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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02084-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02084-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció la señora Mary Luz Moreno Carmona. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo pu ede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00 Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02084-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

26 de mayo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00
Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00
Demandante: MARY LUZ MORENO CARMONA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial –– incumplimiento
requisito de subsidiariedad – otro medio – adición de
sentencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Mary

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
Luz Moreno Carmona contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Mary Luz Moreno Carmona ejerció acción de tutela contra Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y de acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, respetuosamente solicito al
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, que, en su calidad de juez constitucional:

1. Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia en igualdad de condiciones, y como consecuencia de ello, se
declare sin validez ni efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia del 25 de
noviembre de 2021 proferida por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, donde se decidió revocar parcialmente la sentencia
de primera instancia proferida por parte del Juzgado 62 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá que había negado las pretensiones de la demanda dentro del
Medio de Control de Reparación Directa con numero de radicado: 110013331719 2012
00105 01; Demandantes: MARY LUZ MORENO CARMONA Y OTROS; Demandados:
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS –
INVIMA Y OTROS.

2. Se requiera al Tribunal accionado para que profiera una nueva sentencia en el
que:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00
Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

 Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia contenciosa administrativa, en el
caso que nos ocupa, en el que se debaten aspectos técnicos o científicos y
que se alega una falla en la prestación del servicio médico, la carga de la
prueba debe ser dinámica y no estática, es decir deberá analizarse si las
entidades demandadas lograron desvirtuar los hechos en que se fundamentan
las pretensiones de la demanda, por encontrarse en mejores condiciones para
ello.

 Se analicen cuando menos los siguientes cuatro (4) problemas jurídicos: (i)
¿había lugar a declarar la responsabilidad del INVIMA, por autorizar un
medicamento que generó consecuencias adversas a la salud de la
demandante y por no haber tomado medidas tendientes a prevenir sobre las
posibles consecuencias adversas que podrían conllevar la ingesta del
medicamento?; (ii) ¿había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del
laboratorio ABBOT por no haber informado oportunamente sobre las posibles
consecuencias adversas de la ingesta del medicamento? (iii) ¿había lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial del galeno que suministró el
medicamento a la demandante, por no informarle sobre los posibles efectos
secundarios del mismo? y; (iv) ¿había lugar a declarar la responsabilidad
patrimonial de la EPS SANITAS y condenarla al pago de los perjuicios
causados a la demandante?

 Se valoren las pruebas obrantes en el expediente que comprometen la
responsabilidad de las demandadas INVIMA, laboratorio ABBOT y SANITAS

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
EPS, que no fueron valoradas ni tenidas en cuenta durante el tramite de la
segunda instancia.”

2. Hechos:

Del expediente de tutela, se destacan como hechos relevantes los siguientes:

El 28 de febrero de 2008, la señora Mary Luz Moreno Carmona, en calidad de
cotizante de la EPS SANITAS, requirió atención médica por dolores relacionados con
artritis reumatoide, siendo remitida a la especialidad de reumatología.

El 18 de marzo de 2008, la actora fue atendida por el especialista, quien inició
tratamiento con el medicamento conocido comercialmente como "Humira" cuyo
nombre científico es "Adalimumab", de Abbott Laboratories.

El 29 de diciembre de 2008 aproximadamente después de 8 meses de haber iniciado
el tratamiento, la demandante comenzó a presentar problemas dermatológicos,
alopecia, lunar (clasificado como carcinoma), problemas respiratorios, como efectos
secundarios del medicamento ordenado.

La actora afirmó que no fue advertida por el médico tratante sobre los efectos
colaterales del medicamento suministrado, así como tampoco aparecía en los
insertos adjuntos al fármaco para haber determinado si era conveniente o no iniciar
dicho tratamiento.

Por los padecimientos descritos, la demandante acudió al área de dermatología que,
el 19 de febrero de 2009, le extirpó "CA BASOCELULAR", realizó infiltraciones en el
cuero cabelludo con Kenacort y absolvió inquietudes sobre la relación entre el
medicamento suministrado "Humira" y las dolencias presentadas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00
Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

Una vez la paciente acudió a control con el área de reumatología, informó al
especialista los cambios de salud presentados y su inquietud sobre la relación con el
tratamiento prescrito, sin embargo, este negó tal vínculo entre el medicamento y los
síntomas descritos.

El 9 de mayo y 16 de junio de 2009, la paciente le informó al dermatólogo y al
reumatólogo, respectivamente, el hallazgo de casos de alopecia universales
producida por el medicamento prescrito, razón por la que los especialistas
procedieron a reportar el caso ante Laboratories Abbott y en la última fecha se
ordenó la suspensión del tratamiento.

El 16 de julio de 2009, la actora se comunicó con el laboratorio sin recibir
información, seguimiento o apoyo, posteriormente el 4 de julio de 2010, a través de
exámenes de patología se determinó que el medicamento "Humira" fue el causante
de los daños colaterales, lo cual fue ratificado en el XIII Congreso Colombiano de
Reumatología, realizado entre los días 11 al 14 de agosto de 2011, cuando se
expuso el caso de la alopecia areata universal por suministro de este medicamento.

