Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02014-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02014-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02014-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
16 de junio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02014-00
Demandante: CARLOS HERNEY ABADÍA CAMPO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02014-00
Demandante: CARLOS HERNEY ABADÍA CAMPO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C” Y FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA -
FONPRECON
Temas: Tutela contra entidad administrativa. Acto de ejecución dictado
en cumplimiento de fallo de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de acción de lesividad, en el que se
ordenó una reliquidación pensional. No se cumplen las
condiciones para habilitar el ejercicio de la acción de tutela
como mecanismo transitorio
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Herney Abadía Campo, quien actúa por intermedio
de apoderado judicial, “como medida transitoria”, contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C” y el Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República, Fonprecon, en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso, vida digna, seguridad, igualdad, mínimo vital y
móvil y de los principios de buena fe y confianza legítima, vulnerados,
supuestamente, por la Resolución No. 0018 de 21 de enero de 2022, mediante la
cual la entidad accionada reliquidó la pensión de jubilación que percibe, adoptada
en virtud de lo ordenado en la sentencia de segunda instancia de 7 de octubre de
2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº
2015-03353-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante indicó que confirió poder especial a la abogada Oliva Hernández
Landazabal, con el fin de asumir su representación judicial en la demanda de1
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nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de acción de lesividad,
promovida por Fonprecon contra la Resolución No. 0313 de 10 de marzo de 2005,
por medio de la cual la entidad le reconoció una pensión vitalicia de jubilación.
Afirmó que por vivir él en la ciudad de Cali y ella en Bogotá D.C, desde inicios del
año 2020 y como consecuencia de la pandemia, no pudo volver a tener
comunicación con su apoderada y consideró que sus múltiples ocupaciones eran
la razón que le impedía tener información sobre el avance del mencionado
proceso.
Mencionó que a través del periódico El Tiempo, en la edición de 23 de diciembre
de 2021, tuvo conocimiento de que su caso había sido decidido en segunda
instancia por el Consejo de Estado, dado que una columna de ese medio de
comunicación se tituló “TUMBAN MAS MEGAPENSIONES OBTENIDAS
GRACIAS A LIBROS PUBLICADOS”, y en el cuerpo de la noticia se indicó que
“uno de los casos es el del exsenador Carlos Herney Abadía, quien fue
congresista durante 2 años y 6 meses”.
Refirió que, enterado de la decisión del Consejo de Estado a través del
mencionado medio de comunicación, intentó por todos los medios de comunicarse
con la doctora Hernández Landazabal, al punto que solicitó a un amigo residente
en la ciudad de Bogotá acercarse a su oficina, donde vecinos del sector le
informaron que había fallecido hacía más de un año, “razón que lo cogió por
sorpresa, pues amén del lamentable hecho, no tenía conocimiento de si su
abogada había intervenido durante el trámite de segunda instancia que había
hecho tránsito en la Sección Segunda de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado”.
Sostuvo que, verificada esta información, procedió a consultar el trámite procesal
adelantado por el Consejo de Estado a partir de la fecha del fallecimiento de la
entonces apoderada a través de la página web de la Rama Judicial, estableciendo
que a partir del fallecimiento de la apoderada se surtió “i) La expedición y
notificación del auto que niega pruebas del 26 de noviembre de 2020, ii) El trámite
de alegatos de conclusión, iii) La expedición de la sentencia de segunda
instancia, iv) La notificación de la sentencia y, v) La constancia de ejecutoria
de la misma, sin que haya tenido la posibilidad de contar con un abogado que
lo representara durante estas actuaciones”.
Adujo que, en virtud del fallecimiento de su apoderada, el 26 de enero de 2021
promovió ante el Consejo de Estado un incidente de nulidad en los términos
indicados en el numeral 4 del artículo 210 de la Ley 1437 de 2011, solicitud que
sustentó en lo previsto en los numerales 3 y 6 del artículo 233 del Código General
del Proceso, conforme con el cual “el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando
se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de
interrupción o de suspensión”, siendo una de estas la muerte de uno de los
apoderados, conforme con el artículo 159 de la misma normativa.
