Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01956-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01956-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01956-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de mayo de 2022
Demandante: Karen Yisela Cermeño Grandett
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01956-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01956-00
Demandante: KAREN YISELA CERMEÑO GRANDETT
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA
Y OTRO
Temas: Tutela de fondo – contra acto administrativo – declara la
improcedencia por no superar el requisito adjetivo de la
subsidiariedad – niega el cargo del derecho de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo presentado por la señora Karen Yisela Cermeño
Grandett, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. A través de escrito radicado el 29 de marzo de 2022, al correo del Centro
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, y remitido el mismo día
al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Karen
Yisela Cermeño Grandett, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela
contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y el Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
igualdad, al mínimo vital y de acceso a cargos públicos, en concordancia con los
principios de confianza legítima, mérito y seguridad jurídica.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la Resolución N.º 8 del 18 de febrero de 2022, a través de la cual
el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería –
Córdoba: i) acogió el concepto favorable de traslado resuelto mediante la
Resolución N.º CSJCOOP22-40 del 3 de febrero de 2022, proferido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba y; en consecuencia, ii) nombró en
propiedad en el cargo de escribiente municipal a la señora Silsa Isabel Tirado
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Demandante: Karen Yisela Cermeño Grandett
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y otro
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Santos, “desconociendo la lista de elegibles conformada para proveer dicho cargo, en la
que ocupo el primer puesto”.
3. Asimismo, aseguró que a través de mensaje de datos remitido el 25 de
marzo del año en curso, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
que le remitiera copia de: i) la Resolución N.º CSJCOOP22-50 del 20 de enero de
2022, por medio de la cual se dictó concepto de traslado desfavorable para la
señora Tirado Santos y; ii) de la Resolución N.º CSJCOOP22-40 del 3 de febrero
del año en curso que repuso la primera decisión y, en su lugar, profirió concepto
favorable de traslado.
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
“PRIMERA: DEJAR SIN EFECTO la Resolución No CSJCOR22-40 del 3 de
febrero de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.
SEGUNDA: Ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CÓRDOBA emitir un nuevo concepto de traslado, teniendo en cuenta lo
dictaminado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en un caso
similar y vinculando a mi persona, como tercera persona interesada.
TERCERA: EN CONSECUENCIA, de lo anterior anular el trámite de
nombramiento desde la Resolución N.º 8 de 2022, del CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO DE
MONTERÍA – CÓRDOBA, en adelante y las actuaciones subsiguientes que se
deriven de ella, a fin de que se reinicie el trámite de nombramiento una vez se
tenga el concepto emitido por el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE CÓRDOBA, respetando el debido proceso.
CUARTA: Las demás pretensiones que usted considere pertinentes señor
juez”. (Sic a toda la cita).
5. Como medida provisional, solicitó:
“SUSPENDER los efectos jurídicos de la Resolución N.º 8 de 2022, expedida
por el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ORAL
ACUSATORIO DE MONTERÍA – CORDOBA (sic)”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
6. A través del Acuerdo N.º CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017,
modificado por el Acuerdo N.º CSJCOA17-63 del 11 de octubre de 2017, inició el
proceso de selección y se convocó al concurso de méritos para conformar el
registro seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.
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7. Indicó la accionante que el 3 de febrero de 2019 se llevaron a cabo las
pruebas de conocimiento, competencias, aptitudes y/o habilidades, en las que
participó para el cargo de escribiente municipal del centro de servicios judiciales.
8. A través de la Resolución N.º CSJCOR10-151 del 17 de mayo de 2019, se
publicó el resultado de las mencionadas pruebas, en la que obtuvo el puntaje de
829.34.
9. Mediante la Resolución N.º CSJCOR21-268 del 21 de mayo de 2021, se
publicó la lista de elegibles para el cargo de escribiente municipal del centro de
servicios judiciales, en la que ocupó el primer lugar con un puntaje de 597,73.
10. Mencionó que el 11 de enero de 2022 fue publicada la vacante del citado
cargo en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Montería Córdoba, puesto al que optó “(…) en uso de la lista de elegibles de la cual
hago parte, además resulta pertinente indicar que es el único cargo al que puedo aplicar
puesto que, en el distrito judicial de Córdoba, solo existe este cargo en el despacho antes
mencionado”.
