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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01951-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01951-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 5 de mayo de 2022, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01951-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 1001-03-15-000-2022-01951-01
Accionantes: AUGUSTO CANTOR BELLO
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se revoca el fallo impugnado – Se declara
la carencia actual de objeto por sustracción de materia porque los
actos administrativos acusados fueron expresamente derogados

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 5 de mayo 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elciudadano Augusto Cantor Bello, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales
«[…] a la libre locomoción, (…) [a la] libertad de reunión, (…) [a la] libertad de
conciencia, (…) al trabajo, (…) [al] libre desarrollo de la personalidad, (…) a la
igualdad y (sic) (…) a la dignidad y a la vida digna […]», cuya vulneración le atribuyó
a la expedición y aplicación del Decreto No. 1408 de 2021 -Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público-, proferido por el
Presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Afirma el accionante que lo ordenado en dicho decreto le fue aplicado por la
Fundación Parque Jaime Duque el 30 de enero de 2022, en tanto se le impidió
ingresar a las instalaciones del parque sin presentar el carné de vacunación contra
el Covid-19.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

3. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

3.1. Manifestó que, con fecha 29 de marzo de 2022, compró en el sitio web de la
Fundación Parque Jaime Duque «[…] 2 brazaletes Legado por valor de $100.000 y
2 Pasaportes Jaime aventura por valor de $134.000 cancelando en total por PSE
$234.000 […]».

3.2. Indicó que el 30 de marzo de 2022 se presentó en las instalaciones del parque
«[…] ubicado en el Km 34 Autopista Norte -Tocancipá, en compañía de (…) [su]
Madre María Teresa Bello de 83 años, [su] hija [TSC] (…) de 9 años y su Sra. madre
Mónica Aldana Álvarez. […]».

3.3. Mencionó que estando en la entrada del Parque Jaime Duque les solicitaron el
carné de vacunación contra el Covid-19, por lo que presentaron el carné
correspondiente a la señora María Teresa Bello, a la menor de 18 años TSC y a la
madre de ella Mónica Aldana Álvarez. El accionante, por su parte, presentó el «[…]
PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL Y NATURAL
junto con [el] (…) ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA COMO OBJETOR
DE CONCIENCIA. […]». (negrillas del texto original).

3.4. Expuso que los trabajadores de la Fundación Parque Jaime Duque le
manifestaron que, de acuerdo con el Decreto Presidencial 1408 de 2021, los
documentos presentados por el accionante no eran válidos, y que por ese motivo
no podía ingresar a las instalaciones del establecimiento.

3.5. Expuso que: «[…] las Accionadas olvidaron por completo la existencia del marco
constitucional y de los tratados internacionales que conforman el bloque de
constitucionalidad al expedir el Decreto 1408 de 2021 que representa una abrupta
vulneración a los derechos fundamentales y a las libertades individuales del suscrito
Accionante y de todos aquellos que autónomamente hemos decidido libremente, y
en el marco de nuestros derechos fundamentales y libertades individuales, no
aplicarnos las vacunas del COVID-19 […]».

3.6. Consideró que, con ocasión de la expedición del Decreto N° 1408 de 2021 -Por
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público-, se
vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de
conciencia, de reunión y manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de
la personalidad, a la igualdad, a la dignidad y a la vida digna.

3.7. Lo anterior en razón a que el artículo 2º del mencionado decreto, consagra la
obligatoriedad de exigir el carné de vacunación contra el Covid-19 como requisito
de ingreso a distintos lugares públicos, entre los que se encuentran los parques de
diversiones y temáticos.

III. PRETENSIONES

4. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

[…] 1. Señor Juez de Tutela solicito respetuosamente se amparen mis derechos
fundamentales y libertades individuales a la libre locomoción, libertad de
reunión, libertad de conciencia y de culto, derecho al trabajo, al libre desarrollo
de la personalidad, a la igualdad, a la dignidad y a la vida digna.

2. Se ordene a la fundación Jaime Duque en representación Legal de la Sra.
María Amparo Torrez Quin, restituir mis derechos constitucionales vulnerados
el pasado 30 enero 2022, se me otorgue el respeto que merezco como
ciudadano colombiano libre Objetor de Conciencia, el Derecho a no ser
discriminado nunca más ni a ser tratado como un ciudadano de segunda clase
por el solo hecho de no estar de acuerdo con las imposiciones Dictatoriales
del Decreto 1408.

