Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02016-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02016-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02016-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02016-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
4 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: EULOGIO CRUZ TRUJILLO Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Perjuicios privación injusta
de la libertad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 13 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Eulogio Cruz
Trujillo y Sandra Medrano, en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
atendiendo a lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores Eulogio Cruz Trujillo y Sandra Medrano, interpusieron acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
“Solicito a los Señores Magistrados del Consejo de Estado Sección Cuarta, tutelar mis derechos
fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa y el acceso real a la administración de justicia.
Qué como consecuencia de la declaratoria de la tutela de mis derechos fundamentales, se declare nula
y sin valor y efecto la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A del 10 de
septiembre de 2021, notificada por estado hasta el 1o de octubre de 2021 y con aclaraciones de voto
de fecha 17 de noviembre de 2021, lo que nunca fue comunicado a las partes dentro del proceso de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, dentro del radicado
50001233100020100050001.
Que se le ordene a la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado dictar una nueva sentencia,
donde se decida el proceso en el marco de su competencia, por las razones expuestas en el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo del Meta, y teniendo en cuenta los precedentes del mismo Tribunal sobre la
pérdida de libertad por orden de la Fiscalía, cuando el fallo es absolutorio en mi caso, y la acusación de
la entidad rectora de la acción penal, está sustentada en pruebas que hacen que el Juez declare la
absolución porque se mantuvo incólume la presunción de inocencia, y la decisión tiene tanta justeza
que la misma entidad, no recurre dicha decisión”.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 5 de junio de 2006, el señor Eulogio Cruz Trujillo fue detenido en el municipio de
Puerto Inírida, Guainía, en atención a la orden proferida en el marco de la
investigación penal que se adelantaba por el delito de concierto para delinquir con
fines de narcotráfico, le fue impuesta medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario, medida que fue ratificada hasta que se
calificó el sumario con resolución de acusación. Posteriormente, el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio el 29 de agosto de 2008
profirió sentencia absolutoria a su favor y ordenó su libertad inmediata.
Los señores Eulogio Cruz Trujillo, en condición de afectado directo y Sandra Lucía
Medrano Ruíz, Juan Camilo y Estiwar Cruz Medrano; Brayan Cruz Rodríguez,
María Olivia Trujillo y Bonifacio Cruz Galindo, Elsa, Yolanda, Floralba, Sara, José
Danilo y Yesid Cruz Trujillo, Germán Cruz Poloche y Luz Marina Cruz Mesa
ejercieron demanda de reparación directa 1 contra la Nación – Fiscalía General de
la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de
Defensa -Ejército y Policía Nacional por los perjuicios presuntamente causados con
la privación de la libertad del señor Eulogio Cruz Trujillo, que, calificaron como
injusta.
El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta de Decisión Escritural, en
sentencia del 19 de julio de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, para
lo cual adoptó la decisión con fundamento en el régimen de responsabilidad
objetivo, específicamente, en el título de imputación de daño especial y bajo esa
perspectiva, sostuvo que, en el caso concreto, se acreditó que el señor Eulogio
Cruz Trujillo fue vinculado a una investigación penal por el delito de concierto para
delinquir con fines de narcotráfico, en razón de la cual vio restringido su derecho a
la libertad desde cuando se produjo su captura -5 de junio de 2006- hasta cuando
se profirió sentencia absolutoria a su favor, lo cual ocurrió el 29 de agosto de 2008
y, en ese sentido, era forzoso acceder a las pretensiones de la demanda frente a la
Fiscalía General de la Nación, comoquiera que la investigación penal se adelant ó
en vigencia de la Ley 600 de 2000 y la medida de aseguramiento de detención
preventiva fue dispuesta por esa entidad.
