Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02061-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02061-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02061-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide1 la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 3 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que negó las pretensiones de la tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 27 de abril de 2022, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, porque consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la
administración de justicia, «al ambiente sano y aprovechamiento de los recursos
naturales» y a la salud. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción literal):
1. Se TUTELE los derechos constitucionales consagrados en los 8,29,79,80 y
Artículo 229.
2. Se DISPONGA que en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas
(48) contados a partir de la notificación de la tutela, la demandada resuelva
sobre las peticiones elevadas por mi representado ante la accionada.
3. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA emitir informe en
el cual se exponga el número de servidores públicos que imparten justicia en
este caso JUECES que tengan conocimientos y preparación educativa en
temas ambientales, ciencias naturales o derecho ambiental en todo el territorio
colombiano.
4. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA emitir informe en
el cual se exponga el número de PORCESOS JUDICIALES vigentes y con
1 Se advierte que, el 1º de septiembre de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
sentencia en primera INSTANCIA, correspondientes a LITIGIOS DE INDOLE
AMBIENTAL y se adicione que juez le da o le dio manejo a los mismos y que
FORMACION tenía o tiene en temas de índole ambiental en los últimos 10
años.
5. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA emitir informe en
el cual se exponga si en los siguientes procesos correspondientes a
ACCIONES POPULARES Y NULIDAD, los servidores públicos que imparten
justicia en este caso JUECES poseen formación encaminada a temas
AMBIENTALES para el manejo de los mismos 11001334205020210034300
JUZGADO 50 ADMINISTRATIVO SEC SEGUNDA ORAL BOGOTA
11001334204920210017100 JUZGADO 49 ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
11001334205320210028600 JUZGADO CINCUENTA Y TRES (53)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA
11001334205420200031600 JUZGADO 54 ADMINISTRATIVO - SECCION
SEGUNDA 11001333502220170035600 JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO -
ORAL SEC SEGUNDA 11001333603620220008500 JUZGADO 36
ADMINISTRATIVO SEC TERCERA ORAL BOGOTA
11001334306320190033700 JUZGADO 63 ADMINISTRATIVO SEC
TERCERA ORAL BOGOTA NULIDAD SIMPLE
11001333400420220003100 JUZGADO 04 ADMINISTRATIVO - ORAL SEC
PRIMERA Y JUZGADO 02 ADMINISTRATIVO POR ACUMULACION …
7. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA por medio de
ACTO ADMINISTRATIVO, el CONGELAMIENTO DE TERMINOS en todo
proceso judicial en el que este INMERSO TEMAS AMBIENTALES y que se
determine que el servidor público en este caso el JUEZ no posea
COMPETENCIAS, CAPACITACION O FORMACION relacionada con temas
AMBIENTALES y se DECRETE MEDIDAS CAUTELARES provisionales
mientras se designa un servidor público competente que garantice el acceso a
la JUSTICIA.
8. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA hacer sustitución
INMEDIATA de servidores públicos en este caso JUECES, que en este
momento no posean las COMPETENCIAS, CAPACITACION O FORMACION
relacionada con temas AMBIENTALES y que estén llevando procesos de
INDOLE AMBIENTAL o que afecte los recursos naturales en Colombia.
Asimismo, como medida cautelar solicitóꓽ
Se DECRETE medida PROVICIONAL y CAUTELAR a todo ACTO
ADMINISTRATIVO que de POTESTAD a SERVIDOR PUBLICO en este caso
JUECES que lleven PROCESOS JUDICIALES de índole AMBIENTAL sin tener
COMPETENCIAS, CAPACITACION O FORMACION relacionada con temas
AMBIENTALES, atendiendo la JURISPRUDENCIA dispuesta por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en Auto del 15
de diciembre de 2016, consejero ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas. Radicado 11001-03- 27- 000-2016-00034-00(22518) …
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón radicó petición ante el Ministerio de Justicia
y del Derecho con el fin de que se resolviera el siguiente cuestionarioꓽ
1. Actualmente en el caso de las demandas ADMINISTRATIVAS, acciones
populares de índole Ambiental, como se garantiza el acceso a la justicia, la
transparencia judicial, el debido proceso, si los JUECES carecen de estudios
desde el punto de vista Ambiental, ciencias naturales o de biología, entre otros
temas demandas de nulidad, ¿entre otras de índole constitucional?
2. Actualmente en el caso de las demandas ADMINISTRATIVAS, acciones
populares de índole Ambiental, no se pueden asignar JUECES con
especialización en derecho ambiental o jueces con soporte técnico y jurídico
especializado en temas ambientales, para garantizar el acceso a la justicia
transparencia judicial, el debido proceso en demandas de nulidad, ¿entre otras
de índole constitucional?
