Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02123-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02123-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02123-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02123-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Accionantes: TRANSPORTES ESPECIALES ARG S.A. HOY
AKARGO S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
Derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad / Desconocimiento del precedente
jurisprudencial, defecto sustantivo y fáctico /
Acción De Tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por
TRANSPORTES ESPECIALES ARG S.A. HOY AKARGO S.A.S., en contra de
la sentencia de 3 de junio de 2022 expedida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección a los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. TRANSPORTES ESPECIALES ARG S.A. hoy AKARGO S.A.S., tiene
por objeto social el transporte terrestre y multimodal de carga a
nivel nacional e internacional.
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
1.2. La parte accionante manifiesta que entre el 5 y el 24 de abril de
2003, importó 17 unidades de carga provenientes de Venezuela.
No obstante, al momento de ingreso al país, ninguna de las
unidades contaba con placas ya que se encontraban en trámites
ante las autoridades venezolanas.
1.3. El 24 de abril de 2003, la DIAN realizó una visita a las
instalaciones AKARGO S.A.S. en la que halló 17 remolques tipo
furgón y al encontrar que no tenían carga, placas ni registro, llegó
a la conclusión de que no se estaba realizando una operación de
transporte internacional y, por ello, no le era aplicable la Decisión
399 del Acuerdo de Cartagena.
1.4. Por lo anterior, la DIAN ordenó la guarda y custodia de los bienes
y los señaló como mercancía que no fue declarada de conformidad
con el Decreto 1232 de 2001 y el 25 de septiembre de 2003, la
División y Liquidación de la Administración Local de Aduanas
Nacionales de Cúcuta, profirió la Resolución 2068 por medio de la
cual decomisó las 17 unidades de carga.
1.5. Por lo anterior, AKARGO S.A.S. interpuso recurso de
reconsideración el cual fue resuelto de manera desfavorable
mediante Resolución 0013 del 5 de enero de 2004.
1.6. El 31 de marzo de 2001, AKARGO S.A.S. solicitó la revocatoria
directa de la Resolución 2068 de 25 de septiembre de 2003,
petición que fue resuelta de forma negativa el 12 de mayo de
2004.
2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
1.7. Por lo anterior, AKARGO S.A.S. formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, a través de la
cual solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 2068 y 0013
de 2004. El estudio de la primera instancia correspondió al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en sentencia
de 9 de mayo de 2013, accedió a las pretensiones de la demanda.
1.8. Insatisfecha con la decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación que resolvió la Sección Primera del Consejo de
Estado con providencia de 26 de agosto de 2021, en la que revocó
lo resuelto por el a quo para, en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
« 4.1. Se DECLARE la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso del accionante.
4.2. En consecuencia, se REVOQUE la decisión de la accionada.
4.3. Con la anterior revocatoria, se le ordene al Consejo de Estado
analice nuevamente la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho a un proceso con análisis de responsabilidad subjetiva u dicte
una nueva sentencia sobre el caso».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que la Sección Primera del Consejo de
Estado, al proferir la sentencia de 26 de agosto de 2021, incurrió en:
• Defecto sustantivo: La Sección Primera del Consejo de Estado al
construir el problema jurídico omitió varias disposiciones
normativas, principios constitucionales y garantías derivadas de los
derechos fundamentales, por cuanto el problema jurídico que
3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
planteó buscó determinar si las unidades de carga aprehendidas se
encontraban matriculadas o registradas ante la autoridad
competente y si se habían suscrito los contratos de vinculación con
una empresa autorizada.
En ese orden de ideas, el problema jurídico se construyó sobre
juicios de responsabilidad objetiva pero no consideró los elementos
volitivos o subjetivos de la conducta del actor, ni las circunstancias
en que se presentaron los hechos, desconociendo que el proceso
administrativo sancionatorio es un régimen de responsabilidad
subjetiva que debió aplicarse al caso concreto, situación que
permitió que se omitieran los principios de culpabilidad, lesividad y
presunción de inocencia.
Así las cosas, se estructuró un juicio de responsabilidad con
fundamento en que el procedimiento administrativo sancionatorio
aduanero es un proceso objetivo, situación que generó un análisis
incompleto de los medios de prueba y omitió exigir una carga
probatoria a la DIAN para fundamentar la sanción.