La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, por considerar
que la medida de aseguramiento de detención preventiva que le impuso al señor
Eulogio Cruz Trujillo al momento de definir su situación jurídic a no fue una decisión
arbitraria, caprichosa o desproporcionada, sino que se dispuso en acatamiento de
la normatividad penal vigente al momento de los hechos -Ley 600 de 2000-, dada
la existencia de pruebas que fueron valoradas en su oportunidad como indicios
1
Como supuesto fáctico de las pretensiones, los demandantes señalaron que, con base en un informe reservado del Ejército Nacional
-el cual contenía información falsa- y en unas declaraciones rendidas ante agentes de la Policía Nacional, por testigos que fueron
manipulados, indicaron que, luego de ser escuchado en indagatoria, la Fiscalía 27 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
de Bogotá resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y,
posteriormente, pese a las irregularidades en la obtención de la prueba que soportó la sindicación, la Fiscalía calificó el sumario con
resolución de acusación, por lo cual el procesado fue llamado a juicio penal como coautor del delito de concierto para delinquir con
fines de narcotráfico. Adujeron que, la Fiscalía mantuvo detenido al actor “sin adelantar una investigación integral y sobre todo una valoración probatoria seria por
parte de los funcionarios encargados de ello, aceptando la inocencia del detenido como en comienzo se pregonó”, lo cual tornó injusta la privación de lq libertad desde el
momento de la captura -5 de junio de 2006- hasta cuando se profirió sentencia absolutoria de primera instancia -29 de agosto de
2008-.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
graves de responsabilidad penal en contra del procesado e indicó que, en
consideración a que el proceso concluyó con prescripción de la acción penal, la
responsabilidad del Estado debía analizarse a partir del título de imputación
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la posible
mora judicial, el cual, en todo caso, no genera responsabilidad patrimonial del
Estado de manera automática, en tanto que debe demostrarse la negligencia de la
autoridad encargada de impartir justicia.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 10 de
septiembre de 2021, revocó la decisión de primera instancia, para lo cual, precisó
que, como la demanda se presentó el 29 de septiembre de 2010, esto es, con
anterioridad a que se cumpliera la ejecutoria de la sentencia absolutoria proferida a
favor del procesado -lo cual ocurrió́ hasta el 16 de diciembre de 2016-, resultaba válido
afirmar que, para el momento de incoar la acción, no era procedente resolver el
debate jurídico a partir del título de imputación de la privación injusta de la libertad
y, por tanto, la limitación del derecho a la libertad al que fue sometido el ac tor debía
considerarse como derivado del supuesto error jurisdiccional de las providencias
proferidas por la Fiscalía 27 delegada ante la Unidad Nacional Antinarcóticos que
afectaron ese derecho, esto es, aquellas mediante las cuales se impuso la medida
de aseguramiento de detención preventiva -proferida el 16 de junio de 2006- y se calificó
el sumario con resolución de acusación -proferida el 14 de mayo de 2007-, decisiones en
las que supuestamente las demandadas incurrieron en errores de apreciación
probatoria y que quedaron sin efecto con la sentencia proferida el 29 de agosto de
2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio que
absolvió́ de responsabilidad penal al señor Eulogio Cruz Trujillo y ordenó su
libertad.
Establecido que los hechos y pretensiones de la acción se soportaron en una falla
en el servicio por error jurisdiccional, en el análisis de los presupuestos de
procedencia de ese título de imputación, establecidos en el artículo 67 de la Ley
270 de 1996, determinó que de acuerdo con los argumentos en que la parte actora
soportó como motivo del error judicial 2, no se configuró tal, porque, pese a que la
parte actora consideró que en las providencia dictadas por la Fiscalía se
evidenciaba una deficiente o indebida valoración probatoria, la Sala de decisión
encontró que los juicios de reproche carecieron de fundamento probatorio alguno y
estaban desprovistos de una carga argumenta seria y razonada que permitieran
identificar en qué consistieron los yerros de apreciación probatoria, lo cual, de
entrada, supuso una carencia argumentativa y demostrativa de la imputación
jurídica del daño que reclamaron.
