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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02011-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, se dispone: Segundo. Denegar el amparo invocado por la señora Nancy Torres Linares, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02011-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

23 de junio de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02011-01
Demandante: Nancy Torres Linares

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02011-01
Demandante: Nancy Torres Linares
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria. Ausencia de
defecto sustantivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
tutela del 11 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Nancy Torres Linares, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la buena fe y al acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias
del 24 de septiembre de 2021 y 17 de febrero de 2022, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02011-01
Demandante: Nancy Torres Linares

Administrativo del Meta, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 50001-33-33-001-2018-00082-00 [02] y,
en su lugar, que se ordene al Tribunal que dentro de los 30 días siguientes profiera
una nueva decisión en la que se efectúe un análisis constitucional, legal y
jurisprudencial adecuado y relacionado con el reconocimiento de la sanción
moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) La señora Nancy Torres Linares laboró para el PAR ESE Policarpa Salavarrieta en
Liquidación, entre el 1 de mayo de 2004 y el 15 de agosto de 2007, y fue vinculada a
través de contratos de prestación de servicios.

ii) Comoquiera que en el tiempo de servicio se presentaron todos los elementos de la
relación laboral y que la entidad se negó a su reconocimiento, la señora Nancy
Torres Linares presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

iii) En sentencia de segunda instancia se acogieron las pretensiones y, en
consecuencia, se condenó a la EPS Policarpa Salavarrieta, a través de la Fiduciaria
La Previsora S. A., Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E. S. E., a título de
indemnización, a reconocer y pagar las prestaciones sociales, tomando como base
los honorarios contractuales devengados entre el 1 de mayo de 2004 y el 15 de
agosto de 2007, así como el pago de los aportes por dicho periodo a las entidades
de seguridad social en su debida proporción.

iv) El 3 de octubre de 2017, la señora Nancy Torres Linares solicitó el pago de la
sanción moratoria contemplada en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995,
por el no pago oportuno de las cesantías otorgadas en el fallo.

v) Mediante Oficio 20170081297771 del 18 de octubre de 2018, la PAR ESE Policarpa
Salavarrieta en Liquidación negó lo solicitado.

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Demandante: Nancy Torres Linares

vi) El 23 de abril de 2018, la señora Nancy Torres Linares promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en orden a que se declarara la nulidad de la
anterior decisión y, en consecuencia, se condenara la entidad al pago de la sanción
moratoria a razón de $15’127.620.

vii) Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio negó las pretensiones de la
demanda, y a través de sentencia del 17 de febrero de 2022, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la accionante, las decisiones del Juzgado y Tribunal incurrieron en un
defecto material o sustantivo en atención a lo siguiente:

i) El Juzgado y Tribunal realizaron una interpretación irracional y claramente
perjudicial, al considerar que como el reconocimiento del auxilio de cesantías fue
ordenado a través de una sentencia judicial —que declaró la existencia de la relación
laboral entre la señora Nancy Torres Linares y la extinta ESE Policarpa Salavarrieta—
no resultaba aplicable la sanción moratoria establecida en el parágrafo del artículo 2
de la Ley 244 de 1995.

ii) Dicha interpretación resulta desproporcionada porque desconoce la voluntad del
legislador, la cual fue, castigar al empleador por la mora en el pago del auxilio de
cesantías y, además, porque no toma en cuenta las diferentes sentencias del
Consejo de Estado que, en torno a la indemnización moratoria por el no pago
oportuno del auxilio de cesantías en contratos realidad, han señalado que el
reconocimiento de las cesantías surge sólo con ocasión de la declaratoria de la
relación laboral que con derecho a tal prestación se plasme en la sentencia
constitutiva que defina la litis, de suerte que es a partir de la ejecutoria de tal decisión
que nace el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria.

iii) Lo anterior, se puede verificar en la sentencia de unificación del 18 de julio de
2018 CE-SUJ2-012-18, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,

