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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01954-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01954-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Marín Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01954-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

7 de julio de 2022

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Ac c i o na nt e : J u an C ar l os M arí n R odr í gu ez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

F.T: 172
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01954-00
Accionante: JUAN CARLOS MARÍN RODRÍGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, en la que se declaró, con
efectos retroactivos, la invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal número 14
del 6 de julio de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Pereira. Falta de
legitimación en la causa por activa.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Solicitud de revisión de validez del Acuerdo núm. 14 del 6 de julio de 2021

El señor Juan Carlos Marín Rodríguez afirmó que el 5 de junio de 2021 el alcalde
del municipio de Pereira radicó ante el Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo
núm. 18 de 2021, por medio del cual propuso diversos beneficios tributarios e
incentivos tales como disminución de tarifas, tarifa cero para algunos tributos,
gradualidad en la imposición de sanciones y condición especial de pago en
reducción de intereses moratorios y sanciones, entre otros, con el propósito de
reactivar la economía en ese municipio. Por lo anterior, manifestó que el 6 de julio
de 2021 el Concejo Municipal de Pereira aprobó el proyecto y lo denominó Acuerdo
núm. 14 de 2021 «por medio del cual se adoptan medidas de reactivación
económica en el municipio de Pereira»

Sin embargo, señaló que en agosto de la misma anualidad la Gobernación de
Risaralda solicitó la invalidez del artículo 17 del referido acto administrativo, al
considerarlo violatorio de la Constitución Política y la ley, por cuanto el Congreso es
quien tiene la competencia para fijar el beneficio tributario. Indicó que el 30 de

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septiembre de ese año el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, declaró, con efectos retroactivos, la invalidez del artículo 17 del Acuerdo
mencionado.

b) Inconformidad

El accionante Juan Carlos Marín Rodríguez consideró que el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Primera de Decisión, vulneró sus derechos fundamentales al
mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y,
junto con ellos, los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.

Para el efecto, afirmó que la autoridad precitada desconoció el artículo 122 del
Decreto Ley 1333 de 1986, mediante el cual se dispuso que los acuerdos de los
concejos municipales serán obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese entendido, aseguró que
la decisión de aquella atenta contra los principios mencionados, pues para el
momento en que los ciudadanos pagaron sus impuestos el Acuerdo núm. 14 de
2021 se encontraba vigente y, por ende, su aplicación era obligatoria; de ahí que no
sea dable imponerle cargas excepcionales a los contribuyentes que no tienen el
deber de soportar, comoquiera que su comportamiento estuvo orientado por la
presunción de validez y la obligatoriedad del acto administrativo señalado.

Asimismo, manifestó que esa Sala incurrió en (i) violación directa de la Constitución
Política, al no observar el derecho al debido proceso, concretamente la garantía de
que las personas sean juzgadas conforme a las normas preexistentes; (ii) defecto
procedimental absoluto, puesto que no tuvo en cuenta que los deudores morosos
en la administración municipal son personas determinadas, por lo que los actos
administrativos que puedan afectarlos son de carácter particular y, en esa medida,
deben ser citados a los procesos de invalidez, para poder defender sus intereses y
(iii) decisión sin motivación, dado que en la providencia cuestionada no se señalaron
los fundamentos para aplicar el efecto retroactivo.

Finalmente, sostuvo que la accionada no tuvo en cuenta que la Gobernación de
Risaralda vulneró el derecho a la igualdad, puesto que desconoció los ordinales 2.°
y 3.° del artículo 3.° del CPACA, comoquiera que otros actos administrativos que
generaron los mismos beneficios tributarios que concedió el municipio de Pereira
no se tramitaron bajo el mismo medio de revisión de invalidez regulado en el Decreto
1333 de 1986, por ejemplo, el Acuerdo núm. 27 de 2020, en el cual el municipio de
Dosquebradas previó unos beneficios idénticos a sus contribuyentes, sin que el ente
territorial lo cuestionara a través del proceso de invalidez.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos la parte motiva y
resolutiva de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, en el proceso con número
de radicado 2021-00240-00, para, en su lugar, ordenarle declarar la validez del

