Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02124-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02124-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02124-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
18 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02124-01
Demandante: Pablo Barón García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02124-01
Demandante: PABLO BARÓN GARCÍA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Contra providencia judicial que confirmó sanción disciplinaria a
Juez. Principio de congruencia en materia disciplinaria.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Pablo Barón García contra la
sentencia del 27 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, el señor Pablo Barón García pidió la protección
del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la sentencia del
3 de diciembre de 2021, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En
concreto, formuló la siguiente pretensión:
Para la salvaguarda de mi derecho fundamental al debido proceso, comedidamente solicito a los
Honorables Magistrados dejar sin efectos la providencia emitida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial el tres (3) de diciembre de 2021, y ordenar, en el plazo que la Corte estime
conveniente, proferir la providencia que deba reemplazarla, en la que se respeten todas mis
garantías procesales.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante fallo de tutela
del 3 de julio de 2012, remitió copias del proceso a la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que determinara si el Juez Civil del
Circuito de Funza incurrió en falta disciplinaria tras haber corregido en tres
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oportunidades la sentencia proferida en un proceso de pertenencia debido a errores
por cambio de nombres, de dirección, áreas, linderos, entre otros.
2.2. Mediante auto del 28 de junio de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca inició indagación preliminar y, el
30 de junio de 2020, formuló pliego de cargos contra Pablo Barón García, en su calidad
de Juez Civil del Circuito de Funza, por la presunta incursión en la falta disciplinaria
prevista en el artículo 153 numeral 11, en concordancia con los artículos 42 y 73 de la
Ley 270 de 1996, falta calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.
2.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, mediante
sentencia del 25 de junio de 2021, declaró disciplinariamente responsable al señor
Barón García, en calidad de Juez Civil del Circuito de Funza, por infringir, a título de
culpa grave, el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 1º
del artículo 153, y los artículos 4 y 7 de la Ley 270 de 1996. En consecuencia, fue
suspendido por 2 meses del ejercicio del cargo.
2.4. Inconforme con la decisión, el señor Barón García interpuso recurso de apelación
y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante fallo del 3 de diciembre de 2021,
la confirmó.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. El señor Pablo Barón García, de manera preliminar, explicó que la solicitud de
amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
3.2. Respecto del fondo del asunto, el actor señaló que la providencia cuestionada
incurrió en:
3.2.1. Defecto sustantivo, debido a que (i) se equivocó al clasificar la conducta como
una falta disciplinaria de ejecución continuada, lo que desconoce los precedentes
jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 45868 del 7
de febrero de 2016 y la Corte Constitucional en sentencia C-551 de 2001 que
establecen que las conductas punibles de ejecución continuada no pueden realizarse
1 Art. 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar,
cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.
2 Art. 4. Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de
fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto
cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función
disciplinaria.
Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca
la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la
unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos.
3 Art. 7. Eficiencia. la administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben
ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir
conforme a la competencia que les fije la ley.
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a título de culpa y, (ii) violó el principio de congruencia porque libró pliego de cargos
por una infracción de ejecución permanente y lo condenó por una infracción de
ejecución continuada, situación que le impidió ejercer en debida forma el derecho de
defensa, aunado a que se trasgredió lo previsto en el artículo 165 del Código Único
Disciplinario que establece la oportunidad y procedimiento para hacer la variación de
la calificación jurídica.
3.3. Defecto procedimental absoluto, porque la decisión del 3 de diciembre de 2021
debió dictarse en sala y ser suscrita por los magistrados que la integraron. Que, sin
embargo, sólo estaba firmada por un magistrado y que, por lo tanto, no podía quedar
en firme. Que esa irregularidad incide en los términos de la acción disciplinaria, pues
prescribía el 6 de diciembre de 2021.
4. Intervenciones
4.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través del magistrado ponente
de la providencia cuestionada, adujo que la acción de tutela es improcedente, pues la
nulidad que alega el demandante debió formularse en el marco del proceso disciplinario
que era el escenario propicio y principal para presentar una eventual irregularidad. De
modo que la acción de tutela no puede entrar a sustituir dicha herramienta judicial y
tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
procedencia excepcional.
