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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02036-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02036-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 19 de mayo de 2022, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02036-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02036-01
Demandante: Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02036-01
Demandante NUBIA BEATRIZ ARZUAGA DE LEAL Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de
procedibilidad. Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente
judicial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Nubia Beatriz Arzuaga de Leal, María
Victoria Leal Arzuaga y Fernando Andrés Mejía Leal contra la sentencia del 19 de
mayo de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la señora
Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros.”1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de abril de 20222, Nubia Beatriz Arzuaga de Leal, María Victoria Leal Arzuaga
y Fernando Andrés Mejía Leal instauraron acción de tutela contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“4.1. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 05 de junio de 2020 proferida por la Subsección
C, Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la sentencia del 15 de mayo
de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
“4.2. ORDENAR a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, para que en el
término de seis (6) meses profiera una nueva sentencia en el proceso de la referencia,
revocando la decisión de primera instancia, declarando, en consecuencia, la
responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL por la falla en la prestación del servicio que derivó en la muerte
de los señores Nelson Leal Bonett y Jobany Leal Arzuaga y en el abigeato de 287 reses,
y condenando a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales e
inmateriales probados en el proceso ”3.

1 Página 15 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 19 de mayo de 2022. Samai, índice
17.
2 La acción de tutela fue radicada a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial, identificada
con radicación nro. 772411. Samai, índice 2.
3 Páginas 7 y 8 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02036-01
Demandante: Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros promovieron medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y contra la Policía Nacional para que se declarara su responsabilidad
administrativa y patrimonial, bajo el título especial de falla en el servicio y daño
especial, con ocasión de la muerte de Nelson Leal Bonett y de Jobany Enrique
Leal Arzuaga y por el hurto de 287 reses, por parte de las Autodefensas Unidas
de Colombia, AUC.

Los demandantes expusieron que el 29 de octubre de 1999,
aproximadamente, 30 miembros de las AUC cometieron los ilícitos antes
descritos en la Finca Atahualpa ubicada en el corregimiento Las Flores, sin
que los agentes de la fuerza pública, que se encontraban en las inmediaciones
del lugar, adelantaran acción alguna para impedir la materialización de los
lamentables hechos.

El proceso fue identificado con la radicación Nro. 20001-23-31-000-2001-01431-
01 (35579).

2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Cesar que, en sentencia del 15 de mayo de 2008, negó las
pretensiones de la demanda por considerar que se configuró la eximente de
responsabilidad del hecho de un tercero. Precisó que el daño fue inevitable
para los agentes de la fuerza pública, pues no podía prever el momento en el
que los grupos ilegales atentarían contra la integridad y bienes de los
afectados, ni le era posible vigilar de manera permanente toda la zona de
conflicto.

También aclaró que, en el caso concreto, no se encontraban acreditados los
elementos para analizar la responsabilidad del Estado bajo el título de daño
especial.

Los demandantes apelaron el fallo de primera instancia.

2.3. En sentencia del 5 de junio de 2020, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del
Cesar. Dijo que en el proceso no se probó omisión atribuible a las demandadas
relativa al deber de protección a la vida de las víctimas directas de homicidio
y de las reses de ganado. Tampoco se acreditó la concreción del daño
especial.

Expuso que los demandantes no acreditaron que, con anterioridad a la
ocurrencia de los hechos, habían puesto en conocimiento de las autoridades
la existencia de amenazas por parte de grupos ilegales; ni que el Ejército
Nacional se encontraba al frente de la finca donde ocurrieron los hechos.

La providencia fue notificada en edicto electrónico del 5 de noviembre de
20214.

4 Samai, índice 67. Proceso nro. 20001233100020010143101.
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Demandante: Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros

3. Fundamentos de la acción

3.1. Los accionantes consideran que la sentencia del 5 de junio de 2020, proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial constitucional.

Precisaron que la omisión que se atribuye a las entidades demandadas refería
a que, en el momento en que sucedió la incursión subversiva, en frente de la
finca se encontraban agentes del Ejército Nacional custodiando el lugar, a
escasos 200 metros de distancia, y no adelantaron ninguna acción a efectos
de contrarrestar el ataque del que estaban siendo víctima las personas que se
encontraban allí, es decir que lo que se discute es que “el Ejército pudiendo actuar,
no lo hizo”.

Agregaron que, “resulta imposible pensar que los efectivos del Ejército encontrándose
a 200 metros del lugar, no vieron la incursión de cerca de treinta (30) hombres armados,
no escucharon los disparos que propinaron la muerte a los citados señores y no vieron
cuando los hombres en armas trasladaron a pie cerca 287 semovientes. (…) razón por la
cual, se presumió desde un inicio, que hubo complicidad por parte del Ejército en la
comisión de los hechos.”

Dado lo anterior, advirtieron que el quid del asunto, en todo momento, se
centró en establecer si, el 29 de octubre de 1999, el Ejército Nacional se
encontraba frente a la Finca Atahualpa. Así pues, la tesis que sostiene el
Consejo de Estado es que la tropa más cercana estaba ubicada a 22
kilómetros del lugar, supuesto de hecho que se fundamentó en una prueba
documental aportada por la parte demandada.

Entonces, el defecto fáctico en relación con el juicio y conclusiones
probatorias expuestas por la autoridad accionada, en consideración de la parte
accionante, tiene fundamento en la indebida valoración de los siguientes
testimonios:

(i) Testimonio de Maggionis Arzuaga Pérez: Acusaron que se hizo una
valoración apenas parcial de su dicho, pues se consideró solo lo relativo
a las amenazas recibidas y se desconoció la declaración en lo relativo a
la presencia de agentes del Ejército Nacional en el trayecto de Nuevas
Flores hacia los Brasiles, en el día y hora aproximada en que ocurrieron
los hechos.

(ii) Testimonios de Fernando Mejía Ochoa, Nicolás Morales Acosta y
Joaquín Rivadeneira Cujia, quienes fueron coincidentes en indicar que el
29 de octubre de 1999 el Ejército Nacional hizo presencia cerca de la
finca donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la autoridad accionada
restó credibilidad a sus declaraciones a partir de afirmaciones que no se
corresponden con el contenido de su declaración. Estas declaraciones
eran útiles para acreditar el hecho de que los agentes del Ejército
Nacional si estaban en las inmediaciones de la finca donde ocurrieron los
hechos.

