Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01976-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01976-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01976-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
14 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: RODRIGO AMAYA CULMA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
revoca el fallo impugnado – el asunto de la referencia tiene
relevancia constitucional pero no se configura ninguna de las
causales de procedibilidad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente el
amparo solicitado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elciudadano Rodrigo Amaya Culma presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales «a la seguridad jurídica, a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa, a elegir y ser elegido, al acceso a los
cargos públicos y al acceso a la administración de justicia», cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias de 10 de agosto de 2021 y de 24 de febrero de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo del Huila por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
electoral con radicación número 41001-23-33-000-2019-00536-00/04.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que la señora Clara Inés Vega Pérez promovió demanda de nulidad
electoral en contra del acto por medio del cual resultó elegido diputado por el
departamento de Huila para el período constitucional 2020-2023, por
presuntamente «existir diferencias injustificadas entre el formulario E-14 de
Claveros y el formulario E-24 tradicional».
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
2.2. Indicó que, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción
«titulada como “desconocimiento del acto general de escrutinio”, hace referencia
que se desconocía el acto por cuanto, en el escrutinio a mi prohijado también le
dejaron de contabilizar 72 votos, los cuales se sustrajeron de forma injustificada,
para lo cual se identificó municipio, zona, puesto, mesa de cada una de las
diferencias alegadas; la anterior excepción se planteó para respetar la verdadera y
real voluntad del pueblo, expresada en las urnas al momento de elegir. Pues no
podía existir un manto de duda o ante lo evidente, el Operador Jurídico no podría
hacer caso omiso».
2.3. Señaló que, mediante sentencia de 10 de agosto de 2021, el Tribunal
Administrativo del Huila declaró la nulidad parcial de los formularios E-24 y E26ASA,
por encontrar probada una diferencia no justificada en el formulario E-14 en relación
con el formulario E-24, en tanto se dejaron de contabilizar 68 votos a favor de la
candidata Clara Inés Vega Pérez, los cuales le otorgaban el derecho a ser electa
como diputada del departamento del Huila para el período 2020-2023, en lugar de
Rodrigo Amaya Culma.
2.4. Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación, el cual fue
desatado por la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de sentencia de 24
de febrero de 2022, mediante la cual se confirmó la providencia de primera
instancia.
2.5. Puntualizó que, mediante auto de 17 de marzo de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la solicitud de «corrección, adición y/o aclaración» que
presentó contra la sentencia de segunda instancia.
2.6. Afirmó que en las decisiones enjuiciadas se incurrió en defecto fáctico porque se
«omitió el estudio sobre el formulario E-24 idóneo para desentrabar la litis que se
discutía en dicho proceso de nulidad electoral objetiva». Además, porque se le dio
valor probatorio al formulario E-24 tradicional, pese a que dicho documento «no
debe ser tenido en cuenta para el estudio de las diferencias demandadas»,
conforme lo ha sostenido la misma jurisprudencia del Consejo de Estado.
2.7. En tal sentido, puntualizó, que mediante los fallos: (i) de 8 de febrero de 2018 se
realizó el examen sobre las diferencias presentadas en los formularios E-14 y E-24
txt, donde se advirtió por primera vez que la información plasmada en el formulario
E-24 tradicional no siempre corresponde a la verdad electoral, ya que este último
puede sufrir variaciones durante el proceso electoral, las cuales se registran en un
E-24 en archivo plano (E-24 txt); (ii) de 11 de marzo de 2021 se estudiaron las
diferencias entre los formularios E-14 y E-24 txt, y se determinó que el análisis de
la causal objetiva de nulidad solamente podía realizarse a partir del valor registrado
en el E-24 txt; y (iii) de 29 de abril de 2021 se precisó que «el archivo E-24 txt
contiene los datos, mesa a mesa, en que se soporta la declaratoria de la elección,
siendo fiel a estos (…), por lo que se confirma que el presente cargo se resolverá
con base en la comparación entre los datos consignados en el Formulario E-14 de
claveros y el archivo plano».
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
2.8. Aseguró que también se incurrió en violación directa de la Constitución por las
siguientes razones:
2.9. Adujo que aunque tenía «el mismo DERECHO DE ACCION, NO TENIA NINGUN
interés de demandar su propio acto, por cuanto A EL LE FAVORECIO LA
DECISIÓN TOMADA POR LA ADMINISTRACION, es decir, no consideraba que
estuviera viciado de nulidad, no tenía por qué ejercer el derecho de acción,
puesto que no tenía interés en acudir a la jurisdicción para reclamar una
pretensión (para el inexistente), pues para el caso de las elecciones a la
Asamblea Departamental 2020-2023, mi protegido había sido uno de los
ganadores de la contienda electoral». (sic en toda la cita)
2.10. Precisó que, por expresa disposición legal, dentro del medio de control de
nulidad electoral no procede la demanda de reconvención, por lo que era a través
de las excepciones que el operador judicial podía adoptar la decisión más próxima
a la realidad electoral.
