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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02111-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02111-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02111-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del defecto sustantivo formulado, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.4.4. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso solicitado por el señor Harold Iguarán Ballesteros, de conformidad con los argumentos expuestos en los numeral 2.5, 2.5.1 y 2.5.2. de la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02111-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de septiembre de 2022

Demandante: Harold Eugenio Iguarán Ballesteros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02111-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02111-00
Demandantes: HAROLD EUGENIO IGUARÁN BALLESTEROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE
CONJUECES

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente – incumplimiento del requisito
de subsidiariedad por hecho nuevo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el
señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros contra el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Sala de Conjueces.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 7 de abril de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de esta Corporación, el señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros,
actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Sala de Conjueces, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como para que se
garantizaran los principios de favorabilidad e “irrenunciabilidad de los derechos
laborales”, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda
– Sala de Conjueces el 15 de diciembre de 2020, mediante la cual se revocó el fallo
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E el 24 de agosto de 2017 para, en su lugar, acceder parcialmente a
las pretensiones de la demanda que presentó, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Harold Eugenio Iguarán Ballesteros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02111-00

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“i. La nulidad parcial de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, dentro del proceso
radicado con el No. 25000-23-25-000-2011-00535-00/01/02, por violación de mis
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en la resolución del litigio
formulado en la demanda, en los periodos de mi desempeño en el cargo de Director
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

ii. Se decrete para mi caso concreto y con efectos interpartes, y por razones
constitucionales de igualdad, derecho a un debido proceso, por aplicación vinculante
de los principios constitucionales de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima,
favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, la inaplicabilidad de la
parte final del artículo 5° del acuerdo 2668 de 2005 que deroga “el parágrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo 250 de 1998”, por desobedecer la disposición expresa de la
Ley marco de salarios (literal a) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992) y por la
desviación de poder en que incurrió la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura en esa eliminación de una equivalencia salarial sin tener en cuenta que
si ejerce la facultad de establecerla no puede después eliminarla so pena de afectar
derechos adquiridos de carácter laboral como en efecto ocurrió en la sentencia
objeto de la presente tutela.

iii. Se ordene a la parte accionada, como juzgador de segunda instancia, que en un
término no mayor a 48 horas profiera una nueva decisión de fondo, o sentencia de
mérito, en la que se reconozcan mis derechos sustanciales reclamados en la
demanda consistentes en el pago de las diferencias mensuales existentes entre el
monto derivado de la aplicación del Decreto 4040 de 2004 – que disponía el pago
de la Bonificación por Gestión Judicial en un 70% - y el monto derivado de la
aplicación del Decreto 610 de 1998 – que dispone a su vez el pago de la Bonificación
por Compensación en un 80% - diferencias equivalentes al 10% de lo devengado
por todo concepto de los Magistrados de las Altas Cortes, quienes a su vez deben
devengar lo mismo que lo devengado por todo concepto por los Congresistas;
durante el periodo de mi desempeño como DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA reclamado en la
demanda (desde el 01 de agosto de 2007 hasta el 05 de julio de 2009)

iv. Se ordene a la parte accionada que en la nueva decisión de fondo, reconozca y
ordene que el cálculo para liquidar la Bonificación por Compensación en el
desempeño de los cargos de Magistrado de los Consejos Seccionales de la
Judicatura de Pasto (Nariño), Tunja (Boyacá) y Florencia (Caquetá), se realice sobre
el 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de Alta Corte quienes
a su vez deben devengar lo mismo que los Congresistas, por aplicación del
precedente contenido en la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-016-CE-S2-2019,
de 02 de septiembre de 2019, proferida por la H. Sala Plena de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en lo atinente a los apartes que hacen
relación con la Bonificación por Compensación, numerales sexto (6) y séptimo (7)
de su parte resolutiva”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

2

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Demandante: Harold Eugenio Iguarán Ballesteros
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4. El señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros presentó demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución N°
5377 del 31 de diciembre de 2010, con la que le se negó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales de conformidad con los decretos 610 de 1998 y 1239
de 1998, desde el 01 de agosto de 2007 y hasta el 01 de agosto de 2010.

