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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02076-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02076-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por los señores Orlando Carrillo Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina Carrillo Moreno, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02076-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

23 de junio de 2022

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Demandantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02076-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-02076-00
Demandantes: ORLANDO CARRILLO CARRILLO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por los señores Orlando Carrillo
Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina Carrillo Moreno, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 5 de abril de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, los señores Orlando Carrillo Carrillo,
Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina Carrillo Moreno, actuando en
nombre propio, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la
defensa, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica y “al cumplimiento de fallos
judiciales”.

Sostuvieron que tales garantías les han sido vulneradas con ocasión del auto del
27 de enero de 2022, a través del cual la autoridad judicial demandada se negó a
dar trámite a la solicitud de entrega de títulos presentada dentro del proceso
ejecutivo con radicado 68001-23-31-000-2000-01872-00, promovido por los
accionantes en contra del departamento de Santander.

En concreto, solicitaron a esta Corporación:

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Demandantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02076-00

“1.-) Ruego respetuosamente, tutelar los derechos fundamentales de rango
constitucional invocados, representados en; (sic)

Derecho fundamental de ACCEDER A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
IGUALDAD ANTE LA LEY, al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE
DEFENSA, la PRONTA y CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, la
DIGNIDAD HUMANA, LA SEGURIDAD JURIDICA (sic), DERECHO AL
CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES y demás derechos conexos y/o
derivados de éstos.

2.-) Como consecuencia de lo anterior, ruego ordenar al operador
judicial demandado, que en el término perentorio que su Despacho
señale, ordene la entrega de los dineros a nuestro favor.” (Resaltado
del texto original)

2. Hechos

La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Mencionó que en el mes de abril de 2004 radicó demanda de reparación directa
en contra de la Nación, Ministerio de Salud, el Hospital Santo Domingo de Málaga
y el departamento de Santander, con el objeto de que se declarara su
responsabilidad por las graves e irreparables afectaciones causadas a la salud
física y mental de la menor Daniela Fernanda Carrillo Moreno durante su parto.

Destacó que el proceso fue tramitado bajo el radicado 68001-23-31-000-2000-
01872-00, en el cual el Tribunal Administrativo de Santander denegó las
pretensiones de la demanda mediante sentencia del 12 de noviembre de 2009.

Resaltó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de
fallo del 14 de junio de 2018, revocó la anterior decisión y, en su lugar, (i) declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
de Salud y el departamento de Santander, y (ii) estableció la responsabilidad
patrimonial del Hospital Santo Domingo de Málaga por los daños ocasionados a
los demandantes con ocasión de la falla en la prestación del servicio médico
asistencial durante el nacimiento de la menor.

Agregó que se condenó a la entidad hospitalaria, con cargo al patrimonio
entregado al departamento de Santander, al pago de los perjuicios morales y
materiales en los montos consignados en esa decisión.

Indicó que, ante la liquidación de esa institución, solicitó adecuar el fallo en el
sentido de (i) reconocer al Hospital Regional de Rovira como sucesor procesal, (ii)
tener como garante al departamento de Santander y (iii) ordenar el cumplimiento
de la sentencia.

Refirió que, a través de providencia del 2 de octubre de 2019, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B negó tal solicitud por ser extemporánea,
pero aclaró que la obligación debía ser asumida por el departamento de

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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02076-00

Santander, así que requirió al ente territorial para que cumpliera las órdenes
impartidas en la sentencia del 14 de junio de 2018.

Advirtió que el 11 de febrero de 2020 radicó demanda ejecutiva ante el Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se ordenara el cumplimiento del
fallo, pero nunca se le dio impulso por parte de la autoridad judicial.

Informó que interpuso una acción de tutela por la mora en el trámite de dicho
proceso, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, mediante fallo del 24 de septiembre de 2020 dentro del expediente
11001-03-15-000-2020-03506-00, en el que se declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado debido a que el expediente ya había ingresado al despacho
desde el 7 de septiembre del mismo año para adoptar la decisión correspondiente.

Sostuvo que el 7 de octubre de 2020 se libró mandamiento de pago en contra del
departamento de Santander y se ordenó correr traslado a la parte ejecutada por el
término de 10 días para proponer excepciones.

Afirmó que a través de memoriales del 19 de noviembre de 2020 y 11 de enero de
2021, pidió que se dictara auto en el que se siguiera adelante con la ejecución y
se resolviera lo atinente a las medidas cautelares.