3. Existen Peritos de índole ambiental que apoyan las decisiones judiciales
efectuadas por los jueces administrativos en el caso de las acciones populares
de índole ambiental o demandas de nulidad, entre otras de índole
constitucional?
La petición fue remitida por competencia al Consejo Superior de la Judicatura, el
que, mediante oficio PCSJO22-179 del 4 de abril de 2022, y en criterio del actor,
emitió respuesta insuficiente, ya que no brinda garantías procesales y de acceso a
la administración de justicia en materia ambiental y transgrede lo dispuesto en los
artículos: 8, 79, 80 y 229 de la Constitución.
En este sentido, afirmó que los jueces administrativos carecen de conocimiento en
materia ambiental y adelantan los procesos judiciales sin tener conciencia,
experiencia y criterio, para lo cual se apoya en decisiones adoptadas por varios
Juzgados Administrativos de Bogotá.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 20 de abril de 2022, el magistrado sustanciador de la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y
ordenó que aquel se notificara al Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, se
ordenó vincular como terceros con interés «a los Jueces Segundo, Cuarto,
Veintidós, Treinta y Seis, Cuarenta y Nueve, Cincuenta, Cincuenta y Tres,
Cincuenta y Cuatro, y Sesenta y Tres Administrativos de Bogotá». En esa misma
providencia se negó la medida cautelar solicitada.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.2. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la magistrada auxiliar de la
presidencia, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, pues dio
respuesta a la petición del accionante con oficio PCSJO22-179 del 4 de abril de
2022.
Sostuvo que la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, por cuanto el
solicitante cuenta con los mecanismos ordinarios previstos en los códigos
procesales para controvertir las decisiones adoptadas por los distintos juzgados
administrativos y plantear las irregularidades ante los jueces de conocimiento.
2.3. El titular del Juzgado 49 Administrativo de Bogotá se opuso a las pretensiones
de la tutela. Informó que en ese despacho judicial cursa el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
11001334204920210017100 y que este se ha adelantado con celeridad, eficacia,
publicidad y transparencia, conforme a la Constitución y la ley.
2.4. La titular del Juzgado 63 Administrativo de Bogotá rindió un informe detallado
de la acción popular 11001-33-43-063-2019-00337-00 y concluyó que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, puesto que las decisiones
se adoptaron con fundamento en las pruebas aportadas al expediente y atendiendo
la normatividad y las disposiciones jurisprudenciales que rigen a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
Advirtió que, con ocasión de la acción popular que conoce, el solicitante ha
formulado otras acciones constitucionales, una solicitud de vigilancia judicial y una
queja disciplinaria, que fueron desestimadas. Aportó copia digital del expediente de
la acción popular.
3. Fallo Impugnado
La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante providencia
del 3 de junio de 2022, negó las pretensiones de la tutela al no acreditarse la
vulneración de los derechos fundamentales del actor.
Sostuvo que, con oficio PCSJO22-179 del 4 de abril de 2022, el Consejo Superior
de la Judicatura dio respuesta de fondo a la petición elevada por el señor Ericsson
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Ernesto Mena Garzón, toda vez que informó sobre el Plan de Formación de la Rama
Judicial, sobre las jornadas de capacitación en derecho ambiental; asimismo, le
precisó que la designación de los jueces de la República se somete al sistema de
carrera y que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se busca la
excelencia en la actividad judicial.
Frente a la solicitud de «congelamiento de términos y el reemplazo de los jueces
que conocieran asuntos ambientales sin haber acreditado su formación», consideró
que la tutela se torna improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Señaló que el actor no probó que formuló petición, solicitud, denuncia o queja
relacionada con los hechos indicados en la tutela ante las autoridades judiciales
vinculadas, ni que estas fueran renuentes en atender sus requerimientos.
4. Impugnación
En la impugnación, la parte actora argumentó que el Consejo Superior de la
Judicatura no ha podido garantizar en sus respuestas, que no existen garantías
procesales y sobre todo de acceso a la administración de justicia por parte de los
jueces de la república de Colombia en materia medio ambiental.
Insistió en que las autoridades judiciales no cuentan con la formación y experiencia
profesional en materia ambiental, por lo que, a su juicio, se siguen vulnerando «los
derechos fundamentales establecidos en los artículos: 8, 79, 80, 229 de la
Constitución».
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido el 3 de junio de 2022 por
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, que negó el amparo
solicitado.
3. Análisis de la sala
En el caso bajo estudio, la parte actora sostiene que el Consejo Superior de la
Judicatura transgredió los derechos de petición, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, «al ambiente sano y aprovechamiento de los recursos
naturales», a la salud y a la vida, dado que los procesos judiciales que se adelantan
en materia ambiental son conocidos por jueces que no cuentan con la formación y
experiencia profesional necesarias.
