Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02030-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02030-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02030-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
19 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02030-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02030-00
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL (UGPP)
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES
Temas Acción de tutela contra providencia judicial que ordena
reliquidar pensión de jubilación incluyendo prima de riesgo.
Defecto fáctico y sustantivo. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción: subsidiariedad. Recurso de
revisión. Perjuicio irremediable.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1º de abril de 20221, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Manizales, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRINCIPALES
“Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES
y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA PRIMERA DE DECISIÓN, al ordenar
reliquidar la pensión de vejez a la señora LUZ MARINA MARTÌNEZ OCAMPO, incluyendo la
PRIMA DE RIESGO la cual no le asiste y además de ello le fue negada en proceso
contencioso anterior.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos las decisiones contenciosas del 07 de junio de 2019 y 25 de
noviembre de 2021 dictadas por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MANIZALES y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA
1 Índice 2 Samai.
1
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PRIMERA DE DECISIÓN en el proceso contencioso -2017-00164 por la flagrante vía de
hecho y el abuso palmario del derecho en razón a la orden de reliquidar la pensión de
vejez a favor de la señora LUZ MARINA MARTÌNEZ OCAMPO incluyendo el factor
salarial de PRIMA DE RIESGO al cual no tiene derecho.
b.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA PRIMERA DE
DECISIÓN, revocar la sentencia dictada por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MANIZALES el 07 de junio de 2019 y en consecuencia se nieguen
las pretensiones y se declare la COSA JUZGADA, de cara a lo resuelto en proceso
contencioso radicado 2005-01040.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el
requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA PRIMERA DE
DECISIÓN.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria las
sentencias del 07 de junio de 2019 y 25 de noviembre de 2021 proferidas por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA PRIMERA DE DECISIÓN, hasta tanto se resuelva el
recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1 Expone la entidad actora que la señora Luz Marina Martínez Ocampo prestó
sus servicios como detective del DAS y adquirió su estatus jurídico el 4 de
marzo de 2003, motivo por el cual la extinta Cajanal (hoy UGPP), mediante
Resolución Nro. 8053 del 12 de marzo de 2004, con fundamento en el
régimen de transición, le reconoció pensión de jubilación, y con ocasión de
su retiro definitivo del servicio, se le reliquidó mediante Resolución Nro. 7294
del 20 de febrero de 2006, con los factores de asignación básica y
bonificación por servicios prestados.
2.2 La señora Luz Marina Martínez Ocampo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se ordenara reliquidar su pensión
teniendo en cuenta todos los factores devengados en el último año de
servicio, incluyendo la prima de riesgo. Proceso radicado 2005-01040-00.
Mediante sentencia del 8 de septiembre de 2009, el Juzgado Tercero
Administrativo de Manizales ordenó la reliquidación, exceptuando la prima de
riesgo. Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas
mediante sentencia del 23 de febrero de 2012, que quedó ejecutoriada el 13
de marzo del mismo año. Y por Resolución RDP 008000 del 22 de agosto de
2012 se realizó la reliquidación, en cumplimiento de lo ordenado.
2.3. Posteriormente, la señora Luz Marina Martínez Ocampo nuevamente solicitó
a la entidad reliquidación incluyendo la prima de riesgo, y mediante las
Resoluciones RDP 055167 del 22 de diciembre de 2015, RDP 039361 del 20
de octubre de 2016 y RDP 005189 del 13 de febrero de 2017, se le negó esa
solicitud.
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2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
la señora Luz Marina Martínez Ocampo demandó, para obtener la
reliquidación con la inclusión de la prima de riesgo. Proceso radicado 2017-
00164-00/03.
Mediante sentencia del 12 de junio de 2019, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Manizales declaró la nulidad de los actos
demandados y, a título de restablecimiento, ordenó la reliquidación
incluyendo de la prima de riesgo dentro del IBL. Decisión confirmada por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 25 de noviembre
de 2021.
