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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01981-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01981-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente al defecto sustantivo por falta de aplicación del numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso y del defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por el actor, los cuales fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre. En 37 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00 Actor: Municipio de Colosó - Sucre consecuencia, DEJAR SIN EFECTO parcialmente la sentencia de 24 de noviembre de 2021, por la citada Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 700013333002201600119-03, en el entendido de que la indemnización a ser reconocida a favor del señor José Miguel Peralta Romero no podrá ser inferior a los seis (6) meses, ni superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro (24) meses, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01981-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre
Demandados: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de
subsidiariedad

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia e iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia e iii) igualdad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio, el Tribunal, al
proferir la sentencia de 24 de noviembre de 2021, y el Juzgado, al proferir la
sentencia de 27 de junio de 2019, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
700013333002201600119-03, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, a través del Alcalde Municipal1, presentó solicitud de tutela contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio, el
Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de noviembre de 2021, y el Juzgado, al
proferir la sentencia de 27 de junio de 2019, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
700013333002201600119-03, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que el señor José Miguel Peralta Romero fue nombrado en
provisionalidad mediante Decreto núm. 096 del 23 de octubre del 2001, en el
cargo de Técnico, código 401, grado 01 del Municipio de Sucre, el cual ejerció
desde el 23 de octubre de 2001, hasta el 22 de enero de 2006.

4. Expresó que con posterioridad, mediante Resolución núm. 007 de enero 23 de
2006, fue nombrado para desempeñar el cargo de Técnico Operativo, Código
314, Grado 05; tomando posesión en esa misma fecha.

5. Adujo que mediante Acuerdo núm. 8 del 13 de junio de 2015 y los Decretos
núms. 037 del 19 de junio de 2015 y 039 del 19 de junio de 2015, se estableció la
nueva estructura y planta de personal de la Alcaldía Municipal de Colosó.

1 El señor Isaías Javier Díaz Barrios presentó la acción de tutela en calidad de Alcalde del Municipio de
Colosó - Sucre. Para tal efecto, anexó el “[…] Acta de Posesión núm. 001 del Señor Isaías Javier Díaz Barrios
como Alcalde del Municipio de Colosó Sucre […]” “[…] para el período Constitucional y Legal comprendido
entre el 1° de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2023 […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

6. Agregó que como consecuencia de la reestructuración que se llevó a cabo, por
medio de la Resolución núm. 215 del 19 de junio de 2015, el cargo desempeñado
por el señor José Miguel Peralta Romero, pasó a denominarse Técnico
Administrativo, Código 314, Grado 02.

7. Afirmó que el 22 de diciembre de 2015, se constituyó el Sindicato de los
Servidores Públicos y de los Servicios Públicos del Municipio de Colosó
(SINDESERPUCOL), en donde el 23 de diciembre de 2015, el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social de la Dirección Territorial Sucre del Ministerio del
Trabajo, notificó a la Alcaldesa Municipal de Colosó, la constitución, primera
nómina directiva y estatutos del sindicato.

8. Indicó que el señor José Miguel Peralta Romero era miembro activo y fundador
del sindicato; sin embargo, mediante Decreto núm. 0033 del 4 de febrero de 2016,
se le declaró insubsistente en el cargo de Técnico Operativo, código 314, grado
06.

9. Expresó que el señor José Miguel Peralta Romero presentó demanda contra el
Municipio de Colosó - Sucre, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en donde solicitó que se declarara la nulidad del
Decreto núm. 0033 del 4 de febrero de 2016; y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordenara a la parte demandada a reintegrarlo al cargo que
venía ocupando y al pago de los salarios dejados de percibir desde su
desvinculación.

Sentencia proferida el 27 de junio de 2019 por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
700013333002201600119-03

10. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo resolvió lo
siguiente:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de (sic) del Decreto No. 0033 de 4 de
febrero de 2016, que declaró insubsistente a (sic) al señor JOSÉ MIGUEL
PERALTA ROMERO, identificado con C.C. No. 92.600.906, al cargo de Técnico
Operativo – Código 314-grado 05, según lo expuesto en este proveído.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE al
MUNICIPIO DE COLOSÓ reintegrar al señor JOSÉ MIGUEL PERALTA ROMERO,
al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría y
remuneración en su planta de personal.

TERCERO: CONDÉNESE al MUNICIPIO DE COLOSÓ al pago de los sueldos,
primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos causados durante el tiempo
que estuvo separado del servicio hasta su reintegro, esto es desde el 4 de
febrero de 2016 hasta que se haga efectivo su reintegro. La liquidación deberá
hacerse tal como se indicó en la parte motiva de este proveído, teniendo en cuenta
la fórmula:

Índice Final R= Rh x Índice final
_________

Índice inicial

CUARTO: DECLÁRESE que no ha existido solución de continuidad en la
vinculación del señor JOSÉ MIGUEL PERALTA ROMERO, durante el tiempo que
estuvo separado del servicio, para todos los efectos legales.

QUINTO: Niéguese las demás súplicas de la demanda.

SEXTO: CONDÉNESE en costas a la parte demandada en un 10%. Por secretaria
(sic) realícese la liquidación de las mismas, según se motivó […]”.

