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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02065-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02065-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 16 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que negó el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Alcides Antonio Ustate Ramírez, a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira, de la Nación – Ministerio del Interior, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del municipio de Barrancas – Secretaría de Gobierno, de la Personería Municipal de Barrancas y de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited. En su lugar: www.consejodeestado.gov.co 22 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-02065-01 Ac c i o n a n t e : Al c i d e s An t o n i o U s t a t e R a m í r e z SEGUNDO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Alcides Antonio Ustate Ramírez, a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira, de la Nación – Ministerio del Interior, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del municipio de Barrancas – Secretaría de Gobierno, de la Personería Municipal de Barrancas y de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02065-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02065-01
Accionante: ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales a la autonomía, derechos colectivos y
derechos propios / Principios constitucionales de
buena fe, confianza legítima y legalidad / Defecto
fáctico y desconocimiento del precedente / Elección
de representante legal del Consejo Comunitario
Ancestral del Caserío de Roche / Incumplimiento del
requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Alcides Antonio Ustate Ramírez, actuando a nombre propio, en contra
de la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Quinta, que negó el amparo solicitado mediante la
acción de tutela interpuesta por la parte accionante en contra del
Tribunal Administrativo de La Guajira, de la Nación – Ministerio del

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Interior, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del
Pueblo, del municipio de Barrancas – Secretaría de Gobierno, de la
Personería Municipal de Barrancas y de la Empresa Carbones del
Cerrejón Limited.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales «a la
autonomía, a los derechos colectivos, derechos propios» y de los
principios constitucionales de buena fe, confianza legítima y legalidad,
se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante en el escrito contentivo de la acción de tutela,
señaló que:

1.1. Pertenece a la Comunidad Étnica Afrodescendientes de Roche, del
municipio de Barrancas, La Guajira.

1.2. Mediante Acta de Convocatoria núm. 007 de 28 de octubre de
2020, la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad Étnica
Afrodescendientes de Roche llamó a elecciones de los miembros del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, para el período
2021 a 2023.

1.3. A través de Acta núm. 008 el 15 de diciembre de 2020, dicha
asamblea declaró elegidos como miembros del consejo a las siguientes
personas: (i) Alcides Antonio Ustate Ramírez como representante legal,
(ii) Eneris Molina Ramírez como vicepresidente, (iii) María Elena

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Ramírez Díaz como tesorera, (iv) Josefa Martina Ditta Ramírez como
fiscal, (v) Carmen Beatriz Ramírez Iguarán como secretaria, (vi) Melvia
Ramírez Arregoces como vocal 1 y (vii) Odalis Yaneth Ramírez
Arregoces como vocal 2.

1.4. No obstante, el alcalde municipal de Barrancas, La Guajira no
realizó el registro del nombramiento en los libros que reposan en el
ente territorial, por lo que interpuso acción de tutela con el fin de
obtener el reconocimiento de su elección por parte de la entidad.

1.5. El proceso correspondió al Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B que, por medio de sentencia de 11 de octubre de 2021,
amparó sus derechos fundamentales a la autonomía y a la libertad de
participación y ordenó a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira,
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha
providencia, iniciara los trámites pertinentes frente a las solicitudes de
registro del Acta núm. 008 del 15 de diciembre de 2020 y de su
impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto 1745 de 1995.

1.6. El 9 de noviembre de 2021, el secretario de gobierno del municipio
de Barrancas registró el acta de elección en el Libro de Comunidades
Negras y el 10 de noviembre siguiente expidió constancia de la
inscripción del consejo comunitario, en el que constaban los nombres y
cargos de sus nuevos miembros.

1.7. El referido funcionario, mediante Auto 001 del 10 de noviembre de
2021, avocó conocimiento de la impugnación presentada por el señor
Yoe Jeferson Arregoces Ustate, anterior representante legal del consejo
comunitario, contra el Acta núm. 008 del 15 de diciembre de 2020.