Apoyaron sus decisiones en sentencia de la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 1º de agosto de 2013, radicado interno
0070-11, CP. Gerardo Arenas Monsalve, que unificó criterios respecto a la
prima de riesgo de los servidores del desaparecido DAS, como constitutiva
del IBL para el reconocimiento de las pensiones de jubilación de quienes
fueran sujetos del régimen de transición pensional.
La sentencia del Tribunal fue notificada por estado electrónico el 29 de
noviembre de 2021.
3. Fundamentos de la acción
Argumenta la parte actora que, en las sentencias del 12 de junio de 2019 y 25 de
noviembre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y
el Tribunal Administrativo de Caldas respectivamente, incurren supuestamente en
defecto sustantivo y fáctico, que se resumen así:
3.1. Defecto sustantivo. Porque no se reparó por parte de la autoridad judicial
accionada que, para cuando la señora Luz Marina Martínez Ocampo adquirió
el estatus de pensionada y se retiró definitivamente del servicio, se
encontraban vigentes el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el
Decreto 691 de 1994, Decreto 1933 de 1988, Decreto 2696 de 1994 y
Decreto 1137 de 1994, marco jurídico que regula el reconocimiento pensional
y en donde se estableció que para efectos de la liquidación de las pensiones
de los funcionarios que prestaban sus servicios al Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, no se incluye la prima de riesgo.
Expone que dentro del primer proceso radicado Nro. 2005-01040-00, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas profirieron las sentencias del 8 de septiembre de
2009 y 23 de febrero de 2012 respectivamente, y resolvieron que no le
asistía a la señora Luz Marina Martínez Ocampo el derecho a la inclusión de
prima de riesgo como factor salarial para la liquidación de su prestación
pensional, sin embargo, los despachos judiciales accionados profirieron una
nueva decisión respecto a una misma situación pensional, pasando por alto
la configuración de la cosa juzgada, por cuanto en este caso concurren los
elementos que la configuran, como son la identidad de partes, la identidad de
objeto y la identidad de causa.
En su sentir, la sentencia del 1º de agosto de 2013 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la que se apoyaron los despachos judiciales
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accionados para asumir sus decisiones dentro del proceso radicado 2017-
00164-00/03, no tiene la connotación de una sentencia de unificación pese a
que en ella esa Sección manifestó la necesidad “de unificar criterios en torno al
asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento de
Seguridad, DAS”.
Además, considera que los efectos de esa sentencia no podían ser aplicados
a un caso decidido con anterioridad en sede judicial mediante providencias
que ya había dado tránsito a cosa juzgada. Por eso, afirma que existió errada
aplicación de precedente jurisprudencial.
Afirma que las providencias atacadas se expidieron con abuso del derecho y
contrariando la ley, desconocen la cosa juzgada, lo que afecta gravemente la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
3.2. Defecto fáctico. Porque no se tuvo en cuenta las sentencias proferidas el 8
de septiembre de 2009 y 23 de febrero de 2012, en el proceso radicado
2005-01040, que sobre el mismo asunto habían dado tránsito a cosa
juzgada, respecto a que no le asistía derecho a la señora Martínez Ocampo
para que se reliquidara su pensión incluyendo la prima de riesgo como factor
salarial en el IBL.
3.3. Adicionalmente, dice que pese a que podrá acudir al recurso extraordinario
de revisión, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-427
de 2016 para casos en que providencias judiciales reconocen derechos
pensionales con abuso del derecho o contrariando la ley, considera que en
este caso la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable a la sostenibilidad financiera del sistema pensional,
porque para cuando se obtenga una decisión a través del recurso
extraordinario de revisión, la entidad, en cumplimiento de lo ordenado en las
providencias cuestionadas, habrá pagado mes a mes el monto superior de la
mesada pensional que arroja la reliquidación incluyendo la prima de riesgo,
además del pago de la suma por el retroactivo del reajuste.
Por lo anterior, considera que debe concederse el amparo de manera
transitoria y ordenar la suspensión de los efectos de las sentencias
cuestionadas, “hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se
iniciaría en virtud de [la] orden tutelar”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Previo requerimiento a la entidad actora para que aportara prueba de la
representación y una vez se atendió el mismo, por auto del 27 de abril de
2022 se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional solicitada y
se ordenó notificar a las partes. Igualmente dispuso notificar, como tercero
con interés, a la señora Luz Marina Martínez Ocampo, demandante en el
proceso ordinario radicado 2017-00164-00.
