Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01955-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
26 de mayo de 2022
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2022-01955-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-01955-00
Demandante: MARTA CECILIA VANEGAS GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la señora Marta Cecilia
Vanegas González en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito enviado el 29 de marzo de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, la señora Marta Cecilia Vanegas
González, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia.
Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión del auto del 16 de
marzo de 2022, a través del cual la autoridad judicial denegó el decreto de la
medida cautelar de embargo dentro del proceso ejecutivo con radicado 05001-23-
33-000-2018-01565-00, promovido por la accionante y otros en contra de la
Fiscalía General de la Nación.
En concreto, solicitó a esta Corporación:
“1a.) Que se AMPARE el Derecho Constitucional Fundamental de los
accionantes porque en este caso la Autoridad Pública Accionada dictó una
Decisión desconociendo el DERECHO SUSTANTIVO Y SUS
INSTITUCIONES JURIDICAS (sic) Y EL PRECEDENTE JUDICIAL en materia
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2022-01955-00
de DEBIDO PROCESO Y ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA PAGO DE
LAS SENTENCIAS Y MEDIDAS CAUTELARES.
2a). En consecuencia: Se ordene DEJAR SIN NINGÚN VALOR O EFECTO,
la Decisión del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, de /marzo 16 de 2022 Auto interlocutorio radicado 05001-23-33-
000-2018-01565-00 medio de control ejecutivo conexo demandante Jorge
Mario Vanegas González, y otros demandado Fiscalía General de la Nación
tema EMBARGABILIDAD DE LA SENTENCIA en proceso ejecutivo conexo M
P Beatriz Jaramillo Muñoz.
3) Se ORDENE EL EMBARGO DE LAS CUENTAS BANCARIAS COMO
MEDIDA CAUTELAR.” (Resaltado del texto original)
2. Hechos
Del escrito de tutela y la revisión del expediente ordinario se extraen los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a
adoptar dentro del presente asunto.
Mediante sentencia proferida el 10 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, confirmada parcialmente por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C a través de fallo del 10 de diciembre de 2015, se declaró
administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la
privación injusta de la libertad del señor Jorge Mario Vanegas González durante el
período comprendido entre el 17 de julio de 1998 y el 16 de septiembre de 2000.
Con base en lo anterior, se le condenó a pagar la suma de 100 SMMLV en favor
de los señores Jorge Mario Vanegas González, Andrés Felipe Vanegas Vélez,
Cecilia Inés González Betancur, María Camila Betancur Mejía y Lina Isabel Vélez
Torrez, y de 50 SMMLV para los señores Marta Cecilia, Juan Carlos, Frank
Esteban y Roberto León Vanegas González, por concepto de perjuicios
materiales.
Así mismo, la suma de $29.920.707 como lucro cesante en favor del señor Jorge
Mario Vanegas González.
Ante la demora en el pago por parte de la entidad, los demandantes dentro del
proceso ordinario radicaron demanda ejecutiva ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia con el fin de que ordenara el cumplimiento de la sentencia.
Mediante auto del 31 de octubre de 2018, la autoridad judicial decidió librar
mandamiento de pago en favor de la parte demandante y a través de providencia
del 7 de junio de 2019 se rechazaron de plano las excepciones propuestas por la
entidad demandada.
Por medio de auto del 27 de junio de 2019 se ordenó seguir adelante la ejecución
y con proveído del 23 de agosto siguiente, se modificó la liquidación del crédito
presentada por la parte actora, la cual se fijó en cuantía de $954.143.542.
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2022-01955-00
A través de escrito presentado el 11 de febrero de 2022, los demandantes
solicitaron el embargo de los recursos depositados en las cuentas bancarias cuyo
titular es la Fiscalía General de la Nación, con el fin de hacer efectivo el pago
reclamado.
Mediante auto del 16 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
determinó la inembargabilidad de dichas cuentas, debido a que sus dineros
correspondían a recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, razón
por la cual denegó el decreto de la medida cautelar solicitada.
3. Sustento de la vulneración
Según la parte actora, a través de la providencia censurada se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.
Al respecto, indicó que todos los demás despachos sí ordenan el embargo de ese
tipo de recursos, debido a que una de las excepciones al principio de
inembargabilidad de este tipo de cuentas bancarias es el pago de acreencias que
provengan de una sentencia.