5. El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E que, a través del fallo del 24 de
agosto de 2017, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que el
tutelante no cumplió con la carga probatoria establecida en el artículo 177 del
Decreto 1400 de 19701 y, por ello, no pudo desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado.

6. Inconforme con lo anterior, el accionante interpuso recurso de apelación y la
alzada le correspondió resolverla al Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala
de Conjueces, autoridad judicial que, mediante sentencia del 15 de diciembre de
2020, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, dispuso:

“PRIMERO: ESTESE a lo resuelto en las sentencias de unificación jurisprudencial
proferidas el dieciocho (18) de mayo de 2016 y el 02 de septiembre de 2019 por la
Sección Segunda, Sala de Conjueces de esta corporación, dentro del expediente
No. 0845-15 y 2204-2018 por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
de fecha 24 de agosto de 2017.

TERCERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN
conforme la parte motiva de este fallo.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 5377 del 31 de diciembre de 2010 expedida por el Director Ejecutivo de
Administración Judicial de Bogotá, que negó al Dr. HAROLD EUGENIO IGUARAN
BALLESTEROS el derecho a percibir por concepto de bonificación por
compensación el 80% mensual de lo que por todo concepto percibieron los
Magistrados de las Altas Cortes.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho CONDENAR a La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor del demandante Dr.
HAROLD EUGENIO IGUARAN BALLESTEROS el valor correspondiente a las
diferencias salariales por concepto de la Bonificación por Compensación sólo por
los periodos en los cuales fungió como Magistrado de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de Pasto desde el 06 de julio de 2009 a 30 de septiembre de
2009, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Boyacá desde
el 01 de octubre de 2009 hasta el 07 de febrero de 2010 y Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de Caquetá desde el 08 de febrero de 2010 al
11 de julio, en el equivalente al 80% de lo que por todo concepto devengan los
Magistrados de las Altas Cortes, conforme lo establece el Decreto 610 de 1998, en
armonía con el Decreto 1239 de 1998, conforme la parte motiva de esta fallo.

1 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil”.

3

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SEXTO: NIEGUESE las demás pretensiones.

SÉPTIMO: De la liquidación que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se
descontarán las sumas de lo que la entidad hubiese cancelado a la parte actora en
caso de haber efectuado transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden
de tutela o equivalentes.”

7. Lo anterior, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

“6. Caso concreto

El señor HAROLD EUGENIO IGUARAN BALLESTEROS prestó sus servicios
laborales personales en la Rama Judicial como Magistrado de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de Pasto desde el 06 de julio de 2009 a 30 de septiembre de
2009, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Boyacá desde
el 01 de octubre de 2009 hasta el 07 de febrero de 2010 y Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de Caquetá desde el 08 de febrero de 2010 al
11 de julio2

El régimen aplicable en el caso del demandante es el previsto Decreto 610 de 1998.

La parte actora es beneficiaria de la Bonificación por Compensación, por lo tanto, se
le debe otorgar el 80% por ciento de los ingresos que devengan los Magistrados de
Alta Corte conforme al decreto 610 de 1998.

La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL no le canceló en debida forma la bonificación por compensación al
demandante conforme al Decreto 610 de 1998, al no realizar en debida forma el
pago de esta bonificación, la entidad demandada desconoció sus derechos
laborales.

El demandante presentó ante la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL el día 29 de noviembre de 2010 petición a fin de que
se le cancelaran las diferencias salariales por concepto de Bonificación por
Compensación, la cual fue negada a través de la Resolución No. 5377 del 31 de
diciembre de 2010 expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial de
Bogotá.

