Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02051-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02051-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02051-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de junio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1°) de junio de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: LUIS FERNANDO IGLESIAS AYOLA
Demandado: UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN
Síntesis del caso: el demandante estimó vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales debido a que las autoridades judiciales accionadas no respondieron en su
totalidad la petición que envió el 17 de diciembre de 2021.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Luis Fernando Iglesias
Ayola contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de
la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar para la protección
de su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2022 la parte demandante formuló
acción de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales
antes referidos.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
2
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
1) El 17 de diciembre de 20211 presentó una petición al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar y este la remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bolívar con el fin de que se le informara la dirección de un abogado que fungió
como su apoderado judicial en un proceso de sucesión, pero no aparece ni le ha
entregado los dineros correspondientes, y para que la autoridad interviniera en el
asunto a fin de llegar a una salida concertada con el profesional del derecho. Al
respecto se transcriben las peticiones:
“Ruego a este despacho se sirve indicarme cuál es la dirección
actualizada y profesional del derecho (…) tarjeta profesional No. (…) y
cédula de ciudadanía No. (…).
Segundo: solicito su amable intervención en el asunto a fin de poder llegar
a una salida concertada con este abogado, es decir, sirva como autoridad
interventora. No nos dejen a merced de este señor.”
2) Sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar le informó
que remitió esa petición a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura, quien respondió de manera parcial dado que se pronunció
frente a la primera pretensión de la solicitud, pero guardó silencio en cuanto al
segundo punto de la solicitud.
3) El 7 de febrero de 2022 presentó otra solicitud al Consejo Superior de la
Judicatura en la que solicitó se le ayudara para dar con el paradero del abogado y
sirviera de garante para que este le informara en qué bancos estaban los supuestos
dineros que recibió2.
4) El 15 de febrero de 2022 el actor presentó otro requerimiento por medio de correo
electrónico pero esta vez directamente ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia en el cual solicitó nuevamente que se le indicara
la dirección del señor Luis Manuel Rueda Álvarez3.
El fundamento de la vulneración
A partir del confuso escrito de tutela la Sala advierte que para el actor se vulneró su
derecho constitucional porque no se respondió la petición que elevó el 17 de
1
Según constan en la fecha de entrega en el recibo de Servientrega aportado con la acción de tutela.
2
Se advierte que, si bien el demandante refirió esta petición, lo cierto es que no manifestó ningún
reparo.
3
Frente a esta petición tampoco efectuó reparo alguno.
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Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
diciembre de 2021 al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, pues solo se
respondió el primer punto y se guardó silencio frente al segundo.
Se advierte que si bien el demandante hizo alusión a las peticiones que envió el 7
de febrero de 2022 al Consejo Superior de la Judicatura y el 15 del mismo mes y
año a la Unidad de Registro Nacional de bogados y Auxiliares de la Justicia, lo cierto
es que no manifestó ningún reparo frente a estas.
Así las cosas, la Sala, únicamente se pronunciará respecto de la petición del 17 de
diciembre de 2021 materia de tutela.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Primera: solicito al despacho de conocimiento, me ampare el derecho
fundamental invocado como vulnerado.
Segunda: solicito se sirva ordenar a la accionada dar respuesta por escrito
a mi petición.
Tercera: solicito se sirva advertir a las accionadas me den las respuestas
dentro de las cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la
notificación.
Cuarta: solicito se sirva advertir a la accionada la sanción en caso del
desacato.
Quinta. Nota. Manifiesto que no he presentado esta acción entre (sic) otro
estrado de vigilancia o control.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 8 de abril de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura, al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
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Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
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Bolívar4 y a la señora Yolanda Pérez Fajardo5 con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Actuación de las autoridades demandadas
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia señaló que
el actor envió una petición el 15 de febrero de 20226 al correo electrónico
“regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co” en la cual solicitó que se le indicara la
dirección del señor Luis Manuel Rueda Álvarez, por lo que mediante certificación
no. 119051 del 18 de febrero de 2022 respondió dicha solicitud y la notificó el 21 de
febrero de 2022 al correo electrónico “iglesiasayola@hotmail.com7”.
Por otra parte, el 22 de marzo de 2022 con oficio SGD-203-4792-2022 recibió el
traslado de la petición que fue presentada inicialmente en la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar, por lo que el 24 de marzo de 2021 envió nuevamente
al correo electrónico del actor la respuesta con copia a la comisión8.
Ahora, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar rindió dos informes,
por un lado, a través de su presidente, manifestó que “el numeral segundo del
escrito presentado por el señor Iglesias Ayola (allegado al correo electrónico de la
secretaria común en fecha 09 de marzo 2022), no era un derecho de petición que
se debía contestar”, sin embargo, conforme con el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, el 22 de marzo de 2022 mediante oficio SGD-203-4792-2022 remitió por
competencia la solicitud a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, por lo cual
dicha autoridad acusó recibido y corrió traslado al funcionario competente de esa
dependencia para resolver ese tipo de asuntos9.