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Acuerdo núm. 14 de 2021, incluido el artículo 17, por encontrarse acorde con el
ordenamiento jurídico. De forma subsidiaria, peticionó decretar que el referido
artículo aplicará para los contribuyentes en los tributos señalados, para la vigencia
del año gravable 2020.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Municipio de Pereira

La apoderada judicial del municipio de Pereira, Tatiana Andrea Granados Cárdenas,
advirtió que el presente asunto no es ajeno al ente territorial, por cuanto el proyecto
de acuerdo que eventualmente se convertiría en el Acuerdo núm. 14 de 2021 fue
iniciativa del municipio de Pereira y, por consiguiente, fue el responsable de la
motivación de aquel. En ese sentido, manifestó que tanto la revisión de validez como
una acción de tutela que en su momento presentó han sido actuaciones judiciales
que ha empleado la entidad territorial para defender la legalidad y sobre todo las
competencias del Concejo Municipal, respecto al decreto de amnistías tributarias en
sus ingresos endógenos.

Ahora bien, en relación con la acción de la referencia, adujo que el proceso de
revisión de validez, previsto en los artículos 118 y siguientes del Decreto Ley 1333
de 1986, no corresponde a una acción contenciosa administrativa, sino a un proceso
especial de única instancia, cuya sentencia reviste los mismos efectos de una
proferida con ocasión a la interposición de una acción de nulidad simple contra los
acuerdos municipales, pero con la diferencia que en este último se tiene la garantía
del ejercicio de los recursos ordinarios de reposición y apelación, de tal suerte que
la acción de tutela interpuesta ante el Consejo de Estado se convierte en el único
medio disponible para atacar las violaciones a los derechos fundamentales por parte
del Tribunal Administrativo de Risaralda en la providencia que declaró inválido el
artículo 17 del Acuerdo núm. 14 de 2021.

Explicitó que la trasgresión al debido proceso se produjo por la orden impartida por
el Tribunal multicitado en la sentencia cuestionada, consistente en aplicar un efecto
retroactivo a situaciones jurídicas consolidadas, dado que el pago de los
contribuyentes, con base en el beneficio tributario adoptado en el precitado artículo,
dio lugar a la terminación de procesos sancionatorios, de fiscalización y de cobro
coactivo, así como al levantamiento de medidas cautelares, los cuales, a pesar de
haber culminado, deben reabrirse con ocasión al efecto retroactivo de la referida
sentencia, lo que no solo afecta el debido proceso, sino que también desconoce la
prohibición de aplicar retroactivamente las normas tributarias.

Al respecto, precisó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-011/2020,
manifestó que la irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda
tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma
impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que regula, con
el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de aquella y por
los eventuales realizadores de los hechos generadores del gravamen, evitando de
esta manera que los sujetos pasivos de la obligación tributaria puedan ser tomados

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por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del principio de legalidad, a
partir del cual se amparan los hechos causados y consolidados bajo el imperio de
una normativa jurídica.

De otra parte, comunicó que el ente territorial promovió ante el Consejo de Estado
una acción de tutela con similares hechos en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, la cual se encuentra identificada con el número
de radicado 2021-09687-00.

Tribunal Administrativo de Risaralda

El magistrado Fernando Alberto Álvarez Beltrán informó que esa corporación ya fue
accionada por las mismas pretensiones, a través de la tutela con número de
radicado 2021-09687-00, la cual fue declarada improcedente el 17 de enero de 2022
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Asimismo, afirmó que la
señora María Elsy Araujo Muñoz y los señores Isnel Antonio López Narváez y Liliana
Patricia Valencia Restrepo interpusieron acción de tutela en iguales condiciones que
la de la referencia, a las cuales les fueron asignados los números de radicado 2022-
01649-00 y 2022-01939-00 y se encuentran en trámite en la Subsección A de la
Sección Segunda y en la Sección Quinta de esa misma corporación,
respectivamente.