En vista de que la negativa al reconocimiento y pago de las diferencias salariales
por concepto de Bonificación por Compensación, la Resolución No. No. 5377 del 31
de diciembre de 2010 expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial
de Bogotá, es contraria a la ley por lo explicado en la parte motiva de esta sentencia,
por tanto, esta Sala de Decisión declarará su nulidad.”

2 Cita de cita “Fl. 248 Anexo 1 Certificación tiempo de servicios.”

4

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8. El 26 de enero de 2021, el señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros
presentó solicitud de aclaración3 y adición4 de la sentencia del 15 de diciembre de
2020.

9. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces, mediante
auto del 7 de diciembre de 2021, aclaró el numeral tercero de la sentencia en el
sentido de declarar no probada la excepción de prescripción y negó la solicitud de
adición, al advertir:

“En ese sentido es evidente que no procedía declara (sic) probada la excepción,
pues así se indicó en la parte motiva con sustento en las sentencias de unificación
de la metería (sic). Se evidencia que por error involuntario de transcripción se omitió
la palabra NO. en ese sentido se procederá a hacer la respectiva corrección.

(…)

Al respecto se tiene que, si bien el acuerdo 250 de 1998 consideraba por expresa
disposición que el cargo de DIRECTOR DE UNIDAD DE LA SALA
ADMINISTRATIVA era equivalente al de MAGISTRADO AUXILIAR le asistiría razón
a la solicitante, salvo que dicho (sic) disposición fue derogada por artículo 5º del
acuerdo No. 2868 de 2.005, “Por el cual se modifica la denominación de unos cargos
de la Rama Judicial” el cual dispone, a saber:

(…)

Vale la pena resaltar que este acuerdo se encuentra vigente y sin modificaciones.
Bajo esa tesitura no es procedente acceder a la solicitud de adición, pues para el
día 07 de agosto de 2.007 y en adelante dicho (sic) norma no era aplicable al
demandante en razón a su derogatoria, quien además se presume que por el cargo
que ostentaba como Director de la Unidad de Auditoria del Consejo Superior de la
judicatura debía tener pleno conocimiento de dicha situación.

Al respecto cabe recordar a la apoderada, como sustento de lo considerado para la
negativa de lo solicitado los conceptos de vigencia y derogatoria, ha dicho en su
reiterada Jurisprudencia de la Corte Constitucional que la vigencia se refiere "al
hecho de que la norma formalmente haga parte del sistema, por haber cumplido los
requisitos mínimos para entrar al ordenamiento". Y La derogatoria, por el
contrario, "es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una
norma posterior", es decir, la remoción de una norma del ordenamiento jurídico por
voluntad de su creador.”

3 Esta solicitud consistió en que se debía aclarar el numeral tercero de la sentencia, por cuanto en la

parte motiva se indicó que no operaba el fenómeno de la prescripción y, sin embargo, se declaró
probada la referida excepción. Además, se pidió que esta determinación se adoptara para “el periodo
no reconocido de mi poderdante que desempeñó en el cargo de Director de la Unidad de Auditoría del Consejo
Superior de la Judicatura (cargo éste equivalente al de Magistrado Auxiliar por expresa disposición del Acuerdo
250 de 1998, va desde el 01 de agosto de 2007 hasta el 05 de julio de 2009”.
4 Esta solicitud consistió en que se debía adicionar la sentencia, comoquiera que no se reconoció y

ordenó el pago de las diferencias salariales por concepto de la bonificación por compensación, que
correspondían al periodo durante el cual el señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros fungió como
director de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura. Además, pidió que se
determinara “expresamente que para realizar el cálculo del porcentaje del 80% de lo devengado por los
Magistrados de las Altas cortes, éstos deben tener un ingreso equivalente al que devengan los Congresistas
por todo concepto incluidas las cesantías”.