2.11. Refirió que: «el ordenamiento que rige el tema electoral NO LIMITÓ o estableció
cuales serían las excepciones de las cuales podrían hacer uso los demandados,
para ejercer su legítima defensa, en consecuencia, se entendería que podía hacer
uso de TODAS las que considerara viables» y, en ese sentido, planteó aquella que
denominó «el desconocimiento del acto general de escrutinio, que no era otra cosa,
sino traer al proceso nuevos argumentos que permitirán al Juez desentrañar la
verdad de los hechos, es decir, mostrarle que en el caso también se habían
presentado inconsistencias o falsedades en algunos formularios de escrutinios,
sobre los que no se tenía certeza por no contar con los medios probatorios
suficientes para demostrarlos al igual que los presentados por la demandante».
2.12. Precisó
que: «para llegar a la VERDAD ELECTORAL, el demandado al
momento de contestar la demanda, podía presentar nuevas mesas que permitieran
al operador jurídico llegar a la más próxima realidad electoral», tal como se
consideró en la sentencia de 30 de agosto de 2017 dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Por lo expuesto, solicito muy respetuosamente, se protejan los derechos
fundamentales de mi prohijado en especial a la seguridad jurídica, a la igualdad,
al debido proceso, a la defensa, a elegir y ser elegido, el acceso a los cargos
públicos y al acceso a la administración de justicia, y demás derechos que usted
considere. En consecuencia, se disponga:
PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO DE TUTELA, deprecado al señor
RODRIGO AMAYA CULMA, por violación de la garantía amparada en los
artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 29, 40 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda Instancia proferida
por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, CONSEJERO PONENTE DR.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte
dos (2022) y la Sentencia de Primera Instancia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
ISABEL PIÑEROS RIVERA, el 10 de agosto de 2021.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se mantenga la credencial
entregada a mi prohijado el señor RODRIGO AMAYA CULMA como Diputado
de la Asamblea Departamental del Huila, ordenando a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
del fallo de amparo, profiera la decisión de acuerdo a los parámetros dados por
el Juez Constitucional.
CUARTO: Las demás que el Honorable Juez Constitucional considere
necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales de mi
defendido. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El
magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 4 de abril de
2022, admitió la acción de tutela de la referencia en contra del Tribunal
Administrativo del Huila y de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En la
misma providencia, vinculó como terceros con interés directo en los resultados del
proceso a la señora Clara Inés Vega Pérez, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Departamental del
Huila.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se produjeron las siguientes intervenciones:
5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente
de la providencia enjuiciada, rindió informe en el que advirtió que «la tutela no es el
escenario para debatir aspectos que son propios del juez natural, ni puede ser
empleada como un instrumento que busque perpetuar la discusión o reabrir el
debate sobre aspectos que fueron debidamente zanjados dentro de la instancia
respectiva en vía contenciosa». En tal sentido, expuso lo siguiente:
[…] En este caso, la solicitud de amparo, por un lado, pretende imponer el
criterio personal e individual del accionante ante el desarrollado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado sobre la forma en que debe valorarse la legalidad
de los actos de elección a través de los formularios electoral y las formas propias
del medio de control de nulidad electoral, sin demostrar o exponer con la
suficiencia que exige la sentencia SU-573 de 2017 –reseñada en precedencia–
por qué la posición del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo riñe
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible
con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad. No se explica el suscrito magistrado
cuál es el error protuberante que rompe con todo lindero constitucional, cuando
se detalla en la sentencia del 24 de febrero de 2022, las razones para
desestimar los argumentos del tutelante como apelante en el medio de control
de nulidad electoral. Por el otro, nótese que los defectos que el tutelante planteó:
i) fáctico y ii) violación directa de la constitucional (por limitación del derecho de
defensa), fueron aspectos abordados por la sentencia cuestionada y el auto que
negó la solicitud de aclaración, adición y corrección, como pasa a explicarse.
[…]
5.2. Adicionalmente, aseguró que, en todo caso, «no existe un yerro de tal magnitud
que imponga la procedencia de la acción de tutela en el asunto bajo examen, en el
que se pretende infirmar una sentencia emanada de una alta corte, en este caso,
del órgano límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo».
5.3. La señora Clara Inés Vega Pérez, por intermedio de apoderado judicial, rindió
informe en el que expuso que el actor pretende que se «revisen los argumentos que
ya fueron ampliamente discutidos en la demanda de nulidad electoral».
5.4. Igualmente, adujo que «resulta paradójico y contradictorio que se cuestione la
idoneidad del formulario E-24 pero a su vez sea utilizado para pretender la nulidad
de resultados de algunas mesas que no fueron demandadas en tiempo».
5.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del jefe de la oficina
jurídica de la entidad, rindió informe en el que solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, en atención a que carece de competencia para «para injerir
en las decisiones proferidas por los magistrados de las corporaciones accionadas».
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo
solicitado por el accionante, luego de considerar que no satisfacía el requisito
general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional, «en la medida en
que la tutela reitera los argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del
proceso ordinario».
