República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02093-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
14 de julio de 2022
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
Temas: Tutela contra providencia judicial / contrato realidad / ausencia de
los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Quinta, proferida el 2 de junio de 2022, que negó el
amparo solicitado por la señora Ginna Paola Barco Fajardo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Ginna Paola Barco Fajardo promovió demanda en orden a que se
tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, primacía de la realidad sobre las
formas, confianza legítima y debido proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia proferida por
el Tribunal de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el 2 de febrero de 2022 en el medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 52001 33 33 005 2018
00096 01 (8747) y, se ordene a dicha corporación, que en el término máximo de 30
días proceda a emitir un nuevo fallo, que adicione la decisión proferida en primera
instancia por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, en la forma
solicitada en el recurso de apelación que resolvió.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Instauró demanda en el medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de obtener la anulación de los actos administrativos a través de
los cuales la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en adelante E.S.E Pasto
Salud, negó la existencia de una relación laboral y el pago de salarios, prestaciones
e indemnización derivados de los servicios prestados como auxiliar de enfermería
durante los años 2008 a 2012.
ii) El asunto fue resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Pasto mediante sentencia del 18 de septiembre de 2019, en la que accedió
parcialmente a las pretensiones al encontrar acreditados los elementos del contrato
realidad; decisión frente a la cual presentó recurso de apelación para que le fueran
reconocidas: la prima de servicios, las prestaciones sociales por el lapso que duró la
relación laboral, así como el pago del auxilio de transporte y la devolución de los
aportes que efectuó a la seguridad social para los años 2009 y 2010.
iii) El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 2 de febrero de 2022 resolvió revocar la decisión de primera instancia,
al considerar que no se acreditó con suficiencia la subordinación como elemento de
la relación laboral. La mentada providencia fue objeto de una aclaración de voto, en
la que se resalta, por un lado, la importancia de examinar cada caso en particular y,
por otro, el desacuerdo sobre la exigencia de una prueba solemne de la relación
laboral.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir de la parte accionante, el fallo del 2 de febrero de 2022, proferido por el
Tribunal Administrativo Nariño incurrió en los defectos sustantivo o material y fáctico
con fundamento en las siguientes circunstancias:
i) Existe una falla en la valoración probatoria, dado que el a quo fue el que
practicó las pruebas que le otorgaron el convencimiento de la relación laboral y que
conllevaron a la prosperidad parcial de lo pretendido en el medio de control en
primera instancia, intermediación en la que no participó el tribunal accionado.
ii) Tampoco tuvo en cuenta que de acuerdo con el artículo 24 del CST, basta la
simple prueba de la prestación del servicio personal, para que se acredite la
presunción de la relación laboral, por lo que era a la E.S.E Pasto Salud a la que le
correspondía desvirtuarla.
iii) La decisión adoptada por el Tribunal accionado es claramente caprichosa y
arbitraria, dado que no resultan comprensibles los motivos que orientaron la
conclusión a la cual llegó, esto es, que no se acreditó la subordinación.
iv) El fallo cuestionado no valoró que la E.S.E Pasto Salud violó el régimen
jurídico de las Empresas Sociales del Estado, en virtud del Acuerdo 004 del 13 de
febrero de 2006 que creó la entidad, por cuanto desconoció las normas
administrativas de manejo del personal, previstas en los artículos 26 y 27 de la Ley
10 de 1990 y los Decretos 1335 de 1990 y 1921 de 1994.
v) Desconoció el Tribunal Administrativo de Nariño los precedentes judiciales
proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 11 de
agosto de 2004 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-2571066, a través de
los cuales se revocaron decisiones en materia de contrato realidad con fundamento
en la inversión de la carga de la prueba.
1.2. Actuación Procesal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
1.2.1. A través del auto del 31 de marzo de 2022, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, en virtud de lo previsto en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.3.1 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, ordenó
remitir la acción de tutela que fue radicada en la Secretaría General de esa
corporación al Consejo de Estado.
1.2.2. Mediante auto del 8 de abril de 2021, el Consejo de Estado Sección Quinta
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, como demandados y les confirió
el término de tres días para que rindieran informe sobre los hechos objeto de la
acción.
En condición de terceros interesados en las resultas del proceso, vinculó al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, a la E.S.E. Pasto Salud, a las
compañías llamadas en garantía en el proceso ordinario Dynamik S.A.S., Servicios
Multiactivos de Colombia y Seguros del Estado Liberty Seguros y a todas las
personas naturales y/o jurídicas que fungieran como demandadas o terceros
interesados en el medio de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 52001- 33-33-005-2018-00096-00/01, que originó la presentación de este
mecanismo constitucional, para que dentro del término de tres días y en uso de su
derecho de defensa, realizaran el respectivo pronunciamiento.