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10. El auto del 7 de diciembre de 2021, se notificó por correo electrónico enviado
el 7 de febrero de 2022 a las 10:16 a. m.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte actora aseguró que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala
de Conjueces vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, por las razones que se exponen a continuación:

12. De manera preliminar, manifestó que la solicitud de amparo cumplía con
todos los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

13. Al argumentar el fondo de la vulneración, consideró que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por
lo siguiente:

• Defecto sustantivo

14. Indicó que se incurrió en este yerro, comoquiera que al excluir el
reconocimiento de las bonificaciones por gestión judicial y compensación, durante
el periodo que el señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros fungió como director de
la Unidad de Auditoría, desconoció que la equivalencia de éste cargo con el de
Magistrado Auxiliar establecida en el Acuerdo 250 de 1998 sigue vigente.

15. Al respecto, advirtió:

“Debo destacar que en la demanda primigenia contenciosa se indicó, que el derecho
a ese emolumento salarial, surge de la equivalencia de los cargos de Magistrado
Auxiliar, establecida en el Acuerdo 250 de 1998 emitido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo que pese a la derogatoria que realizó
el Acuerdo 2668 de 2005, aún hoy sigue vigente y en plena aplicación para el cargo
de Director de la Unidad de Auditoría que desempeñé, como lo prueba y demuestra
la “CONSTANCIA DEAJRHO22” adjunta a la presente tutela, donde se evidencia
que desde el año 2005 hasta la fecha se ha mantenido tanto el pago de la
Bonificación por Compensación desde el año 2012, en virtud de la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, como la anterioridad al año 2012 el pago de la Bonificación
por Gestión Judicial, pagos todos sustentados exclusivamente en el Acuerdo 250 de
1998; pagos que la Dirección Ejecutiva de manera expresa relaciona como
respuesta a mi petición de 10 de diciembre de 2021, y todo con base en la norma
que rige para mantener la equivalencia de los cargos de Director de Unidad de la
Sala Administrativa con los de Magistrado Auxiliar.” (Sic a toda la transcripción)

16. Precisó que, de lo “certificado” por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, concluía que

 Pese a la derogatoria del Acuerdo 250 de 1998, éste se ha venido aplicando.

6

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 Se mantuvo la equivalencia en el Acuerdo 250 de 1998, pues, se siguió
pagando la bonificación por gestión judicial y compensación.

 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha realizado una
“inaplicación por ilegalidad del Acuerdo 2868 de 2005”, seguramente en
consonancia con los dispuesto en el literal a) del Artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 y
en el artículo 10° ibídem” y, por ello, la jurisdicción contencioso administrativa
también debió hacerla para resolver la controversia que planteó.

 El Acuerdo 2868 de 2005 es ilegal por transgredir el literal a) del Artículo 2°
de la Ley 4ª de 1992 y porque desconoce los derechos adquiridos de los
trabajadores.

17. Aclaró que los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima,
favorabilidad e “irrenunciabilidad de los derechos laborales” lo facultaban para acudir a
la acción de tutela para defender sus derechos fundamentales y, en ese sentido,
que se accediera a todas las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió.

18. Insistió en que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la
“CONSTANCIA DEAJRHO22-602” certificó que a los directores de unidad de la Sala
Administrativa se les pagan las bonificaciones por gestión judicial y compensación,
por lo que se le debían reconocer.

• Desconocimiento del precedente

19. Señaló que se incurrió en este yerro, toda vez que no se aplicaron las reglas
de decisión establecidas en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-2019 del 2 de
septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala
de Conjueces.

20. En este punto, consideró:

“En la sentencia objeto de la presente tutela, si bien es cierto se afirma en la parte
considerativa que se aplicará la primera de las reglas citadas, es decir, la de la
imprescriptibilidad de los derechos posteriores al 03 de diciembre de 2004, sólo lo
hace respecto a los cargos de Magistrado de los Consejo Seccionales de la
Judicatura de Pasto, Boyacá y el Caquetá y además, inaplica la segunda regla en
cita respecto a la forma de cálculo del monto sobre el cual se debe tomar el 80%,
porque omite indicar que los ingresos por todo concepto de los magistrados de las
Altas Cortes, deben ser iguales a los devengados por los Congresistas incluidas las
Cesantías, circunstancia que evidencia la inaplicación del precedente jurisprudencia
de la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019.”

