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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02048-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, proferida el 26 de mayo de 2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar: 2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. Por lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación Nro. 680013333012-2017-00179-01. 3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia y el precedente judicial aplicable al caso concreto que fue precisado en la parte motiva de este fallo de tutela. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02048-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

4 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02048-01
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02048-01
Demandante NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO
NACIONAL
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales y especiales de procedibilidad. La subsidiariedad.
Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente judicial. Medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pensión
de sobrevivientes de los beneficiarios de soldados voluntarios
fallecidos antes del 7 de agosto del 2002.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional contra la sentencia del 26 de mayo de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto fáctico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo respecto al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y de la causal por violación directa de la
Constitución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” 1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de abril de 20222, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia,
formularon la siguiente pretensión:
“De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que anteceden, respetuosa me permito
solicitar al Juez TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, consecuentemente se
dicte una nueva sentencia que acoja los preceptos jurisprudenciales del Consejo de Estado
respecto a la Pensión de Sobrevivientes del personal de soldados voluntarios que fallece y
es ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo, en razón a que el Tribunal
accionado incurrió en defecto sustantivo.”3.

1 Página 27 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 26 de mayo de 2022. Samai, índice
19.
2 La acción de tutela fue radicada a través del correo electrónico remitido al buzón de la Secretaria General
de esta Corporación. Samai, índice 2.
3 Páginas 7 y 8 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Nulidad y restablecimiento del derecho nro. 68001-23-33-000-2015-01086-00

2.1. Sonia Ortiz González, actuando en representación de su hijo menor de edad,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional para que se
declarara la nulidad de la Resolución 1495 del 27 de marzo de 2015, que negó
el reconocimiento de la pensión de sobreviviente al menor, como
consecuencia del fallecimiento de Jorge Ortiz Rojas, su padre, quien fue
soldado voluntario y murió en combate el 17 de diciembre de 2000.

El causante estuvo vinculado al Ejército Nacional desde el 1 de diciembre de
1995 hasta el 17 de diciembre de 2000.

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 26 de mayo de 2017,
accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, dispuso el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del menor en calidad
de hijo del causante, en el equivalente al 50% de las partidas consagradas en
el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990.

La sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

Nulidad y restablecimiento del derecho nro. 680013333012-2017-00179-01

2.2. Sonia Ortiz González promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional para que se declarara la nulidad del acto administrativo No. OFI16-
100656MDNSGDAGPSAP del 20 de diciembre de 2016, que negó el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la demandante, como
consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente, Jorge Ortiz
Rojas.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se ordene a la entidad
demandada reconocer la pensión de sobreviviente en un 50% a la señora
Sonia Ortiz González en calidad de compañera permanente del causante.

2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga que, en sentencia del
7 de octubre de 2019, negó las pretensiones de la demanda por considerar
que no se cumplieron los requisitos de Ley para el reconocimiento de la
pensión, porque la demandante no tenía la edad mínima para ser beneficiaria
de la prestación, esto es: más de 30 años, ni acreditó mínimo 5 años de
convivencia contiguos con el causante antes de su muerte.

Los demandantes apelaron el fallo de primera instancia.

2.4. En sentencia del 14 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda. En relación con el requisito de convivencia,
explicó que el tiempo de 5 años, consagrado en el literal a) del artículo 47 de
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

la Ley 100 regula la sustitución pensional en tanto refiere a la pensión por
muerte del pensionado, que no la pensión de sobrevivientes. En esa medida,
como la pensión que se discute en este caso no había sido reconocida aún al
causante, éste tenía la calidad de afiliado, y en consecuencia se trata de una
pensión de sobrevivientes y no le es aplicable el requisito de convivencia
consagrado en el artículo en comento.

De otra parte, indicó que el requisito de edad mínima del beneficiario o la
beneficiaria, para este caso tener más de 30 años al momento de la muerte
del causante, encontró la Sala de decisión que el requisito tampoco era
exigible en el caso particular, porque, “(…) si la situación queda sometida al régimen
general contenido en la Ley 100 de 1993, debe atenderse el contenido de la norma al tiempo
del deceso del cotizante, que para el corresponde a una época anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 797 de 2003 que impuso la edad mínima de 30 años. Así, el texto original
del art. 46 de la Ley 100/93 exige una edad mínima o máxima para reconocer la pensión de
sobreviviente (…)”. En síntesis, para la autoridad judicial de segunda instancia el
requisito de edad mínima de la beneficiaria no era exigible en el caso concreto,
dado que tal requisito no estaba vigente para la época en que ocurrió el deceso
del señor Jorge Ortiz Rojas.

En la parte resolutiva de la sentencia se expuso:
“(…) Tercero: CONDENAR a la demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL, a reconocer el derecho respecto de la pensión de
sobreviviente en equivalente al 50% a favor de la señora SONIA ORTIZ GONZALEZ, y
pagar lo que le corresponde por Ley, conforme a lo preceptuado en los artículos 46, 47,
48 de la Ley 100 de 1993, con la respectiva actualización de la primera mesada
pensional, en concordancia con las previsiones descritas dentro del presente fallo.
Cuarto: La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL,
debe reconocer el derecho pensional de sobreviviente en equivalente al 50% a la
demandante SONIA ORTIZ GONZALEZ, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, a partir del 18 de diciembre 2000, día siguiente a la muerte del JORGE ORTIZ
ROJAS, pero las mesadas causadas serán pagadas a partir del 16 de diciembre de
2013, por la materialización del fenómeno de prescripción trienal de conformidad con lo
expuesto. (…)”

La sentencia de segunda instancia se notificó a través de mensaje de datos
remitido el 21 de noviembre de 2021 al buzón electrónico de los sujetos
procesales, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011 4.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante considera que la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución.

Expuso que el Tribunal accionado omitió valorar la sentencia previa que había
reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor del hijo del causante
y de la señora Sonia Ortiz y en esa vía el precedente judicial para los eventos de
pensión de sobrevivientes de los soldados voluntarios que son ascendidos en forma
póstuma.

4 Archivos denominados “12. Notificación” y “13. Acuse” que hace parte del expediente digitalizado del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 680013333012-2017-00179-01. Samai, índice 13.
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En palabras de la entidad accionante:
“Por lo antes expuesto es evidente que el Tribunal omitió realizar una adecuada y completa
valoración del material probatorio, así como la aplicación y sujeción de la decisión a la
Sentencia de Unificación a la que estaba sometido por ser este precedente judicial.
En ese orden el fallo fue proferido contrariando el precedente judicial, otorgando las
pretensiones de la demanda, aisladas de la normativa bajo la que fueron concedidas en su
momento al hijo menor de la demandante en el proceso que se tutela. La suscrita considera
que no puede el Juez Natural ir en contravía del precedente e ignorar la existencia de una
primera sentencia que acogió un derecho al hijo de la actora, emitiendo una orden de
restablecimiento de derechos que directamente perturba la seguridad financiera y jurídica de
la Entidad, al encontrarse con dos fallos por los mismos hechos, concedidos bajo dos
regímenes diferentes.” (Destaca la Sala)

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 8 de abril de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado emitió auto
en el que inadmitió la demanda de tutela. En consecuencia, requirió a la parte
accionante para que indicara de manera precisa los hechos y pretensiones de
la solicitud de amparo frente al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bucaramanga.