De igual forma, ordenó al Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, remitir copia digital e íntegra del
expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 52001-33-33-005-2018-00096-00/01 y, además solicitó a
la citada corporación judicial, publicar en la página web la demanda de tutela, sus
anexos y el auto admisorio, con el fin de permitir a cualquier persona, intervenir en el
trámite constitucional.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Del Tribunal Administrativo de Nariño
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
La magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja se pronunció sobre el escrito de acción de
tutela y solicitó negar el amparo solicitado, en atención a que la sentencia del 2 de
febrero de 2022 no desconoció ningún derecho de la accionante, pues la decisión se
adoptó bajo el amparo de la Ley, la jurisprudencia y las circunstancias fácticas
demostradas dentro del proceso, sin que ello constituya un obstáculo para el acceso
a la administración de justicia, o violación del debido proceso y demás derechos
invocados. Expuso para el efecto, los siguientes argumentos:
i) La corporación al momento de resolver el recurso de apelación, tuvo en
cuenta las pruebas documentales y testimoniales practicadas dentro del proceso
2018-00096 (8747), conforme a las cuales se evidenció la no configuración del
elemento de subordinación de manera clara, ello con fundamento en los criterios del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional para casos relacionados con el contrato
realidad, de donde concluyó, que si bien se cumplía con el criterio funcional, no
sucedía lo mismo con el criterio de igualdad, porque no se acreditó de manera
suficiente que las actividades desarrolladas por la demandante fueran las mismas
que las de los servidores vinculados a la planta de personal de la E.S.E demandada,
máxime, cuando no existían empleados de planta en el cargo de enfermera
extramural.
ii) La providencia objeto de reproche, a través de una valoración probatoria
integral, explicó, por una parte, las razones por las cuales la testigo Ana Lilia
Córdoba incurría en una contradicción en su declaración lo que evidenció al
contrastar su dicho con las demás pruebas que obraban en el expediente, y por otra,
los motivos por los que no se cumplía con el criterio de temporalidad o habitualidad,
porque se constató que en la estructura organizacional de la entidad no existían
auxiliares de enfermería extramurales.
1.4. Intervenciones
1.4.1. De la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
A través de memorial, Andrés Felipe Vallejos Reyes, en calidad de apoderado de la
Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, intervino para solicitar que se
desestime la pretensión de amparo por no encontrarse configurados los defectos
alegados por la accionante y, en consecuencia, deprecó se mantenga incólume la
sentencia cuestionada a través de la acción de tutela, con fundamento en las
razones que se precisan a continuación:
i) Inexistencia de defecto fáctico: la sentencia del 2 de febrero de 2022, hace
una clara referencia a todas y cada una de las pruebas obrantes en el proceso,
incluso, con mayor profundidad e integralidad que la realizada en primera instancia,
lo que le permitió al ad quem contar con un panorama más amplio para sustentar la
decisión.
ii) Inexistencia del defecto sustantivo: la accionante busca generar confusión
cuando acude al artículo 24 del CST, norma que no era aplicable para definir la
controversia, debido a que los criterios jurisprudenciales aludidos en el escrito de
tutela para justificar la presencia de la causal fueron planteados en la jurisdicción
ordinaria, dentro de procesos con naturaleza y finalidad tangencialmente diferentes a
los que se tramitan en lo contencioso administrativo.
En efecto, el Consejo de Estado, en las sentencias proferidas por la Sección
Segunda del 11 de mayo de 2020, en el radicado 05001-23-33-000-2014-00524-
01(5042-16) y del 26 de junio de igual anualidad, dentro del expediente con radicado
50001-23-33-000-2014-00141-01(4594-17), estableció que para acreditar la
configuración del contrato realidad, la presunción contenida en la norma en mención,
no resulta procedente cuando se discute la legalidad de un acto administrativo, por lo
que quien pretende la declaratoria de ilegalidad de este, tiene la carga de probar
fehacientemente la subordinación.
1.4.2. De Seguros del Estado S.A.
La señora Daniela Galvis Ortiz, en calidad de apoderada de la Compañía de Seguros
del Estado S.A., solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, en atención a
que la decisión objeto de reproche fue proferida con fundamento en los medios
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
probatorios obrantes en el expediente, los cuales le permitieron concluir al tribunal
accionado que no se configuraron los requisitos indispensables para decretar la
existencia de una relación laboral entre la señora Barco Fajardo y la E.S.E Pasto
Salud, por lo que no fueron vulnerados los derechos de la accionante.
1.4.3. De Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S.
La gerente y representante legal de la empresa Servicios Multiactivos de Colombia
S.A.S., expuso que los hechos de la demanda no dan muestra de un menoscabo a
los derechos laborales de la demandante que ameriten conferir el amparo solicitado,
comoquiera, que las pretensiones de contenido económico efectuadas en el escrito
de tutela, no tienen fundamento legal para ser exigibles a su representada, dado que
esta canceló y cumplió con todas las obligaciones frente a la trabajadora, en virtud a
las estipulaciones del contrato laboral suscrito por las partes originado en el acuerdo
de voluntades, máxime cuando lo pretendido es el reconocimiento y pago de sumas
dejadas de percibir en períodos de tiempo durante los cuales la empresa no tenía
ningún vínculo laboral ni contractual con la accionante.
1.4.4. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Pasto, remitió el
expediente digital, sin realizar pronunciamiento sobre la acción de tutela y la
sociedad Dynamik S.A.S dejó transcurrir el término de traslado en silencio.