21. Por otra parte, agregó que la solicitud de “aclaración” que presentó estuvo
dirigida a que el derecho que reclamó también se le reconociera durante el periodo
en el que fungió como director de la Unidad de Auditoría y a la “clarificación del cálculo

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de los ingresos por todo concepto de los Magistrados de Alta Corte incluyendo las cesantías
de los Congresistas”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

22. El proceso le correspondió por reparto al magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra, quien manifestó su impedimento para conocer e intervenir en el trámite del
vocativo de la referencia al considerar que se encontraba incurso en la causal
consagrada en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 5, comoquiera
que por haber fungido como magistrado de tribunal obtuvo el “reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación objeto de debate” lo que implica que tiene “un interés
directo en el presente asunto”.

23. El 28 de abril del 2022, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio también
manifestó su impedimento con fundamento en la misma causal y por idénticas
razones a las expresadas por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

24. Por resultar afectado el quorum decisorio, con proveído del 9 de mayo de
2022, se designaron como conjueces a los doctores Rodrigo Noguera Calderón,
Alejandro Venegas Franco y Jesús Vall de Ruten Díaz, este último como suplente
por si se presentaba algún empate.

25. A través de providencia del 2 de junio de 2022, se declararon fundados los
impedimentos manifestados y, en consecuencia, a los magistrados Luis Alberto
Álvarez Parra y Carlos Enrique Moreno Rubio se les separó del conocimiento del
asunto.

26. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 21 de junio de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación
a la parte actora, así como al Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de
Conjueces en calidad de autoridad judicial accionada.

27. Igualmente, vinculó como tercero con interés al Consejo Superior de la
Judicatura, por haber sido la autoridad demandada en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Además, ordenó publicar copia digital de la
demanda y del auto admisorio en la página web de la Secretaría General de esta
Corporación, y notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado6.

28. Con proveído del 3 de agosto de 2022, se vinculó como tercero con interés
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E,
que dictó la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario.

5 Aplicable a las acciones de tutela por la remisión establecida en el artículo 39 del Decreto Ley 2591

de 1991.
6 En los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.

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1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentó la
siguiente intervención:

1.5.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces

29. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el conjuez ponente de la
providencia judicial cuestionada, sostuvo que en el numeral primero de la sentencia
15 de diciembre de 2020 se dispuso estar a lo resuelto en la sentencia de unificación
SUJ-016-CE-S2-2019.

30. Manifestó que el accionante desconocía que en el referido fallo de unificación
se hizo referencia a la prima especial de servicios y no a la bonificación por
compensación.

31. Precisó que la decisión que profirió respetó todas las garantías de la parte
actora y resolvió todos los extremos del litigió que se planteó. En este punto, indicó
que mediante auto del 7 de diciembre de 2021 resolvió las solicitudes de aclaración
y adición que presentó el tutelante.

32. Aclaró que artículo 5 del Acuerdo 2868 de 2005 no ha sido declarado nulo y
derogó expresamente el parágrafo 2° del artículo 1 del Acuerdo 250 de 1998, razón
por la cual no era procedente reconocer lo pretendido por el accionante durante el
periodo que fungió como director de la Unidad de Auditoría.

33. Advirtió que en la solicitud que allegó el señor Harold Eugenio Iguarán
Ballesteros, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no se pronunció sobre
la vigencia de los acuerdos 250 de 1998 y 2868 de 2005.

34. Señaló que el accionante no tenía conocimiento que la norma que invocó
para fundamentar sus pretensiones había sido derogada y que podía demandar la
nulidad del Acuerdo 2868 de 2005 para que, eventualmente, pudiera “solicitar la
extensión de jurisprudencia”.