11. Consideró que:

“[…] Fundamentó el A-quo, que el Decreto 0033 del 4 de febrero de 2016, se
encontraba viciado de nulidad, por cuanto el vencimiento del término de seis meses,
no era razón suficiente para desvincular del servicio a un empleado nombrado en
provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, máxime cuando no se probó
que su desvinculación obedeció a la convocatoria de un concurso de méritos que
fue cumplido a cabalidad y terminó, con una lista de elegibles para dicho cargo u
obedeció a razones de mejoramiento del servicio público.

Aunado a lo anterior, se certificó que “la Comisión Nacional del Servicio Civil, a
partir del 12 junio de 2014 no tiene ninguna injerencia en los nombramiento (sic) de
encargo o en provisionalidad de las entidades destinatarias de la ley 909 de 2004,
tales decisiones quedan en cabeza de Los (sic) respectivo entes públicos”.

Así las cosas, concluyó: “partiendo de que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004,
establece las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa y que en el
presente caso no concurrió ninguna de estas, es factible afirmar que el acto
administrativo recurrido está viciado de nulidad por cuanto se encuentra falsamente
motivado, ya que el vencimiento de los 6 meses, la declaratoria de un concurso

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

desierto y "cumplir una orden judicial" no era motivo suficiente para no continuar
con el nombramiento del señor JOSE MIGUEL PERALTA ROMERO […]”2.

Sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021 por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 700013333002201600119-03

12. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia adiada 27 de junio de 2019, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sincelejo, de conformidad con las
razones señaladas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia, a la parte demandada.

En firme la presente providencia, por el A quo, de manera concentrada,
REALÍCESE la liquidación correspondiente, de conformidad con lo preceptuado en
el Art. 366 C. G. del P […]”.

13. Consideró que:

“[…] Así entonces, es de advertirse, que en la parte motiva del acto administrativo
demandado NO se hace un análisis concreto y justificado de la desvinculación del
accionante, por haber vencido el término de los seis (6) meses del “encargo” y/o
que el demandante no tenía idoneidad para continuar en su ejercicio; por tanto, no
es cierto lo dicho en el recurso de apelación, ateniente a que el término del
vencimiento de la provisionalidad fue sustento para la expedición del Decreto No.
010 de 2016 […]”.

[…]

“[…] De otro lado, de la lectura del acto acusado se extrae, que las
consideraciones esbozadas para declarar insubsistente al hoy demandante, se
resumen en el incumplimiento a lo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio
Civil en la Resolución No. 2632 del 9 de septiembre de 2010, en la que se indicó
que empleos a los cuales se les declaró desierto el concurso (Técnico Operativo -
Código 314 - Grado 06), debían ser cubiertos de conformidad con el orden de
provisión establecido en el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005.

También se dice en el acto cuestionado, que el referido empleo, es un cargo de
carrera, por lo cual el nombramiento en provisionalidad del actor debió efectuarse
previa convocatoria a un nuevo concurso público para proveer el cargo vacante,
2 El resumen de las consideraciones jurídicas expuestas por el Juzgado Segundo Oral Administrativo del
Circuito de Sincelejo, fueron tomadas de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el 24 de noviembre de 2021.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

conforme a lo ordenado por la CNSC. Además que, en una clara acción de
favorecimiento por parte de las anteriores administraciones municipales de Colosó,
Sucre, el demandante llevaba desempeñando un empleo de carrera, al que no
había accedido por méritos y calidades conforme a la Constitución y la Ley.

Pues bien, las referidas consideraciones esbozadas en el citado acto, no son
válidas para declarar insubsistente al hoy demandante, pues, las mismas no se
encuentran dentro de las causales constitucionales y legales para declarar
insubsistente a un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera,
ya que la facultad de retiro es reglada, por lo que para ejercerla deben mediar los
requisitos que para el efecto ha fijado la ley.

Así, el Parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, señala que: “Es reglada
la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse
mediante acto motivado”.

En ese sentido, el aludido “incumplimiento a los mandatos de la Comisión Nacional
del Servicio Civil”, a más de no ser una causal de retiro para empleados
provisionales, no es una omisión atribuible al demandante para efectos de justificar
su desvinculación.

Y si bien no concurre alguna de las causales previstas en el artículo 7 del Decreto
1227 de 2005, lo cierto es, que mientras no se lleve a cargo el concurso de mérito y
se provea el cargo de manera definitiva u ocurra cualquier circunstancia objetiva,
que imposibilite la continuidad de la empleada en sus funciones, no es dable
desvincularlo y menos aún, por las razones esbozadas en el acto demandado.

Por otro lado, tampoco es de recibo que el retiro del demandante se justifique bajo
el argumento de que la anterior administración municipal de Colosó, Sucre, lo
favoreció a nombrándolo en un empleo de carrera al que no había accedido por
méritos y calidades, conforme a la Constitución y la Ley.

Frente a lo anterior, se señala que el nombramiento al aludido cargo no podía ser
por mérito, pues, es claro que el mismo estaba vacante en razón a que el concurso
que convocó a su provisión fue declarado desierto. Y el hecho de que el
demandante, no hubiese participado en la respectiva convocatoria, no es óbice
para que no fuera nombrado en provisionalidad, lo cual solo dependía de que se
reunieran los requisitos necesarios para tal efecto, esto es, que el cargo este
vacante, que no pueda ser cubierto por otro empleado de la administración y que
las calidades del postulante al empleo sean las que se exigen en la ley y los
manuales de funciones.