• Desconocimiento del precedente jurisprudencial: La
autoridad judicial accionada desconoció la existencia del
precedente que establece que los procesos administrativos
sancionatorios son juicios de responsabilidad subjetiva y por lo
tanto se exige la valoración de la responsabilidad subjetiva y por
lo tanto se debe determinar si el sancionado realmente incurrió en
un incumplimiento culposo o negligente de la responsabilidad.
Para demostrar tal desconocimiento, citó y transcribió apartes de
las siguientes sentencias: C-599 de 1992, C-597 DE 1996, C-690
de 1996, C-616 de 2002. C-506 de 2002, C-225 de 2017, C-285
4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
de 2002, C-374 de 2002, C-455 de 2002, C-595 de 2010, C-512
de 2013 y C- 225 de 2017 de la Corte Constitucional.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera, en sentencia de 28 de noviembre de 2019,
radicación No 25000-23-24-000-2004-00813-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera, en sentencia de 03 de junio de 2021, radicación
No 13001-23-31-000-2001-91592-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta, en sentencia de 30 de agosto de 2016, radicación
No 7600123310002008012200-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta, en sentencia de 24 de octubre de 2018, radicación
No 08001-23-31-000-2011-01095-01.
• Defecto fáctico: La autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico en su dimensión negativa por cuanto no evaluó
todos los elementos probatorios obrantes en el proceso, pues se
limitó a estudiar los requisitos de matrícula y registro de vehículos,
pero omitió el análisis de pruebas como los documentos que
acreditaron la importación de las unidades de carga, las actas de
aprehensión adelantadas por la autoridad aduanera, las
declaraciones de renta de la empresa, la participación en el Plan
Vallejo y el testimonio de Orlando Serrato Vargas, jefe del puente
de control de la DIAN.
5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 20 de abril de 2022, fue admitida la presente acción
de tutela y se ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de
Estado como accionada; a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN como tercera interesada en las resultas del proceso,
para que se pronunciaren sobre los hechos que originaron la solicitud de
tutela, si a bien lo tuviesen.
5. INTERVENCIONES
5.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
pidió rechazar por improcedente el amparo solicitado, al considerar que
no se cumplió el requisito de relevancia constitucional ya que la parte
accionante pretende utilizar la presente acción de tutela como una
tercera instancia.
Asimismo, manifestó que no se configuraron los defectos cuestionados.
Sobre el defecto sustantivo sostuvo que de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado el decomiso no constituye una
medida sancionatoria sino el procedimiento administrativo a través del
cual se define una situación jurídica de una mercancía.
En cuanto al defecto fáctico sostuvo que la autoridad judicial accionada
realizó un estudio de cada una de las pruebas obrantes en el proceso y
conforme a su sana crítica llegó a la conclusión de que los vehículos
decomisados por la DIAN correspondían a una mercancía trasladada por
la sociedad venezolana a la colombiana y no se encontraban realizando
actividades de transporte internacional.
6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
Finalmente, indicó que no quedó demostrada la existencia de la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
administración de justicia e igualdad ni a los principios de buena fe y
presunción de inocencia.
5.2. En respuesta al informe presentado por la DIAN, la parte
accionante allegó un informe en el que manifestó que con la presente
acción de tutela no pretende una tercera instancia, ya que lo que se
discute es una violación de derechos fundamentales y no un asunto de
mera legalidad.
Resaltó que el decomiso de los bienes sí constituye una sanción
administrativa por lo que debió aplicarse el régimen de responsabilidad
subjetiva y no objetiva y, finalmente, reiteró que no se valoraron 18
pruebas.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de sentencia de 3 de junio de 2022, negó el amparo solicitado por
AKARGO S.A.S, al considerar que no se configuraron los defectos
alegados toda vez que la autoridad judicial accionada emitió un fallo
razonable y en ejercicio de su sana crítica, analizó todo el acervo
probatorio el cual, pese a resultar desfavorable para la parte
demandante, no fue contraria a derecho.
7. IMPUGNACIÓN
AKARGO S.A.S impugnó el fallo de primera instancia, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela y sostuvo que en el fallo
de primera instancia no existió un pronunciamiento de fondo sobre cada
uno de los cargos formulados, en especial sobre el defecto sustantivo.
