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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02053-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02053-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora Sorlina Isabel Montes de Arciniegas contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02053-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

23 de junio de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02053-00
Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02053-00
Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por descuentos a una
reliquidación pensional. Requisito general de la relevancia
constitucional cuando no se expone una carga argumentativa
mínima que permita hacer el estudio de fondo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Sorlina Isabel Montes de Arciniegas, quien afirma actuar
como sucesora procesal de su difunto esposo David Enrique Arciniegas González,
contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo, en la que pide el amparo constitucional de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, vulnerados, supuestamente, por los autos de 10 de noviembre de 2020,
mediante el cual el juzgado accionado declaró la caducidad de la acción y 22 de
septiembre de 2021, en el que el tribunal accionado declaró de oficio la excepción
de inepta demanda porque el acto demandado no era susceptible de control
judicial, dictados en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que su esposo promovió contra el Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora y el
municipio de Sincelejo, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto que se configuró ante la ausencia de respuesta por
parte de las demandadas, a la solicitud de reintegro de una suma descontada en
el pago de la reliquidación pensional que el señor Arciniegas González había
obtenido por vía judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del expediente se pueden extraer los siguientes hechos relevantes:
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02053-00
Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS

La accionante manifestó que su difunto esposo, David Enrique Arciniegas
González, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fiduprevisora y el municipio de Sincelejo, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo acto ficto o presunto que se configuró
ante la ausencia de respuesta por parte de las demandadas, a la solicitud “por
medio de cual negaron el reintegro de una suma descontada de la reliquidación
pensional” que había obtenido por vía judicial, misma que pretendía que se
reconociera y pagara el reintegro de la suma de $13’117.775, valor descontado
por el banco al momento de cancelarle los valores obtenidos por concepto de la
reliquidación pensional ordenada mediante Resolución Nº 0167 de 13 de abril de
2016, así como el reconocimiento y pago de los intereses moratorios.

Sostuvo que la demanda se fundamentó en que el señor Arciniegas González
prestó sus servicios personales al municipio de Sincelejo por más de 20 años en
calidad de docente, que mediante Resolución N° 0167 de 13 de abril de 2016 se
ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación y el pago de la suma de
$19’817.640 a su favor, y que mediante certificación expedida por el banco se hizo
un descuento por valor de $13.117.775 sobre ese valor, “con el código CR012
DESCUENTO DE MESADA RECIBIDA”.

En la mencionada Resolución N° 0167 de 13 de abril de 2016, en la que se ordenó
la reliquidación de la pensión de jubilación del señor David Enrique Arciniegas
González, se dispuso, entre otros, que “el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio descontará del valor de cada mesada pensional, para
efectos de prestación del servicio médico asistencial en beneficio del jubilado, el
12% en virtud de la Ley 1250 del 2008”.

Refirió que el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo por auto de
10 de noviembre de 2020, decidió declarar probada la excepción de caducidad de
la acción alegada por el municipio de Sincelejo, luego de considerar que el acto
administrativo demandado no creaba, extinguía o modificaba ninguna situación
jurídica, pues la entidad territorial había dado respuesta a la solicitud del
demandante el 15 de junio de 2017. Agregó que el acto administrativo que debía
demandarse era la Resolución Nº 0167 de 13 de abril de 2016, frente a la cual ya
había fenecido el término legal para promover la acción de nulidad y
restablecimiento y restablecimiento del derecho.

Adujo que luego de que su esposo apelara dicha decisión, el Tribunal
Administrativo de Sucre mediante auto de 22 de septiembre de 2021, declaró
probada de oficio la excepción de inepta demanda porque el acto administrativo
demandado no es susceptible de control judicial, en tanto lo que se demandaba
era la “adecuada” liquidación de lo adeudado al demandante, por lo que el acto
administrativo que debía demandarse era la Resolución Nº 0167 de 13 de abril de
2016.