Por último, indicó que el 1° de febrero de 2022, al consultar el saldo de la cuenta
en la que le consignan su pensión, pudo observar que el valor depositado se
redujo en un 50% del monto que comúnmente le consignaban, “lo que hace2
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deducir que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República adoptó la
decisión de reliquidar, sin que haya sido notificado de ningún acto administrativo a
efectos de ejercer en debida forma los recursos de ley, en clara violación al
derecho fundamental al debido proceso descrito en el artículo 29 de la
Constitución Política”.
2. Fundamentos de la acción
El demandante presentó acción de tutela, como mecanismo transitorio, con el
objeto de que el juez constitucional proteja de los derechos fundamentales al
debido proceso, vida digna, seguridad, igualdad, mínimo vital y móvil y los
principios de buena fe y confianza legítima, vulnerados, supuestamente, por la
Resolución No. 0018 de 21 de enero de 2022, mediante la cual Fonprecon
reliquidó la pensión de jubilación que percibe, reduciéndola en un cincuenta por
ciento (50%), acto administrativo adoptado en virtud de lo ordenado en sentencia
de segunda instancia de 7 de octubre de 2021, proferida por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nº 2015-03353-01.
Indicó que acude a la presente acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable hasta tanto el Consejo de Estado
resuelva el incidente de nulidad promovido contra las actuaciones que se surtieron
luego de configurarse la interrupción del proceso de segunda instancia, con
ocasión del fallecimiento de su apoderada judicial, la señora Oliva Hernández
Landazabal.
Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia,
afirmó que la decisión de reducir su mesada pensional viola en grado sumo el
debido proceso, pues es consecuencia de “un trámite viciado de nulidad que
involucra la decisión de segunda instancia adoptada por el Consejo de Estado a
partir del fallecimiento de su apoderada, lo que configuró la interrupción del
proceso”.
Agregó que mientras se surte el trámite que declare la nulidad de la actuación “es
un hecho notorio, determinado por la merma del monto de su pensión, que
Fonprecon ya ordenó la reliquidación de la mesada pensional, sin que se hubiese
sido notificado de tal decisión que le permitiera interponer los recursos de ley”.
Sobre el particular, sostuvo que conforme con la sentencia de tutela T-1316 de
2001 de la Corte Constitucional, en el caso existe un perjuicio irremediable, por
cuanto, adujo, es una persona mayor que cuenta en la actualidad con 80 años, lo
que lo ubica como un sujeto de especial protección constitucional, por lo que
someterlo al rigor de un proceso judicial resulta desproporcionado y lesivo de sus
derechos fundamentales1. Refirió que, en temas pensionales, la Corte
Constitucional ha recalcado que esta prestación está directamente ligada al
mínimo vital, pero que en personas mayores adquiere una especial importancia en
la medida en que puede afectar su vida en condiciones dignas y que es difícil que
1
Sentencia T-567 de 2014. 3
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estas recurran a otras opciones para asegurar un ingreso que les permita vivir con
suficiencia.
Agregó que al ver reducida su mesada pensional se afectan en forma evidente sus
ingresos, lo que le impide asumir los gastos que conllevan su manutención y la de
su familia, “que para el caso bajo estudio es el núcleo familiar de mi poderdante,
amén de los gastos en promedio mensuales que ascienden aproximadamente a la
suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTO
SESENTA y NUEVE ($15.913.369.oo) PESOS”.
Finalmente, indicó que se requiere de una medida inmediata y urgente para
superar la violación al debido proceso que operó no solo dentro del proceso del
trámite de la segunda instancia ante el Consejo de Estado sin contar con una
defensa técnica, sino con la disminución de la pensión por parte de Fonprecon sin
la existencia de un acto administrativo debidamente notificado que permitiera
interponer los recursos de ley, y la afectación grave ante la disminución en un 50%
de su mesada pensional afectando el mínimo vital.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1.- Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, la vida digna, seguridad,
igualdad, mínimo vital y móvil, buena fe y confianza legítima a favor de mi prohijado
CARLOS HERNEY ABADIA CAMPO, vulnerado por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República- FONPRECON representado legalmente por el Señor
FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA y demás derechos fundamentales que
resulten del análisis por parte del Juez Constitucional.