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Demandante: Nancy Torres Linares

expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15); así como en las sentencias
del 18 de marzo de 2021, expediente 23001-23-33-000-2016-00147-01 (2420-19); 5
de diciembre de 2019, expediente 08001-23-31-000-2003-02224-01 (1667-17); 15 de
octubre de 2019, expediente 85001-23-33-000-2014-00165-01 (1386-16); 13 de
agosto de 2018, expediente 81001-23-33-000-2013-00118-01 (0973-16); y 19 de
enero de 2015, expediente 47001-23-33-000-2012-00016-01 (3160-13), todas
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

iv) Además, también se vulneran los principios de igualdad y favorabilidad,
contemplados en los artículos 4, 13 y 53 de la Constitución Política, puesto que, la
inaplicación de la Ley 244 de 1995 del personal vinculado a través de órdenes de
prestación de servicios —pese a que, se declara la existencia de la relación laboral—
frente a los vinculados de forma legal y reglamentaria a las entidades del Estado, a
quienes sí se les aplica la Ley 244 de 1955, no encuentra justificación desde ningún
principio constitucional y laboral, comoquiera que desempeñan una misma labor y,
en la mayoría de eventos, se ha demostrado que el personal vinculado a través de
contratos de prestación de servicios tiene mayor carga en el desempeño de sus
funciones en comparación con el de planta.

1.2. Actuación Procesal

Mediante auto del 5 de abril de 2022, el consejero Martín Bermúdez Muñoz admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído i) al Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio y al Tribunal
Administrativo del Meta, como demandados, ii) al Ministerio de Salud y Protección
Social, como sucesor procesal de la extinta E.S.E Policarpa Salavarrieta, en calidad
de tercero con interés en las resultas del proceso, y iii) a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como interviniente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 610 del Código General del Proceso, para que dentro del término de dos días
se pronunciaran sobre las pretensiones y los hechos de la acción de tutela.

De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Villavicencio y al Tribunal Administrativo del Meta para que en el término de dos
días allegaran, en medio digital, las piezas del expediente con radicado 50001-33-33-

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Demandante: Nancy Torres Linares

001-2018-00082-00-02, no aportadas con la tutela y que estimaran indispensables
para resolverla; exhortó a la accionante para que allegara, en medio digital, las
piezas del proceso que se encontraran en su poder y que estimara necesarias para
resolver el asunto, advirtiéndole que la falta de pruebas que acreditaran la
vulneración de su derecho impediría decidir oportunamente la petición y,
eventualmente, generar las consecuencias derivadas de la aplicación de las reglas
de la carga de la prueba; y reconoció al abogado Germán Gómez González,
portador de la tarjeta profesional 62.666 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado judicial de la accionante, en los términos del poder conferido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo del Meta, a través del magistrado Carlos Enrique
Ardila Obando, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y manifestó ratificar
en todo los argumentos jurídicos que sustentaron la providencia cuestionada a través
del mecanismo constitucional.

1.3.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio remitió el enlace para descarga del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-001-2018-00082-00.

1.3.3. El Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de la Dirección
Jurídica, solicitó declarar improcedente la acción y exonerar a la entidad de cualquier
responsabilidad. Refirió que el Ministerio no tiene legitimación en la causa por pasiva
dentro de la acción de tutela por cuanto en ejercicio de sus competencias es la
institución encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en
materia de salud, salud pública y promoción social en salud, lo cual se desarrolla a
través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo, por lo que no
es el encargado para dirimir las inconformidades presentadas respecto a las
decisiones proferidas por los despachos judiciales.