Ahora bien, con respecto al caso concreto, sostuvo que el 30 de septiembre de 2021
la Sala Primera de Decisión del Tribunal declaró, con efectos retroactivos, la
invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal 14 del 6 de julio de 2021 expedido
por el Concejo Municipal de Pereira, «[p]or medio del cual se adoptan medidas de
reactivación económica en el municipio de Pereira y se dictan otras disposiciones»,
en el proceso de invalidez con número de radicado 2021-0240-00, promovido por el
gobernador del departamento de Risaralda, en ejercicio de la facultad prevista en el
numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política.

Igualmente, manifestó que el 9 de agosto de 2021 ordenó fijar en lista el proceso
referido por el término de diez días, durante los cuales el agente del Ministerio
Público y cualquier otra persona podrían intervenir para defender o impugnar la
constitucionalidad o legalidad del Acuerdo y solicitar la práctica de pruebas. Agregó
que en ese plazo el accionante no allegó ningún pronunciamiento, por lo que no
puede pretender convertir la acción de tutela en una instancia adicional, para ventilar
las inconformidades que no planteó en la oportunidad otorgada para ello, pues se
estaría incumpliendo con el requisito de subsidiaridad, ante la falta de utilización de
los mecanismos que tenía a su alcance.

En todo caso, advirtió que en la providencia cuestionada se dejaron plasmados los
argumentos y consideraciones que motivaron la decisión de invalidez del artículo
mencionado, los cuales guardan consonancia con la reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, cumpliéndose así con la carga
argumentativa que imponen las decisiones judiciales. Para el efecto, explicó que de
la lectura del artículo 17 del referido Acuerdo se desprende que la reducción del 100
% y 50 % de los intereses moratorios y sanciones previstas en esa norma, aplicada

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a obligaciones por impuestos en general adeudados, se traduce en una amnistía
tributaria que solo puede otorgarse por el legislador y no por la entidad territorial, en
atención a la reserva que consagra el artículo 294 superior, pues se trata de la
condonación del pago de intereses moratorios y sanciones sobre impuestos de
vigencias que ya se encuentran causadas y consolidadas.

Además, señaló que si bien es cierto que en la exposición de motivos del Acuerdo
se indicó que su fundamento recae en la situación excepcional de la pandemia
COVID-19, también lo es que la Corte Constitucional ha indicado que cualquier
amnistía tributaria que las entidades territoriales resolvieran acoger con base en
dicha circunstancia, no podría proyectarse sobre obligaciones fiscales, cuya
exigibilidad se hubiere materializado antes de la emergencia sanitaria que declaró
el Ministerio de Salud.

Asimismo, expuso que la decisión de los efectos retroactivos tuvo su génesis en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y las disposiciones aplicables al caso,
que llevaron a concluir que como la sentencia C-448 de 2020, que declaró la
inexequibilidad de los artículos 6.° y 7.° del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo
de 2020, con efectos ex nunc, fue proferida el 15 de octubre de 2020, a partir de
ese momento dicha norma no debía ser reproducida como fundamento para la
expedición de ningún acuerdo, pues se consideró que la misma tenía efectos erga
omnes, razón por la cual el Concejo Municipal de Pereira no podría sustentar el
multicitado acto en una norma inexequible, pues el mismo fue aprobado hasta el 6
de julio de 2021, por lo que se configura su retroactividad, dado que los hechos o
consecuencias jurídicas que se crearon por la emisión de aquel, fueron generados
con fundamento en una norma declarada inconstitucional.

Por los anteriores argumentos, concluyó que no se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados y, en esa medida, solicitó rechazar por improcedente la
acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo deprecado, al haberse
demostrado que la providencia censurada no adolece de vicio alguno que permita
dejarla sin efecto.

