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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02093-00

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02093-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, de la señora Ginna Paola Barco Fajardo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02093-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de junio de 2022

Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-02093-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-02093-00
Demandante: GINNA PAOLA BARCO FAJARDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente – Niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Ginna Paola Barco Fajardo contra el Tribunal Administrativo de Nariño –
Sala Segunda de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito radicado el 30 de marzo de 2022 en el correo electrónico de la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y recibido por esta
Corporación el 6 de abril de 20221, la señora Ginna Paola Barco Fajardo,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en
concordancia con los principios de primacía de la realidad sobre las formas y de
confianza legítima.

2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 2 de febrero de 2022, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión revocó la decisión que
adoptó el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en la
sentencia del 18 de septiembre de 2019, que había accedido parcialmente a las
pretensiones, para en su lugar negarlas, en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra la E.S.E. Pasto Salud y
se identificó con el radicado N.º 52001-33-33-005-2018-00096-00/01.
1
En cumplimiento del auto del 31 de marzo de 2022 a través del cual el presidente de la Corte
Suprema de Justicia ordenó la remisión del proceso al Consejo de Estado, de conformidad con el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021.

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Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-02093-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…) se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene al accionado que, a más
tardar en el término de 30 días contados a partir de la notificación del fallo, proceda
a emitir un nuevo fallo, adicionando el fallo proferido por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Pasto, ampliando las condenas tal como se solicitó en
el recurso de apelación presentado y debidamente sustentado y que tan pronto
expida el nuevo fallo, remita copia del mismo ante su Despacho.

Las demás que conforme a sus facultades constitucionales y en apego a las normas
laborales, le estén permitidas decretar oficiosamente”.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

4. La señora Ginna Paola Barco Fajardo tenía vinculación laboral con la empresa
Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S., y prestó sus servicios a la E.S.E Pasto
Salud desde el 14 de noviembre de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2016, como
auxiliar de enfermería extra e intramural2.

5. Por medio de los oficios N.º 511-13645 de 9 de noviembre de 2017 y 511-14928
de 4 de diciembre de 2017, se le negó a la accionante la existencia de la relación
laboral y no se accedió a la cancelación de conceptos salariales, prestacionales e
indemnizatorios.

6. Por lo tanto, mediante apoderado judicial, la señora Barco Fajardo presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la E.S.E Pasto Salud, con el objeto de que se declarara la nulidad
de los actos administrativos, se reconociera la existencia de un contrato realidad y
el pago de sus derechos laborales.

7. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto a través de sentencia de 18 de septiembre de 2019, (i) accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la existencia del
contrato realidad al verificarse sus tres elementos constitutivos, (ii) condenó a la
demandada al pago de cesantías e intereses de cesantías durante el 13 de junio
de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 (periodo en que se demostró la
existencia de la relación laboral), así como (iii) el reintegro de los aportes
realizados por la accionante a las entidades de seguridad social y (iv) la
prescripción extintiva de los derechos laborales originados entre el 14 de
noviembre de 2008 al 31 de marzo de 2011.

2
La accionante aduce que no recibía el pago de prestaciones sociales por parte de la institución de
salud, a pesar de que cumplía con horario de 7 a.m. a 3 p.m., y las labores que ejercía eran
supervisadas por su superior.

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8. Inconforme con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. Por lo
cual el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, por medio
de providencia de 2 de febrero de 2022, revocó la decisión del a quo, para en su
lugar, negar las súplicas, tras no encontrar probado el elemento de la
subordinación de la relación laboral, toda vez que no se acreditó con suficiencia
que las labores desarrolladas por la señora Barco Fajardo eran las mismas que las
de otros servidores vinculados de planta. De igual forma, consideró que no
cumplía con un horario, sino metas que se asignaban.

9. Dicha decisión fue notificada el 11 de febrero de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. La señora Barco Fajardo argumentó que la autoridad judicial accionada había
incurrido en los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente
en su providencia de 2 de febrero de 2022 dictada al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

11. Frente al primero puso de presente que, se desconoció el artículo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se presume la relación laboral y debe ser
el empleador quien la desvirtué, no al contrario, asunto que no sucedió en el caso,
pues se invirtió la carga de la prueba, sin tener en cuenta la primacía de la
realidad sobre las formas.