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1.8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1437 de
2011 y la Circular Externa OFI18-145-DCN-2300 del 4 de enero de
2018, proferida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, se suspendieron los
efectos del Acta núm. 008 del 15 de diciembre de 2020 y se le otorgó
la representación del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche a la anterior junta directiva y, de forma específica, al señor Yoe
Jeferson Arregoces Ustate.

1.9. Por otro lado, en 2016 la comunidad promovió una acción de tutela
contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, por haber otorgado una licencia de
exploración y explotación de carbón sin que se hubiera efectuado el
proceso de consulta previa.

1.10. El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de La
Guajira que, mediante fallo de 9 de diciembre de 2016, amparó los
derechos fundamentales del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío
de Roche y ordenó al Cerrejón que instalara mesas de trabajo y
socialización con presencia activa de esa comunidad, con el fin de
solucionar la problemática presentada con el traslado de unos restos
mortales que se encontraban en el sitio donde se realizaría la
explotación de carbón.

1.11. Actualmente, se adelanta por parte del Tribunal Administrativo
de La Guajira el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia
de segunda instancia, razón por la cual se han dictado una serie de
decisiones en aras de determinar si dicha empresa ha acatado las
órdenes impartidas por los jueces de tutela.

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1.12. En ese proceso judicial, el Tribunal Administrativo de La Guajira
profirió el auto de 13 de diciembre de 2021, en el que solicitó una
información a la Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche, a la Empresa Cerrejón y a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior, pero adicionalmente tuvo como
representante legal de dicha comunidad al señor Yoe Jeferson
Arregoces Ustate, miembro de la anterior junta directiva, pese a que
ya se habían escogido nuevos dignatarios.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«1- Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
autonomía, derechos colectivos, liberta (sic) de participación, precedente
constitucional, principio de buena fe, principio de confianza legítima,
principio de legalidad y derechos de acceso a la administración de justicia
de ALCIDE (sic) ANTONIO USTATE RAMÍREZ y de la Comunidad Étnica
Afrodescendientes de Roche Municipio de Barrancas La Guajira.
Vulnerados por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría Nacional del Pueblo,
Ministerio del Interior, Secretario de Gobierno de la Alcaldía del Municipio
de Barrancas La Guajira, Personera del Municipio de Barrancas La Guajira
y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, donde sus actuaciones
irregulares, omisiones están ocasionando perjuicios irremediables y vías
de hechos contra ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ y contra la
Comunidad Étnica de Roche.

2- Ordenar dejar sin efectos jurídicos el acto administrativo de trámite
Auto No. 001 de Fecha 10 de noviembre de 2021, expedido por el
Secretario de Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Barrancas La
Guajira, por violar los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, liberta (sic) de
participación y autonomía, del señor ALCIDES ANTONIO USTATE
RAMÍREZ y de la Comunidad Afrodescendientes de Roche Municipio de
Barrancas La Guajira, ocasionándoles perjuicios irremediables, vías de
hechos y por extralimitarse en sus funciones el Secretario de Gobierno
de la Alcaldía del Municipio de Barrancas La Guajira.

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3- Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira,
reconocer al señor ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ, en el cargo de
representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche Municipio de Barrancas La Guajira, por ser elegido y posesionado
legalmente.

4- Ordenar al Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación,
Defensoría Nacional del Pueblo, Personera del Municipio de Barrancas La
Guajira y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, reconocer al señor
ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ en el cargo de representante legal
del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche Municipio de
Barrancas La Guajira.

5- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
General del Pueblo vigilar, proteger y garantizar los derechos humanos
y fundamentales del señor ALCIDES ANTONIO USTATE RAMÍREZ, porque
están siendo vulnerados». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de La
Guajira, con la expedición del auto de 13 de diciembre de 2021, incurrió
en:

 Defecto fáctico: por desconocimiento de las pruebas que
demuestran su elección como representante legal del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, toda vez que el
secretario de gobierno del municipio de Barrancas carecía de
competencia para suspender los efectos jurídicos del Acta núm.
008 del 15 de diciembre de 2020, expedida por la Asamblea
General Extraordinaria de la comunidad.