4
Aunque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar no fue vinculada, lo cierto es que
dicha autoridad concurrió e intervino en el presente proceso de acción de tutela debido a que el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le remitió la providencia por ser la competente, dado
que asumió las funciones en materia disciplinaria que tenía el entonces Consejo Superior de la
Judicatura de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2015.
5
El abogado también fue su apoderado, así como de la madre del actor, pues ello fue reseñado en
la petición de la cual se predica la vulneración.
6
Se hace referencia a la tercera petición relacionada en los hechos (párrafo 4).
7
En la respuesta se indicó que no existían datos registrados sobre la dirección, teléfono o correo
electrónico del abogado.
8
Este oficio se emitió para responder la petición del 17 de diciembre de 2021, pero la respuesta fue
la misma que para responder la petición del 25 de febrero, es decir, que no existían datos registrados
sobre la dirección, teléfono o correo electrónico del abogado.
9
La petición que remitió es la presentada por el actor el 17 de diciembre de 2021 de la cual dio
cuenta la Unidad de Registro Nacional de abogados en su informe –párrafo anterior–.
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Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
Por otro lado, también contestó el secretario judicial de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar quien manifestó que actuó de manera diligente y con
observancia de los términos establecidos en el trámite de la solicitud, pues la
petición del actor fue trasladada a la Unidad de Registro Nacional de Abogados. Al
respecto, hizo alusión a la petición que remitió en los siguientes términos10:
“La primera petición es la siguiente: ruego a este despacho se sirva
indicarme cual es la dirección actualizada del profesional del derecho
LUIS MANUEL RUEDAS ALVAREZ.
Frente a tal solicitud se dio traslado del escrito petitorio al Registro
Nacional de Abogados como ya se dijo, lo cual se prueba con el oficio y
su respectiva acta de envío.
Mediante la segunda petición se depreca a esta Comisión Seccional la
intervención en el asunto a fin de poder llegar a una salida concreta con
este abogado, es decir sirva como autoridad interventora. No nos deje
solo ante este señor.
Ante este pedimento se procedió al igual que en el punto anterior,
remitiendo la solicitud al ente que puede proveer al accionante de la
dirección actualizada del profesional del derecho antes mencionado, a fin
de que una vez pueda ser contactado, se establezca la comunicación
requerida para que puedan concertar la salida que se pretende, pues sin
dirección física o electrónica es imposible realizar gestión alguna”.
Por su parte, la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar solicitó
que se declare la falta de legitimación por pasiva de esa Corporación por cuanto lo
solicitado por el actor escapa de la órbita de su competencia y dicho requerimiento
fue presentado ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y no en
sus dependencias.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
10
La petición a la cual se hace alusión es a la del 17 de diciembre de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de
la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena con el fin de que
se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes referidos,
presuntamente vulnerados porque no se respondió de manera completa y de fondo
la petición elevada por el actor el 17 de diciembre de 2021.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá al amparo
invocado por el demandante por cuanto evidenció que no se respondió el punto dos
de la solicitud del 17 de diciembre de 202111.
1) Revisado el expediente, se advierte que el 17 de diciembre de 2022,
efectivamente, el señor Iglesias Ayola presentó una solicitud al Consejo Seccional
de la Judicatura de Cartagena y este lo remitió a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar en el que relató que un profesional del derecho había
representado a su difunta señora madre en un proceso laboral en el que cobró unos
títulos y aparentemente desapareció con el dinero, además, señaló que por esos
hechos presentó una queja disciplinaria contra ese abogado, pero, al parecer, fue
11
“Segundo: solicito su amable intervención en el asunto a fin de poder llegar a una salida concertada
con este abogado, es decir, sirva como autoridad interventora. No nos dejen a merced de este
señor.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
notificado de la terminación de la actuación disciplinaria, razón por la que solicitó lo
siguiente:
“PETICIONES
Primero: ruego a este despacho se sirva indicarme cual es a la dirección
actualizada del profesional del derecho (…), tarjeta profesional No. (…) y
cedula de ciudadanía No.(...)
Segundo: solicito su amable intervención en el asunto a fin de poder
llegar a una salida concertada con este abogado, es decir, sirva
como autoridad interventora. No nos deje a merced de este señor.
(negrillas de la Sala)
2) La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar mediante oficio SGD-203-
4792-2022 remitió por competencia la petición a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo cual dicha autoridad emitió respuesta
frente al punto primero de la solicitud en la que se indicó al peticionario que no
existían datos registrados sobre la dirección, teléfono o correo electrónico del
abogado12 y corrió traslado al funcionario competente de la Unidad para que se
pronunciara respecto a la segunda.
3) Sin embargo, de la revisión integral del expediente se observa que reposa copia
de la respuesta emitida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia frente al punto “primero” del escrito, pero nada se dijo en cuanto al
“segundo”.