(iii) Testimonio de Efraín Ovalle Fernández quien afirmó que el día de los
hechos, pasó por la jurisdicción del Desastre frente a la finca y que el
Ejército paró la buseta donde él se movilizaba. Alegó que el Consejo de
Estado desechó el testimonio por considerarlo vago en cuanto a las
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circunstancias de modo y lugar en que ocurrieron los hechos y reprocha
que:
“(…) el Consejo de Estado le pidiera al testigo que para darle credibilidad a su dicho
y tener por acreditado lo narrado por este, señalara con regla y plano en mano, en
que lugar se encontraba el retén militar, especificando las coordenadas exactas, y a
su vez, que aportara imágenes satelitales del día y hora en que dijo que se
encontraban los miembros de las fuerzas militares en el lugar para corroborar lo
testimoniado. Olvida la Corporación que las pruebas -luego también los testimonios
deben ser valorados en conjunto, y en ese sentido, otros testigos sobre estos
mismos hechos ya habían declarado -coincidiendo con lo manifestado por el señor
Ovalle Fernández- que el Ejército se encontraba en el lado opuesto de donde
usualmente se ubicaba, esto es, al frente de la finca Atahualpa.”

(iv) Testimonio de Marco Wadith Arzuaga Gómez quien fuera el capataz de
la finca, intervención catalogada por los accionantes como la declaración
más importante, dado que fue testigo de los hechos y también se percató
de la presencia de agentes del Ejército Nacional en las inmediaciones de
la finca en la que ocurrieron los ilícitos.

Recordó que el Consejo de Estado restó credibilidad al relato por
considerar que contenía apreciaciones subjetivas y no era un relato
preciso respecto de las circunstancias de modo y lugar en que se dieron
los hechos. Alegó que la sola circunstancia de permanecer escondido no
lleva a concluir que no pudiera observar los hechos que ocurrían a su
alrededor, como erradamente lo consideró la autoridad accionada.

De otra parte, advirtieron que el Consejo de Estado incurrió en error en la
motivación de la sentencia, conforme las siguientes consideraciones:
“el principal argumento para confirmar la sentencia recurrida fue, que no se acreditó la
presencia de efectivos del Ejército en el lugar de los hechos, sin embargo, la
Corporación -en abierta y clara contradicción- señala que los testigos acreditaron que
hubo presencia del Ejército en momentos anteriores y posteriores, luego, si había
presencia del Ejército.
No se entiende como -y aquí no se trata de una valoración ajustada a los postulados de
la sana crítica, ni se trata de una valoración que encuadre dentro de los límites de la
discrecionalidad judicial, por mostrarse abiertamente arbitraria e irracional – la
Corporación desechó el dicho de SEIS TESTIGOS que manifestaron haber visto el día
de los hechos, a distintas horas, a efectivos del Ejército Nacional (…)”

3.2. Los accionantes también expusieron su desacuerdo frente a la decisión de la
accionada de no valorar las declaraciones de parte de las señoras Nubia
Arzuaga de Leal y Ubeth Murgas Leal, so pretexto de que las declaraciones
de parte solo pueden ser tenidas en cuenta cuando materialicen confesión.
Esta postura, a juicio de los accionantes, contradice lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-599 de 2009.

Advirtieron que la declaración de parte también tiene por propósito que el juez
conozca los hechos que sustentan las pretensiones de las partes directamente
de boca de los extremos procesales y por ello correspondía a la accionada
valorar la declaración de parte en conjunto con los demás medios de prueba.

Así pues, en relación con los medios de prueba reseñados, en el escrito de
tutela se indicó:

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“(…) en consonancia con lo manifestado por los demás testigos, que el Ejército se
ubicaba en la entrada al caserío Nuevas Flores y que la finca Atahualpa se encontraba
justo al frente de la entrada del caserío, luego, lo declarado por la señora Arzuaga
coincide con los dichos de los demás testigos, en lo que tiene que ver conque justo al
frente del lugar de los hechos, permanecía permanentemente un reten militar con
efectivos del Ejército Nacional, quienes “custodiaban” la zona” (sic para toda la cita)

3.3. Adicional a lo anterior, los accionantes acusaron que se omitió la valoración
de los testimonios de Jairo Fernández Arzuaga y de Gustavo Fernández
Arzuaga quienes manifestaron que el día de los hechos el Ejército Nacional se
encontraba ubicado sobre la carretera al frente de la finca Atahualpa.
Agregaron que la calidad de testigos indirectos que ostentaban estas
personas, no justificaba que su dicho no fuera tenido en cuenta.

3.4. De otra parte, estiman que se desconoció el precedente constitucional
contenido en las sentencias SU-062 de 2018, T-535 de 2015, T-214 de 2020
y SU-035 de 2018. Aclaró que aunque las providencias relacionadas guardan
relación con ejecuciones extrajudiciales, tienen importantes coincidencias con
el caso concreto que permiten extender las reglas de decisión a este litigio.
Así, por ejemplo, destaca que se trata de casos de muertes de civiles, víctimas
del conflicto armado, en los que se compromete la responsabilidad de la fuerza
pública, ya sea por acción u omisión.

Destaca de estas providencias las reglas de flexibilización probatoria; la
importancia de los indicios ante la imposibilidad de tener acreditado un hecho
con medios de prueba directos, y la facultad que le asiste al juez de la causa
de invertir la carga de la prueba en caso de estimarlo necesario.

Estima que si el Consejo de Estado hubiera considerado alguno de estos
criterios, “ante la incompatibilidad de versiones, habría llegado a la conclusión de que,
resulta mucho más probable tener por probado que el Ejército, en efecto, si se encontraba
en la zona en el día y momento de los hechos.”

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 7 de abril de 2022, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela interpuesta por Nubia Beatriz Arzuaga de Leal,
María Victoria Leal Arzuaga y el señor Fernando Andrés Mejía Leal, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; y vinculó, en calidad de
terceros con interés en el proceso constitucional, a María Fernanda Mejía Leal,
Fernando Mejía Ochoa, Ana Lourdes Robles Muñoz, Lourdes Lucia Leal
Robles, María Concepción Leal Robles, Geovanny Andrés Leal Robles, Delcy
Leonor Murgas Sánchez, Lina Marcel Leal Murgas, Ubeth Murgas Leal,
Jacqueline Murgas Leal, Faviola Murgas Leal, Mariela Leal Bonnet, y Ana
Matilde Bonet de Leal; a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, a la Policía Nacional y a al Tribunal Administrativo del Cesar, todos
estos, sujetos procesales en el medio de control de reparación directa Nro.
20001-23-31-000-2001-01431-01 (35.579).

4.2. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por conducto de
apoderado judicial, dijo que las autoridades judiciales que conocieron cada una
de las instancias del proceso sub examine emitieron sus sentencias de
conformidad con los lineamientos constitucionales y legales de procedimiento

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administrativo. Además, llamaron la atención en que la acción de tutela no
evidencia la materialización de un perjuicio irremediable.