35. Agregó que no se demostró que hubiera incurrido en una causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que el simple
desacuerdo con su decisión judicial no significaba que se hubieran vulnerado
derechos fundamentales

36. Así las cosas, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo.

9

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1.5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E, el Consejo Superior de la Judicatura7 y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros contra el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Sala de Conjueces, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, los
argumentos del libelo introductorio, la intervención presentada y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?

39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor Harold
Eugenio Iguarán Ballesteros, por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 15
de diciembre de 2022, mediante la cual revocó el fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E el 24
de agosto de 2017 para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones
de la demanda que presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de

7 El Consejo Superior de la Judicatura fue notificado al buzón web
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.

10

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tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
8
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9 y declaró su
procedencia.10

42. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

43. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

44. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

45. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la sentencia
del 15 de diciembre de 2020 comoquiera que, a su juicio, incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, comoquiera que: (i) no se tuvo en

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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cuenta el parágrafo 2° del artículo 1 de Acuerdo 250 de 1998, que estableció la
equivalencia de cargos entre el de director de unidad y el de magistrado auxiliar; y
(ii) tampoco se aplicaron las reglas de decisión establecidas en la sentencia de
unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019.

46. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, el accionante considera vulneradas las garantías constitucionales a la
igualdad y al debido proceso, por cuanto una vez el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Sala de Conjueces revocó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E para, en su lugar, acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda, desconoció que tenía derecho a
que se le reconociera las bonificaciones por gestión judicial y compensación
durante el periodo en el que fungió como director de la Unidad de Auditoría.

47. En ese sentido, el argumento que a juicio del tutelante es irrazonable y
contrario al ordenamiento jurídico, concretamente, considerar que el cargo director
de Unidad de Auditoría y magistrado auxiliar no son equivalentes para el
reconocimiento de las bonificaciones por gestión judicial y compensación, lo que
conllevó a que se omitiera el deber del juez contencioso administrativo de actuar
tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la
causa ordinaria.

48. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al revocar el fallo de primera instancia y acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda ordinaria, vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

49. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o
judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el
caso objeto de estudio.

50. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

2.4.2. Tutela contra tutela

51. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
N° 25000-23-25-000-2011-00535-02, que promovió el señor Harold Eugenio

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Iguarán Ballesteros contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.4.3. Inmediatez

52. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Sala de Conjueces el 25 de diciembre de 2020 y que fue
aclarada mediante auto del 7 de diciembre de 2021, notificado el 7 de febrero de
2022, y la acción de tutela se ejerció el 7 de abril de 2022, lo que para la Sala es un
término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

53. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad

54. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de la sentencia
del 15 de diciembre de 2020 de una providencia que resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros contra el fallo dictado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
E el 24 de agosto de 2017, en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado N° 25000-23-25-000-2011-00535-02, es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

55. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258
de la Ley 1437 de 2011.

56. Sin embargo, el defecto sustantivo formulado por el accionante no cumple
con este requisito y, por ello, no es posible hacer un estudio de fondo sobre éste.

57. En efecto, el referido yerro se erige sobre la “certificación” expedida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a solicitud del accionante después de
que se dictara el auto que aclaró la sentencia del 15 de diciembre de 2020, es decir,
que ese documento no fue aportado al medio de control de nulidad y

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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restablecimiento del derecho y las inconformidades que surgieron de aquel tampoco
fueron esgrimidas en el proceso ordinario.

58. Al respecto, la Sala pone de presente que el referido documento corresponde
a una prueba documental que pudo ser solicitada para su práctica al interior del
proceso ordinario. Sin embargo, la parte actora no la pidió y pretende hacer uso de
la acción de tutela para suplir dicha falencia probatoria.

