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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01957-00

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01957-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR al Ministerio del Trabajo como coadyuvante de la entidad demandante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01957-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01957-00
Accionante: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
reparación directa / nulidad por ausencia de
notificación de la demanda /subsidiariedad

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Ministerio de Salud
y Protección Social contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1.1. Mediante sentencia del 22 de octubre de 2015, la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, al resolver una demanda
de reparación directa instaurada por el señor Carlos Eduardo Ronderos
Toro, dispuso:

“(…) declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación colombiana,
representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –

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Ministerio del Interior – Ministerio de Hacienda – Ministerio de Salud – Ministerio de
Educación y Ministerio de Trabajo, por los perjuicios causados a los demandantes, de
conformidad con las razones expuestas (…)

TERCERO. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación – colombiana, representada por
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Ministerio del Interior
– Ministerio de Hacienda – Ministerio de Salud – Ministerio de Educación y Ministerio de
Trabajo, a pagar por concepto de lucro cesante a favor del señor Carlos Eduardo Ronderos
Torres y de la Sociedad Administradora Hotelera S.A. Ltda., la suma de novecientos
ochenta millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos dieciocho pesos $ 980`741.618
M/cte.”.

1.2. Por no haber sido vinculados al mencionado proceso de
reparación directa, el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y los ministerios del Interior y de Hacienda y Crédito
Público instauraron recursos extraordinarios de revisión, al cual, según
mencionó el ministerio accionante, presentó escrito de coadyuvancia
dirigido al expediente con radicado N.º 2016-02558-00. Dichos
recursos fueron resueltos por la Sala 15 Especial de Decisión del
Consejo de Estado, a través de sentencia acumulada del 3 de marzo de
2020, en la que dispuso:

“PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la NACIÓN (MINISTERIO DEL INTERIOR), NACIÓN (DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) y NACIÓN
(MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) contra la sentencia del 22 de
octubre de 2015 proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del proceso de reparación directa radicado con el No. 25000-23-26-000-2010-
02697-01.

En consecuencia, INFÍRMASE la referida providencia, solo respecto de los recurrentes y,
por Secretaría de esta Sala, DEVUÉLVASE el proceso a la Sección Tercera, Subsección A,
del Consejo de Estado para que profiera nuevamente fallo y garantice y proteja los derechos
al debido proceso, defensa y contradicción de los recurrentes”.

1.3. En cumplimiento de lo anterior, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado profirió la providencia del 4 de junio de
2021, en la que ordenó:

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“PRIMERO. MODIFÍCASE parcialmente la sentencia del 22 de octubre de 2015,
proferida por esta Subsección. Como consecuencia, DECLÁRASE probada, de oficio, la
excepción de falta de legitimación formal (ad processum) en la causa por pasiva de la
Nación, respecto de las siguientes entidades: Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República-DAPRE; Ministerio del Interior, y Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

SEGUNDO. En lo demás, ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia del 25 de octubre de 2015,
proferida por esta Subsección”.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante manifiesta que nunca tuvo conocimiento y
tampoco fue vinculado debidamente al proceso de reparación directa
que dio origen a la condena impuesta, y que una vez dicha entidad fue
informada del recurso extraordinario de revisión instaurado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio del 16 de
febrero de 2018, procedió a coadyuvar las pretensiones del mismo, sin
que sobre dicha solicitud se efectuara pronunciamiento en la
providencia.

Es así como en cumplimiento de la misma, la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado profirió la sentencia del 4 de junio
de 2021, en la que declaró probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – respecto
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
DAPRE, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, incurriendo en un trato discriminatorio e inequitativo frente al
Ministerio de Salud y Protección Social, pese a encontrarse en similar
situación fáctica y jurídica pues, incluso, dicha providencia ni siquiera
fue notificada a esta cartera ministerial, pues solamente tuvo
conocimiento de ella ante la solicitud de cumplimiento formulada por el
allí demandante el 30 de agosto de 2021.