Conforme lo expuesto, la decisión de primera instancia, que declaró la nulidad del
acto acusado y ordenó el respectivo restablecimiento, debe ser confirmada,
conforme lo antes expuesto.

3. Condena en costas - segunda instancia -.

Aplicando el criterio valorativo de la noción costas, no se condenará al ente
demandado en tal sentido […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

La solicitud de tutela

Pretensiones

14. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en los hechos y consideraciones de orden probatorio y legal,
me permito solicitar, a fin de evitar un perjuicio irremediable en contra de los
derechos e intereses del Municipio de Colosó, se amparen los derechos
fundamentales conculcados y como consecuencia de ello:

1.- Se revoquen los numerales tercero y sexto de la sentencia de 27 de junio de
2019, proferida por el Juzgado segundo administrativo oral del circuito de Sincelejo
– Sucre y confirmada mediante proveído de la sala primera de decisión oral del H.
Tribunal Administrativo de Sucre en fecha 24 de noviembre de 2.021, radicado 70-
001-33-33-002-2016-00119-00.

2.- Se revoque el numeral primero y segundo de la sentencia de fecha 24 de
noviembre de 2.021 proferida por la sala primera de decisión oral del H. Tribunal
Administrativo de Sucre, radicado 70-001-33-33-002-2016-00119-01 […]”.

15. La Sala al revisar y estudiar los argumentos jurídicos expuestos por el actor
en su escrito de tutela evidencia que lo que persigue es que se deje sin efectos
jurídicos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, al haber incurrido en un defecto sustantivo por falta de
aplicación del numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, en un
defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia y en
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

16. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de abril de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y al Juez Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo; y iii) vinculó al señor José Miguel Peralta Romero, en
calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

17. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo adujo
que:

“[…] En lo que respecta a las pretensiones de la acción de tutela, considera esta
Unidad Judicial, que las mismas no tienen vocación de prosperar, ya que no está
instituida para revivir términos judiciales, pues lo alegado, no fue motivo de
inconformidad en el escrito de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia proferida el 27 de junio de 2019, teniendo en cuenta que toda providencia
judicial que ponga fin al proceso es susceptible de recurso y se deberá expresar
los contraargumentos y de él, se extrae, que iban encaminados a que el decreto
0033 de 4 de febrero de 2016 por medio del cual se declara insubsistente al
demandante no se encontraba configurada la causal de falta motivación, dicha
decisión se produjo tomando como base el precedente jurisprudencial, respetando
lo expuesto por nuestro órgano máximo de cierre.

En conclusión, se evidencia que no se afectaron los derechos fundamentales de la
parte demandada en el proceso ordinario, hoy tutelista, teniendo en cuenta que la
decisión que puso fin a la instancia se basó aplicando el presente (sic)
jurisprudencial del H. Consejo de Estado.

Por lo expuesto, se procede a plantear el siguiente problema jurídico:

¿En el caso que nos ocupa, existió vulneración de derechos por parte de esta
Casa Judicial?

Tesis

No, en el caso que nos ocupa, no existió vulneración de derechos por parte de
esta Casa Judicial.

Argumentándose centralmente,

Teniendo en cuenta que la providencia de 27 de junio de 2019 y 24 de noviembre
de 2021, tuvo su (sic) fundamentos en el análisis de la situación fáctica de la
demandante y en normativa aplicable al caso concreto del señor JOSE MIGUEL
PERALTA ROMERO, lo cual se dejó por sentado en las consideraciones que
dieron lugar a la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y como en
párrafos anteriores se manifestó el H. Tribunal Administrativo de Sucre en uso de
su autonomía Judicial y su fundamento factico jurídico resolvió confirmar la misma,
siendo lo procedente obedecer y cumplir lo resuelto por nuestro superior
jerárquico.

EN SINTESIS

Se solicita negar la acción de tutela, al no existir la vulneración alegada por cuando
se garantizaron los derechos fundamentales, del hoy accionante […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

18. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el señor
José Miguel Peralta Romero guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

19.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia de 24 de noviembre de

3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

2021 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 700013333002201600119-03, incurrió en un
defecto sustantivo por falta de aplicación del numeral 8 del artículo 365 del
Código General del Proceso, en un defecto procedimental por desconocimiento
del principio de congruencia y en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que al momento de fijar los
topes indemnizatorios a favor del señor José Miguel Peralta Romero se
desconociera el precedente judicial fijado en la sentencia SU-556 de 2014 y el
desconocimiento de las reglas jurídicas respecto a la condena en costas.

22. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; vii) marco normativo
y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; viii) análisis del caso
concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello5, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

24. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

26. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.

27. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.

29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

32. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01981-00
Actor: Municipio de Colosó - Sucre

32.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

32.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación
de normas jurídicas, en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en un defecto procedimental.