1.4. Sentencia impugnada

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Mediante sentencia del 11 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela, dado lo siguiente:

i) No se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional en la medida
en que la tutela reitera los argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del
proceso ordinario.

ii) Aunque la accionante formuló varios cargos, lo cierto es que todos giran en torno a
un mismo reproche, a saber, que los trabajadores tienen derecho a percibir una
sanción moratoria si no reciben el pago de sus cesantías a tiempo, incluso aquellos a
quienes se les reconoció judicialmente esa acreencia laboral. En su juicio,
desconocer lo anterior no solo transgrede los principios de igualdad y de
favorabilidad, sino que va en contravía de la regla jurisprudencial que la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha establecido en la materia, según la cual el pago
de las cesantías surge a partir de la ejecutoria de la sentencia constitutiva del
derecho a percibirlas.

iii) Al analizar la sentencia objeto de controversia se constata que la autoridad judicial
accionada ofreció argumentos apropiados para explicar por qué la sanción moratoria
no puede aplicarse al pago tardío de las cesantías que fueron reconocidas a través
de una sentencia. Por una parte, explicó que esa situación no está contemplada en el
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, lo que es indispensable al tratarse de una sanción,
pues para su imposición debe tener expresa regulación legal. Por otra parte, adujo
que para obtener el cumplimiento de una condena judicial que no ha sido acatada,
así como los intereses moratorios correspondientes, se debe atender a lo dispuesto
en el CCA o en el CPACA, según el momento en el que se surtió el trámite.

iv) La autoridad judicial accionada no interpretó de manera arbitraria o caprichosa el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, ni otorgó un trato desigual o
desfavorable a la señora Torres Linares; por el contrario, se comparte la postura del
Tribunal, de acuerdo con la cual la sanción moratoria no puede aplicarse en este
caso porque la tardanza no se dio en el pago del auxilio de cesantías —cuyo origen
es una relación laboral de índole legal—, sino en la cancelación de una orden judicial
que gira en torno al reconocimiento de prestaciones sociales.

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v) El Tribunal tampoco desconoció la regla jurisprudencial contenida en las
sentencias del 18 de marzo de 2021, 5 de diciembre de 2019, 15 de octubre de 2019,
13 de agosto de 2018 y 19 de enero de 2015, proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, pues si bien es cierto dichas providencias establecen que la
obligación de cancelar las prestaciones sociales nace cuando la decisión que
reconoce la existencia de la relación laboral queda ejecutoriada, esto no implica que
ante la falta de pago proceda la sanción moratoria contenida en el parágrafo del
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, toda vez que las cesantías a las que tiene derecho
la actora no tienen la naturaleza de acreencia laboral, sino de indemnización
reconocida por un juez y no por la ley, por lo que para obtener un resarcimiento por
su cancelación tardía, el ordenamiento jurídico contempla los intereses moratorios.

1.5. Impugnación

El apoderado de la accionante impugna la decisión de primera instancia en orden a
que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para dichos
efectos reiteró los argumentos expuestos en el libelo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Es de indicar ab initio que la Sala se abstiene de realizar consideraciones con
respecto de la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, pues es criterio
reiterado de esta sala de decisión que, bajo la égida del principio de la doble
instancia, no es procedente que el juez de tutela revise decisiones que en ejercicio
del recurso de apelación tuvieron la oportunidad de ser analizadas por el juez natural
al resolver la alzada. De aquí que el estudio del caso solo se subsuma a lo resuelto
en la segunda instancia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 17 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la accionante, al ser negadas las pretensiones de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de
manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v)
que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente
y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de
naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 4 previstos en

4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de

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los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según los alegatos del
apoderado de la parte actora, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis normativo
y jurisprudencial, eventos que de encontrarse acreditados conducirían a considerar
lesivos los intereses de la parte actora.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», puesto que lo cuestionado es una
sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y de los hechos narrados, no se
evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de
unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura
data del 17 de febrero de 2022, y la presente acción de tutela fue remitida al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 31 de marzo de 2022,
esto es, en el término de los seis meses señalados por esta Corporación como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.5

iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo y jurisprudencial.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus alegatos a la configuración de un defecto sustantivo.

vi) En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.2. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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Al encontrarse cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción, la
Sala abordará el estudio del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios para
determinar la existencia de un defecto sustantivo, ii) hechos probados y iii) análisis
del caso concreto.