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Fue así, entonces, como el 15 de octubre de 2021 instauró ante el
Consejo de Estado, recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 4 de junio de 2021, el cual, por auto del 21 de enero de
2022, fue rechazado por improcedente, al considerar que la decisión
atacada materialmente era la contenida en la sentencia del 22 de
octubre de 2015. Esta decisión fue confirmada en sede de súplica, a
través de auto del 24 de febrero de 2022.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita dejar sin efectos las
providencias proferidas el 3 de marzo de 2020 dentro del recurso
extraordinario de revisión seguido bajo el radicado N.º 11001-03-15-
000-2016-02343-00 (acumulados 2016-2558 y 2016-2850); el 4 de
junio de 2021 dentro del proceso de reparación directa seguido bajo el
radicado N.º 25000- 23-26-000-2001-02697-01 (33.977); el 21 de
enero y 24 de febrero de 2022 dentro del recurso extraordinario de
revisión seguido bajo el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-07028-
00.

4. Intervenciones

Mediante auto del 4 de abril de 2022 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección A y
a las Salas 15 y 25 Especiales de Decisión del Consejo de Estado como
accionados y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, del Interior,
de Educación y del Trabajo, a la Sociedad Administradora Hotelera S.S
LTDA., actualmente en liquidación, y al señor Carlos Eduardo Ronderos
Toro como terceros interesados en las resultas del proceso.

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4.1. El Ministerio del Interior pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva por cuanto no existe nexo de
causalidad entre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte y alguna acción u omisión de
dicha cartera ministerial.

4.2. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, a
través de la magistrada ponente de la providencia del 4 de junio de
2021, señaló que dicha sentencia se dictó dando estricto cumplimiento
a lo ordenado por la Sala 15 Especial de Decisión de esta corporación
en el fallo del 3 de marzo de 2020, pues su competencia se restringía,
únicamente, a los aspectos anulados por vía del recurso extraordinario
de revisión.

En esa medida, señaló que no le asiste razón a la accionante cuando
aduce que la Sala tenía el deber de dar un trato igualitario, en cuanto
a lo resuelto frente a todas las entidades condenadas, por encontrarse
en la misma situación fáctica y jurídica, pues, al margen de la
manifestación que efectúa sobre la coadyuvancia que ejerció en el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la sentencia de 3 de
marzo de 2020 no se pronunció con respecto a esa entidad, por lo que,
se insiste, la competencia de la Subsección A de la Sección Tercera
estaba delimitada por la orden judicial impartida, mediante la cual se
infirmó la providencia sólo respecto de los recurrentes.

Finalmente, sobre el alegato que refiere la falta de notificación de la
sentencia de reemplazo al Ministerio de Salud, indicó que una vez
revisadas las constancias publicadas en el sistema de gestión de la
corporación, se observa que dicha decisión, efectivamente, no fue
comunicada a esa entidad; no obstante, tal situación no tuvo la
potencialidad de vulnerar el derecho al debido proceso de la entidad

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accionante, en el entendido de que conoció la decisión y la controvirtió
oportunamente mediante el recurso extraordinario de revisión.

4.3. La Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado, a
través de la consejera ponente del proveído del 21 de enero de 2022,
manifestó que, en relación con dicha providencia, la tutela no se detiene
a analizar sus fundamentos de hecho y de derecho, pues el extremo
actor solo la menciona tangencialmente en el acápite de los hechos y
únicamente para afirmar que el requisito de subsidiariedad ha sido
satisfecho.

En ese sentido, advirtió que los reproches de orden fáctico y jurídico se
agotan en el cuestionamiento directo que realiza la entidad pública
accionante en contra de los fallos del 22 de octubre de 2015 y 4 de
junio de 2021, en relación con los cuales solicitó, de manera
respetuosa, se revise si la demanda de tutela supera el requisito de la
inmediatez; mientras que los autos proferidos por la Sala Especial de
Decisión N.º 25 de esta corporación solo son mencionados y frente a
ellos no se hace ni un solo reproche concreto que los ponga en tela de
juicio.

Así las cosas, dado que en la demanda de tutela no se edificó
cuestionamiento alguno en contra del auto del 21 de enero de 2022
solicitó ser desvinculada de la actuación citada en la referencia.
4.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de resultar
probada la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad
accionada, solicitó que se mantengan las decisiones debidamente
fundadas y ejecutoriadas respecto de dicho ministerio.