2
Esto es, que, en las las providencias del 16 de junio de 2006 y de 14 de mayo de 2007, mediante las cuales la Fiscalía 27
Delegada ante la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de Bogotá resolvió la situación jurídica del señor
Eulogio Cruz Jaramillo con medida de aseguramiento de detenci ón preventiva y calificó el sumario con resolución de
acusación -oportunidad en la cual mantuvo vigente la referida medida-, respectivamente, con fundamento en la supuesta
indebida valoración probatoria, por cuanto, en primer lugar, se le dio credibilidad a lo dicho por un testigo que se identificó
como Meyer Alirio Escobar Orozco, pero en realidad se llamaba Fabio Berney Romero, quien en su relato mostró una actitud
mentirosa que no consideró Fiscalía y, en segundo término, los testigos Joao Carlos Castillo Hernández y Lilia de la Cruz
Gómez manifestaron que fueron presionados para que acusaran a las personas que eran investigadas, en tercer lugar, el
testigo Odair Martínez Ramírez, a pesar del reconocimiento fotográfico que hizo del señor Eulogio Cruz Trujillo, en diligencia
posterior no lo reconoció y, por último, el testigo Javier Rodríguez Alcalá se contradijo en los señalamientos que hizo en
contra del señor Cruz Trujillo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora expuso argumentos en los que calificó de injusta la decisión
cuestionada e insistió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, con fundamento
en los argumentos que se pasan a resumir.
Señaló que el Consejo de Estado trasgredió sus competencias, porque fueron los
argumentos del recurso de apelación de la Fiscalía General de la Nación y otras
fueron las razones por las cuales se profirió la decisión de segunda instancia, para
lo cual afirmó “la sentencia que me favoreció, no fue impugnada ni por el Ministerio Público, ni
por la Fiscalía General de la Nación, (…). Pero si fuera como argumenta el Consejo de Estado, lo
que si desconoce totalmente, es que el Tribunal antes de proferir el fallo de primera instancia, verificó
que para entonces, el Tribunal Superior del Distrito judicial competente, ya había proferido sentencia
de segunda instancia, contra la cual no se interpuso recurso alguno, repito, cuando en el desarrollo
del proceso desde 2010, ninguno de los participes, hubiera puesto en tela de juicio esa situación,
con lo que se convalidó ese hecho, y que no puede ser desconocido por el Consejo de Estado de la
forma ligera que lo hizo, más cuando verificado que el proceso penal terminó por prescripción, lo
que demuestra aún más la negligencia del aparato judicial. Si en el 2016 esa sentencia fue proferida
por la Sala Penal del Tribunal, y solo en el 2018 es que el Tribunal Contencioso Administrativo del
Meta dicta su sentencia de primera instancia, cuál caducidad se había dado allí o que como dice
eufemísticamente el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, se hablaba de efectos
futuros, (…)”.
Considera que la autoridad judicial demandada resolvió superficialmente, que, las
decisión estuvo revestida de arbitrariedad en lo que tiene que ver con las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual transcribió apartes de
la decisión 3, con fundamento en lo cual afirmó “que se diga que eso no constituye un yerro
o un error y que la parte demandante no probó nada, cuando todo está probado en el proceso penal
que hace parte del acervo probatorio de este proceso, donde se demostró́ de manera clara, que un
testigo, no era la persona que decía era, y eso se le advirtió a la Fiscalía en su momento, y ante la
evidencia hizo caso omiso a través de los Fiscales que estuvieron, que fueron varios, al frente del
proceso, que dos testigos hayan declarado que fueron presionados para declarar falsamente en mi
contra, lo reconozcan en el fallo el Consejo de Estado, y le parezca que eso no es una protuberante
arbitrariedad, que se constituye en un atropello en mi contra, deja un desazón total” .
Se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, para lo cual, indicó que se cumple el
requisito general de inmediatez porque “presenta contra la decisión del Consejo de Estado
proferido el 10 de septiembre de 2021, notificado en el estado el 1 de octubre de 2021, cuyas
aclaraciones de voto fueron presentadas hasta el 17 de noviembre de 2021, existiendo además la
vacancia judicial entre el 19 de diciembre de 2021, y el 11 de enero de 2022, con lo que se cumple
la inmediatez” e insistió en las opiniones que le merece el fallo cuestionado, entre
esos argumentos dijo que “constituye una irregularidad que se suma a la de la Fiscalía General
de la Nación, la primera por privarme de la libertad, y el Consejo por resolver revocar la sentencia
en segunda instancia, que en lo económico resarcía algunos de los perjuicios que sufrió́ mi familia”.