Señaló que, ante el silencio de la autoridad judicial, radicó una nueva acción de
tutela que fue decidida por la Sección Primera del Consejo de Estado a través de
fallo del 29 de abril de 2021, proferido dentro del expediente 11001-03-15-000-
2021-00842-01, en el que se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado ya que el 13 de abril del mismo año se había dictado el auto que
ordenaba seguir adelante con la ejecución.

Precisó que el 14 de septiembre de 2021 se decretó el embargo de los dineros
que se encontraran depositados en las cuentas corrientes y de ahorros que
pertenecieran al departamento de Santander, hasta por una suma de
$1.224’153.643.43, decisión frente a la cual la parte ejecutada presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación, con el fin de que se limitara el valor embargado
únicamente al estrictamente necesario.

Refirió que su apoderado se reunió con el abogado designado por el ente territorial
con el fin de llegar a un acuerdo sobre la liquidación de la condena.

Aseguró que el departamento de Santander aceptó la propuesta que le fue
presentada y accedió a pagar directamente a los accionantes el valor acordado.

Manifestó que en el mes de diciembre de 2021, a pesar de haberse convenido el
pago directo, la parte demandada consignó ante el Banco Agrario de
Bucaramanga y a órdenes del Tribunal Administrativo de Santander, la suma
equivalente a $802.371.109.00, valor que además era inferior al que se había
concertado.

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Adujo que, en todo caso, el apoderado del ente territorial solicitó que se entregara
el dinero consignado a la parte ejecutante.

Sostuvo que, en virtud de la consignación hecha por el departamento de
Santander, solicitó a la autoridad judicial que le entregaran los títulos que reposan
en el Banco Agrario.

Mencionó que a través de auto del 27 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo
de Santander decidió: (i) no reponer el auto del 14 de septiembre de 2021, (ii)
conceder el recurso de apelación presentado por el departamento de Santander,
(iii) remitir el expediente al contador para que realizara la liquidación del crédito y
verificara la existencia de títulos judiciales constituidos en el proceso y (iv) no dar
trámite a la solicitud de entrega de títulos y terminación por pago.

Según la autoridad judicial, no era posible entregar los títulos judiciales porque las
partes ya habían presentado liquidaciones del crédito, así que en virtud del artículo
446 del Código General del Proceso, primero debía darse el trámite de traslado,
presentación de objeciones y posterior aprobación de la liquidación mediante auto.

Destacó que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de
la anterior decisión, bajo el argumento de que la norma invocada solo era aplicable
para dineros provenientes de una medida de embargo, mientras que en el
presente asunto se había realizado una consignación voluntaria por parte del ente
territorial.

Informó que también solicitó dejar sin efecto la fijación en lista realizada por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, en la que se corrió traslado
de la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, bajo el argumento
de que esa liquidación ya había sido puesta en conocimiento de la entidad
ejecutada a través de la aplicación WhatsApp.

Adujo que el departamento de Santander presentó objeciones a dicha liquidación
mediante memorial del 3 de febrero de 2022, en el que además insistió en que se
entregaran a los accionantes los dineros que habían sido consignados en el Banco
Agrario.

Finalmente, indicó que el 9 de marzo de 2022 se allegó al expediente la
liquidación del crédito efectuada por el contador del tribunal, y el 22 de marzo
siguiente se solicitó aclaración de las fórmulas y procedimientos usados para el
cálculo realizado.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, a través de la providencia del 27 de enero de 2022, a través
del cual la autoridad judicial demandada se negó a dar trámite a la solicitud de
entrega de títulos, se vulneraron sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la
defensa, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica y “al cumplimiento de fallos
judiciales”.

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Al respecto, indicó que no existe razón alguna para que no se entreguen los
dineros consignados voluntariamente por el departamento de Santander, si el
mismo apoderado del ente territorial ha insistido en que se otorguen los depósitos
judiciales a la parte ejecutante.

Recalcó que el tribunal invocó el artículo 446 del Código General del Proceso para
negarse a entregar los títulos depositados en el Banco Agrario, bajo el argumento
de que primero debía surtirse el trámite de traslado, presentación de objeciones y
posterior aprobación de la liquidación del crédito.

Consideró que dicha norma fue aplicada indebidamente, pues únicamente se usa
en aquellos casos en los que el dinero provenga de una medida de embargo,
mientras que en el presente asunto se había realizado una consignación voluntaria
por parte del ente territorial.

