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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02027-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02027-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-00 Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que antecede. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02027-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de septiembre de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-00
Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1.º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02027-00
Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial y otro

Temas: Tutela contra acto administrativo que negó el reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Nubia Milena Gomajoa
Bastidas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

La accionante presentó como pretensiones, las siguientes:

Primero. Se protejan vía acción de tutela los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a cargos públicos y estabilidad laboral reforzada, que fueron protegidos
vía precedente jurisprudencial por parte de la Sala de Conjueces de la Honorable Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia STL-8171 de 2020, y de la Corte Constitucional
en sentencia T-084 de 2018.

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Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas

Segundo. En razón a que cumplo con la condición establecida en las sentencias C-333
de 2012, C-352 de 2013 y STL-8171 de 2020, y haciendo énfasis en la protección del
derecho fundamental a la igualdad y la regla de extensión del precedente jurisprudencial
antes reseñado, se acceda a lo siguiente:

• Se ordene a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, suspenda los actos de nombramiento y posesión de la elegible Adelaida
María Ibarra Padilla, y se declare la protección laboral reforzada de la suscrita frente
al cargo de profesional universitario, grado 18, de la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

• Lo anterior en atención a que cumple con las condiciones establecidas por la Corte
Constitucional, en el entendido de que deben protegerse los derechos adquiridos y
protegidos por la sentencias C-333 de 2012, C-532 de 2013 y STL-8171 de 2020; y
en razón a que ya hay una situación jurídica consolidada, como es, que me encuentro
laborando en la Sala de Justicia y Paz desde el año 2010, antes de la ejecutoria de
la decisión de constitucionalidad reseñada y, por demás, que ostento la calidad de
madre cabeza de familia.

Y como medida provisional solicitó lo siguiente:

Medida provisional.
En razón a que la suscrita quedaría desvinculada laboralmente ante el inminente
nombramiento de la elegible, Adelaida María Ibarra Padilla, en el cargo de profesional,
grado 18, del cual ostento la calidad de empleada en provisionalidad, la cual debe tomar
posesión de su cargo el 29 de marzo de 2022, me permito solicitar sea decretada medida
provisional en favor de la suscrita hasta tanto sea resuelta la primera instancia de
solicitud interpuesta.

Lo anterior en atención a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.

Esto en el entendido de que sean suspendidos los actos administrativos de
nombramiento y posesión de la elegible Adelaida María Ibarra Padilla.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Desde el año 2010, ha laborado de manera continua en el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, primero en el cargo de oficial mayor,
luego, como relatora y, actualmente, como profesional universitario, grado 18.

ii) Los actos administrativos de nombramiento tenían como presupuesto elemental el
reemplazo por licencia no remunerada, según lo establece la Ley 270 de 1996, pero
cuando la designaron en el cargo de profesional universitario, grado 18, en

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provisionalidad, se optó por la renuncia al cargo de oficial mayor, por lo que la renuncia
fue al cargo y no a la corporación.

iii) Mediante Resolución CSJBTR21-68 del 24 de mayo de 2021, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá conformó los registros de elegibles para el cargo de
profesional universitario, grado 18; y por medio del Acuerdo CSJBTA21-95 del 23 de
diciembre de 2021, formuló el registro de elegibles para la sede de la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, correspondiéndole en orden de mérito a la
señora Adelaida María Ibarra Padilla.

iv) Conforme a lo anterior, remitió solicitud de estabilidad laboral reforzada, en términos
de lo dispuesto en las Sentencias C-333 de 2012 y C-532 de 2013 y atendiendo a su
condición de madre cabeza de familia.

v) A través de Oficio 0025 del 4 de febrero de 2022, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá le indicó que no era procedente acceder a la solicitud porque la
renuncia a los cargos que venía desempeñando ocurrió con posterioridad a la
ejecutoria de las Sentencias C-333 de 2012 y C-532 de 2013, de la Corte
Constitucional, y porque pese a su condición de madre cabeza de familia, prevalecían
los derechos de quienes quedaron en los registros de elegibles.

vi) La respuesta brindada por el nominador carece de sustento jurídico, no tuvo en
cuenta que la renuncia fue con respecto del cargo y no frente a la corporación —ello
por cuanto el sistema de carrera debe ser fluido, de constante cambio frente a las
posibilidades de ascenso, bajo el principio de movilidad y flexibilidad de la relación
laboral— y, además, porque no dijo nada con respecto del reconocimiento de su
condición de madre cabeza de familia.

