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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02065-00

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02065-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por los apoderados de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Alcides Antonio Ustate Ramírez, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02065-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de junio de 2022

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Demandante: Alcides Antonio Ustate Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02065-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-02065-00
Demandante: ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y
OTROS

Temas: Tutela contra actos administrativos de trámite. Tutela
contra providencias dictas en el trámite de procesos de la
misma naturaleza.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por el señor Alcides Antonio
Ustate Ramírez en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 5 de abril de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Alcides Antonio Ustate
Ramírez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de La Guajira, el Ministerio del Interior, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría
de Gobierno del municipio de Barrancas, la Personería Municipal de
Barrancas y la Empresa Cerrejón, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, “a la autonomía, a los derechos colectivos, derechos propios”, así
como los principios de buena fe, confianza legítima y legalidad.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión del Auto 001
del 10 de noviembre de 2021, a través del cual el secretario de Gobierno de
Barrancas, La Guajira, suspendió los efectos del Acta 008 del 15 de
diciembre de 2020, en la que se había dispuesto su elección como
representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
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Demandante: Alcides Antonio Ustate Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02065-00

Roche.

De igual manera, por el auto del 13 de diciembre de 2021, proferido por el
Tribunal Administrativo de La Guajira dentro del proceso de tutela 44001-23-
33-003-2016-00058-00, en el que la autoridad judicial solicitó una
información a la Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche, a la Empresa Cerrejón y a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior, dentro del trámite de verificación de
cumplimiento de la sentencia del 7 de abril de 2016, pero adicionalmente
tuvo como representante legal de dicha comunidad al señor Yoe Jeferson
Arregoces Ustate y no al accionante, a pesar de haber sido elegido para el
período 2021-2023.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

“1- Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
autonomía, derechos colectivos, liberta (sic) de participación,
precedente constitucional, principio de buena fe, principio de confianza
legítima, principio de legalidad y derechos de acceso a la
administración de justicia de ALCIDE (sic) ANTONIO USTATE
RAMÍREZ y de la Comunidad Étnica Afrodescendientes de Roche
Municipio de Barrancas La Guajira. Vulnerados por el Tribunal
Contencioso Administrativo de La Guajira, Procuraduría General de la
Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Ministerio del Interior,
Secretario de Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Barrancas La
Guajira, Personera del Municipio de Barrancas La Guajira y la
Empresa Carbones del Cerrejón Limited, donde sus actuaciones
irregulares, omisiones están ocasionando perjuicios irremediables y
vías de hechos contra ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ y
contra la Comunidad Étnica de Roche.

2- Ordenar dejar sin efectos jurídicos el acto administrativo de trámite
Auto No. 001 de Fecha 10 de noviembre de 2021, expedido por el
Secretario de Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Barrancas La
Guajira, por violar los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, liberta (sic) de
participación y autonomía, del señor ALCIDES ANTONIO USTATE
RAMÍREZ y de la Comunidad Afrodescendientes de Roche Municipio
de Barrancas La Guajira, ocasionándoles perjuicios irremediables,
vías de hechos y por extralimitarse en sus funciones el Secretario de
Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Barrancas La Guajira.

3- Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira,
reconocer al señor ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ, en el
cargo de representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche Municipio de Barrancas La Guajira, por ser elegido
y posesionado legalmente.

4- Ordenar al Ministerio del Interior, Procuraduría General de la
Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Personera del Municipio de
Barrancas La Guajira y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited,
reconocer al señor ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ en el

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cargo de representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche Municipio de Barrancas La Guajira.

5- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
General del Pueblo vigilar, proteger y garantizar los derechos
humanos y fundamentales del señor ALCIDES ANTONIO USTATE
RAMÍREZ, porque están siendo vulnerados.”

2. Hechos

La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Mencionó que pertenece a la Comunidad Étnica Afrodescendientes de
Roche, del municipio de Barrancas, La Guajira.

Indicó que el 28 de octubre de 2020, la Asamblea General Extraordinaria de
dicha comunidad expidió el Acta de Convocatoria No. 007 para las
elecciones de los miembros del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío
de Roche, para el período 2021 – 2023.

Señaló que mediante Acta No. 008 el 15 de diciembre de 2020, dicha
asamblea declaró elegidos como miembros del consejo a las siguientes
personas: (i) Alcides Antonio Ustate Ramírez como representante legal, (ii)
Eneris Molina Ramírez como vicepresidente, (iii) María Elena Ramírez Díaz
como tesorera, (iv) Josefa Martina Ditta Ramírez como fiscal, (v) Carmen
Beatriz Ramírez Iguarán como secretaria, (vi) Melvia Ramírez Arregoces
como vocal 1 y (vii) Odalis Yaneth Ramírez Arregoces como vocal 2.

Precisó que el alcalde de Barrancas, La Guajira, no realizó el registro de su
nombramiento en los libros que reposan en el ente territorial, por lo que debió
acudir a una acción de tutela para que se procediera en ese sentido.

Informó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través
de sentencia de segunda instancia del 11 de octubre de 2021, dentro del
proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-02329-01, amparó
sus derechos fundamentales a la autonomía y la libertad de participación y,
en consecuencia, ordenó a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira,
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha providencia,
iniciara los trámites pertinentes frente a las solicitudes de registro del Acta
No. 008 del 15 de diciembre de 2020 y de su impugnación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1745 de 1995.

Refirió que el 9 de noviembre de 2021, el secretario de gobierno de
Barrancas registró el acta de elección en el Libro de Comunidades Negras y
el 10 de noviembre siguiente expidió constancia de la inscripción del consejo
comunitario, en el que constaban los nombres y cargos de sus nuevos
miembros.

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Expuso que el referido funcionario, mediante Auto 001 del 10 de noviembre
de 2021, avocó conocimiento de la impugnación presentada por el señor Yoe
Jeferson Arregoces Ustate, anterior representante legal del consejo
comunitario, contra el Acta No. 008 del 15 de diciembre de 2020.