Descendiendo al caso concreto, se observa que el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón presentó una petición ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, la cual
fue remitida por competencia al Consejo Superior de la Judicatura, en la que solicitó
i) que se informara cómo se garantizan el acceso a la justicia, la transparencia
judicial y el debido proceso en materia ambiental; ii) si se pueden asignar jueces
con especialización en derecho ambiental o jueces con soporte técnico y jurídico
especializado en temas ambientales; y iii) si existen peritos de índole ambiental que
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
apoyen las decisiones judiciales efectuadas por los jueces administrativos en los
distintos medios de control.
Con oficio PCSJO22-179 del 4 de abril de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura
dio respuesta a los interrogantes planteados por el actor, en los siguientes términosꓽ
1. Actualmente en el caso de las demandas ADMINISTRATIVAS, acciones
populares de índole Ambiental, como se garantiza el acceso a la justicia, la
transparencia judicial, el debido proceso, si los JUECES carecen de estudios
desde el punto de vista Ambiental, ciencias naturales o de biología, entre otros
temas demandas de nulidad, ¿entre otras de índole constitucional?
En el marco del Plan de Formación de la Rama Judicial 2021, se incluyó en el
Subprograma de Formación en Derecho Contencioso Administrativo, el diseño
y estructuración de un Curso Virtual en Derecho Ambiental y Control a la
Deforestación de 70 horas, que se encuentra en proceso de virtualización con
el aliado estratégico.
Adicionalmente, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, Unidad del Consejo
Superior de la Judicatura, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la propagación de la pandemia de la Covid-19, encauzó sus esfuerzos para
brindar formación y capacitación mediante la utilización intensiva de medios
digitales, realizando conferencias virtuales que una vez finalizan se someten a
un proceso de edición y aprobación, y posteriormente son alojadas en el canal
oficial de la Escuela Judicial, para consulta permanente de los interesados.
En materia de Derecho ambiental, la Escuela Judicial ha realizado desde el año
2020 los siguientes ciclos de capacitación virtual: …
A su vez, en ejecución de los Convenios de Cooperación que ha suscrito el
Consejo Superior de la Judicatura, se han realizado las siguientes actividades
académicas relacionadas con la temática de Derecho Ambiental: …
2. Actualmente en el caso de las demandas ADMINISTRATIVAS, acciones
populares de índole Ambiental, no se pueden asignar JUECES con
especialización en derecho ambiental o jueces con soporte técnico y jurídico
especializado en temas ambientales, para garantizar el acceso a la justicia
transparencia judicial, el debido proceso en demandas de nulidad, ¿entre otras
de índole constitucional?
La designación de los Jueces de la República en Colombia se encuentra
sometida al sistema técnico de administración de personal establecido en el
artículo 125 de la Constitución Política, denominado carrera administrativa, el
cual tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública.
La finalidad de la carrera es que el Estado pueda contar con servidores cuya
experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores
índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas
responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según
el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
excelencia en la administración pública De ahí, que dicha potestad de
asignación no recae sobre esta Corporación, sin embargo, como se dijo
párrafos arriba, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, Unidad del Consejo
Superior de la Judicatura, en procura de garantizar la excelencia de las
decisiones adoptadas por los jueces de la república, fomenta el desarrollo de
diferentes actividades académicas que enriquece el conocimiento de los
funcionarios judiciales.
3. Existen Peritos de índole ambiental que apoyan las decisiones judiciales
efectuadas por los jueces administrativos en el caso de las acciones populares
de índole ambiental o demandas de nulidad, entre otras de índole
constitucional?
Si, el Acuerdo PCSJA21-11854 del 23 de septiembre de 2021, establece el
procedimiento para la elaboración de la lista de peritos de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mismos que de conformidad con el citado Acto
Administrativo, será un oficio público ocasional, que deberá ser desempeñado
por personas idóneas, imparciales de conducta intachable y excelente
reputación.
Así mismo, el Acuerdo PCSJA21-11862 adicionó el artículo 25 del Acuerdo
PCSJA21-11854 y catalogó por área de conocimiento los respectivos auxiliares
de la justicia, en donde no es ajena la de ambiental.
Para la parte actora, la citada respuesta «no otorga garantías procesales y sobre
todo de acceso a la administración de justicia por parte de los jueces de la república
en Colombia en materia medio ambiental , dado que los mismos no cuentan con la
formación profesional en materia ambiental y mucho menos cuentan con la
experiencia en la misma, lo que a todas luces se constituiría una vulneración a los
derechos constitucionales como los que contemplados en los artículos: 8, 79, 80,
229 de la C.P.C.».
Pues bien, lo primero que debe advertir la Sala en relación con la supuesta
vulneración del derecho fundamental de petición del señor Mena Garzón es que, en
efecto, como quedó acreditado en el expediente, mediante oficio PCSJO22-179 del
4 de abril de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura sí contestó de manera clara,
precisa, congruente y de fondo la solicitud por él presentada.