7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
En ese orden de ideas, señaló que el a quo se limitó a justificar que la
decisión era razonable, pero no realizó un estudio sobre el cargo
sustantivo principal, esto es, el juicio de responsabilidad subjetiva que
debió hacer la DIAN en el proceso sancionatorio planteado.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191, en
cuanto prevé que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de
Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección
de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
establecidos por la jurisprudencia para la procedencia del
mecanismo constitucional contra providencia judicial?
1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
• ¿La Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, defecto sustantivo
y fáctico, por consiguiente, en la vulneración de derechos
fundamentales de la parte accionante, al proferir la providencia de
26 de agosto de 2021, a través de la cual revocó lo resuelto por el
a quo, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedencia y, de cumplirse con estos, iii) los
requisitos especiales de procedibilidad: desconocimiento del precedente,
defecto sustantivo y fáctico y iv) el caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.
9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la
ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que
se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
11
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto material
o sustantivo se origina en primer momento cuando la autoridad judicial,
ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en
normas que son inexistentes o inconstitucionales 5, es decir, se da en los
casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no
aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de
aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia
perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a
la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a
la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada,
(iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son
aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente,
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza para un fin no previsto en la disposición”6.
En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina cuando
en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente
y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
4 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-
567 de 2015, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
12
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta ante situaciones
excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es
irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser
así, la acción de tutela resultaría improcedente8.
3.3. DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el
particular la Corte Constitucional7 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.
b. Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
13
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios».
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio
de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la
igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por
parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella
la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma9.
En ese sentido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el
ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas
9
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
14
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del
derecho11.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”13.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 14.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales
pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos
11
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol.
18, no 1, p. 249-266.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con (i) la carga
de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a
apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de
señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en
la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla
jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte,
se protegen el carácter dinámico del derecho y los principios de
autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial16.
4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
(i) La pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de manera
central si la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y defecto fáctico,
por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la sentencia
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado no procedía recurso alguno;
(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la presentación
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto
la providencia reprochada se profirió el 26 de agosto de 2021 (notificada
15
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
16
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
el 14 de octubre de 2021) y la tutela de la referencia se radicó el 8 de
abril de 2021.
(iv) de encontrarse probados los defectos alegados, éste tiene la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
(vi) no se trata de una tutela contra tutela, toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con todos
los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.
Al respecto, se advierte que la decisión judicial reprochada fue proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 26 de agosto de 2021,
en el trámite de segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por TRANSPORTES ESPECIALES
ARG S.A., hoy AKARGO S.A.S., contra la DIAN.
En la precitada sentencia la Sección Primera del Consejo de Estado
revocó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de las
Resoluciones demandadas para, en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda.
17
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
Esta decisión a criterio de la parte accionante incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, defecto sustantivo y
fáctico.
Lo anterior, al considerar que la autoridad judicial accionada desconoció
que los procedimientos administrativos sancionatorios deben ser
estudiados bajo el régimen de responsabilidad subjetivo y no objetivo
como lo realizó la Sección Primera del Consejo de Estado, por lo que, al
incurrir en dicho error, realizó un análisis incompleto de los medios
probatorios.
En la providencia objeto de tutela, la Sección Primera del Consejo de
Estado, consideró lo siguiente:
«[…]
En este sentido, en el caso sub examine, la U.A.E. DIAN estimó que los
vehículos encontrados en el parqueadero de la ciudad de Cúcuta no
podían ser considerados como vehículos vinculados a la flota de la
sociedad colombiana por no estar cobijados con lo contemplado en la
Decisión 399, sino que correspondían a mercancías no declaradas. De
acuerdo con lo anterior, resulta necesario hacer referencia a lo
establecido en la normatividad colombiana respecto a dichas
mercancías.
(…)
Así las cosas, la mercancía proveniente del extranjero, al ser introducida
al territorio aduanero nacional, debe cumplir con la obligación aduanera
de presentar la correspondiente declaración de importación, así como de
realizar el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar. Asimismo,
quien haya efectuado la importación debe conservar los documentos
relacionados con su declaración y atender cualquier solicitud que sea
elevada por parte de la autoridad aduanera.