Procuraduría General de la Nación

El procurador treinta y siete judicial II en asuntos administrativos, Jhon James
Montoya Castro, indicó que los hechos que dieron origen a las acciones de la
referencia están relacionados con la petición efectuada por el gobernador de
Risaralda para declarar la invalidez del Acuerdo 14 de 2021, trámite que le
correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda y que, en su criterio, se
adelantó conforme a lo previsto en el artículo 80 del Decreto 1222 de 1986.

Sobre el particular, aclaró que el accionante tuvo la oportunidad de intervenir para
defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del Acuerdo y solicitar la
práctica de pruebas si lo consideraban necesario, cuando la autoridad judicial
efectuó la respectiva fijación en lista, término dentro del cual guardó silencio, por lo
que no puede, en una etapa posterior, alegar la vulneración de sus derechos

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fundamentales, pues ello convertiría a este mecanismo constitucional en una
instancia adicional al mencionado proceso.

De otra parte, informó que el 6 de abril de 2022 ese despacho presentó concepto
por los mismos hechos en la acción de tutela con número de radicado 2022-01649-
00. En esos términos, solicitó denegar, por improcedente, el amparo requerido por
el señor Juan Carlos Marín Rodríguez.

Departamento de Risaralda

La profesional del derecho Diana Milley Cruz Escobar indicó que el gobernador del
departamento de Risaralda peticionó al Tribunal Administrativo de Risaralda
declarar la invalidez del Acuerdo núm. 14 de 2021, al considerar que, en su artículo
17, se configuró una extralimitación en el ejercicio de las funciones, pues en él se
otorgó una reducción de sanciones e intereses moratorios para las rentas de
carácter tributario, sin que existiera una ley que así lo permitiera.

En esa medida, manifestó que el departamento de Risaralda no comparte la postura
del accionante frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, toda vez
que la invalidez ordenada obedeció al precedente vertical y constitucional que existe
frente a los alivios tributarios y el derecho de igualdad que les asiste a los
ciudadanos que pagan sus impuestos dentro de los términos de ley. Asimismo,
aclaró que el ente territorial ha actuado de manera imparcial frente a los acuerdos
emitidos por los diferentes municipios sobre las rebajas de sanciones e intereses,
puesto que los ha enervado a través del mismo medio de control, por lo que
consideró que no se vulneró el derecho a la igualdad reclamado.

Adicional a ello, sostuvo que la retroactividad ordenada por la autoridad judicial
referida está acompasada con la misma invalidez, ya que sin esta, el incentivo
tributario fuera de la ley, se convertiría en un mecanismo de recaudo que tendría
validez hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre su irregularidad, dando
lugar a un tratamiento tributario diferenciado de manera injustificada, de cara al
ciudadano que paga los tributos cumplidamente transgrediendo el principio de
igualdad y equidad tributaria, y con el detrimento patrimonial que conlleva.

De otro lado, resaltó que el 25 de marzo de 2022 la Sección Primera del Consejo
de Estado confirmó la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera
de esa corporación, en la que declaró improcedente la acción de tutela con número
de radicado 2021-09687, promovida por el municipio de Pereira, con base en
similares supuestos fácticos, ante el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, debido a que la parte accionante pretendía reabrir el debate que ya
había sido objeto de análisis en sede ordinaria.

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales –ASOCAPITALES–

El abogado Everaldo Lamprea Montealegre aseguró que la acción de la referencia
cumple con los requisitos de procedibilidad generales y especiales que exige la
jurisprudencia constitucional para instaurar ese mecanismo en contra de una

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providencia judicial. Al respecto, precisó que esta acción tiene interés constitucional
desde varias ópticas, puesto que se discute la vulneración al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y al principio
constitucional de irretroactividad de las normas tributarias. Asimismo, sostuvo que
el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial
no es exigible en este caso, porque el control de revisión de validez es un proceso
de única instancia. De igual forma, esclareció que la providencia reprochada no se
trata de una sentencia de tutela.