4.2. Sin que se hubiera obtenido respuesta de la accionante, en auto del 2 de mayo
de 2022, el despacho ponente de primera instancia admitió la acción de tutela
presentada por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
contra el Tribunal Administrativo de Santander; y vinculó, en calidad de
terceros con interés en el proceso constitucional, al Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, a Sonia Ortiz
González, y a la Nación, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 159
Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, todos estos, sujetos
procesales en el medio de control de reparación directa Nro. 680013333012-
2017-00179-01.

4.3. La Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado, por conducto
de la titular, solicitó que se conceda el amparo del derecho constitucional al
debido proceso de la accionante y, en consecuencia, se deje sin efectos la
sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander.

Como fundamento de esa afirmación, expuso lo siguiente:

“(…) pese a que el Tribunal enunció que esa misma corporación había decidido
previamente sobre la pensión del menor Jorge Enrique Ortiz Ortiz, nada dijo sobre las
consideraciones que tuvo en cuenta al emitir la sentencia de 26 de mayo de 2017, ni
sobre la sentencia confirmatoria proferida el 6 de diciembre de 2018, en segunda
instancia, por el Consejo de Estado dentro del radicado 68001233300020150108601,
pues sobre este antecedente solo se limitó́ a decir: “En cuanto al otro 50% de la
prestación, fue solicitada por el menor JORGE ENRIQUE ORTIZ ORTIZ en calidad de
hijo, ante esta misma Corporación, bajo radicado 2015-1086-01”.

4.4. La Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos indicó que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, conforme a las siguientes
consideraciones:

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(sic para toda la cita) “Así, el tribunal al emitir la decisión contenida en la sentencia del
14 de octubre de 2021 dio lugar frente a una misma pensión de sobrevivientes dos
pronunciamientos judiciales sustentados en regímenes jurídicos disimiles, de forma que
una misma pensión se reconozca liquide y pague de forma diferente y bajo normativas,
porcentajes y e IBL diferentes respeto de cada uno de los beneficiaros: compañera e
hijo del causante; la primera bajo las reglas de la ley 100 de 1993 y respecto del segundo
conforme lo establecido en el D. 1211 de 1990. CONCLUSION Advierte esta agencia
del Ministerio Publico que al proferirse la sentencia del 14 de octubre de 2021, el
Tribunal Administrativo de Santander desconoció la norma a aplicable al caso de
estudio, esto es el régimen establecido en el Decreto 95 de 1989 o el Decreto 1211 de
1990 así como el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación
emitida por la sección segunda del H. Consejo de Estado; Sentencia SUCE-SUJ-SII-
013-2018; incurriendo en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial,
por lo que se precisa el amparo constitucional impetrado (...)”(sic para toda la cita)
(Destaca la Sala)

4.5. El Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, por
conducto del titular del despacho, destacó que en el trámite del proceso en
primera instancia se respetaron a plenitud las formas propias del proceso y
que la decisión se profirió de conformidad con los argumentos de las partes,
las pruebas del expediente y la interpretación razonable de la norma procesal
y sustancial aplicable al asunto.

Aclaró que los hechos y las pretensiones del escrito de tutela dan cuenta de
que los cargos de vulneración de derechos se dirigen exclusivamente en
contra del Tribunal Administrativo de Santander y, en razón a ello, el despacho
que preside no es el llamado a satisfacer las pretensiones de la demanda ni a
obrar como parte pasiva de la misma. Luego, solicita la desvinculación del
juzgado del proceso constitucional.

4.6. El Tribunal Administrativo de Santander y la señora Sonia Ortiz González
guardaron silencio.

5. Providencia impugnada

En sentencia de 26 de mayo de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la acción de tutela en relación con el defecto fáctico y
declaró la improcedencia de la petición de amparo frente los cargos por violación
directa a la Constitución y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial.

Sobre este último, indicó que no bastaba con citar un precedente de una alta
Corporación, sino que le corresponde al accionante exponer una carga
argumentativa suficiente tendiente a evidenciar el cumplimiento de cada uno de los
presupuestos de ese defecto. En la misma línea, descartó el análisis de fondo del
defecto por violación directa a la Constitución, dado que no estaba suficientemente
argumentado.

En relación con el defecto fáctico, expuso que la valoración de los medios de prueba
que adelantó el fallador estuvo conforme a las reglas de la sana crítica y se ubica
en los contornos de la autonomía e independencia de los jueces de la República
para la decisión de los asuntos puestos en su conocimiento, de manera que ni las
partes ni al juez constitucional les es dable imponer su criterio o interpretación. En
relación con la alegada omisión de ponderar en la decisión del asunto la sentencia
que reconoció la pensión de sobrevivientes a favor del menor Ortiz Ortiz, advirtió
que la autoridad judicial accionada si la tomó en consideración, es más, a partir de
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ese antecedente y los demás medios de prueba que obraban en el expediente, el
Tribunal concluyó que “(…) la señora Sonia Ortiz González sí es acreedora del reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes en equivalente al 50% en los términos de la Ley 100 de 1993, con
la respectiva actualización de la primera mesada pensional.”

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia y expuso los
siguientes argumentos de disenso:

6.1. El juez constitucional omitió estudiar en la sentencia de tutela la violación al
debido proceso de la entidad accionante derivada de la existencia de dos
decisiones judiciales a favor de la misma persona, pero estudiadas bajo
marcos normativos diferentes a pesar de que existía un precedente unificado
del que se apartó de manera arbitraria el Tribunal Administrativo de Santander,
esto es: la sentencia de unificación SU-CE-SUJ-SII-013-2018. En esa medida,
consideró que el problema jurídico a tratar en la presente acción de tutela no
es el que planteó el a quo.