Añadió que ninguna de las normas jurídicas aplicables al caso
establece que, ante la suspensión de los miembros del consejo

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comunitario, estos deban ser remplazados por la anterior junta
directiva.

 Desconocimiento del precedente: establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-123 de 2018, T-576 de 2014
y T-021, T-011, T-058, T-281, T-063, T-172, T-151, T-058 y T-
312 de 2019, relacionadas con la libertad de participación,
autonomía y procesos de consulta previa.

Finalmente, consideró que las decisiones cuestionadas
desconocen la sentencia del 11 de octubre de 2021, a través de
la cual el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B,
amparó sus derechos fundamentales a la autonomía y la libertad
de participación dentro del proceso de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2021-02329-01.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 11 de mayo de 2022, el Consejo de Estado – Sección
Quinta admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a
los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de La Guajira,
al ministro del Interior, a la procuradora general de la Nación, al
defensor del Pueblo, al secretario de Gobierno del municipio de
Barrancas, al personero municipal de Barrancas y al representante legal
de la Empresa Cerrejón, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, comunicó la iniciación del presente trámite procesal a la
junta directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche,
al ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al director de

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la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que manifestaran lo
que consideraran pertinente.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, por conducto de
apoderado, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa,
ya que las decisiones cuestionadas corresponden a actuaciones en las
que no intervino, pues el accionante únicamente mencionó a esa
sociedad de forma genérica dentro de un listado de accionados, sin
especificar en qué consistía la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, por lo que no es posible efectuar un pronunciamiento
sobre el particular.

Manifestó que el proceso de consulta previa se encuentra actualmente
en etapa de análisis e identificación de impactos y formulación de
acuerdos, a efectos de definir el universo de beneficiarios de la orden
de amparo, situación que se ha dilatado por la complejidad del caso y
por problemas en la titularidad de la representación del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, ya que sus miembros no
se han puesto de acuerdo para concertar la lista final de beneficiarios
de las compensaciones, situación que no es atribuible a Cerrejón
Limited.

5.2. La Nación – Ministerio del Interior, por medio de la jefa de la
Oficina Asesora Jurídica, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Explicó que el Decreto 1745 de 1995, compilado en el Decreto 1066 de
2015, únicamente confiere competencia al Ministerio del Interior, a

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través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para conocer en segunda
instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección
de consejos comunitarios, por lo que solo hasta ese entonces podrá
pronunciarse frente a la impugnación del Acta núm. 008 del 15 de
diciembre de 2020.

5.3. El municipio de Barrancas, La Guajira, mediante el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, solicitó que se rechace por
improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto el
accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir el Auto 001 de 10 de noviembre de 2021.

Refirió que la solicitud de amparo constitucional procede
excepcionalmente como mecanismo transitorio de protección, siempre
y cuando se trate de conjurar un posible perjuicio irremediable,
situación que no se encuentra demostrada dentro del presente asunto.

5.4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA,
actuando por apoderado, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en el escrito de tutela
no se hizo mención de la entidad.

5.5. El Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la
magistrada ponente de la decisión acusada, negó haber incurrido en
una vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

Como fundamento de su informe, realizó un recuento de las siguientes
actuaciones:

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«Indicó que el señor Roberto Ramírez, antiguo representante del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, presentó una
acción de tutela contra los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido
proceso y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por la
reubicación de la comunidad afrodescendiente sin que se hubieran
otorgado las indemnizaciones y compensaciones correspondientes.