Ahora, con respecto a las causales específicas de procedibilidad, afirmó que el
Tribunal Administrativo de Risaralda desconoció el principio de irretroactividad de
las normas tributarias, pues le concedió efecto retroactivo (ex tunc) a su decisión de
declarar inconstitucional el artículo 17 del Acuerdo Municipal 14 de 2021. Además,
indicó que aquella autoridad incurrió en defecto sustantivo por la indebida
interpretación de los artículos 287, 294, 313 y 338 de la Constitución Política y por
la indebida aplicación de los precedentes jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre la materia.

Finalmente, explicó que si bien es cierto que el municipio de Pereira ya discutió bajo
este mismo trámite la sentencia del 30 de septiembre de 2021, también lo es que
esto lo hizo desde su perspectiva, por lo que no puede equipararse a la hoy
presentada por el señor Juan Carlos Marín Rodríguez, en la medida en que esta
tiene que ver con la afectación directa que sufren los contribuyentes de esa entidad
territorial en razón de la comentada providencia, de manera que el análisis de
derechos y su intensidad debe ser diferente.

Por lo anterior, solicitó acceder a la totalidad de las pretensiones formuladas en la
presente acción de tutela y, en ese sentido, declarar que la corporación judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales del hoy accionante y de todos los
contribuyentes del municipio de Pereira que pagaron los impuestos con ocasión al
artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021.

Central Mayorista de Alimentos Propiedad Horizontal (Mercasa PH)

La señora Gloria Cecilia Ochoa Rincón, representante legal de la empresa
precitada, manifestó coadyuvar la petición de amparo, para lo cual empleó los
mismos argumentos que expuso el accionante en su escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015

referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

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«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no
tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la
decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error
judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos
constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o
exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f)
decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿El señor Juan Carlos Marín Rodríguez intervino dentro del proceso de
invalidez del Acuerdo 14 de 2021 que promovió la Gobernación de Risaralda
y, en esa medida, se encuentra legitimado en la causa por activa?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
legitimación en la causa por activa y (II) ausencia de legitimación para actuar en el
caso concreto. Veamos:

I. Legitimación en la causa por activa

En el artículo 86 de la Constitución Política se prevé la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela. La
norma indica que esta puede ser presentada: 1. Directamente por la persona que
estime vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, 2. A través de su
representante legal, 3. Por medio de apoderado judicial, 4. Por agente oficioso y 5.
Mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.

En ese sentido, se repara en que la informalidad que caracteriza a la acción de
tutela no significa que su ejercicio no esté sometido a unos requisitos mínimos de
procedibilidad, entre los cuales se encuentra la legitimación en la causa por activa.

Asimismo, se advierte que la Corte Constitucional, en la sentencia T-240 de 2004,
indicó que las únicas personas que están legitimadas para interponer una acción de
tutela contra una providencia judicial y solicitar la protección de los derechos
fundamentales que consideran vulnerados al incurrirse en una vía de hecho, son las
que intervinieron en el respectivo trámite. Ciertamente una persona que alega la

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vulneración de un derecho fundamental con ocasión de una decisión judicial dictada
dentro de un proceso debe haber intervenido en él, para poder considerar la
existencia de dicha transgresión.

II. Ausencia de legitimación para actuar en el caso concreto

El señor Juan Carlos Marín Rodríguez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad y la salvaguarda de los principios de buena fe, confianza legítima
y seguridad jurídica, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, al expedir la providencia del 30 de septiembre
de 2021, mediante la cual declaró, con efectos retroactivos, la invalidez del artículo
17 del Acuerdo núm. 14 de 2021.