2.- Ordenar la suspensión del trámite de reliquidación ordenada a FONPRECOM por la
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección A, del Consejo
de Estado en sentencia de segunda instancia del 7 de octubre de 2021 dentro de la
radicación 25000 23 42 000 2015 03353 01 (1984-2019) hasta tanto se resuelva el
incidente de nulidad de la actuación promovida por mi poderdante el Señor CARLOS
HERNEY ABADIA CAMPO el pasado 26 de enero de 2021 ante el Consejo de Estado
incidente con el cual se busca dejar sin efecto la actuación surtida por el Consejo de
Estado a partir del fallecimiento de la doctora OLIVA HERNANDEZ LANDAZABAL,
dentro del trámite de segunda instancia que hizo tránsito en el Consejo de Estado.
3.- Que en el evento en que FONPRECON hubiese adelantado el trámite de
reliquidación de la mesada pensional del Señor CARLOS HERNEY ABADIA CAMPO,
como al parecer ya surtió, que se haga devolución de la diferencia dejada de cancelar
para garantizar el pago del 100% de la pensión concedida a mi poderdante hasta tanto
el Consejo de Estado decida sobre el incidente de nulidad promovido ante ese Alto
Tribunal”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias de i) el registro civil de defunción de la señora Oliva
Hernández Landazabal, expedido por la Notaría Tercera del Círculo de Santa
Marta, ii) copia del incidente de nulidad presentado ante el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2015-03353-01.
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5. Trámite procesal
En auto de 8 de marzo de 2022, el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali
admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la entidad accionada.
Igualmente, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C” y al Consejo de Estado, Sección Segunda, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
Mediante sentencia de 22 de marzo, el juzgado declaró improcedente la acción de
tutela, luego de considerar que la misma incumplió con el requisito de
procedibilidad de la subsidiariedad, y que en el caso no se encontraba acreditado
un perjuicio irremediable.
Luego de que el accionante impugnara en término la decisión de primera
instancia, el Tribunal Superior de Cali, por auto de 31 de marzo de 2022, declaró
la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali
y ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, tras considerar que la
supuesta vulneración de derechos fundamentales que se alegaba provenía de un
procedimiento irregular durante el trámite de segunda instancia en la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantada contra el accionante, por lo que,
conforme con las reglas del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, el asunto debía ser conocido por esta Corporación Judicial.
Mediante auto de 4 de abril de 2022, el Despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar al accionante, a Fonprecon y las
autoridades judiciales accionadas, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como tercera interesada en el resultado del proceso.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
El director de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
acción, habida cuenta de que el accionante pretende la intervención del juez
constitucional en un proceso judicial que se adelantó con plena garantía de sus
derechos fundamentales y que finalizó con sentencia que hizo tránsito a cosa
juzgada, “decretando la nulidad de los actos administrativos que de forma ilegal le
reconocieron una pensión de jubilación en virtud de la cual percibió sin tener
derecho a ello, desde su ingreso a nómina y hasta el mes de enero de 2022, más
de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ( $ 4.025.911.758)”.
Afirmó que el accionante pretende sustituir al juez natural, quien deberá resolver si
existió nulidad o no en el marco del proceso contencioso administrativo,
desconociendo que a la fecha la decisión judicial se encuentra en firme y
ejecutoriada, y que cualquier decisión que afecte su cumplimiento equivale a
reproducir un acto administrativo anulado y puede considerarse fraude a
resolución judicial y detrimento patrimonial.
Refirió que no resulta posible afirmar la existencia una vulneración al mínimo vital
en el caso, pues i) el monto de pensión que venía devengando el accionante5
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obedecía a un acto administrativo ilegal que fue anulado y ii) el accionante
devenga una mesada pensional para el año 2022 equivalente a diez millones
quinientos ochenta y dos mil ciento setenta y nueve pesos ($ 10.582.179,37),
suma más que suficiente para que cualquier persona tenga asegurado un ingreso
mínimo vital.
Adujo que aun cuando el señor Abadía Campo percibe actualmente una mesada
más que suficiente para suplir las necesidades básicas de cualquier persona,
afirma encontrarse ante un perjuicio irremediable, lo cual justifica en una relación
de supuestos gastos que no cuentan con soporte probatorio, como lo son el pago
del servicio de televisión a nombre de María Claudia Caballero y de las planillas
integradas de liquidación de aportes de Marcela Abadía Muñoz, Catalina Abadía
Muñoz e Isabella Abadía Muñoz.