Al respectó agregó:
(Sic para toda la cita) “Con esta decisión Honorables Consejeros, tal como lo indició
esta profesional en el escrito de tutela, el Tribunal Administrativo de Santander en dos
casos objeto de los mismos hechos y la misma actora, profiere dos decisiones distintas,
si bien las dos van encaminadas al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para
su hijo y compañera; permanente, un reconocimiento es ordenado dando al alcance a
la Sentencia de Unificación SU- SUJ- 013 de 2018 (aplicación del Decreto 1211 de
1990) y el otro bajo los postulados de la Ley 100 de 1993; circunstancia que es
inamisible y así se plasmó en la tutela, como quiera pone a la Entidad en la imposibilidad
de dar cumplimiento a uno y otro de los fallos y que régimen aplicar; y lo más delicado
se estarían reconociendo dos pensiones distintas por el mismo causante, pues si bien
la judicatura resolvió que la señora Sonia Ortiz si ostentaba la calidad de compañera
permanente de acuerdo a las pruebas (aspecto que no se discute con la tutela); lo cierto
es que a su hijo se le reconoció bajo un régimen y a ésta bajo otro distinto, viéndose
afectada la administración en su peculio; pues lo acertado y verdaderamente justo es
que los dos obtengan el mismo derecho pensional en la proporción correspondiente
bajo el D. 1211 de 1990.
[…]
No entiende esta profesional como es que el Juez de tutela no se detuvo a estudiar el
material probatorio arrimado con la acción y únicamente cito el fallo objeto de litigio;
cuando este debía analizarse previo a proferir una decisión; de forma hilada con el fallo
que reconoció la pensión al hijo de la actora, del que se podía colegir que en efecto y
contrario a lo sostenido por el Tribunal Impugnado y el Juez de tutela; el primero aquí
citado si incurrió en un total desconocimiento del precedente judicial – (Sentencia de
unificación SU- SUJ- 013 de 2018) y por ende violación directa de la Constitución,
específicamente porque la decisión adoptada contraría las pruebas arrimadas al
expediente (sentencia que reconoció pensión al hijo de la demandante) y la realidad
fáctica, que conlleva como lo decidió el H. consejo de Estado en dicha providencia, a
reconocer la mesada pensional de menor, conforme lo establecido en el D. 1211 de
1990 y no la Ley 100 de 1993, como mal lo asentó el tribunal tutelado.
[…]
Reitera esta accionante, como es que lo que busca el amparo de tutela en este caso,
es percatar al Tribunal de la omisión en la aplicación del precedente judicial SU- SUJ-
013 de 2018 y en la adopción de dos decisiones distintas proferidas por ese juez
colegiado frente al mismo acontecer factico, pero con reconocimientos prestacionales
disimiles.” (sic para roda la cita) (Destaca la Sala)

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5.2. La entidad impugnante se refirió al primer proceso en el que se solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del hijo de la señora
Sonia Ortiz y del causante. Al respecto resaltó que se reconoció la prestación
a favor del menor en aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado y en relación con el monto reconocido recordó que “(…) fue ordenado bajo
el postulado del Art. 158 del Decreto 1211, teniendo en cuenta que el tiempo de servicio
prestado por el causante fue inferior a 12 años, la liquidación de la mesada pensional debía
hacerse por el 50% de las partidas allí contempladas.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso

3. Planteamiento del problema jurídico

Vistos los antecedentes del caso, esta Sala observa que el cargo por defecto fáctico
relativo a la omisión de la autoridad accionada de considerar en su decisión la
sentencia del 6 de diciembre de 2018 (Exp. 3206-2017), que reconoció la pensión
de sobreviviente al menor Jorge Enrique Ortiz, en realidad no se enmarca como un
medio de prueba que sirva como fundamento para determinar la veracidad de un
enunciado fáctico, sino que hace parte del marco jurídico que correspondía
considerar al juez natural de la causa para determinar si estaban dados los
requisitos para acceder al reconocimiento y liquidación de la pensión de
sobrevivientes. Así pues, los alegatos relativos a la omisión del estudio de la
sentencia del 6 de diciembre de 2018 (Exp. 3206-2017) y de la sentencia de
unificación SU- SUJ- 013 de 2018, se estudiarán bajo la caracterización del defecto
por desconocimiento del precedente judicial.

Bajo este contexto, corresponde a la Sala en primer lugar determinar si, la acción
de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad establecidos por la
jurisprudencia constitucional cuando se atacan por esa vía providencias judiciales.

De superarse este análisis, corresponderá a la Sala establecer si la sentencia del
14 de octubre de 2021, proferida en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 680013333012-2017-00179-01, por el Tribunal
Administrativo del Santander incurrió en desconocimiento del precedente judicial y
en violación directa a la Constitución.

4 Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. La acción de tutela se presentó en un término razonable dado que fue radicada
el 14 de abril de 2022 y la sentencia que se acusa fue notificada el 21 de
noviembre de 2021.

En el escrito de amparo se hace una narración clara de los hechos y de las
pretensiones.

El caso comporta relevancia constitucional, porque se aduce la vulneración de
derechos fundamentales que tienen como presunta causa una providencia
judicial. Asimismo, se descarta que la acción de tutela se adopte a manera de
instancia adicional, dado que los argumentos de disenso surgen, en
específico, en relación con la sentencia que resolvió la segunda instancia del
proceso en el sentido de condenar a la entidad demandada al pago de la
prestación social a favor de la señora Sonia Ortiz, en los términos del régimen
general de la Ley 100 de 1993.

4.2. En relación con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, advierte la
Sala que, contra la sentencia acusada actualmente no procede mecanismo
ordinario que permita la protección de los derechos que se alegan como
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desconocidos. Sin embargo, como en los alegatos de la solicitud de amparo
se expuso el desconocimiento de un precedente de unificación, podría
sostenerse que, en principio, la acción de tutela interpuesta es improcedente,
toda vez que la entidad accionante contó con el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia regulado en los artículos 256 y siguientes del
CPACA; no obstante, existen circunstancias que habilitan el estudio de fondo
en el presente caso, como pasa a explicarse.

4.3. La acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección de derechos
fundamentales, lo que implica que los mecanismos ordinarios y extraordinarios
de defensa para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o
suplantados por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y
eficaces. Por tanto, solo procede cuando no existan otros medios de defensa
para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre
que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

La tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias9, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones. La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 201510 precisó
que eso puede ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela
como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela." 11

En aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, la
jurisprudencia constitucional ha precisado que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela12: (i) cuando el medio de
defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es
idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado;
y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Para tal fin, se debe verificar

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
10 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
12 Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
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si el medio de defensa judicial al alcance del afectado, tiene la aptitud para la
efectiva protección del derecho debe evaluarse en el contexto concreto; y si
permite conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho
fundamental13.

Dicha excepción exige la comprobación de (i) una afectación inminente del
derecho (elemento temporal respecto del daño); (ii) la urgencia de las medidas
para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio
(grado o impacto de la afectación del derecho); y (iv) el carácter impostergable de
las medidas para la efectiva protección de las garantías fundamentales en
riesgo14. En caso de evidenciar la falta de idoneidad o eficacia del otro
mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva.