vii) Es madre cabeza de hogar pues tiene a su cargo a su hija menor de edad, ya que
su padre se sustrajo de sus obligaciones, prueba de ello es la denuncia por inasistencia
alimentaria y el proceso de pérdida de patria potestad que cursan en la Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado 29 de familia de Bogotá, respectivamente.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

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La accionante presenta como fundamentos jurídicos de la acción los siguientes:

i) En la Sentencia C-333 de 2012, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos
1 y 2 del artículo 671 de la Ley 975 de 20052, en el entendido de que, a partir de la
notificación de la sentencia, los empleos a los que se referían dichos incisos —
magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial— deberían ser provistos
por la lista de elegibles vigente, y señaló en la parte motiva que, por respeto de las
personas que accedieron a los cargos en cuestión, la decisión tenía efectos hacia
futuro y que, por tanto, comprendía casos que ocurrieran una vez en firme la
providencia. Es decir, que la protección no era solo para los magistrados de las Salas
de Justicia y Paz de los Tribunales del Distrito Judicial, sino que también se extendía
a todos los empleados que se encontraran laborando en dichas Salas.

1 Artículo 67. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud

de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas enviadas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Los requisitos exigidos para ser
magistrado de estos Tribunales, serían los mismos exigidos para desempeñarse como magistrado de
los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo
administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los
magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.
2 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados

organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

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ii) De la misma forma, en la Sentencia C-532 del 15 de agosto de 2013, la Corte
Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 283 de la Ley 1592 de 20124,
declaró la exequibilidad de la expresión «la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
proveerá los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial a los que
se refiere esta ley y a partir de las listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura», en el entendido de que los cargos a los que se refería el
precepto legal, deberían ser provistas de la lista de elegibles vigente en materia penal.

iii) A su turno, en la sentencia del 20 de febrero de 2019, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, estableció respecto de una acción de cumplimiento que los cargos de
magistrados de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales
de Barranquilla, Bogotá, Cundinamarca y Medellín, que se encontraran provistos en
provisionalidad, no podían ser desvinculados, en atención a la condición establecida
en la Sentencia C-333 de 2012, sosteniendo la legitimidad de los nombramientos
desarrollados con anterioridad a la ejecutoria de la decisión, esto es, del 9 de mayo de
2012.

iv) En la Sentencia STL8171 de 2020, la Corte Suprema Justicia, Sala de Conjueces,
estableció con respecto de los cargos de los magistrados de los Tribunales Superiores
del Distrito Judicial de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, que la condición
establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-333 de 2012 debía

3 Artículo 28. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 32. Competencia funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
en materia de Justicia y la Paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes
para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley.
El juzgamiento en los procesos a los que se refiere la presente ley, en cada una de las fases del
procedimiento, se llevará a cabo por las siguientes autoridades judiciales:
1. Los Magistrados con funciones de control de garantías.
2. Los Magistrados con funciones de conocimiento de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.
3. Los jueces con funciones de ejecución de sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las penas y de las
obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo con la distribución de trabajo que disponga el
Consejo Superior de la Judicatura en cada una de las salas de Justicia y Paz.
Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones conducentes y proveerá los
cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales
mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por magistrados diferentes. La Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial
a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
4 Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005

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respetarse, siempre que los magistrados hayan sido nombrados en provisionalidad
antes de la ejecutoria de la decisión, es decir, del 9 de mayo de 2012, y adiciona que
dichos cargos ya no ostentaban la figura de la provisionalidad sino de carrera o
propiedad.

v) En el asunto se desarrolla una figura jurídica novedosa para la administración de la
carrera administrativa de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, pues cambia
la situación jurídica de los funcionarios y empleados de las Salas de Justicia y Paz con
nombramiento en provisionalidad, para pasar a uno en propiedad. Lo anterior, por
cuanto mal haría la Corte Suprema de Justicia al considerar que es amparable la
calidad de los magistrados de las Salas de Justicia y Paz que no han agotado el
respectivo concurso de méritos, por ser funcionarios judiciales y no extender dicha
protección a los empleados que desean crecer profesionalmente en las corporaciones
públicas y que tienen fines tan igualmente protegibles como los de los magistrados.
Esto es, de elevar la calidad de funcionarios de carrera a los magistrados y dejar
desprotegidos a los empleados que también cumplen con las condiciones señaladas
por la Corte.