11. Por medio de la Resolución N.º 8 del 18 de febrero de 2022, el Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería – Córdoba: i)
acogió el concepto favorable de traslado resuelto mediante la Resolución N.º
CSJCOOP22-40 del 3 de febrero de 2022, proferido por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Córdoba y; en consecuencia, ii) nombró en propiedad en el cargo
de escribiente municipal a la señora Silsa Isabel Tirado Santos, “desconociendo la
lista de elegibles conformada para proveer dicho cargo, en la que ocupa el primer puesto”.
12. Inconforme con lo anterior, el 2 de marzo del año en curso, la señora
Cermeño Grandett instauró recurso de reposición contra la Resolución N.º 8 de
2022, y a través de la Resolución N.º 14 del 17 de marzo siguiente, “fue aceptado el
trámite del recurso mencionado y [a] la fecha se encuentra en término para resolverlo”.
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13. Indicó que, a través de mensaje de datos1, solicitó al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería, copia i) del concepto
favorable de traslado de la señora Silsa Isabel Tirado Santos, así como del ii)
concepto de traslado desfavorable que inicialmente se profirió en dicho caso, a lo
cual le “respondieron enviándome el primero e indicándome que [el] Consejo Seccional
de la Judicatura de Córdoba, no les remitió el primer concepto donde se negó el traslado”.
14. Con ocasión de lo anterior, el 25 de marzo de 2022 solicitó por correo
electrónico al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, copia de i) la
resolución comunicada mediante el Oficio N.º CSJCOOP22-50 del 20 de enero de
2022 (concepto de traslado desfavorable), así como ii) copia de la Resolución N.º
CSJCOR22-40 del 3 de febrero de 2022, por medio de la cual se resolvió
favorablemente el recurso de reposición interpuesto por la abogada Tirado Santos,
contra la primera resolución.
1.4. Sustento de la vulneración
15. La parte actora aseguró que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de
Montería, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a
la igualdad, al mínimo vital y de acceso a cargos públicos, en concordancia con los
principios de confianza legítima, mérito y seguridad jurídica.
16. La primera Entidad, por haber proferido la Resolución N.º CSJCOR22-40
del 3 de febrero de 2022, mediante la cual otorgó concepto favorable de traslado
de la señora Silsa Isabel Tirado Santos, sin vincularla a dicho trámite como
tercera, pese al interés que le asiste por haber ocupado el primer puesto en la lista
de elegibles para el cargo de escribiente municipal del centro de servicios
judiciales y; sin tener en cuenta que la servidora de carrera que solicitó el traslado
ocupa un cargo distinto al que optó, a saber, escribiente del Juzgado Promiscuo
Municipal de Moñitos, para el cual no se requiere acreditar conocimientos en
sistemas.
17. Asimismo, porque a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba no ha respondido la petición
que elevó el 25 de marzo del año en curso.
18. Por otro lado, reprochó que con ocasión de la Resolución N.º 8 del 18 de
febrero de 2022, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Montería – Córdoba desconoció la lista de elegibles que se
conformó para ocupar el cargo de escribiente municipal del centro de servicios;
que la señora Tirado Santos no cumple con los requisitos requeridos para
ocuparlo, ya que en la hoja de vida suministrada “(…) no acredita sus conocimientos
en sistemas, además de que ya se encuentra plenamente demostrado de (sic) que no es
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De los anexos que conforman el expediente no se encuentra ningún documento que de cuenta de la fecha en que dicho
correo electrónico fue enviado.
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el mismo cargo, por lo que en primera medida no se debió aprobar la solicitud de traslado”
y que, es el único cargo al que puede aplicar por ser el único del rango en el
distrito judicial de Montería.
19. Para el efecto, trajo a colación el Oficio N.º CJO21-802 del 9 de marzo de
2021 por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial comunicó un concepto de traslado desfavorable
en un caso en el que no se cumplía con los presupuestos determinados en el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, en
un caso igual al presente y en el que se dejó claro que no se debió conceder el
traslado por no ser el mismo cargo.
1.5. Trámite de la acción de tutela
20. Mediante auto del 8 de abril de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación
de la parte accionante, del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Córdoba y del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Montería.