2.5.2.1. Criterios para determinar la existencia de un defecto sustantivo

La Corte Constitucional ha establecido que el llamado «defecto sustantivo» parte del
reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e
independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En consecuencia, se
materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto.6

En diferentes decisiones, la Corte ha recogido los supuestos que pueden configurar
este defecto. Así, en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron
las siguientes: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En
este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada,
o que ha sido declarada inconstitucional; ii) la aplicación de una norma requiere
interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan
necesarias para la decisión adoptada; iii) por aplicación de normas constitucionales
pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional
pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo
que debe ser igualmente inaplicada; iv) porque la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se
configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones
expuestas en la providencia; v) al aplicar una norma cuya interpretación desconoce
una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo
sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico; vi) por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales,

6Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 2017.

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evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible,
este es abiertamente contrario a la constitución.7

En igual sentido, se ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto
sustantivo por «interpretación irrazonable», en al menos dos hipótesis: i) cuando le
otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene
(contraevidente); o ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una
interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias
opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados.8

2.5.2.2. Hechos probados

Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 50001-33-33-
001-2018-0082-02, la Sala establece lo siguiente:

i) El 20 de marzo de 2018, la señora Nancy Torres Linares, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
ESE Policarpa Salavarrieta en Liquidación, en orden a que se declarara la nulidad del

Oficio 20170081297771 del 18 de octubre de 2018, mediante el cual la entidad negó
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el no pago de una
orden judicial y, en consecuencia, se condenara a su pago en suma de $15.127.620.

ii) Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte actora.

iii) A través de sentencia del 17 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del
Meta confirmó la decisión de primera instancia y condenó en costas a la parte
demandante.

2.5.2.3. Análisis del caso concreto

7Ibídem.
8Ibídem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02011-01
Demandante: Nancy Torres Linares

Discute el apoderado de la parte actora que, en el examen del asunto, el Tribunal
incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de lo previsto en el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 —en torno al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías—9, al considerar
que la sanción moratoria establecida en la referida normativa no resultaba aplicable
al caso, por cuanto el reconocimiento del auxilio de cesantías fue ordenado a través
de una sentencia judicial que declaró la existencia de la relación laboral entre la
señora Nancy Torres Linares y la extinta ESE Policarpa Salavarrieta.

Arguye que la mencionada interpretación resulta desproporcionada porque
desconoció la voluntad del legislador, que es la de castigar al empleador por la mora
en el pago del auxilio de cesantías y, además, porque pasó por alto las diferentes
sentencias del Consejo de Estado en las que —en torno a la indemnización
moratoria por el no pago oportuno del auxilio de cesantías en contratos realidad— se
ha señalado que el reconocimiento de las cesantías surge sólo con ocasión de la
declaratoria de la relación laboral que con derecho a tal prestación se plasme en la
sentencia constitutiva que defina la litis, de suerte que es a partir de la ejecutoria de
tal decisión que nace el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria.

Pues bien, se tiene que para adoptar la decisión el Tribunal trajo a colación la
siguiente regulación normativa en torno al auxilio de cesantías, a saber, los artículos:
i) 3 de la Ley 1071 de 2006, sobre el retiro parcial de cesantías; ii) 45 del Decreto
1045 de 1978, en materia de factores de salario a tener en cuenta para su
liquidación; iii) 99 de la Ley 50 de 1990, en torno a la indemnización moratoria por el
no pago oportuno de cesantías; iv) 13 y 14 de la Ley 344 de 1996, respecto de la
liquidación anual y pago de las cesantías a las personas vinculadas a los órganos y
entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996; v) 1 del Decreto 1582 de

9 Artículo 2. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación
de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la
no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a
éste.