4.4. Como en el caso concreto se solicita la protección del patrimonio público frente
al reconocimiento de una prestación periódica pensional (pensión de
sobrevivientes reconocida a dos beneficiarios del mismo causante, conforme a dos
regímenes legales diferentes) y, se persigue la salvaguarda de la coherencia de
las decisiones de la administración de justicia frente a un mismo asunto, se
encuentra justificada la intervención del juez de tutela para desatar el fondo de
la controversia con miras a determinar si la autoridad judicial accionada
incurrió en los yerros que se le endilgan en afectación el patrimonio público,
ya que, pese a la existencia del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, el perjuicio irremediable es inminente y puede afectar de
manera irreversible el patrimonio público, ya que de mantener vigente la
decisión objeto de estudio, permitiría que se realicen pagos con sustento en
una providencia judicial errónea. Al respecto, la Corte Constitucional en
sentencia T–147 de 2020 señaló:
“Debe tenerse en cuenta que, aun existiendo otros mecanismos a los cuales puede
acudir la parte demandante (como lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia), en este caso, este mecanismo judicial es ineficaz, y la acción de tutela
está llamada a prosperar por cuanto el recurso no es lo suficientemente expedito para
proteger el patrimonio público, ante el grave riesgo de afectación y consumación del
daño. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso se observa que la acción de
tutela, no sólo buscaba garantizar el derecho al debido proceso, sino además proteger
los recursos públicos comprometidos con la condena impuesta en el Proceso 2016-
345”.

La Sala destaca que en anteriores oportunidades el requisito de subsidiariedad
sea flexibilizado15 con sustento en la afectación al interés general y al
patrimonio público, causado con la consolidación de una prestación económica
erróneamente reconocida.

Respecto a la defensa del patrimonio público, la Corte Constitucional ha
señalado que “el juez de tutela está en la obligación de actuar con vocación de protección
del patrimonio que envuelva interés público, es decir, aunque se trate de controversias
económicas, la intervención del juez de amparo en estas circunstancias puede justificarse y
se encontraría legitimada ante la afectación de intereses públicos que las tales vulneraciones

13 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe
ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio
eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia
T-040 de 2016.
14 Sentencias: T-225 de 1993, T-789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
15 Ver entre otras: sentencia del 30 de abril de 2020, CP Julio Roberto Piza Rodríguez expediente: 11001-03-
15-000-2019-04220-00, sentencia del 24 de junio de 2021, CP Milton Chaves García expediente: 11001-03-
15-000-2021-00074-01
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a los derechos fundamentales puedan ocasionar. En otras palabras, el juez de tutela no puede
excluir, prima facie, el estudio de aquellas controversias económicas que revistan una
afectación del patrimonio público”.16

5 Alcance del defecto por desconocimiento del precedente judicial y su
análisis en el caso individual

5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.

En consecuencia, para la Sala es posible plantear la transgresión del
precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones
judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita
su aplicación; (ii) que tales decisiones sean vinculantes para la autoridad
judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la
fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en
sede de tutela sea contraria al precedente vinculante; y (iv) que el juez de
instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.

5.2. Ahora bien, a manera de contexto, conviene recordar que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa guarda relación con
aquellos eventos en que se solicita el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en favor de los beneficiarios del soldado voluntario muerto en
combate. En el caso individual, el causante es el señor Jorge Ortiz Rojas,
soldado voluntario que murió en un campo minado por las FARC (en combate),
el 17 de diciembre del 2000.

De la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de octubre de
2018 (CE-SUJ-SII-013-2018)

5.3. Como antecedente jurídico relevante, se destaca que, en sentencia del 4 de
octubre de 2018 (CE-SUJ-SII-013-2018), la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los
soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002, por causa de
heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo.

Conviene recordar que el ánimo de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado sobre este asunto se fundamenta en que, aunque había
un acuerdo en la Corporación en relación con el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a los beneficiarios del soldado voluntario muerto en combate
16 Sentencia T–610 de 2015.

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y, en esa medida, se había inaplicado el artículo 8° del Decreto 2728 de 196817
que no contemplaba esta prestación a los beneficiarios del causante, al decidir
el régimen a aplicar se había optado de manera indistinta por alguna de tres
opciones: (i) el Decreto 1211 de 199018, artículo 189, cuyos destinatarios son
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; (ii) la Ley 447 de 1998
relativo a quienes prestan el servicio militar obligatorio; o (iii) la Ley 100 de
1993, artículo 46, régimen general.

Así pues, dadas las opciones indicadas y con fundamento los principios pro
homine, de especialidad, de favorabilidad y de inescindibilidad, la alta
Corporación expuso la siguiente conclusión:
“145. De acuerdo con lo anterior y en atención al contenido del principio de especialidad
explicado en precedencia, se debe dar prevalencia al régimen especial que regula de
manera particular el supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal medida se
armoniza con los principios protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que
encauzan el derecho laboral.
146. La identidad fáctica anotada ha sido el referente para que el Consejo de Estado
haya encontrado que no es razonable ni existe justificación válida para que tanto el
Decreto 2728 de 1968 como el Decreto 1211 de 19901 ordenen un ascenso póstumo,
así como el reconocimiento de unas prestaciones económicas en favor de sus
beneficiarios, pero no el pago de la pensión de sobreviviente a favor de quienes con el
hecho de la muerte de un miembro de la Fuerzas Militares pierden el sustento y apoyo
económico que este les brindaba, por ello, en aras de efectivizar el derecho a la igualdad
y proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate, ha reparado en la
viabilidad de inaplicar el Decreto 2728 de 1968 y tener en cuenta el Decreto 95 de 1989
o el Decreto 1211 de 1990, dependiendo de la fecha de la muerte del causante, con el
objetivo de reconocer la prestación periódica.
147. Debe considerarse además, que dado que el principio de inescindibilidad impediría
que el reconocimiento de las prestaciones por muerte bajo las condiciones del régimen
general se liquidaran con fundamento en los haberes percibidos por el grado superior,
la aplicación de un criterio basado en los principios de igualdad material y justicia lleva
a que sea el principio de especialidad el que oriente la selección del régimen contenido
en el Decreto 95 de 1989 o en el Decreto 1211 de 1990, según la fecha de fallecimiento,
pues tal medida se acompasa de mejor manera con el principio pro homine y la dignidad
humana de quienes entregaron su vida para el cumplimiento de los fines del Estado,
acto meritorio que da lugar al ascenso póstumo.
[…]
150. Así pues, se concluye que el criterio hermenéutico de especialidad conduce a que
sea el decreto 95 de 1989 o el decreto 1211 de 1990, según la fecha de fallecimiento,
la norma aplicable para los soldados voluntarios fallecidos en combate desde la entrada
en vigencia del Decreto 95 de 1989 hasta el 7 de agosto de 2002, fecha a partir de la
cual se aplican las reglas contenidas en el Decreto 4433 de 2004 [Por medio del cual
se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.”