Consideró que la autoridad judicial desconoció el precedente plasmado en las
sentencias C-1154 de 2008, C-103 de 1994, C-353 de 1997 y T-048 de 2019, en
las que la Corte Constitucional estableció las excepciones a la cláusula de
inembargabilidad del presupuesto general de la Nación, entre las que se
encuentra la ejecución de sentencias y títulos emanados de la administración.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto del 31 de marzo de 2022 se inadmitió la solicitud de amparo con
el objeto de que se aportaran los poderes debidamente conferidos por la parte
actora al abogado Julián Fernando Roldán Gil o, en su defecto, acreditaran los
requisitos para ejercer la agencia oficiosa de los demandantes.
En atención a que únicamente la señora Marta Cecilia Vanegas González remitió
escrito en el que ratificó que le confería poder al profesional del derecho antes
referido para que ejerciera su representación en el presente asunto, mediante auto
del 29 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela únicamente respecto de
ella y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al fiscal general de la Nación y a los señores Jorge Mario Vanegas González,
Andrés Felipe Vanegas Vélez, Cecilia Inés González Betancur, María Camila
Betancur Mejía, Lina Isabel Vélez, Juan Carlos Vanegas González, Frank Esteban
Vanegas González y Roberto León Vanegas González, quienes también hicieron
parte del trámite judicial objeto de controversia.
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2022-01955-00
Se precisa que su notificación se llevó a cabo mediante publicación efectuada en
la página web del Consejo de Estado el 22 de abril de 2022, según consta en el
índice 18 del expediente electrónico visible en SAMAI.
5. Argumentos de defensa
Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:
5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
La magistrada ponente de la decisión cuestionada solicitó que se deniegue el
amparo solicitado.
Al respecto, aclaró que no desconoce la jurisprudencia sobre la procedencia del
embargo de cuentas como las que fueron objeto de solicitud, pero advirtió que
para poder decretar la medida cautelar frente a recursos inembargables debe
existir una ley que así lo autorice.
Refirió que el artículo 594 del Código General del Proceso precisa cuales son los
bienes inembargables, entre los que se encuentran los recursos incorporados en
el presupuesto general de la Nación, como sucedía en el caso objeto de
controversia.
Agregó que en el parágrafo de dicha norma se dispuso que en el evento en el que
fuera procedente decretar la medida, a pesar del carácter inembargable de los
recursos, el funcionario judicial o administrativo debe invocar el fundamento legal
para su procedencia.
Informó que, previo a embargar las cuentas bancarias indicadas por la parte
demandante, el despacho ofició a los bancos Davivienda y Popular para verificar
la embargabilidad de los dineros depositados por la Fiscalía General de la Nación.
Resaltó que ambas entidades informaron que los recursos que obraban en dichas
cuentas eran de carácter inembargable por estar incorporados al Presupuesto
General de la Nación.
Adujo que el artículo 230 de la Constitución Política consagra que los jueces solo
están sometidos al imperio de la ley, mientras que la equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.
Sostuvo que, en tal sentido, no existe una norma que habilite a los jueces para
decretar el embargo de las rentas incorporadas al presupuesto general de la
Nación, en contraste con lo consagrado en el artículo 594 del Código General del
Proceso, que estableció la inembargabilidad de este tipo de recursos.
Reiteró que no desconoce los pronunciamientos acerca de las excepciones al
principio de inembargabilidad, pero en aplicación del artículo 230 constitucional,
debe someterse al impero de la ley sobre este punto.
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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Concluyó que no incurrió en error alguno al determinar la inembargabilidad de los
dineros de la Fiscalía General de la Nación, debido a que no hay una norma que
autorice el embargo sobre estos recursos.
5.2. Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la entidad se pronunció en los siguientes términos:
Consideró que la parte actora no sustentó las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Aseguró que no se acreditó la configuración de defecto alguno, ya que en el
escrito de tutela no se determinó claramente en que consistió la interpretación
irregular de la ley o la Constitución por parte del tribunal demandado.
Señaló que tampoco se desconoció el derecho fundamental al debido proceso de
la accionante, ya que la autoridad judicial respetó cada una de las garantías de las
partes dentro del trámite judicial.