Refirió que a través de sentencia del 7 de abril de 2016 concedió el
amparo solicitado al verificar que la Empresa Carbones del Cerrejón
Limited había incumplido los compromisos asumidos con la comunidad,
razón por la cual ordenó la realización de mesas de trabajo tendientes
al cumplimiento de lo pactado. Agregó que el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante fallo del 9 de diciembre de 2016, adicionó
la decisión de primera instancia en el sentido de ordenar a esa empresa
que iniciara el proceso de consulta previa ante la Comunidad
Afrodescendiente del Caserío de Roche.

Mencionó que con el fin de adoptar medidas encaminadas a la
materialización de las órdenes dadas en las sentencias, se abrió
actuación de verificación de cumplimiento mediante auto del 29 de
junio de 2018. Resaltó que en dicho procedimiento se han emitido una
serie de providencias que buscan el total acatamiento de los fallos de
tutela, pero por razones no atribuibles al Tribunal esto no ha sido
posible. Expresó que dentro de esos autos se encuentra el del 13 de
diciembre de 2021, en el que se reconoció al señor Yoe Jeferson
Arregoces Ustate como representante legal del Consejo Comunitario
Ancestral del Caserío de Roche, y que es cuestionado por el actor en el
presente trámite constitucional.

Advirtió que la disputa por la representación legal de dicho consejo no
le compete al Tribunal Administrativo de La Guajira, ya que esta
atribución está radicada en primera instancia a las alcaldías municipales
y en segunda instancia a la Dirección de Asuntos para las Comunidades
Negras del Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en
el parágrafo 2 del artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 2015. Sostuvo
que en virtud de la impugnación del Acta No. 008 del 15 de diciembre
de 2020, en la que constaba la elección del actor como su representante
legal, el secretario de gobierno de Barrancas suspendió sus efectos
mediante el Auto 001 del 10 de noviembre de 2021 y, por ende, la
representación del consejo comunitario quedó en cabeza de la junta

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directiva anterior, de la cual hacía parte el señor Yoe Jeferson Arregoces
Ustate. Precisó que, en tal sentido, no se había desconocido la
autonomía del consejo comunitario, porque al momento de expedir el
auto del 13 de diciembre de 2021, el señor Arregoces Ustate fungía
como su representante legal».

5.6. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
a través de apoderada, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

5.7. El Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, por
medio de su representante legal encargado, advirtió que la asamblea
nunca tuvo conocimiento de alguna convocatoria para elegir la nueva
junta directiva.

Sostuvo que para el 28 de octubre de 2020, fecha referida por el
accionante en su escrito de tutela como día de la celebración de la
asamblea, el municipio de Barrancas se encontraba bajo estrictas
medidas de confinamiento por la pandemia del Covid-19, así que no era
posible convocar a una asamblea de 514 personas para adoptar esa
decisión.

Aseguró que nunca se enteraron de la designación de una nueva junta
directiva, decisión que debía adoptarse públicamente y en
cumplimiento de unos requisitos para su validez, por tal razón, impugnó
el Acta núm. 008 del 15 de diciembre de 2020, hecho que motivó la
suspensión de sus efectos por parte del secretario de gobierno de
Barrancas a través del Auto 001 del 10 de noviembre de 2021.

Manifestó que el actor considera que la decisión de 11 de octubre de
2021, dictada por esta corporación, fue incumplida al suspender los
efectos del Acta núm. 008 del 15 de diciembre de 2020, pero ese

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argumento ya fue resuelto en un incidente de desacato que promovió
en contra del municipio. Asimismo, el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B, mediante providencia del 18 de febrero de
2022, proferido dentro del expediente 11001-03-15-000-2021-02329-
02, ya definió que no hubo tal incumplimiento.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Quinta, a través de sentencia de 16 de
junio de 2022, negó el amparo solicitado por medio de la acción de
tutela presentada por el señor Alcides Antonio Ustate Ramírez por
considerar que la parte accionada no incurrió en una vulneración de
derechos fundamentales.