3. En consecuencia de lo anterior hasta la fecha no he podido hacer uso de las
boletas por la exigencia de carnet de vacunación tanto en el Parque Jaime
Duque como en el Parque Mundo Aventura, solicito respetuosamente señor
juez de Tutela ante la constante negativa para poder ingresar a cualquiera de
estos lugares si no cuento con el carnet de vacunación COVID 19, proteja mi
derecho constitucional a la OBJECIÓN DE CONCIENCIA fallando a favor del
ingreso a estas instalaciones dándole el valor que corresponde a los
documentos PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL
Y NATURAL y ACTA JURAMENTADA que me Certifican como Ciudadano
Objetor de conciencia, ordenando con celeridad a la FUNDACIÓN JAIME
DUQUE el respeto a mis derechos constitucionales a la objeción de conciencia,
a no ser segregado ni discriminado por mi postura ante los mandatos vacunales
que violan mis libertades individuales a los cuales me acogí y que están
consignados en el anexo PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD
CONSTITUCIONAL Y NATURAL y ACTA JURAMENTADA como OBJETOR
DE CONCIENCIA y en virtud Presente declaración juramentada ante notario
público en el acta No 01472.

4. Señor Juez de tutela solicito que ampare mis derechos constitucionales y
fundamentales ante las imposiciones gubernamentales en la exigencia del
carnet de vacunación en sitios públicos o Privados toda vez que en
consecuencia a las investigaciónes (sic) que han realizado médicos
independientes de todo el mundo sobre el tema de los efectos adversos
posteriores a las inoculaciones NO pienso doblegar mi voluntad ni inocularme
sustancias que se encuentran en fase 3 de experimentación las cuales
modifican el ADN humano por tratarse en su mayoría de tecnología ARNm y en
razón a la abundante evidencia documentada de efectos Adversos en la salud
humana, para lo cual en sustentación a dicha temática traigo a colación la
farmacéutica Alemana Pfizer BioNTech la cual el día 11 de marzo del 2022,
divulgo por exigencia jurídica el primer informe del análisis acumulativo de
eventos adversos posteriores a las patentes de autorización. para tal fin se
emita un fallo que proteja mi libre OBJECIÓN DE CONCIENCIA para impedir
la vulneración de mis Derechos consignados en la constitución política
colombiana y los tratados internacionales que velan por el cumplimiento de los
derechos humanos y la BIOETICA que están relacionados en el ACTA
JURAMENTADA 01472 con su anexo PASAPORTE CIUDADANO DE
INMUNIDAD CONSTITUCIONAL Y NATURAL y en detalle contenidos en el
numeral 2 fundamentos del Derecho del presente recurso.

5. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre
de 2021 mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada. […] (Negrillas del texto original)

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

5. La magistrada ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de
la sustanciación del proceso, mediante auto de 5 de abril de 2022, admitió la acción
de tutela de la referencia, contra el Presidente de la República, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y la Fundación Jaime Duque, y negó la medida provisional
solicitada.

V. INTERVENCIONES

6. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:

6.1. El Presidente de la República, por conducto de apoderado, rindió informe en
el que advirtió que la tutela, de acuerdo con el Decreto Ley 2591 de 1991, no es el
mecanismo idóneo para atacar actos de contenido general y abstracto, habida
cuenta que: «[…] se cuentan con otras vías de acción, y en este caso le
corresponde a la justicia contenciosa definir la legalidad de los actos de contenido
general, impersonal y abstracto, que cumplen las condiciones del numeral 5º del
artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela es, prima
facie, improcedente. […]».

6.2. Explicó que existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, teniendo
en cuenta que: «[…] el Decreto 1615 de 2021 expresamente derogó el Decreto
1408 de 2021, es decir que el acto administrativo cuestionado no se encuentra
vigente en el mundo jurídico, lo que implica que “cualquier orden emitida por el juez
no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío” […]».

6.3. El Ministerio el Interior, a través de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica -quien
actúa en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución 1735 de 2011
representa judicialmente a la entidad-, en términos semejantes al Presidente de la
República, informó que la tutela no puede dirigirse contra actos administrativos de
carácter general y abstracto.