7. Sin perjuicio de lo anterior, en el fallo de primera instancia se advirtió que, en todo
caso, los defectos alegados por el accionante no se configuraban, en síntesis, por
las siguientes razones:
[…] el cargo relacionado con el formulario E-24 txt fue analizado de forma
adecuada por la autoridad accionada, pues (i) precisó que el precedente del 11
de marzo del 2021 no era exigible a la parte actora, por cuanto ella demandó
en diciembre de 2019 y la regla jurisprudencial que se buscaba aplicar se refería
a formalidades sobre las pruebas que debían allegarse con dicha demanda; (ii)
respecto a la sentencia del 8 de febrero de 2018, resaltó que dicha decisión no
fue invocada al apelar y que los supuestos fácticos de su caso y el que se
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
estudió allí son distintos, pues en aquel se demandó la elección del Senado de
la República para el periodo 2014 a 2018 y el cargo fue por diferencia de más
del 10% entre las Corporaciones de Cámara y Senado; y, mucho más
importante, (iii) aclaró que dicho fallo no estableció que el formulario E-24
tradicional haya perdido eficacia probatoria, como sugiere el accionante.
14.4.- En cuanto al fallo del 29 de abril de 2021, citado por el accionante en los
alcances presentados a su acción de tutela el 6 y 8 de abril de 2022, y que no
fue citado en el proceso ordinario, esta Sala observa que cabría el mismo
análisis hecho por la autoridad accionada con respecto a la sentencia del 11 de
marzo de 2021, esto es, que no resulta razonable aplicar sus reglas
jurisprudenciales al caso concreto, pues para el momento en que se presentó
la demanda dicha providencia no se encontraba en firme. Por lo anterior, no se
aprecia la configuración del defecto fáctico alegado.
[…]
15.1.- La autoridad accionada analizó de forma cuidadosa y extensa su posición
frente al reparo que ahora el accionante presenta como defecto por violación
directa de la Constitución, lo cual estuvo soportado en cinco precedentes del
Consejo de Estado cuyas reglas jurisprudenciales son relevantes en el caso
concreto. Con base en lo anterior, la autoridad accionada concluyó de forma
adecuada que en la contestación de la demanda solo se pueden señalar nuevos
cargos de diferencia entre los formularios E-14 y E-24 en nuevas mesas,
siempre y cuando no haya operado la caducidad de la acción. En consecuencia,
no se configura el defecto alegado. […]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. El accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, luego de
considerar que el a quo «no valoró en su totalidad el plenario y se centró en rechazar
la acción constitucional bajo los argumentos del accionado, sin hacer mayor
pronunciamiento sobre estos, solamente acertando cada cita de la contestación de
este, sin entrar a analizar el trasfondo de la litis trabada en la presente acción». En
tal sentido, explicó lo siguiente:
[...] 3. Lo anterior, teniendo en cuenta que [el a quo] ni siquiera se pronunció
sobre la negativa del accionado de practicar nuevos escrutinios, aun mas
cuando era evidente que estos no contaban con las pruebas necesarias para
fijar los resultados electorales, a tal punto que reconocen el cambio de postura
frente al valor probatorio del formulario E-24 y que este NO era exigible a quien
inicio el Medio de Control de Nulidad Electoral, sin embargo, OMITE el análisis
respectivo sobre la facultad que el legislador defirió al juez electoral para
establecer en qué casos es necesario practicar nuevos escrutinios y la
necesidad de buscar la verdad electoral.
4. En el punto 15 y 15.1., el A-quo analizó la violación directa de la Constitución,
concluyendo que los argumentos esbozados por la accionada son acertados,
yendo en contravía de la jurisprudencia de la Guardiana de la Constitución,
dejando la discusión en los antecedentes jurisprudenciales del Consejo de
Estado y en la caducidad, sin analizar la conducta procesal, sin ponderar
derechos, ni valorar la posición del demandado en este tipo de procesos, la cual
es limitada, rayando con la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa.
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
5. Por último, se resalta que es aberrante e inconstitucional que el Juez en sede
de Tutela justifique la declaración de nulidad sobre el acto de elección bajo el
argumento de que el demandado debió demandar el acto que le favorecía,
permitiendo que se excluyan unos votos y con ello trasgrediendo la voluntad del
pueblo. […]
9. Por último, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela que se
encuentran asociados con la supuesta configuración del defecto fáctico y de la
violación directa de la Constitución.
10. Confundamento en los anteriores argumentos, la parte impugnante solicitó
revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen sus
derechos fundamentales.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si las sentencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al incurrir
presuntamente en defecto fáctico y en violación directa de la Constitución.
13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
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«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
21. El ciudadano Rodrigo Amaya Culma presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales «a la seguridad jurídica, a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa, a elegir y ser elegido, al acceso a los
cargos públicos y al acceso a la administración de justicia», cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias de 10 de agosto de 2021 y de 24 de febrero de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo del Huila y por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
electoral con radicación número 41001-23-33-000-2019-00536-00/04.
22. En este punto es preciso indicar que aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en
primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicación número 41001-23-33-000-2019-00536-
00/04, la Sala advierte que el presente análisis se centrará en determinar si en esta
última providencia se incurrió en los defectos invocados, dado que es la decisión
que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis9.