Es así que el Consejo Superior de la Judicatura informó a la parte actora que tal
Corporación garantiza el acceso a la justicia, la transparencia judicial y el debido
proceso en materia ambiental con capacitaciones que se brindan a través de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y que incluso celebra convenios de
cooperación para ese fin. Asimismo, frente a la posibilidad de asignar jueces con
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
especialización en derecho ambiental o jueces con soporte técnico y jurídico
especializado en temas ambientales, precisó que estos deben ser designados por
méritos bajo el sistema de carrera judicial, conforme con lo previsto en el artículo
125 de la Constitución, y finalmente informó los acuerdos que establecen el
procedimiento para la elaboración de la lista de peritos de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Conviene precisar que una de las características del derecho fundamental de
petición es que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado. Así lo ha
expuesto la jurisprudencia constitucional, al señalar que «el derecho de petición
no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se
vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la
cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde
oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa»2.
Bajo este contexto, la Sala no evidencia transgresión al derecho de petición de la
accionante, toda vez que su solicitud fue resuelta de manera clara, oportuna,
congruente y de fondo.
De otra parte, frente a la vulneración de los derechos al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, al ambiente sano y aprovechamiento de los recursos
naturales, a la vida y a la salud, se advierte que el actor parte de afirmaciones
subjetivas sin referir de manera concreta la amenaza o afectación individual.
Conviene precisar que, aunque la parte actora sostuvo que estos derechos
fundamentales se ven transgredidos, dado que los jueces administrativos no
cuentan con formación y experiencia profesional en materia ambiental, lo cierto es
que, por regla general, la provisión de empleos públicos se efectúa a través del
sistema de carrera, lo cual busca la preservación y vigencia de los derechos de las
personas de acceder a los cargos, previo cumplimiento de los méritos y requisitos
exigidos en igualdad de condiciones y oportunidades.
De ahí que la designación de los jueces de la República, que está sujeta a las
regulaciones del ordenamiento jurídico vigente en la materia y a las exigencias para
optar por dichos cargos, no puede ser modificada por una orden de tutela.
2 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2012.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En efecto, sería una concepción contraria al Estado Social de Derecho y de la
Administración de Justicia permitir que los requisitos para ser jueces sean
determinados a través de este mecanismo constitucional o en virtud de un derecho
de petición.
Ahora, si lo pretendido por el actor es reprochar las decisiones adoptadas dentro de
los procesos judiciales a los que alude en el escrito de tutela, porque, a su juicio, los
jueces «no tienen conocimiento en materia ambiental», este debe acudir a los
mecanismos o recursos previstos en los respectivos medios de control para ventilar
sus inconformidades.
Finalmente, la Sala considera que la tutela tampoco resulta procedente para ordenar
al Consejo Superior de la Judicatura que:
[E]xponga el número de servidores públicos que imparten justicia en este
caso JUECES que tengan conocimientos y preparación educativa en
temas ambientales, ciencias naturales o derecho ambiental en todo el
territorio colombiano, exponga el número de PORCESOS JUDICIALES
vigentes y con sentencia en primera INSTANCIA, correspondientes a
LITIGIOS DE INDOLE AMBIENTAL y se adicione que juez le da o le dio
manejo a los mismos y que FORMACION tenía o tiene en temas de
índole ambiental en los últimos 10 años, emitir informe en el cual se
exponga si en los siguientes procesos correspondientes a ACCIONES
POPULARES Y NULIDAD, los servidores públicos que imparten justicia
en este caso JUECES poseen formación encaminada a temas
AMBIENTALES para el manejo de los mismos, se ordene el
CONGELAMIENTO DE TERMINOS en todo proceso judicial en el que
este INMERSO TEMAS AMBIENTALES y que se determine que el
servidor público en este caso el JUEZ no posea COMPETENCIAS,
CAPACITACION O FORMACION relacionada con temas
AMBIENTALES y se DECRETE MEDIDAS CAUTELARES provisionales
mientras se designa un servidor público competente que garantice el
acceso a la JUSTICIA y hacer sustitución INMEDIATA de servidores
públicos en este caso JUECES, que en este momento no posean las
COMPETENCIAS, CAPACITACION O FORMACION relacionada con
temas AMBIENTALES y que estén llevando procesos de INDOLE
AMBIENTAL o que afecte los recursos naturales en Colombia.
Tal negativa obedece a que, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el
interesado, debe por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su
disposición y, en este caso, el señor Mena Garzón ni siquiera demostró que hubiera
formulado ante la demandada tales peticiones o que la entidad hubiera sido
renuente en contestarlas.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02061-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Bajo este contexto, la Sala concluye que la autoridad demandada no vulneró los
derechos fundamentales del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón. De manera que
la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, bajo las consideraciones
señaladas en precedencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 3 de junio de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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