Relató que en dicho auto se expuso que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 y la Circular Externa OFI18-145-DCN-
2300 del 4 de enero de 2018, proferida por la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, la
impugnación debía tramitarse con efectos suspensivos.

Agregó que, con base en lo anterior, se suspendieron los efectos del Acta
No. 008 del 15 de diciembre de 2020 y se le otorgó la representación del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche a la anterior junta
directiva y, de forma específica, al señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate.

Por otra parte, sostuvo que en el año 2016 esa comunidad promovió una
acción de tutela contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la
Empresa Carbones del Cerrejón Limited., la cual fue tramitada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira bajo el radicado 44001-23-33-003-2016-00058-
00.

En ese proceso constitucional se discutía el hecho de que se le hubiera
concedido a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited una licencia para la
exploración y explotación de carbón en el territorio de esa comunidad
ancestral, sin que se hubiera efectuado el proceso de consulta previa
correspondiente.

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 7 de abril de
2016, amparó los derechos fundamentales del Consejo Comunitario
Ancestral del Caserío de Roche y ordenó a dicha empresa que instalara
mesas de trabajo y socialización con presencia activa de esa comunidad, con
el fin de solucionar la problemática presentada con el traslado de unos restos
mortales que se encontraban en el sitio donde se realizaría la explotación de
carbón.

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 9 de diciembre de
2016, adicionó la decisión anterior en el sentido de ordenarle a la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited que iniciara el proceso de consulta previa
ante la Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche.

El accionante informó que en la actualidad se adelanta por parte del Tribunal
Administrativo de La Guajira el trámite de verificación del cumplimiento de la
sentencia de segunda instancia, razón por la cual se han dictado una serie
de decisiones en aras de determinar si dicha empresa ha acatado las
órdenes impartidas por los jueces de tutela.

Mencionó que en ese proceso constitucional, la autoridad judicial profirió auto

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del 13 de diciembre de 2021, en el que solicitó una información a la Junta
Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, a la
Empresa Cerrejón y a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, pero adicionalmente tuvo como representante legal de dicha
comunidad al señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate, miembro de la anterior
junta directiva, pese a que ya se habían escogido nuevos dignatarios.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, a través del Auto 001 del 10 de noviembre de 2021,
expedido por el secretario de gobierno de Barrancas, se desconocieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, “a la autonomía, a los derechos colectivos,
derechos propios”, así como los principios de buena fe, confianza legítima y
legalidad.

En su criterio, la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995, el artículo 79 de
la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1066 de 2015 y la Circular Externa OFI-18-
145-DCN-2300 del 4 de enero de 2018 del Ministerio del Interior, no otorgan
facultades a los secretarios de gobierno municipales para suspender de
manera definitiva la elección de los miembros de los consejos comunitarios.

Adujo que, en tal sentido, el secretario de gobierno de Barrancas carecía de
competencia para suspender los efectos jurídicos del Acta No. 008 del 15 de
diciembre de 2020, expedida por la Asamblea General Extraordinaria de la
Comunidad Étnica Afrodescendientes de Roche.

Añadió que ninguna de las normas citadas anteriormente establece que, ante
la suspensión de los miembros del consejo comunitario, éstos deban ser
remplazados por la anterior junta directiva.

En cuanto al auto del 13 de diciembre de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de La Guajira dentro del expediente de tutela 44001-23-33-
003-2016-00058-00, el accionante se limitó a alegar que allí se reconoció al
señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate como representante legal del consejo
comunitario, a pesar de que su período en el cargo había culminado el 31 de
diciembre de 2020.

Por lo anterior, consideró que se desconoció el precedente establecido por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-123 de 2018, T-576 de 2014 y T-
021, T-011, T-058, T-281, T-063, T-172, T-151, T-058 y T-312 de 2019,
relacionadas con la libertad de participación, autonomía y procesos de
consulta previa.

Además, que se incurrió en defecto fáctico por desconocimiento de las
pruebas que demuestran su elección como representante legal del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche.

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Finalmente, consideró que las decisiones cuestionadas desconocen la
sentencia del 11 de octubre de 2021, a través de la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, amparó sus derechos
fundamentales a la autonomía y la libertad de participación dentro del
proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-02329-01.

4. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 19 de abril de 2022, se inadmitió la solicitud de
amparo con el objeto de que precisara la naturaleza del proceso y el número
del expediente en el que se había proferido el auto del 13 de diciembre de
2021.

Una vez subsanado lo anterior, a través de auto del 11 de mayo de 2022 se
admitió la acción de tutela, se negó la medida cautelar solicitada y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de La
Guajira, al ministro del Interior, a la procuradora general de la Nación, al
defensor del Pueblo, al secretario de Gobierno del municipio de Barrancas, al
personero municipal de Barrancas y al representante legal de la Empresa
Cerrejón.

Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del
proceso a la junta directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche, al ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al director
de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes
intervenciones:

5.1. Empresa Carbones del Cerrejón Limited

Por conducto de apoderado, solicitó que se declare la falta de legitimación en
la causa por activa de la empresa, ya que las decisiones cuestionadas
corresponden a actuaciones en las que no intervino.

Aseguró que el accionante únicamente mencionó a esa sociedad de forma
genérica dentro de un listado de accionados, sin especificar en qué consistía
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que no es
posible efectuar un pronunciamiento sobre el particular.

Resaltó que mediante sentencia del 9 de diciembre de 2016, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de tutela 44001-
23-33-003-2016-00058-01, se ordenó a la empresa adelantar el proceso de
consulta previa en la Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche,
con el fin de incluir a los pobladores que vendieron sus derechos a Cerrejón
Limited en el año 1977.

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Destacó que en ese proceso se deben evaluar y definir las medidas a
adoptar para que los beneficios y compensaciones sean otorgadas a los
integrantes de la comunidad, en los términos establecidos en el fallo.