Por último, indicó que su esposo, David Enrique Arciniegas González, falleció el 9
de noviembre de 2021, con posterioridad a la finalización del proceso que originó
la controversia.
2

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Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS

2. Fundamentos de la acción

La accionante, quien afirma acudir en calidad de sucesora procesal de su difunto
esposo David Enrique Arciniegas González, presentó acción de tutela con el
objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados
con los autos de 22 de septiembre de 2021 y 10 de noviembre de 2020, en su
orden, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas declararon de
oficio la excepción de inepta demanda porque el acto administrativo demandado
no era susceptible de control judicial, en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que su esposo promovió contra el Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Fiduprevisora y el municipio de Sincelejo.

A juicio de la parte actora, con el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no se pretendió la nulidad de la Resolución Nº 0167 de 13 de abril de
2016, “puesto que la misma se encuentra conforme a derecho. Nótese que tanto el
juez de instancia como [el] tribunal colocan pretensiones totalmente diferentes en
los respectivos autos, pero más aún incurren en vía de hecho cuando en el
recurso de apelación se está haciendo saber el error que incurrió al juez de
instancia, en el sentido que en ningún momento se está solicitando reliquidación
pensional, por el contrario, se está solicitando el reintegro de unos recursos que
fueron retenidos de forma ilegal por parte del municipio de Sincelejo, no por
descuento de salud, ni más faltaba, puesto que el valor es neto, si no por recursos
que no se podían se embargables (sic)”.

Expresó que el debate jurídico no se centra en la inconformidad con la Resolución
N° 0167 de 13 de abril de 2016, “por el contrario, el debate se centra en una
actuación arbitraria del mismo Municipio de Sincelejo, de realizar un descuento
ilegal, fruto de una reliquidación pensional ordenada”.

Finalmente, sostuvo que no puede entonces “el aparato jurisdiccional establecer
pretensiones donde no existe, ni mucho menos realizar apreciaciones subjetivas
con respecto el accionante en este caso que presento mi esposo DAVID
ENRIQUE ARCINIEGAS GONZALEZ”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales AL DEBIDO
PROCESO Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mi persona.

SEGUNDO: ORDÉNESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE a que dentro
del término de 15 días siguientes a la notificación de la tutela, se ordene a cambiar el
sentido de la decisión del auto 22 de septiembre de 2022, y en su consecuencia se
orden seguir con el respectivo proceso.

TERCERO: ORDÉNESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE y el JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, a reconocer y pagar
costas - agencias en derecho”.

3

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Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS

4. Pruebas relevantes

Se allegó copias de los autos objeto de tutela proferidos por las autoridades
judiciales accionadas en el expediente que contiene las actuaciones del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 2018-00265-00, actor:
David Enrique Arciniegas González.

Igualmente, copias del registro civil de matrimonio de la señora Sorlina Isabel
Montes con el señor David Enrique Arciniegas González y del registro civil de
defunción de este último, con fecha 9 de noviembre de 2021.

5. Trámite procesal

Por auto de 6 de abril de 2022, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar
a la accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Igualmente, al Ministerio
de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fiduprevisora, el municipio de Sincelejo y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 42687 a 42695, todos
de 18 de abril de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre

El titular del despacho ponente de la decisión objetada rindió informe en el que
solicitó denegar las pretensiones de la acción, por cuanto, sostuvo, aquella se
sustentó en la interpretación que de forma autónoma e independiente se le dieron
a las fuentes formales del derecho, en especial las que regulan la competencia de
los jueces de segunda instancia con ocasión de la interposición de recurso de
apelación y lo relativo a la declaratoria de inepta demanda, los que se ciñeron a
los reparos que de manera explícita expuso y sustentó la parte demandante en el
recurso de apelación formulado contra el auto objeto de recurso de apelación.