Frente al Auto 001 de 10 de noviembre de 2021, proferido por el
secretario de gobierno del municipio de Barrancas, indicó que la
suspensión del mismo es la consecuencia legal de la impugnación que
fue radicada en su contra por el señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate,
por lo que es totalmente lógico y procedente, en virtud de lo consagrado
en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, que ante la suspensión de los
efectos del acta con la cual se declaró la elección de una nueva junta
directiva, la representación del consejo comunitario haya quedado en
los miembros de la junta directiva anterior.

En ese sentido, en cuanto al auto de 13 de diciembre de 2021, señaló
que el Tribunal Administrativo de La Guajira no desconoció la sentencia
del 11 de octubre de 2021, ya que al estar suspendida la elección de la
nueva junta directiva, la representación del consejo comunitario estaba
en cabeza de la junta saliente, misma conclusión a la que llegó el
tribunal al tener como representante legal de esa comunidad al señor

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Yoe Jeferson Arregoces Ustate y no al accionante.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante, a nombre propio, presentó impugnación en contra
de la sentencia de primera instancia, en la cual reiteró los argumentos
expuestos en el escrito contentivo de la demanda.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»1.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Tribunal Administrativo de La Guajira y la Alcaldía Municipal
de Barrancas, La Guajira, con la expedición de los autos de 13 de
diciembre de 2021 y 001 de 10 de noviembre de 2021,
respectivamente, incurrieron en un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales «a la autonomía, a
los derechos colectivos, derechos propios» y de los principios
constitucionales de buena fe, confianza legítima y legalidad de la
parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el principio de subsidiariedad y iv) el
caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos

2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez

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de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a derechos
fundamentales.

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Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala
dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la carta.

Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera
que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.3

El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de naturaleza
residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos propios de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es improcedente, porque
su objeto se encuentra definido de forma plena en el artículo 104 del
C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originado
en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al

3
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.

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derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa».4

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, la Sala de Subsección decide la impugnación
presentada por el señor Alcides Antonio Ustate Ramírez, actuando a
nombre propio, en contra de la sentencia de 16 de junio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que negó el
amparo solicitado mediante la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira, de la
Nación – Ministerio del Interior, de la Procuraduría General de la Nación,
de la Defensoría del Pueblo, del municipio de Barrancas – Secretaría de
Gobierno, de la Personería Municipal de Barrancas y de la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited.

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos
fundamentales «a la autonomía, a los derechos colectivos, derechos
propios» y de los principios constitucionales de buena fe, confianza
legítima y legalidad, ocurrida con ocasión de la expedición de los autos
de 13 de diciembre de 2021 y 001 de 10 de noviembre de 2021,
proferidos por el Tribunal Administrativo de La Guajira y la Alcaldía
Municipal de Barrancas, La Guajira, respectivamente.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. En primer lugar, se advierte de las pretensiones de la acción de
tutela que una de las órdenes está encaminada a que se deje sin efectos
el Auto 001 de 10 de noviembre de 2021, suscrito por el secretario de

4
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-
01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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gobierno de la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, mediante el
cual se avocó conocimiento de la impugnación presentada por el señor
Yoe Jeferson Arregoces Ustate, anterior representante legal del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, contra el Acta Núm. 008
del 15 de diciembre de 2020.

Frente a ello, se tiene que el pronunciamiento que se ataca es una
decisión administrativa cuya legalidad es susceptible de ser cuestionada
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contemplado en el CPACA, a saber:

«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona
que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado
por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel».

Por lo anterior, al ser la tutela un mecanismo residual y subsidiario, no
puede usarse para sustituir la órbita de competencia del juez natural;
más si tenemos en cuenta que el accionante aun cuenta con
herramientas dentro del ordenamiento jurídico mediante las cuales
puede plantear los argumentos que hoy traen ante el juez
constitucional.