1.5. Sentencia impugnada
1.5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 2 de junio
de 2022, negó el amparo solicitado por la parte accionante, y, para el efecto, expuso
los siguientes fundamentos:
i) En atención a la similitud de argumentos con los que la accionante
fundamenta la presencia de los defectos sustantivo y fáctico, se estudian en
conjunto, de tal forma que revisado el material probatorio, se tiene que la señora
Barco Fajardo tenía vinculación laboral con la empresa Servicios Multiactivos de
Colombia S.A.S., y prestaba sus servicios a la E.S.E Pasto Salud como auxiliar de
enfermería extra e intramural. Es decir, que se trataba de un contrato de prestación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
de servicios entre una persona natural y una empresa social del Estado, por lo que
se debe tener en cuenta que la carga de la prueba para acreditar los elementos de la
relación laboral, la tiene quien pretende desvirtuar la legalidad del acto administrativo
que niega dicho vínculo.1
ii) Conforme a lo anterior, a la señora Barco Fajardo le correspondía probar la
existencia de un contrato realidad y no de forma contraria; sin embargo, a pesar que
la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta las pruebas documentales y
testimoniales, no encontró probado el elemento de la subordinación.
iii) El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, no incurrió en
los defectos sustantivo y fáctico, ya que no desconoció la aplicación del artículo 24
del Código Sustantivo del Trabajo, ni analizó de forma inadecuada las pruebas
practicadas por el juez de primera instancia, pues de la valoración integral del
material probatorio emergió para la autoridad judicial accionada que la señora Barco
Fajardo no había acreditado el requisito de la subordinación.
iv) Tampoco se configura el desconocimiento del precedente judicial, dado que la
sentencia de tutela señalada como inobservada no posee dicho carácter, en razón a
que no fue proferida por la Sala Plena del órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, ni en ella se unificó el criterio de esa corporación o se resolvió una
demanda de inconstitucionalidad.
1.5.2. El magistrado Pedro Vanegas Gil, a través de aclaración de voto precisó que
aunque comparte la decisión de negar el amparo solicitado, se aparta de la posición
de la Sala respecto a que las sentencias de tutela no configuran precedente judicial
y, al respecto señaló que tanto las que profiere la Corte Constitucional en sede de
revisión o de unificación –como los demás órganos jurisdiccionales de cierre–,
pueden constituir dicho carácter si se cumplen con los presupuestos requeridos para
1 Como fundamento de este argumento, el fallo impugnado trajo a colación la providencia del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero
ponente: César Palomino Cortés, sentencia 11.05.20, radicado: 05001-23-33-000-2014-00524-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
el efecto, los cuales son, en síntesis, la similitud fáctica y jurídica y la posibilidad de
poder aplicar o extender la regla al caso objeto de estudio.
1.6. Impugnación
En el escrito de impugnación, la parte accionante indica los siguientes aspectos:
i) La demandante sí probó la subordinación por las siguientes razones: a) como
lo afirmó el fallo impugnado, tuvo vinculación laboral con la empresa Servicios
Multiactivos de Colombia S.A.S., y prestó sus servicios a la E.S.E Pasto Salud desde
el 14 de noviembre de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2016, como auxiliar de
enfermería extra e intramural, b) existió con la empresa Dynamik, un vínculo laboral
el cual quedó plenamente probado, c) los contratos suscritos con la E.S.E
demandada ocultaron desde el inicio una verdadera relación laboral que se legalizó
años después, sin que variaran las funciones y el lugar de prestación de servicios,
vale decir bajo el disfraz de la intermediación laboral se llevó a cabo un vínculo
laboral.
ii) Las funciones de auxiliar de enfermería intramural y extramural desarrolladas
durante todo el periodo de vinculación, indistintamente del tipo de contratación
utilizado, son propias de los servicios misionales de la ESE Pasto Salud, puesto que
la única diferencia entre una y la otra es simplemente el lugar donde se presta el
servicio, el cual surge de las órdenes emanadas del jefe inmediato, esto es, la jefe de
enfermeras de la IPS, los directores operativos, los coordinadores, etc., e incluso los
vigilantes.
iii) La ESE Pasto Salud y las empresas servicios Multiactivos de Colombia S.A.S.
y Dynamik S.A.S., realizaron la tercerización laboral, sin que existieran cambios,
significativos en el desarrollo de la labor puesto que los listados de selección de
personal fueron realizados de manera directa por parte de la ESE, tampoco hubo
ruptura contractual, tal como se puede evidenciar con las pruebas practicadas dentro
del proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
iv) Pese a que el fallo impugnado reconoce que la vinculación con la E.S.E. Pasto
Salud, va desde el 14 de noviembre de 2008 al 30 de diciembre de 2016, no acepta
que el empleador omitió liquidar el contrato de trabajo, con lo cual vulnera sus
derechos fundamentales, dado que se comprobó la existencia del vínculo laboral
para el año 2016.
v) La subordinación quedó demostrada a través de las pruebas documentales y
testimoniales allegadas, de las cuales se resaltan los testimonios de los señores Lilia
Revelo, Lilia Andrea Revelo, Sofía Isabel Díaz y Hernán Javier Guerrero, que dan
cuenta, además del «hecho que todos los trabajadores estuviesen ilegalmente
contratados al tratar de esconder una auténtica relación laboral por parte de la ESE
Pasto Salud (sic en todo el texto)».
vi) Se encuentra demostrada la existencia de los defectos fáctico y sustantivo,
puesto que el fallo omite realizar un verdadero análisis de las pruebas testimoniales,
dado que solo extrae «algunos pequeños relatos que no incluyen la totalidad de lo
dicho, puesto que apreciado en conjunto se encuentra que todos los testigos
coinciden en las funciones por mi desempeñadas, se informa de la existencia de
horarios, de la inexistencia de modificaciones de funciones cuando mediaba un
contrato de trabajo y el de prestación de servicios, el director Operativo Hernán
Guerrero, contradijo en muchos casos las afirmaciones hechas por la directora
Operativa Sofía Díaz, contradicción que conforme a lo dicho revela la existencia de
una relación laboral, puesto que la mera denominación de auxiliar de enfermería
intramural a extramural, no varía la realidad del desarrollo de las funciones cumplidas
bajo la continua subordinación».
vii) Por su naturaleza las funciones de auxiliar de enfermería, no pueden
desempeñarse de forma autónoma, tampoco es dable suspenderlas sin justificación
pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud, por lo que es a la entidad
demandada a la que le corresponde desvirtuar la subordinación. Acorde a lo anterior,
no cabe duda que entre la accionante y la E.S.E. Pasto Salud, existió una verdadera
relación laboral.
2. Consideraciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta corporación de fecha 2 de junio de 2022, mediante el cual
se negó el amparo solicitado por la señora Ginna Paola Barco Fajardo.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 2 de febrero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño en el medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho 52001 33 33 005 2018 00096 01. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la
señora Ginna Paola Barco Fajardo, en concordancia con los principios de primacía
de la realidad sobre las formas y confianza legítima.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que
2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias
judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al
considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las
normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la Sentencia C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
3
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos transgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 20125, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5
de agosto de 20146 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso
concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.
2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo de Nariño del 2 de febrero de 2022 en el medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 52001 33 33 005 2018 00096 01
2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.
2.4.2. Se presentó con inmediatez, porque la sentencia cuestionada es del 2 de
febrero de 2022 y la acción de tutela se instauró el 30 de marzo de ese año,7 con lo
cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado,
sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.
2.4.3. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.
2.4.4. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la sentencia censurada fue proferida en segunda instancia en un
proceso en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4.5. El asunto tiene relevancia constitucional, por cuanto se invoca la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
7 De acuerdo con el sistema de información de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue
radicada por la accionante a través del correo electrónico de la Secretaría General de la Corte
Suprema de justicia el 30 de marzo de 2022 y remitida al Consejo de Estado el 6 de abril de igual
anualidad, en cumplimiento de auto proferido por el presidente de esa corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo8 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.
8
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
En el presente asunto, la parte accionante formula, tanto en el escrito de tutela como
en la impugnación, las causales de procedibilidad defecto sustantivo o material,
defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Conforme a lo expuesto y con la finalidad de determinar la procedibilidad del amparo
y la consiguiente tutela o no, de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso la Subsección hará un examen del marco normativo y jurisprudencial de las
mentadas causales.
2.6. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad
defecto sustantivo o material, defecto fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial
2.6.1. Defecto sustantivo o material
En lo atinente a los elementos estructurales de esta causal ha señalado la
jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del
que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
La Corte Constitucional en la sentencia SU 495 de 20209 examina el defecto
sustantivo bajo el siguiente razonamiento:
75. Defecto sustantivo. La sentencia SU-399 de 2012 delimitó el campo de aplicación
del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en
los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos
generales, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una
norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial.10
76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en aquellos
supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una sentencia
de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la Constitución;
(v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “para un fin no
previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el
caso; (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto; o (viii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a
una manifiesta violación de la Constitución, entre otros.11
77. No obstante, en dicha providencia se aclara que la autonomía judicial “(…) no
autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la Constitución y de la ley, pues la
justicia se administra siguiendo los contenidos y postulados constitucionales de forzosa
aplicación, tales como, la dignidad humana, la eficacia de los principios, derechos y
deberes, la favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
(arts. 1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)”. Así, no cualquier divergencia con la interpretación del
funcionario judicial autoriza al juez constitucional para declarar este defecto, sino que
ella debe ser, de forma flagrante, contraria a derecho.12
9 Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
10 Corte Constitucional SU 399 de 2012
11 En la sentencia SU-399 de 2012 se contemplan, además, como supuestos del defecto sustantivo
aquellos eventos en los que (i) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se
afectan derechos fundamentales y (ii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial. No obstante, ellos no son incluidos en el presente análisis por considerar que tales
categorías pueden obedecer, en la actualidad, a otros defectos específicos de procedencia de tutelas
contra providenciales judiciales.
12 En tal dirección se indicó que “(…) en materia de interpretación judicial los criterios para determinar
la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria a derecho. De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de
la hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las
distintas autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se trata de una vía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
“(…) para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en
su labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y
arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales, de
forma tal que vulnere o amenace derechos fundamentales de las
partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y caprichosa, con base
únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.
En todo caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al
asunto sometido a consideración del juez, no puede ser plausible,
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente
su enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar
que podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del
juez de tutela no coincide con el del juez natural del caso, lo que no puede
permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría funciones
que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces
de la República y por demás, con total anulación de los principios de
autonomía e independencia judicial”13 (Negrillas fuera de texto original).
2.6.2. Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta
incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».14
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en
una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y
práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende
valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto
o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo
vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea
jurídica distinta para resolver el caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y
derechos fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez como
fundamento de la aplicación razonable de las normas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia SU-
399 de 2012
13 ibidem
14
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la
valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
evaluación probatoria del juez de conocimiento.15 [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la
hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio»16, cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide apartarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido17; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas
fundamenta su decisión.18
15
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido
a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado.
Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad
de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su
determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones
suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso
que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le
correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez
en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no
puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su
propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual
vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado».
18
Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002,
en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso.
Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis
constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que
la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía
General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la
resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que
provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya
consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las
pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una
actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de
reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las
comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la
adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y
aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas
completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La
Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida
por la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se
configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en
contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando
a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial
valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de
pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso.