Refirió que el análisis del tribunal encontró que lo procedente en el proceso
ordinario no era la declaratoria de la excepción de caducidad sino la ineptitud de la
demanda, en tanto el acto administrativo enjuiciado no era susceptible del control
judicial, en consecuencia, declaró, que el estudio la decisión del a quo se ajustó al
marco legal vigente y aplicable.

1
La notificación fue enviada a los correos electrónicos elpincher8@hotmail.com,
sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co ,
adm02sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, contactenos@sincelejo.gov.co,
notificaciones_judiciales@sincelejo.gov.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
notjudicial@fiduprevisora.com.co tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co

4

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Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS

6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó negar las pretensiones de
la acción, por cuanto, indicó, la providencia de 3 de septiembre de 2018 tuvo sus
fundamentos en el análisis de la situación fáctica de la demandante y en las
normas aplicables al caso concreto del señor David Enrique Arciniegas González,
lo cual se dejó por sentado en las consideraciones que dieron lugar a la parte
resolutiva de la sentencia que rechazó la demanda.

Agregó que el Tribunal Administrativo de Sucre, en uso de su autonomía judicial,
resolvió declarar prospera la excepción de inepta demanda, siendo lo procedente
obedecer y cumplir lo resuelto por su superior funcional.

6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El apoderado de la cartera rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa a su favor, por cuanto, sostuvo, el objeto de la tutela
guarda relación con decisiones judiciales que no tienen ningún vínculo con las
funciones del ministerio, ni sobre las que este tenga injerencia alguna.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa. De la legitimación en la causa por activa

Previo al estudio de fondo, en tanto se observa que la vulneración iusfundamental
se alega a partir de providencias proferidas en el marco de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que la actora no era parte, la Sala verificará la
legitimación en la causa por activa en la presente acción.

En el presente caso, como se anticipó, la accionante afirma acudir al presente
trámite constitucional como “sucesora procesal del señor David Arciniegas
González”. La Corte Constitucional2 ha indicado respecto de la figura de la
sucesión procesal, prevista en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y
68 del Código General del Proceso, lo siguiente:

“La figura de la sucesión procesal consiste en el reemplazo total de una
de las partes procesales, con el fin de alterar su integración por la inclusión
de un tercero en el lugar de aquella. La sucesión se surte por varias formas,
dependiendo de si se predica de personas naturales o jurídicas, o de si la

2
Sentencia T-374 de 2014, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
5

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sustitución se origina por acto entre vivos o por la muerte de una persona
natural o la extinción de una jurídica. Dicha institución jurídica está regulada
en el artículo 60 del C.P.C., el cual establece que:

“ARTICULO 60. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado
ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el
albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente
curador (…)”.

La Sala, de los argumentos y las pruebas allegadas por la accionante en la
solicitud, considera que, si bien en el caso que originó la controversia no existió
una sucesión procesal entre el demandante y la hoy accionante, su interés directo
y particular en el resultado del proceso judicial del que aduce la vulneración de sus
derechos fundamentales se deriva de su calidad de cónyuge supérstite, por lo que
la Sala encuentra que le asiste un interés legítimo, en tanto la decisión de declarar
de oficio la excepción de inepta demanda en el caso afecta, eventualmente, los
bienes sobre los que tiene vocación hereditaria.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si los autos de 22 de septiembre de 2021 y
10 de noviembre de 2020, mediante los cuales el Tribunal Administrativo de Sucre
y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo declararon de
oficio la excepción de inepta demanda porque el acto administrativo demandado
no era susceptible de control judicial y la caducidad de la acción, en su orden, en
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el
señor David Enrique Arciniegas González promovió contra el Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Fiduprevisora y el municipio de Sincelejo, vulneran los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, en
tanto “colocaron pretensiones diferentes, pues en ningún momento se está
solicitando reliquidación pensional, por el contrario, se está solicitando el reintegro
de unos recursos que fueron retenidos de forma ilegal por parte del municipio de
Sincelejo”.