4.1.1. Frente a los cargos formulados, expuso que la providencia fue coherente en la
calificación de las actuaciones, pues sólo aclaró la imprecisión de la Comisión
Seccional de Cundinamarca al concluir que la falta cometida por el señor Barón García
tendría carácter de permanente, a pesar de que, en realidad, se trataba de conductas
continuadas. Que esa aclaración no afectó lo resuelto por la primera instancia y que,
por el contrario, favoreció al sujeto disciplinable en ese asunto.
4.1.2. Por otra parte, expuso que el Reglamento Interno de la Comisión establece que
las providencias aprobadas en Sala deben remitirse a la secretaria de la corporación
firmadas por el ponente. Que la decisión fue aprobada por unanimidad en Sala 75 del
3 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y 17 del
Reglamento Interno de esta Comisión, de modo que la notificación de la providencia
sólo con una firma no invalida la decisión.
4.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca solicitó que se
denegara el amparo frente a las actuaciones de esa comisión por no haber vulnerado
los derechos fundamentales de la parte actora.
5. Sentencia impugnada
5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por sentencia del 27 de
mayo de 2022, declaró improcedente la acción de la tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad. Que, en efecto, al revisar el escrito de apelación que se
presentó en el proceso disciplinario, se advirtió que no hizo ninguna manifestación
frente a que las conductas continuadas o permanentes solo se podían realizar bajo la
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modalidad de dolo y no de culpa. Que, por lo tanto, el juez de segunda instancia no
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ese argumento.
5.2. En cuanto a la irregularidad relacionada con las firmas de los magistrados de la
sala, el a quo expuso que el artículo 288 del C.G.P. prevé que cuando una providencia
dictada por un cuerpo colegiado no esté suscrita por todos los integrantes, las partes
pueden solicitar que se subsane esa irregularidad. Que, sin embargo, la parte actora
no demostró haberle pedido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adoptar
medidas para corregir la irregularidad en que considera incurrió la providencia
censurada.
6. Impugnación
6.1. El señor Pablo Barón García impugnó la sentencia del 27 de mayo de 2022. En
concreto, sostuvo que la violación al principio de congruencia ocurrió en la sentencia
de segunda instancia, respecto de la cual no tuvo la oportunidad de denunciar la
nulidad procesal.
6.2. En cuanto a la carga argumentativa que echó de menos el a quo, sostuvo que ni
en el Código Único Disciplinario ni ninguna otra norma regula la conducta disciplinable
de ejecución continuada. Que, por lo tanto, por analogía con el ordenamiento penal
debe entenderse que la culpa se consuma en el mismo instante en que acontece la
conducta punible, pues en el evento de que el elemento subjetivo de la conducta
persista en el tiempo, deja de ser culpa para convertirse en dolo.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20124, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales
dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad
pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
4 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
5 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos
de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»6.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, lo primero que debe decidirse es si el a quo
acertó al desestimar la procedencia de la tutela interpuesta por Pablo Barón García,
por no cumplir el requisito de subsidiariedad. De superarse el estudio de procedencia
se estudiará el fondo del asunto para determinar si la providencia del 3 de diciembre
de 2021 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defectos
aludidos por la parte demandante.
2.2. En el caso concreto, el demandante alega que la sentencia del 3 de diciembre de
2021 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en defecto
sustantivo, pues trasgredió lo previsto en el artículo 165 del Código Único Disciplinario
que establece la oportunidad y procedimiento para hacer la variación de la calificación
jurídica y con ello violó el principio de congruencia al modificar la clasificación de la
conducta de permanente a de ejecución continuada.
2.2.1. Agregó que la modificación en la clasificación de la conducta desconoce los
precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de
Justicia fijados, en las sentencias C-551 de 2001 y 45868 del 7 de febrero de 2016 que
establecen que las conductas punibles de ejecución continuada no pueden realizarse
a título de culpa.