vi) Atendiendo el precedente jurisprudencial previsto en la Sentencia STL8171 de
2020, de la Corte Suprema Justicia, Sala de Conjueces —en la que se señaló que los
cargos de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz que fueron provistos con
anterioridad a la ejecutoria de la Sentencia C-333 de 2012, serían denominados cargos
en propiedad— tiene derecho a que dichos efectos se hagan extensivos en su caso,
pues ingresó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz,
con anterioridad al 9 de mayo de 2012, y aunque renunció al cargo de oficial mayor,
nunca perdió continuidad en la Sala de Justicia y Paz, por lo que la renuncia fue al
cargo y no a la corporación y, en tal sentido, no renunció a la condición establecida por
la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 30 de marzo de 2022, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, remitió el conocimiento del asunto al Consejo de Estado, acorde con

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el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, luego de evidenciar que
la accionante es empleada de la jurisdicción ordinaria penal.

1.2.2. Por auto del 8 de abril de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas
inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió a la accionante para que,
dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, allegara memorial
aclaratorio en el que manifestara, bajo la gravedad del juramento, si había presentado
otra acción de tutela sobre los mismos hechos, partes o pretensiones.

1.2.3. A través de auto del 3 de mayo de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez
rechazó la acción de tutela, al evidenciar que la accionante guardó silencio frente al
requerimiento efectuado, imposibilitando determinar si existía temeridad de la acción.

1.2.4. El 5 de mayo de 2022, la accionante impugnó la decisión de rechazo de la
demanda y, a través de auto del 17 de mayo de 2022, el consejero Rafael Francisco
Suárez concedió la impugnación interpuesta.

1.2.5. Mediante auto del 8 de julio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera,
revocó el auto del 3 de mayo de 2022 y, en consecuencia, ordenó devolver las
diligencias al despacho de origen para que proveyera sobre la admisión de la solicitud
de amparo. Lo anterior, al considerar que la omisión de prestar juramento no
correspondía a una causal de inadmisión de la demanda y porque, en todo caso, en el
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, no se prevé dicho evento para que proceda el
rechazo de la acción. Además, porque encontró que el 20 de abril de 2022, la
accionante allegó memorial en el que hizo el correspondiente juramento, pero que éste
fue enviado al correo electrónico cegral@notificacionesrj.gov.co, razón por la que no
obraba en el expediente.

1.2.6. A través de auto del 2 de agosto de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez,
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial, al Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
de Justicia y Paz, como demandados; comisionó al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, para que notificara, como tercera interesada

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en las resultas del proceso, a la señora Adelaida María Ibarra Padilla; y no decretó la
medida provisional solicitada por la accionante.

De igual forma, requirió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que
enviara copia digital del expediente correspondiente a la vinculación y desvinculación
laboral de la señora Elsa María Moreno Sarmiento, del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, además de su solicitud de estabilidad laboral
reforzada y el posterior nombramiento de la señora Adelaida María Ibarra Padilla; y se
ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros
interesados para que, dentro del término de los dos días siguientes a la notificación de
la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a
rendir el respectivo informe.

1.2.7. La accionante solicitó aclaración del auto admisorio de la demanda. Señaló que
el expediente que tiene que solicitar es el de Nubia Milena Gomajoa Bastidas y no el
de la señora Elsa María Moreno Sarmiento. Además, indicó que se hacía necesario
estudiar nuevamente la solicitud de medida provisional indicada en la tutela, puesto
que la elegible posesionada Adelaida María Ibarra Padilla renunció al cargo de
profesional universitario, grado 18, y por tanto, en este momento no se estaría
vulnerando derecho alguno de los elegibles.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial, por intermedio de la directora Claudia M. Granados R., solicitó desvincular a
la entidad del trámite de tutela o, en su defecto, rechazar por improcedente la acción.
Para dichos efectos argumentó lo siguiente:

i) La entidad debe ser desvinculada como parte accionada en el trámite constitucional,
por existir falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la decisión sobre
los nombramientos de los empleados de los despachos judiciales y las decisiones
sobre la estabilidad laboral reforzada corresponden al titular del despacho o
nominador, sin que el Consejo Superior de la Judicatura representado por esta Unidad
tenga o pueda tener injerencia alguna.