Sostuvo que aun cuando la decisión sobre la existencia de una posible nulidad no
es competencia del juez constitucional, la misma no existió, en tanto el artículo
160 del Código General del Proceso impone al juez la obligación de notificar a la
parte cuyo apoderado falleció cuando tenga conocimiento del fallecimiento del
apoderado, y no existe deber alguno a cargo del juez o la contraparte de verificar
la existencia del apoderado, máxime cuando la litis se encuentra trabada y
ejecutados los actos procesales obligatorios, en este caso la sustentación del
recurso de apelación.
Por último, destacó que la nulidad debe ser alegada por la parte a quien
supuestamente afecta, en el hipotético caso de haber existido, ya que al tenor del
numeral 4 del artículo 136 del Código General del Proceso, recurso de apelación
cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa del ahora demandante.
6.2. Los demás vinculados al trámite constitucional aun cuando fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Resolución No. 0018 de 21 de enero de
2022, mediante la cual Fonprecon reliquidó la pensión de jubilación del
accionante, reduciéndola en un cincuenta por ciento (50%), vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, vida digna, seguridad, igualdad, mínimo vital y
móvil y de los principios de buena fe y confianza legítima, en tanto tal decisión es
consecuencia de “un trámite viciado de nulidad que involucra la decisión de
segunda instancia adoptada por el Consejo de Estado a partir del fallecimiento de
6
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su apoderada, lo que configuró la interrupción del proceso”, en el marco del
proceso que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado Nº 2015-03353-01.
3. De la subsidiariedad de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
2
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett. 7
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idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."3 (Negrilla por
fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente caso, el señor Carlos Herney Abadía Campo considera que la
Resolución No. 0018 de 21 de enero de 2022, mediante la cual Fonprecon
reliquidó la pensión de jubilación que percibe reduciéndola en un cincuenta por
ciento (50%), vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna,
seguridad, igualdad, mínimo vital y móvil y de los principios de buena fe y
confianza legítima, en tanto, manifiesta, es consecuencia de un trámite judicial
viciado de nulidad, esto es, la decisión de segunda instancia adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la mencionada entidad en su contra,
durante el cual, en el curso de la segunda instancia, falleció su apoderada.
4.2. La Sala precisa, en primer término, que la controversia propuesta por el
demandante tiene como propósito cuestionar un acto de ejecución proferido por el
Fonprecon, en cumplimiento de una orden judicial, decisión que, en principio, no
es susceptible de control judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 43
de la Ley 1437 de 2011. De allí que las autoridades judiciales accionadas no
3
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 8
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tengan injerencia alguna en la controversia propuesta, a lo que se debe agregar
que la acción de tutela se admitió, luego de la remisión efectuada por el Tribunal
Superior de Cali, atendiendo la naturaleza expedita, célere y sumaria de este
mecanismo de protección constitucional de los derechos fundamentales.
De otra parte, como quiera que lo pretendido es que se suspenda el trámite
administrativo de reliquidación de su pensión de jubilación hasta tanto se resuelva
el incidente de nulidad propuesto ante la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado contra la sentencia de 7 de octubre de 2021, es claro que en la
actualidad se encuentra en curso otro medio de defensa judicial, por lo que el
análisis de la solicitud de amparo constitucional, en los términos propuestos en el
escrito de tutela, se realizará únicamente como mecanismo transitorio.
En definitiva, como quiera que en la actualidad se encuentra en curso el incidente
de nulidad que propuso el ahora demandante, como se indicó en precedencia, la
Sala circunscribirá su análisis a determinar si existe o no un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela de manera transitoria.
4.3. El artículo 86 de la Constitución Política indica que la acción de tutela “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 expresa que el mecanismo
constitucional resulta improcedente “1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
Por su parte, el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “aun cuando el
afectado disponga e otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. Dicho amparo transitorio se abre paso en aquellos eventos en los
que, a pesar de existir otro mecanismo de defensa, las condiciones que rodean el
asunto hacen imperiosa e impostergable la intervención del juez constitucional en
aras de impedir oportunamente la violación de los derechos fundamentales y así,
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional, en sentencia SU-544 de 2001, indicó que la posibilidad de
dar trámite a una petición de amparo como mecanismo transitorio requiere, en
primer lugar, demostrar que es inminente un perjuicio irremediable para el derecho
fundamental y, en segundo lugar, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial. Sobre este último, sostuvo, “considerado como instrumento judicial
principal u ordinario, deberá ser de una entidad tal que por sus características
pueda ser homologado temporalmente, es decir, mientras se tutela
“transitoriamente”. Estos elementos no pueden, nuevamente, considerarse en
abstracto, sino a partir de las condiciones propias del proceso”.