Por lo expuesto, la señora Moreno Carmona en compañía de su familia inicio medio
de control de reparación directa contra el INVIMA, el laboratorio ABBOTT
LABORATORIES DE COLOMBIA S.A., la EPS SANITAS S.A. y el médico
especialista en reumatología Hernán Urbina Joiro, por los perjuicios ocasionados.

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
Del proceso en primera instancia conoció el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá,
que, en sentencia del 18 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que había lugar a declarar probadas las excepciones propuestas por el
laboratorio denominadas "Existencia de la Advertencia de los posibles efectos
adversos en todos los insertos del producto HUMIRA", "Ausencia de nexo causal
entre la conducta y el perjuicio alegado por la señora Moreno Carmona" así como “la
ausencia de los elementos de responsabilidad civil extracontractual que se reclama”.

Dicha decisión fue apelada y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 25 de noviembre de 2021, la
revocó y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control,
al considerar que la falla en el servicio no provino de una falla médica asistencial,
sino de la falta de consentimiento informado, lo cual implicó una vulneración al
principio de autonomía personal que ha sido reconocido como “la facultad para
decidir sobre las acciones sin depender de los otros. La capacidad para realizar por
uno mismo los aspectos básicos de la vida diaria” en consecuencia, condenó,
únicamente, al médico especialista en reumatología Hernán Urbina Joiro al pago de
perjuicios morales.

3. Argumentos de la tutela

La demandante aseguró que el tribunal demandado vulneró los derechos
fundamentales invocados por pronunciarse, únicamente, respecto de la
responsabilidad de uno de los demandados, (médico tratante).

A su juicio, con las pruebas aportadas al proceso el tribunal debió estudiar la
responsabilidad particular y concreta de cada una de las entidades demandadas y al
no hacerlo incurrió en defectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual
manifiesto y violación directa de la constitución; sostuvo que el Tribunal demandado
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Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

no abordó los problemas jurídicos relevantes que suponía el caso y, en
consecuencia, omitió analizar la responsabilidad frente a la totalidad de las entidades
demandadas. Sostuvo que el tribunal debió manifestarse sobre la totalidad de las
pretensiones del medio de control y estudiar la responsabilidad de forma individual
de cada una de las demandadas.

4. Trámite previo
Mediante auto del 8 de abril de 2022, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes a los señores Ana Isabel Urrego Moreno, Diana Catalina Urrego
Moreno, Fabián Moreno Castaño, Alberto Javier Moreno Carmona, Clara Inés
Moreno Carmona, Fabián Andrés Moreno Carmona, Carmen Emilia Moreno
Carmona, Juan Antonio Moreno Carmona, Jhon Jairo Moreno Carona, Jorge Enrique
Moreno Carmona, Rosa Elena Moreno Carmona, Santiago Alfonso Moreno
Carmona, Norman Darío Moreno Carmona y Liliana María Moreno Carmona; al
Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá, al Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-, a la sociedad Abbott Laboratories de
Colombia S.A., a la EPS Sanitas S.A. y al señor Hernán Urbina Joiro como terceros
interesados en el resultado del proceso a quienes se les remitió copia de la
demanda.

5. Oposiciones

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá afirmó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados dado que su decisión fue dictada con base en el acervo
probatorio aportado, así como en las normas y la jurisprudencia que regulan la
materia.

Señaló que en ninguna de las pruebas practicadas durante el trámite procesal se
logró demostrar el nexo causal entre el medicamento que le fue formulado a la
señora Moreno Carmona y las dolencias padecidas, además adujo que en dicha
oportunidad se consideró que conforme a la jurisprudencia no era necesario que la
actora hubiera firmado consentimiento informado para recibir el tratamiento
ordenado.

Finalmente manifestó que los cargos señalados por la actora no se encuentran
acreditados pues sus fundamentos únicamente demuestran el desacuerdo de la
parte demandante con lo decidido al interior del proceso ordinario, en razón a o
expuesto solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su
defecto, se niegue el amparo solicitado.

El Tribunal administrativo de Cundinamarca, sección Tercera, Subsección A,
guardó silencio.

6. Intervenciones

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
solicitó que se declare improcedente la acción de la referencia por ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora. Indicó que, de la
lectura y análisis de los documentos que son objeto de la presente acción, no se
identificó ningún acto u omisión por parte de esa entidad.

Afirmó que su misión está enfocada en ejecutar políticas en materia de vigilancia
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00
Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

sanitaria y de control de calidad de medicamentos y en la acción de la referencia es
cuestionada la acción desplegada por una autoridad judicial.