Advirtió que el proceso consultivo se encuentra actualmente en etapa de
análisis e identificación de impactos y formulación de acuerdos, a efectos de
definir el universo de beneficiarios de la orden de amparo, situación que se
ha dilatado por la complejidad del caso y por problemas en la titularidad de la
representación del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, ya
que sus miembros no se han puesto de acuerdo para concertar la lista final
de beneficiarios de las compensaciones, situación que no es atribuible a
Cerrejón Limited.

5.2. Ministerio del Interior

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior, debido
a que no intervino en la expedición del acto administrativo cuestionado.

Recordó que el actor cuestiona el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021,
con el cual el secretario de gobierno de Barrancas, La Guajira, suspendió los
efectos del Acta No. 008 del 15 de diciembre de 2020, en la que constaba su
elección como representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche.

Explicó que el Decreto 1745 de 1995, compilado en el Decreto 1066 de 2015,
únicamente confiere competencia al Ministerio del Interior, a través de la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras, para conocer en segunda instancia sobre las solicitudes de
impugnación de los actos de elección de consejos comunitarios, por lo que
solo hasta ese entonces podrá pronunciarse frente a la impugnación del Acta
No. 008 del 15 de diciembre de 2020.

En tal sentido, consideró que la entidad no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del accionante, por lo que las pretensiones de la acción
de tutela deben ser despachadas desfavorablemente.

5.3. Municipio de Barrancas, La Guajira

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Barrancas solicitó que
se declare la improcedencia de la acción, debido a que el actor cuenta con
un mecanismo judicial idóneo distinto a la tutela, como lo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, para controvertir el Auto 001 del 10 de
noviembre de 2021.

Refirió que la solicitud de amparo constitucional procede excepcionalmente
como mecanismo transitorio de protección, siempre y cuando se trate de
conjurar un posible perjuicio irremediable, situación que no se encuentra
demostrada dentro del presente asunto.

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5.4. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Por conducto de apoderado, pidió que se declare la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la entidad, ya que en el escrito de tutela no se hizo
referencia alguna a esa autoridad, sumado a que las pretensiones de la
acción no se dirigen en su contra.

Destacó que no se evidencia ninguna irregularidad relacionada con licencias
ambientales a cargo de la ANLA, sumado a que carece de competencia para
intervenir en conflictos internos de un consejo comunitario.

5.5. Tribunal Administrativo de La Guajira

La magistrada ponente del auto cuestionado negó haber vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Recalcó que todas las actuaciones judiciales adelantadas por el Tribunal se
han efectuado de manera diligente y con total apego a la Constitución y la
ley.

En aras de contextualizar la situación fáctica y jurídica que rodea el origen de
la controversia, efectuó las siguientes precisiones:

Indicó que el señor Roberto Ramírez, antiguo representante del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, presentó una acción de tutela
contra los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la igualdad, los
cuales consideró vulnerados por la reubicación de la comunidad
afrodescendiente sin que se hubieran otorgado las indemnizaciones y
compensaciones correspondientes.

Refirió que a través de sentencia del 7 de abril de 2016 concedió el amparo
solicitado al verificar que la Empresa Carbones del Cerrejón Limited había
incumplido los compromisos asumidos con la comunidad, razón por la cual
ordenó la realización de mesas de trabajo tendientes al cumplimiento de lo
pactado.

Agregó que el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 9 de
diciembre de 2016, adicionó la decisión de primera instancia en el sentido de
ordenar a esa empresa que iniciara el proceso de consulta previa ante la
Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche.

Mencionó que con el fin de adoptar medidas encaminadas a la
materialización de las órdenes dadas en las sentencias, se abrió actuación
de verificación de cumplimiento mediante auto del 29 de junio de 2018.

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Resaltó que en dicho procedimiento se han emitido una serie de providencias
que buscan el total acatamiento de los fallos de tutela, pero por razones no
atribuibles al Tribunal esto no ha sido posible.

Expresó que dentro de esos autos se encuentra el del 13 de diciembre de
2021, en el que se reconoció al señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate como
representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche, y que es cuestionado por el actor en el presente trámite
constitucional.

Advirtió que la disputa por la representación legal de dicho consejo no le
compete al Tribunal Administrativo de La Guajira, ya que esta atribución está
radicada en primera instancia a las alcaldías municipales y en segunda
instancia a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del
Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 2015.

Sostuvo que en virtud de la impugnación del Acta No. 008 del 15 de
diciembre de 2020, en la que constaba la elección del actor como su
representante legal, el secretario de gobierno de Barrancas suspendió sus
efectos mediante el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021 y, por ende, la
representación del consejo comunitario quedó en cabeza de la junta directiva
anterior, de la cual hacía parte el señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate.

Precisó que, en tal sentido, no se había desconocido la autonomía del
consejo comunitario, porque al momento de expedir el auto del 13 de
diciembre de 2021, el señor Arregoces Ustante fungía como su
representante legal.

5.6. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

La apoderada de la entidad solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, ya que las decisiones cuestionadas no fueron proferidas por
esa cartera.

Aclaró que el ministerio no tiene injerencia alguna en relación con dichos
actos porque no intervino en su intervención.

5.7. Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche

El señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate, en su condición de representante
legal encargado del consejo comunitario, advirtió que la asamblea nunca
tuvo conocimiento de alguna convocatoria para elegir la nueva junta
directiva.

Resaltó que para el 28 de octubre de 2020, fecha referida por el accionante
en su escrito de tutela, el municipio de Barrancas se encontraba bajo
estrictas medidas de confinamiento por la pandemia del Covid-19, así que no

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era posible convocar a una asamblea de 514 personas para adoptar esa
decisión.

Aseguró que nunca se enteraron de la designación de una nueva junta
directiva, decisión que debía adoptarse públicamente y en cumplimiento de
unos requisitos necesarios para su validez.

Mencionó que, por tal razón, impugnó el Acta No. 008 del 15 de diciembre de
2020, hecho que motivó la suspensión de sus efectos por parte del secretario
de gobierno de Barrancas a través del Auto 001 del 10 de noviembre de
2021.