Como fundamento de lo anterior, sostuvo que la autoridad precitada desconoció el
artículo 122 del Decreto Ley 1333 de 1986, mediante el cual se reguló que los
acuerdos de los concejos municipales serán obligatorios mientras no sean anulados
o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, e incurrió en (i)
violación directa de la Constitución Política, al no atender a la garantía de que las
personas sean juzgadas conforme a las normas preexistentes; (ii) defecto
procedimental absoluto, por no tener en cuenta que los deudores morosos en la
administración municipal son personas determinadas, de ahí que los actos
administrativos que puedan afectarlos sean de carácter particular y, en esa medida,
deben ser citados a los procesos de invalidez, para poder defender sus intereses y
(iii) decisión sin motivación, debido a que en la providencia cuestionada no se
señalaron los fundamentos para aplicar el efecto retroactivo..

Pues bien, para determinar si hay lugar a analizar de fondo la anterior controversia,
es necesario verificar si la parte accionante se encuentra legitimada para acudir a
la presente acción de tutela y reclamar el amparo de los derechos antes enunciados.
Así, se advierte que, de conformidad con el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de
1986, en el proceso de validez puede intervenir cualquier persona para defender o
impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y, además, solicitar la
práctica de pruebas.

Ahora, una vez revisado el material probatorio que reposa en el expediente, se
observa que el señor Juan Carlos Marín Rodríguez no intervino en el proceso de
invalidez con número de radicado 2021-00240-00, promovido por la Gobernación
de Risaralda en contra del Acuerdo núm. 14 de 2021 expedido por el Concejo
Municipal de Pereira, mediante el cual se adoptaron medidas de reactivación
económica en ese municipio.

En efecto, la Subsección denota que el 9 de agosto de 2021 el Tribunal
Administrativo de Risaralda ordenó fijar el referido proceso en lista, por el término
de diez días, durante los cuales el agente del Ministerio Público y cualquier otra
persona podían intervenir y solicitar la práctica de pruebas. Igualmente, se avizora
que esta decisión fue notificada por estado el 2 de agosto de 2021. Sin embargo,
no se aprecia que el hoy accionante haya participado en él, pues solo se observa

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la actuación del municipio de Pereira, del ciudadano Dilber Leandro Vargas Díaz y
del Ministerio Público.

Sobre el particular, se reitera que, tratándose de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional5 y
del Consejo de Estado6 ha sido admitir su procedencia excepcional, para garantizar
la protección de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el respectivo
proceso judicial, cuando estos se ven afectados por la configuración de un defecto.

Sin embargo, los sujetos que hayan podido participar en el proceso, a través de los
mecanismos judiciales previstos para el efecto, y no lo hicieron carecen de
legitimidad, en sede de tutela, para cuestionar una actuación judicial. Lo anterior, en
razón a que la vulneración alegada necesariamente presupone que se ha actuado
en un proceso y que es allí donde ha ocurrido la transgresión, por causa o con
motivo de la decisión judicial y, por ello, mal puede una persona alegar que se
conculcaron sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, cuando no intervino dentro del mismo.

Así las cosas, el hecho de tener interés en un proceso determinado no se traduce
necesariamente en la legitimidad para actuar mediante acción de tutela contra las
providencias que allí se profieran, por cuanto en estos casos aquella no es un
proceso aislado del ordinario, en la medida en que la afectación de los derechos
fundamentales se concreta durante el trámite judicial correspondiente, frente a
quienes en él actúen.

En ese orden de ideas, se concluye que el señor Juan Carlos Marín Rodríguez no
está legitimado para interponer la presente acción de tutela en contra de la
providencia emitida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, ya que, a pesar de contar con la oportunidad
de participar al interior del proceso, cuya decisión hoy se controvierte, se abstuvo
de intervenir en él y, en esa medida, no puede considerarse que sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
fueron vulnerados en aquel.

Por lo anterior, ante la falta de interés para actuar de la parte accionante, no es
posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre los argumentos de inconformidad
planteados. En consecuencia, se rechazará por improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Carlos Marín Rodríguez en contra del Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión.

5 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
6Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Juan Carlos Marín Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Primera de Decisión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

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