secretaría de Planeación Municipal - Dirección de Información y Aplicación
de la Norma Urbanística en repuesta a los requerimientos realizados por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, evidenció que desde el año
2011 la señora María Stella Ramos Rubio había elevado solicitudes frente al
predio en controversia, y que de esta manera conocía que se encontraba
ocupando parcialmente espacio público.

Ahora bien, dentro de la revisión de los autos objetados se comprobó que
las autoridades judiciales acusadas, luego del análisis integral del material
probatorio, evidenciaron que a la aquí accionante se le había comunicado
que el predio en controversia era considerado espacio público mediante el
Oficio No. 1011-2017-009697 que le fue notificado el día 25 de febrero de
2017, y que era desde esa fecha que se debía contar el término de
caducidad.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que las autoridades
accionadas sí valoraron todas las pruebas obrantes en el expediente como
lo eran los actos administrativos expedidos por la Alcaldía de Ibagué y la
documentación allegada en atención a los requerimientos efectuados dentro
del proceso de reparación directa.

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En ese orden de ideas, la Sala evidencia que no le asiste razón a la parte
actora al afirmar que los autos acusados incurrieron en un defecto fáctico,
pues, tal como se observa en los argumentos transcritos, las autoridades
judiciales accionadas realizaron un análisis razonable que permite aseverar
que no actuaron de forma arbitraria ni caprichosa al valorar las pruebas,
sólo que les dio un alcance diferente al pretendido por la demandante a
partir del estudio integral de todo el material probatorio. Al respecto la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente:

En suma, las diferencias que resulten de la sana valoración probatoria no
comprenden un defecto fáctico, habida cuenta de que se parte del respeto
por la autonomía judicial. La intervención del juez constitucional es excepcional.
En consecuencia, esta intervención procede siempre y cuando (i) se vislumbre un
error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración probatoria, que
obedezca a un proceder caprichoso o incorrecto; (ii) debe tener la entidad suficiente
para tener ‘incidencia directa’, ‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión
sustancial’ en la decisión10.

Por último, es importante señalar que el tribunal accionado no solamente
realizó un análisis integral de las pruebas como se evidenció en precedencia,
sino que, adicionalmente realizó un estudio relacionado con el medio de
control que debió haber iniciado la parte actora, en los siguientes términos:

“Así las cosas, como claramente el móvil o finalidad de la parte demandante frente
a los puntos i), iii), y iv) es cuestionar tales actos administrativos e incluso los
presuntos daños causados con ellos, no es este medio del control el adecuado para
hacer efectivas sus pretensiones, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su notificación, término que indiscutiblemente se encuentra
más que vencido a la fecha de interposición de la presente demanda (20 de agosto
de 2019), siendo inocua cualquier adecuación del medio del control que pudiese
ordenarse al haber operado la caducidad del medio de control.”

Con todo, más allá de este punto, itera la Sala, el tribunal accionado señaló
que, aún bajo el supuesto de que la acción procedente fuera la de
reparación directa, que en este caso incoó la actora, lo cierto es que la
misma se encontraba caducada, a partir del ya referido conteo del término
de caducidad, que según se explicó, comenzó el 25 de febrero de 2017.

Acorde con lo anterior, no se advierte por parte de la Sala que en los autos
acusados existiera un actuar arbitrario o irracional por parte del Juzgado

10
Sentencia SU-573 de 2017 (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).

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Séptimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima,
por el contrario se evidencia un estudio integral del expediente de
reparación directa objeto de la presente acción constitucional.

En consecuencia, los razonamientos anteriores son suficientes para negar
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia, por cuanto los autos atacados
por vía de tutela no incurrieron en el defecto alegado por la parte actora.

5.3.3. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala procederá, por una parte, a confirmar
parcialmente la sentencia de primera instancia del 4 de mayo de 2022,
dictada por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en lo relacionado con la improcedencia de la acción en lo que respecta
al principio de seguridad jurídica y el derecho a la propiedad y, por la otra,
a negar el amparo solicitado, por cuanto no se encontró configurado el
defecto alegado por la parte actora y, en consecuencia, no se vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia por parte del Juzgado Séptimo Administrativo
de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima al momento de dictar los
autos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada,
dictada el 4 de mayo de 2022 por la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en cuanto a la IMPROCEDENCIA de la acción por la
no acreditación del requisito de relevancia constitucional frente al principio
de seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

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SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional frente a los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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