21. Asimismo, vinculó a los señores Cristian David Fabra Ariza, siguiente en la
lista de elegibles, y Silsa Isabel Tirado Santos, en su calidad de titular del cargo
reclamado por la actora, y ordenó la publicación del escrito de tutela y del auto
admisorio en las páginas web del Consejo de Estado, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Córdoba y del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería. Finalmente, negó la medida
provisional solicitada por la parte actora, al no haberse acreditado hasta ese
momento procesal una situación de vulneración o total indefensión que
constituyera un perjuicio irremediable o un peligro inminente para la parte actora o
la entidad demandada.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
22. La magistrada Marrugo Díaz explicó que el hecho de que la entidad profiera
un concepto favorable de traslado y lo remita al nominador no implica que esté
obligado a acatarlo, dado que la determinación sobre la escogencia la hace el
nominador a partir de razones objetivas pues es a éste último a quien corresponde
evaluar el mérito y las cualidades profesionales tanto en el ingreso a la carrera
como en el desempeño de las funciones asignadas y, con base en ello, elegir el
mejor candidato(a) en el cargo a proveer.
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23. Desmintió que el cargo al que optó la señora Cermeño Grandett fuese el
único en el distrito judicial de Montería, ya que “existen 8 cargos de escribiente
municipal en el Centro de Servicios de los Juzgados Civiles y de Familia de Montería y 2
en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería”.
Asimismo, recordó que de conformidad con el artículo 165 de la Ley 270 de 1996,
la inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años por lo
que, si bien actualmente están ocupados en propiedad, es posible que durante la
vigencia se puedan presentar vacantes.
24. En relación con la falta de vinculación al trámite del traslado de la señora
Tirado Santos, indicó que el Acuerdo N.º PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de
2017 que lo reglamentó, establece que ello es decidido en un acto administrativo
de carácter particular y unilateral, que se dirige a crear o modificar individualmente
una situación respecto de una persona determinada, frente a la cual crea efectos,
razón por la que no procedía su notificación como tercera interesada.
25. Explicó que mediante Oficio N.º CSJCOOP22-346 del 4 de abril de 2022 se
resolvió la petición allegada a la seccional el 25 de marzo de 2022, la cual fue
enviada al correo karencerme@gmail.com en la misma fecha, tal como se
evidencia en la constancia de envío que anexó. Mencionó que allí se le indicó que
de acuerdo con la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, que regula el trámite de las
peticiones, “(…) los documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de
las personas, que tienen el carácter de reservados” no pueden entregarse a terceros,
pues para ello se requiere una autorización expresa de la servidora, por lo que
debía solicitar a la abogada Tirado Santos su visto bueno para que le sea remitida
copia de los actos administrativos que hacen parte de su historia laboral.
26. De otro lado, aseguró que la empleada de carrera Tirado Santos aportó con
el recurso de reposición una copia de su hoja de vida con los debidos soportes
(certificados de estudio, de experiencia, formato de calificación integral de
servicios y otros), por lo que el requisito de un año de estudio en derecho fue
acreditado con el título de abogada que presentó. Igualmente, afirmó que el
requisito de experiencia lo acreditó con los certificados correspondientes
expedidos por la Coordinación del Área de Talento Humano de la DESAJ
Montería, a partir de lo cual se concluyó que cumplía con todos los presupuestos
para que se avalara su solicitud de traslado y por ende revocar el concepto
desfavorable que se rindió inicialmente.
27. En todo caso, adujo que, de estimar que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba vulneró de alguna manera sus derechos, la accionante
estaba en el deber de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para
atacar los actos administrativos, en donde podría solicitar la medida de suspensión
de los mismos, habida cuenta de que fue ese el mecanismo establecido por el
constituyente y el legislador para debatir judicialmente asuntos como el que aquí
se propone.
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28. Reiteró que los conceptos favorables de traslado no son obligatorios para la
autoridad nominadora, así como tampoco lo son aquellos que resuelvan alguna
situación administrativa y que son proferidos por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial para los Consejos Seccionales de la Judicatura, debido a que son
autónomos como administradores seccionales de la carrera judicial, en virtud del
artículo 101, numeral 1º de la Ley 270 de 1996, situación que ha sido decantada
en la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.
29. Destacó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba no podía
abstenerse de poner en conocimiento del nominador, tanto la lista de candidatos
integrada por el registro de elegibles que se conformó para la provisión del cargo
que se encuentra vacante de manera definitiva, como los traslados que se
presenten en su debida oportunidad pues lo contrario desconocería las
obligaciones que establece la Constitución, la Ley 270 de 1996 y los acuerdos del
Consejo Superior de la Judicatura.
