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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01984-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01984-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Keimy Abrahám Cárdenas Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que cumpla con los plazos previstos dentro del ordenamiento jurídico para efectos de expedir los actos administrativos a su cargo, con base en el principio de efectividad del derecho fundamental al debido proceso. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01984-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01984-00
Accionante: KEIMY ABRAHÁM CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta mora en la expedición de la tarjeta
profesional / carencia actual de objeto por hecho superado

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Keimy
Abrahám Cárdenas Rodríguez contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

El señor Keimy Abrahám Cárdenas Rodríguez, actuando en nombre
propio, invoca la protección del derecho fundamental de petición, con
fundamento en los siguientes:

1. Hechos

1.1. El 30 de septiembre del 2021 se graduó como abogado de la
Universidad Sergio Arboleda, por lo que el 29 de octubre del mismo año

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le solicitó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia la expedición de la tarjeta profesional.

1.2. Sobre la solicitud la entidad acusó recibido el 2 de noviembre
siguiente; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción
de tutela no ha recibido respuesta alguna.

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«Primera. TUTELAR el Derecho Fundamental de Petición vulnerado por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, al no resolver la petición del 02 de
noviembre de 2021, formulada por la suscrito accionante.

Segunda. ORDENAR al accionado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
fallo expedir la tarjeta de la suscrita KEIMY ABRAHAM CARDENAS RODRIGUEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía (…).

Tercera. Las demás medidas y ordenes que el Juez de tutela considere conducentes, para el
amparo de mis derechos fundamentales» (sic para toda la cita).

3. Intervenciones

Mediante auto del 5 de abril de 2022 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
como accionado.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia manifestó que, inicialmente, la solicitud formulada por el
accionante no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en el
artículo 3, literales a), b), c) y d) del Acuerdo PCSJA19-11354 del 29
de julio de 2019, pues no allegó el “(...) Formulario único de múltiples
trámites debidamente diligenciado con huella y firma, fotocopia legible

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por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente, dos (2) fotografías recientes, fondo azul, tamaño 3X4, copia o
fotocopia del acta de grado y recibo de consignación por el valor
establecido y vigente para la tarjeta profesional de abogado (…)”, por
lo que lo requirió para que la subsanara mediante correos enviados el
16 de febrero, el 23 de marzo y el 19 de abril de 2022.

Así las cosas, comoquiera que el 19 de abril de 2022 el solicitante
subsanó los defectos señalados, la entidad procedió a inscribirlo en el
registro de abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado N.º
382.004 mediante el Acta No. 8688 del 19 de abril de 2022. Asimismo,
remitió los documentos al contratista para la elaboración del plástico e
indicó que una vez sea entregada a la unidad, la remitirá, a través del
servicio de correo certificado de 472, al domicilio (residencia) registrado
por el accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental
de petición del accionante, al no resolver la solicitud de
inscripción de la tarjeta profesional formulada el 29 de octubre
de 2021?

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2. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.

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Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.

En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta profesional,
su trámite debe regirse por las reglas del procedimiento administrativo
general establecidas en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, y el incumplimiento de este puede suponer una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso administrativo.

4. Caso concreto

En el presente asunto, el señor Keimy Abrahám Cárdenas Rodríguez
invoca la protección del derecho fundamental de petición, que considera
vulnerado por la entidad accionada, en tanto no ha expedido la tarjeta
profesional de abogado solicitada desde el 29 de octubre de 2021.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte
que:

i. El 29 de octubre de 2021, el accionante solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, la expedición y registro de su tarjeta

1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado No.
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.

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profesional de abogado; solicitud sobre la cual la entidad acusó recibido
el 2 de noviembre siguiente.

ii. Mediante correos electrónicos enviados el 16 de febrero, el 23 de
marzo y el 19 de abril de 2022, la entidad requirió al accionante para
que subsanara la solicitud.

iii. El 19 de abril de 2022, el señor Cárdenas Rodríguez subsanó la
solicitud por lo que, el mismo día, la entidad lo inscribió en el registro
de abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado N.º 382.004
mediante el Acta N.º 8688 del 19 de abril de 2022.