59. Así mismo, la inaplicación del Acuerdo 2868 de 2005, vía excepción de
inconstitucionalidad, no fue pedida en la demanda y tampoco en el recurso de
apelación que presentó el accionante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, oportunidades procesales con las que contaba el
tutelante para que el juez natural resolviera su inconformidad.

60. Lo anterior significa que la autoridad judicial accionada no tuvo la oportunidad
de pronunciarse sobre estos argumentos, razón por la cual éstos comportan hechos
nuevos y externos a la controversia del proceso ordinario, que no pueden ser
alegados en sede de tutela.

61. Como lo ha indicado la Sala en ocasiones anteriores12, se trata de un
requisito de procedencia adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en un movimiento de articulación respecto de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 en la materia.

62. Al respecto, en la sentencia de 5 de agosto de 201414, la Sala Plena de esta
Corporación adoptó como condiciones necesarias para amparar los derechos
fundamentales invocados en una acción de tutela contra una providencia judicial del
Consejo de Estado, aquellas erigidas por la Corte Constitucional en sentencia C-
590 de 2005. En esta oportunidad, se advirtió:

“3.1.- En la Sentencia C-590 de 2005, posición que se adopta de manera expresa
en la presente providencia, la Corte señaló como requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, los siguientes:

(…)

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible15. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí
es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del

12 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 15.03.18 M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2017-02644-01 y del 24.05.18. M.P. Rocío
Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-00099-01.
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8.06.05. M.P. Jaime Córdoba Triviño
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5. 08.14. M.P.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Corte Constitucional, Sentencia T-658 del 11.11.98. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

14

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proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

63. Se concluye de lo expuesto que, en este presupuesto de procedibilidad del
recurso de amparo en contra de providencias judiciales, el accionante además de
identificar de manera clara y precisa los yerros e irregularidades imputables a la
autoridad jurisdiccional acusada, debe haberlos puesto en conocimiento del juez de
instancia oportunamente, de haber sido ello posible.

64. Es decir, debe existir cierta congruencia o coherencia entre las falencias
esgrimidas al interior del proceso ordinario y las acciones u omisiones cuestionadas
por parte de la accionante a las autoridades judiciales vía acción de tutela. Empero,
la anterior exigencia se morigera luego de que se constata la existencia de
circunstancias objetivas que impiden la alegación de estas en el procedimiento
jurisdiccional de instancia16, que no se presentan en el caso concreto.

65. Así las cosas, solo el cargo relacionado con la presunta configuración del
defecto de desconocimiento del precedente cumple con el requisito de
subsidiariedad, razón por la cual habrá que declararse la improcedencia de la acción
de tutela respecto de la inconformidad relativa al yerro sustantivo formulado.

66. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará
de fondo el amparo solicitado, frente al desconocimiento del precedente alegado,
no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene
como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía
judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y
la confianza en las decisiones judiciales.

2.5. Caso concreto

67. El señor Harold Eugenio Iguarán Ballesteros aseguró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
por cuanto al proferir la sentencia del 15 de diciembre de 2020 incurrió en el defecto
de desconocimiento del precedente.

68. Por su parte, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces,
en su contestación, sostuvo que en el numeral primero de su decisión dispuso estar
a lo resuelto en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019.

69. Así las cosas, se estudiará el defecto de desconocimiento del precedente
formulado por el accionante.

16 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-297 del 21.05.15., M.P. Luis Guillermo Guerrero.

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2.5.1. Generalidades del desconocimiento del precedente

70. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.

71. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues
son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez”17.

2.5.2. Análisis del defecto

72. La parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima para estudiar el
defecto de desconocimiento del precedente formulado.

73. En efecto, precisó que la autoridad judicial accionada no aplicó las reglas de
decisión establecidas en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019, pues, a su juicio, en la providencia cuestionada se omitió
“indicar que los ingresos por todo concepto de los magistrados de las Altas Cortes, deben
ser iguales a los devengados por los Congresistas incluidas las Cesantías”.