Dados los anteriores argumentos, presentó las siguientes reglas de
unificación:
“1. Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los soldados
voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002 19, por causa de heridas o

17 “Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares.”
18 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”
19 En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los
soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con
lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate.
12

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accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del
régimen de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095
de 1989 o en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, según la fecha de muerte,
por ser el régimen especial que regula de manera particular el supuesto de hecho
a que se refiere la norma, pues tal medida se armoniza con los principios
protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral.
2. Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios
fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo pagado por concepto de
compensación y cesantías dobles a sus beneficiarios en virtud del Decreto 2728
de 1968.
3. Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7
de agosto de 2002, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por
acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento
del orden público, el término prescriptivo que debe atenderse en relación con las
mesadas pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo señalado en el régimen
propio de las Fuerzas Militares (artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y artículo 174
del Decreto 1211 de 1990).” (subraya el despacho)

En relación a los efectos de la decisión, en el acápite 10 de la sentencia, se
indicó lo siguiente:
“227. Por lo anterior, la autoridad administrativa deberá reconocer a los beneficiarios de
los soldados voluntarios fallecidos en combate, la pensión de sobrevivientes
consagrada en el artículo 189, literal d.) del Decreto 1211 de 1990, o 184, literal d) del
Decreto 95 de 1989, según la fecha del deceso siempre y cuando se acrediten los
requisitos exigidos por el régimen general para los efectos del reconocimiento de dicha
prestación, esto es, acreditar el parentesco con el causante. El reconocimiento de tal
prestación se sujetará a las siguientes reglas:
1) Deberá atender el orden de beneficiarios de que trata el artículo 185 del Decreto
1211 de 1990 o el del Decreto 95 de 1989, según la fecha de fallecimiento.
2) Para efectos de calcular el monto de la pensión habrá de tener en cuenta los
haberes correspondientes al grado conferido como consecuencia del ascenso
póstumo.
3) El ingreso base de liquidación deberá establecerse conforme las partidas
computables previstas en el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990 o las del artículo
153 del Decreto 95 de 1989.
4) No deberá efectuar descuento alguno por concepto de la compensación por muerte
que hubiere recibido de conformidad con las reglas de unificación señaladas en
esta providencia.” (Destaca la Sala)

De las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho propuestas
por los beneficiarios del señor Jorge Ortiz Rojas

5.4. Precisado esto, se recuerda que con ocasión del fallecimiento del señor Jorge
Ortiz Rojas se presentaron dos demandas independientes de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, las cuales pretendían el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. De una parte, la incoada por el menor Jorge Enrique Ortiz Ortiz
invocando la calidad de hijo del causante y, de otra, la de la señora Sonia Ortiz
González, en calidad de compañera permanente del causante.
La demanda del menor Jorge Enrique Ortiz Ortiz fue decidida en segunda
instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 6 de diciembre de 2018, dentro del radicado 68001-23-33-
000-2015-01086-01 (Exp. 3206-2017). El proceso de nulidad donde es
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

demandante la señora Sonia Ortiz González, el cual nos ocupa en esta acción
de tutela, fue decidido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander, en sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida en el curso del
proceso nro. 680013333012-2017-00179-01.

La Sala se permite exponer en el siguiente cuadro comparativo las diferencias
entre las providencias que suscitan la inconformidad de la entidad accionante:

Sentencia del 6 de diciembre de 2018 proceso nro. Sentencia del 14 de octubre de 2021 proceso nro.
68001-23-33-000-2015-01086-01 680013333012-2017-00179-01
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Tribunal Administrativo de Santander
Estado
Actor: Jorge Enrique Ortiz Ortiz (hijo) Actora: Sonia Ortiz González (compañera permanente)

En la sentencia de primera instancia, que fue proferida En el acápite del caso concreto, la autoridad judicial
por el Tribunal Administrativo de Santander, se dispuso precisó:
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
favor del menor por el equivalente al 50% de las “Considera la Sala importante advertir que, el presente
partidas de las que trata el artículo 158 del Decreto caso objeto de revisión, la demandante tan solo está
1211 de 1990, teniendo en cuenta el tiempo de servicios solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de
prestados por el causante, conforme lo indica el artículo sobreviviente en lo que equivale al 50%, como
189 del mismo Decreto. compañera permanente del señor JORGE ORTIZ
ROJAS. En cuanto al otro 50% de la prestación, fue
En segunda instancia, se confirmó en integridad la solicitada por el menor JORGE ENRIQUE ORTIZ
decisión, salvo la condena en costas, por considerar ORTIZ en calidad de hijo, ante esta misma Corporación,
que “sobre el particular, la Sección Segunda del bajo radicado 2015-1086-01.”
Consejo de Estado profirió sentencia de unificación
[SU-CE-SUJ-SII-013-2018], en consecuencia siendo Ahora bien, establecido que la demandante cumplía
respetuoso por la seguridad jurídica y el carácter con los presupuestos para que le fuera reconocida la
vinculante de aquella, la Sala acogería dicha línea pensión de sobrevivientes, expuso lo siguiente en
jurisprudencial. (…) relación con el reconocimiento y liquidación de la
prestación: 4.2. El supuesto de hecho del presente caso, se ajusta
al analizado en la sentencia SU-CE-SUJ-SII-013-2018, “Cabe señalar, además, que en el artículo 189 del
y por tanto la conclusión de la Sala no puede ser otra Decreto 1211 de 1990 en lo relacionado con la muerte
que al demandante le asiste el derecho a la pensión de en combate, contempla que, los beneficiarios tienen
sobrevivientes por cuanto: derecho a la pensión de sobreviviente cuyo valor
dependerá del tiempo de servicios que acredito el
• El causante, Jorge Ortiz Rojas, quien tenía la calidad causante. Lo que significa que, la pensión de
de Soldado Voluntario murió el 17 de diciembre del sobreviviente se calculara sobre las cotizaciones que
2000, es decir, antes del 7 de agosto de 2002. hubiere hecho el afiliado, y según el material probatorio
estuvo vinculado al EJERCITO NACIONAL desde el 1
• Su muerte fue catalogada como en combate, según de diciembre de 1995 hasta el 17 de diciembre de 2000,
el informe administrativo 005. esto es, por 5 años y 16 días. Mientras que el texto
• Se acreditó el parentesco del menor demandante con original del art. 46 de la Ley 100/93 incluye que el
el demandante, en calidad hijo(…) afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al
(…)43. En tal virtud, se confirmará la decisión apelada momento de la muerte. Igualmente, debe señalarse que
sin consideración adicional”. la mesada deberá calcularse con base en el porcentaje
liquidado de conformidad con el artículo 48 ibídem, en
cuanto prevé (…)”
Ya en la parte resolutiva de la sentencia, se indicó:
“Primero. REVOCAR la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, el 07 de octubre de
2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Como consecuencia: Segundo. DECLARAR probada la excepción de
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al día 16 de diciembre de 2013, acorde con lo reseñado
en la parte motiva de esta providencia. Tercero:

CONDENAR a la demandada NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO
NACIONAL, a reconocer el derecho respecto de la
pensión de sobreviviente en equivalente al 50% a favor
de la señora SONIA ORTIZ GONZALEZ, y pagar lo que
le corresponde por Ley, conforme a lo preceptuado en
los artículos 46, 47, 48 de la Ley 100 de 1993, con la
respectiva actualización de la primera mesada
pensional, en concordancia con las previsiones
descritas dentro del presente fallo.

