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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02114-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02114-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02114-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02114-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDUARDO SANABARIA BARRETO

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE CARECE DEL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EL ACTOR PRETENDE
DEBATIR EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 9 de junio de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

improcedente el amparo solicitado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante la Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 110010315 000 2022 02114 01
Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

El señor EDUARDO SANABRIA BARRETO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicita la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales consideró vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA

-SUBSECCIÓN B-2 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA al proferir la providencia de 6 de octubre de 2021,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-

35-018-2017-00452-01.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró al servicio de la NACIÓN- MINISTERIO DE

DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, ostentando el grado de

subteniente.

Adujo que al estar activo al servicio de la institución policial hizo parte

del cuerpo autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial en vigencia

de la Ley 1765 de 2015.

2
En adelante el Tribunal.

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3

Número único de radicación: 110010315 000 2022 02114 01
Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

Señaló que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a través de

la Resolución No. 4347 de 21 de junio de 2017, dio por terminada la

comisión en la administración pública al servicio del Comando

General de las Fuerzas Militares en la Fiscalía ante Tribunal Superior

Militar donde desempeñó el cargo de auxiliar judicial.

Afirmó que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR, la cual

correspondió en primera instancia al JUZGADO 18

ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ3

que, mediante sentencia de 18 de mayo de 2020, denegó las

pretensiones.

Resaltó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 6 de octubre de

2021, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

3
En adelante el Juzgado.

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

Señaló que la providencia emitida por el TRIBUNAL incurrió en

defecto sustantivo, por cuanto inaplicó el contenido de la Ley 1765

de 2015.

Manifestó que la decisión objetada, omitió la aplicación del artículo

82 de la Ley 1765 de 2015 desconociendo las causales de

terminación de la comisión al cuerpo autónomo de la justicia penal

militar y policial las cuales le eran aplicables al momento de su retiro.

Asimismo, señaló que se configuró violación directa de la

Constitución, por cuanto la autoridad judicial debió someterse al

imperio de la ley.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Que se ampare mi derecho fundamental al
debido proceso y demás invocados.

SEGUNDO: Que se revoque y se deje sin efecto la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca demandada.

TERCERO: Que se ordene reconocer mis pretensiones contenidas
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho
[…]”.

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que no se configuró el defecto

endilgado, pues la providencia cuestionada fue producto de un

estudio razonado en el que ampliamente se explicaron las razones

por las que no era aplicable la Ley 1765 de 2015.

Mencionó que las pretensiones de la demanda están encaminadas a

generar una tercera instancia al insistir en el debate que ya fue

resuelto en el trámite del proceso ordinario, razón por la que solicitó

declarar improcedente la acción de tutela.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO afirmó que la decisión que puso fin a la primera

instancia no incurrió en las causales de procedibilidad de la acción de

tutela, ni vulneró los derechos fundamentales deprecados, por

cuanto se le dio el trámite correspondiente al recurso de apelación.

I.6.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a través de la

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial,

manifestó que la tutela es improcedente por cuanto no cumple con

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el requisito de subsidiariedad, ya que el actor no ha hecho uso del

recurso extraordinario de revisión.

Señaló que la tutela es improcedente por cuanto la parte actora no

sustentó las causales específicas de procedibilidad y, además, no

acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la

protección de los derechos deprecados y el reconocimiento de las

pretensiones.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 22 de abril de 2022, la SECCIÓN CUARTA

declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró

satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Para tal efecto, luego de comparar las consideraciones presentadas

por el actor en el recurso de apelación, el escrito de tutela y, lo

resuelto por el TRIBUNAL en la sentencia proferida el 6 de octubre

de 2021, advirtió que las inconformidades planteadas en la instancia

constitucional fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural.

Resaltó que los argumentos presentados están relacionados con la

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interpretación normativa y probatoria desplegada por las autoridades

judiciales quienes profirieron una decisión desfavorable a los

intereses del actor y, por lo tanto, no podría considerarse la

vulneración del derecho fundamental invocado.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que

del razonamiento jurídico no se extrae el concepto de la relevancia

constitucional y las causales por las que no se adecua al caso

concreto.