De conformidad con las consideraciones anteriores y con el fin de
establecer la naturaleza jurídica de los objetos aprehendidos y
decomisados por la U.A.E. DIAN en el caso sub examine, la Sala
analizará el material probatorio obrante en el expediente:
− Escritura Pública No. 1085 del 16 de marzo de 1990, por la cual se
constituyó la sociedad colombiana TRANSPORTES ESPECIALES ARG S.A.,
18
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
cuyo objeto social consiste en “[…] la operación de transporte terrestre y
multimodal de carga a nivel nacional o internacional; intermediación de
la prestación de servicios en el área de transporte, mediante los
diferentes sistemas de contratación que establezca la sociedad. De igual
manera podrá celebrar cualquier clase de contratos que guarden relación
con el objeto social.”
− Certificado de idoneidad No. C.I.-CO-015-91 del 02 de abril de 1996,
renovado hasta el 21 de julio de 2001 y el 22 de julio de 2006, otorgado
por parte del Ministerio de Transporte de la República de Colombia a la
sociedad TRANSPORTES ESPECIALES ARG S.A., para ser considerada
transportista autorizado.
− Permiso de prestación de servicios No. P.P.S.-VE.036-96, en el que se
autorizó a la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES ARG S.A. para
realizar operaciones de transporte internacional de mercancías por
carretera en Venezuela, proferido por el Ministerio de Infraestructura de
Venezuela, y la Resolución No. 8699 del 26 de octubre de 2000, en la
que la U.A.E. DIAN homologó la inscripción de la sociedad colombiana
para realizar operaciones de Tránsito Aduanero Nacional.
− Acto Administrativo No. 52-031180 del 02 de diciembre de 1996,
proferido por el entonces Instituto Colombiano de Comercio Exterior
(INCOMEX), por medio del cual se importaron 42 unidades de carga a
territorio colombiano a través de la figura de importación temporal
autorizada entre la sociedad colombiana y la Nación, conforme lo
determinado en el “Plan Vallejo”, modificado por el acto administrativo
No. 526-33500 del 23 de diciembre de 1996, para una vigencia de cinco
años contados a partir del 1° de enero de 1997, a través del cual se
adquirió el compromiso de exportación certificado.
− Testimonio rendido por la representante legal de la sociedad extranjera,
señora Ciria Coromo Gómez Vivas, en el que manifestó que las unidades
de carga fueron ingresadas nuevamente a territorio colombiano para
efectuar mantenimiento a las mismas, ahorrar los gastos de
almacenamiento en un garaje de propiedad de la sociedad colombiana y
realizar el trámite de registro ante las autoridades correspondientes.
Copia de catorce (14) contratos de vinculación17 celebrados el 05 de
octubre de 2001, entre TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. y
TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. VENEZUELA C.A., para vincular a la
flota de la sociedad colombiana.
− Certificación autenticada del 24 de julio de 2003, suscrita por el
secretario de la sociedad Transportes Especiales A.R.G. S.A., en la que
manifestó la intención de vincular los vehículos de propiedad de la
sociedad Transportes Especiales A.R.G. C.A. de Venezuela e integrarlos a
17 Cuaderno de pruebas #1-A, Folios 140- 228.
19
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
la flota de Transportes Especiales A.R.G. S.A. desde el 10 de abril de
2003.
− Adicionalmente, se evidenció en el expediente administrativo que,
durante los días que se llevó a cabo la visita efectuada por parte de la
U.A.E. DIAN (visita que inició el 24 de abril de 2003 y finalizó el 30 de
abril de 2003), se aportaron las solicitudes efectuadas por la sociedad
venezolana ante las autoridades venezolanas del registro de las
unidades de carga, con fecha del 28 de abril de 2003.
− Fotocopia de los registros de las 17 unidades de carga expedidos por el
Ministerio de Infraestructura de Venezuela en el año 200318 y 200419. Así
como fotocopia simple de las placas20 asignadas a las 17 unidades de
carga por el Ministerio de Infraestructura de Venezuela.