VI.4.1.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
23. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:
23.1. Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala pone de relieve
que este presupuesto se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto gira
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
9
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
23.2. Descendiendo al sub examine, se observa que el actor aduce que la decisión
objeto de tutela incurrió en defecto fáctico y en violación directa de la
Constitución. Por su parte, el a quo concluyó que la presente acción de tutela no
cumplía con el requisito de relevancia constitucional porque pretendía utilizar el
mecanismo de amparo como una tercera instancia.
23.3. Ahora bien, la Sala no comparte la decisión de primera instancia porque se
observa que el actor cumplió con la carga argumentativa mínima, en tanto que
precisó las razones por las que considera que la Corporación accionada incurrió en
defecto fáctico y en violación directa de la Constitución. Aunado a lo anterior, cabe
poner de relieve que el móvil del presente mecanismo de amparo está asociado a
la presunta afectación de las garantías fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, con ocasión
de una providencia judicial que, supuestamente, valoró una prueba que carece de
valor probatorio y se abstuvo de analizar otras.
23.4. Es por lo anterior que no podemos afirmar que la tutela que nos ocupa está
asociada a la resolución de una controversia de «mera legalidad» o que se está
ejerciendo como una tercera instancia, sino que, como se puede apreciar, el centro
del debate tiene transcendencia constitucional, en tanto que se plantea la posible
afectación de los derechos fundamentales del accionante con ocasión de un
supuesto defecto fáctico y violación directa de la Constitución.
23.5. Así las cosas, la Sala considera que se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto que: a) la parte accionante identificó las garantías
constitucionales que alega vulneradas por parte de la Corporación accionada; b) el
actor no se limitó a invocar los derechos constitucionales trasgredidos, sino que la
presunta afectación de los mismos fue suficientemente explicada y fundamentada
desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a este bien jurídico
superior; c) la discusión planteada no gira en torno a una inconformidad respecto de
un asunto de mera legalidad, y d) se cumplió con la carga argumentativa exigible
contra providencia judicial.
23.6. Por lo anterior, la Sala tendrá por superado el requisito de relevancia
constitucional y, en ese sentido, se revocará el fallo impugnado, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
23.7. Ahora bien, la parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos y T-458 de 2016,
Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
proferida, en segunda instancia, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
pues se agotaron todos los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento
común.
23.8. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, por lo que se
cumple con el requisito de la inmediatez.
23.9. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
23.10. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la
tutela, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.
23.11. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
24. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante por la configuración de un defecto fáctico y en violación directa de la
Constitución.
VIII.4.2.1. Caracterización del defecto fáctico
25. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba
allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura cuando la
autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.
VIII.4.2.2. Caracterización de la violación directa de la Constitución
26. Esta causal se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión alejada
de la Carta Política porque: i) deja de aplicar una decisión ius fundamental a un caso
concreto, por ejemplo “(a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y
aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b)
cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y c) cuando el
juez en sus resoluciones vulneró los derechos fundamentales y no tuvo en cuenta
el principio de interpretación conforme a derecho con la Constitución; ii) aplica la ley
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
al margen de los dictados de la Carta Política, desconociendo que de conformidad
con su artículo 4º la Constitución es norma de normas, por lo que en caso de
incompatibilidad entre ella y la ley u otra norma jurídica «se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
VIII.4.2.3. Solución de los defectos en el sub examine
27. En el sub examine, se advierte que el planteamiento medular del accionante
radica en señalar que la autoridad judicial accionada «omitió el estudio sobre el
formulario E-24 idóneo para desentrabar la litis que se discutía en dicho proceso de
nulidad electoral objetiva». Además, porque le dio valor probatorio al formulario E-
24 tradicional, pese a que dicho documento «no debe ser tenido en cuenta para el
estudio de las diferencias demandadas», conforme lo ha sostenido la misma
jurisprudencia del Consejo de Estado.
27.1. Igualmente, el impugnante enfatizó en que se incurrió en violación directa de la
Constitución porque era a través de la excepción «titulada como “desconocimiento
del acto general de escrutinio”» que el operador judicial podía adoptar la decisión
más próxima a la realidad electoral, teniendo en cuenta que dentro del medio de
control de nulidad electoral no procede la demanda de reconvención y él no tenía
interés en demandar su propio acto de elección para obtener la contabilización de
los 72 votos que «se sustrajeron de forma injustificada».
28. Para resolver los anteriores motivos de inconformidad, la Sala pone de relieve
que la Sección accionada, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte aquí accionante, planteó como problema jurídico a resolver el siguiente:
[…] determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo apelado. En tal
sentido, se debe establecer, a partir de los argumentos plasmados en la apelación
y en las demás intervenciones oportunamente efectuadas en segunda instancia,
si el acto de elección acusado se encuentra viciado de nulidad, en los términos
de la causal contemplada en el artículo 275.3 del CPACA, por presuntas
diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24. […]
29. Para resolver el anterior planteamiento jurídico, la Sección accionada consideró
necesario definir lo siguiente: «(i) si existió una inadecuada valoración probatoria
por parte del a quo respecto de las mesas demandadas, (ii) si se vulneró el derecho
de contradicción del accionado al no examinarse las diferencias injustificadas
presentadas en la contestación de la demanda, (iii) si la demanda de reconvención
es compatible con el medio de control de nulidad electoral, (iv) si se desconoció el
precedente de la Sección Quinta frente al valor de los datos del archivo E-24 txt, (v)
si se presentó una deficiencia en el análisis de las excepciones propuestas, (vi) y si
existe un desconocimiento de la finalidad de la acción electoral».