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4.2. En segundo lugar, frente al auto de 13 de diciembre de 2021,
proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, se encuentra que
esta providencia fue dictada en sede de verificación del cumplimiento
de la orden de tutela dada en la sentencia de 9 de diciembre de 2016,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera en el proceso de
tutela radicado número 44001-23-33-000-2016-00058-01, el cual
guarda relación con el proceso de consulta previa que debe realizar la
Empresa Carbones del Cerrejón Limited con la Comunidad
Afrodescendiente del Caserío de Roche.

En relación con este punto, es necesario resaltar que varias actuaciones
adelantadas en dicho proceso han sido objeto de acciones de tutela
estudiadas por esta corporación5, frente a lo cual se ha sostenido que
la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-34 de 2018, estableció
los criterios para la procedencia de las decisiones adoptadas en el
trámite del incidente de desacato, señalando que para que la acción de
tutela sea procedente es necesario que el auto mediante el cual se
resuelve el desacato se encuentre ejecutoriado, supuesto que no se
cumple en el presente asunto, por cuanto la decisión en cuestión se
dictó en un proceso que no ha finalizado, pues no se ha determinado si
las autoridades accionadas han incurrido en desacato.

Asimismo, si la inconformidad del señor Alcides Antonio Ustate Ramírez
se relaciona con la decisión de tener como representante legal de la
Comunidad Afrodescendiente del Caserío de Roche al señor Yoe
Jeferson Arregoces Ustate, miembro de la anterior junta directiva, este

5
Véase: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 27 de enero de 2022.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07075-00. Accionante: Roberto Ramírez Díaz miembro de la Comunidad
Étnica Afrodescendiente de Roche y Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de
27 de enero de 2022. Radicado: 11001-03-15-000-2021-11000-00 Accionante: William Palmezano
Arregoces.

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es un asunto que debe ser resuelto por el juez natural de la causa
dentro del proceso previsto para ello y que se encuentra en curso.

De igual modo, de los fundamentos expuestos en el escrito de tutela,
no se advierte que la parte accionante haya señalado alguna razón
válida que justifique la procedencia excepcional de la acción como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o que
encaje dentro de las causales por las cuales el juez constitucional
considere pertinente un estudio de fondo de los argumentos
planteados. Esto, de conformidad con lo señalado por la Corte
Constitucional:

«Así mismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige que
se verifique: (i) una afectación inminente del derecho -elemento
temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del
perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el
carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de
las garantías fundamentales en riesgo.

16. Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de
otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la
idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si
aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral
los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede
suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de
idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma
definitiva»6.

Así, al ser la tutela un mecanismo subsidiario y al no comprobarse la
inminencia, ni existencia de un perjuicio irremediable, no resulta
procedente cuando la parte accionante no hizo uso de los medios de
defensa judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de

6
Corte Constitucional. Sentencia T-375/18.

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las pretensiones contenidas en la demanda. De esta manera, es
necesario reiterar que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es de carácter excepcional y debe sustentarse
con base en unas causales específicas de procedibilidad que fueron
fijadas por la jurisprudencia.

En este orden de ideas, al no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
fijado por el Decreto 2591 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional
como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, esta Sala de
Subsección revocará la sentencia de 16 de junio de 2022, dictada por
el Consejo de Estado – Sección Quinta y, en su lugar, rechazará por
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Alcides
Antonio Ustate Ramírez, actuando a nombre propio, en contra de la
parte accionada.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 16 de junio de 2022, dictada
por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que negó el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Alcides
Antonio Ustate Ramírez, a nombre propio, en contra del Tribunal
Administrativo de La Guajira, de la Nación – Ministerio del Interior, de
la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del
municipio de Barrancas – Secretaría de Gobierno, de la Personería
Municipal de Barrancas y de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited.
En su lugar:

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SEGUNDO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Alcides Antonio Ustate Ramírez, a nombre
propio, en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira, de la Nación
– Ministerio del Interior, de la Procuraduría General de la Nación, de la
Defensoría del Pueblo, del municipio de Barrancas – Secretaría de
Gobierno, de la Personería Municipal de Barrancas y de la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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