4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, rindió
informe por conducto de la titular de ese despacho. Solicitó negar la tutela de
los derechos invocados por la UGPP.
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Señaló que en la audiencia inicial se resolvió dentro del acápite de
excepciones previas, la de la cosa juzgada planteada por la UGPP, con
ocasión de pronunciamiento previo del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Manizales, donde había cursado demanda por el mismo medio de
control y se había ordenado reliquidar la pensión con la exclusión de la prima
de riesgo.
Indicó que se declaró no probada esa excepción, con base en
pronunciamiento del Consejo de Estado donde se fijó la postura que en
casos donde se revisan las reliquidaciones de prestaciones periódicas, los
demandantes podían acudir a la jurisdicción las veces que se consideren
necesarias en la medida que el fenómeno de la prescripción no afecta las
mesadas pagadas con posterioridad a las sentencias que niegan la inclusión
de factores, lo que considera, junto al cambio de jurisprudencia, hechos
nuevos que pueden ser sometidos al control judicial. Por lo tanto se concluyó
que la petición de reajuste podía darse en virtud a la expedición de sentencia
de unificación dictada con posterioridad a las sentencias que excluyeron de
su reliquidación pensional la prima de riesgo.
Que incluso en el pronunciamiento de segunda instancia, que confirmó lo
resuelto por su despacho, el Tribunal Administrativo de Caldas sostuvo que
con ocasión de las sentencias del Consejo de Estado de unificación de
agosto de 2013 y de extensión de jurisprudencia del año 2017, no se podía
hablar de cosa juzgada material en estricto sentido, sino que por el contrario
esta debía relativizarse en procura del cumplimiento de principios
constitucionales al tratarse de un derecho que tenía la condición de
imprescriptible.
Enfatizó, que la decisión adoptada se profirió bajo el marco legal y
jurisprudencial vigente para el momento de su expedición, por lo que se
remitía a la motivación contenida en la misma, confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas.
4.3. La señora Luz Marina Martínez Ocampo, se pronunció por intermedio de
apoderado judicial, quien después de referirse a los hechos y fundamentos
expuestos en el escrito de tutela, solicitó se declare improcedente por cuanto
la UGPP tiene a su alcance otro medio judicial, la acción de revisión que ya
presentó, pues el 26 de abril de 2022, por correo electrónico, le fue
entregada una copia a su representada (aportó copia).
4.4. El Tribunal Administrativo de Caldas, no obstante haber sido notificado, no
se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes
en el proceso.
3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico
En primer lugar, se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de tutela
se restringirá a la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas. Esta delimitación obedece a que las inconformidades
contra la providencia de primera instancia se deben plantear ante la autoridad
competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación. En
esta medida, es en la segunda instancia donde se define de manera definitiva la
controversia y en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la
alegada vulneración iusfundamental.
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
determinar si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
en particular, el de subsidiariedad.
De superar ese análisis, la Sala debe establecer si en la sentencia de segunda
instancia del 25 de noviembre de 2021, proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2017-00164-03, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió recurso de apelación, se incurrió en
los defectos alegados, al confirmar la decisión de primera instancia que ordenó
reliquidar la pensión de la señora Luz Marina Martínez Ocampo incluyendo la
prima de riesgo dentro del IBL.
4. Requisito de subsidiariedad en asuntos en los que la UGPP cuestiona
vía tutela providencias judiciales sobre temas pensionales. Análisis en
el caso concreto
4.1. Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales
invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección. Por esto, el artículo 6° del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen
otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad al juez
de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo esas pautas, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de
que existan otros medios de defensa, no hace que automáticamente la
acción de tutela se torne improcedente, pues bajo ciertas circunstancias el
carácter subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en sentencia SU-263 de 20156, precisó que ello
puede ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un
perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es
un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y
niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte
del juez de tutela."7
6 Véase al respecto, de la Corte Constitucional, sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005,
T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
7 Sentencia SU- 263 de 2015.
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De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha
servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema jurídico
permite a las personas valerse de diversos medios de defensa que pueden
ser eficaces para la defensa de sus derechos8, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la
procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a
intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro
medio de defensa o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se
pretenda evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto
de especial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la
finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos
fundamentales.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias9, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
4.2. Esta Sala considera que el presente asunto no es posible analizarlo de
fondo, porque no se cumple con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad, conforme al cual solo es viable acudir al amparo
constitucional si la persona ha utilizado oportunamente todos los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales.