Adujo que el registro de esa acta ante la Alcaldía Municipal de Barrancas se
dio en cumplimiento de la sentencia de tutela del 11 de octubre de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro
del proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-02329-01.

Manifestó que el actor considera que esa decisión fue incumplida al
suspender los efectos del Acta No. 008 del 15 de diciembre de 2020, pero
ese argumento ya fue resuelto en un incidente de desacato que promovió en
contra del municipio.

Precisó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante
providencia del 18 de febrero de 2022, proferido dentro del expediente
11001-03-15-000-2021-02329-02, ya definió que no hubo tal incumplimiento.

Alegó que el actor insiste en hacer incurrir en error a la administración de
justicia, lo cual deja en evidencia una clara actuación temeraria de su parte.

Por tal razón, solicitó declarar la improcedencia de la acción al no existir
prueba alguna de la vulneración alegada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción
de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Cuestión previa

Los apoderados de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, del Ministerio
del Interior, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, solicitaron ser
desvinculados del presente trámite constitucional por no tener relación

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alguna con la expedición de las decisiones proferidas por el secretario de
gobierno de Barrancas y el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Al respecto, si bien les asiste razón al afirmar que ninguno de ellos intervino
en la expedición de los autos cuestionados, lo cierto es que su vinculación es
necesaria en la medida en que todos ellos hacen parte del proceso de tutela
44001-23-33-003-2016-00058-00, en el que actualmente la autoridad judicial
en mención adelanta el trámite de verificación de cumplimiento de la
sentencia del 7 de abril de 2016.

Así las cosas, comoquiera que podrían verse afectados con la decisión que
se adopte en el presente asunto, no se accederá a sus solicitudes de
desvinculación.

3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte
actora, las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, “a
la autonomía, a los derechos colectivos, derechos propios”, así como los
principios de buena fe, confianza legítima y legalidad, con ocasión del Auto
001 del 10 de noviembre de 2021, proferido por el secretario de gobierno de
Barrancas, y del auto del 13 de diciembre de 2021, dictado por el Tribunal
Administrativo de La Guajira dentro del proceso de tutela 44001-23-33-003-
2016-00058-00.

En tales condiciones, comoquiera que la solicitud de amparo está dirigida en
contra de un acto proferido por la Secretaría de Gobierno de Barrancas y
contra una decisión dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, se
revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii)
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite;
(iii) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (iv) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva
y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará (v) el fondo del asunto.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de

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improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de
amparo se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten al menos
sumariamente.

5. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
trámite

La Corte Constitucional, mediante sentencia T-405 de 2018, la cual
constituye criterio auxiliar de interpretación para esta Sala, reiteró la regla
general de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
particulares ya que, en principio, pueden ser controlados por el juez
contencioso.

Al respecto, explicó que contra esos actos no procede la acción de tutela
debido a que el ordenamiento jurídico ha dispuesto de una serie de
instrumentos para controvertirlos, ya sea a través de las nulidades y los
recursos dentro de la actuación administrativa, o con los medios de control
ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

No obstante, resaltó la distinción entre los actos de carácter definitivo y los
de trámite, en aras de establecer una procedencia excepcional de la acción
de tutela en determinados casos específicos.

En efecto, señaló que los actos administrativos definitivos son aquellos que
deciden directa o indirectamente el fondo de un asunto o que hacen
imposible continuar con la actuación administrativa, por lo que su estudio a
través de la acción de tutela únicamente procedería cuando el medio de
defensa judicial no fuera idóneo ni eficaz, o cuando a pesar de la eficacia de
tal mecanismo, la demora en la definición de la controversia suponga un
perjuicio irremediable en contra del particular.

A su vez, destacó que los actos administrativos de trámite o preparatorio no
contienen una expresión concreta de la voluntad de la administración, sino
que únicamente preceden a la formación de una decisión. En estos casos,
debido a que por regla general no son susceptibles de recursos en el trámite
administrativo ni de acciones judiciales autónomas, la acción de tutela es
procedente de forma excepcional siempre que se cumplan una serie de
criterios especiales.

Tales requisitos fueron unificados por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-077 de 2018, en los siguientes términos:
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1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
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“Ahora bien, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser
analizada en cada caso concreto con el fin de determinar si salvaguarda
de manera eficaz los derechos fundamentales invocados. En particular,
tratándose de actos administrativos de trámite, la tutela es procedente
excepcionalmente para cuestionar su validez, siempre que concurran
los siguientes requisitos: (i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido, pero que el acto acusado
defina una situación especial y sustancial; (ii) que se proyecte en la
decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de
un derecho constitucional fundamental.” (Se resalta)

En el caso concreto, la parte actora cuestiona el Auto 001 del 10 de
noviembre de 2010, a través del cual el secretario de gobierno de Barrancas
suspendió los efectos del Acta 008 del 15 de diciembre de 2020, en la que se
había dispuesto su elección como representante legal del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche.

Según se tiene, en el auto cuestionado (i) se avocó conocimiento de la
solicitud de impugnación presentada por el señor Yoe Jeferson Arregoces
Ustate frente al acta en mención, (ii) se corrió traslado de dicha petición al
señor Alcides Antonio Ustate Ramírez y (iii) se precisó que el trámite de la
impugnación tenía efectos suspensivos, en atención a lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, es evidente que el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021 es
un acto de trámite o preparatorio, en la medida en que no contiene una
expresión concreta de la voluntad de la Administración, sino que se limita a
avocar conocimiento y a impulsar el trámite administrativo de forma previa a
dictar la decisión de fondo sobre el particular.

Por lo tanto, resulta necesario verificar si se cumplen los requisitos
enunciados por la Corte Constitucional para determinar la procedencia de la
acción de tutela en este específico punto.

En primer lugar, de las pruebas allegadas al expediente se concluye que la
actuación administrativa de la cual hace parte el acto cuestionado no ha
concluido, pero a través de este sí se definió una situación especial que fue
la suspensión de los efectos del Acta 008 del 15 de diciembre de 2015.