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Sentencia del 6 de diciembre de 2018 proceso nro. Sentencia del 14 de octubre de 2021 proceso nro.
68001-23-33-000-2015-01086-01 680013333012-2017-00179-01
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Tribunal Administrativo de Santander
Estado
Actor: Jorge Enrique Ortiz Ortiz (hijo) Actora: Sonia Ortiz González (compañera permanente)
Cuarto: La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONALEJERCITO NACIONAL, debe reconocer el
derecho pensional de sobreviviente en equivalente al
50% a la demandante SONIA ORTIZ GONZALEZ,
conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a partir
del 18 de diciembre 2000, día siguiente a la muerte del
JORGE ORTIZ ROJAS, pero las mesadas causadas
serán pagadas a partir del 16 de diciembre de 2013, por
la materialización del fenómeno de prescripción trienal
de conformidad con lo expuesto.”

Normativa bajo la que se reconoció la prestación Normativa bajo la que se reconoció la prestación
Decreto 1211 de 1990, régimen especial. Ley 100 de 1993, régimen general
SECCION I PRESTACIONES POR MUERTE EN En la sentencia el Tribunal Administrativo del Santander
ACTIVIDAD destacó que “el texto original del art. 46 de la Ley 100/93
incluye que el afiliado se encuentre cotizando al sistema
ARTICULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas
la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un al momento de la muerte. Igualmente, debe señalarse
Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio que la mesada deberá calcularse con base en el
activo, en combate o como consecuencia de la acción porcentaje liquidado de conformidad con el artículo 48
de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el ibídem, en cuanto prevé (…)”
mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser
ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente Artículo 48: El monto mensual de la Pensión total de
superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45%
su grado. Además, sus beneficiarios, en el orden del ingreso base de liquidación más 2% de dicho
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales
siguientes prestaciones: de cotización a las primeras quinientas (500) semanas
de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base
(…) de liquidación.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior
(12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo
establecido en este estatuto, con excepción de los establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta
por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo
158 de este Decreto.
ARTICULO 158. LIQUIDACION PRESTACIONES. Al
personal de Oficiales y Suboficiales que sea retirado del
servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le
liquidarán las prestaciones sociales unitarias y
periódicas sobre las siguientes partidas así: - Sueldo
básico. - Prima de actividad en los porcentajes previstos
en este estatuto. - Prima de antigüedad. - Prima de
Estado Mayor, en las condiciones previstas en este
estatuto. - Duodécima parte de la prima de Navidad. -
Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este
Decreto. - Gastos de representación para Oficiales
Generales o de Insignia. - Subsidio familiar. En el caso
de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este
estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el
cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo
básico.

5.5. Ahora bien, es preciso observar que la principal inconformidad de la entidad
accionante radica en que el Tribunal Administrativo de Santander al decidir el
caso de Sonia Ortiz González omitió la aplicación de las reglas de unificación
de la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado SU- SUJ- 013
de 2018, cuyas reglas de decisión, sí fueron consideradas por el Consejo de
Estado al resolver sobre la pensión de sobrevivientes del menor Jorge Enrique
Ortiz Ortiz. Estas omisiones, en consideración de la accionante, conllevaron a
que se reconocieran a los beneficiarios del mismo causante dos pensiones
bajo regímenes diferentes, lo cual afecta el principio de cosa juzgada y la

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coherencia que se debe predicar de las decisiones de los jueces de la
República y perjudica el erario público.

Recordemos lo expuesto por la entidad en el escrito de impugnación:
“[…] si bien la judicatura resolvió que la señora Sonia Ortiz si ostentaba la calidad de
compañera permanente de acuerdo a las pruebas (aspecto que no se discute con la
tutela), lo cierto es que a su hijo se le reconoció bajo un régimen y a ésta bajo otro
distinto, viéndose afectada la administración en su peculio; pues lo acertado y
verdaderamente justo es que los dos obtengan el mismo derecho pensional en la
proporción correspondiente bajo el D. 1211 de 1990.

lo cierto es que a su hijo se le reconoció bajo un régimen y a ésta bajo otro distinto,
viéndose afectada la administración en su peculio; pues lo acertado y verdaderamente
justo es que los dos obtengan el mismo derecho pensional en la proporción
correspondiente bajo el D. 1211 de 1990.
[…]
Reitera esta accionante, como es que lo que busca el amparo de tutela en este caso,
es percatar al Tribunal de la omisión en la aplicación del precedente judicial SU- SUJ-
013 de 2018 y en la adopción de dos decisiones distintas proferidas por ese juez
colegiado frente al mismo acontecer fáctico, pero con reconocimientos prestacionales
disimiles.” (Destaca la Sala)

De lo anterior se concluye que la inconformidad de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional no radica en el reconocimiento en sí de la pensión
de sobrevivientes a favor de la señora Sonia Ortiz González en calidad de
compañera permanente del causante, sino respecto del régimen bajo el cual
se reconoció la prestación, dado que desconoce la sentencia de unificación
del 4 de octubre de 2018 en cuanto a la aplicación del régimen especial y
porque es incoherente frente a la sentencia del 6 de diciembre de 2018, en la
que se confirmó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del
menor Jorge Enrique Ortiz, en los términos del artículo 158 y 189. d) Decreto
1211 de 1990.

5.6. Establecido lo anterior, para esta Sección es claro que el Tribunal
Administrativo de Santander al proferir la sentencia del 14 de octubre de 2021,
incurrió en desconocimiento del precedente judicial en tanto se apartó de la
providencia de unificación que en razón a su naturaleza, pertinencia y fuerza
vinculante permitía resolver el caso concreto, esto es, la sentencia de
unificación del 4 de octubre de 2018 identificada con la radicación SU-CE SUJ-
SII-013-2018, la cual estableció el régimen y las reglas en virtud de las cuales
debe decidirse la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de los
soldados voluntarios fallecidos en combate antes del 7 de agosto de 2002.