Si en el presente caso la UGPP estima que la autoridad judicial cuestionada
en su decisión incurrió en abuso del derecho y desconoce la cosa juzgada, al
ordenar una reliquidación pensional incluyendo la prima de riesgo, podrá
acudir, como la habilitó a hacerlo la sentencia SU-427 de 2016, al recurso
extraordinario de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
En esa sentencia dijo la Corte Constitucional que el Acto Legislativo 1 de
2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, dispuso que “ la
ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados”. Y agregó la Corte, que aunque ese precepto constitucional no ha
sido desarrollado mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para
esos fines el recurso previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 10, y
8 Cfr. sentencia T-301 de 2009.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre
de 2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
10 “ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
8
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conforme el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse
dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
Motivo por el cual se señaló en ese fallo: “Así las cosas, ante la existencia de otro
mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar
decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho
son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución”.
En este orden de ideas, la UGPP cuenta con otro medio de defensa, que
resulta idóneo y eficaz, el recurso extraordinario de revisión al que puede
acudir para solicitar que se revise la providencia judicial que cuestiona, y
exponer sus argumentos y demostrar por qué considera que la reliquidación
de la pensión ordenada se hizo con abuso del derecho, contrariando la ley y
desconociendo el principio de cosa juzgada.
Adicionalmente, informó la señora Luz Marina Martínez Ocampo al contestar
la tutela, que la UGPP ya presentó ante el Consejo de Estado ese recurso,
del que le hicieron llegar copia a su correo electrónico el 26 de abril de 2022,
que adjuntó como prueba (índice 15 Samai), en el que se observa que
cuestiona las providencias que ataca en esta tutela, por haber sido expedidas
con abuso del derecho y contrariando la cosa juzgada.
4.3. Estudio de la configuración de un posible perjuicio irremediable
En palabras de la Corte Constitucional11, para caracterizar un perjuicio como
irremediable, es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: “(i) una
afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las
medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o
impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de los remedios para
la efectiva protección de los derechos en riesgo”.
Sostiene la UGPP que en caso de no superarse el requisito de
subsidiariedad, la acción de tutela debe concederse como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable a la sostenibilidad financiera
del sistema pensional, porque para cuando se obtenga una decisión a través
del recurso extraordinario de revisión ya habrá pagado mes a mes el monto
superior que arroja la reliquidación pensional incluyendo la prima de riesgo y
el retroactivo por el reajuste de la misma, ordenado en las providencias
judiciales cuestionadas.
En el caso concreto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que amenace la sostenibilidad financiera del sistema pensional,
por el hecho que deba reliquidar la pensión de la señora Luz Marina
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación
judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el
respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el
mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. (Apartes tachados fueron declarados
inexequibles a través de sentencia C-835 de 2003).
11 Sentencia T-383 de 2021.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02030-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Martínez Ocampo en los términos que lo dispuso la autoridad judicial
cuestionada, toda vez que para garantizar precisamente el principio de
sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, en la sentencia
del 12 de junio de 2019 (que obra a índice 14 Samai, donde está el expediente
digitalizado del proceso ordinario), confirmada por el Tribunal Administrativo de
Caldas, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales autorizó
a la UGPP a hacer el descuento correspondiente del factor sobre el que no
se hubiera cotizado, esto es, sobre la prima de riesgo que se ordenó incluir
en la reliquidación. En consecuencia, ni siquiera de manera transitoria
procede el amparo constitucional.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad y no estar acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la presente acción de tutela interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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