30. En desarrollo de lo anterior, en la sentencia enjuiciada se explicó que «la
diferencia entre los formularios E-14 y E-24 ha sido entendida por la jurisprudencia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
de la Sección12 como una forma de falsedad que encuadra dentro de dicho
supuesto, siempre que no exista una justificación para ello, tradicionalmente
señalada en el acta general de escrutinios».
31. Lamisma providencia, a partir de lo anterior, procedió al estudió del cargo
planteado en el recurso de apelación y que se encontraba asociado a la inadecuada
valoración probatoria, oportunidad en la que confrontó los respectivos formularios
E-14 y E-24 tradicional con las actas generales de escrutinio, lo que le permitió
concluir lo siguiente:
[…] 91. Del análisis probatorio efectuado por la Sala se desprende que, respecto
de las 7 mesas apeladas, subsisten diferencias injustificadas en 3 de ellas,
que se ven reflejadas en una disminución de 28 votos en desmedro de la
demandante, y en ningún voto de más a favor del demandado.
92. Desde esa misma óptica, hay que decir que a los 68 votos que, según el a
quo, dejaron de contabilizarse a la actora, hay que descontar 5 votos que
corresponden a diferencias justificadas, lo que significa que su afectación
global, en los términos analizados sería de 63 votos; en similar sentido, los
3 votos que, según el Tribunal de primera instancia, le adicionaron
injustificadamente al demandado, deben eliminarse de dicho cómputo, por
cuanto se demostró que había explicación respecto de 4 votos.
93. Es conveniente aclarar que si a los 3 votos supuestamente espurios que
detectó el a quo como sumados al accionado se les restan los 4 respecto de los
cuales la Sala descartó la falsedad, ello daría como resultado la cifra global de
-1 voto injustificado, lo cual resulta técnicamente ilógico, en tanto supondría
afirmar no solo que todas las diferencias están justificadas, sino que, además,
existe un voto frente al que no hay diferencia, aunque se sabe que sí.
94. Esta contradicción lógica es producto de las deficiencias en el análisis
realizado por el Tribunal –pues tendrían que haber sido 6 las diferencias
injustificadas respecto del demandado y no 3 las concluidas en esa instancia–
91, que conducen al equívoco de que en un conjunto finito de diferencias
injustificadas hay justificaciones que exceden la diferencia misma, lo cual no es
matemáticamente posible. En ese orden, la consecuencia no puede ser
sumar ese voto “perdido” a las cuentas del demandado, sino llevar a su
mínima expresión la censura por supuestas diferencias injustificadas que,
a juicio de la libelista, habrían aumentado irregularmente votos a aquel.
95. En otras palabras, la conclusión a la que puede llegar la Sala dentro de
los límites de la apelación y en aplicación del principio de justicia rogada
es que el número de diferencias injustificadas del tipo que suman votos al
demandado es de cero (0).
96. En ese orden, a la luz de lo hasta aquí estudiado, al demandado habría que
contarle los 10.874 votos que le figuran en el formulario E-26 ASA; mientras que
la accionante pasaría de tener los 10.822 registrados en dicho documento
electoral, a ser depositaria de 10.885 votos, que es lo que resulta de
sumarle las 63 diferencias carentes de justificación. De esta manera, tal
como lo concluyó el fallador de primer grado, la vencedora sería esta última,
pero por una diferencia de 11 votos, y no de 19 como lo había calculado. […]
12
Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 22 de octubre de 2015, rad. 11001-03-28-000-2014-
00062-00; Sentencia de 8 de febrero de 2018; y Sentencia de 6 de junio de 2019.
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32. Igualmente, la Sección accionada se pronunció respecto del supuesto
desconocimiento del precedente alegado por el aquí accionante y que, a su juicio,
indica que el documento válido para hacer la confrontación de E-14, debe ser el
formulario E-24 txt, y no el formulario E-24 tradicional. Al respecto se consideró lo
siguiente:
[…] 132. El tercer cuestionamiento por absolver pasa por la exigibilidad de la
regla jurisprudencial establecida por esta Sección en Sentencia de 11 de marzo
de 2021 dentro del proceso por causales objetivas adelantado contra los
senadores de la República, que, según el apelante, conduciría a que, ante la
falta del archivo E-24 txt, que estima preponderante sobre el formulario E-24
tradicional, no podría declararse la nulidad electoral por el cargo deferencias
injustificadas en cuestión, ya que la actora no aportó el primero de los
mencionado documentos, como –afirma– lo precisa el referente jurisprudencial
invocado.