4.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto del jefe
del Área Jurídica, expuso que la providencia accionada no contiene defecto
fáctico, sino que las conclusiones probatorias estuvieron debidamente
soportadas en el acervo probatorio y en la valoración razonable que los jueces
hicieron de éste. Llamó la atención en que la valoración de los testimonios
atendió a las reglas procesales y sustantivas dispuestas por el Legislador para
tal propósito. En esa vía concluyó que lo que pretenden los accionantes es
tomar el mecanismo constitucional como una instancia adicional para retomar
el debate probatorio que fue debidamente concluido, sin que en el caso se
observe la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención del juez de tutela.

4.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la decisión cuestionada, indicó que la motivación
expuesta en la sentencia acusada es suficiente para explicar la improcedencia
de la acción de tutela.

5. Providencia impugnada

En sentencia de 19 de mayo del 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la acción de tutela, comoquiera que no encontró que la
providencia judicial accionada estuviera afectada por defecto fáctico o
desconocimiento del precedente judicial.

En relación con las sentencias T-535 de 2015 y T-214 de 2020, destacó que no
constituyen precedente en tanto se trata de sentencias de tutela proferidas por una
de las salas de revisión de la Corte Constitucional, pero que no tiene vocación de
unificar tesis de la Corporación en pleno. En esa medida, estimó que solo tienen
estatus de criterio auxiliar, pero no de precedente.

Ahora, en lo que respecta a la sentencia SU035 de 2018, expuso que refiere a la
potestad del juez de la causa de flexibilizar la valoración probatoria en casos de
responsabilidad extracontractual del Estado derivadas de ejecuciones
extrajudiciales, en esa medida, ante la falta de similitud fáctica de los casos no le
era exigible a la accionada aplicar las reglas de decisión allí contenidas. Frente a la
sentencia SU062 de 2018, advirtió que los accionantes no indicaron cual era la regla
de decisión que había sido desatendida por el juez natural de la causa. Dadas estas
razones, descartó la configuración del defecto por desconocimiento del precedente
judicial.

De otra parte, descartó la configuración del defecto fáctico, con fundamento en tres
argumentos; (i) la autoridad judicial en ejercicio de su autonomía y en aplicación de
las reglas de la sana crítica estableció que los testimonios practicados no permitían
tener por acreditado el supuesto de hecho relativo a que el Ejército Nacional estaba
en frente de la finca Atahualpa en el momento en que ocurrieron los homicidios y el
hurto del ganado; (ii) las declaraciones de parte fueron valoradas conforme las
reglas del código procesal aplicable y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
que le ha dado alcance; y (iii) finalmente, frente a los testimonios de los señores
Jairo Fernández Arzuaga y Gustavo Fernández Arzuaga, el a quo expuso que no
tienen la virtualidad de modificar la decisión que adoptó la Sección.
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El fallo de tutela registró aclaración de voto del magistrado Pedro Pablo Vanegas
Gil quien expuso su desacuerdo con la tesis de la sala relativa a que las sentencias
de tutela proferidas por salas de revisión de la Corte Constitucional no constituyen
precedente. En su consideración, las sentencias de tutela pueden constituir
precedente siempre que se cumplan los requisitos para ello, es decir, que exista
similitud fáctica y jurídica y que sus reglas puedan ser extendidas a un caso
posterior.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Previo exponer
los desacuerdos con el fallo que negó el amparo constitucional, recordó que el quid
del asunto del proceso ordinario es el de establecer si “el Ejército Nacional se
encontraba, o no, al frente o en cercanías de la finca Atahualpa, en la cual, fueron asesinados
los señores Nelson Leal (padre) y Jobany Leal (hijo) a manos de grupos paramilitares”.

Los accionantes sostienen que el Ejército se encontraba muy cerca del lugar donde
ocurrieron los hechos y se percataron de los ilícitos que se estaban perpetrando,
pero no adelantaron acción alguna para evitar o contra restar el ataque. Discuten
que la autoridad judicial acusada desconoció una realidad probatoria que tenía
suficiente respaldo, dado que desechó sin razón alguna, varias declaraciones, restó
valor de manera deliberada a numerosos testimonios y omitió valorar otros.

Establecido lo anterior, expusieron los siguientes argumentos contra la sentencia de
tutela de primera instancia:

6.1. El juez de tutela se limitó a reiterar los argumentos que expuso la autoridad
judicial accionada en la sentencia del 5 de junio de 2020, en lugar de proceder
con el análisis de los medios de prueba que se indicaron fueron omitidos o
indebidamente valorados.

6.2. La decisión de no estudiar las sentencias proferidas por las Salas de revisión
de la Corte Constitucional relacionadas en la demanda de tutela, desconoce
la jurisprudencia constitucional en relación con los efectos y vinculatoriedad de
sus providencias judiciales. Advierte que las sentencias, fueron relacionadas
con el propósito de ilustrar al juez de tutela sobre la línea jurisprudencial del
Tribunal Constitucional en relación con “el aligeramiento de la carga probatoria en
casos de violación de derechos humanos.”

En relación con la eventual diferencia de los supuestos fácticos que se pueda
identificar entre las sentencias relacionadas como precedente y el asunto sub
examine, solicitó que se considere que: “las subreglas planteadas por la Corporación
no deben interpretarse de forma restrictiva, en el sentido de determinar que estas se aplicarán
únicamente a casos de ejecuciones extrajudiciales, sino, que la exégesis correcta pasa por
comprender que estas subreglas son perfectamente aplicables a cualquier caso en el cual se
estudie una condena al Estado por violaciones a derechos humanos y/o al derecho
internacional humanitario.”

6.3. La valoración probatoria que adelantó la autoridad judicial accionada no se
enmarca en los criterios de la sana crítica, pues desconoció arbitrariamente
una realidad probatoria suficientemente soportada en el proceso, como lo era
que miembros del Ejército Nacional estaban en frente de la finca Atahualpa
cuando ocurrieron los hechos cuya indemnización se pretende. La accionada
pretermitió la valoración de algunos medios de prueba e infravaloró otros.

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6.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
contradicción al analizar el acervo probatorio, pues aunque acepta que los
testigos señalaron que vieron las tropas del Ejército, luego dice que no son
precisos al señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con
ese hecho.

6.5. El Ejército Nacional encontrándose en la zona y pudiendo intervenir decidió no
hacerlo y comprometió su responsabilidad por omisión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

5
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo
que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto
adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial
atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de
manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 20179, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, se estima pertinente indicar que el presente
asunto cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, dado que expone un posible escenario de vulneración de derechos
fundamentales derivado de una sentencia judicial de segunda instancia. Además,
las inconformidades desatadas en la acción de tutela no replican argumentos
expuestos en el curso del proceso ordinario que hubieran sido resueltos por los
jueces de la causa, sino que refieren a presuntos yerros que derivan, de manera
específica, del marco jurisprudencial bajo el cual se resolvió el caso concreto y del
juicio de valoración probatoria presentado por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia, proferida el 5
de junio de 2020.