− Resolución Nro. 166 del 24 de agosto de 2004, expedida por la Unidad
Sexta de Seguridad Pública de Cúcuta perteneciente a la Fiscalía General
de la Nación, en la que se resolvió precluir la investigación seguida a los
procesados Ciria Coromoto Gómez, Marco Vinicio Rodríguez y Carlos
Ernesto Toro, sindicados como presuntos coautores del delito de
contrabando, por atipicidad de la conducta.
Conforme a los contratos en mención, la sociedad colombiana realiza
actividades de transporte internacional junto con la sociedad venezolana
y mantiene una relación constante con su filial la sociedad venezolana
para vincular vehículos con el fin de desarrollar dicha actividad. Sin
embargo, en ninguno de los 14 contratos de vinculación aportados por la
parte actora se identificaron los 17 vehículos encontrados por la U.A.E
DIAN, conforme lo establece la Resolución No. 272 de la Comunidad
Andina. Es decir que no se acreditó la vinculación formal de los vehículos
encontrados por la U.A.E DIAN a la flota de transporte de la sociedad
colombiana, por lo que los contratos no prueban que dichos vehículos
iban a ser utilizados para la actividad de transporte internacional
realizada por la sociedad colombiana.
18 Registro de la unidad de carga Nro. 1GRAA8027WS083009 del 14 de mayo de 2003; Registros
de las unidades de carga Nro. 1GRAA8021WS083040, 1GRAA8026WS083034,
1GRAA8026WS83017, 1GRAA8028WS083021, 1GRAA8022WS083001 del 25 de julio de 2003;
Registros de las unidades de carga Nro. 1GRAA8023WS83024, 1GRAA8025WS83025,
1GRAA8028WS083035, 1GRAA8022WS083015 del 17 de julio de 2003; Registros de las
unidades de carga Nro. 1GRAA8021WS083006, 1GRAA8029WS83030, 1GRAA8022WS083026,
1GRAA8024WS083016 del 30 de diciembre de 2003.
19Registros de las unidades de carga Nro. 1GRAA802XWS083005, 1GRAA8023WS83007,
1GRAA8020WS083031 del 01 de marzo de 2004
20
Folios 160-176
20
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
De otra parte, la certificación suscrita por el secretario de la sociedad
colombiana aportada al expediente, hace constar que existía la intención
de vincular dichos vehículos a la flota de la sociedad colombiana, pero
para la fecha de la visita de la U.A.E. DIAN y la orden del decomiso, los
vehículos no hacían parte de dicha flota, por no haberse vinculado a
través de la figura de contrato de vinculación regulada en la Decisión
399 y la Resolución No. 272 de la Comunidad Andina.
En síntesis, la Sala considera que los vehículos encontrados por la U.A.E.
DIAN el día que se efectuó la visita a las instalaciones de la sociedad
colombiana en la ciudad de Cúcuta y la orden de decomiso, no pueden
ser considerados como unidades de carga utilizadas en la actividad de
transporte internacional conforme la Decisión 399, en tanto (i) no
estaban debidamente registrados ante las autoridades competentes (ii)
no estaban vinculados a la flota de la sociedad colombiana mediante
contrato de vinculación y (iii) el traslado de estos se efectuó sin haberse
llevado a cabo el trámite correspondiente para ser considerados como
vehículos (unidades de carga) que se utilizan para la actividad de
transporte internacional.
Así las cosas, la Sala concluye que los vehículos encontrados por la
U.A.E. DIAN en la visita y posteriormente decomisados, correspondían a
mercancía trasladada por la sociedad venezolana a las instalaciones de
la sociedad colombiana y que estos no se encontraban efectuando
actividades de transporte internacional.
(…)
La Sala observa que el trámite que se surtió por la autoridad aduanera
se ajustó a lo establecido en el Decreto 2685 de 1999, y tanto la
sociedad colombiana como la sociedad extranjera utilizaron los medios
correspondientes para la defensa de sus intereses en el proceso.
Es preciso enfatizar que se encuentra probado que el registro de los 17
vehículos encontrados en el parqueadero de la sociedad colombiana en
la ciudad de Cúcuta, se efectuó de forma posterior a la visita realizada
por la autoridad aduanera. Así, el traslado de los vehículos a territorio
colombiano, no puede ubicarse dentro del escenario de una operación de
transporte internacional contemplada en la norma comunitaria, como
pretende la actora.