En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, solo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».19
probatorio. La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea
excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la
teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas
derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir
que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo
probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí
mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales,
sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad
suficiente de pruebas sanas».
19
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
Finalmente, es pertinente referir que, en sentencia SU 495 de 202020— la Corte
Constitucional sobre el defecto fáctico, señaló:
Esta Corte ha sido clara en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada
caso concreto.21 Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe
estar inspirado en los principios de la sana crítica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida como
arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico
y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada.22
84. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico “surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión”.23 En ese sentido, la Corte ha señalado que
este tipo de yerro tiene relación con la actividad probatoria desplegada por el juez, y
comprende tanto el decreto y la práctica de pruebas, como su valoración.24 Por lo
tanto, teniendo en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como
una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona25 la protección de
la acción de tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando la actuación
20
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
21
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da
por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado
fuera del texto original).
23
ibidem
24
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
25
Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2004.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
probatoria del juez permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que
tenga una incidencia directa en la decisión adoptada26.
85. Esta corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que
se configura el defecto fáctico, a saber27 “(i) omisión en el decreto y la práctica de
pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de
valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de
haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión
adoptada e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al
proceso, dándoles alcance no previsto en la ley”28
2.6.3. De la causal de procedibilidad desconocimiento del precedente
jurisprudencial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente29, vale
decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos
y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla
para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente30; b) que se trate de un problema
jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto
26
Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
28
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.
29 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre
otras.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad.31
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.32
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.33 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.34
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
31Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
32Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
33Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
34Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».35
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.36
De otra parte, en la sentencia SU-332 de 2019,37 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:
Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene
como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto
que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces
de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados
por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.
16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del sistema.
2.7. Hechos probados
2.7.1. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Pasto conoció el medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Ginna
35Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
36Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
37Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Paola Barco Fajardo en contra de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, en
orden a que se declararan nulos los oficios 511-13645 y 511-14928 del 9 de
noviembre y 4 de diciembre de 2017, respectivamente, y, en consecuencia, deprecó
se reconociera la existencia de una relación laboral y se ordenara el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales y extralegales a su favor.
Fundamentó su pedimento básicamente en que desde el año 2008 ejercía el cargo
de auxiliar de enfermería en dicha entidad, en virtud de diversas modalidades de
contrato, a través de los cuales desarrolló funciones en los lugares designados por
los directivos, de manera personal, bajo la subordinación del empleador, con sujeción
a un horario y con la utilización de equipos de su propiedad.
2.7.2. El despacho judicial, a través de auto del 30 de septiembre de 2018, aceptó la
solicitud de llamamiento en garantía formulada por la entidad demandada a las
empresas Liberty Seguros, Seguros del Estado, Servicios Multiactivos de Colombia
S.A.S. y Dynamic S.A.S y, el 18 de septiembre de 2019 emitió fallo mediante el cual
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y la existencia de una
relación laboral entre las partes comprendida del 13 de julio al 31 de diciembre de
2012. En ese orden, condenó a la ESE Pasto Salud a: i) reconocer y pagar a la
demandante las cesantías e intereses de cesantía, por dicho periodo y ii) al reintegro
de los aportes efectuados por concepto de seguridad social, en su debida proporción.
Además, decretó la prescripción extintiva de los derechos laborales por el lapso
comprendido del 14 de noviembre de 2008 al 31 de marzo de 2011, y negó las
demás pretensiones de la demanda.
El a quo consideró en lo esencial, que las pruebas allegadas al proceso permiten
corroborar la prestación personal del servicio y la subordinación dado que los
testigos coincidieron en que la demandante debía cumplir un horario, acatar órdenes
del personal de la E.S.E. demandada y, en caso de ausencia le correspondía solicitar
permiso. Adicionalmente señaló que el tipo de labores de enfermería, suponen
permanencia e igualdad frente a las funciones desarrolladas por el personal de
planta, aunado al tiempo excesivo del vínculo contractual, sin que se haya
demostrado por la demandada la estricta necesidad aludida en el artículo 32 de la
Ley 100 de 1993, lo que desnaturaliza el contrato de prestación de servicios.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
2.7.3. Inconformes con la anterior decisión, la parte actora, la E.S.E. Pasto Salud y la
empresa de Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S., interpusieron recurso de
apelación. La primera de las mencionadas solicitó que se modifique la sentencia y
se acojan en su totalidad las pretensiones de la demanda; es decir, que se
reconozca la prima de servicios, el auxilio de transporte y de cesantías por todo en
tiempo en que cumplió funciones de auxiliar de enfermería, la compensación de
vacaciones y que se tenga en cuenta que el tiempo en que ocurrió la intermediación
a través de las empresas Servicios Multiactivos de Colombia S.A.S y Dynamic S.A.S,
en realidad reveló que la relación laboral se ejecutó con la entidad prestadora de
salud demandada.
La E.S.E. Pasto Salud, en el recurso de apelación solicitó de manera principal que se
revoque la sentencia del 18 de septiembre de 2019, por no estar probada la relación
laboral entre la demandante y esa entidad y, en forma subsidiaria que se declare la
prescripción extintiva de los derechos laborales «afectados por ese fenómeno,
igualmente respecto del reintegro de la cuota de pago al sistema de pensiones y
salud». Por su parte, el objeto del recurso de apelación interpuesto por Servicios
Multiactivos de Colombia S.A.S., se dirigió a que se tenga como presentada
oportunamente la contestación de la demanda y se adicione la sentencia en el
sentido de declarar probadas las excepciones allí formuladas.