12. En relación con el defecto fáctico señaló que existió una falla en la valoración
probatoria ya que el ad quem no tuvo en cuenta que el a quo fue quien practicó las
pruebas tendientes a verificar la existencia de la relación laboral, es decir que tuvo
de primera mano la posibilidad de otorgarle o no veracidad a aquellas.

13. Aseguró que la parte accionada en el proceso ordinario no desvirtuó la
subordinación y contrario a ello, los testimonios decretados y recepcionados
dieron cuenta de la existencia de dicho requisito.

14. Así mismo, expuso la providencia de la Corte Constitucional, sentencia T-694
de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, como desconocida.

1.5. Tramite de la acción de tutela

15. Mediante auto de 8 de abril de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante y a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión como la
autoridad judicial accionada.

16. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, autoridad que
resolvió la primera instancia del proceso ordinario; y a la E.S.E. Pasto Salud, como
entidad demandada al interior del medio de control, así como a las compañías
llamadas en garantía Dynamik S.A.S., Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S. y
Seguros del Estado Liberty Seguros.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Seguros del Estado Liberty Seguros

17. Con escrito enviado el 21 de abril del 2022, la apoderada judicial adujo que la
decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de
Decisión se encontraba ajustada a las pruebas oportunamente vinculadas al
proceso, pues demostraban la inexistencia de los elementos constitutivos de la
relación laboral.

18. Frente al defecto fáctico, indicó que no existió prueba documental que
señalara que dentro de la E.S.E Pasto Salud, existiera personal de planta con
iguales o similares funciones a las realizadas por la accionante. Asimismo, refirió
que la señora Barco Fajardo fue vinculada a través de órdenes de prestación de
servicios y no se había probado que dicha contratación se hubiera efectuado a
pesar de ya existir el cargo u otros similares.

19. Adicional a ello, refirió que de los testimonios rendidos ante el juez de primera
instancia, se pudo constatar que las actividades eran ejecutadas por fuera de la
institución hospitalaria. Además de no acreditar la subordinación o dependencia,
pues solo existía una coordinación de actividades a desarrollar, por lo que no era
verdadera la relación laboral.

20. En lo referente al defecto sustantivo, expresó que el artículo 24 del CST
señalado por la accionante no era aplicable para el caso en cuestión y por ello
solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño

21. En atención al documento remitido el 21 de abril de 2022 por la magistrada
ponente de la decisión de segundo grado dictada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, manifestó total oposición a lo expresado
por la parte actora, ya que para decidir sobre el caso se tuvieron en cuenta todas
las pruebas practicadas en primera instancia, tanto documentales como
testimoniales, de las cuales no se evidenció la configuración de los elementos de
subordinación y temporalidad de manera clara.

22. Además, se tuvieron en cuenta los criterios del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional fijados para decidir los casos relacionados con el contrato realidad,
lo cual llevó a concluir que: “los contratos suscritos con la ESE Pasto Salud podrían,
eventualmente, satisfacer los criterios de funcionalidad y continuidad por cuanto se trata
de la ejecución de labores misionales de la entidad, en todo caso, ello no basta para dar
por acreditado el requisito de subordinación, puesto que no se probaron los criterios de
igualdad, excepcionalidad y habitualidad, ya que las labores asignadas a la demandante
no eran iguales a las que cumplía el personal de planta (de hecho, no existían enfermeras
de planta extramurales) y que el solo cumplimiento de un horario no implica per se la

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existencia de subordinación. […] si bien se contrató un servicio misional, éste no se
ejecutó en las dependencias de la ESE Pasto Salud y no está acreditado con suficiencia
que ello se hiciera bajo las órdenes de ésta última de manera tal que se desborde el
ejercicio propio de coordinación que se debe realizar con los contratistas, pues mientras
las testigos Lilia Andrea Revelo y Ana Lilia Córdoba manifestaron que la demandante
cumplía órdenes impartidas directamente por funcionarios de la ESE Pasto Salud, su
afirmación contrasta con el dicho de la testigo Sofía Isabel Díaz quien afirmó lo contrario,
no existiendo ningún otro medio de prueba para analizar y esclarecer este aspecto”.