4.5. El Ministerio del Trabajo presentó escrito de coadyuvancia de
la demanda de tutela presentada por el Ministerio de Salud y Protección

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Social, al tiempo que pidió conceder el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa de ese y los demás
ministerios y autoridades condenadas en el proceso de reparación
directa.

4.6. El Ministerio de Educación señaló que dicha entidad carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la presunta
vulneración de derechos fundamentales se le atribuye a las actuaciones
judiciales adelantadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y
a las Salas Especiales de Decisión.

4.7. El señor Carlos Eduardo Ronderos Toro, a través de su
apoderado en el proceso de reparación directa, se opuso a la
prosperidad de la acción de tutela, argumentando que las providencias
cuestionadas se profirieron con plena observancia de las formalidades
legales vigentes.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. De la solicitud de coadyuvancia formulada
por el Ministerio del Trabajo

Dentro del informe rendido por el Ministerio del Trabajo, entidad que
fue vinculada al presente proceso en calidad de tercero interesado en
las resultas de la demanda, este pidió ser tenido como coadyuvante del
Ministerio de Salud y Protección Social, figura respecto de la cual el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la

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acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante
de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)»1.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá como coadyuvante de la
entidad demandante al Ministerio del Trabajo en los términos señalados
en precedencia, es decir, sin que ello implique la posibilidad de realizar
planteamientos o reclamaciones distintas a las formuladas en la
demanda de tutela.

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente acción de tutela es procedente para determinar si la
Sala 15 Especial de Decisión al proferir la providencia del 3 de
marzo de 2020; la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado al proferir la providencia del 4 de junio de 2021; y la Sala
25 Especial de Decisión al proferir las providencias del 21 de

1
Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.

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enero y 24 de febrero de 2022, incurrieron en la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante?

2. Fundamentos de decisión

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente2, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando se desbordan los límites que la Carta
le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a.Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f.
Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la Sala).

La causal de improcedencia de la acción de existencia de otros medios
de defensa responde al carácter subsidiario de la acción de tutela, con
el propósito respetar la división de competencias que la misma Carta
Política ha delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción;
por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir a los jueces
que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las controversias
en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.

De igual forma, supone aquellos eventos en los que la petición
presentada en la acción de tutela puede ser resuelta no sólo a través
de las acciones ordinarias u otros medios de defensa judicial, sino
además cuando las partes dentro de un proceso han contado
con los mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos,
buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la
oportunidad procesal ya precluida.

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El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las decisiones
con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad se establece
en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que se trate.

Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, los recursos y
demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación
censurada y la modifiquen o revoquen.

Visto lo anterior, el juez de constitucional no podrá declarar procedente
una solicitud de amparo en donde la parte interesada en controvertir la
decisión judicial, no ejerció su derecho en tiempo o simplemente dejó
de cumplir con los formalismos establecidos en la legislación procesal,
por desconocimiento o falta de diligencia.

3. Caso concreto

En el presente asunto, el Ministerio de Salud y Protección cuestiona las
providencias del 3 de marzo de 2020 proferida por la Sala 15 Especial
de Decisión; del 4 de junio de 2021 proferida por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado; y del 21 de enero y 24 de febrero
de 2022 proferidas por la Sala 25 Especial de Decisión.

Al efecto, se observa lo siguiente:

(i) En criterio de la entidad demandante, la Sala 15 Especial de
Decisión, al proferir la providencia del 3 de marzo de 2020, quebrantó
su derecho fundamental al debido proceso, puesto que no se pronunció
sobre la coadyuvancia presentada por ese ministerio en el recurso

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extraordinario de revisión instaurado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público el cual se acumuló a los recursos extraordinarios
interpuestos por el Ministerio del Interior y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

Sobre esta decisión, la Sala debe señalar que, de acuerdo con lo
descrito por la entidad accionante, esta no hizo uso de los mecanismos
procesales existentes para la protección de sus derechos, puesto que,
de considerar que la Sala 15 Especial de Decisión debía pronunciarse
sobre la coadyuvancia, debió pedir la adición de la sentencia, en los
términos señalados en el artículo 287 del CGP.