32.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

32.4. Ahora bien, el actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación del numeral 8
del artículo 365 del Código General del Proceso y en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial. En ese orden de ideas, expresó que:

“[…] Así mismo, frente a las costas procesales, en el caso del Juzgado segundo
administrativo oral de Sincelejo, al fijar costas en cuantía del 10%, conforme con el

10 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

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acuerdo 1887 de 2003, vulneró el numeral 8 del artículo 365 C.G.P., que
determina que solo hay lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación, lo que no acontece en este caso;
además, desconoció el precedente jurisprudencial vertical del H. Consejo de
Estado, específicamente la sentencia de agosto 6/2019, de la Sala Plena, Exp.
15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU, C.P. Rocío Araújo Oñate en la que
el máximo organo (sic) contencioso determinó: “Por esta misma razón, la condena
en costas, opera de manera objetiva contra la parte vencida en juicio, pero no en
forma automática, en tanto el juzgador debe valorar que esté configurada
cualquiera de las hipótesis previstas por el legislador […]”.

32. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que el
actor controvierte es que el Tribunal Administrativo de Sucre lo condenó en costas.

33. Para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que
tienen su origen en un asunto de contenido económico, como lo es la condena en
costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

34. Al respecto, la Corte Constitucional11 ha señalado:

“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está en discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la
posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante
considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala)

35. Al respecto, es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación del artículo 365 del Código
General del Proceso, que regula el tema de las costas procesales, por cuanto se

11 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

trata de un asunto de carácter legal y económico que no le corresponde decidir al
juez de tutela, sino al juez natural del proceso.

36.Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos12, y en especial, en la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 202013 señaló en un caso con presupuestos
fácticos similares, lo siguiente:

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por
cuanto si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada
dentro del proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que
para la Sala no es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este
mecanismo constitucional para controvertir un asunto de contenido económico,
como lo es la condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una
vulneración que amerite la intervención del juez constitucional, en los términos
del artículo 86 Superior.

Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o
plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP,
que regulan el tema de costas procesales, pues constituyen un asunto de
carácter legal que no le compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello,
en aras de evitar que se convierta en una tercera instancia, conforme lo
manifestó el a quo.

Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de
amparo controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no
se condenó en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:

“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin
de verificar si se cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia
constitucional.

Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre

de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre

de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón.

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La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular, al
referirse al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.

[…]

“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad, es menester recordar que las costas procesales
constituyen aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte
vencida en un proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden
a los gastos necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que
obedecen a la suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte
favorecida con la condena en costas, con el fin de reconocerle los costos
afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre propio,
como contraprestación por el tiempo y el esfuerzo dedicados a la causa […]”.

[…]

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende
cuestionarse resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no
evidenciarse temeridad en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es
viable que el actor pretenda usar este mecanismo constitucional para
controvertir un asunto de contenido económico, como lo es la no condena en
costas procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que amerite la
intervención del juez constitucional, en los términos del artículo 86 Superior […]”.

De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con
el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, cuando se erige contra
providencias judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da
lugar a confirmar la decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de
noviembre de 2020, mediante el cual declaró improcedente el trámite
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia. […]”. (Resaltado por la Sala).

37.De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la trasgresión de
derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen en un asunto de
contenido económico que tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación judicial.

Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

38. El actor en su escrito de tutela adujo que la autoridad judicial accionada

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

desconoció el principio de congruencia. En ese orden de ideas, consideró lo
siguiente:

“[…] A su turno, la sala primera del H. Tribunal Administrativo de Sucre en el
fallo de segunda instancia, a pesar de que en la parte considerativa
determinó que “aplicando el criterio valorativo de la noción costas, no se
condenará al ente demandado en tal sentido”, en la parte resolutiva dispuso
condenar en costas de segunda instancia, lo que demuestra no solo el
desconocimiento de la norma y del precedente vertical citado en el hecho
anterior, sino la violación del principio de congruencia de la sentencia […]”.
(Resaltado por la Sala).

39. Ahora bien, frente al desconocimiento del principio de congruencia de la
sentencia acusada, esta Sección considera que no se cumple con el requisito de
la subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con otro medio de defensa judicial
para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que es el recurso extraordinario de revisión.

40. En efecto, esta Sección14 al resolver un asunto en el que se discutía el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:

“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de
Revisión de esta Corporación15, y acogida por esta Corporación en posteriores
providencias16, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una
de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
Señala la providencia en mención lo siguiente:

“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de

2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de

2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de

2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas
implica una actuación sin competencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador
incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional,
dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar
asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”

41. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de
control judicial para garantizar la protección de los derechos del actor, como lo es
el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto del
desconocimiento del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de
tutela17. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela como se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Estudio del perjuicio irremediable

42. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

17 Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra

providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

43. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional18:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable19[…]”.

44. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

45. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que el actor debió haber presentado el recurso
extraordinario de revisión.

46. Por último, la Sala analizará el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedibilidad:

46.1. Cumplió con el principio de inmediatez20.

46.2. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
20 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 24

de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

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judicial;

46.3. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

46.4. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

47. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

48. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189621 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200123; C-
22

816 de 201124; C-179 de 201625; y T-102 de 201426.

49. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”27 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
21 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
22 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
23 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).

27 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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50. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional28, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

51. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria29, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.

52. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala30, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

28 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
29 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

22

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53. En efecto, la Sala31 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial32”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.

54. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

55. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

31 ibídem.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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56. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
33

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

57. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

58. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso
34

a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la

33 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
34 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

59. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

60.Atendiendo a que la Corte Constitucional35 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

35 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

Análisis del caso en concreto

61. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

62. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

63. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

63.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el 24 de noviembre de 2021.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial

64. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. En
ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Ante el juzgado segundo administrativo oral del circuito de Sincelejo se
tramitó la primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

rad 70-001-33-33-002-2016-00119-00, despacho que en la parte resolutiva del
fallo dispuso: “(…)TERCERO: condénese al Municipio de Colosó al pago de los
sueldos, primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos causados durante
el tiempo que estuvo separado del servicio hasta su reintegro, esto es desde
el 4 de febrero de 2016 hasta que se haga efectivo su reintegro…

SEXTO: CONDENESE en costas a la parte demandada en un 10%. Por
secretaría realicese la liquidación de las mismas según se motivó…”

2. Contra la decisión anterior, en tiempo se interpuso recurso de apelación de
conocimiento de la sala primera del Tribunal administrativo de Sucre y dicho
Tribunal el día 24 de noviembre de 2.021 decidió: “PRIMERO: CONFIRMAR la
sentencia adiada 27 de junio de 2019, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Sincelejo, de conformidad con las razones señaladas en
la parte motiva de esta decisión […]”.

[…]

“[…] Como se observa, con los fallos de primera y segunda instancia, las
accionadas, al ordenar el pago de los conceptos de salarios y prestaciones desde
el 4 de febrero de 2016 hasta que se haga efectivo el reintegro del demandante,
desconocieron el precedente vertical de la Honorable Corte Constitucional
dispuesto, entre otras, en la sentencia SU-556 de 2014 que determina:
“…3.6.3.13.2. En ese contexto, desarrollando los criterios fijados por la Corte en la
SU-691 de 2011, estima la Sala que la fórmula que resulta aplicable al caso de
quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son desvinculados sin
motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de
continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones
efectivamente dejados de percibir. Cabe entender que el salario se deja de
percibir, cuando, por cualquier circunstancia, una persona se ve privada de la
posibilidad de generar un ingreso como retribución por su trabajo, de manera que,
cuando quiera que la persona accede a un empleo o a una actividad económica
alternativa, deja de estar cesante, y, por consiguiente, ya no “deja de percibir” una
retribución por su trabajo.

Siendo ello así, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente
sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria
es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo de desvinculación,
haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente
pública o privada, como dependiente o independiente.

3.6.3.13.3. De esta forma, la Corte amplía las reglas de decisión que se han
venido adoptado en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con la
orden relativa al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y la previsión
aplicada de descontar de dicho pago lo que la persona desvinculada hubiese
percibido del Tesoro Público por concepto del desempeño de otros cargos públicos
durante el tiempo que estuvo desvinculada. Así, conforme con la nueva lectura, la
regla de decisión se extiende, en esas circunstancias, a descontar la remuneración
que recibe la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del
sector privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente.

3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la
reparación debe corresponder al daño que se presentó cuando, de manera
injusta, se frustró la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se

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Actor: Municipio de Colosó - Sucre

dispondrá que, en todo caso, la indemnización a ser reconocida no podrá ser
inferior a los seis (6) meses que según la Ley 909 de 2004 es el término
máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un
límite superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro (24) meses,
atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel
de los mismos y la desvinculación del servicio.

3.6.13.5. A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se fija, en
razón a que las personas desvinculadas han agotado previamente el respectivo
proceso judicial, y, como consecuencia de la congestión y la consiguiente mora en
la adopción de las decisiones de protección, la posibilidad de acceder a un
reconocimiento patrimonial por el despido injusto se extienda a periodos de varios
años, es decir, a periodos que superen los seis (6) meses. En el caso contrario, el
pago mínimo de indemnización no tiene lugar, y ésta deberá corresponder al daño
efectivamente sufrido, el cual será equivalente al tiempo cesante.

3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término máximo
de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago excesivo y
desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la
desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo en cuenta los
estándares internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios, que
consideran como de larga duración el desempleo superior a un año […]”.

[…]

“[...] Desconocimiento Vertical por que las accionadas, al ordenar el pago de los
conceptos de salarios y prestaciones desde el 4 de febrero de 2016 hasta que se
haga efectivo el reintegro del demandante, desconocieron el precedente vertical de
la Honorable Corte Constitucional dispuesto, entre otras, en la sentencia SU-556
de 2014 que determina: “…3.6.3.13.2. En ese contexto, desarrollando los criterios
fijados por la Corte en la SU-691 de 2011, estima la Sala que la fórmula que
resulta aplicable al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y
son desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin
solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y
prestaciones efectivamente dejados de percibir. Cabe entender que el salario se
deja de percibir, cuando, por cualquier circunstancia, una persona se ve privada de
la posibilidad de generar un ingreso como retribución por su trabajo, de manera
que, cuando quiera que la persona accede a un empleo o a una actividad
económica alternativa, deja de estar cesante, y, por consiguiente, ya no “deja de
percibir” una retribución por su trabajo.

Siendo ello así, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente
sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria
es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo de desvinculación,
haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente
pública o privada, como dependiente o independiente […]”.