3 Concretamente, el siguiente: “Así, se tiene que la parte actora identificó como motivo del error judicial en las señaladas
providencia, la supuesta indebida valoración probatoria, por cuanto, en primer lugar, se le dio credibilidad a lo dicho por un
testigo que se identificó como Meyer Alirio Escobar Orozco, pero en realidad se llamaba Fabio Berney Romero, quien en su
relato mostró una actitud mentirosa que no consideró Fiscalía, en segundo término, los testigos Joao Carlos Castillo
Hernández y Lilia de la Cruz Gómez manifestaron que fueron presionados para que acusaran a las personas que eran
investigadas, en tercer lugar, el testigo Odair Martínez Ramírez, a pesar del reconocimiento fotográfico que hizo del señor
Eulogio Cruz Trujillo, en diligencia posterior no lo reconoció y, por último, el testigo Javier Rodríguez Alcalá se contradijo en
los señalamientos que hizo en contra del señor Cruz Trujillo”.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
En cuanto a las causales específicas de procedencia, señaló que la sentencia del
10 de septiembre de 2021 incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que ocurre por cuanto la Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A “de forma arbitraria argumentó que la decisión del
Tribunal no poseía un análisis sobre lo que se probó o no en el proceso, lo que es
contrario a la realidad procesal” y porque, sin competencia, abordó temas que no
fueron planteados en el recurso de apelación por la Fiscalía.
En relación con el defecto material o sustantivo, dijo que hay una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, “donde se explica de manera
clara, donde se tratan temas que no son del recurso de apelación, pero además se desconocen las
pruebas, afirmando apenas que no se probó por parte de la parte demandante, lo que si está
acreditado en el expediente, además sosteniendo que la Fiscalía hizo un análisis a partir de la sana
critica de las pruebas para tomar todas las decisiones, cuando en el expediente está demostrado
que había testigos falsos, y otros presionados para declarar en mi contra, todo para obtener un
positivo ante los medios de comunicación, desde una región abandonada por el Estado, que llega
es precisamente para atropellar nada más”.
Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial dijo que se
desconoce el mismo precedente del Consejo de Estado sobre la responsabilidad
del Estado en casos de detención de personas que son declaradas luego inocentes,
lo cual fue tenido en cuenta al resolver la apelación. Sin señalar de manera
específica los números de radicados o expedientes presuntamente desconocidos.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 5 de abril de
2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A y al Tribunal Administrativo del Meta,
Sala Sexta de Decisión Escritural, a la Fiscalía General de la Nación y a las
personas y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario con radicado
50001-23-31-000-2010-00500-00/01, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A indicó que la solicitud de
amparo no es procedente porque la decisión objeto de tutela no desconoció los
lineamientos jurisprudenciales aplicables y fue proferida con apego a las garantías
sustanciales y procesales que conforman el debido proceso.
Adujo que la causa petendi del caso giraba en torno al cuestionamiento respecto
de las decisiones que dispusieron la restricción del derecho a la libertad del señor
Cruz Trujillo, por lo que, el análisis debía realizarse a partir de los supuestos y
presupuestos del error jurisdiccional, lo que no desbordó su marco de competencia
ya que el juez tiene la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas
cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tal como lo
expresó la Sección en la sentencia de unificación del 6 de abril de 2018.
Agregó que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
no resultaba admisible la ejecutoria parcial o fragmentada respecto de la sentencia
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
del 29 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Primero Penal Especializado del
Circuito de Villavicencio en la que fue absuelto el señor Cruz Trujillo, en tanto,
independientemente de la actitud omisiva de algunas de las partes, la impugnación
de una sola de ellas difiere la ejecutoria de la sentencia para todos.
Respecto de la falta de valoración probatoria que condujo a considerar que la
Fiscalía no había incurrido en yerro alguno, precisó que bajo las premisas
normativas dispuestas en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, demostrar la
existencia de un error judicial corresponde a una carga de la parte demandante,
quien tiene la obligación de exponer de manera clara, precisa y debidamente
argumentada, la disconformidad de la providencia acusada con el marco normativo
que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria (error de hecho
y de derecho).