Adicionalmente, la Sala observa que la información del registro
únicamente se allegó como prueba con ocasión de la solicitud de
revocatoria directa presentada por la sociedad venezolana y que ni en la
respuesta al requerimiento especial aduanero ni en los recursos de
reconsideración se hizo referencia a los registros en mención.
(…)».
21
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
Sumado a lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que los
argumentos expuestos por la parte demandante en el proceso ordinario,
se sustentaron en la existencia de una violación al debido proceso al
considerar que la autoridad demandada desconoció que de conformidad
con la Decisión 399 de la Comunidad Andina, podía incorporar a su flota,
mediante contratos de vinculación, un equipo de transporte para prestar
el servicio de transporte internacional por carretera. Asimismo, señaló
que la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cúcuta no
disponía de ningún poder, facultad o atribución para ordenar el
decomiso de las 17 unidades de carga y ordenar su aprehensión.
Así las cosas, al efectuar el análisis de la presunta violación al debido
proceso, la autoridad judicial accionada, después de un riguroso estudio
de los elementos probatorios, la normativa y jurisprudencia, llegó a la
conclusión de que la Decisión 399 no era aplicable al caso concreto, por
cuanto los vehículos que fueron decomisados no podían ser catalogados
como unidades de carga.
Lo anterior, teniendo en cuenta que no se encontraban matriculados ni
registrados, no se demostró la existencia de un contrato de vinculación
que estipulara que estaban destinados a la prestación del servicio de
transporte internacional como lo establece la aludida Decisión 399 y la
Resolución 272 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Así las cosas, resulta claro que la sentencia cuestionada no incurrió en
defecto fáctico ni sustantivo, por cuanto al resolver en segunda instancia
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección
Primera profirió su decisión con fundamento en las normas y
jurisprudencia aplicables y cumplió con la motivación requerida,
estudiando los actos administrativos reprochados y analizando de
manera minuciosa el objeto de cada uno de los contratos aportados.
22
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
Ahora, para sustentar el desconocimiento del precedente, la parte
accionante sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado,
desconoció la existencia de planteamientos de la Corte Constitucional y
de esta Corporación, en los que se establece que en los procesos
administrativos sancionatorios se deben realizar juicios de
responsabilidad subjetiva, para poder determinar si el sancionado
realmente incurrió en un incumplimiento culposo o negligente de la
responsabilidad.
Lo que para el caso concreto significa que pese a existir un indicio
probatorio por la acreditación del incumplimiento de la obligación
tributaria, se debía demostrar que el actuar de AKARGO S.A.S fue
antijurídico. No obstante, tal como lo señaló la DIAN en el informe
allegado al presente proceso, el decomiso no constituye una medida
sancionatoria sino es el procedimiento por medio del cual se define la
situación jurídica de una mercancía21.
En ese orden de ideas, tampoco quedó demostrada la existencia de un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que los
fundamentos señalados por el accionante buscaban demostrar que, en
los procesos administrativos sancionatorios se deben realizar juicios de
responsabilidad subjetiva, no obstante, como quedó señalado en
precedencia, el decomiso de los 17 vehículos no constituye una medida
sancionatoria.
21
Consejo de Estado, Sección Primera. Rad. 25000-23-24-000-2006-00664-01 CP. Carlos Enrique
Moreno.
23
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
En ese orden de ideas, el estudio del fallo objeto de reproche, se centró
en el estudio de una posible vulneración al debido proceso del
accionante por el presunto desconocimiento de las disposiciones de la
Decisión 399 de la Comunidad Andina, de conformidad con los
argumentos que expuso en la demanda.
Así las cosas, la parte accionante, sustentándose en la existencia de un
desconocimiento jurisprudencial, un defecto sustantivo y fáctico,
pretende convertir la presente acción de tutela en una tercera instancia.
En conclusión, según los argumentos que anteceden, se confirmará el
fallo de 3 de junio de 2022, proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo invocado por
AKARGO S.A.S., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia de 3 de junio de 2022
expedida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, según las razones señaladas en las
consideraciones de este fallo.
24
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02123-01
Ac c i o n a n t e : A K A R G O S . A . S .
SEGUNDO. - LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.
TERCERO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, REMITIR el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
25
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.