23. Por lo tanto, se solicitó no conceder el amparo deprecado en virtud de la falta
de vulneración de los derechos fundamentales de la señora Barco Fajardo.

1.6.3. Empresa Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S.

24. En documento remitido por la gerente y representante legal de la empresa
indicó que la señora Barco Fajardo tenía una vinculación laboral de naturaleza
privada con ésta y con ocasión de ello, se habían cumplido con todos los derechos
laborales de la trabajadora, procediendo al pago del salario acordado.

25. Así las cosas, advirtió que los hechos de la acción de tutela no daban muestra
de un menoscabo en los derechos laborales de la accionante y sus pretensiones
no tenían sustento legal para hacerlas exigibles.

1.6.4. Empresa Social del Estado Pasto Salud

26. El 25 de abril del presente año, el apoderado judicial de la institución de salud
manifestó la inexistencia del defecto fáctico alegado por la parte accionante, dado
que no se logró demostrar a través de los testimonios rendidos ni lo argumentado
por la propia demandante, que cumplía con labores que estaban contempladas en
la planta de personal y horarios para el pago de su sueldo.

27. Es decir que no se observaron soportes de cualquier índole que permitieran
concluir la subordinación de la relación laboral. Por lo cual consideró que el
tribunal había hecho una clara referencia a todas las pruebas obrantes en el
proceso para sustentar la decisión acogida.

28. De igual forma adujo que no se había configurado el defecto sustantivo y que
la señora Barco Fajardo confundía la presunción legal en materia laboral ordinaria
y su aplicación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que en
reiteradas decisiones el Consejo de Estado ha señalado que:

“Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios3”. (Subrayado original)

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia 26.06.20, Rad. 50001-23-33-000-2014-00141-01.

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29. Por consiguiente, solicitó la negativa del mecanismo constitucional, en
atención a la falta de configuración de los defectos alegados.

30. Pese a que tanto el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto como Dynamik S.A.S., fueron notificados en debida forma, guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Ginna Paola Barco Fajardo, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

32. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Nariño y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5º de la
referida norma, por ser esta Corporación el superior funcional.

2.2. Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis
de fondo.
• Solo en el evento se superar tales requisitos, se determinará si ¿el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente y vulneró
los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en
concordancia con los principios de primacía de la realidad sobre las formas
y de confianza legítima de la señora Ginna Paola Barco Fajardo, al no
declarar la existencia de un contrato realidad?

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) de las generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso
concreto.

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2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema5. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales6. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

36. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

37. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

38. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.

39. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.

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providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590
de 2005, y acogida por esta Sección10.

40. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales11; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales12.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

41. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
plenamente superado, lo anterior, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de
la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, por cuanto el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de
Decisión revocó la decisión que adoptó el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto, en la sentencia del 18 de septiembre de 2019, que
había accedido parcialmente a las pretensiones, para en su lugar negarlas, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró
contra la E.S.E. Pasto Salud y se identificó con el radicado N.º 52001-33-33-005-
2018-00096-00/01.

42. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales en mención subyacen en
el sub-lite, por tener un rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo
29 de la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente
legal.

43. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus garantías constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de
la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en
preservador de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela
quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado
Social de Derecho, salvaguardando la dignidad humana.

44. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los

10
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-
02213-01.
11
Sentencia T-309 de 2005.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento judicial
establecido para su protección.

45. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.3.2.2. Tutela contra decisión de tutela

46. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia de 2 de febrero de 2022 fue proferida al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado N.º 52001-33-33-005-2018-00096-
00/01., instaurado contra la E.S.E Pasto Salud.

2.3.2.3. Inmediatez

47. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la
providencia del Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión fue
proferida el 2 de febrero de 2022 y notificada el 11 siguiente. Mientras que la
solicitud de tutela fue presentada el 30 de marzo de 2022, es decir menos de 6
meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para uso de este
mecanismo excepcional13, con ocasión de los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200514.