30. Resaltó que el traslado es un derecho de los servidores de carrera judicial
consagrado en el artículo 152 de la Ley 270 de 1996 que se encuentra supeditado
al cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibídem, por lo que, frente a
aquellos, las seccionales se limitan a valorar los presupuestos necesarios y emiten
un concepto previo, sin que eso implique conceder o no el traslado pues ello le
corresponde a la autoridad nominadora, con base en criterios objetivos y
ponderaciones razonables.
1.6.2. Silsa Isabel Tirado Santos
31. Hizo referencia a la naturaleza residual y subsidiaria de la tutela y a la
procedencia excepcional del mecanismo de amparo ante la presencia de sujetos
de especial protección constitucional, para concluir que en este caso la accionante
no demostró la violación de sus derechos fundamentales ni algún perjuicio
irremediable pues, de hecho, se encuentra pendiente por resolver el recurso de
reposición que interpuso contra la Resolución N.º 8 del 22 de febrero de 2022, por
medio de la cual se le nombró en el cargo que pretende la actora.
32. Asimismo, indicó que la señora Cermeño Grandett tampoco demostró algún
tipo de condición especial que permita la intervención urgente del juez
constitucional. Aseguró que, de hecho, se ha respetado el debido proceso dentro
de las actuaciones surtidas ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
y en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de
Montería, atendiendo las oportunidades procesales para que ejerza su derecho de
defensa.
33. Explicó que dentro del término de ley, solicitó a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba el traslado como servidora de
carrera, del cargo de escribiente de Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos -en
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propiedad- a de escribiente en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Oral Acusatorio de Montería, dada la publicación de vacantes definitiva que se
realizó en enero de 2022 en la página web de la Rama Judicial.
34. Que inicialmente se le dictó concepto desfavorable de traslado, por lo que
presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, argumentando que
cumple con los requisitos de ambos cargos, toda vez que es abogada titulada y
tiene más de un año de experiencia relacionada, obteniendo de esa manera, la
revocatoria de la primera decisión y, en consecuencia, el concepto favorable de
traslado que perseguía.
35. Respecto de la Resolución N.º 8 de 2022, indicó que la ahora tutelante
instauró recurso de reposición, el cual se encuentra pendiente de resolver, y del
cual se le corrió traslado.
36. Puso de presente que la señora Cermeño Grandett alegó que el hecho de
no habérsele nombrado en propiedad en el cargo que persigue vulnera sus
derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, siendo que la recurrente se
encuentra laborando actualmente en la empresa Afianzando Ya, como asistente
jurídica desde el 2 de enero de 2021 y, de hecho, con la interposición del recurso,
aportó pruebas de su experiencia laboral como abogada litigante en procesos
judiciales adelantados ante juzgados en la ciudad de Montería con fechas de 25
de agosto de 2017, 4 y 7 de marzo de 2022.
37. Expuso que en la Resolución N.º 8 de 2022 se analizaron 4 criterios, los
cuales no fueron atacados o controvertidos en la forma y el puntaje asignado pues
se encuentran enmarcados en el principio de meritocracia, y que arrojaron los
siguientes puntajes:
38. Finalmente, explicó que en relación con el caso que trajo a colación en el
que en un asunto similar al suyo se profirió concepto desfavorable de traslado a
una servidora de carrera que aspiró pasar de escribiente de juzgado a escribiente
de centro de servicios, allí sí debía proferirse concepto en tal sentido, dado que la
señora Jaraba Gutíerrez no había aprobado por lo menos 1 año de estudios en
derecho, sistemas o administración, puesto que su profesión es socióloga de la
Universidad de Antioquia y auxiliar de enfermería en CESCOR, currículum del cual
el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba tiene pleno conocimiento, lo que
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pone en evidencia que no es un precedente aplicable a este caso, ya que son
escenarios distintos.
39. En ese orden, solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo por
no superarse los presupuestos de la acción constitucional, aunado a que en este
asunto no se demostró violación alguna de los derechos invocados.