2.7.4. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 2 de febrero de
2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que no se acreditó el elemento de la subordinación, lo que
imposibilita declarar la existencia de una relación laboral entre las partes, habida
cuenta que aun cuando se contrató el ejercicio de una labor misional de la E.S.E
Pasto Salud, ello no implica per se que exista dicho elemento, sino que es necesario
acreditar, además, los criterios de igualdad, excepcionalidad y habitualidad a los que
alude la jurisprudencia constitucional, los cuales no se evidencian en las labores
desarrolladas por la demandante en condición de enfermera extramural.
2.7.5. El magistrado Paulo León España Pantoja, aclaró voto en el sentido de indicar
que de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, se requiere
un examen de cada caso en particular para no otorgar prerrogativas a la entidad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
demandada. Igualmente precisó que no comparte que se exija prueba solemne de la
relación entre la demandante y el contratante.
2.8. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.8.1. Defecto sustantivo o material
La accionante afirma que no se aplicó la presunción de subordinación prevista en el
artículo 24 del CST y, por ende, considera que el desconocimiento del precepto
señalado se subsume en el defecto que se examina.
Sobre el particular, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Nariño
fundamentó su decisión en la sentencia de unificación proferida por esta corporación
el 9 de septiembre de 2021, aclarada el 11 de noviembre de esa anualidad,
radicación 05001-23-33-000- 2013-01143-01 (1317-2016), en la que no se le dio al
artículo 24 del CST la interpretación que pretende hacer valer la accionante, sino
todo lo contrario, se enfatizó en que los elementos de la relación laboral que pueden
estar encubiertos en un contrato de prestación de servicios deben ser probados por
quien hace esta afirmación.
2.8.2. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria
La accionante expresa que el Tribunal Administrativo de Nariño realizó una
inadecuada valoración probatoria, en concreto de los testimonios de los señores Lilia
Andrea Revelo, Ana Lilia Córdoba, Sofía Isabel Díaz y Hernán Javier Guerrero
Burbano, los que en su sentir, de haber sido analizados en debida forma, habrían
llevado al convencimiento del operador judicial de la presencia del elemento
subordinación laboral, en el vínculo que sostuvo con la E.S.E. Pasto Salud.
En ese sentido, argumenta que de las citadas declaraciones se desprendían los
siguientes aspectos: i) los contratos suscritos con dicha entidad ocultan un verdadera
relación patrono-empleado, ii) Las empresas Servicios Multiactivos de Colombia
S.A.S y Dynamik S.A.S., actuaron como intermediarias para disfrazar la relación
laboral; iii) las funciones que desempeñó corresponden a las misionales de la entidad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
y no se podían ejercer con autonomía ni suspenderlas sin justificación; iv) cumplió el
horario asignado por la demandada y v) existió permanencia en la labor.
Pues bien, se advierte que en el estudio del caso, el Tribunal trajo a colación las
pruebas documentales aportadas al plenario, entre estas los testimonios de los
señores Lilia Andrea Revelo, Ana Lilia Córdoba, Sofía Isabel Díaz y Hernán Javier
Guerrero Burbano las que contrastó con las pautas establecidas en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 y la aclaración realizada por esta
corporación el 11 de noviembre de esa anualidad, lo cual le permitió concluir, que
con respecto de los elementos prestación personal del servicio y remuneración
estos se encontraban plenamente acreditados, pues de los contratos de prestación
de servicios se infería, por un lado, que la naturaleza de las funciones desarrolladas
por la demandante,38 permitían advertir el primero de los mencionados, y por otro, el
valor económico pactado como contraprestación del servicio prestado se enmarcaba
en el segundo elemento.
No ocurrió así con respecto de la subordinación o dependencia, aserto que
sustentó en que la accionante no probó «los criterios de igualdad, excepcionalidad y
habitualidad, ya que las labores asignadas a la demandante no eran iguales a las
que cumplía el personal de planta (de hecho, no existían enfermeras de planta
extramurales)», además expuso que «el solo cumplimiento de un horario no implica
per se la existencia de subordinación».
Del análisis de las pruebas obrantes en el proceso, la providencia objeto de la acción
de tutela siguió los parámetros de la mentada sentencia de unificación proferida por
esta corporación el 9 de septiembre de 2021, aclarada el 11 de noviembre de esa
38 En concreto, el fallo para el efecto se refirió a lo establecido en el objeto contractual pactado y
estableció que la demandante estaba encargada de realizar visitas domiciliarias como estrategia para
la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia y las respectivas visitas de
seguimiento, reuniones con la comunidad y luego de ello presentar los informes respectivos;
vacunación casa a casa en zonas focalizadas; asistir a las actualizaciones y talleres convocados por
las IPS y ESE; actividades de seguimiento y control de las estrategias de Instituciones Amigas de la
Mujer y de la Infancia en coordinación con agentes comunitarias FAMI e ICBF; desarrollo de las
actividades inmersas en el plan de ampliación de inmunizaciones y de prevención de enfermedades; y
seguimiento a la estrategia “Nacido Vivo”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
anualidad en el proceso con radicación 05001-23-33-000- 2013-01143-01 (1317-
2016), y concluyó los siguientes aspectos:
• Criterio funcional: no se puede negar que las funciones relacionadas con la
vacunación y la ejecución de programas de prevención y promoción de la salud en
la mujer y la primera infancia atañen al ejercicio ordinario de las labores
constitucional y legalmente asignadas a las Empresas Sociales del Estado, con lo
cual se da por satisfecho el criterio bajo análisis.