6.4. Indicó que el actor carecía de legitimación en la causa por activa en razón a que:
«[…] el debate va mucho más allá del ámbito privado, por cuanto se involucran
derechos cuya titularidad corresponde a toda la sociedad, por lo cual, la parte
accionante asume la vocería de toda la sociedad y de terceros en particular, sin que
se acredite que actúa como como representante legal, jurídico o agente oficiosos
de ninguna otra persona. […]».

6.5. Finalmente, señaló que también existe carencia actual de objeto por sustracción
de materia debido a la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021, lo que quiere
decir que el acto administrativo no está surtiendo efectos jurídicos en este
momento.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

6.6. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por conducto de apoderado
judicial, puntualizó que no se cumple con el requisito general de subsidiariedad,
toda vez que se está atacando un acto administrativo de carácter general,
impersonal y abstracto, por lo que el mecanismo constitucional resulta
improcedente.

6.7. Igualmente, señaló que: «[…] el debate va mucho más allá del ámbito privado,
por cuanto se involucran derechos cuya titularidad corresponde a toda la sociedad,
por lo cual, la parte accionante asume la vocería de toda la sociedad y de terceros
en particular, sin que se acredite que actúa como como representante legal, jurídico
o agente oficiosos de ninguna otra persona. […]».

6.8. La Fundación Parque Jaime Duque, a través de su representante legal,
informó que teniendo en cuenta que, a partir del 30 de noviembre de 2021, el
Decreto 1615 de 2021 derogó el Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021, la tutela
de la referencia no es procedente al existir carencia actual de objeto y, en ese
sentido, no es posible inaplicar una norma que no encuentra en el ordenamiento
jurídico.

6.9. Resaltó que los empleados del parque temático y de diversión, durante la
vigencia del Decreto Presidencial 1408 de 2021, debían exigir el carné de
vacunación contra el Covid-19 a todos los visitantes de las instalaciones, a fin de
garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades nacionales.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de tutela de 5 de mayo
de 2022, resolvió declarar improcedente el mecanismo de amparo de la referencia,
luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente
a la subsidiariedad.

8. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia indicó que
en este caso la acción de tutela no es el medio idóneo porque, además de
interponerse contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, el actor
tiene otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la protección de
los derechos que invoca.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia y, para el efecto,
señaló lo siguiente: «[...] la Presidencia de la República y las demás accionadas,
si han vulnerado y lesionado gravemente mis “derechos fundamentales y humanos”,
por cuanto el Gobierno al haber derogado el 1408 por el nuevo decreto 1615,
conservó el mismo espíritu en ambos actos administrativos es decir “la
Exigencia del Carnet (sic) de Vacunación”, por lo que considero que la
Amenaza no ha cesado y este nuevo acto administrativo persigue el mismo
objetivo del anterior, es decir seguir “Forzando una Vacunación” en los

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

habitantes del territorio Colombiano de manera “inconstitucional e ilegal”
[...]». (negrillas del texto original)

10. Advirtió que: «[…] [la] Constitución Nacional de Colombia, está por encima de
cualquier “acto administrativo” que expida el “Gobierno” y que entidades ejecuten y
que amenace con vulnerar (…) [sus] derechos fundamentales y que además lesiona
gravemente “los derechos humanos” personales, de (…) [su] familia y de la
población colombiana. [...]». (sic en toda la cita)

11. Confundamento en las anteriores premisas, el actor solicitó revocar el fallo
impugnado y deprecó que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo
deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021 y del Decreto 1615 de 2021.

VIII.3. Caso concreto

14. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la libertad
de locomoción, a la libertad de conciencia, de reunión y manifestaciones públicas,
al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la dignidad y a la
vida digna, los cuales fueron supuestamente transgredidos por el Presidente de la
República, por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el Ministerio del
Interior , por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Fundación

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

Parque Jaime Duque, como consecuencia de la expedición y aplicación del artículo
2º del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20215.

VIII.4. Cuestión previa - de la legitimación en la causa por activa en el sub
judice

15. El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que toda persona tiene
a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

16. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé lo
siguiente:

[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].