65. Por su parte, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
al proferir la sentencia de primera instancia el 27 de junio de 2019, consideró lo
siguiente:

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“[…] Corolario de todo lo expuesto deviene la prosperidad de las pretensiones con
la consecuente nulidad del acto administrativo demandado; esto el Decreto No.
0033 de 2016, que declaró insubsistente al señor JOSÉ MIGUEL PERALTA
ROMERO; y su restablecimiento, en el sentido de ordenar al Municipio de
Colosó al reintegro del demandante, así como el pago de todos los
emolumentos salariales y prestacionales, dejados de percibir desde que se
produjo la desvinculación hasta que sea efectivamente reintegrado […]”.

[…]

“[…] TERCERO: CONDÉNESE al MUNICIPIO DE COLOSÓ al pago de los
sueldos, primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos causados durante
el tiempo que estuvo separado del servicio hasta su reintegro, esto es desde
el 4 de febrero de 2016 hasta que se haga efectivo su reintegro…[…]”.
(Resaltado por la Sala).

66. El Tribunal Administrativo de Sucre al proferir la sentencia de segunda
instancia, el 24 de noviembre de 2021, resolvió confirmar en su integridad lo
establecido en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, disponiendo en su parte resolutiva lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia adiada 27 de junio de 2019, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sincelejo, de conformidad con las
razones señaladas en la parte motiva de esta decisión […]”.

67. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente36.

Sentencia de unificación SU-556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional

68. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación 556 de 24 de julio
de 2014 (M. P: Luis Guillermo Guerrero Pérez), revisó en acumulación tres
acciones de tutela presentadas por el mismo número de ciudadanos, contra
sendas sentencias proferidas por varias autoridades judiciales, en el marco de
36 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de
2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

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sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por cada
uno de los actores.

69. Estos tres casos, desde el punto de vista fáctico, tienen en común que los
actores, estando vinculados en provisionalidad a ciertas entidades públicas, fueron
retirados sin que dichas entidades explicaran los motivos de tal determinación. Por
esta razón, iniciaron acción contenciosa con pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de desvinculación.
En los tres casos, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo negó las
pretensiones formuladas por los demandantes, arguyendo que, con base en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, las entidades nominadoras accionadas
gozaban de la facultad de desvincularlos discrecionalmente, sin que fuera
necesario motivar esa decisión.

70. Dos de las acciones de tutela presentadas por los actores, fueron rechazadas
por encontrarlas improcedentes, mientras que en la restante se negaron las
pretensiones.

71. En sede de revisión, la Corte se planteó el siguiente problema jurídico:

“[…] En la presente causa le corresponde a la Corte establecer si los fallos
objeto de revisión desconocen el precedente constitucional relacionado con la
motivación de los actos administrativos de retiro de empleados públicos,
vinculados a cargos de carrera en provisionalidad, y si, por tanto, los mismos se
inscriben en alguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela
contra sentencias judiciales, en cuanto desconocen los derechos de los actores
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, como
consecuencia, sus derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral […]”.

72. En esta providencia, la Corte decidió revocar las sentencias de tutela que
negaron las solicitudes de amparo presentadas por los actores, conceder la tutela
de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, dejar sin efectos
las sentencias en virtud de las cuales se negaron las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por cada uno de los
actores, por cuanto constató que las autoridades judiciales accionadas habían
desconocido el precedente judicial establecido por esa Corporación, según el cual

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el acto de retiro del servidor público debe ser motivado, en aras de salvaguardar
su derecho fundamental al debido proceso, sin cumplir con la carga de justificación
razonable.

73. De igual forma, frente a los tres casos, la Corte consideró que la pretensión
relativa al pago de la suma equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde el momento del retiro hasta el tiempo de la sentencia, no podía ser
inferior a seis meses ni exceder de veinticuatro meses de salario. Esta
determinación la fundamentó en las siguientes consideraciones:

“[…] 3.6. Efectos de la nulidad del acto de retiro del funcionario vinculado
en provisionalidad sin motivación. Definición de la regla indemnizatoria

3.6.10.5. Así, es claro que, para el caso de los provisionales que ocupan
cargos de carrera y que son desvinculados sin motivación alguna, el pago de
los salarios dejados de percibir, desde que se produce su desvinculación hasta el
momento en que sus derechos son reconocidos judicialmente, resulta ser una
indemnización excesiva a la luz de la Constitución Política y la Ley, que puede dar
lugar a un enriquecimiento sin justa causa. Ello por dos razones fundamentales.
Inicialmente, por cuanto el servidor público afectado con la medida de retiro
se encontraba en una modalidad de vinculación temporal, que desde el
punto de vista estrictamente jurídico no tiene vocación de permanencia, lo
que claramente inhibe que a la persona se le genere una expectativa de
permanencia indefinida, representada en la posible indemnización que tenga
derecho a recibir por esa causa. De allí, que sea contrario a la ley presumir
que su permanencia en el cargo habría de superar el plazo máximo para ello
consagrado, y que, por tanto, se deba indemnizar más allá de las
expectativas legítimamente generadas. Además, porque,
constitucionalmente, en la persona radica la responsabilidad de su propio
sostenimiento, por lo que al haber sido declarada insubsistente, debe asumir
la carga consigo misma, y no pretender trasladarla a su empleador,
adelantando las acciones necesarias para recuperar su autonomía y generar
sus propios ingresos. Entonces, no es posible presumir que el daño causado se
proyecte sobre la totalidad del tiempo transcurrido desde la desvinculación hasta
la decisión judicial de reintegro, ni que al servidor público afectado se le deban
pagar los salarios dejados de percibir por un servicio que es imposible que preste
en esa entidad hacia el pasado, y que, en contraste, si pudo haber prestado en
otra institución de la sociedad.