• Criterio de igualdad: en el presente caso no está acreditado con suficiencia que las
labores desarrolladas por la demandante eran las mismas que las de los servidores
vinculados en la planta de personal de la ESE Pasto Salud, porque en la prueba
testimonial se advierte, por ejemplo, que los testigos Lilia Andrea Revelo
(trabajadora de la ESE PASTO SALUD), Sofía Isabel Díaz (Directora Red Sur) y
Hernán Javier Guerrero Burbano (Director Red Sur) coinciden en señalar que no
existían empleados de planta en el cargo de enfermera extramural o que realizara
las funciones asumidas por la demandante.
Y si bien es cierto que la testigo Ana Lilia Córdoba indicó que tanto las enfermeras
de planta como las extramurales realizaban similares funciones, también lo es que
esa afirmación se contradice con lo dicho por ella misma en un principio, en el
sentido de que las actividades cumplidas por la señora Ginna Paola Barco no eran
ejecutadas por personal de planta. Adicionalmente, al contratarse su dicho con las
demás pruebas testimoniales se aprecia, como ya se dijo, que los demás testigos
sostuvieron al unísono que entre el personal de planta no existían auxiliares de
enfermería extramurales, con lo cual se concluye que el criterio de igualdad no se
cumple.
• Criterio de temporalidad o habitualidad: en este punto debe considerarse que las
funciones contratadas no reflejan per se la ejecución de una labor continuada, pues
aun cuando los testigos Lilia Andrea Revelo y Ana Lilia Córdoba coincidieron en
asegurar que la demandante cumplía un horario de trabajo, la señora Sofía Isabel
Díaz, Directora de la Red Sur de la ESE Pasto Salud, afirmó que las auxiliares de
enfermería no cumplían un horario, sino que cumplían metas y se les asignaban
programas, metas que eran definidas por la ESE Pasto Salud.
A su vez, el testigo Hernán Javier Guerrero Burbano sostuvo que el horario de
trabajo dependía del número de población que la demandante tuviera que atender.
Luego, para la Sala no está del todo claro si en realidad, pese al carácter inherente
al campo de la salud que entrañaba la ejecución de programas de vacunación y las
visitas domiciliarias en las estrategias AIEPI e IAMI, las funciones desempeñadas
por la señora Ginna Paola Barco eran continuas, lo cual conllevó el cumplimiento de
un horario de trabajo o exhibiera el ánimo de la administración de utilizar en forma
permanente sus servicios.
Además, de la revisión del objeto contractual, en armonía con las pruebas
testimoniales, se tiene que la ejecución se desarrollaba por fuera de las
instalaciones de la ESE Pasto Salud y que no está acreditado con suficiencia que la
demandante estuviera sujeta a un horario, y que si bien algunos testigos frente al
tema del horario refirieron lo contrario, no puede perderse de vista que el solo
cumplimiento del horario no se traduce automáticamente en la existencia de
subordinación, habida cuenta que ello puede darse en el marco de la relación de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
coordinación que la ESE podía ejercer sobre sus contratistas para la verificación de
las metas propuestas.
• Criterio de excepcionalidad: la prueba testimonial indica que no existía personal de
planta para el desarrollo de las actividades atribuidas a la enfermera extramural.
• Criterio de continuidad: la demandante se vinculó en forma directa con la ESE Pasto
Salud a través de contratos de prestación de servicios sucesivos, con las
interrupciones ya descritas, para desempeñar funciones misionales de esa entidad.
Las razones precedentes sirvieron de sustento para afirmar que en lo atinente al
elemento subordinación, los contratos suscritos con la E.S.E. Pasto Salud podían,
eventualmente, satisfacer los criterios de funcionalidad y continuidad, por cuanto
abordan la ejecución de labores misionales de la entidad, pero, en la medida que las
labores asignadas a la demandante no eran iguales a las que cumplía el personal de
planta, pues no existía el empleo de enfermera extramural, los criterios de igualdad,
excepcionalidad y habitualidad, estaban ausentes, dado que el solo cumplimiento de
un horario no basta para acreditar el mentado elemento de la relación laboral.
En este sentido, explicó que, en el caso, «si bien se contrató un servicio misional,
éste no se ejecutó en las dependencias de la ESE Pasto Salud y no está acreditado
con suficiencia que ello se hiciera bajo las órdenes de ésta última de manera tal que
se desborde el ejercicio propio de coordinación que se debe realizar con los
contratistas, pues mientras las testigos Lilia Andrea Revelo y Ana Lilia Córdoba
manifestaron que la demandante cumplía órdenes impartidas directamente por
funcionarios de la ESE Pasto Salud, su afirmación contrasta con el dicho de la testigo
Sofía Isabel Díaz quien afirmó lo contrario, no existiendo ningún otro medio de
prueba para analizar y esclarecer este aspecto».