133. Al respecto, basta señalar que para esta Corporación resulta
desproporcionado exigir a la actora el cumplimiento de una presunta carga en
materia probatoria devenida de un pronunciamiento que no había nacido a la
vida jurídica al momento de la presentación de la demanda y de otras etapas
cardinales del litigio.
134. Tal hipótesis devendría en altamente lesiva de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva,
en tanto supondría la imposición de un obstáculo materialmente infranqueable,
derivado de un hecho futuro, que emergía imprevisible para ella; máxime si a
partir de los documentos electorales obrantes en el plenario era viable el estudio
de las censuras planteadas.
135. Así las cosas, el Tribunal acertó en haber realizado el examen de las
diferencias injustificadas entre formularios E-14 y E-24 bajo el derrotero
tradicional de la jurisprudencia electoral. Ergo, en tanto no es factible colegir
desconocimiento alguno del precedente de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, la censura abordada en el presente acápite no prospera. […]
33. La anterior consideración fue ampliada por la autoridad accionada, mediante auto
de 17 de marzo de 2022, por medio del cual resolvió las solicitudes de corrección,
aclaración y adición presentada por la parte aquí accionante, en los siguientes
términos:
[…] 24. Tal y como lo afirma el demandado en el escrito objeto de estudio, esta
Sección en Sentencia del 8 de febrero de 2018, se pronunció sobre el valor del
archivo E-24 txt en el estudio del cargo por diferencias injustificadas entre aquel
y el formulario E-14. Sin embargo, este argumento tampoco gravita en torno a
un concepto o frase dudosa propia de la parte resolutiva o que incida en ella, a
fin de justificar una aclaración de fallo.
25. De cualquier manera, más allá de que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo se rige por el principio de justicia rogada, y de que el apelante se
limitó a invocar el supuesto desconocimiento del precedente de 2021, la Sala
advierte que el antecedente de 2018 en estricto sentido no constituye un
precedente para el caso objeto de estudio, entre otras razones,
principalmente porque la alusión al estudio del documento E-24 txt
(archivo plano) en aquella oportunidad se hizo con ocasión del examen
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
del cargo por diferencia de más del 10% entre las Corporaciones de
Cámara y Senado.
26. Adicionalmente, tampoco es cierto, como se afirma en el escrito, que la
Sala haya expresado en 2018 que el valor del formulario E-24 [tradicional]
pierde importancia para el estudio del cargo y, en principio, ni siquiera
deberá tenerse en cuenta. Así las cosas, para la Sala es claro que el apelante
acude inapropiadamente a la solicitud de aclaración, cuando en realidad lo que
pretende es controvertir el fallo de segunda instancia. […] (Se destaca)
34. De conformidad con las piezas y decisiones judiciales transcritas, la Sala
evidencia que la decisión de la autoridad accionada se encuentra debidamente
soportada y respaldada en una interpretación sistemática y razonada tanto de las
normas aplicables para la resolución de la causa ordinaria objeto de tutela como de
las pruebas obrantes en el proceso, sin que se logre apreciar que la misma
constituya una vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte
actora.
35. Elloes así, porque, tal como se expuso en el fallo impugnado, «el cargo
relacionado con el formulario E-24 txt fue analizado de forma adecuada por la
autoridad accionada, pues (i) precisó que el precedente del 11 de marzo del 2021
no era exigible a la parte actora, por cuanto ella demandó en diciembre de 2019 y
la regla jurisprudencial que se buscaba aplicar se refería a formalidades sobre las
pruebas que debían allegarse con dicha demanda; (ii) respecto a la sentencia del
8 de febrero de 2018, resaltó que dicha decisión no fue invocada al apelar y que los
supuestos fácticos de su caso y el que se estudió allí son distintos, pues en aquel
se demandó la elección del Senado de la República para el periodo 2014 a 2018 y
el cargo fue por diferencia de más del 10% entre las Corporaciones de Cámara y
Senado; y, mucho más importante, (iii) aclaró que dicho fallo no estableció que el
formulario E-24 tradicional haya perdido eficacia probatoria, como sugiere el
accionante».
36. Adicionalmente, debe señalarse que no es cierto que la jurisprudencia sobre la
materia haya sostenido que el formulario E-24 tradicional perdió eficacia probatoria,
puesto que, de las decisiones judiciales que el actor identificó como desatendidas,
no se extrae dicha regla jurisprudencial.
37. En ese orden de ideas, y comoquiera que el formulario E-24 tradicional sí tiene
eficacia probatoria, para la Sala es claro que el referido medio de convicción debía
ser valorado por la autoridad aquí accionada, como en efecto lo hizo, lo que le
permitió concluir, a partir de dicho análisis, la existencia de diferencias injustificadas
en 3 de las mesas de votación objeto de estudio.
38. De otra parte, y en cuanto a la supuesta configuración de la violación directa de
la Constitución invocada por el actor, y que se encuentra asociada con la limitación
del derecho de defensa, la Sala debe hacer ahínco en los argumentos expuestos
por la autoridad accionada frente a este punto en específico, los cuales fueron del
siguiente tenor:
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
[…] 97. El apelante sostiene que no considerar las irregularidades que adujo en
la contestación de la demanda resulta violatorio de su derecho fundamental a
presentar pruebas y controvertir las allegadas en su contra.