3.6.3.11. Por lo anterior, se concluye que el daño que verdaderamente se le causa
al administrado es la pérdida del empleo, en la forma de lucro cesante en tanto se
refiere a “un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los
acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima”[53]. Al

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evaluarlo de acuerdo con los parámetros legales, se encuentra que para que
exista una verdadera reparación integral, es decir una indemnización del
daño y nada más que el daño, se debe evaluar su expectativa de
permanencia en el cargo, unida a la estabilidad laboral propia del cargo de
carrera nombrado en provisionalidad y la carga que le correspondía de
asumir su propio auto-sostenimiento y el de sus dependientes.

[…].

Por lo anterior, lógicamente cabría señalar que, dado que la vinculación en
provisionalidad tiene una limitación temporal, la indemnización por terminación sin
motivación, debería proceder conforme al mismo criterio de temporalidad, lo que
haría posible entender que el término legal de duración de la provisionalidad,
marca la expectativa máxima de permanencia de una persona vinculada en esa
modalidad. Así las cosas, en concordancia con los principios de reparación
integral y equidad, para indemnizar la pérdida del cargo de carrera provisto
en provisionalidad, sólo se tendría que pagar el salario de seis meses, el
término máximo que según la ley pueden permanecer las personas
vinculados al mismo, y por tanto el término durante el cual se les concede a
éstas la protección legal.

3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la reparación
debe corresponder al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró
la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en todo caso,
la indemnización a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que
según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad,
estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta
veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia
de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.

3.6.13.5. A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se fija, en
razón a que las personas desvinculadas han agotado previamente el respectivo
proceso judicial, y, como consecuencia de la congestión y la consiguiente mora en
la adopción de las decisiones de protección, la posibilidad de acceder a un
reconocimiento patrimonial por el despido injusto se extienda a periodos de varios
años, es decir, a periodos que superen los seis (6) meses. En el caso contrario, el
pago mínimo de indemnización no tiene lugar, y ésta deberá corresponder al daño
efectivamente sufrido, el cual será equivalente al tiempo cesante.

3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término máximo
de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago excesivo y
desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la
desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo en cuenta los
estándares internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios,
que consideran como de larga duración el desempleo superior a un año.

[…].

3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en los
casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un

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cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y
cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido
provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado
a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público
o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma
a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario […]”. [Resalta la Sala].

74. La Sala observa que hay identidad fáctica y jurídica entre la sentencia
demandada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el día 24
de noviembre de 2021 y la SU-556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional,
por cuanto en ambas providencias se analizaron casos de empleados nombrados
en provisionalidad a quienes se declararon insubsistentes por medio de actos
administrativos carentes de motivación; así mismo, se ordenó su reintegro y
correspondiente indemnización.

75. Atendiendo lo anterior, la Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de
Sucre optó por no aplicar la regla jurisprudencial fijada en la sentencia SU-556 de
2014 al caso concreto, según la cual, además del reintegro, a título indemnizatorio,
se debe ordenar pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.

76. Al respecto, esta Sección frente al tema señaló que37:

“[…] Adicionalmente, en la sentencia de unificación, la Corte fijó el límite
indemnizatorio de los empleados nombrados en provisionalidad que fueron
retirados por medio de actos administrativos carentes de motivación de la siguiente
manera:

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de

2019, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2019-00338-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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“(…) siendo consecuente con el propósito de que la reparación debe corresponder
al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la expectativa de
estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en todo caso, la indemnización
a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que según la Ley
909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma
indemnizatoria de hasta veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del
nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la
desvinculación del servicio.(…)”38 (Subrayas de la Sala)

Así las cosas, para la Sala es claro que en la sentencia demandada el Tribunal se
apartó del precedente judicial fijado en la SU-556 de 2014, sin que explicara las
razones que fundamentaron dicha modificación en el límite de la indemnización,
carga que le era atribuible, máxime cuando el juez de primera instancia había
observado lo dispuesto por la Corte en materia de topes indemnizatorios de
órdenes de reintegro de funcionarios declarados insubsistentes de cargos que
ocupaban en provisionalidad por la falta de motivación de dichas decisiones.

Advierte la Sala que el Tribunal pudo haberse apartado del precedente de la Corte
Constitucional acogido por el a quo, en cuyo caso debió explicar en la sentencia,
de forma suficiente, las razones en que fundamentaba dicha decisión; no obstante,
se reitera que la providencia demandada se apartó del precedente sin exponer con
claridad, suficiencia, objetividad y precisión las razones que lo motivaron a
apartarse de la regla prevista en la sentencia SU-556 de 2014, respecto al límite
temporal de la indemnización […]”.