74. Ahora bien, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
en la parte resolutiva del fallo del 15 de diciembre de 2020, respecto de la aplicación
del referido precedente y el porcentaje de la bonificación por compensación,
dispuso:

“PRIMERO: ESTESE a lo resuelto en las sentencias de unificación
jurisprudencial proferidas el dieciocho (18) de mayo de 2016 y el 02 de septiembre
de 2019 por la Sección Segunda, Sala de Conjueces de esta corporación, dentro
del expediente No. 0845-15 y 2204-2018 por las razones aquí expuestas.

(…)

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 5377 del 31 de diciembre de 2010 expedida por el Director Ejecutivo de
Administración Judicial de Bogotá, que negó al Dr. HAROLD EUGENIO IGUARAN
BALLESTEROS el derecho a percibir por concepto de bonificación por
compensación el 80% mensual de lo que por todo concepto percibieron los
Magistrados de las Altas Cortes.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho CONDENAR a la La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor del

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.02.15, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.

16

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demandante Dr. HAROLD EUGENIO IGUARAN BALLESTEROS el valor
correspondiente a las diferencias salariales por concepto de la Bonificación por
Compensación sólo por los periodos en los cuales fungió como Magistrado de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de Pasto desde el 06 de julio de 2009 a
30 de septiembre de 2009, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de Boyacá desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 07 de febrero de 2010
y Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Caquetá desde el
08 de febrero de 2010 al 11 de julio, en el equivalente al 80% de lo que por todo
concepto devengan los Magistrados de las Altas Cortes, conforme lo establece
el Decreto 610 de 1998, en armonía con el Decreto 1239 de 1998, conforme la parte
motiva de esta fallo.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

75. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado por el
accionante, pues, expresamente dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia de
unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019.

76. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
E advirtió que las diferencias salariales reconocidas al accionante se debían calcular
sobre el 80% de lo que “por todo concepto” devengan los magistrados de las Altas
Cortes.

77. En este punto, conviene precisar que la expresión en negrita y subrayado
indica que el reconocimiento hecho cobija todo lo que recibe un magistrado de Alta
Corte y, por ello, se infiere lógicamente que las cesantías también están incluidas.

78. Aunado a lo anterior, en el numeral primero de la sentencia de unificación
SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, se estableció la siguiente regla:

“6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Ese 80% es un piso y un
techo.

La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto, a los
magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva
anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el
tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un
magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin
embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que e
alcance el tope del 80% señalado.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

79. Desde este panorama, se advierte que lo pretendido por el accionante está
implícito en la parte resolutiva de la sentencia del 15 de diciembre de 2020, pues,
se dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019
del 2 de septiembre de 2019 y precisó que el reconocimiento se hacía lo que “por
todo concepto” devengaba un magistrado de Alta Corte.

17

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80. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de
Conjueces no incurrió en el desconocimiento del precedente formulado por el
accionante y, en consecuencia, no vulneró sus derechos fundamentales.

81. Así las cosas, se negará el amparo solicitado por el señor Harold Eugenio
Iguarán Ballesteros.

2.6. Conclusiones

82. La acción de tutela es improcedente en relación con el defecto sustantivo
alegado, toda vez que esta inconformidad con cumple con el requisito de
procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad.

83. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces, al proferir la
sentencia del 15 de diciembre de 2020, no incurrió en el defecto de desconocimiento
del precedente y, por ello, no vulneró los derechos fundamentales del señor Harold
Eugenio Iguarán Ballesteros.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del defecto
sustantivo formulado, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral
2.4.4. de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso solicitado por el señor Harold Iguarán Ballesteros, de conformidad
con los argumentos expuestos en los numeral 2.5, 2.5.1 y 2.5.2. de la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

18

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Demandante: Harold Eugenio Iguarán Ballesteros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02111-00

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

RODRIGO NOGUERA CALDERÓN
Conjuez

ALEJANDRO VENEGAS FRANCO
Conjuez

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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