Por otra parte, indicó que los recursos de la Fiscalía General de la Nación se
encuentran incorporados al Presupuesto General de la Nación, así que ostentan el
carácter de inembargables en virtud de lo dispuesto en el artículo 594 del Código
General del Proceso.
Aclaró que esos recursos deben destinarse para el cumplimiento del objeto legal
de la entidad y no para la provisión de obligaciones que surjan de procesos
judiciales en los que haga parte, situación que refuerza su carácter inembargable.
En tales condiciones, solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en
su defecto, se deniegue el amparo solicitado, al no encontrarse acreditada la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión! del auto del 16 de marzo de 2022, a través del cual la autoridad judicial
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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denegó el decreto de la medida cautelar de embargo dentro del proceso ejecutivo
con radicado 05001-23-33-000-2018-01565-00, promovido por la accionante y
otros en contra de la Fiscalía General de la Nación.
Para el efecto, se deberá establecer si la decisión cuestionada desconoció el
precedente relacionado con la excepción a la inembargabilidad del presupuesto
general de la Nación cuando se trate del pago de acreencias que provengan de
una sentencia judicial.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales2,
conforme al cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
!
1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
3
Idem.
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Demandante: Marta Cecilia Vanegas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva - Subsidiariedad
La parte actora controvierte el auto del 16 de marzo de 2022, a través del cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia denegó el decreto de la medida cautelar de
embargo dentro del proceso ejecutivo con radicado 05001-23-33-000-2018-01565-
00, promovido por la accionante y otros, en contra de la Fiscalía General de la
Nación.
Lo anterior, al considerar que los dineros depositados por la entidad en distintas
cuentas bancarias tenían el carácter de inembargables, por estar incorporados al
presupuesto general de la Nación.
!
4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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En síntesis, la inconformidad de la actora radica en que la autoridad judicial
desconoció que los demás despachos sí ordenan el embargo de ese tipo de
recursos, comoquiera que el pago de acreencias provenientes de sentencias
judiciales constituye una excepción al principio de inembargabilidad.
Además, la accionante considera que se desconoció el precedente plasmado en
las sentencias C-1154 de 2008, C-103 de 1994, C-353 de 1997 y T-048 de 2019,
en las que la Corte Constitucional estableció las excepciones a la cláusula de
inembargabilidad del presupuesto general de la Nación, entre las que se
encuentra la ejecución de sentencias y títulos emanados de la administración.
Al margen de la razonabilidad de los argumentos planteados por la parte actora, lo
cierto es que el juez constitucional no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento desconoció el precedente invocado, ya que tal
análisis corresponde al juez natural en instancias del recurso de apelación.
Sobre el punto, la Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de
subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con el artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el auto que decrete, deniegue o modifique una
medida cautelar es susceptible del recurso de apelación.
La norma en cuestión es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de
primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente
el mandamiento ejecutivo.
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto
que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los
perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en
norma especial.” (Destacado por la Sala)
En consideración a lo anterior, es evidente que la inconformidad con la decisión a
través de la cual se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte
actora, debía ser ventilada a través del recurso de apelación.
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Debido a lo expuesto, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad.
Sobre este presupuesto, el artículo 86 de la Constitución Política consagró la
acción de tutela en los siguientes términos:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)
De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:
“La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo
pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla
fuera de texto)
Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:
“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario,
proceda al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias
de que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger
de manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que
existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el
mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de
manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.
En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”
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De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.
En el caso concreto, es evidente que frente a la decisión que se cuestiona a través
de la solicitud de amparo procedía el recurso de apelación, mecanismo judicial
idóneo al cual podía acudir la parte actora para plantear ante el juez natural el
yerro advertido en el escrito de tutela.
Por lo tanto, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las
pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la misma no cumple con
el requisito de subsidiariedad que debe caracterizarla.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Marta Cecilia Vanegas González contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Marta Cecilia Vanegas González, de conformidad con lo señalado en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
CUARTO: Corríjase el nombre de la parte actora en el expediente y en los
sistemas de gestión judicial correspondientes, bajo el entendido de que la
accionante es la señora Marta Cecilia Vanegas González, de conformidad con lo
ordenado en el numeral séptimo del auto admisorio del 21 de abril de 2022.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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