Así las cosas, la Subsección colige que aunque la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia sobrepasó los términos
previstos para resolver los trámites tendentes a la expedición de la
tarjeta profesional, en tanto solamente a partir del 16 de febrero de
2022 le indicó al hoy demandante sobre los defectos que debía
subsanar, a la fecha, ya resolvió de fondo la solicitud formulada puesto
que expidió la Tarjeta Profesional N.º 382.004 del 19 de abril de 2022.

Asimismo, informó que la documentación fue remitida al contratista
para la elaboración del respectivo plástico y que, una vez sea expedido,
será remitido al domicilio del peticionario, lo que denota que la causa
que dio origen a la vulneración de los derechos fundamentales alegada
por el demandante ha sido superada.

De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta
la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una

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circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir
la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a
la del juez constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a
la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo,
es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto,
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con
sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser
como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por
consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»2.

Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque
las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en
apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el
fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la
luz de las garantías constitucionales, de acuerdo a la interpretación que
en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».

Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la inscripción de
la tarjeta profesional del interesado, cualquier decisión que esta Sala
de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de Registro
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tramitó y notificó respuesta a

2
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.

No obstante lo anterior, la administración de justicia viene advirtiendo
que de esa demora en la que incurre la parte accionada se deriva una
vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes
ante la mora en el procedimiento regular han interpuesto múltiples
acciones de tutela con el fin de proteger su debido proceso. Situación
que ocasiona que la herramienta constitucional sea utilizada como un
mecanismo de activación del aparato administrativo y no como la figura
de carácter residual y subsidiario para la cual fue concebida en la
Constitución Política de 1991.

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha considerado al derecho al
debido proceso como una garantía fundamental que constituye un
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen
contra los particulares, teniendo este que sujetarse a las reglas
definidas en el ordenamiento jurídico y cumpliendo a plenitud las
formas propias de cada procedimiento.

En efecto, el máximo tribunal constitucional dijo sobre este tema, lo
siguiente:

«El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas
definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra
los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al
control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un
derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación.

El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la
observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia
administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas
especiales sobre el asunto en trámite3».

3
Corte Constitucional. Sentencia T-1083 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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Es por ello que, dentro de un Estado Social de Derecho, se debe evitar
que la administración realice su propia voluntad al momento de seguir
los procedimientos establecidos porque ello implica una violación de las
prerrogativas constitucionales. Más aún cuando los errores y tardanzas
en las actuaciones se convierten en una carga procesal adicional que
debe ser soportada por los administrados, porque tal evento supone un
quebranto del límite material a la acción de las entidades estatales, las
cuales no pueden reclamar para sí ningún poder general para
condicionar o coartar los derechos de los ciudadanos so pretexto de
buscar un fin loable.

En este orden de ideas, la Sala considera necesario exhortar al Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia para que cumpla con los plazos previstos dentro
del ordenamiento jurídico para adelantar los trámites por cuyas
competencias le corresponden, por cuanto el principio de efectividad de
los derechos fundamentales vincula a todas las autoridades y por ende
estas no pueden liberarse de su respeto y protección. Porque de no ser
así, como lo ha establecido la Corte Constitucional 4, las relaciones
jurídicas entre el Estado y el administrado en ningún caso podrían
lograr un equilibrio, lo cual resulta contrario a los postulados básicos de
justicia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

4
Corte Constitucional. Sentencia T-1083 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Keimy Abrahám Cárdenas
Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia para que cumpla con los plazos previstos
dentro del ordenamiento jurídico para efectos de expedir
los actos administrativos a su cargo, con base en el
principio de efectividad del derecho fundamental al
debido proceso.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
En comisión Firmado electrónicamente

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