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Demandante: Nancy Torres Linares

1998, sobre la sanción moratoria; vi) 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, en torno a los
plazos que tiene la entidad para reconocer y pagar las cesantías definitivas; y vii) 2 y
4 de la Ley 1071 de 2006, que reguló las cesantías definitivas y parciales a los
servidores públicos, así como los términos para resolver la solicitud de cesantías
definitivas o parciales y realizar el correspondiente pago, con la respectiva sanción
en caso de mora en el pago.

Y, del anterior recuento normativo, concluyó: i) que el Decreto 1582 de 1998
estableció la sanción moratoria en los términos de la Ley 50 de 1990 para los
servidores del nivel territorial que se afiliaran a los fondos privados de cesantías y al
Fondo Nacional del ahorro; ii) que en cuanto al pago de cesantías definitivas, la Ley
244 de 1995 estableció los plazos para su reconocimiento y pago, transcurrido los
cuales empezará a generarse la sanción por la demora en su cancelación y iii) que la
Ley 1071 de 2006 adicionó la Ley 244 de 1995, en el sentido de incluir los mismos
plazos para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, extendiendo su
aplicación a todos los trabajadores del Estado, aún para regímenes especiales, y en
caso de incumplimiento en el pago de las cesantías debidamente reconocidas y
liquidadas, dispuso de la sanción por mora equivalente a un día de salario por cada
día de retardo, sin importar si se trata de cesantías parciales o definitivas.

Posteriormente, trajo en consideración la sentencia de unificación SUJ-012-S2 del 18
de julio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente
4961-2015, en la que se presentó un resumen de las hipótesis que se podían dar en
torno al trámite de la solicitud y reconocimiento de las cesantías parciales y
definitivas, y el momento a partir del cual inicia la mora, y con fundamento en ello
analizó el caso concreto en los siguientes términos:

[…] de la Ley 244 de 1995 se establece un hecho generador de una sanción por el
pago tardío de las cesantías, fundamentado en la obligación que tiene el empleador de
pagar oportunamente las cesantías de sus trabajadores. No obstante, en el presente
asunto lo que se encuentra en discusión no es la obligación por pago oportuno de una
prestación sino del cumplimiento de una orden judicial que reconoció a título de
indemnización el pago de los valores que correspondían a las prestaciones sociales en
favor del accionante.

Conforme lo anterior, los supuestos fácticos son diferentes, puesto que en el primero
—el de la Ley 244 de 1995—, corresponde al pago tardío de una prestación que nació
con el vínculo laboral y por disposición legal. En cambio, la alegada por la parte actora

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se genera es de una orden judicial que a título de reparación indemnizatoria reconoció
unos valores que concernían al pago de prestaciones no pagadas.

Al respecto, el Consejo de Estado10 en sentencia del 27 de agosto del 2020, en un
caso similar, en el que se solicit[ó] el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías, por el vínculo laboral legal y reglamentario reconocido
en sentencia judicial, indicó que: […]

Conforme lo expuesto, advierte el Consejo de Estado que en el derecho sancionatorio
no se permite extender las situaciones fácticas para el reconocimiento y pago de
prestaciones que no se encuentran debidamente establecidas en la norma, como es el
caso de las indemnizaciones constituidas por orden judicial. Puesto que es de resaltar
que dicha causal no se encuentra contenida en la literalidad de la Ley 244 de 1995
antes citado.

[…]

De igual forma, respecto del pago de la condena, el artículo 177 del C. C. A. indica que
una vez en firme una sentencia condenatoria, la entidad contaba con un plazo de
dieciocho (18) meses para ese efecto, so pena de ser ejecutable ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa. Así como, debía liquidar sobre los valores reconocidos, los
intereses comerciales y moratorios que se causaran hasta el pago de la condena. Al
exponer lo siguiente: […]

Conforme lo anterior, podemos señalar que el artículo 177 ibídem establece los
siguientes parámetros para la liquidación de la sentencia: i) para el cumplimiento de la
sentencia la entidad tiene un término de 18 meses desde la ejecutoria de la sentencia,
ii) que una vez vencidos los 18 meses, puede promover la acción ejecutiva, iii) que se
devengarán intereses moratorios hasta el pago de las condenas impuestas en la
sentencia judicial.