1.6.3. Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Montería
40. El juez coordinador de la entidad, luego de hacer un recuento de las etapas
que se surtieron en el concurso para proveer el cargo de escribiente municipal del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Montería en el que
participó la señora Cermeño Grandett, así como de la solicitud de concepto
favorable de traslado que presentó la señora Tirado Santos, concluyó que el
despacho que dirige no vulneró ni amenazó los derechos fundamentales de la
accionante, pues de hecho se ha ceñido a la ley y a la jurisprudencia en el trámite
de nombramiento al que las mencionadas señoras aspiraron. Finalmente, aportó la
constancia de publicación del auto admisorio y de la tutela en la página web de la
entidad.
1.6.4. Dirección Seccional de Administración Judicial de Córdoba
41. El director ejecutivo seccional envió captura de pantalla de la publicación
del escrito de tutela y del auto admisorio en la página web, y solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda.
1.6.5. El señor Cristian David Fabra Ariza2, pese a haber sido notificado en
debida forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
42. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la señora Karen Yisela Cermeño Grandett, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2
Con el objeto de notificar personalmente al señor Fabra Ariza, la Secretaría General de esta Corporación solicitó su correo
electrónico personal a la Unidad de Administración de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería, al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Córdoba y a la señora Silsa Isabel Tirado Santos, frente a lo cual no obtuvo
respuesta favorable. Por tal motivo, el 4 de mayo de 2022 publicó un aviso en la página web del Consejo de Estado, en el
que informó que con dicha publicación se entendía surtida la notificación del auto admisorio.
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2.2. Legitimación en la causa
43. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
44. Igualmente, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
45. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19973, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.
46. En la sentencia T-086 de 20104, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior
no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a
través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
47. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20115, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
48. En la sentencia T-435 de 20166, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 20167, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y se erige como un presupuesto procesal de la demanda8.
3
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
4
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso
planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna
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49. Con fundamento en el marco conceptual expuesto9, la Sala advierte que la
señora Karen Yisela Cermeño Grandett está legitimada en la causa por activa,
toda vez que, su reproche se concreta en que, pese a que superó
satisfactoriamente todas las etapas del concurso de méritos y que conformó el
primer puesto del registro seccional de elegibles para el cargo de escribiente de
Centro de Servicios, el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería resolvió acoger el concepto favorable
de traslado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y, en
consecuencia, nombró en propiedad a la señora Silsa Isabel Tirado Santos. En
ese orden, es evidente que es la titular de los derechos fundamentales que alega
como amenazados.
50. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de las entidades
demandadas, esta Sala de Decisión advierte que el Centro de Servicios Judiciales
del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería fue la entidad que profirió la
Resolución N.º 8 del 18 de febrero de 2022, a través de la cual se nombró en
propiedad a la señora Silsa Isabel Tirado Santos en el cargo de escribiente
municipal de dicha dependencia, al que también aspiraba la señora Cermeño
Grandett.
51. Asimismo, se observa que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba es la autoridad ante la cual se presentó la petición del 25 de marzo de
2022, en la que la tutelante solicitó una documental y frente a la que se alega que
a la fecha no se ha otorgado ninguna respuesta.
2.3. Problema jurídico
52. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Si el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de
Montería vulneró los derechos fundamentales de la señora Karen Yisela
Cermeño Grandett con ocasión de la Resolución N.º 8 del 18 de febrero de
2022, mediante la cual se concedió el traslado y se nombró en propiedad a
la señora Silsa Isabel Tirado Santos, por presuntamente desconocer que
ocupó el primer puesto de la lista de elegibles conformada para proveer el
cargo de escribiente municipal de dicha dependencia?
• ¿Si el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba vulneró el derecho
fundamental de petición de la señora Cermeño Grandett, ante la supuesta
omisión de respuesta a la solicitud que radicó por vía electrónica el 25 de
marzo del año en curso?
(inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas,
o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.
9
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y
por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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2.4. Razones jurídicas de la decisión
53. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) improcedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos; (iii) generalidades del derecho de
petición; y (iv) análisis del caso concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
54. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
55. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.
2.6. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
56. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.
57. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces
naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas
y la jurisprudencia.
58. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
10
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
12
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paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia11.
59. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.
60. Por tanto, esta Sala reitera12 su posición en el sentido de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para
conocer de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto
administrativo, en atención a la existencia del medio de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
61. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven,
toda vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una
decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre
revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.