En atención a los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al a quo al negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que la sentencia del 5 de junio de 2020, proferida en el medio de control de
reparación directa Nro. 20001-23-31-000-2001-01431-01 (35579), por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en los
defectos fáctico ni desconocimiento del precedente judicial alegados por la parte
actora.

9 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
9

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Demandante: Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros

4. Alcance del defecto por desconocimiento del precedente judicial y su
análisis en el caso individual

4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.

En consecuencia, para la Sala es posible plantear la transgresión del
precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones
judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita
su aplicación; (ii) que tales decisiones sean vinculantes para la autoridad
judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la
fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en
sede de tutela sea contraria al precedente vinculante; y (iv) que el juez de
instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.

4.2. Establecido lo anterior, lo primero que debe resolver la Sala es si las
sentencias relacionadas por el accionante constituyen precedente para
resolver el caso concreto y, en esa línea, si debieron ser consideradas por la
autoridad judicial accionada al momento de adoptar la decisión del caso objeto
de análisis.

En la primera instancia de esta acción de tutela, la Sección Quinta descartó el
análisis de las sentencias tipo T relacionadas por la parte actora a efectos de
evidenciar el defecto de desconocimiento del precedente judicial, porque
consideró que solo tienen aptitud de configurar precedente, las sentencias de
constitucionalidad, tipo C, o las proferidas en Sala Plena por la Corte
Constitucional identificadas con las letras SU.

4.3. Para esta Sección, las sentencias de tutela, aunque sean proferidas por una
Sala de Revisión de la Corte Constitucional y no por la Corporación en pleno
podrían, conforme a un parámetro de igualdad, constituir precedente a ser
tenido en cuenta por los jueces de la República al momento de resolver casos
posteriores que presenten similar escenario fáctico.

Así pues, establecido que se trata de sentencias emitidas por una alta
Corporación en despliegue de sus facultades legales y constitucionales, se
tiene que el parámetro a tener en cuenta con miras a determinar si constituyen
precedente en un caso específico, refiere a criterios de pertinencia y de
igualdad , que no a si son proferidas por la Corporación en pleno o por Salas
de revisión.

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En esa vía, recuérdese que en la sentencia C-634 de 2011, la Corte
Constitucional indicó lo siguiente en cuanto a los efectos de sus sentencias:
“19.9. Los fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto como
abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los fallos de control
de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de revisión de tutela) y, en
ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi, tienen fuerza vinculante para
todas las autoridades públicas. Esto en razón de la jerarquía del sistema de fuentes
formales de derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la
aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de
los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio
de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior.”

En la sentencia C-816 de 2011, la Corte indicó:

En síntesis: (i) la jurisprudencia, por definición constitucional, es “criterio auxiliar” de
interpretación de la actividad judicial -CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces
en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley” -CP, artículo 230.1-
; (ii) sin embargo, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de
cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional -en todos los
casos, como guardián de la Constitución-, tienen valor vinculante por emanar de
órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los
principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica -CP, artículos 13 y 83-; (iii)
excepcionalmente, el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante de los
órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una argumentación explícita y
razonada de su apartamiento, en reconocimiento a la autonomía e independencia
inherentes a la administración de justicia y al ejercicio de la función judicial -CP,
artículo 228-.

A lo anterior se agrega que, en la sentencia C-335 de 200810 la Corte
Constitucional definió el precedente constitucional sin limitarlo a un tipo
específico de providencias. Al respecto indicó que debe acreditarse la
existencia de una o varias sentencias previas al caso individual, cuya ratio
conserve su vigencia, que sus fundamentos fácticos y jurídicos sean similares,
y que resuelva un problema jurídico semejante al que se analiza.

Por estimarlo relevante, se destaca el siguiente aparte de la providencia antes
enunciada:

“La Corte Constitucional ha considerado asimismo que la jurisprudencia de tutela
también presenta un carácter vinculante, y en consecuencia, como se examinará,
en algunos casos su desconocimiento puede comprometer la responsabilidad penal
de los servidores públicos, no sólo de los jueces sino también de quienes sirven a
la administración y de aquellos particulares que de forma transitoria o permanente
ejercen funciones públicas.”

Por las razones expuestas, esta Sala se aparta de la tesis del juez a quo según
la cual las sentencias de tutela proferidas por las Sala de revisión de la Corte
Constitucional no tienen la aptitud de constituir precedente judicial.

En razón a lo anterior, se pasará al estudio de las providencias relacionadas
por la parte accionante para fundamentar el cargo por desconocimiento del
precedente constitucional, para lo cual deberá identificar si existe la similitud

10 Ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto.
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fáctica y jurídica entre las providencias relacionadas y el caso individual, con
miras a establecer si se materializó el defecto alegado.

4.4. Analizadas las sentencias relacionadas por la parte accionante a título de
precedente, esta Sala identificó como elemento común en ellas que el
escenario fáctico refiere a acciones de tutelas en las que se discutió la omisión
e indebida valoración de los medios de prueba en casos de presuntas
ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, como
se aprecia en el siguiente cuadro:

PROVIDENCIA ESCENARIO FÁCTICO

T-535 de 2015 Los jóvenes Oscar Andrés Bravo Montiel y Víctor Alfonso Lozada García
aparecieron muertos en el perímetro urbano del municipio de Chaparral
Tolima. Agentes del Ejército Nacional los presentaron como muertos en
combate. El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa que presentaron las víctimas indirectas. En
acción de tutela se discute la materialización de defecto fáctico en la
sentencia de segunda instancia por indebida valoración de los medios de
prueba
T-214 de 2020 Se acumularon dos expedientes relacionados con casos de ejecuciones
extrajudiciales en los que el Tribunal Administrativo del Huila, en segunda
instancia, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. En
las dos acciones de tutela, se discutió, entre otros, la materialización de
defecto fáctico por omisión e indebida valoración de los medios de prueba.
SU062 de 2018 Jaider del Carmen Valderrama Ruidiaz apareció muerto en el municipio de
La Meza en Valledupar. Fue presentado por agentes del Ejército como
integrante de las Autodefensas Unidad Ilegales y como baja en combate. En
el proceso de reparación directa se aseguró que la víctima directa era pintor
y trabajaba en la casa de un publicista. En la acción de tutela se alegó, entre
otros, que el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado
incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración de los medios de
prueba.
SU035 de 2018 En la acción de tutela se indica que Olivo Peña Ortega fue retenido por
agentes del Ejército Nacional y posteriormente presentado como miliciano
muerto en combate, en un claro caso de ejecuciones extrajudiciales. En el
proceso constitucional se discute que el Consejo de Estado incurrió en
defecto fáctico al dictar sentencia de segunda instancia en la que revocó la
decisión de amparo del a quo, para declarar que no se probó que la víctima
directa hubiera muerto como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por
parte de agentes del Estado.