Precisó que su petición si goza de relevancia constitucional, por

cuanto lo que pretende es la protección de la relación laboral con la

entidad accionada la cual se encontraba reglamentada por la Ley

1765 de 2015, normatividad que ha sido desconocida e inaplicada

por las autoridades judiciales.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

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tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por

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decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 6 de octubre de 2021, proferida

por el TRIBUNAL dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 11001-

33-35-018-2017-00452-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, el TRIBUNAL incurrió

en defecto sustantivo al omitir la aplicación del artículo 82 de la

Ley 1765 de 2015, desconociendo las causales de terminación de la

comisión al cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial, las

cuales le eran aplicables al momento de su retiro.

Asimismo, señaló que la decisión objetada incurrió en violación

directa de la Constitución por cuanto la autoridad judicial debió

someterse al imperio de la ley.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que declaró improcedente el amparo al

considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de

relevancia constitucional.

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La impugnación del actor está encaminada a cuestionar los

argumentos del a quo, señalando que su petición si goza de

relevancia constitucional, por cuanto lo que pretende es la protección

de la relación laboral con la entidad accionada la cual se encontraba

reglamentada por la Ley 1765 de 2015, normativa que ha sido

desconocida e inaplicada por las autoridades judiciales.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si

el presente caso cumple con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de

ser así, determinar si el TRIBUNAL incurrió en los defectos alegados.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos

que invoca el actor como fundamento de la presunta vulneración de

sus derechos fundamentales, son los mismos que fueron puestos a

consideración del TRIBUNAL en el escrito de apelación interpuesto

contra la sentencia de primera instancia.

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

Así se desprende de la lectura del escrito de apelación presentado

por el actor en el trámite del proceso ordinario y su comparación con

la demanda de tutela, como se explica a continuación:

Argumentos del escrito de Argumentos de la demanda
apelación14 de tutela15

[…] Se señalo en la demanda que la causal […] 6.2 De la situación jurídica
de nulidad contenida en la Resolución No. planteada y conflicto de leyes
4347 del 21 de junio de 2017 por medio de
la cual el Ministro de Defensa Nacional El articulo 63 de la Ley 1765 de 2015 “Por
termino la comisión del Subintendente la cual se restructura la Justicia Penal
Eduardo Sanabria Barreto, en la Fiscalía Militar y Policial, se establecen requisitos
ante el Tribunal Superior Militar era la para el desempeño de sus cargos, se
denominada como falsa motivación. […] implementa su Fiscalía General Penal
La falladora de Primera Instancia Militar y Policial, se organiza el cuerpo
desconoció el precedente constitucional al técnico de investigación, se señalan
momento de resolver el problema jurídico disposiciones sobre competencia para el
planteado, habida cuenta que únicamente tránsito al sistema penal acusatorio y
se fundamentó en el decreto de carrera del para garantizar su plena operatividad en
personal policial en comisión Decreto Ley la Jurisdicción Especializada y se dictan
1791 de 2000. otras disposiciones”, se estableció como
está compuesto el cuerpo autónomo de
Omitiendo incorporar lo que la honorable Justicia Penal Militar y, entre otros,
Corte Constitucional ha venido modulando determinó que estaría conformado por
al respecto de la Estructura y miembros de la Fuerza Pública en servicio
funcionamiento de la Justicia Penal Militar, activo que desempeñen cargos judiciales,
situación que no ha sido contemplada en el investigativos o de apoyo, como es el
decreto que cito la Jueza Primara (sic). caso del demandante que ocupaba el
cargo de Auxiliar Judicial.

De manera que la tesis de inamovilidad del En el artículo 82 de la citada ley, se
cargo del demandante como forma de precisó las causales de terminación de la
solución del caso resulta inaceptable, designación en el Cuerpo Autónomo de la
desde la misma lógica jurídica practica y Justicia Penal Militar, siendo esta la
formal, ya que en efecto en el Estado norma que gobernaba mi situación
Colombiano existe una ley llamada a administrativa como Ley de la Republica
regular el caso, es esta la Ley 1765 de y no un decreto que esta subordinado a
2015 creada por el Congreso de la la Ley como lo es el 1791 de 2000. […]
Republica en sus sesiones ordinarias, y que
la misma se encuentra vigente tal como la En el asunto que se pone bajo examen se
misma Corte Constitucional lo señalara advierte que, a pesar de que el problema