2.6.1. Improcedencia de la acción de tutela para controvertir la Resolución
N.º 8 del 18 de febrero de 2022, proferida por el Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería
62. La señora Karen Yisella Cermeño Grandett considera que el Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería desconoció
sus garantías constitucionales al proferir la Resolución N.º 8 del 18 de febrero de
2022, por cuanto, en su criterio, no podía abstenerse de nombrarla en propiedad
en el cargo de escribiente municipal de dicha dependencia, al haber ocupado el
primer puesto de la lista de elegibles conformada para proveer dicho cargo.
11
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
12
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de
2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01; del 27 de mayo de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-
2021-01934-00 y; del 10 de febrero de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00322-00.
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63. Asimismo, se observa que dentro de los elementos de convicción que se
aportaron al plenario, se encuentra que la señora Cermeño Grandett, además de
recurrir la citada resolución el 2 de marzo del año en curso, solicitó posteriormente
al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería
“no resolver el recurso de reposición interpuesto (…) hasta tanto se resuelva la acción de
tutela” que ahora es objeto de estudio.
64. Finalmente, mencionó que el referido acto administrativo vulnera sus
derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, al acceso a los
cargos públicos y al mérito, con fundamento en que “en el distrito judicial de Córdoba,
solo existe un cargo denominado escribiente municipal de Centro de Servicios Judiciales”,
por lo que, si la vacante es ocupada por una persona en traslado y esta es
nombrada en propiedad, se le cercena toda posibilidad de ingresar a la carrera
judicial.
65. En ese orden de ideas, esta Sala anticipa que en el asunto objeto de
estudio habrá de declararse la improcedencia de la tutela, primero, porque la
autoridad administrativa no ha zanjado el recurso de reposición que se instauró
contra la resolución que ahora es objeto de censura y, además, porque, por regla
general, este instrumento constitucional no es apto para controvertir actos
administrativos.
66. De conformidad con el escrito de tutela, las pretensiones elevadas por la
señora Karen Yisela Cermeño Grandett se dirigen a atacar la decisión contenida
en la Resolución N.º 8 del 18 de febrero de 2022 pues, de la simple lectura de las
súplicas de la demanda se observa que lo que persigue es que se ordene al
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería que
deje sin efectos el referido acto administrativo que, goza de presunción de
legalidad.
67. Frente al punto, lo primero que vale la pena recordar es que la actora cuenta
con la posibilidad de recurrir dicha decisión en sede administrativa, lo cual ocurrió,
dado que el 2 de marzo del año en curso, en efecto, presentó recurso de
reposición contra la Resolución N.º 8 de 2022.
68. De lo anterior, llama la atención de esta Sala de Decisión el hecho de que,
posterior a la radicación de dicho recurso, la actora solicitara a la autoridad
administrativa que se abstuviera de decidir el asunto frente al que, evidentemente
le asiste un interés, hasta tanto se resuelva esta acción de tutela, como si el juez
constitucional tuviera la facultad de inmiscuirse en las decisiones administrativas
que la autoridad competente ha de adoptar en los procesos que le son inherentes.
69. Teniendo en cuenta que los actos de la administración gozan de presunción
de legalidad, deben ser controvertidos ante la jurisdicción contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, cuando se trata de
actos de contenido particular como el presente.
70. Lo anterior, pues, se insiste, el reproche de la tutelante se centra en atacar lo
resuelto por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio
de Montería que, luego de ponderar los factores objetivos de conocimiento,
comportamentales, de experiencia y de capacitación adicional que acreditaron la
señora Silsa Isabel Tirado Santos y la señora Cermeño Grandett, concluyó que
aunque ambas aspirantes cumplían con los requisitos mínimos del cargo
postulado, de la experiencia obtenida por la señora Tirado Santos en los diferentes
cargos al interior de la Rama Judicial, era evidente que “(…) ha desarrollado
funciones específicas y de mayor relación con las funciones atinentes al cargo aquí
convocado”, criterio que consideró determinante para desarrollar con mayor
precisión y certeza las funciones a desempeñar en el cargo y al interior de la
entidad.
71. A partir de ello, para esta Sección del Consejo de Estado se configura la
causal de improcedencia de que trata el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991 que
establece que, “(…) la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante”.