Es claro entonces que no se encuentra acreditado la similitud fáctica entre las
sentencias que se pretenden erigir como precedente constitucional y el caso
individual.

Como se observa del cuadro relacionado y en los antecedentes de esta acción
de tutela, en las sentencias citadas el escenario fáctico obedece a presuntos
casos de ejecuciones extrajudiciales en los que se analiza la responsabilidad
administrativa y patrimonial de los agentes del estado por acción, por el
contrario, en el caso que nos ocupa se discute la responsabilidad del Estado
por la omisión de adelantar acciones que contrarrestaran o disiparan los actos
criminales que fueron perpetrados al parecer por miembros de las
autodefensas.

El escenario fáctico es en todo caso diferente, y ello desvirtúa la aptitud de las
providencias relacionadas para constituir precedente, pues no hay lugar a

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crear ni predicar una regla de igualdad que justifique que el juez de la causa
considerara las sentencias mencionadas al momento de decidir su caso.

En la misma línea, pero relativo a la identidad jurídica, si bien es cierto que en
estos casos se empezó a construir una tesis de flexibilización de los
estándares probatorios, estas reglas están íntimamente ligadas a las
características específicas de los casos de ejecuciones extrajudiciales que, por
regla general, obedecían a un patrón en el que era desproporcionado exigir
ciertas cargas probatorias a la parte demandante y en las que adquirían
especial relevancia la valoración de los indicios. Sin embargo, no es una regla
que se pueda extrapolar de manera irreflexiva a todos los casos en los que se
discuta la posible violación de derechos humanos, pues, como se indicó, la
elaboración de esta tesis responde a las especiales características de contexto
de las ejecuciones extrajudiciales. Como fundamento de lo indicado, es del
caso traer a colación los presupuestos que justifican la denominada regla de
flexibilización de los estándares probatorios en casos de ejecuciones
extrajudiciales:
“91. De la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular se pueden destacar
las siguientes cinco reglas:
92. Primero, que en asuntos de ejecuciones extrajudiciales el juez está obligado a
flexibilizar la valoración de las pruebas. Al respecto, el alto Tribunal ha precisado que la
aplicación de las reglas normativas procesales referidas a la valoración del acervo
probatorio obrante en el expediente “debe hacerse conforme con los estándares
convencionales de protección”, para garantizar “el acceso a la justicia en todo su
contenido como garantía convencional y constitucional, casos en los que los jueces
contenciosos deben obrar como juez de convencionalidad” […]
Segundo, que los indicios adquieren una especial relevancia al momento de determinar
la responsabilidad patrimonial de la Nación. (…), el alto Tribunal ha admitido que en
casos donde no puede identificarse a los autores de una ejecución extrajudicial, la
prueba indiciaria “resulta idónea y única” y se constituye en la “prueba indirecta por
excelencia” para determinar la responsabilidad estatal, donde a partir de hechos
acreditados a través de una operación lógica y, aplicando las máximas de la
experiencia, puede establecerse uno desconocido.
[…]
Tercero, en casos de violaciones graves a los derechos humanos las pruebas
recopiladas en el proceso penal pueden ser analizadas y valoradas como elementos
suficientes y necesarios para justificar una condena patrimonial a la Nación, siempre
que logren estructurarse los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la
sana crítica […]
Cuarto, que el estándar de la prueba en cabeza del Estado en materia de su
responsabilidad en casos de posibles ejecuciones extrajudiciales es más alto. Esto, por
cuanto, como ya se indicó, la prueba directa es muy difícil de obtener por las
circunstancias en que ocurren.
[…] Quinto, en ciertos casos se puede invertir la carga de la prueba y exigirle al Estado
demostrar que no ocurrió la alegada ejecución extrajudicial.”11

4.5. Es claro entonces que la regla de flexibilización probatoria que el accionante
acusa como desconocida, en realidad, fue construida en la jurisprudencia
constitucional para casos de ejecuciones extrajudiciales en atención a las
especiales circunstancias que caracterizan estos eventos, sin que sea posible
trasladarlas al caso individual cuyo escenario fáctico es diferente.

11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-214 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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En razón a lo anterior, la Sala concluye que las sentencias relacionadas por el
accionante no constituyen precedente exigible a la autoridad judicial accionada
para decidir el caso individual y, en esa vía, no se configura el defecto en la
sentencia por desconocerlo.

5. Alcance del defecto fáctico y su análisis en el caso individual

5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. Para
que exista el defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren en el
expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar
la conclusión a la que llega la decisión que se cuestiona. En otras palabras,
que el apoyo probatorio en que se basó el juez para resolver determinado
asunto resulta absolutamente inadecuado para el caso concreto.

Si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria
fundada en los principios científicos de la sana crítica, dicho poder no puede
ejercerse de manera arbitraria. Por tal motivo, para analizar si el juez natural
pudo incurrir en este defecto, corresponde al juez de tutela establecer si aquel
adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo que respecta a la
apreciación de las pruebas.

En relación con este defecto, la Corte Constitucional12 reconoce dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso13; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo14

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión15;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia16

El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible, flagrante
y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia” 17

12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
13 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
14 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
15 Ibidem. Óp. Cit. 10.
16 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
14

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Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada. No pueden reputarse como defecto
fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación de la prueba, ya que la
competencia del juez de tutela está fijada en clave de violación de derechos
fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.

5.2. El defecto fáctico invocado contra la sentencia del 5 de junio de 2020 se
fundamenta en tres argumentos: (i) la indebida valoración de las declaraciones
de parte, dado que fueron descartadas porque el contenido no constituía
confesión en los términos del Código de Procedimiento Civil. En consideración
de la parte accionante, debieron tenerse en cuenta a efectos de definir la
veracidad de los supuestos de hecho de la demanda; (ii) la omisión en la
valoración de los testimonios de los señores Jairo Fernández Arzuaga y de
Gustavo Fernández Arzuaga; y (iii) la indebida valoración de los demás
testimonios aportados por la parte demandante que, en consideración de los
accionantes, fueron descartados de manera ligera y al margen de las reglas
de la sana crítica.

Es importante tener presente que, a juicio de los demandantes, los medios de
prueba antes indicados acreditaban que el Ejército Nacional se encontraba
cerca de la finca Atahualpa, cuando fueron asesinados los señores Nelson
Leal y Jobany Leal a manos de grupos paramilitares. Luego, estiman que la
autoridad judicial accionada desconoció una realidad probatoria
suficientemente acreditada en el curso del proceso.

5.3. Así pues, la Sala empezará por analizar el juicio de valoración probatoria
expuesto por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en relación con las declaraciones de parte con miras a determinar si se incurrió
en el yerro alegado en la acción de tutela.