2.3.2.4. Subsidiariedad

48. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión que se cuestiona
en sede de tutela puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número de radicado N.º 52001-33-33-005-2018-00096-
00/01 y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

49. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

50. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M.P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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2.4. De las generalidades del defecto sustantivo

51. Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte
Constitucional15, ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando
su aparición cuando las autoridades judiciales entran a desconocer las
disposiciones de rango legal o infralegal aplicadas a un determinado caso.
Específicamente, una providencia adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional:

“(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; (v)
omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi) se abstiene de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso16” .

52. Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.

53. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la
sentencia que ataca.

54. Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente aplicable al caso concreto, o poniendo de presente
la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma aplicable de
manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando las
disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende inaplicada,
o finalmente, los efectos que el legislador expresamente ha dado a la norma y que
son distintos a la situación fáctica planteada17.

2.5. De las generalidades del defecto fáctico

55. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201518 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

15
Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.
16
Sentencia SU-635 de 2015.
17
Sentencia T-781 de 2011.
18
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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56. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto,
ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
Omisión de decreto prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
y práctica de parámetros arriba señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.

requiere entonces que:
Valoración irracional
o arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.

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El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia con su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
con violación del planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

57. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

58. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

59. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.

2.6. De las generalidades del desconocimiento del precedente

60. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

61. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,

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pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez19”.

2.7. Caso concreto

62. La parte actora indicó que se configuraron los defectos sustantivo, fáctico y de
desconocimiento del precedente en la sentencia de 2 de febrero de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión.

63. Frente al primer defecto señaló que se desconoció el artículo 24 del Código
Sustantivo del Trabajo, en atención a que la relación laboral se presume y debe
ser el demandado quien lo desvirtué, sin invertir la carga de la prueba como había
sucedido en el caso, pues la E.S.E Pasto Salud no había logrado desvirtuar el
vínculo.

64. Asimismo, en lo relacionado con el defecto fáctico expresó que la parte
accionada en el proceso ordinario no desvirtuó la subordinación ni se tuvo en
cuenta que el a quo era quien había practicado las pruebas, por consiguiente, fue
quien tuvo la posibilidad de primera mano de comprender la veracidad de la
relación laboral.

65. Respecto al desconocimiento del precedente, la señora Barco Fajardo adujo
como desconocida la sentencia T-694 de 2010 de la Corte Constitucional.

66. En atención a la similitud que guardan los argumentos expuestos en los
defectos sustantivos y fáctico, se estudiarán en conjunto, con el fin de determinar
si la autoridad judicial accionada valoró adecuadamente las pruebas presentadas
por la E.S.E Pasto Salud, al punto que le permitieron desestimar la relación laboral
existente entre ésta y la accionante.

67. Para empezar, se tiene que en material laboral ordinaria el artículo 24 del
Código Sustantivo de Trabajo consagra que toda relación de trabajo se presume
regida por un contrato de trabajo, es decir que, el empleador es el encargado de
desvirtuar dicha presunción en el momento en que eso resulte falso.

68. Sin embargo, caso distinto ocurre cuando se “(…) involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado los cuales deberán asumir esa carga
siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios20”.

69. Lo anterior debe entenderse en coherencia con el numeral 3º del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, el cual posibilita celebrar contratos de prestación de servicios
con entidades del sector público. En este se establece que aquellos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, por
ello, en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia 26.06.20, Rad. 50001-23-33-000-2014-00141-01.

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70. En el presente asunto, se observa que la señora Barco Fajardo tenía
vinculación laboral con la empresa Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S., y
prestaba sus servicios a la E.S.E Pasto Salud como auxiliar de enfermería extra e
intramural. Es decir que se trataba de un contrato de prestación de servicios entre
una persona natural y una empresa social del Estado.

71. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en advertir que
no se puede hacer uso de dicha vinculación para ocultar la existencia de una
verdadera relación laboral, para lo cual deben acreditarse fehacientemente los tres
elementos de la relación de trabajo, como lo son: (i) la prestación personal del
servicio, (ii) la remuneración y (iii) la subordinación, y no olvidar lo establecido en
el artículo 53 de la Constitución Política, donde se encuentra como mínimo
fundamental en material laboral, el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

72. Por lo tanto, se debe tener presente que quien demande la legalidad de un
acto administrativo que goza de presunción de legalidad, como sucede en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene la carga de la
prueba, con la que debe acreditar los tres elementos de la relación laboral con el
fin de que se reconozca el contrato de trabajo.

73. Asimismo, el Consejo de Estado ha mencionado lo anteriormente expuesto:

“En ese sentido, no se puede perder de vista que si bien para la configuración del
contrato realidad establecido en el Art. 53 de la C.P., aplica la presunción
establecida en el Artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo ella no procede
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues en este proceso lo que
se discute es la legalidad de un acto administrativo que goza de la presunción de
legalidad según lo estima el Artículo 88 del CPACA, y por tal razón, quien pretenda
la declaratoria de ilegalidad del acto enjuiciado, tendrá que hacer el esfuerzo
probatorio suficiente o necesario para desacreditar tal presunción de derecho.

Por tal motivo, quien alegue el contrato realidad debe probar fehacientemente que
en la relación con el ente público estuvo continuamente presente la subordinación,
entendida como la potestad que tiene el empleador para dar órdenes, en cuanto a
cantidad, calidad y tiempo de trabajo, aplicar reglamentos e imponer sanciones al
trabajador por el incumplimiento de sus funciones, situaciones que van en
contravía de la autonomía e independencia que caracterizan el contrato de
prestación de servicios21”.

74. Así las cosas, se tiene que la señora Barco Fajardo al demandar la legalidad
de los actos administrativos que le negaron la existencia de la relación laboral y la
cancelación de conceptos salariales, prestacionales e indemnizatorios ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, le correspondía a ella probar la
existencia de un contrato de trabajo y no de forma contraria.

75. Sin embargo, a pesar de que la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta las
siguientes pruebas documentales y testimoniales, no encontró probado el
elemento de la subordinación:

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
M.P. César Palomino Cortés, Sentencia 11.05.20, Rad. 05001-23-33-000-2014-00524-01.

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• Historia clínica de la demandante.
• Reclamación administrativa presentada el 3 de noviembre de 2017.
• Oficio No. 511-13645 del 9 de noviembre de 2017 enviado por la Gerente
de la E.S.E Pasto Salud a la demandante, en respuesta a su reclamación.
• Recurso de reposición interpuesto por la demandante frente a la negativa
de la E.S.E Pasto Salud a reconocer la existencia de una relación laboral.
• Oficio No. 511-14928 del 4 de diciembre de 2017, a través del cual se
resolvió en sentido negativo el recurso de reposición antes mencionado.
• Constancia emanada del asesor de Talento Humano de la E.S.E Pasto
Salud en punto de la vinculación de la señora Ginna Paola Barco Fajardo.
• Constancia expedida por el jefe de Talento Humano de Dynamik S.A.S de
fecha 11 de noviembre de 2014, en la cual se certificó que la demandante
“presta sus servicios a la empresa Dynamik SAS como AUXILIAR DE
ENFERMERA (sic) EXTRAMURAL en el Centro Hospital La Rosa de la ESE Pasto
Salud bajo la modalidad de Contrato de Trabajo a término definido (…)”.
• Relación de los contratos suscritos entre la señora Ginna Paola Barco
Fajardo y la E.S.E Pasto Salud.
• Relación de los contratos de trabajo a término fijo suscritos entre la señora
Ginna Paola Barco Fajardo y Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S.
• Contrato de prestación de servicios suscrito entre la E.S.E Pasto Salud y
Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S.
• Liquidación de prestaciones sociales a favor de la demandante, realizada
por Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S., correspondiente al año 2013
en la cual se evidencia el pago de sueldo, auxilio de transporte, cesantías,
intereses a las cesantías y vacaciones.
• Desprendibles de pagos realizados por Servicios Multiactivos de Colombia
S.A.S. a favor de la demandante, mes a mes.
• Contratos de prestación de servicios suscritos entre la E.S.E Pasto Salud y
Dynamik S.A.S.
• Testimonio de la señora Lilia Andrea Revelo.
• Testimonio de la señora Ana Lilia Córdoba.
• Testimonio de la señora Sofía Isabel Díaz.
• Testimonio del señor Hernán Javier Guerrero Burbano.