98. Defiende que demandar su propio acto de elección con un fin cautelativo o
de protección, resulta restrictivo y desconocedor del interés que le asiste como
ganador y que no cuenta con otro medio de defensa que las EXCEPCIONES,
pues recuérdese que, la figura de la demanda de reconvención está descartada
para el proceso electoral, a razón que en la práctica se hace inviable, pues
siempre estaría afectada por la caducidad, razón por la que se encontraría en
desventaja o inferioridad frente al ahora accionante.
99. Sostiene que no desconoce la postura actual del Consejo de Estado sobre
el tema, pero la estima poco garantista de los derechos fundamentales al debido
proceso, contradicción y defensa, así como lejana a la búsqueda de la verdad
electoral.
100. Sobre el particular, es menester precisar que la disertación propuesta no
es nueva para la Sección, la cual se ha pronunciado sobre el tema en diferentes
oportunidades, así:
[…]
109. Nótese que la jurisprudencia de la Sección es pacífica en cuanto a
que cada diferencia injustificada entre formularios E-14 y E-24 constituye
un cargo en sí mismo, por ende, cada uno de los registros acusados
configura un cargo de falsedad en sí mismo, razón por la cual se
encuentran sometidos al término de caducidad, independientemente de si
son presentados por la parte actora o por el extremo accionado.
110. En manera alguna ello puede ser considerado, para el caso del
demandado, como una violación de su derecho fundamental de defensa y
contradicción, pues a la par de está prerrogativa ius fundamental que se
invoca reposa la preservación del orden democrático junto a la seguridad
jurídica que nace de la estabilidad de las instituciones y la conformación
de los órganos del Estado, que no sería posible sin el estricto y reducido
plazo previsto por el legislador para el ejercicio del medio de control de
nulidad electoral.
111. Por elementales motivos de legitimidad y credibilidad de quienes encarnan
funciones públicas, no es posible mantener sub judice a perpetuidad a quienes
se presumen legalmente designados para materializar el poder público que
emana del pueblo soberano. Y sería precisamente eso lo que sucedería si se
abre la puerta para que, por vía de excepciones de mérito se eleven nuevos
reproches encaminados a enervar la idea de verdad electoral y pureza del
sufragio, que, por las particularidades de la acción judicial, podrían tener
impredecibles repercusiones en la configuración de toda la corporación
pública, pues es imperativo recordar que tratándose de causales objetivas se
entienden demandados todos sus integrantes, a quienes, bajo la misma lógica
del aquí apelante, se debería permitir elevar sus propios ruegos so pretexto de
garantizar una debida contradicción.
112. Bajo el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, no le es
dable a ninguna de las partes alegar su propia culpa en una causa judicial como
motivo de defensa. Guardar silencio de las irregularidades que pudieron ser
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
advertidas en sede administrativa y que pudieron ser oportunamente
señaladas por vía judicial constituye también un desconocimiento de los
deberes ciudadanos de colaborar con el recto ejercicio de la
administración de justicia, así como de las responsabilidades que involucran
a todo el conglomerado frente al sistema democrático.
113. No se trataba en el sub lite de una tarea titánica o de imposible
cumplimiento, y la prueba está en que, en el caso concreto, la parte accionada
pudo en plazo de quince días con el que contaba para contestar la
demanda –la mitad del tiempo que se tiene para accionar– no solo
identificar cabalmente las mesas en las que consideró existieron
diferencias injustificadas distintas a las presentadas en la demanda, sino
además presentar las evidencias que, a su juicio, las probarían.
114. El contencioso electoral es un juicio objetivo de legalidad, que mira la
avenencia del acto de elección con el orden jurídico en abstracto. De ahí que el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción que se permite a todos los que
se puedan ver afectados con la decisión que ponga fin al proceso,
necesariamente, deba ir de la mano con la consideración de que la actuación
de la organización electoral, en el caso de las causales objetivas, solo pueda
ser cuestionada dentro del plazo perentorio que fija la ley, que no es otro que el
establecido en el artículo 164 del CPACA.
115. Así, técnicamente, cuando se alega la existencia de falsedades en el
procedimiento de escrutinios, lo que se dice es que el acto de elección contiene
un vicio que puede afectar su legalidad, pero en manera alguna se censura la
posición o el derecho subjetivo del demandado en estricto sentido, que, desde
luego, se puede ver afectado, no siendo la razón de ser de la actuación judicial.
De ahí que el margen de acción en el que se inscribe el ejercicio de defensa no
pueda extremarse al punto de elevar nuevos reproches, pues, si bien en este
caso se da la particular circunstancia de que quien demanda es al mismo tiempo
quien aspiró a una de las curules en disputa, no es menos cierto que resultaría
paradójico aplicar el efecto de contradicción pretendido por la parte accionada
sobre un ciudadano del común.