En relación con la valoración de las declaraciones de parte, en la sentencia del
5 de junio de 2020, la autoridad judicial accionada expuso:
“Como Nubia Beatriz Arzuaga de Leal es demandante en este proceso, su declaración
no puede valorarse como testimonio sino como declaración de parte (f. 116 c. 3).
Aunque la declaración de parte y el testimonio son especies del género probatorio
denominado declaración, se diferencian en cuanto a la calidad de la persona que
declara, pues el testimonio proviene de un tercero ajeno a la controversia y la
declaración de parte de quienes conforman uno de los extremos de la litis. El artículo
194 CPC dispuso que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la que se
provoca la confesión judicial.
La declaración de parte solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 CPC,
es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o
que favorezca a la parte contraria, y con el cumplimiento de los demás requisitos que
establece la norma: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el
derecho que resulte confesado; (ii) que recaiga sobre los hechos sobre los cuales la ley
no exija otro medio de prueba; (iii) que sea expresa, consciente y libre, (i) que verse
sobre los hechos personales del confesante y (v) que se encuentre probada, cuando
fuere extrajudicial o judicial trasladada.
Como la declaración rendida por la demandante no versó sobre los hechos que
produzcan consecuencias jurídicas adversas a la parte demandante o que favorezcan
a la demandada, no es posible deducir confesión judicial pues no se cumplió con el
requisito previsto en el artículo 195.2 CPC.

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Los accionantes estiman que esta tesis desconoce la jurisprudencia
constitucional según la cual las declaraciones de parte, además de provocar
confesión, son útiles para precisar los hechos de la demanda o de su
contestación. En esa línea, advierten que no había lugar a descartar la
información que derivaba de este medio de prueba.

Analizada la norma procesal en materia probatoria aplicable al caso concreto,
esto es, el Código de Procedimiento Civil, esta Sala comparte la apreciación
del a quo, según la cual el juicio probatorio expuesto en relación con las
declaraciones de parte en el caso concreto no se traduce en un argumento
arbitrario o irracional. Por el contrario, es claro que, en vigencia del CPC la
principal finalidad de la declaración de parte era la de provocar la confesión de
la contraparte en los asuntos que perjudiquen a los confesantes o que
favorezcan a la parte contraria, conforme lo establece el artículo 195.2. Así
pues, en los casos en que no se lograra ese objetivo, era razonable que el juez
descartara el contenido del medio de prueba para soportar supuestos de
hecho en disputa, por considerar que: no le es dable a la parte crearse su
propia prueba18.

Entonces , se tiene que el Código de Procedimiento Civil mantenía respecto
de la declaración de parte, lo que la doctrina denominó la inhabilidad por
credibilidad y, en esa medida, la declaración de parte solo era traída a juicio
por la contraparte o por el juez para provocar confesión, cuestión que solo se
superó en el Código General del Proceso, que valga aclarar no es norma
procesal aplicable a este caso19. Es más, uno de los cambios del CGP20
respecto del CPC21, es que se distinguieron la declaración de parte y la
confesión como medios de prueba independientes.

Dicho esto, se reitera, el razonamiento probatorio expuesto por la autoridad
judicial accionada en relación con las declaraciones de parte, se estima
razonable y conforme al marco jurídico aplicable y a las reglas de la sana
crítica.

5.4. Ahora, relativo a la omisión de valorar los testimonios de los señores Jairo y
Gustavo Fernández Arzuaga, los accionantes indican que debió tenerse en
cuenta su dicho como acreditación del supuesto de hecho defendido por la
parte actora, según el cual el Ejército Nacional se encontraba cerca de la finca
Atahualpa el día en que se perpetraron los ilícitos.

Al verificar el contenido de las declaraciones, la Sala observa que estas
personas no estuvieron presentes en el momento de ocurrencia de los hechos
en la Finca Atahualpa ni son testigos directos del supuesto fáctico que se
pretende acreditar. En las dos declaraciones se indica que iban con cierta

18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Décima Especial de Decisión.
Providencia del 3 de abril de 2018. Proceso nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00(A). M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez
19 El CGP crea una brecha en relación con la valoración de la declaración de parte al compararlo con el
CPC, al disponer en el inciso final del artículo 191 que “La simple declaración de parte se valorará por el
juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”
20 Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento,
el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los
informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
21 Artículo 175. Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
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regularidad a la finca Atahualpa y que el Ejército Nacional permanecía en la
zona, en específico, en el corregimiento Nuevas Flores; sin embargo, su relato
no refiere al día de los hechos, sino a ocasiones previas en las que declararon
que se habían percatado de su presencia.

Así pues, en la declaración del señor Jairo Fernández Arzuaga se lee:
“… en el caserío comentaban y en la finca que unos señores vestidos de paramilitares,
decían en el caserío que se habían llevado el ganado y habían matado a Nelson Leal y
a su hijo (…) .PREGUNTADO. Diga si recuerda usted el día en que sucedieron los
hechos en los que perdió la vida NELSON LEAL BONETH y YOVANY LEAL ARZUAGA.
CONTESTÓ. Yo fui a ver el ganado en la finca tres o cuatro días antes de la muerte de
los señores. (…) El Ejército permanecía ahí en el pueblo y en la carretera, paran
permanentemente. (…) se oyó decir, que ”los habían matado casi en presencial del
ejercito ellos estaban en el caserío, me refiero al ejército y al grupo armado (…)”

Como se observa, la declaración del señor Jairo Fernández Arzuaga refiere al
conocimiento directo de la presencia del Ejército Nacional en el caserío en
momentos diferentes al día de la ocurrencia de los hechos, por lo que su dicho
no brinda información relevante que soporte el supuesto de hecho en relación
con la presencia de agentes del Ejército Nacional en las inmediaciones de la
finca Atahualpa, el 29 de octubre de 1999.

En lo que respecta al testimonio del señor Gustavo Fernández Arzuaga este
también declaró que iba con frecuencia a la finca Atahualpa y que en el
corregimiento hacía presencia el Ejército Nacional, pero no en relación con el
día de los hechos, de manera que tampoco se trata de un testimonio que
respalde el supuesto de hecho defendido por la parte demandante relativo a
que el Ejército Nacional se encontraba al frente de la finca Atahualpa, cuando
fueron asesinados los señores Nelson Leal (padre) y Jobany Leal (hijo) a
manos de grupos paramilitares.

Así las cosas, en consideración de esta Sala los testimonios que se alegan
como omitidos en realidad no cumplen con el requisito de trascendencia para
configurar un defecto fáctico en la sentencia, pues su contenido no tiene la
potestad de influir en el sentido de la decisión. Esto porque, no se trata de
testigos que hayan presenciado de manera directa el supuesto de hecho que
se pretende acreditar.