14
Link expediente digital proceso No. 11001-33-35-018-2017-00452-01
https://etbcsj.sharepoint.com/teams/JUZGADO18AMINISTRATIVODEBOGOTA/Documentos%20compa
rtidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fteams%2FJUZGADO18AMINISTRATIVODEBOGOTA%2FDoc
umentos%20compartidos%2FESTANTE%20DE%20PROCESOS%20ORDINARIOS%2FNULIDAD%20Y%
20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2FA%C3%91O%202017%2F11001333501820170045
200

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=6E6FDF1
15

27E03ED20%204ACACCD3DC5858BA%2077B11A809F19CC05%20B05FFCF1137A331F%2011001031
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mediante Sentencia C-372-16 de 13 de jurídico planteado en las decisiones
julio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis tuteladas verse sobre la situación
Guillermo Guerrero Pérez. administrativa de comisión de un
funcionario de la fuerza pública, lo que se
Por lo tanto la Juez titular del despacho a plantea en la presente demanda es un
quien se le recurre la presente decisión debate que involucra la interpretación
incurrió en su decisión en un Defecto conforme a los preceptos
material o sustantivo al decidir con base en constitucionales de la vigencia de la Ley
normas que no son las llamadas a regular (Ley 33 de 1985) a la luz de las
el caso presentándose una evidente sentencias constitucionales y la ley. (ley
contradicción entre los fundamentos y la 1765 de 2015 y decreto 1791 de 2000).
decisión […]. […]

Y en ese sentido surge el desconocimiento Por lo tanto, el asunto plantea como
del precedente por parte del juez ordinario, cuestión sustantiva la eventual
corno se señaló inicialmente, ya que denegación de justicia, la cual tiene
desconoce un precedente establecido por una significativa y evidente relevancia
la Corte Constitucional, limitando constitucional ante la violación del
sustancialmente dicho alcance o derecho fundamental al debido proceso.
apartándose de la interpretación
fijada. Es claro cómo se señaló en la Es así que el fallo judicial cuestionado me
demanda que el capítulo VI de la Ley 1765 priva como demandante de la posibilidad
de 2015 se ocupó del terna CAPÍTULO VI. de reconocer que la actuación de las
La TERMINACIÓN DE LA autoridades públicas demandadas generó
DESIGNACIÓN A LOS MIEMBROS DE un daño al desconocer la vigencia de la
LA FUERZA PÚBLICA QUE INTEGREN Ley 1765 de 2015, y si se configuran los
EL CUERPO AUTÓNOMO DE LA elementos de responsabilidad del Estado.
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Esta circunstancia por si sola demuestra
Y RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO. Esto que el asunto planteado por vía de tutela
es del articulo 81 al 84. guarda íntima relación con el acceso real
a la administración de justicia, en
Surgiendo la falsa motivación del acto particular que la jurisdicción emita una
administrativo demandado, ya que al decisión de fondo sobre el asunto puesto
Subintendente SANABRIA BARRETO no le a su consideración. […] (Negrillas propias
fue aplicada las disposiciones del personal del texto)
civil corno lo señala el artículo 78 de la
mentada ley, lo que constituye la violación
a su debido proceso, en virtud del principio
de legalidad […]

No queda duda que el señor SANABRIA
BARRETO durante el tiempo que laboro en
la justicia penal militar desempeño el cargo
de auxiliar judicial según constancia que
obra en el plenario expedida por la
Dirección de talento Humano grupo de
reubicación laboral de retiros - reintegros,
signada por el señor intendente JULIO
CESAR HERNANDEZ CUBIDES,
responsable de historias laborales de fecha
20/04/2018 en donde certifica que el
cargo del subintendente EDUARDO
SANABRIA BARRETO en el periodo de
25/15/2015 al 23/06/2017, fue de
auxiliar judicial en COMISIÓN en el
tribunal superior Militar. Por lo que
puede inferirse que el demandante de
forma legal fue nombrado con cargo y

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función, sin serle reconocidos el salario y
demás prestaciones a que tenía derecho.