En gracia de discusión, las disposiciones no varían drásticamente en relación con lo
contemplado en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, en los que se indica
que la entidad pública tiene el término de 10 meses para el pago de sentencias
condenatorias y que el cálculo de los intereses moratorios se efectuará de conformidad
con el DTF durante los 10 meses señalados anteriormente y con la tasa de mora a partir
de esa fecha.

Así las cosas, no es posible acceder al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
debido a que el supuesto fáctico mediante la cual se genera el valor correspondiente a
las cesantías no es el contemplado en la Ley 244 de 1995. Por ende, al dar aplicación
a los fundamentos del derecho sancionatorio no es viable extender el concepto a
eventos que no se encuentran taxativamente establecidos en la norma; por lo que, se
desestiman las pretensiones de la demanda.

Pues bien, se tiene que el Tribunal diferenció dos situaciones o supuestos fácticos: el
primero, proveniente de lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá, en sentencia del veintisiete (27) de agosto de
dos mil veinte (2020), para el proceso de radicación número: 27001-23-33-000-2017-00098-01(2437-
19). Véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, en sentencia del cinco (5) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019), para el proceso de radicación número: 08001-23-31-000-2003-02224-
01(1667-17).

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1995, que establece una sanción por el pago tardío de las cesantías, fundamentado
en la obligación que tiene el empleador de pagar oportunamente las cesantías de sus
trabajadores; y, el segundo, correspondiente al cumplimiento de una orden judicial
reconocida a título de indemnización, por el no pago de los valores que
correspondían a prestaciones sociales.

En este contexto, aclaró que en el caso sujeto a examen no estaba en discusión la
obligación por pago tardío de una prestación derivada del parágrafo del artículo 2 de
la Ley 244 de 1995 —originada con el vínculo laboral—, sino que correspondía al
segundo supuesto fáctico, esto es, del cumplimiento de una orden judicial reconocida
en favor de la accionante a título de indemnización —o reparación indemnizatoria—
por prestaciones no pagadas.

Entonces, no es dable considerar que en el asunto se haya incurrido en un defecto
sustantivo por interpretación irrazonable, puesto que el Tribunal fue claro en explicar
que los supuestos fácticos analizados en el asunto no coincidían con los previstos en
el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, sino con el cumplimiento de una
orden judicial, para lo cual resultaba aplicable el artículo 177 del C. C. A., evento que
no denota una interpretación arbitraria o caprichosa en el caso.

Es de advertir que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios
interpretativos, pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de
tutela cuando se trata de providencias judiciales es la de revisar que la decisión sea
manifiestamente arbitraria y desproporcionada, esto es, que la falta de
argumentación decisoria convierta la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, evento que no ocurre en el presente asunto y, por consiguiente, no se puede
considerar la vulneración de los derechos fundamentales en el caso, como lo señala
el apoderado de la parte actora.

Ahora bien, se alega que con la decisión se desconoció lo previsto en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
En esta oportunidad, la Sala de decisión analizó el reconocimiento de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías a docentes, al existir tesis encontradas

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02011-01
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con respecto a su reconocimiento. Así, estudió cuatro aspectos importantes, a saber:
i) la naturaleza del empleo docente y, por contera, la aplicación de las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, ii) la exigibilidad de la sanción moratoria, iii) el salario base de
liquidación y iv) su compatibilidad con la figura jurídica de la indexación.

En ese contexto, unificó jurisprudencia en el sentido de señalar: i) que a los docentes
del sector oficial, por tratarse de servidores públicos, le son aplicables la Ley 244 de
1995 y normas complementarias en cuanto a la sanción por mora en el pago de las
cesantías; ii) que la prestación es exigible después de 70 días hábiles de radicada la
solicitud de reconocimiento; iii) que el salario base para calcular la sanción es la
asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio; y iv)
que es improcedente su indexación.