El contenido de su declaración en cuanto a la presencia de Ejército en frente
de la finca el día de los hechos obedece a conjeturas y a réplica de
comentarios escuchados por personas que residían en la zona. Estas dos
situaciones, sumado a la relación de amistad que los une con los
demandantes, afectan de manera importante los elementos de calidad y
fiabilidad de los testimonios.

5.5. Finalmente, a efectos de analizar el cargo por indebida valoración de los
testimonios allegados al proceso, la Sala encuentra pertinente relacionar el
juicio de valoración probatoria que expuso la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado frente a estos medios de prueba, para
posteriormente pasar a determinar si se concretó el yerro alegado.

En la sentencia, se presentaron las siguientes consideraciones en relación con
el medio de prueba testimonial:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02036-01
Demandante: Nubia Beatriz Arzuaga de Leal y otros

“Magglionis Enrique Arzuaga Pérez […] Como el declarante es primo de la demandante
Nubia Beatriz Arzuaga de Leal -esposa y madre de Nelson Leal Bonett y Jobany Enrique
Leal Arzuaga-, es un testigo sospechoso en los términos del artículo 217 CPC. El
artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo
con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que
deben ser analizados con mayor rigurosidad. El objeto de la prueba son los hechos. La
persona debe limitarse al relato de los hechos que haya tenido conocimiento directo o
indirecto. El declarante no indicó las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar
en que conoció las amenazas contra la demandante y Nelson Leal Bonett. Tampoco
precisó el contenido de esas amenazas, ni sus posibles autores. Fernando Mejía Ochoa -exesposo de la demandante María Victoria Leal Arzuagay
Nicolás Morales Acosta -esposo de Jacqueline Murgas Leal- […] no identificaron a los
miembros de la fuerza pública ante quienes informaron los hechos, ni precisaron si
formularon una solicitud, denuncia, o solicitud de protección ante las autoridades.
[…]
Marco Wadith Gómez Arzuaga -primo y empleado de Nelson Leal Bonett- […] Se trata
de un testigo sospechoso en los términos del artículo 217 CPC, pues el declarante era
empleado de los demandantes y tenía una relación de subordinación con la parte. Por
tanto, su testimonio debe ser analizado con mayor rigurosidad [num. 10]. Su relato sobre
la distancia a la que se encontrarían miembros del Ejército no es preciso, pues señala
lugares diferentes y aproximaciones. Además, su dicho no corresponde al relato de
hechos que le constan, sino a apreciaciones subjetivas e inferencias de lo que el Ejército
habría escuchado, y su posición y ubicación -escondido en un cerro- no le permitían
advertir lo que supone. Nicolás Morales Acosta -esposo de Jacqueline Murgas Leal- […] Como el testigo afirmó
tener parentesco con los demandantes, es un testigo sospechoso pues esa
circunstancia afecta su credibilidad e imparcialidad (art. 217 CPC) [num. 10]. Fernando Mejía Ochoa -exesposo de la demandante María Victoria Leal Arzuaga – […]
Joaquín Elías Rivadeneira Cují -ganadero y vecino de los demandantes- […] Los
declarantes no presenciaron los hechos. Sus afirmaciones sobre la presencia de
miembros de la fuerza pública se refieren a momentos anteriores o posteriores. Además, dado que estaban en movimiento -en una carretera, transitando en un vehículo
automotor-, su apreciación de los hechos sólo puede acreditar las circunstancias de la
vía durante el poco tiempo que habrían estado allí. Efraín José Ovalle Fernández -vecino de Nelson Leal y Jobany Leal- […] Este testigo
tampoco presenció los hechos. Su dicho no acredita la presencia de tropas del Ejército
en la “Finca Atahualpa”, pues no fue preciso sobre la ubicación del puesto del ejército,
esto es, si estaba al frente de la finca y ahí pararon la buseta, o si pararon el vehículo
después de que pasara por el frente de la finca. Además, adujo que todo estaba
“normal” en la carretera en la que -sin detallar el lugar específico- se encontraba el
Ejército. La demandante no acreditó que miembros de la fuerza pública estaban en la “Finca
Atahualpa” o que presenciaron los hechos. Por el contrario, se probó que la tropa del
Ejército más cercana al Corregimiento El Desastre – también denominado Nuevas
Flores- estaba en la Vereda Los Encantos, a 22 km del Desastre [Hecho probado 7.4]
y que la policía no tenía presencia permanente en el Corregimiento Nuevas Flores,
porque su base estaba ubicada en el casco urbano del municipio de San Diego [hecho
probado 7.8]. No obran al menos indicios conocidos que permitieran concluir que Nelson Leal Bonett
y Jobany Enrique Leal Arzuaga iban a ser víctimas de un homicidio y hurto por grupos
al margen de la ley.

Tampoco se probó que la población del corregimiento “Las Flores”
o “Nuevas Flores- antes Desastres- , municipio de San Diego, Departamento del Cesar
estaba sin protección alguna. Por el contrario, está acreditado que la fuerza pública
hacía presencia en la región, pues pelotones del Ejército estaban ubicados en la Vereda
Los Encantos, en el municipio de San Diego, y la Policía Nacional tenía una estación
en el casco urbano de ese municipio [hechos probados 7.4. y 7.8].

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La Sala reitera que en estos eventos en los que se imputa omisión, debe tenerse en
cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es limitada para disuadir la
acción de los grupos ilegales. […] El juez de la administración no puede desconocer la
realidad institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que
desbordan la capacidad de respuesta de las autoridades.”

5.6. Visto lo anterior, esta Sección estima que el juez de segunda instancia
procedió con la valoración de los medios de prueba de manera individual y
conjunta, y que en su juicio consideró las normas procesales aplicables y las
reglas de la sana crítica.

En el cuerpo de la sentencia está debidamente consignado el examen crítico
que realizó la autoridad judicial respecto de cada uno de los testimonios, así
como la explicación razonada del valor de convicción que les otorgó, tal y como
lo exigen el artículo 17022 del Código Contencioso Administrativo y el artículo
30423 del Código de Procedimiento Civil.

A este punto, valga precisar que, la mera acusación que se le increpa a la
accionada, de haber disminuido el peso de convicción de los testimonios
aportados por la parte actora, no se erige como un defecto, pues corresponde
al juez de la causa, en aplicación de las reglas de la sana crítica, establecer el
peso probatorio de cada una de las pruebas del proceso. No puede pretender
el accionante que, ingresada la prueba al proceso e indicado el alcance que le
otorga, el juez se acoja sin más a lo dicho por los testigos; por el contrario, la
valoración de las pruebas del proceso es una función exclusiva del juez de la
causa y tal función requiere su papel activo en cada una de las etapas
probatorias.