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, en la medida que los
cuestionamientos planteados por la parte accionante no exponen una carga
argumentativa suficiente para concluir que la decisión objetada en sede de tutela
sea considerada vulneradora de sus derechos fundamentales y en ese sentido
requiera la intervención del juez constitucional.
6. Intervención de los terceros interesados
La Nación - Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia e indicó que los argumentos expuestos por la
parte accionante no sustentan las causales específicas de procedibilidad para que
la acción sea procedente.
Agregó que, la parte accionante pretende mediante la acción de tutela, revivir
etapas procesales y el estudio del caso que ya fue resuelto por el juez de la causa
de tal forma que el juez constitucional acepte sus argumentos y acceda a sus
pretensiones. Sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad en la medida que los accionante tienen a su disposición la Ley 1437
de 2011 que prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos.
La Policía Nacional solicitó que la acción de tutela se declare improcedente porque
los accionantes no sustentaron los defectos que fueron enunciados en el escrito de
tutela y tampoco probaron la existencia de un perjuicio irremediable que permita la
intervención del juez constitucional para garantizar la protección de los derechos
fundamentales invocados.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio afirmó que
el fallo cuestionado tuvo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de
apelación radicado por la Fiscalía General de la Nación visibles en el numeral 2.1
del mencionado escrito, por lo que, los argumentos planteados por los señores
Eulogio Cruz Trujillo y Sandra Medrano carecen de relevancia y de ellos no se
puede establecer la vulneración de los derechos fundamentales, por lo que solicitó
negar la acción impetrada.
El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta de Decisión Escritural remitió
el expediente del proceso ordinario de reparación directa, sin embargo, no se
pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
Los demás terceros interesados que participaron en el proceso ordinario con
radicado 50001-23-31-000-2010-00500-00/01 guardaron silencio.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 13 de
mayo de 2022, declaró improcedente el amparo solicitado, en primer lugar, porque
la aparente falta de congruencia que la parte accionante invocó es un asunto que
debe ser expuesto en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, por lo que, no
cumple con el requisito general de subsidiariedad y, en lo demás, porque los cargos
invocados por la parte actora no cumplen con el requisitos de suficiencia en la
exposición de los hechos y argumentos que sustentan la violación iusfundamental
alegada.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual se refirió a la
procedencia de la acción de tutela como una vía expedita para que los ciudadanos
puedan acudir ante cualquier autoridad judicial, en busca de la protección de sus
derechos.
Indicó que en relación con el argumento del juez de tutela de primera instancia,
conforme con el cual, no se relacionaron las sentencias presuntamente
desconocidas “sobre la situación en que la Fiscalía General de la Nación es condenada, está por
ejemplo el fallo de la misma Sección, la Tercera, Subsección A, la misma que fallo nuestro proceso,
del Consejo de Estado, MP Marta Nubia Velásquez Rico, Radicado No. 25000-23-25-000-00754-01
(48663), de David Puentes Sapuy y otros contra la misma entidad, en fallo del 24 de mayo de 2017,
cuando condenó al ente acusador, (…)”.
Dijo que el hecho que el Consejo de Estado haya fallado por fuera de lo planteado
por la Fiscalía General de la Nación en su recurso de apelación, constituye
precisamente la afrenta a sus derechos fundamentales, al debido proceso y el
derecho de defensa, que no fueron reconocidos en el fallo impugnado.
Solicitó que se notifique el fallo al correo electrónico iniridaguainia67@gmail.com.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
4
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
5 6
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera
instancia, que, negó las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual se refirió
al instrumento de la acción de tutela y agregó un referente jurisprudencial que
considera desconocido por la autoridad judicial demandada, en materia de privación
injusta de la libertad.
Sin embargo, de manera previa, le corresponde a la Sala verificar, en estricto orden,
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y, solo en caso afirmativo, resolverá los argumentos
del escrito de impugnación.
Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción los señores Eulogio Cruz Trujillo y
Sandra Medrano estiman vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia por parte del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
En el trámite de la primera instancia de la acción de tutela la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado
4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
porque los cargos relacionados con los defectos fáctico y sustantivo tenían que ver
con la violación al principio de congruencia, asunto que debe ser ventilado a
instancias del recurso extraordinario de revisión y, porque, en lo demás, la acción
de tutela no cumplió con el requisito mínimo de suficiencia para sustentar la
vulneración invocada.