En el asunto sujeto a estudio, se tiene que el Tribunal trajo a colación la sentencia de
unificación para efectos de señalar cual era el trámite de la solicitud y reconocimiento
de las cesantías parciales y definitivas, y el momento a partir del cual inicia la mora,
aspectos estos, en caso de darse la hipótesis de aplicación de lo previsto en el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995; sin embargo, como se dejó sentado
de manera antecedente, en el asunto no se presentaron los supuestos fácticos para
su aplicación.

En la sentencia unificadora no se abordó lo sujeto a consideración por la accionante,
esto es, el reconocimiento de la sanción moratoria por incumplimiento de una orden
judicial reconocida a título de indemnización por prestaciones no pagadas, y, al no
existir en la ratio decidendi de la sentencia de unificación una regla jurisprudencial
y/o parámetro de decisión para dar solución a casos como el presente, no es dable
predicar la existencia de un defecto sustantivo por desconocimiento de precedente
jurisprudencial.

Y, en lo que tiene que ver con el presunto desconocimiento de las sentencias del 19
de enero de 2015,11 13 de agosto de 2018,12 15 de octubre de 2019,13 5 de diciembre

11 Expediente 47001-23-33-000-2012-00016-01 (3160-13)
12 Expediente 81001-23-33-000-2013-00118-01 (0973-16)
13 Expediente 85001-23-33-000-2014-00165-01 (1386-16)

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de 201914 y 18 de marzo de 2021,15 proferidas por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se advierte que aunque en estas se señaló que la
obligación de pagar las prestaciones sociales surge a partir del momento en que se
profiere la decisión judicial que reconoce la existencia de la relación laboral, en
dichas providencias no se señaló que ante la falta de pago de alguna de las
prestaciones, entre estas, las cesantías, procede el pago de la sanción moratoria. Es
esta una interpretación del apoderado de la accionante que no se acompasa con lo
analizado en dichas oportunidades, de manera que tampoco se advierte la
vulneración de derechos fundamentales en el asunto.

Finalmente, con respecto del argumento de que, en el caso, se vulneran los
principios de igualdad y favorabilidad contemplados en los artículos 4, 13 y 53 de la
Constitución Política, puesto que la inaplicación de la Ley 244 de 1995 del personal
vinculado a través de órdenes de prestación de servicios —pese a ser declarada la
existencia de la relación laboral— frente a los vinculados de forma legal y
reglamentaria a las entidades del Estado, a quienes sí se les aplica la normativa, no
encuentra justificación desde ningún principio constitucional y laboral, es de indicar
que es este un argumento que no se soporta con algún pronunciamiento
jurisprudencial, por lo que no es dable que el juez de tutela proceda a realizar su
análisis, al ser un asunto estrictamente interpretativo frente al que no tiene injerencia.

Además, se destaca, que igual argumento fue puesto de presente en el proceso
ordinario, objeto de juicio, y que frente a este el Tribunal fue claro en señalar que en
la sentencia de reconocimiento de la relación laboral,16 el juez colegiado refirió de
manera enfática que el reconocimiento de las prestaciones sociales se hacía a título
de indemnización y que, en ese sentido, en materia de cesantías, no era aplicable la
normativa prevista para la sanción moratoria por el no pago oportuno, sino la
establecida para hacer efectivas las condenas impuestas a las entidades públicas.

3. Conclusión

14 Expediente 08001-23-31-000-2003-02224-01 (1667-17)
15 Expediente 23001-23-33-000-2016-00147-01 (2420-19)
16 Sentencia del 7 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, expediente

50001-3331-001-2008-00137-01.

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Demandante: Nancy Torres Linares

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
existencia de la causal defecto sustantivo y, en tal sentido, revocará la sentencia
impugnada que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, denegará el
amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar, se dispone:

Segundo. Denegar el amparo invocado por la señora Nancy Torres Linares, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Ausente en comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM

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