4) Así las cosas, es evidente que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia se pronunció frente al primer punto de la petición consistente
en indicarle la información que reposa en su base de datos en cuanto a la dirección,
teléfono y dirección del abogado pues ese aspecto era de su competencia; sin
embargo, no se pronunció respecto de la segunda petición relativa a “su amable
intervención en el asunto a fin de poder llegar a una salida concertada con este
abogado, es decir sirva como autoridad interventora”, puesto que ello era
competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
5) En efecto, del texto de la petición se observa con claridad que el punto dos de la
solicitud le correspondía responderlo específicamente a la Comisión Seccional de
12
Dicha respuesta también se dio con ocasión de la petición que el actor elevó de manera directa
ante la Unidad de Registro Nacional de abogados el 15 de febrero de 2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
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Disciplina Judicial de Bolívar13, puesto que lo que se pretende claramente es su
intervención en su calidad de juez de la disciplina de un profesional del derecho,
función que no le compete a la Unidad de Registro Nacional de Abogados porque
aquella solo tiene la información de los profesionales del derecho y precisamente
frente a ese punto hizo lo que le correspondía.
6) Además, a la Comisión le corresponde adelantar las actuaciones disciplinarias a
que haya lugar y de ser el caso sancionar a los abogados por las conductas
constitutivas de faltas disciplinarias, de modo que aun si consideraba que el punto
2 de la petición no constituía una verdadera petición debió responder con esa
información al interesado y explicarle los instrumentos y las vías que tenía a su
disposición para hacer las denuncias correspondientes, sin que sea de recibo el
argumento según el cual dicho punto de la solicitud no fue atendido porque no
conllevaba una petición pues el actor fue expreso en solicitar su intervención debido
a presuntas conductas disciplinarias en que incurrió un abogado en el ejercicio de
la profesión.
7) La garantía del derecho de petición conlleva la necesidad de que las solicitudes
no solo se contesten, sino que se respondan de fondo, de manera clara, oportuna,
completa, pertinente y en congruencia con lo solicitado, al tiempo que se notifique,
no obstante, en este caso la petición no se resolvió a plenitud pues parte de la
información que requirió el actor no le fue suministrada con lo que se entiende
vulnerada tal prerrogativa fundamental14.
8) Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en los eventos en
que a la autoridad le es materialmente imposible absolver la duda o entregar la
información al interesado esta deberá informar al peticionario sobre los
13
“La Comisión Seccional de Disciplina Judicial, órgano encargado de la vigilancia de la conducta
oficial de los funcionarios (jueces y fiscales) y empleados de la rama judicial, servidores públicos con
atribuciones jurisdiccionales, particulares que administran justicia y abogados en ejercicio de su
profesión (…)”
14
“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un
lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro,
garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la
Corte que (…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que
la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la
contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario
conocer la situación real de lo solicitado´. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho
se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii)
la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario´.”
Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
inconvenientes y la fecha en que entregará tal información15, sin embargo, en este
caso ello no ocurrió sino que la accionada simplemente omitió resolver de manera
congruente la petición y se excusó en que dio traslado a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en omisión de su deber, con lo que
a todas luces se vulneró el derecho reclamado.
9) Por consiguiente, se procederá a amparar el derecho fundamental de petición del
señor Luis Fernando Iglesias Ayola y, en consecuencia, se ordenará a la la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue
respuesta clara, completa y de fondo a la petición del punto segundo de la petición
del 17 de diciembre de 2021, de conformidad con lo expuesto en la presente
providencia.
10) De acuerdo con lo expuesto, se amparará el derecho fundamental de petición
del actor, toda vez que en el expediente no obra prueba de que se haya brindado
respuesta a las referidas peticiones.
11) Por último, se negará la solitud de desvinculación elevada por la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar en atención a que su participación
era necesaria en el presente proceso con el fin de aclarar los hechos que dieron
lugar al ejercicio de la acción.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
15
Corte Constitucional, sentencia T-608 de 2013 “La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha
ocupado de fijar el sentido y alcance del derecho de petición, trazando algunas reglas básicas acerca
de cuándo debe entenderse que dicha garantía ius fundamental ha sido satisfecha. Así, ha definido
los rasgos principales del derecho de petición al afirmar de forma reiterada que las peticiones
respetuosas presentadas ante las autoridades por los particulares
deben ser resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a una simple
respuesta formal. De no ser posible para la entidad cuestionada la absolución de la duda o el
suministro de información solicitada por el particular, ésta “deberá informar al peticionario
acerca de los inconvenientes que tiene en ese momento para responder su inquietud, y le
informará de todos modos, el término en el cual podrá producir la respuesta a su
cuestionamiento”. (Negrillas sostenidas de la Sala).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02051-00
Demandante: Luis Fernando Iglesias Ayola
Acción de tutela
FALLA
1º) Ampárase el derecho de petición invocado por la parte demandante, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Ordénase a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar que, en el
término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue
respuesta de forma clara, completa, congruente y de fondo al punto segundo de la
petición elevada el 17 de diciembre de 2021 por el señor Luis Fernando Iglesias
Ayola y en el mismo término notifique dicha respuesta al interesado.
3º) Niégase la solicitud de desvinculación elevada por la presidenta del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar.
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta.
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