De manera previa, la Sala verificará el cumplimiento del requisito general de la
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la accionante no alega la
configuración de alguno de los defectos desarrollados jurisprudencialmente para
acceder al estudio de fondo de la tutela contra providencias judiciales.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones3.

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6

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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7

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iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
accionante porque no cumple con la carga mínima argumentativa que permita
estudiar la eventual configuración de un defecto en la providencia objetada,
necesario para el estudio de fondo de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales.

En efecto, aun cuando en el presente caso la actora indicó que los autos de 22 de
septiembre de 2021 y 10 de noviembre de 2020, mediante los cuales las
autoridades judiciales accionadas declararon de oficio la excepción de inepta
demanda porque el acto administrativo demandado no era susceptible de control
judicial y la caducidad de la acción, en su orden, vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
tanto, adujo, “colocan pretensiones totalmente diferentes e incurren en vía de
hecho en el sentido que en ningún momento se está solicitando reliquidación
pensional, por el contrario, se está solicitando el reintegro de unos recursos que
fueron retenidos de forma ilegal por parte del municipio de Sincelejo”, aquella no
explicó de qué forma dichas providencias evidencian la vulneración de derechos
que alega, ni desarrolló argumentos encaminados a inferir un posible defecto en
estas, lo que no hace posible efectuar un juicio de contraste para determinar si las
decisiones objetadas se ajustan o no a la Constitución Política.

Por regla general la acción de tutela no exige una amplia argumentación para su
interposición, pero cuando se cuestionan providencias judiciales es necesario
contar con algunos elementos de juicio mínimos para habilitar un estudio de fondo,
8

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lo que se echa de menos en esta oportunidad, pues un estudio oficioso del juez
constitucional comprometería los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial. Esto, por cuanto la parte actora se limitó a afirmar que las autoridades
judiciales accionadas interpretaron erróneamente el problema jurídico planteado
en la demanda que originó la controversia, sin exponer una línea argumentativa
que permitiera estudiar un eventual defecto a partir de esa aseveración, o verificar
por qué lo decidido se hallaba en contra del ordenamiento constitucional.

Nótese que aun cuando el eventual estudio de fondo debería recaer sobre la
providencia de segunda instancia que declaró de oficio la excepción de inepta
demanda porque el acto administrativo demandado no era susceptible de control
judicial, la demandante se limitó a exponer consideraciones genéricas sobre los
derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados, sin presentar alguna
razón concreta que esté encaminada a reprochar en clave constitucional la razón
de la decisión sobre la que se cimentó esa decisión.

En relación con alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la solicitud
debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz e los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, pues “a
pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”7

Es decir, en el caso la actora no argumentó de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional de la solicitud respecto de la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales, sobre lo cual la Sala reitera que no basta con aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedencia, sino que es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales, lo que no se verifica en el caso concreto, lo que
permite concluir que el requisito de la relevancia constitucional no se encuentra
cumplido.

Por lo demás, aun cuando la accionante alega que la autoridad judicial accionada
interpretó erróneamente el problema jurídico planteado en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, de la lectura de la providencia objeto de tutela se
observa que ello no ocurrió, pues si bien la actora considera que la problemática
planteada no involucraba el análisis de la Resolución Nº 0167 de 13 de abril de
2016, mediante la que se ordenó la reliquidación de la mesada pensional de su
difunto esposo, sino únicamente la legalidad de los descuentos efectuados al
momento de su pago efectivo, lo cierto es que el tribunal demandado consideró
que dichos descuentos habían sido ordenados en la mencionada resolución, por lo
que era ese el acto administrativo susceptible de impugnación por vía judicial.

7
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Demandante: SORLINA ISABEL MONTES DE ARCINIEGAS

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela porque se desatendió el requisito de la relevancia constitucional, en tanto la
solicitud no cumple con una carga argumentativa mínima.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Sorlina Isabel Montes de Arciniegas contra el Tribunal Administrativo de
Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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