77. De igual manera, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado frente al tema consideró lo siguiente39:

“[…] De conformidad con lo anterior, es claro que la razón para que el Tribunal
Administrativo del Meta, al fijar el restablecimiento del derecho en favor de la
demandante, limitara el monto de los salarios a no menos de 6 meses y no más de
24 meses, se sustentó en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-054 y 054 de 2015,
mediante las cuales la Corte Constitucional estimó pertinente que en materia de
retiro inmotivado de los empleados que ocupan en provisionalidad cargos de
carrera administrativa, la reparación integral debe ser equivalente únicamente al
daño realmente sufrido, es decir, el pago de los salarios y prestaciones
efectivamente dejados de percibir, siendo entonces preciso descontar todo lo que
la persona, durante el periodo de desvinculación, haya recibido como retribución
por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como
dependiente o independiente.

Por tanto, en relación con el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional,
es pertinente recordar lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-

38 Corte Constitucional, Sentencia SU-554 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sección Segunda, sentencia de 9
de febrero de 2017, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2016-03352-00, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

34

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634 de 2011, en la que examinó la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley
1437 de 2011:
«19.9. Los fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto
como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen
fuerza vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los fallos
de control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de revisión
de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi, tienen
fuerza vinculante para todas las autoridades públicas. Esto en razón de la
jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de
supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las
disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos
normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de
su labor de intérprete autorizado del Texto Superior». (Negrillas de la Sala).
De esta manera, concluyó dicha Corporación que “las autoridades tendrán en
cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el
Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte
Constitucional que interpretan las normas constitucionales aplicables a la
resolución de los asuntos de su competencia (…)” (Negrillas de la Sala).
En este orden de ideas, dado que las sentencias de unificación que sirvieron de
fundamento al fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Meta, se expidieron
por la Corte Constitucional en ejercicio de órgano competente y de cierre en
materia de interpretación de normas de rango Superior, pues en estas fijó el
alcance de los artículos 1º y 25 de la Carta Política, sí eran plenamente vinculantes
y aplicables al caso concreto […]”.

78. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala el Tribunal Administrativo
de Sucre incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, toda vez que al resolver el caso concreto no aplicó la regla jurisprudencial
fijada en la sentencia SU-556 de 2014, lo que trajo como consecuencia que
avalara y confirmara de manera incorrecta la tesis jurídica expuesta por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, que al proferir la
sentencia de primera instancia el 27 de junio de 2019, consideró lo siguiente:

“[…] Corolario de todo lo expuesto deviene la prosperidad de las pretensiones con
la consecuente nulidad del acto administrativo demandado; esto el Decreto No.
0033 de 2016, que declaró insubsistente al señor JOSÉ MIGUEL PERALTA
ROMERO; y su restablecimiento, en el sentido de ordenar al Municipio de
Colosó al reintegro del demandante, así como el pago de todos los
emolumentos salariales y prestacionales, dejados de percibir desde que se
produjo la desvinculación hasta que sea efectivamente reintegrado […]”.

[…]

“[…] TERCERO: CONDÉNESE al MUNICIPIO DE COLOSÓ al pago de los
sueldos, primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos causados durante
el tiempo que estuvo separado del servicio hasta su reintegro, esto es desde

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el 4 de febrero de 2016 hasta que se haga efectivo su reintegro…[…]”.
(Resaltado por la Sala).

79. La Sala debe hacer énfasis, en que el Tribunal Administrativo de Sucre no
cumplió con la carga argumentativa40 para apartarse del precedente judicial fijado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, toda vez que en su
providencia no hizo mención expresa a dicho precedente judicial (requisito de
transparencia) y, a partir de allí, exponer las razones jurídicas (de que las
situaciones fácticas y los problemas jurídicos expuestos en el caso sub examine
son totalmente diferentes a lo decidido en la sentencia SU-556 de 2014 (requisito
de suficiencia), y en ese orden de ideas, argumentar que no era procedente
aplicar la ratio decidendi fijada por la Corte Constitucional en dicho precedente
judicial.

80. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, por encontrarse configurado el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial;

ii) se dejará sin efectos parcialmente la sentencia proferida el 24 de noviembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
700013333002201600119-03, en el entendido de que la indemnización a ser
reconocida a favor del señor José Miguel Peralta Romero no podrá ser inferior a
los seis (6) meses, ni superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro (24)
meses;

iii) se ordenará a dicho Tribunal que en el término de 40 días, contado a partir de
la notificación de esta sentencia profiera la providencia de reemplazo, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

40Frente a la carga argumentativa para apartarse de un precedente judicial, ver entre otras: Corte
Constitucional, sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Conclusiones de la Sala

81. En suma, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que al proferir la
sentencia de 24 de noviembre de 2021 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
700013333002201600119-03, trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia del actor.

82. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará improcedente la acción de tutela
respecto al defecto sustantivo por falta de aplicación del numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso y del defecto procedimental por
desconocimiento del principio de congruencia; y ii) accederá a las pretensiones del
amparo frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente al defecto
sustantivo por falta de aplicación del numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso y del defecto procedimental por desconocimiento del
principio de congruencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por el actor, los
cuales fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre. En

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consecuencia, DEJAR SIN EFECTO parcialmente la sentencia de 24 de
noviembre de 2021, por la citada Corporación, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
700013333002201600119-03, en el entendido de que la indemnización a ser
reconocida a favor del señor José Miguel Peralta Romero no podrá ser inferior a
los seis (6) meses, ni superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro (24)
meses, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la
providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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