Sin embargo, la discusión con el despacho
radica en si el señor SANABRIA BARRETO
es o no destinatario de la Ley 1765 de 2015
[…]

Es por ello y teniendo en cuenta que el
mismo legislador indicó que los miembros
del nivel ejecutivo, como es el caso del
señor Subintendente SANABRIA BARRETO,
a la entrada en vigencia de la presente Ley,
esto es el 23 de julio de 2015 y que
desempeñen cargos en la Jurisdicción, se
incorporarán al Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial y no tendrán
que acreditar los requisitos establecidos en
la presente ley para ocupar el cargo en el
cual queden incorporados. […]

Es decir que no podríamos aplicar otro
procedimiento administrativo anterior para
la terminación de la designación en el
cuerpo autónomo de justicia penal y
militar, cuando ya existe con posterioridad
una Ley que se encuentra vigente y que es
más idónea para regular lo especifico,
como lo es el caso que nos ocupa […]

Por lo tanto, el a quo, al denegar las
pretensiones de mi poderdante en este
plenario, está haciendo una aplicación
restrictiva en cuanto al negar la protección
al derecho que la ley 1765 de 2015 brindó
al señor SANABRIA BARRETO como
miembro del cuerpo autónomo de justicia
penal militar […]

Entonces, es claro que la interpretación
aplicada por la señora Juez dieciocho (18)
Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, es injusta, pues negarle a mi
poderdante las pretensiones claramente
definidas en el cuerpo de la demanda, en
relación con decretar la nulidad del acto
administrativo que arbitrariamente da por
terminada la designación en el cuerpo
autónomo de la justicia penal Militar ,
vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso en atención a que no
corresponde a ninguna de las causales que
legalmente podían tenerse en cuenta para
efectuar dicha cancelación de la comisión
permanente en la justicia Penal Militar […]
(Negrillas propias del texto)

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Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia

cuestionada, observa que la autoridad judicial accionada abordó el

problema jurídico planteado de la siguiente manera:

“[…]2.3.2. Del caso en concreto

De conformidad con la hoja de vida del señor Eduardo Sanabria
Barreto pertenece a la Policía Nacional y ostenta el grado de
Subintendente.

A través de la Resolución No. 1085 de 20 de febrero de 2015, el
Ministro de Defensa Nacional destinó en comisión permanente en
la administración pública al servicio de la Fiscalía ante el Tribunal
Superior Militar al Subintendente Eduardo Sanabria Barreto.

La resolución tuvo como fundamento el artículo 42, numeral 2,
literal i) del Decreto Ley 1791 de 2000 y el artículo 45 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Mediante Oficio No. MDN-DEJPMDGDJ-FIS-TSM-S de 20 de abril de
2015 la Fiscal Penal ante el Tribunal Superior Militar Teniente
Coronel Paola Liliana Zuluaga Suárez asignó funciones al actor en
su calidad de Auxiliar Judicial, teniendo en cuenta las Resoluciones
Nos. 1085 de 20 de febrero de 2015 y 067 de 24 de marzo de 2009
(fol. 6).

Con Orden Administrativa de Personal No. 1-121 de 29 de junio de
2017 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional se
dispuso, entre otros, el traslado del demandante de INSGE
Comisión Tribunal Superior Militar a MEBOG Metropolitana de
Bogotá (fols. 69-71 C.2).

Con Resolución No. 4347 de 21 de junio de 2017, el Ministro de
Defensa Nacional en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 42, numeral 2, literal i) del Decreto Ley 1791 de 2000
resolvió entre otros, dar por terminada la comisión en la
Administración Pública – Ministerio de Defensa Nacional- Comando
General de las Fuerzas Militares- Tribunal Superior Militar- Fiscalía
ante el Tribunal Superior Militar al señor Subintendente Eduardo
Sanabria Barreto a partir de su comunicación (fol. 18).

La anterior resolución le fue notificada personalmente al
demandante el 23 de junio de 2017 (fol. 19).

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

De acuerdo con los antecedentes reseñados, advierte la
Colegiatura que tanto en la resolución que confiere la comisión
como aquella que dispuso su terminación, se dejó consignado que
el señor Eduardo Sanabria Barreto era Subintendente de la Policía
Nacional, es decir, que en virtud de tal vinculación fue enviado a
prestar unos servicios a la justicia penal militar, concretamente en
la Fiscalía ante el Tribunal Superior Militar, bajo la situación
administrativa de comisión, sin que ello significara que dejó de
pertenecer a la Policía Nacional.

Ahora bien, la Resolución No. 4347 de 21 de junio de 2017 en virtud
del cual el Ministro de Defensa Nacional dispuso la terminación de
la comisión en la administración pública en la Fiscalía ante el
Tribunal Superior Militar del Subintendente Eduardo Sanabria
Barreto se soportó en el artículo 42, numeral 2º, literal i) del
Decreto Ley 1791 de 2000.