17. Atendiendo a lo dispuesto en la norma previamente transcrita, se entiende que el
titular de los derechos fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados
puede ejercer la acción de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado
judicial, o ii) a través de agente oficioso6, quien deberá manifestar que actúa como
tal y acreditar las razones por las cuales el titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia
defensa.

18. Alrespecto, la Corte Constitucional7, en múltiples oportunidades, se ha
pronunciado frente a la legitimación en la causa para ejercer la acción de tutela,
señalando lo siguiente:

[…] En estos términos, y no obstante la informalidad que caracteriza a la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que su ejercicio está
sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad que se

5
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID
• 19, y el mantenimiento del orden público”.
6
La Corte Constitucional, por auto 312 de 29 de noviembre de 2001. (M.P. Jaime Araujo Rentería) mencionó que: “La causa
activa corresponde a la titularidad del demandante respecto de los derechos fundamentales infringidos, la capacidad para
actuar en representación de otros a quienes resulta imposible defender directamente sus propios derechos, o la capacidad
para actuar como apoderado judicial de acuerdo con los requerimientos legales para el efecto”.
7
Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006. M.P.: Jaime Córdoba Triviño; sentencia T-213 de 26 de abril de 2016. M.P.:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

deben acreditar en cada caso concreto, entre los cuales se encuentra la
legitimación en la causa por activa, con la cual se pretende asegurar que el
accionante tenga un interés directo y particular en lo reclamado, y que en este
sentido, se busque la protección de un derecho fundamental del propio
demandante y no de otra persona […]”8. (Subrayas de la Sala)

19. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que es posible
presentar la acción de tutela cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado
se encuentra en imposibilidad de acudir a la justicia, a través de la figura de la
agencia oficiosa, para lo cual se requiere verificar: i) que exista una manifestación
del agente oficioso para actuar como tal; ii) que se indique en el escrito de tutela, o
que se pueda inferir del mismo, que el titular del derecho fundamental no está en
condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa, y iii) que el sujeto o
los sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados9.

20. Por todo lo anterior, para la Sala es dable concluir que, pese a la informalidad
que rige en las acciones de tutelas, quien promueva esta acción constitucional tiene
que ser la persona directamente afectada en el goce de sus derechos fundamentales,
en nombre propio o a través de apoderado judicial, o manifestar que actúa como
agente oficioso de quien materialmente no puede ejercer la acción, de lo contrario, no
podría hablarse de legitimación en la causa por activa.

21. En el caso sub examine, las entidades públicas accionadas manifestaron que la
parte actora no se encuentra legitimada en la causa por activa para promover el
presente mecanismo de amparo, dado que «[…] asume la vocería de toda la
sociedad y de terceros en particular, sin que se acredite que actúa como como
representante legal, jurídico o agente oficiosos de ninguna otra persona […]».

22. Sin embargo, para la Sala es claro que el señor Augusto Cantor Bello sí se
encuentra legitimado en la causa por activa para promover la acción de amparo de
la referencia, por cuanto él es el titular de los derechos fundamentales que aduce
trasgredidos con ocasión de la expedición del Decreto 1408 de 2021.

23. Valga resaltar que la aquí actora en ningún momento está pretendiendo que se
amparen los derechos fundamentales de la ciudadanía en general o de un tercero;
por el contrario, fue enfática en solicitar única y exclusivamente la protección de sus
garantías fundamentales, tal como se observa de la siguiente pretensión:

[…] se amparen mis derechos fundamentales y libertades individuales a la libre
locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto, derecho al
trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la dignidad y a la
vida digna. […].

24. Con fundamento en las anteriores premisas, para la Sala no son de recibo los
argumentos expuestos por las partes accionadas en relación con la falta de
legitimación en la causa por activa del aquí accionante y, por ende, desestimará el

8
Sentencia T-176 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9
SU-707 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.

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Accionante: Augusto Cantor Bello

planteamiento asociado a la falta de legitimación en la causa por activa propuesta.

VIII.5. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con ocasión
de la derogatoria expresa de los Decretos 1408 de 2021 y 1615 de 2021

25. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 2021 10 precisó que
dicho fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por
hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación
a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento
del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los
derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo
sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]».

26. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en que
deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna
de protección del derecho fundamental invocado […]».

27. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción11” […] (negrillas fuera del texto)

28. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer las causa que da
origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria de del acto
administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales del
accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

29. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 202112, y que este último fue derogado
expresamente por el artículo 11 del Decreto 655 de 202213, normas cuyos
tenores literales prescribe, respectivamente: «[…] el presente Decreto rige a partir
de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021 […]», y
«[…] El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de
mayo de 2022, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 30 de junio de 2022, y
deroga los Decretos 1615 del 30 de noviembre de 2021 y 298 del 28 de febrero
de 2022. […]»

30. Ahora bien, en el caso sub examine, se advierte que las pretensiones de la
presente acción constitucional persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora que considera vulnerados pese a la
derogatoria del Decreto 1408 de 2021, por cuanto: «[…] el nuevo decreto 1615,
conservó el mismo espíritu en ambos actos administrativos es decir “la
Exigencia del Carnet (sic) de Vacunación”, por lo que considero que la
Amenaza no ha cesado y este nuevo acto administrativo persigue el mismo
objetivo del anterior, es decir seguir “Forzando una Vacunación” en los
habitantes del territorio Colombiano de manera “inconstitucional e ilegal”
[…]». (Negrillas del texto)

31. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto de la presente
impugnación consiste en que se suspendan los efectos de los Decretos número
1408 y 1615 de 2021, específicamente el relacionado con la exigencia del carné de
vacunación contra el Covid-19, esta Sala de Decisión mediante providencia de 15
de diciembre de 202114 decidió en un caso similar, en el que se atacaba el Decreto
1408 de 2021 y señaló que: «[…] se configura la carencia actual de objeto por

11
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
12
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
13
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de mayo de 2022, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 30 de junio de 2022, y deroga los Decretos 1615 del 30 de noviembre de 2021 y 298 del 28 de febrero de
2022.”
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 15 de diciembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-07893-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

sustracción de materia, en el entendido que el acto administrativo que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la accionante, no está
surtiendo efectos jurídicos en este momento, debido a su derogatoria expresa.
[…]». (negrillas del texto)

32. Cabe resaltar que, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de
2021 y del Decreto 1615 de 2021, al tenor literal numeral 5° del artículo 91 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA15, se materializa el supuesto normativo denominado «pérdida de
ejecutoriedad del acto administrativo» como fenómeno derivado, en este caso
concreto, de la falta de vigencia del referido acto administrativo16.

33. Es pertinente poner de relieve que el atributo de la ejecutoriedad hace referencia
a que un determinado acto administrativo, una vez en firme, sea exigible y produzca
efectos jurídicos, circunstancia que no se presenta en este caso en razón a la
referidas derogatorias.

34. Ahora bien, es oportuno precisar que, aunque los Decretos 1408 de 2021 y 1615
de 2021 fueron derogados, lo cierto es que surtieron efectos mientras estuvieron
vigentes y, en ese sentido17: «[…] el hecho que un acto administrativo objeto de
control no esté produciendo efectos jurídicos no impide la realización del juicio de
legalidad por los efectos que pudo producir durante el tiempo en que estuvo vigente
[…]», razón por la cual será el juez ordinario -como juez natural de este tipo de
controversias- y no el juez constitucional de tutela, el encargado de analizar la
legalidad de los actos.

35. En virtud de lo expuesto, será el juez ordinario que conozca de las
correspondientes acciones judiciales por legalidad, en contra de los Decretos 1408
de 2021 y 1615 de 2021, el llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar
en ese sentido.

36. Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

15
«[…] ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (…)
5. Cuando pierdan vigencia. […]».
16
«[…] ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos
de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá
requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021, Exp. 11001-
03-24-000-2012-00323-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. En el mismo sentido ver las siguientes providencias: de 27 de marzo
de 2003, Expediente: 0171 (7095), M.P. Camilo Arciniegas Andrade; de 10 de marzo de 2010, Expediente:
11001032400020040038001, M.P. María Claudia Rojas Lasso; de sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente:
11001032400020080010000, M.P. María Elizabeth García González, de 10 de mayo de 2018, Expediente 11001-03-24-000-
2008-00248-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, entre otras.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01951-01
Accionante: Augusto Cantor Bello

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 5 de mayo de 2022, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA de la presente acción
de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(30)

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