Además, se advierte que dicha providencia fue proferida el 3 de marzo
de 2020 y notificada el 14 de mayo de 2020, mientras que la presente
acción de tutela se interpuso el 28 de marzo de 2022, es decir,
transcurridos casi dos años, lo que desvirtúa la urgencia y necesidad
del amparo reclamado.

(ii) Por otra parte, la entidad accionante afirma que la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, al expedir la sentencia de
reemplazo del 4 de junio de 2021, le proporcionó un tratamiento
desigual e inequitativo frente a las entidades que interpusieron el
recurso extraordinario de revisión, puesto que, al estar en la misma
situación, debió declarar probada la misma excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, la Sala observa que lo decidido en la sentencia del 4 de
junio de 2021 obedeció al estricto cumplimiento de la providencia del 3
de marzo de 2020, en la que se infirmó el fallo del 22 de octubre de
2015 y se ordenó a dicha Subsección proferir uno de reemplazo, pero
únicamente respecto de los ministerios del Interior y de Hacienda y

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Crédito Público, así como del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

Además, como quedó visto, sobre la mencionada sentencia del 22 de
octubre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social no interpuso
el respectivo recurso extraordinario de revisión, una vez tuvo
conocimiento de la existencia de dicha condena, que ocurrió el 13 de
septiembre de 2016, cuando fue notificado de los recursos
extraordinarios de revisión.

Por tanto, no es dable invocar la protección de derechos fundamentales
a través de la acción de tutela, cuandoquiera que la entidad
demandante no ha ejercido de manera adecuada los mecanismos
judiciales que dispone el ordenamiento jurídico para corregir las
actuaciones que, eventualmente, estuvieran viciadas de alguna
irregularidad, los cuales, como ha quedado visto, eran eficaces para
salvaguardar los derechos, como ocurrió frente las entidades que sí los
ejercieron.

(iii) Finalmente, en relación con las providencias del 25 de enero y 22
de febrero de 2022 mediante las cuales la Sala 15 Especial de Decisión
rechazó por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión
instaurado contra la sentencia del 4 de junio de 2021, la Sala advierte
que el demandante no plantea defecto alguno que permita abordar el
análisis de fondo sobre dichas decisiones, las cuales, en todo caso, se
advierten, prima facie, razonables.

En efecto, la mencionada Sala Especial consideró que el recurso era
extemporáneo, toda vez que “(…) como a la entidad recurrente se le
notificó el auto admisorio en el trámite extraordinario el 13 de
septiembre de 2016, es viable afirmar que para dicha época seguía

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ACC IÓN D E TUT EL A
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A c ci o na n t e: Mi ni s ter i o d e S a lu d y P r ot e cc i ó n S o ci a l

abierta la posibilidad de que la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social demandara la revisión de la sentencia del 22 de octubre de 2015,
toda vez que el plazo para dicho efecto, en principio, vencía el 8 de
noviembre de 2016, pero no lo hizo ni tampoco intervino dentro del
proceso de revisión que sí adelantaron oportunamente los otros entes
condenados, a pesar de que podía y debía hacerlo. // Es más, si se
llegara a considerar que el término para formular el recurso
extraordinario de revisión por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social inició su cómputo desde el momento en que conoció de la
existencia del fallo condenatorio -13 de septiembre de 2016-, tendría
hasta el 14 de septiembre de 2017, pero solo presentó la demanda
hasta el 14 de octubre de 2021”.

Así las cosas, al no haberse expuesto ningún planteamiento que
cuestione de fondo las mencionadas decisiones y al no acreditarse el
requisito de subsidiariedad, la Sala rechazará por improcedente la
presente acción de tutela, toda vez que la entidad accionante no hizo
uso de los mecanismos de defensa eficaces para el amparo de sus
derechos fundamentales, por lo que no es dable pretender ejercer la
acción de tutela como un medio alternativo de protección ius
fundamental que, lejos de proteger un derecho vulnerado, propiciaría
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que
fueron encomendadas a los jueces constitucionales por mandato de la
Constitución.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

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FALLA

PRIMERO: ACEPTAR al Ministerio del Trabajo como coadyuvante de
la entidad demandante, de acuerdo con lo expuesto en
precedencia.

SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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