Esta decisión conllevó a que la elección de la nueva junta directiva del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche quedara
temporalmente sin efectos, lo que de paso generó que el accionante no
pudiera ejercer sus prerrogativas como representante legal.

En segunda medida, el acto cuestionado tiene la potencialidad de
proyectarse en la decisión final, ya que la impugnación del Acta No. 008 del
15 de diciembre de 2015 tiene por objeto dejar sin efectos la elección de la
nueva junta directiva por incumplimiento de los requisitos legales para su

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conformación, así que la suspensión temporal de sus efectos es un paso
previo a la resolución final de la controversia.

Finalmente, la decisión del secretario de gobierno puede eventualmente
constituir una amenaza de los derechos fundamentales de la parte actora, si
llegaran a comprobarse las presuntas irregularidades en la suspensión de la
elección de la nueva junta directiva del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche.

Por tal razón, es claro para la Sala que la presente acción de tutela sí
procede contra el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021, por lo que se
efectuará su estudio de fondo en el acápite correspondiente.

6. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de
dos mil doce (2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la
Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales3, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que
el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que
la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de
2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción
de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las
acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si
ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
!
2
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
4
Idem.
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En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
-procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado y iv) relevancia constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

7. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de
la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra
que la solicitud de amparo se dirige contra el auto del 13 de diciembre de
2021, proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira dentro del
proceso de tutela 44001-23-33-003-2016-00058-00.

A través de dicha decisión, la autoridad judicial solicitó una información a la
Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, a la
Empresa Cerrejón y a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, como parte del trámite de verificación de cumplimiento de la
!
5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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sentencia del 7 de abril de 2016, en la que se ordenó la conformación de
unas mesas de trabajo y la iniciación de un proceso de consulta previa.

Además de lo anterior, aunque solo se plasmó en las consideraciones de la
decisión y no en su parte resolutiva, el Tribunal Administrativo de La Guajira
advirtió que el representante legal actual del consejo comunitario era el señor
Yoe Jeferson Arregoces Ustate, al analizar los documentos allegados al
expediente en los que constaba la suspensión del Acta No. 008 del 15 de
diciembre de 2015.

Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones
realizadas en el trámite de un proceso de la misma naturaleza, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció los siguientes
lineamientos a tener en cuenta:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se
dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda
de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

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4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se
trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha
sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de
obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional. (Énfasis de la Sala)

En el caso concreto, la acción se dirige contra un auto proferido con
posterioridad a la sentencia, específicamente dentro del trámite de
verificación de su cumplimiento, circunstancia que no está contemplada
dentro de las causales anteriores.

No obstante, comoquiera que con la presente acción no se busca el
cumplimiento de la orden de amparo, sino la protección del derecho al debido
proceso del actor por no ser reconocido como representante legal del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, la Sala considera que
la solicitud de amparo es procedente pues no desconoce las reglas
planteadas por la Corte Constitucional sobre la procedencia de acciones de
tutela contra decisiones de la misma naturaleza.

Ahora bien, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6,
toda vez que la providencia cuestionada fue dictada el 13 de diciembre de
2021, mientras que la acción de tutela fue presentada el 5 de abril de 2022,
por lo que, sin necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal decisión, se
evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de amparo.

Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no
cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser
el mecanismo idóneo para controvertir el auto censurado, pues la situación
descrita no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico
para ello.

Por último, se advierte que el caso objeto de estudio es relevante desde el
punto de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a
la acción de tutela se puede colegir que la parte actora pretende poner de
presente las presuntas irregularidades en las que incurrió la autoridad judicial
cuestionada, en tanto involucra la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración

!
6
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce
el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales,
o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el
paso prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia
de la protección deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de
ser del referido principio es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice
como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que
debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma
se convierta en factor de inseguridad jurídica.
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de justicia, “a la autonomía, a los derechos colectivos, derechos propios”, así
como los principios de buena fe, confianza legítima y legalidad.

Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de
amparo, el cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada,
el respeto de la autonomía judicial7, la protección de derechos de terceros de
buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales8.

8. Estudio de fondo

El señor Alcides Antonio Ustate Ramírez, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, el
Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo, la Secretaría de Gobierno del municipio de Barrancas, la
Personería Municipal de Barrancas y la Empresa Cerrejón, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, “a la autonomía, a los derechos
colectivos, derechos propios”, así como los principios de buena fe, confianza
legítima y legalidad.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión del Auto 001
del 10 de noviembre de 2021, a través del cual el secretario de Gobierno de
Barrancas, La Guajira, suspendió los efectos del Acta 008 del 15 de
diciembre de 2020, en la que se había dispuesto su elección como
representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche.

De la revisión del expediente, se tiene que a través del Acta 008 del 15 de
diciembre de 2020, la Asamblea del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche determinó de forma unánime nombrar como miembros de
la Junta Directiva del consejo a: (i) Alcides Antonio Ustate Ramírez como
representante legal, (ii) Eneris Molina Ramírez como vicepresidente, (iii)
María Elena Ramírez Díaz como tesorera, (iv) Josefa Martina Ditta Ramírez
como fiscal, (v) Carmen Beatriz Ramírez Iguarán como secretaria, (vi) Melvia
Ramírez Arregoces como vocal 1 y (vii) Odalis Yaneth Ramírez Arregoces
como vocal 2.

Tal elección fue impugnada por el señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate,
mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2021 ante la Alcaldía
Municipal de Barrancas, bajo el argumento de que la conformación de la
nueva junta directiva del consejo comunitario no se realizó cumpliendo los
requisitos legales para el efecto.

Ahora bien, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante
sentencia proferida el 11 de octubre de 2021 dentro del proceso de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2021-02329-01, estableció que el ente territorial
!
7
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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no le había impartido ningún trámite ni al acta ni a su impugnación, por lo que
ordenó adelantar las gestiones pertinentes para su registro, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1745 de 1995.