Adicionalmente, se desconoció el antecedente relevante existente,
determinado por las sentencias proferidas en el curso del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho nro. 68001-23-33-000-2015-01086-01 (Exp.
3206-2017), esto es: el fallo del 20 de mayo de 2017 del Tribunal
Administrativo de Santander, acogido en segunda instancia por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia del 6 de
diciembre de 2018, esta última en la que se confirmó la decisión de reconocer
la pensión de sobrevivientes a favor del menor Jorge Enrique Ortiz Ortiz, en
aplicación de las reglas de unificación de la sentencia del 4 de octubre de 2018.

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El Tribunal Administrativo de Santander tenía conocimiento de este proceso
previo. Así lo reconoció en la sentencia del 14 de octubre de 202120, dado que
tal situación fue enrostrada en diferentes oportunidades tanto por la
demandante21 como por la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional22.
En ese orden, se reitera, la accionada debió considerar este antecedente a
efectos de resolver las pretensiones de la demanda incoada por la señora
Sonia Ortiz González, tal como lo exige el inciso cuarto del artículo 281 del
CGP23.

5.7. En este punto se estima pertinente hacer referencia a un asunto de similares
supuestos fácticos al que se estudia, fallado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (exp. 1888-19)24. Esta referencia se hace para
evidenciar que en estos eventos, el reconocimiento de la mesada pensional se
ha realizado en aplicación del régimen especial, como lo exige el precedente
de unificación. Pues bien, en el caso en mención, la compañera permanente y
el hijo menor del causante, quien fue soldado voluntario y murió en combate
el 12 de diciembre de 2000, solicitaron el reconocimiento a su favor de la
pensión de sobrevivientes. En esa oportunidad, la Corporación indicó lo
siguiente frente al reconocimiento de la prestación:
“51. Acorde con todo el marco normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia,
resulta aplicable al presente caso el Decreto 1211 de 1990, razón por la cual le asiste
derecho a los demandantes para que, en su condición de compañera permanente e hijo
del causante Armando Sandoval León, les sea reconocida la pensión de sobrevivientes
que reclaman, con base en la norma especial vigente a la fecha del fallecimiento del
militar.

52. En consecuencia, se dispone, inaplicar el artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968, con
fundamento en el artículo 4.º de la Constitución Política , para, en su lugar, aplicar el
Decreto 1211 de 1990, en cuyo artículo 185 literal a) dispone «a. La mitad al cónyuge
sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia éstos últimos en
las proporciones de ley»

En la parte resolutiva de la providencia se indicó lo siguiente:

20 En la página de la sentencia del 14 de octubre de 2021, se lee: “Considera la Sala importante advertir que,
el presente caso objeto de revisión, la demandante tan solo está solicitando el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente en lo que equivale al 50%, como compañera permanente del señor JORGE ORTIZ
ROJAS. En cuanto al otro 50% de la prestación, fue solicitada por el menor JORGE ENRIQUE ORTIZ
ORTIZ en calidad de hijo, ante esta misma Corporación, bajo radicado 2015-1086-01.
21 En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Sonia Ortiz, se relacionó

como prueba documental la “fotocopia de la audiencia inicial tramitada en el Tribunal Administrativo de
Santander en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que inició el menor Jorge Ortiz Ortiz.”
Expediente digitalizado, archivo denominado “*02 DEMANDA”, pág. 21.
La copia del Acta de la Audiencia Inicial adelantada en el proceso Nro. 68001-23-33-000-2015-01086-01, se
encuentra en la página 49 y siguientes del archivo denominado “*1 PODER Y ANEXOS”.
22 Expediente digitalizado del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 680013333012-

2017-00179-01, archivo denominado “*09 APELACIÓN”, página 21 relativo al escrito de alegatos de
conclusión del Ministerio de Defensa, se lee: “(...) [la señora Sonia Ortiz] ya había impetrado proceso por los
mismos hechos, pero en procura de que se le reconociera la pensión a su menor hijo JORGE ENRIQUE
ORTIZ ORTIZ, tal como ocurrió en la sentencia del 20 de MAyo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en la que ordenó el reconocimiento y pago de la mesada pensión en el monto
del 50% de conformidad con el Art. 189 del D. 1211 de 1990.”
23 Artículo 281. Congruencias. (...) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo

del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato
de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
24 Sentencia del 11 de marzo de 2021, proferida dentro del proceso nro. 76001-23-33-000-2017-01174-01

(1888-19), con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

“PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 16 de noviembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las
pretensiones de la demanda instaurada por Ercilia Nazarit Larrahondo y Sebastián
Sandoval Nazarit, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, salvo el numeral segundo que se modifica. En su lugar:

«SEGUNDO.- CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a reconocer la pensión de sobrevivientes por el
fallecimiento del cabo segundo (póstumo) Armando Sandoval León, con fundamento en el
artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas computables y en los siguientes términos:

a) A la señora Ercilia Nazarit Larrahondo en calidad de compañera permanente, en un 25%,
a partir del 13 de diciembre de 2000, día siguiente al deceso del causante, pero con efectos
fiscales a partir del 28 de marzo de 2012, por prescripción cuatrienal conforme con el artículo
174 del Decreto 1211 de 1990.

b) A Sebastián Sandoval Larrahondo, en su condición de hijo del causante, en un 25%, con
efectos fiscales desde el 13 de diciembre de 200058 y hasta el cumplimiento de los 21 años
de edad ( 20 de septiembre de 202059 ), de acuerdo con el artículo 188 del Decreto 1211 de
1990. En consecuencia, a partir del 21 de septiembre de 2020, se acrecerá la mesada
pensional de Ercilia Nazarit Larrahondo, para completar el 50% de las partidas computables,
en los términos del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990». (...)”

5.8. Dicho esto, es del caso precisar que, la primera regla de unificación de la
sentencia del 4 de octubre de 2018, con fundamento en el principio de
especialidad, indicó que, en casos como el presente, los beneficiarios del
soldado voluntario pueden favorecerse del régimen de prestaciones por
muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o en el artículo
189 del Decreto 1211 de 1990, según la fecha de muerte, por ser el régimen
especial que regula de manera particular el supuesto de hecho a que se refiere
la norma, a pesar de ello el Tribunal Administrativo de Santander reconoció la
pensión de la señora Sonia Ortiz González bajo el régimen general en
aplicación de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993.