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ii) El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, con el Concepto del 23 de
febrero de 2022, expediente 11001-03-06-000-2021-00183-00, resolvió el conflicto
negativo de competencias administrativas para tramitar y resolver las peticiones de los
servidores judiciales en relación con asuntos de carácter administrativo-laboral,
incluidas las solicitudes de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada,
concluyendo que la competencia es de la respectiva autoridad nominadora.

1.3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por intermedio del
secretario general, Oscar Manuel Silva Rojas, informó que la solicitud del expediente
administrativo de la vinculación y desvinculación de la señora Nubia Milena Gomajoa
Bastidas —de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá— fue remitida
por competencia a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Área de Talento Humano, mediante oficio CSJBTO22-4204 y al presidente de
la Sala en comento con oficio CSJBTO22-4203 para que fuera suministrada con destino
a la acción constitucional.

1.3.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Área de Talento Humano, remitió la copia digital del expediente correspondiente a la
vinculación laboral de la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas, esto es, el decreto
de nombramiento, el acta de posesión y la certificación de tiempo de servicio.

1.3.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz,
dejó transcurrir el término de traslado en silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 8.º, inciso 2, del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual « Cuando
se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales,
que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento

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corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo», esta Sala es
competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela es procedente
para controvertir el acto administrativo que negó el reconocimiento de una estabilidad
laboral reforzada. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si resulta
procedente amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a cargos públicos y a la estabilidad laboral reforzada invocados por la
accionante y así impedir la provisión del empleo que desempeña en provisionalidad.

2.3. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos

Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de
tutela contra actos administrativos es improcedente, en atención a que contra estos el
legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento, de
forma tal que aceptar su procedencia directa desdibujaría su carácter excepcional y,
además, contravendría lo previsto en el artículo 86 constitucional, en el que de manera
clara se señala que el mecanismo de amparo procede solamente cuando el afectado
no dispone de otro medio de defensa judicial.

Sin embargo, el referido artículo presenta la excepción de que la acción de tutela puede
proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente, es
decir, está ocurriendo o está próximo a ocurrir;5 ii) grave, o tiene la potencialidad de
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado

5 la Corte ha señalado que para la comprobación de la inminencia de un perjuicio irremediable que

justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben observar criterios como i) la edad de la persona,
por ser sujeto de especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; ii) el estado de salud
del solicitante y su familia; y iii) las condiciones económicas del peticionario del amparo 5 o de las
personas obligadas a acudir a su auxilio. Consultar entre otras, las sentencias T-229 de 2006, T-935 de
2006, T-376 de 2007, T-529 de 2007, T-607 de 2007, T-652 de 2007, T-762 de 2008 y T-716 de 2013.
En los referidos eventos, la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal
administrativa mínima por parte del interesado. Al respecto, ver sentencia T-881 de 2010.

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relevante; iii) requiere de medidas urgentes; e iv) impostergable, a fin de garantizar el
adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.

Y a más de lo anterior, la Corte Constitucional también ha desarrollado como excepción
adicional, el evento en el que el mecanismo de amparo procede como solución
definitiva del asunto, en casos en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u
eficaz dadas las circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de
vulnerabilidad o debilidad del afectado.6

Quiere decir lo anterior que el mecanismo de amparo solo tiene lugar cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probarse —caso en el cual el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden
protección al derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad
competente se pronuncie sobre las pretensiones—, o cuando dentro de los diversos
medios legales existentes ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el
derecho que se alegue conculcado —evento en el cual las decisiones del juez de tutela
deben ser definitivas—.7

De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.

2.4. Hechos probados

De los documentos obrantes en el expediente digital de tutela, la Sala establece lo
siguiente:

i) Por Resolución 02 del 5 de abril de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz, nombró en provisionalidad a la señora Nubia Milena
Gomajoa en el cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Sala.

6 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,

T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.
7 Sentencias T-308 de 2016 y SU-691 de 2017, entre otras.