En cumplimiento de lo anterior, el secretario de gobierno expidió constancia
del 10 de noviembre de 2021, en el que certificó que el Acta No. 008 del 15
de diciembre de 2020 fue registrada en el folio 37 del libro 1 de Consejos
Comunitarios Negros Ancestrales del municipio de Barrancas, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 8 y 9 del Decreto 1745 de 1995.

Además, mediante Auto 001 del 10 de noviembre de 2021, avocó
conocimiento de la impugnación del acta, corrió traslado al señor Ustate
Ramírez para que se pronunciara al respecto y precisó que el trámite se
realizaría bajo el efecto suspensivo, en atención a lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior, bajo la aclaración de que la representación del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche quedaría en cabeza de la junta
directiva anterior.

El actor considera que la anterior decisión desconoce sus derechos
fundamentales, ya que no existe norma alguna que faculte a los secretarios
de gobierno municipales para suspender de manera definitiva la elección de
los miembros de los consejos comunitarios.

Para resolver, la Sala precisa que el trámite relacionado con el registro de las
actas de elección de la junta directiva de los consejos comunitarios, se
encuentra regulada en el artículo 9 del Decreto 1745 de 1995, así:

Artículo 9o. Elección. La elección de los miembros de la Junta del
Consejo Comunitario se hará́ por consenso. En caso de no darse, se
elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del
Consejo Comunitario. La elección se llevará a cabo en la primera
quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el
acta respectiva.

Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.

Parágrafo 1o. Las Actas de Elección de la Junta del Consejo
Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice
la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro
que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días.
Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de
representación legal.

La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y
alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de
Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

Parágrafo 2o. La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera
instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección

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de que trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas
dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección.

La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio
del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de
impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que
sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso
Administrativo competente.

Aunque la norma especial que rige el trámite anterior no realizó precisión
alguna en cuanto a los efectos en que se tramitaría la impugnación de las
actas de elección, el secretario de gobierno de Barrancas no se extralimitó
en sus funciones al suspender la ejecución del Acta No. 008 del 15 de
diciembre de 2020.

Concretamente, en el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021, el secretario
de gobierno invocó el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, norma del
procedimiento de carácter general que dispone que los recursos deben
tramitarse en el efecto suspensivo.

Por lo tanto, esta Sala no encuentra que se haya incurrido en irregularidad
alguna por parte del funcionario en mención, debido a que la suspensión del
Acta No. 001 del 10 de noviembre de 2021 es la consecuencia legal de la
impugnación que fue radicada en su contra por el señor Yoe Jeferson
Arregoces Ustate.

Por lo mismo, es totalmente lógico y procedente que ante la suspensión de
los efectos del acta con la cual se declaró la elección de una nueva junta
directiva, la representación del consejo comunitario haya quedado en los
miembros de la junta directiva anterior.

Se precisa que estos alegatos ya habían sido planteados por el actor en un
incidente de desacato que promovió por el presunto incumplimiento del fallo
de tutela del 11 de octubre de 2021, escenario en el cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante providencia del 18 de
febrero de 2022, estableció:

“Alcides Antonio Ustate Ramírez propuso incidente de desacato en
contra de la Alcaldía de Barrancas, porque, en su opinión, esa autoridad
no ha dado cumplimiento a la orden de tutela impartida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de
octubre de 2021. Al particular, el señor Ustate Ramírez reclama que las
órdenes contenidas en la parte resolutiva del Auto núm. 001 proferido
por la Alcaldía de Barrancas desconocen el mandato impuesto por la
autoridad judicial en mención.

La Alcaldía de Barrancas sostiene que el cumplimiento de la orden de
tutela contenida en el fallo del 11 de octubre de 2021 se encuentra
satisfecho, con el registro del Acta núm. 8 del 15 de diciembre de 2020
en el libro del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío Roche del

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Demandante: Alcides Antonio Ustate Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02065-00

municipio de Barrancas, y con el auto 001 proferido el 10 de noviembre
de 2021.

Como ya se mencionó, la orden de tutela impartida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el fallo del 11 de
octubre de 2021, consistía en que la Alcaldía de Barrancas surtiera el
trámite correspondiente al registro del Acta núm. 8 del 15 de diciembre
de 2020 expedida por la Asamblea General Extraordinaria de la
Comunidad de Roche; y a la impugnación que fuera presentada contra
aquella acta, para así pronunciarse sobre la oportunidad del recurso, su
competencia para resolverlo y las razones para tenerlo como
fundamentado o desestimarlo. Todo lo anterior, en los términos del
artículo 9° del Decreto 1745 de 1995.

(…)

De la lectura de las pruebas incorporadas al expediente se desprende
que la Alcaldía de Barrancas, en primer lugar, registró el Acta núm. 8
del 15 de diciembre de 2020 en el folio 37 del libro número 1 del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío Roche del municipio de
Barrancas. En segundo lugar, profirió el Auto núm. 001 el 10 de
noviembre de 2021, con el que: (i) avocó conocimiento de la solicitud de
impugnación promovida por Yoe Jeferson Aregoces Ustate contra la
referida acta; (ii) corrió traslado al señor Alcides Antonio Ustate
Ramírez; (iii) precisó que la impugnación se tramitaría con efectos
suspensivos, de acuerdo al artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, es decir,
que los efectos del Acta núm. 8 del 15 de diciembre de 2020 se
encuentran suspendidos; e (iv) indicó que contra esa decisión no
procedía recurso alguno, por tratarse de un auto de trámite.

A juicio de esta Sala, las actuaciones emprendidas por la Alcaldía de
Barrancas dan cuenta del cumplimiento del mandato dispuesto en el
fallo del 22 de octubre de 2021, en la medida en que ponen de presente
que el Acta núm. 8 del 15 de diciembre de 2020 ya quedó registrada y
que el trámite de primera instancia de la impugnación se puso en
marcha, de acuerdo a lo regulado en el artículo 9° del Decreto 1745 de
1995.