Así pues, en la sentencia se observa la valoración individual de los testimonios
con la debida indicación de las razones por las que la autoridad judicial
considera que el poder de convicción que de ellos emana no es suficiente para
tener por acreditado la tesis defendida por la parte demandante.

En esa línea se tiene que respecto de los testimonios de Fernando Mejía
Ochoa y Nicolás Morales Acosta se indicó que su declaración fue imprecisa y
vaga en relación con la identificación de las autoridades ante las que
informaron los hechos , el tipo de solicitud que presentaron y su contenido; en
relación con las declaraciones rendidas por Maggionis Enrique Arzuaga Pérez,
de Marco Wadith Gómez Arzuaga y de Nicolás Morales se indicó, en aplicación

22 Artículo 170. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en
que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y
las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los
organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas, y modificar o reformar éstas.
23 Artículo 304. Contenido de la sentencia. En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su
contestación. La motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios
a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto
en este Código.
La redacción de toda sentencia deberá iniciarse en folio que no contenga actuación alguna, ni escrito en las
partes, y de ella se dejará copia en el archivo de la secretaría.
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del artículo 21724 del Código de Procedimiento Civil, que se trataba de testigos
sospechosos dados los lazos, ya de familiaridad, ya de subordinación que los
unían con los demandantes y expuso que, en razón a ello, debían analizarse
con mayor rigurosidad.

No obstante, esta circunstancia no fue la única por la que se disminuyó el valor
de convicción que se derivaba de las declaraciones de estos testigos, adicional
a ello, se consideró que la información brindada fue en ocasiones imprecisa y
vaga en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que
ocurrieron los hechos que relataban.

En el caso específico del señor Wadith Gómez Arzuaga, se indicó que su dicho
en varias oportunidades se tradujo en exponer apreciaciones personales,
conjeturas o suposiciones en relación con el lugar en que se encontraban los
agentes del Ejército y su distancia respecto de la finca.

Además, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
advirtió que las condiciones en las que se encontraba el testigo al momento
de los hechos no eran óptimas para captar en integridad y completitud la forma
en que ocurrieron los hechos, pues este indicó que se escondió durante el
atentado perpetrado por el grupo armado ilegal.

Esta valoración no supone arbitrariedad o capricho por parte del juez, pues de
hecho es importante considerar las posibles fallas en la percepción del testigo,
ya sea que se den por factores subjetivos u objetivos, como, en este caso, lo
pueden ser el hecho de que debiera permanecer escondido durante la
ocurrencia de los hechos, la dificultad para calcular distancias o los factores
personales que pueden afectar la imparcialidad del declarante.

Estas últimas consideraciones también aplican a la valoración probatoria que
expuso la autoridad judicial accionada frente a las declaraciones de Fernando
Mejía Ochoa, Joaquín Elías Rivadeneira y José Ovalle Fernández, dado que
no se trató de testigos presenciales en relación con los hechos que la parte
demandante pretende acreditar y sus declaraciones fueron imprecisas.

En esa medida, y expuestas las razones por las que el juez de la causa
consideró que los medios de prueba no cumplían los elementos de calidad,
imparcialidad y credibilidad para dar por probadas los supuestos fácticos que
defendía la parte demandante, esta Sala estima que las conclusiones
probatorias estuvieron debidamente sustentadas en la valoración individual y
conjunta de los medios de prueba y, por ello, se enmarcan dentro de los
principios de independencia y autonomía que se predican de los jueces
naturales de la causa.

En otras palabras, esta Sala observa que el juicio probatorio expuesto por la
autoridad judicial accionada en realidad se enmarca dentro de los parámetros
legales permitidos y en las reglas de la sana crítica en la valoración de los
medios de prueba.

24 Artículo 217. Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del
juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales
u otras causas.
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Lo que se podría reprochar en instancia de acción de tutela, sería el supuesto
en el que la disminución del poder de persuasión de una prueba se imponga
de manera caprichosa o tozuda por el juez de la causa, pero en el caso
concreto la sentencia contiene cada una de las razones por las que se estimó
que la calidad de los medios de prueba era baja y que a partir de ellos no era
posible reconstruir la veracidad de los enunciados fácticos que soportan las
pretensiones de la demanda.

5.7. Se recuerda que, la Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la
protección constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se
identifique que el juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error
ostensible y flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la
decisión25. En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los
requisitos de razonabilidad y trascendencia26.

Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter “extremadamente reducido”, dado que es en el juicio de
valoración probatorio donde adquieren mayor trascendencia estos principios27.

Así, es claro que el juez de la causa presentó su juicio de valoración probatoria
de manera razonada, evidenciando cada una de las razones que restaron
poder de convicción a los medios de prueba a partir de un análisis particular y
en conjunto de estos y en aplicación de las reglas de la sana crítica. Para esta
Sala es inexistente el escenario de arbitrariedad que exige la jurisprudencia
constitucional para declarar el defecto alegado, por el contrario, se evidencia
un ejercicio juicioso del juez de la causa en la valoración y motivación del juicio
probatorio que fundamentó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda.

En ese contexto, esta Sala concluye que los argumentos de la acción de tutela
constituyen alegatos de desacuerdo con el peso probatorio que otorgó el juez
de la causa a los medios de convicción, pero no comportan un escenario de
real vulneración de derechos fundamentales.

En esta línea, es pertinente retomar el contenido del artículo 304 del CPC que
exige al juez de la causa motivar la sentencia, entre otros, a partir de la
“análisis crítico” de las pruebas del proceso. Ello quiere decir que, si el valor
epistemológico del medio de prueba es bajo, corresponde al juez de la causa
declararlo en la sentencia y fallar de conformidad, tal como lo hizo la
subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

De manera que, si las pruebas del proceso no permiten dar por acreditada la
hipótesis de la parte demandante, y existen medios de prueba que acrediten
la hipótesis contraria y que resultan razonablemente más fiable, corresponde
a la autoridad judicial decidir la causa conforme lo probado en el proceso o
aplicar las consecuencias del fenómeno de la carga de la prueba.

25 Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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5.8. De lo anterior, se resalta que:

(i) la decisión de las autoridades es producto de la valoración individual y
conjunta de todos los medios de prueba aportados al proceso,

(ii) en las sentencias se indicó el juicio valorativo y la fuerza de convicción
que se extractó de los medios de prueba obrantes en el proceso, y

(iii) la etapa probatoria se desarrolló respetando las garantías de las partes;
por lo que, el juicio probatorio se estima razonable y conforme a las
normas procesales pertinentes.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, al no encontrar acreditada la configuración de los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial alegados por
la parte actora, y no advertir vulneración de los derechos fundamentales invocados,
la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
formuladas en la acción de tutela de la referencia, pero por las razones indicadas
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 19 de mayo de 2022, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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