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ii) Mediante Resolución 015 del 3 de octubre de 2011, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, concedió licencia no remunerada a Nubia
Milena Gomajoa a partir de la fecha y hasta el 16 de diciembre de 2011, en el cargo
de oficial mayor nominado de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz, y la nombró
en el cargo de relatora de la Sala, por el tiempo en el que el señor Carlos Arturo Peralta
Mora permaneciera en licencia.

iii) A través de la Resolución 003 del 15 de enero de 2014, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, concedió licencia no remunerada
a Nubia Milena Gomajoa, a partir de la fecha y por el término de tres meses, en el
cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz, y la nombró en el
cargo de profesional universitario, grado 18, de la Secretaría de la Sala de Justicia y
Paz, mientas Zully Angela Ricarute Leguizamo permaneciera en licencia.

iv) Por medio de la Resolución 0033 del 10 de septiembre de 2018, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, aceptó la renuncia presentada
por Nubia Milena Gomajoa al cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá y la nombró en
provisionalidad en el cargo de profesional universitario, grado 18, de la misma
dependencia.

v) Mediante Resolución CSJBTR21-68 del 24 de mayo de 2021, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá conformó el registro de elegibles para el cargo de
profesional universitario, grado 18, de la Sala Penal de Justicia y Paz, quedando en
primer lugar de la lista la señora Adelaida María Ibarra Padilla.

vi) A través del Acuerdo CSJBTA21-95 del 23 de diciembre de 2021, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá conformó las listas de elegibles para la provisión
de diferentes cargos, conforme al registro de elegibles integrado por quienes
superaron el concurso de méritos, señalando para el cargo de profesional universitario
de la Sala Penal de Justicia y Paz, grado 18, ubicado en la secretaría de la Sala, un
listado con 26 elegibles, encontrándose en primer lugar de la lista la señora Adelaida
María Ibarra Padilla.

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vii) Consecuencia de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Justicia y Paz comunicó a la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas que
laboraría en la corporación hasta cuando la señora Adelaida María Ibarra Padilla
tomara posesión del cargo.

viii) El 12 de enero de 2022, la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas —Con ocasión
de la conformación del listado de elegibles para el cargo desempeñado en
provisionalidad— solicitó la protección laboral constitucional reforzada, en términos de
lo establecido en las Sentencias C-333 del 9 de mayo de 2012 y C-532 del 15 de
agosto de 2013, y en las Leyes 82 de 1993 y 1232 del 17 de julio de 2008, y atendiendo
a su situación de mujer cabeza de familia.

ix) El 4 de febrero de 2022, mediante Oficio 0025, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, negó la solicitud.

x) El 11 de agosto de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad
de Recursos Humanos, hizo constar que la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas,
registraba vinculación a la Rama Judicial del Poder Público, desde el 4 de febrero de
2009, en los siguientes cargos:

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2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Controvierte la señora Nubia Milena Gomajoa la vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la
estabilidad laboral reforzada, por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz, ante la negativa del reconocimiento de su estabilidad
laboral reforzada en el cargo de profesional universitario, grado 18, de la Secretaría de
la Sala, en el que fue nombrada en provisionalidad.

Alega que la decisión proferida por el Tribunal, contenida en el Oficio 0025 del 4 de
febrero de 2022, carece de sustento jurídico, pues se consideró que como la renuncia
a los cargos que venía desempeñando ocurrió con posterioridad a la ejecutoria de las
Sentencias C-333 de 2012 y C-532 de 2013, sus efectos ya no le eran aplicables, sin
tener en cuenta que la renuncia fue con respecto del cargo y no frente a la corporación
—ello por cuanto el sistema de carrera debe ser fluido, de constante cambio frente a
las posibilidades de ascenso, bajo el principio de movilidad y flexibilidad de la relación

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laboral— y, porque no dijo nada con respecto del reconocimiento de su condición de
madre cabeza de familia.

Pues bien, sea lo primero a advertir en el sub lite que el acto administrativo de carácter
particular en mención puede ser cuestionado a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, en el cual se
otorga a la parte demandante la posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo
230 del CPACA, y que conforme al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la
presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, lo que, en principio, genera la
improcedencia de la presente acción de tutela.