Cabe resaltar que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
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20155, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Así mismo, en la sentencia T-127 de 20146, la Corte Constitucional indicó que
“quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas
características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.
4.4. En el presente caso, el accionante solicitó que se habilitara la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta la
configuración de un perjuicio irremediable, a pesar de encontrarse en curso el
incidente de nulidad que interpuso contra la decisión que ordenó la reliquidación
de su mesada pensional, pues, sostuvo, al ver reducida su mesada pensional se
afectan en forma evidente sus ingresos, lo que le impide asumir los gastos que
relacionados con su manutención y la de su familia, “que para el caso bajo estudio
ascienden aproximadamente a la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA y NUEVE ($15.913.369.oo) PESOS”.
Del análisis de los argumentos planteados por el accionante para demostrar la
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad del perjuicio alegado, la Sala
observa que los mismos se sintetizan en que i) es una persona mayor que cuenta
en la actualidad con 80 años, lo que lo ubica como un sujeto de especial
protección constitucional; ii) la prestación está directamente ligada a su derecho al
mínimo vital y iii) al ver reducida su mesada pensional se le impide asumir los
gastos para su manutención y la de su familia, los cuales, manifiesta, ascienden a
$15.913.369, según una liquidación contenida en el escrito de tutela.
Para la Sala dichas razones no son de recibo para habilitar la procedencia de este
mecanismo de protección constitucional como mecanismo transitorio, en tanto, si
bien por su edad el actor puede ser considerado un sujeto de especial protección
constitucional, dicha calidad no es suficiente para demostrar la gravedad del
perjuicio alegado, misma que se desvirtúa con la certificación de pagos expedida
por el grupo de tesorería de Fonprecon y allegada al presente trámite, en la que
consta que en la actualidad el accionante percibe una mesada pensional que
asciende a $10.582.179, lo que descarta la afectación al mínimo vital alegada.
Se debe recalcar que la reliquidación de la mesada pensional fue ordenada por el
juez natural del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
5
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02014-00
Demandante: CARLOS HERNEY ABADÍA CAMPO
dicha decisión goza de presunción de veracidad y acierto y, en ese sentido, será el
juez que conozca del incidente de nulidad interpuesto por el actor quien determine
si se configura la causal invocada y si procede o no la pretensión relativa a dejar
sin efectos el trámite que el accionante considera viciado de nulidad, en el que se
ordenó la reliquidación que se censura.
En este sentido, la acción de tutela es improcedente en cuanto a la pretensión de
suspender el trámite de reliquidación ordenado a Fonprecon por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, dado que la gravedad, urgencia,
inminencia e impostergabilidad del perjuicio alegado se desvirtúa con la prueba de
que en la actualidad el accionante percibe una pensión mensual, y que la
liquidación de gastos allegada, en la que figuran, entre otros, gastos mensuales no
probados en gasolina por $1’200.000, en mercado por $3’500.000 y en vestido por
$1’300.000, no resulta suficiente para demostrar la configuración de un perjuicio
irremediable y, de esta manera, acceder a la protección transitoria pedida por la
parte actora7.
Lo anterior es razón suficiente para que la Sala se releve del estudio de la
pretensión final de la solicitud de amparo, relacionada con que, en el evento de
que Fonprecon hubiese adelantado el trámite de reliquidación de la mesada
pensional, se hiciera la devolución de la diferencia dejada de cancelar frente a lo
percibido anteriormente, asuntos que escapan del ámbito competencial del juez
constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela porque no se configuró el perjuicio irremediable alegado por la parte actora,
para habilitar su procedencia como mecanismo transitorio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Herney Abadía Campo, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” y el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
7
En relación con la necesidad de aportar prueba siquiera sumaria del prejuicio irremediable, véase
adicionalmente, la sentencia T-471 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. 11
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Demandante: CARLOS HERNEY ABADÍA CAMPO
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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