Por lo anterior, en el escrito de impugnación la parte actora se refirió al mecanismo
de la acción de tutela y aportó un referente jurisprudencial que aduce desconocido
en materia de privación injusta de la libertad.
Al respecto, la Sala anticipa que, sería del caso, estudiar los argumentos
propuestos en el escrito de impugnación, de no ser porque en el presente caso no
se cumple con el requisito general de inmediatez, lo cual hace improcedente el
estudio de fondo de los cargos invocados en la acción de tutela, por lo que la acción
de tutela no estaba llamada a prosperar, como se pasa a explic ar 7.
La solicitud de amparo carece del requisito de inmediatez que la caracteriza, porque
la decisión que cuestiona fue proferida el 10 de septiembre de 2021, notificada por
edicto8 electrónico el 1 de octubre de 2021 y desfijado el 5 de octubre de 2021 9.
10
Así, a la fecha de presentación de esta acción, 8 de abril de 2022 , han transcurrido
seis meses y 2 días.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela
judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda11, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
7 Así lo ha precisado esta Sección, al respecto, ver sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente número
11001-03-15-000-2020-00314-01, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, M.P. Milton Chaves García.
8
El proceso cuestionado fue tramitado en vigencia del Decreto 01 de 1984.
9 De la consulta del proceso de reparación directa radicado número 50001233100020100050001 en el sistema
de información Samai.
10 Del mismo modo, consultado el sistema de información Samai y de los reportes de radicación que obran en
el expediente magnético.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a
adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
Es necesario precisar que, si bien, en el escrito de tutela la parte actora adujo que
se cumple con el referido requisito si se tiene en cuenta el lapso que transcurrió de
vacancia judicial, no obstante, ese argumento no prospera porque esta Corporación
ya ha definido que “los términos expresados en meses, para su contabilización no se
tienen en cuenta los días de vacancia judicial, o los que, por cualquier causa, el Despacho
deba permanecer cerrado, como ocurre con el paro judicial, los cuales no suspenden ni
interrumpen el término de caducidad, de suerte que si el vencimiento del mismo ocurre en
aquellos días, el término se extenderá al primer día hábil siguiente”12.
En esa medida, la parte actora debió interponer la acción de tutela a más tardar el
6 de abril de 2022, como ello no ocurrió, no cumplió con el requisito de la inmediatez
para ejercer el mecanismo constitucional contra providencias judiciales.
Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procedía por falta de
cumplimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida no había lugar a hacer
estudio en relación con el fondo del asunto o frente al cumplimiento de los demás
requisitos de procedencia.
Vale la pena precisar que, si bien, le asiste razón a la parte actora cuando aduce
que la acción de tutela, como institución, fue prevista para que los ciudadanos
puedan acceder a las autoridades de manera ágil e informal como una herramienta
de acceso a la administración de justicia, sin embargo, no puede pasar por alto que,
como se explicó en el acápite anterior, la acción de tutela contra providencias
judiciales es una excepción al principio de inmutabilidad y cosa juzgada de las
decisiones judiciales en firme y, es por esa razón, que su ejercicio exige el
cumplimiento de requisitos generales y específicos que hagan procedente al juez
constitucional emitir pronunciamiento sobre decisiones ya ejecutoriadas. En el
presente caso, la falta de cumplimiento del requisito de inmediatez conlleva a la
12 Al respecto, ver Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera, providencia
del 31 de agosto de 2015, Exp. 2015-00155-01, en la que reitera la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 4 de agosto de 2011 la expediente con radicado número:
27001233100020090009301. En igual sentido, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Sección Primera, providencia del 9 de febrero de 2017, expediente número: 05001233300020160027401.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02016-01
Demandante: Eulogio Cruz Trujillo y otro
improcedencia del mecanismo, por lo que no es posible emitir pronunciamientos
frente a los cargos invocados.
Siendo así, se impone confirmare la sentencia impugnada, pero por las razones
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia, del 13 de mayo de 2022, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.