Sin embargo, es claro que entratándose de pretensiones derivadas de una relación
laboral, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado excepciones en torno a la
procedencia de la acción. Así, aunque la Corte Constitucional ha sostenido que, por
regla general, la acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para dirimir
tales conflictos, pues la competencia de ello está radicada en la jurisdicción ordinaria
laboral o de lo contencioso administrativo, según el caso,8 también ha precisado, a
modo de excepción, que a pesar de la existencia de otros medios ordinarios de defensa
judicial, la acción de tutela resulta procedente para reclamar la protección de personas
en condiciones especiales de vulnerabilidad, a saber, «personas que son madres o
padres cabeza de familia, disminuidos físicos y mentales o [aquellos] que están
próximos a pensionarse»;9 por cuanto se estaría ante la configuración de un perjuicio
de gran magnitud que, por lo general, gira en torno a la afección al mínimo vital.10

Así, con el ánimo de analizar la subsidiariedad de la acción, esto es, de justificar la
utilización del medio de tutela como mecanismo definitivo, se tiene que la accionante
alega su condición de madre cabeza de hogar, por tener a cargo a su hija de cinco
años de edad y porque el padre de esta no responde económicamente por ella, y que

8 Sentencia T-034 de 2010
9 Sentencia SU-389 de 2005.
10 Sentencia T-223 de 2014 y T-199 de 2016.

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prueba de tal circunstancia es la denuncia por inasistencia alimentaria y el proceso de
pérdida de patria potestad que actualmente se tramitan.

Pues bien, se tiene que en la Sentencia SU-388 de 2005, la Corte Constitucional
estableció los requisitos que se deben acreditar para demostrar la calidad de mujer
cabeza de familia, así: i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o
de otras personas incapacitadas para trabajar; ii) que esa responsabilidad sea de
carácter permanente; iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por
parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones
como padre;11 iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde
y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física,
sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; y, v) por último, que haya una
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa
la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.

En el caso, la accionante acredita i) que tiene a cargo a su hija de cinco años de edad,
de acuerdo con el registro civil aportado al plenario; ii) que dicha obligación es
permanente, según lo sentado en declaración extraprocesal; iii) que el progenitor de la
menor se sustrajo de sus obligaciones para con ella, de lo cual da cuenta con la
denuncia por inasistencia alimentaria interpuesta el 28 de noviembre de 2019 contra
el señor Edward Aníbal González Rodríguez, que cursa en la Fiscalía 243 Local de
Bogotá, y el proceso de pérdida de patria potestad iniciado el 26 de febrero de 2020 y
que actualmente se tramita ante el Juzgado 29 de Familia de Bogotá, con el radicado
11001-31-10-029-2020-00104-00; y iv) que de su salario atiende sus gastos y los de
su hija, según declaración extraproceso aportada al plenario.

En este orden, se encuentra que aunque en el asunto se entienden demostradas las
primeras cuatro condiciones previstas por la Corte Constitucional para acreditar la

11 En la sentencia T-1211/08, la Corte Constitucional indicó: «El desempleo y la vacancia temporal de

la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que esta pueda resultar no significa
per se que una madre adquiera la condición de cabeza de familia, toda vez que para ello es
indispensable el total abandono del hogar por parte de su pareja y de las responsabilidades que le
corresponden como padre; es decir, debe existir un incumplimiento absoluto y permanente de las
obligaciones inherentes a esta condición. Todo ello sin olvidar que el trabajo doméstico, con
independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia, a tal punto que debe ser
tenido en cuenta como aporte social. En ese orden de ideas, debido a la existencia de otras formas de
colaboración en el hogar, la carencia de un ingreso económico fijo de una persona no puede ser utilizada
por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia».

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calidad de madre cabeza de familia, no ocurre así con la condición quinta en la que se
exige la demostración de «una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros
de la familia, [que acredite] la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el
hogar», toda vez que al plenario no se aportó evidencia con la que la señora Nubia
Milena Gomajoa demostrara que no cuenta con ingresos diferentes al de su salario
para suplir sus gastos mensuales y que, en su entorno familiar, no existen personas
que puedan ayudar a sufragarlos.

De esta forma, se encuentra que, al no lograrse acreditar en el sub judice la condición
de madre cabeza de familia, para así pretermitirse la subsidiaridad de la acción de
tutela, la accionante debe acudir al medio judicial ordinario para controvertir el acto
administrativo de contenido particular que negó el reconocimiento de la estabilidad
laboral reforzada reclamada.

Por tanto, se concluye que en el presente caso se configura la causal de improcedencia
de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de
1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales al alcance» y que impone rechazar por improcedente la acción de tutela.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que el presente caso se encuentra
afectado por el presupuesto de subsidiariedad y, en tal sentido, rechazará la acción de
tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Nubia Milena
Gomajoa Bastidas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,

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y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, de acuerdo
con lo expuesto en la parte considerativa que antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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