En cuanto a la falta de competencia para suspender los efectos del
Acta núm. 8 del 15 de diciembre de 2020, a través del auto que
avocó conocimiento de la impugnación formulada contra el acta,
huelga decir que es una decisión que trae consigo el trámite de la
impugnación, en la medida en que, tal y como lo indicó la Alcaldía
de Barrancas, el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los
recursos en sede administrativa se tramitarán en el efecto
suspensivo, como así ocurrió en el sub lite. Por tanto, no resulta
plausible predicar una extralimitación de atribuciones de la
autoridad, al suspender los efectos del acto durante el trámite de la
impugnación, si la norma justamente prevé aquella circunstancia.”9
(Se enfatiza)

!
9
Trámite incidental de desacato 11001-03-15-000-2021-02329-02, demandante: Alcides
Antonio Ustate Ramírez.
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Demandante: Alcides Antonio Ustate Ramírez
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Rad: 11001-03-15-000-2022-02065-00

Por otra parte, el actor alegó que la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de
1995, el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1066 de 2015 y la
Circular Externa OFI-18-145-DCN-2300 del 4 de enero de 2018 del Ministerio
del Interior no confieren ningún tipo de facultades a los secretarios de
gobierno para suspender la elección de los miembros de los consejos
comunitarios.

Al respecto, se precisa que aunque en dicha normativa no se plantea de
forma específica la facultad de suspensión de la designación de dignatarios
de los consejos comunitarios, lo cierto es que el artículo 79 de la Ley 1437 de
2011 sí establece como parte del procedimiento administrativo general que
los recursos deban ser tramitados en el efecto suspensivo.

En este caso, comoquiera que el acta a través de la cual se había
consignado la elección del accionante había sido impugnada por el señor
Yoe Jeferson Arregoces Ustate, anterior representante legal del consejo
comunitario, existía una previsión legal que imponía que el trámite de dicha
impugnación se realizara en el efecto suspensivo.

Así las cosas, es evidente que el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021, a
través del cual el secretario de gobierno de Barrancas avocó conocimiento
de la impugnación del Acta No. 008 del 15 de diciembre de 2020 y suspendió
sus efectos mientras se resuelve tal recurso, se encuentra ajustado a
derecho y no desconoció garantía alguna de la parte actora, por lo que se
negará el amparo solicitado frente a este punto.

Ahora bien, el actor también considera que se vulneraron sus derechos
fundamentales con el auto del 13 de diciembre de 2021, proferido por el
Tribunal Administrativo de La Guajira dentro del proceso de tutela 44001-23-
33-003-2016-00058-00.

A través de dicha decisión, la autoridad judicial solicitó una información a la
Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, a la
Empresa Cerrejón y a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, como parte del trámite de verificación de cumplimiento de la
sentencia del 7 de abril de 2016, en la que se ordenó la conformación de
unas mesas de trabajo y la iniciación de un proceso de consulta previa.

Además de lo anterior, aunque solo se plasmó en las consideraciones de la
decisión y no en su parte resolutiva, el Tribunal Administrativo de La Guajira
advirtió que el representante legal actual del consejo comunitario era el señor
Yoe Jeferson Arregoces Ustate, al analizar los documentos allegados al
expediente en los que constaba la suspensión del Acta No. 008 del 15 de
diciembre de 2015.

Frente a esta decisión, el accionante se limitó a alegar que se reconoció al
señor Arregoces Ustate como representante legal del consejo comunitario, a
pesar de que su período en el cargo había culminado el 31 de diciembre de
2020.

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En tal sentido, consideró que se desconoció el precedente establecido por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-123 de 2018, T-576 de 2014 y T-
021, T-011, T-058, T-281, T-063, T-172, T-151, T-058 y T-312 de 2019,
relacionadas con la libertad de participación, autonomía y procesos de
consulta previa.

Sobre el punto, esta Sala10 ha establecido que el precedente es aquella regla
creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción
correspondiente para solucionar un determinado conflicto, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que
dicha regla sea considerada como tal.

Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para
definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele
la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye la creación del derecho, al definir
directrices que permiten resolver la controversia bajo la primacía de la
Constitución.

Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de
un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la
decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con
la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el
fallador de instancia.

Para resolver, la Sala advierte que no abordará el estudio de las sentencias
T invocadas como desconocidas, en la medida en que únicamente son
criterio auxiliar de interpretación y no constituyen precedente, por cuanto no
son dictadas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional como lo
es la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Se precisa que el precedente se encuentra en las sentencias de unificación
proferidas las Altas Cortes, en las que aborden el estudio de
constitucionalidad de una norma (C) o las que sean proferidas por el órgano
de cierre en determinada materia y que creen reglas o subreglas de derecho.

Ahora bien, en lo relacionado con la sentencia SU-123 de 2018, si bien esta
decisión sí fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, lo cierto es que el accionante no indicó de forma clara cuál era
la ratio que, en su criterio, había sido desconocida por el Tribunal

!
10
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno
Rubio y la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-
201904312-00 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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Administrativo de La Guajira con la providencia del 13 de diciembre de 2021,
y mucho menos su incidencia en la decisión final que se deba adoptar en
esta sentencia.

En otras palabras, el actor no cumplió con una carga argumentativa
suficiente que permita a la Sala estudiar si efectivamente se incurrió en
desconocimiento del precedente, por lo que no hay lugar a efectuar
pronunciamiento alguno sobre el particular.

Por otra parte, el accionante sostuvo que se incurrió en defecto fáctico por
desconocimiento de las pruebas que demuestran su elección como
representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche.

La Corte Constitucional11 ha considerado que el defecto fáctico tiene relación
con la actividad probatoria desplegada por el juez y comprende el decreto, la
práctica y la valoración de las pruebas.

Al respecto esta Sala de Decisión12, en varios pronunciamientos, ha
precisado los alcances y requisitos que deben cumplirse al momento de
alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, para
concluir que este se configura cuando: i) existe una omisión por parte de la
autoridad judicial al decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el
asunto; ii) se desconoce el acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) se realiza una valoración
irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia
con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

En el caso concreto, el señor Ustate Ramírez considera que el Tribunal
Administrativo de La Guajira pasó por alto el Acta No. 008 del 15 de
diciembre de 2020, en el que está consagrada su elección como
representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche.