La EPS Sanitas afirmó que la acción de tutela de la referencia no es procedente
dado que la actora contó con otro medio de defensa judicial del que no hizo uso,
indicó que si los argumentos expuestos por el tribunal no la convencieron, debió en la
oportunidad procesal correspondiente solicitar la aclaración de la sentencia y agotar
todos los medios de defensa judiciales a su alcance, tal como lo establece el artículo
285 de la ley 1564 de 2012.

Abbott Laboratories de Colombia S.A. indicó que se opone a las pretensiones de
la solicitud de amparo dado que no cumple con los requisitos de procedibilidad
requeridos para una acción de tutela contra providencia judicial.

Solicitó que se rechace la acción de la referencia al considerar que lo pretendido por
la demandante es acudir a la acción de tutela como instancia adicional a proceso
ordinario lo que implica un desgaste adicional del aparato judicial si se tiene en
cuenta que el desacuerdo con la decisión no es suficiente para darle trámite al
mecanismo constitucional.

Los señores Ana Isabel Urrego Moreno, Diana Catalina Urrego Moreno, Fabián
Moreno Castaño, Alberto Javier Moreno Carmona, Clara Inés Moreno Carmona,

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
Fabián Andrés Moreno Carmona, Carmen Emilia Moreno Carmona, Juan Antonio
Moreno Carmona, Jhon Jairo Moreno Carona, Jorge Enrique Moreno Carmona, Rosa
Elena Moreno Carmona, Santiago Alfonso Moreno Carmona, Norman Darío Moreno
Carmona y Liliana María Moreno Carmona no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo cumple con
los requisitos de procedibilidad, puntualmente, el de subsidiariedad y en caso
afirmativo, procederá a estudiar el caso de fondo.

Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
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Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó1:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de
lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es,
por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor,
ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto

En el sub-lite, la parte demandante alega la presunta violación al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia en el trámite del proceso de
reparación directa con radicación núm. 2012-00105-01 promovido por la señora
Mariluz Moreno Carmona contra el INVIMA, Abbott Laboratories De Colombia S.A.,
EPS Sanitas S.A. y Hernán Urbina Joiro, con la finalidad de que le fueran
reconocidas los perjuicios a la salud causados por el consumo del medicamento
“humira”.

Visto el escrito de tutela, se observa que al margen de los defectos enunciados por
la parte demandante, la inconformidad de la parte actora se materializa en que el
tribunal demandado no se pronunció sobre la totalidad de las pretensiones señaladas
en el proceso ordinario que además se encontraban respaldadas por las pruebas

1 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

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Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

aportadas al proceso, razón por la que, afirma, debió realizar el estudio de la
responsabilidad individual y concreta frente a cada una de las entidades
demandadas mediante el planteamiento de distintos problemas jurídicos respecto a
cada una de ellas.

Revisado el histórico de las actuaciones del proceso y lo que reposa al interior del
expediente, se tiene que, si la demandante consideraba que la sentencia del 25 de
noviembre de 2021 omitió resolver un extremo de la litis y pronunciarse respecto de
la responsabilidad de cada una de las entidades demandadas, pues, únicamente, se
pronunció respecto de la responsabilidad del médico tratante; contó con otro medio
de defensa judicial del cual no hizo uso, esto es, la solicitud de adición de sentencia,
de conformidad al artículo 287 del CGP que contempla:

“Artículo 287. Adición: Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad. El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia
del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó
de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá
el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán
adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la providencia

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia
principal.”

Con base en lo anterior, la Sala considera que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, debido a que lo pretendido por la demandante
en la acción de tutela de la referencia es justo el objeto de la solicitud de adición de
sentencia.

De manera que la parte actora contó con un mecanismo de defensa judicial diferente
a la acción de tutela del cual no hizo uso, lo que hace improcedente la presente
solicitud de amparo, pues es necesario precisar que la acción de tutela no tiene la
vocación de ser empleada para suplir las omisiones procesales en las que incurran
las partes al interior del trámite del proceso ordinario.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar
que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para
soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de defensa o para suplir
falencias en las estrategias de jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al
juez de tutela decidir asuntos que deben ser debatidos en su escenario natural.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:

“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por
irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02084-00
Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

indemnización.” (Negrilla fuera de texto)

Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza
residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un
mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los
medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren
vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los
afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter
inalienable que les confiere la Carta.

En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo
propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último
recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias
presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico
reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros
medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola
existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la
improcedencia de la acción de tutela.

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054
En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto
un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos
cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la
idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la
respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente
consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que
conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”

De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agotara en debida forma el
medio de defensa que la parte demandante tuvo a su alcance para que le fueran
protegidos los derechos fundamentales que considera vulnerados.

Luego, por lo expuesto la Sala declarará improcedente la acción de tutela interpuesta
por la señora Mary Luz Moreno Carmona

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció la señora Mary Luz
Moreno Carmona.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Demandante: Mary Luz Moreno Carmona.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Ausente con permiso

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Id Documento: 11001031500020220208400005025080054

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo pu ede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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