72. Así las cosas, esta Sala de Decisión advierte que los argumentos expuestos
por la parte actora no permiten concluir la ineficacia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho atendiendo a que, de acuerdo con lo
expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 17 de marzo
de 201513:
“(…) las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto
admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de
este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto
en el artículo 238 de la Constitución Política”.
73. Ahora, si bien en los procesos ordinarios las partes pueden solicitar el
decreto de medidas cautelares con la finalidad de proteger el objeto de la
controversia, lo cierto es que la Corte Constitucional establece que la acción de
tutela será procedente, de manera excepcional y como mecanismo transitorio,
13
Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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siempre que, i) se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que,
del contenido del acto censurado ii) se evidencie una clara afectación de un
derecho fundamental.
74. En relación con lo anterior, el máximo órgano en materia constitucional
señaló que para que, “(…) únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando,
“dadas las circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e
inminente, esto es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla
sustentado en la apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra
gravedad, desde el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza
del derecho fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que
sea necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión
antijurídica de connotación irreparable”14.
75. En ese contexto, esta Colegiatura observa que en este caso no se acreditó el
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que, como punto agravante la señora
Cermeño Grandett alegó que el cargo al que aspiró era el “único” en el distrito
judicial de Montería, lo cual fue desvirtuado por la magistrada del Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba en su intervención, al indicar que “existen 8
cargos de escribiente municipal en el Centro de Servicios de los Juzgados Civiles y de
Familia de Montería y 2 en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Montería”.
76. En ese orden de ideas, si bien es posible que actualmente todos los cargos
de igual rango al que aspiró la señora Cermeño Grandett se encuentren ocupados
por funcionarios de carrera judicial, ello no se traduce en la imposibilidad de que la
demandante acceda a los cargos públicos, dado que el término de vigencia de la
lista de elegibles que ocupó es de 4 años.
77. Asimismo, se observa que la actora también alegó la afectación de su
mínimo vital al no permitírsele posesionarse en el empleo al que aspiró, no
obstante, la Sala encontró que en el recurso de reposición que la demandante
presentó contra la Resolución N.º 8 de 2022, la señora Cermeño Grandett aportó
una certificación expedida el 4 de marzo del año en curso, por el secretario del
Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería en la
que se indica que ejerce la profesión de abogada litigante y “(…) que actúa como
apoderada judicial” en los procesos que relacionó.
78. Así las cosas, resulta pertinente traer a colación que la Corte Constitucional
definió el mínimo vital como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que
están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación,
la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la
atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el
derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional",
por lo que, para demostrar la afectación de dicha garantía era necesario que
14
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
16
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acreditara por qué los ingresos que obtiene no son suficientes para cubrir sus
necesidades básicas.
79. A lo anterior se suma el hecho de que, al consultar de oficio la página web
de ADRES se evidenció que la señora Karen Yisela Cermeño Grandett se
encuentra afiliada a la Nueva EPS S.A. en el régimen contributivo en calidad de
cotizante, tal como se desprende de la captura de pantalla que a continuación se
relaciona:
80. En ese orden de ideas, esta Judicatura encuentra que la señora Cermeño
Grandett no aportó ningún elemento probatorio que permita evidenciar la
existencia de un perjuicio irremediable que pueda afectar su mínimo vital, puesto
que sus argumentos no revisten el carácter de inminentes, urgentes e
impostergables que permitan desconocer el ejercicio de los mecanismos judiciales
que otorga el ordenamiento jurídico.
81. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos
y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.
2.7. Generalidades del derecho de petición
82. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”15. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
83. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, dispuso
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
15
Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis
17
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cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve
o se reserva para sí el sentido de lo decidido”.16
84. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto
en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
85. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten
el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. //
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.”17
86. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”18
87. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:
“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”19.
16
Sentencia T-332-15, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
17
Sentencia T-149-13, Magistrado Ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.
18
Ibidem.
19
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
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88. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca20.
89. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.7.1. De la presunta omisión de respuesta del Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba a la petición del 25 de marzo de 2022
90. Esta Colegiatura destaca que, en la presente acción de tutela se alegó que el
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba omitió responder a la señora
Cermeño Grandett la petición que presentó por medio electrónico el 25 de marzo
de 2022, en la que pretendía se le entregara copia, i) de la Resolución N.º
CSJCOOP22-50 del 20 de enero de 2022, por medio de la cual se dictó concepto
desfavorable del traslado solicitado por la señora Tirado Santos y; ii) de la
Resolución N.º CSJCOOP22-40 del 3 de febrero de 20222, que revocó la
inicialmente proferida, y en su lugar, profirió concepto favorable de traslado.