76. En lo referente a la subordinación y además teniendo en cuenta las pruebas
testimoniales recaudadas por el juez de primera instancia, el tribunal adujo que:

“Y si bien es cierto que la testigo Ana Lilia Córdoba indicó que tanto las enfermeras
de planta como las extramurales realizaban similares funciones, también lo es que
esa afirmación se contradice con lo dicho por ella misma en un principio, en el
sentido de que las actividades cumplidas por la señora Ginna Paola Barco no eran
ejecutadas por personal de planta. Adicionalmente, al contratarse (sic) su dicho
con las demás pruebas testimoniales se aprecia, como ya se dijo, que los demás
testigos sostuvieron al unísono que entre el personal de planta no existían
auxiliares de enfermería extramurales, con lo cual se concluye que el criterio de
igualdad no se cumple.

Criterio de temporalidad o habitualidad: en este punto debe considerarse que las
funciones contratadas no reflejan per se la ejecución de una labor continuada,
pues aun cuando los testigos Lilia Andrea Revelo y Ana Lilia Córdoba coincidieron
en asegurar que la demandante cumplía un horario de trabajo, la señora Sofía

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Isabel Díaz, Directora de la Red Sur de la ESE Pasto Salud, afirmó que las
auxiliares de enfermería no cumplían un horario, sino que cumplían metas y se les
asignaban programas, metas que eran definidas por la ESE Pasto Salud.

A su vez, el testigo Hernán Javier Guerrero Burbano sostuvo que el horario de
trabajo dependía del número de población que la demandante tuviera que atender.
Luego, para la Sala no está del todo claro si en realidad, pese al carácter inherente
al campo de la salud que entrañaba la ejecución de programas de vacunación y
las visitas domiciliarias en las estrategias AIEPI e IAMI, las funciones
desempeñadas por la señora Ginna Paola Barco eran continuas, lo cual conllevó el
cumplimiento de un horario de trabajo o exhibiera el ánimo de la administración de
utilizar en forma permanente sus servicios.

(…)

Así las cosas, a juicio de esta Sala, al no estar acreditados los requisitos
esenciales de la relación laboral, especialmente el de subordinación, no es factible
declarar la existencia de la misma (…)”.

77. En consecuencia, se tiene que el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala
Segunda de Decisión no incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, ya que no
desconoció la aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ni
analizó de forma inadecuada las pruebas practicadas por el juez de primera
instancia, pues de la valoración integral del material probatorio fue que la
autoridad judicial accionada logró concluir que la señora Barco Fajardo no había
logrado acreditar el requisito de la subordinación.

78. En lo que respecta al desconocimiento del precedente, se advierte que la
providencia señalada como desconocida, por tratarse de una sentencia de tutela,
se considera por decisión mayoritaria de la Sala que no constituye precedente, de
manera que no puede ser estudiada, en razón a que no fue proferida por la Sala
Plena del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, ni en ella se unificó el
criterio de esa Corporación o resolvió una demanda de inconstitucionalidad.

2.8. Conclusión

79. Así las cosas, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico ni de desconocimiento del precedente y, en ese sentido, no
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en
concordancia con los principios de primacía de la realidad sobre las formas y de
confianza legítima de la señora Barco Fajardo, pues no desconoció la aplicación
del artículo 24 del CST ni valoró inadecuadamente las pruebas practicadas por el
a quo o las allegadas al plenario por la accionante, como tampoco desconoció el
precedente jurisprudencial señalado.

80. En ese contexto, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado en la
presente acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso, de la señora Ginna Paola Barco Fajardo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
inciso 2º del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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