De igual forma, advirtió que respecto a la intermediación alegada, aun cuando se
puede evidenciar la prestación personal del servicio y la remuneración, no acontece
ese resultado con respecto a la subordinación «porque, como se ha visto, las
pruebas obrantes no permiten establecer si en igualdad de condiciones que una
enfermera extramural de planta la demandante ejecutó órdenes o cumplió un horario
impuesto por la ESE Pasto Salud, más aún cuando en el contrato de trabajo suscrito
entre la señora Ginna Paola Barco y la mentada entidad se pactó que ésta última se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
comprometía a cumplir “los indicadores de gestión y productividad establecidos por la
Empresa Social del Estado Pasto Salud”».
Así las cosas, concluyó que no fue acreditado en el plenario el elemento
subordinación y, por ende, no había lugar a declarar la existencia de una relación
laboral entre las partes, de tal suerte que no fue posible confirmar la sentencia de
primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda,
Bajo el anterior derrotero, lo que se advierte en el caso es que la parte actora se
circunscribe a reiterar su inconformidad con la valoración probatoria efectuada por el
juez de lo contencioso administrativo y, pretende con ese argumento, desvirtuar la
conclusión a la que arribó el órgano judicial.
En ese orden de ideas, lo que se avizora es que la parte actora está inconforme con
la lógica y el estudio realizado por el fallador en el análisis de la controversia y utiliza
la acción de amparo para plantear un reexamen de la prueba testimonial que no
resulta de recibo para la Sala porque de admitirse se afectaría el juicio interpretativo
del juez, el que no se evidencia irracional o desproporcionado ni se aprecia alejado
de las reglas de la sana crítica.
Por tanto, la Sala no encuentra que el Tribunal, al efectuar la valoración del material
probatorio allegado al proceso, en especial los testimonios de los señores Lilia
Andrea Revelo, Ana Lilia Córdoba, Sofía Isabel Díaz y Hernán Javier Guerrero
Burbano, haya incurrido en un defecto fáctico que habilite la procedencia del amparo
deprecado.
2.8.3. Sobre el desconocimiento de precedente jurisprudencial
La apoderada de la parte actora alega que en el análisis del caso se desconocieron
las sentencias i) T-694 de 2010, dictada dentro del expediente T-2571066 y ii) del 11
de agosto de 2004, emitida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Laboral, en relación con la carga de la prueba respecto a la presunción de la relación
laboral.
Sobre el particular, la Sala ha venido señalando que para el análisis de la causal por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, resulta necesario que se trate de
una sentencia con carácter de unificación en términos de lo previsto en el artículo
270 del CPACA, o un conjunto de sentencias emitidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en sede de lo contencioso administrativo o por la Corte
Constitucional por vía de unificación o cuando se alleguen varias sentencias con
efectos inter partes, en las que se hayan resuelto de forma uniforme asuntos con
supuestos fácticos y jurídicos iguales, eventos que no se cumplen en el sub examine.
En todo caso, se denota que para resolver la controversia el Tribunal accionado trajo
a colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre de
2021, aclarada el 11 de noviembre de esa anualidad en el proceso radicación 05001-
23-33-000- 2013-01143-01 (1317-2016), en la que se fijaron las reglas y subreglas
para acreditar los elementos de la relación laboral encubierta a través de contratos
de prestación de servicios, las cuales rigen la materia y que resultan obligatorias para
los operadores judiciales en orden a resolver un conflicto de esta naturaleza.
A su vez, la Sala encuentra que la sentencia T-694 de 2010,39 versa sobre un asunto
conocido por la jurisdicción ordinaria, iniciado por el señor Jesús Guillermo Mogollón
Galvis contra la EPS Saludcoop, el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del
Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá que resolvieron negar la pretensión de reconocimiento de un vínculo laboral
entre las partes, bajo el argumento de que estaba probada la prestación personal del
servicio, pero no la subordinación.
39 Referencia: expediente T-2571066, acción de tutela interpuesta por Jesús Guillermo Mogollón
Galvis contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Séptimo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa, sentencia del
3 de septiembre de 2010..
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
En ese sentido, con la citada sentencia de tutela no es factible el estudio de la causal
toda vez que i) la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre
de 2021, aclarada el 11 de noviembre de esa anualidad en el proceso radicación
05001-23-33-000- 2013-01143-01 (1317-2016), en la que se fijaron las reglas y
subreglas para acreditar los elementos de la relación laboral encubierta a través de
contratos de prestación de servicios, es de obligatorio acatamiento para la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) la sentencia T-694 de 2010 emitida
por la Corte Constitucional emerge de un asunto cuyo juzgamiento no le
correspondió a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sino a la ordinaria; c)
la sentencia T-694 de 2010 no es una sentencia de unificación de la Corte
Constitucional y d) no es suficiente una sola sentencia de tutela con efectos inter
partes para permitir el estudio de esta causal, pues como se anotó, de forma
excepcional ello es posible cuando se hayan dictado de forma uniforme varios
pronunciamientos con supuestos fácticos y jurídicos iguales, eventos que no se
cumplen en el sub examine.
También se aprecia que el accionante omitió señalar datos adicionales de la
sentencia del 11 de agosto de 2004, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, la que según aduce versa sobre la presunción de la relación
laboral, y, por ello, la falta de identificación impide a la Sala examinar su contenido.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la sentencia impugnada deberá ser confirmada en cuanto negó el
amparo solicitado por la señora Ginna Paola Barco Fajardo, al no encontrar
configurados los defectos sustantivo o material, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02093-01
Demandante: Ginna Paola Barco Fajardo
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 2 de junio de 2022 emitida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que negó el amparo de los derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso, de la señora Ginna Paola Barco Fajardo, de acuerdo
con lo expuesto en este proveído.
Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MECG
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.