91. Frente al punto, lo primero que debe precisarse es que para el momento en
que se instauró este mecanismo de amparo -29 de marzo de 2022-, el término
para que fuese contestada dicha petición no había fenecido -20 días21-, es decir
que la parte actora acudió anticipadamente a la tutela, situación que no es
admisible bajo ninguna circunstancia.
92. Aunado a ello, se observa que, en el memorial de contestación de tutela, la
magistrada Marrugo Díaz del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
explicó que mediante el Oficio N.º CSJCOOP22-346 del 4 de abril de 2022, se
resolvió la petición allegada a la seccional el 25 de marzo de 2022, la cual fue
remitida al correo karencerme@gmail.com en la misma fecha, tal como se
evidencia en la constancia de envío que anexó, veamos:
20
Sobre el tema, ver sentencia de 22 de marzo de 2012, Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor: Robert
Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
21
De conformidad con el artículo 5º del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el término para resolver las peticiones de
documentos y de información se ampliaron a 20 días. Lo anterior, teniendo en cuenta si bien a través de la Ley 2207 del 17
de mayo de 2022, se derogó el artículo 5º del citado decreto, lo cierto es que esa era la ley vigente para la fecha en que se
radicó la petición, a saber, el 25 de marzo del año en curso.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Karen Yisela Cermeño Grandett
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01956-00
93. Mencionó que allí se le indicó que de acuerdo con la Ley 1755 del 30 de
junio de 2015, que regula el trámite de las peticiones, “(…) los documentos que
involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, que tienen el carácter de
reservados” no pueden entregarse a terceros, pues para ello se requiere una
autorización expresa de la servidora, por lo que debía solicitar a la abogada Tirado
Santos su visto bueno para que le sea remitida copia de los actos administrativos
que hacen parte de su historia laboral:
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Karen Yisela Cermeño Grandett
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01956-00
94. Así las cosas, es evidente que aunque el Consejo Seccional de la Judicatura
de Córdoba no entregó a la señora Cermeño Grandett la documentación
pretendida, sí le explicó la razón por la que no estaba habilitado para hacerlo,
pues para ello requería la autorización expresa de la abogada Silsa Isabel Tirado
Santos, por tratarse de información que podría involucrar sus derechos a la
privacidad e intimidad, por lo que, de estar en desacuerdo con la respuesta que se
le otorgó, la demandante podría radicar un recurso de insistencia para que el juez
competente adelantara el control de legalidad de la referida respuesta.
95. En ese contexto, también resulta necesario explicar que, una cosa es el
derecho a que todas las peticiones sean respondidas y otra totalmente distinta es
el derecho a lo pedido. El primero, consiste en que cualquier persona puede elevar
peticiones respetuosas ante las autoridades, y exigir de aquellas una respuesta
clara, precisa y congruente, sin confusiones ni ambigüedades y en la que exista
una relación entre lo solicitado en la petición y lo efectivamente resuelto; mientras
que, el segundo, radica en que al margen de que la autoridad se encuentre en la
obligación de contestar el interrogante planteado, no es mandatario que deba
reconocer lo solicitado, es decir que siempre deben resolver la petición, con
independencia de que se acceda o no a lo pretendido.
2.8. Conclusión
96. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión, i) declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, respecto de los cargos elevados contra la Resolución N.º
8 del 18 de febrero de 2022, toda vez que, además de que se encuentra pendiente
de resolver el recurso de reposición que interpuso contra aquella, de cualquier
manera la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
para controvertirla ante operador contencioso administrativo y; ii) negará lo relativo
al derecho de petición, dado que el Consejo Seccional de la Judicatura acreditó
que el 4 de abril del año en curso respondió de manera clara, precisa y congruente
la solicitud que la demandante radicó el 25 de marzo de 2022.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que
presentó la señora Karen Yisela Cermeño Grandett respecto de la Resolución N.º
8 de 2022, por no superar el requisito adjetivo de la subsidiariedad y; NEGAR lo
relativo al derecho fundamental de petición.
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Demandante: Karen Yisela Cermeño Grandett
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01956-00
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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