En razón a lo anterior, el demandante alega que el acto
administrativo adolece de falsa motivación, toda vez que de
conformidad con el artículo 64 de la Ley 1765 de 2015, que
establece que los oficiales en servicio activo que se desempeñen
en cargos en la jurisdicción para su entrada en vigencia, como
sucede en su caso, que se encontraba en comisión ejerciendo el
cargo de auxiliar judicial en la Fiscalía ante el Tribunal Superior
Militar “se incorporarán al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal
Militar y Policial y no tendrán que acreditar los requisitos especiales
establecidos en la presente ley para ocupar el cargo en el cual
queden incorporados” y al pertenecer a dicho cuerpo, la
administración debió fundar su decisión con base en las causales
previstas en el artículo 82 de la aludida ley.

Frente al argumento del recurrente, se tiene que la falsa motivación
como vicio de nulidad de los actos administrativos se presenta
cuando los fundamentos de hecho o de derecho que se consignaron
no son reales, no existen o son distorsionados.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que “La falsa
motivación o falsedad del acto administrativo constituye una causal
genérica de violación que se caracteriza fundamentalmente por una
evidente divergencia entre la realidad fáctica o jurídica, o ambas,
que induce a la producción del acto o a los motivos argüidos
tomados como fuente por la Administración Pública”1.

También ha precisado que la falsa motivación del acto ocurre
cuando: “i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o
de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración
Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son
contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos
de hecho o de derecho un alcance que no tienen; y iv) porque los
motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la
decisión”2, correspondiendo al impugnador demostrar que lo
expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.

El demandante parte del supuesto de que con la entrada en
vigencia de la Ley 1765 de 2015 al estar desempeñándose como
Auxiliar Judicial en la Fiscalía ante el Tribunal Superior Militar fue
incorporado de forma automática al Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial; lo cual, como quedó explicado en el acápite
del régimen jurídico aplicable al caso, tal incorporación no opera de
forma automática. Por ello, al no estar acreditado al momento de
la terminación de la comisión que le fue otorgada de que
perteneciera al referido cuerpo, la Ley 1765 de 2015 no le era
aplicable y en ese orden, el acto administrativo no incurrió en falsa
motivación, tal como lo pretende hacer ver el recurrente.

Además de lo anterior, debe considerarse que no está probado que
el actor se desvinculara de la Policía Nacional, como tampoco que
perteneciera a la Justicia Penal Militar, pues la prestación de sus
servicios en esta última obedeció a una comisión y mucho menos
que fue incorporado al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar
y Policial, por lo que se reitera, las causales de terminación de la
designación en dicho Cuerpo contenidas en el artículo 82 de la Ley
1765 de 2015, no lo cobijaban.

En lo que respecta a las evaluaciones del desempeño profesional y
personal del actor, se tiene que en esta instancia no se está
revisando si el demandante fue bien o mal evaluado, pues ese no
es el objeto de la presente demanda y en lo atinente a que la
entidad demandada actuó de mala fe al allegar unos documentos
junto con la contestación de la demanda de forma extemporánea,
se pone de presente que de conformidad con el parágrafo 1º del
artículo 175 del CPACA, corresponde a la parte demandada allegar
el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la
actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder, sin
que ello este condicionado a que la demanda se contesté o no en
tiempo.

Por las razones expuestas se confirmará la sentencia de primera
instancia, toda vez que no se demostró que la administración para
disponer la terminación de la comisión del Subintendente Eduardo
Sanabria Barreto en la Fiscalía ante el Tribunal Superior Militar
incurriera en falsa motivación, pues al no pertenecer el actor al
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial no le eran
aplicables las disposiciones de la Ley 1765 de 2015. […]” (Negrillas
propias del texto)

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración del derecho fundamental al debido proceso y, al acceso

a la administración de justicia invocados por el peticionario.

Por el contrario, se destaca que todos sus argumentos, -que son de

mera legalidad-, fueron analizados y resueltos por el TRIBUNAL en

esa instancia y, en esa medida, solo se procura su discusión en sede

de tutela para buscar la oportunidad de debatir, en una instancia

adicional lo cual resulta improcedente.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 16, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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26

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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el juez

natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual el

juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción

de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela

de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

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27

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Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia que declaró improcedente el amparo deprecado, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

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28

Número único de radicación: 110010315 000 2022 02114 01
Actor: EDUARDO SANABRIA BARRETO

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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