Alegó que han pasado más de dos décadas sin que exista una justicia verdadera a
su favor, pues no se ha obtenido el pago de los perjuicios ocasionados ni se han
cumplido las medidas de reparación relacionadas con las disculpas privadas o el
tratamiento psicológico.

Mencionó que su situación personal, económica y de salud se ha agravado
paulatinamente, por lo que la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de
no entregar los depósitos judiciales y la demora en resolver las distintas solicitudes
al interior del proceso, hacen que la sentencia judicial condenatoria no tenga hasta
el momento ningún efecto útil.

Aceptó que exista congestión en el despacho accionado, pero consideró que este
fenómeno no puede resultar en una vulneración de sus derechos fundamentales.

Aseveró que no es posible que tenga que acudir siempre a la acción de tutela para
procurar un pronunciamiento por parte de la autoridad judicial, pues claramente se
trata de un desgaste del aparato judicial y de las partes involucradas en el proceso
ejecutivo.

4. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 19 de abril de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander.

Así mismo, se vinculó como tercero interesado en las resultas del proceso al
gobernador del departamento de Santander, quien también hace parte del trámite
judicial objeto de controversia.

Posteriormente, a través de providencia del 23 de mayo de 2022, se ordenó
vincular a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, debido a que fue la autoridad que dictó la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de reparación directa, cuyo cumplimiento se pretende
dentro del proceso ejecutivo bajo cuestionamiento, y que actualmente conoce del

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recurso de apelación presentado por el departamento de Santander contra el auto
que decretó como medida cautelar el embargo de unos dineros.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Departamento de Santander

El jefe de la Oficina Jurídica del ente territorial solicitó declarar la improcedencia
de la acción o, en su defecto, denegar el amparo solicitado.

Advirtió que la parte actora ha hecho uso de los recursos ordinarios dentro del
proceso ejecutivo y no puede endilgar la violación de sus derechos fundamentales
mientras se está agotando la etapa de liquidación del crédito.

Expresó que los accionantes ya solicitaron las medidas cautelares de embargo al
interior del trámite judicial y éstas fueron decretadas por el Tribunal Administrativo
de Santander mediante auto del 14 de septiembre de 2021.

Informó que el departamento de Santander expidió la Resolución de Pago No.
20261 del 12 de noviembre de 2021 y la Resolución Aclaratoria No. 20692 del 22
de noviembre del mismo año, por una cuantía total de $940.107.694.00, cuyos
depósitos judiciales fueron constituidos en el Banco Agrario de Colombia a
órdenes del despacho judicial.

Destacó que actualmente el proceso ejecutivo se encuentra pendiente de resolver
las objeciones a la liquidación del crédito presentada por la parte actora, por lo que
la acción de tutela es improcedente ante la existencia de otros mecanismos
judiciales.

5.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado titular del despacho que conoce del recurso de apelación
presentado por el departamento de Santander contra el auto del 14 de septiembre
de 2021, a través del cual el Tribunal Administrativo de Santander decretó el
embargo de unos dineros depositados en cuentas corrientes y de ahorros del ente
territorial, solicitó que se declare la improcedencia de la acción.

Expuso que el 25 de marzo de 2022 requirió a la autoridad judicial de primera
instancia para que allegara la providencia objeto de alzada, sin que hasta la fecha
hubiera dado respuesta a lo solicitado para poder emitir la decisión
correspondiente.

Advirtió que al consultar el aplicativo SAMAI, se podía observar que el Tribunal
Administrativo de Santander aprobó la liquidación del crédito mediante auto del 26
de abril del presente año, decisión frente a la cual la parte actora interpuso recurso
de reposición y este aún no ha sido resuelto.

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Consideró que la supuesta mora en la entrega de los títulos judiciales es atribuible
al tribunal y no a su despacho.

5.3. Tribunal Administrativo de Santander

La autoridad judicial accionada se limitó a enviar el enlace de consulta del
expediente digital, pero no se pronunció frente a los hechos y pretensiones de la
acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad ante la ley, al debido proceso,
a la defensa, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica y “al cumplimiento de
fallos judiciales”, con ocasión!del auto del 27 de enero de 2022, a través del cual la
autoridad judicial demandada se negó a dar trámite a la solicitud de entrega de
títulos presentada dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001-23-31-000-
2000-01872-00, promovido por los accionantes en contra del departamento de
Santander.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales2,
conforme al cual:

!
1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
!
3
Idem.
4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva - Subsidiariedad

La parte actora controvierte el auto del 27 de enero de 2022, a través del cual la
autoridad judicial demandada se negó a dar trámite a la solicitud de entrega de
títulos presentada dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001-23-31-000-
2000-01872-00, promovido por los accionantes en contra del departamento de
Santander.

Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Santander decidió en esa
providencia: (i) no reponer el auto del 14 de septiembre de 2021 en el que se
decretó el embargo de las cuentas corrientes y de ahorros del departamento de
Santander, (ii) conceder el recurso de apelación presentado por el ente territorial
contra la anterior decisión, (iii) remitir el expediente al contador para que realizara
la liquidación del crédito y verificara la existencia de títulos judiciales constituidos
en el proceso y (iv) no dar trámite a la solicitud de entrega de títulos y terminación
por pago.

Para la autoridad judicial, no era posible entregar los títulos judiciales porque las
partes ya habían presentado liquidaciones del crédito, así que en virtud del artículo
446 del Código General del Proceso, primero debía darse el trámite de traslado,
presentación de objeciones y posterior aprobación de la liquidación mediante auto.

En síntesis, la inconformidad de la parte actora con dicha decisión radica en que
se invocó una norma que solo era aplicable para dineros provenientes de una
medida de embargo, mientras que en el presente asunto se había realizado una
consignación voluntaria por parte del ente territorial.

Por lo anterior, considera que no existe razón alguna para que el tribunal se
niegue a entregar el dinero consignado voluntariamente por el departamento de
Santander, máxime si se tiene en cuenta que la entidad demandada ha insistido
en varias ocasiones que se le otorguen los depósitos judiciales a la parte
ejecutante.

Al margen de la razonabilidad de los argumentos planteados por la parte actora, lo
cierto es que el juez constitucional no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación del artículo 446 del Código General del Proceso, ya que tal análisis
corresponde al juez natural en instancias del recurso de reposición que fue
presentado por la parte actora.

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Sobre el punto, la Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de
subsidiariedad, toda vez que aún se encuentra pendiente por resolver el recurso
de reposición impetrado contra el auto cuestionado.

De la revisión del expediente, se evidencia que frente al auto del 27 de enero de
2022, en el que el tribunal decidió no dar trámite a la solicitud de entrega de los
títulos depositados en el Banco Agrario, la parte actora interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación mediante memorial radicado el 28 de enero del
presente año.

En su escrito, la parte ejecutante puso de presente el mismo argumento planteado
como fundamento de la acción de tutela, esto es, que se aplicó indebidamente el
artículo 446 del Código General del Proceso, comoquiera que los dineros no
provenían de una medida de embargo o secuestro sino de una consignación
voluntaria realizada por el departamento de Santander.

De hecho, el ente territorial también se pronunció sobre el auto cuestionado
mediante memorial del 3 de febrero de 2022, en el que descorrió el traslado del
recurso de reposición.

En su escrito, el departamento de Santander solicitó que se continuara con el
trámite previsto en dicha norma, pero que en todo caso se expidieran los títulos
judiciales en favor de la parte actora.

En consideración a lo anterior, es evidente que la inconformidad con la decisión a
través de la cual se denegó la entrega del dinero consignado por la parte
ejecutada debe ser ventilada a través del recurso de reposición que aún no ha
sido resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander.

Debido a lo expuesto, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

Sobre este presupuesto, el artículo 86 de la Constitución Política consagró la
acción de tutela en los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

(…)

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)

De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:

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Demandantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02076-00

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo
pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla
fuera de texto)

Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:

“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario,
proceda al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias
de que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger
de manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que
existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el
mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de
manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”

De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.

En el caso concreto, es evidente que frente a la decisión que se cuestiona a través
de la solicitud de amparo ya se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el
de apelación, mecanismo judicial idóneo a través del cual la parte actora ya
planteó ante el juez natural el yerro advertido en el escrito de tutela, y que aún se
encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Administrativo de
Santander.

Por lo tanto, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las
pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la misma no cumple con
el requisito de subsidiariedad que debe caracterizarla.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por
los accionantes contra el Tribunal Administrativo de Santander.

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Demandantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02076-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por los
señores Orlando Carrillo Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina
Carrillo Moreno, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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