116. Por esto, la Sala, en esta oportunidad, ratifica su jurisprudencia
conforme con la cual no es posible examinar diferencias injustificadas
entre formularios E-14 y E-24 alegados en la contestación de la demanda
por fuera del término de caducidad, con lo cual, por contera, se colige que el
planteamiento examinado en el presente acápite no está llamado a prosperar;
máxime cuando el apelante no controvierte haber actuado por fuera de dicho
plazo en el sub judice. […] (negrillas pro fuera del texto original)
39. Visto lo anterior, para la Sala es claro que la causal de violación directa de la
Constitución invocada en el escrito de tutela no tiene vocación de prosperidad, toda
vez que la determinación por parte de la autoridad accionada de no estudiar los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda, consistentes en la
contabilización de unos supuestos votos que no le fueron tenidos en cuenta al hoy
accionante, estuvo sustentada en que esa etapa procesal no es permitido alegar
ningún tipo de diferencias injustificadas distintas a las planteadas en la demanda
de nulidad electoral.
40. Lo expuesto encuentra sustento en el hecho de que la autoridad accionada para
adoptar dicha determinación se fundamentó en cinco (5) providencias de la
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Accionante: Rodrigo Amaya Culma
Corporación en las que se ha sostenido de manera pacífica y reiterada «que para
que el cargo de diferencia entre los formularios E-14 y E-24 pueda ser
estudiado, requiere que se precise en detalle el departamento, municipio, zona,
puesto y el número de la mesa en la que se aduce tuvo lugar la irregularidad, así
como el candidato en quien recae la irregularidad, de manera que cada registro
en sí mismo se constituye en la materialización del cargo»13. (Negrillas por fuera del
texto original)
41. Significa lo anterior que, si el actor pretendía que se le contabilizaran los votos
que, a su juicio, no fueron tenidos en cuenta a su favor, debió ejercer las acciones
administrativas o judiciales pertinentes -en este último evento dentro del término de
caducidad- para efectos de que se corrigiera la supuesta irregularidad, ya que por vía
de excepción el juez lectoral no puede resolver tal inconformidad, máxime cuando
para este tipo de procesos no resulta procedente la demanda de reconvención.
42. Por último, y en cuanto al argumento asociado con la negativa de la autoridad
accionada en practicar nuevos escrutinios, la Sala advierte que tal motivo de
inconformidad carece de vocación de prosperidad, porque, tal como se explicó en
la sentencia enjuiciada, en el sub examine no resultaba necesario la práctica de
nuevos escrutinios, en el entendido de que «al advertirse por parte del a quo los
registros en los que se probaron las falsedades oportunamente alegadas –dentro
de las que, en este caso, por razones de caducidad, solo se cuentan las alegadas
en la demanda y no las presentadas en la contestación del demandado–, y su
impacto específico en el resultado global de la elección, lo que procedía, como en
efecto lo hizo, era declarar la elección del verdadero ganador de la curul, en este
caso, la accionante».
43. Al respecto, valga resaltar que «la práctica de nuevos escrutinios (…) se trata de
una atribución del juez electoral cuya aplicación tiene lugar cuando no se cuenta
con el debido soporte probatorio para establecer la verdad electoral
manifestada en las urnas»14.
44. Es decir, la realización de nuevos escrutinios se sustenta principalmente en que
el juez electoral no cuenta con las herramientas y los documentos necesarios para
llegar a una verdad electoral, circunstancias que en el caso sub judice no se
cumplía, comoquiera que se contaba con todo lo necesario para hallar la verdad
consistente en la diferencia injustificada de votos de la señora Clara Vega -
demandante en el proceso electoral-, toda vez que, como se mencionó en líneas
anteriores, los argumentos planteados en la contestación de la demanda por el hoy
accionante no eran susceptibles de ser estudiados por la autoridad judicial
accionada.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 6 de junio de 2019, radicado
11001-03-28-000-2018-00060.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 4 de marzo de 2021, rad. 27001-
23-33-000-2019-00047-01.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
45. De allí que resulta oportuno destacar que el juez de tutela solo puede intervenir
cuando aprecia que la providencia judicial carece por completo de sustento jurídico
o fáctico o no resulta razonable, o cuando advierta que hubo una valoración de los
medios de prueba alejada a las reglas y principios de la sana crítica, supuestos
que, como se dijo previamente, no se configuran en esta oportunidad.
46. En este estado de cosas, también resulta preciso poner de relieve que la acción
de tutela no está instituida como una instancia adicional a las previamente
establecidas en el ordenamiento jurídico, ya que la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio
ordinario una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía
de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un
pronunciamiento judicial. De allí que la intervención del juez constitucional15 se
encuentre limitada a verificar que la decisión judicial tutelada sea razonable. Toda
vez que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la
seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada16.
47. Es a partir de ello que se advierte que la parte actora más que demostrar la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, sus argumentos están
dirigidos a plantear un supuesto mejor criterio interpretativo del análisis efectuado
por la autoridad accionada, sin que ello implique que la decisión censurada sea
arbitraria o caprichosa.
48. En conclusión, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales ni tampoco se configuró alguna de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
por lo tanto, se negará el amparo deprecado por el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de amparo, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01976-01
Accionante: Rodrigo Amaya Culma
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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