De la revisión del expediente, se tiene que a través del auto del 13 de
diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de La Guajira le dio impulso al
trámite de verificación de cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el
7 de abril de 2016 y confirmada por el Consejo de Estado el 9 de diciembre
siguiente.

En dicha providencia, la autoridad judicial resolvió oficiar a la Junta Directiva
del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, a la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited y a la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, para que informaran si el 18 de noviembre de 2021 se

!
11
Puede revisarse la sentencia SU-379 del 20 de agosto de 2019, ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
12
Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso
No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente
Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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había realizado la reunión de consulta previa y, de ser afirmativa la
respuesta, allegaran los resultados para proferir las decisiones
correspondientes.

Para efectos de la representación del consejo comunitario, el tribunal tuvo en
cuenta lo siguiente:

“Acorde con lo anterior, advierte el tribunal la existencia del fallo de
tutela proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, de fecha
11 de octubre de 2021 Radicación: 11001-03-15-000-2021-02329-01,
por medio del cual se ordenó a la Alcaldía Municipal de Barrancas
iniciar el trámite pertinente frente a las solicitudes de registro del Acta
No. 8 de 2020 de la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad
Ancestral de Roche y su impugnación, como lo dispone el artículo 9 del
Decreto 1745 de 1995.

En ese sentido, da cuenta el material probatorio allegado al expediente
que el 9 de noviembre de 2021, la entidad territorial procedió hacer el
registro del Acta No. 8 de diciembre 15 de 2020 de la Asamblea General
Extraordinaria de la Comunidad Étnica Afrodescendiente de Roche
donde reposa la elección de los nuevos miembros del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche para el periodo
comprendido del año 2021 al 2023, los cuales quedaron así: Alcides
Antonio Ustate Ramírez (Representante legal), Eneris Molina Ramírez
(Vice presidente), Josefa Martina Ditta Ramírez (Fiscal), Carmen Beatriz
Ramírez Iguaran (secretaria general) Melvia Ramírez Arregoces (vocal
1) y Odalis Yaneth Ramírez Arregoces (vocal 2).

No obstante, también se observa que el acta No. 08 fue impugnada, por
tanto, la entidad territorial por auto 001 de noviembre 10 de 2021 avocó
su conocimiento, ordenó correr traslado de la misma al señor Alcides
Antonio Ustate Ramírez, y dispuso que la impugnación acorde con lo
establecido en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 y circular externa
OFI18-145-DCN-2300 de enero 4 de 2018 de la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Ministerio del Interior suspendía los efectos del Acta No. 08 de
diciembre 15 de 2020, razón por la cual, quedaba vigente para
efectos de representación la junta directiva anterior.” (Se resalta)

Según lo transcrito, es evidente que el Tribunal Administrativo de La Guajira
no desconoció el contenido del Acta No. 008 del 15 de diciembre de 2020,
sino que en atención a la suspensión de sus efectos, reconoció que la
representación del Consejo Comunitario estaba en cabeza de la anterior
junta directiva.

Por lo tanto, esta Sala no encuentra que la autoridad judicial haya dejado de
valorar dicho documento, pues fue precisamente gracias a su análisis que
pudo determinar que el acta en el que se consignó la elección del señor
Ustate Ramírez como representante legal estaba suspendida.

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Tal decisión, en criterio de esta Sección, no resulta arbitraria o caprichosa,
sino que obedece al estudio adecuado del acervo probatorio allegado al
expediente, por lo que no se encuentra acreditado el defecto fáctico alegado.

Finalmente, la parte actora considera que se desconoció la sentencia del 11
de octubre de 2021, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, amparó sus derechos fundamentales a la autonomía
y la libertad de participación dentro del proceso de tutela con radicado
11001-03-15-000-2021-02329-01.

Frente al punto, se recuerda que en dicha decisión se ordenó
específicamente a la Alcaldía de Barrancas que surtiera el trámite
correspondiente para registrar (i) el Acta No. 008 del 15 de diciembre de
2020, en el que constaba la elección de los miembros de la nueva junta
directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, y (ii) la
impugnación presentada en su contra por el señor Yoe Jeferson Arregoces
Ustate, todo esto en los términos del artículo 9 del Decreto 1745 de 1995.

En ese sentido, así como lo expuso el mismo Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en el auto proferido el 18 de febrero de 2022 dentro
del trámite incidental de desacato presentado por el actor, no hay un
desconocimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela, pues el secretario de
gobierno de Barrancas registró tanto el acta de elección como su
impugnación en los libros que para ese efecto lleva la Alcaldía Municipal,
justamente en cumplimiento de la orden de amparo impartida por el juez
constitucional.

Distinto es que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
trámite de la impugnación debiera surtirse bajo el efecto suspensivo,
circunstancia que, como quedó establecida, no constituye irregularidad
alguna y está plenamente justificada.

Por lo mismo, el Tribunal Administrativo de La Guajira no desconoció la
sentencia del 11 de octubre de 2021, ya que al estar suspendida la elección
de la nueva junta directiva, la representación del consejo comunitario estaba
en cabeza de la junta saliente, misma conclusión a la que llegó el tribunal al
tener como representante legal de esa comunidad al señor Yoe Jeferson
Arregoces Ustate y no al accionante.

Así las cosas, al no estar demostrada irregularidad alguna con ocasión del
auto del 13 de diciembre de 2021, la Sala tampoco accederá al amparo
deprecado respecto de este punto.

En tales condiciones, comoquiera que no se acreditó la vulneración alegada
por la parte actora, se denegará la solicitud de tutela presentada por el señor
Alcides Antonio Ustate Ramírez.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por los
apoderados de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, de los Ministerios
del Interior y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Alcides
Antonio Ustate Ramírez, de acuerdo con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salva el voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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