Es oportuno retomar algunos apartes de la sentencia en los que se evidencia
que, aunque el Tribunal accionado en principio nombra el artículo 189 del
Decreto 1211 de 1990, acto seguido y sin explicación alguna, concluye que la
pensión debe reconocerse bajo el régimen general de la Ley 100 de 1993.
Veamos:
“Cabe señalar, además, que en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 en lo
relacionado con la muerte en combate, contempla que, los beneficiarios tienen derecho
a la pensión de sobreviviente cuyo valor dependerá del tiempo de servicios que acredito
el causante. Lo que significa que, la pensión de sobreviviente se calculara sobre las
cotizaciones que hubiere hecho el afiliado, y según el material probatorio estuvo
vinculado al EJERCITO NACIONAL desde el 1 de diciembre de 1995 hasta el 17 de
diciembre de 2000, esto es, por 5 años y 16 días. Mientras que el texto original del art.
46 de la Ley 100/93 incluye que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte.
Igualmente, debe señalarse que la mesada deberá calcularse con base en el porcentaje
liquidado de conformidad con el artículo 48 ibidem, en cuanto prevé […]
[…]
En punto del monto de pensión de sobreviviente - No podrá ser inferior, en ningún caso,
al salario mínimo legal mensual vigente al momento del referido reconocimiento
prestacional , debe decirse que, el mismo debe ser establecido de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 ibidem, esto es, el 45% del ingreso base de liquidación, con
la correspondiente actualización de la primera mesada pensional. Vistas, así las cosas,

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y teniendo en cuenta que en el caso concreto la señora SONIA ORTIZ GONZALEZ
cuenta con la legitimación requerida para concurrir como beneficiaria del 50% de la
prestación pensional, esto en consideración a su condición de compañera permanente,
del señor JORGE ORTIZ ROJAS., la Sala tal como se señaló accederá al
reconocimiento de una pensión de sobreviviente en los términos expuestos.”

Esta determinación, como se observa, es contraria a las reglas de decisión
establecidas en la sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018(Supra
5.3.). Aunque es cierto que los jueces de la República, excepcionalmente,
pueden apartarse de los precedentes de unificación, una determinación en
tal sentido exige presentar una argumentación expresa y rigurosa que
explique las razones del apartamiento.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-621 de 201525, informó los
requisitos que debe cumplir la autoridad judicial para apartarse del
precedente, así:
“Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal, una vez identificada
la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma
mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones
del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el
precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas
realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que
constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del
precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas
jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y,
adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que
se juzga.”

5.9. Bajo este contexto, deviene claro para la Sala que la providencia judicial
acusada, desconoce las reglas de unificación de la sentencia del 4 de octubre
de 2018 al disponer el reconocimiento de la prestación a favor de la Sonia Ortiz
González bajo las normas del régimen general, sin exponer las razones que
sustentan el apartamiento del precedente en los términos de rigurosidad y
especificidad que se exige para estos eventos.

5.10. Adicional a lo anterior, la sentencia acusada también resulta incoherente frente
a la providencia en la que se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor
del hijo del causante (proceso nro. nro. 68001-23-33-000-2015-01086-01),
quien también es hijo de la señora Sonia Ortiz, pues en esa ocasión el mismo
Tribunal Administrativo de Santander en providencia del 26 de mayo de 2017,
que fue confirmada en segunda instancia por la Subsección de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en providencia del 6 de diciembre de 2018
(Exp. 3206-2017), reconoció la pensión del menor en los términos de los
artículos 154 y 189 del Decreto 1211 de 1990, es decir, en aplicación del
régimen especial, tal como lo exige el precedente de unificación.

Estas providencias debieron ser consideradas por el Tribunal Administrativo
de Santander para decidir sobre el régimen bajo el cual debió reconocerse la
pensión de sobrevivientes de la señora Sonia Ortiz González. Al respecto
conviene recordar, que la Corte Constitucional ha desarrollado la figura del
antecedente, diferenciándolo del precedente propiamente dicho, para referirse
a una sentencia anterior a la que se estudia que “contiene puntos de derecho que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un

25 Con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la
hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en
virtud de los principios de transparencia e igualdad.” 26

El análisis de las providencias proferidas en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento nro. 68001-23-33-000-2015-01086-01 no debía ser
meramente formal, en el sentido de indicar que existía otro proceso en el que
solicitó el reconocimiento de la prestación por parte de otro beneficiario 27, sino
de fondo, para analizar, entre otros, bajo qué régimen fue reconocida la
prestación y exponer de manera motivada, en garantía al derecho al debido
proceso de las partes, las razones por las que se apartaría de la consideración
inicial. Una argumentación en tal sentido, hubiera propendido por cumplir con
el deber de motivar las sentencias y por mantener la coherencia entre
decisiones judiciales.

En conclusión, las sentencias que reconocieron la pensión de sobrevivientes
frente a Jorge Enrique Ortiz Ortiz constituían un antecedente jurídico relevante,
para decidir el caso concreto y , en razón a ello, el Tribunal accionado debió
exponer de manera motivada las razones para apartarse de sus
consideraciones en garantía a los principios de transparencia e igualdad.

5.11. Así las cosas, se reitera que, se concretó defecto por desconocimiento del
precedente judicial en tanto la autoridad judicial accionada omitió considerar
en su decisión las reglas de unificación contenidas en la sentencia SU-CE
SUJ-SII-013-2018, que constituía precedente vinculante y vigente en la
decisión del caso, asimismo, porque soslayó el análisis de la providencias en
la que se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor del menor Jorge
Enrique Ortiz Ortiz, cuya identidad fáctica y jurídica era relevante para resolver
el asunto.

7. Conclusión

Por las razones expuestas, esta Sala estima necesario revocar la sentencia de
tutela de primera instancia, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
para en su lugar, amparar el derecho al debido proceso de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, dado que la sentencia acusada adolece de defecto por
desconocimiento del precedente judicial.

En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 14 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho nro. 680013333012-2017-00179-01, pero,
únicamente, en lo relativo al régimen bajo el cual debe reconocerse y liquidarse la
pensión de sobrevivientes de la señora Sonia Ortiz Ortiz. En consecuencia, se
ordenará a esa autoridad judicial que en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en
cuenta, la sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida dentro del radicado
26 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-102 de 2014. Con ponencia del magistrado Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
27 En la sentencia del 14 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander expuso lo siguiente en
relación con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el menor Jorge Enrique Ortiz
Ortiz: “Considera la Sala importante advertir que, el presente caso objeto de revisión, la demandante tan
solo está solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en lo que equivale al 50%,
como compañera permanente del señor JORGE ORTIZ ROJAS. En cuanto al otro 50% de la prestación,
fue solicitada por el menor JORGE ENRIQUE ORTIZ ORTIZ en calidad de hijo, ante esta misma
Corporación, bajo radicado 2015-1086-01.”
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

68001-23-33-000-2015-01086-01 (exp. 3206-2017), por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, y la sentencia de unificación del 4 de
octubre de 2018 SU-CE SUJ-SII-013-2018.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, proferida el 26 de mayo de 2022, por la
Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia. Por lo anterior, dejar sin efectos la
sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación Nro. 680013333012-2017-00179-01.

3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, en el
término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en esta providencia y el precedente judicial
aplicable al caso concreto que fue precisado en la parte motiva de este fallo
de tutela.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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