2.3. La Sala tras revisar el expediente del proceso disciplinario adelantado contra el
demandante encontró que:
2.3.1. Con auto del 30 de junio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca formuló pliego de cargos contra Pablo Barón García, en su calidad de
6 SU-573 de 2017.
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Juez Civil del Circuito de Funza, por la presunta incursión en la falta disciplinaria
prevista en el artículo 153 numeral 17, en concordancia con los artículos 48 y 79 de la
Ley 270 de 1996, falta calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.
2.3.1.1. En la parte considerativa del pliego de cargos se expuso que las conductas del
señor Barón García eran constitutivas de una sola falta: la continua desatención a las
peticiones de corrección elevadas, por lo que la clasificó como una conducta con
carácter permanente.
2.3.2. El investigado rindió versión libre en la que, entre otras cosas, señaló que había
una valoración errónea de la culpa, que su conducta no podía calificarse como
permanente, sino que debía considerarse un concurso homogéneo de conductas
disciplinarias.
2.3.3. Agotadas las etapas procesales, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca, mediante sentencia del 25 de junio de 2021 declaró disciplinariamente
responsable al demandante en su calidad de Juez Civil del Circuito de Funza para la
época de los hechos, como infractor del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en
concordancia con el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia
con los artículos 4° y 7° de la Ley 270 de 1996, falta calificada como grave a título de
culpa grave y sancionarlo con suspensión de 2 meses del ejercicio del cargo.
2.3.3.1. En concreto señaló que se trataba de una sola falta con carácter permanente,
esto es, la continua desatención a las peticiones de corrección elevadas, sin que fuera
factible hablar de múltiples afectaciones al deber funcional cada vez que se adoptara
la decisión interlocutoria, aunado a que acoger la tesis del investigado implicaría una
desmejora para aquel, considerando que entraría a responder no solo por una falta
sino por una multiplicidad de faltas cometidas en concurso.
2.3.4. Inconforme, el señor Barón García interpuso recurso de apelación en el que
manifestó inconformidad con los siguientes aspectos:
1. La calificación de la conducta como permanente e insistió en que debió ser un
concurso homogéneo de faltas disciplinarias de ejecución instantánea, pues
cada petición de corrección obedecería a una desatención y por ende a una falta
y tres culpas leves no pueden sumarse para configurar una culpa grave.
7 Art. 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar,
cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.
8 Art. 4. Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de
fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto
cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función
disciplinaria.
Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca
la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la
unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos.
9 Art. 7. Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben
ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir
conforme a la competencia que les fije la ley.
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2. Insistió en la configuración del fenómeno prescriptivo bajo el argumento de que
todas las conductas que se le endilgan datan del 2011 por lo que para el 25 de
junio de 2021 ya había operado el referido fenómeno.
2.3.5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante fallo del 3 de diciembre
de 2021, confirmó la decisión.
2.3.5.1. Puntualmente, señaló que las conductas desplegadas no encajan en la
clasificación de ejecución permanente, sino de ejecución continuada, pues se trató del
descuido hacia el trámite del proceso y su negligencia al momento de proferir la
sentencia ya que tuvo que corregirla en 3 oportunidades, por lo que haber cesado los
yerros el 7 de mayo de 2012 y haberse proferido el auto de apertura de la investigación
disciplinaria el 6 de diciembre de 2016, no ocurrió la caducidad de la acción
disciplinaria.
2.3.5.2. En cuanto a la prescripción, señaló que el término se extendería hasta el 6 de
diciembre de 2021, periodo que incluso se encontraba vigente para el momento de
proferir la sentencia de segunda instancia.
2.4. El demandante expuso que la providencia del 3 de junio de 2021 emitida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial violó el principio de congruencia porque libró
pliego de cargos por una infracción de ejecución permanente, lo condenó en primera
instancia por el mismo tipo de infracción y en segunda instancia modificó la clasificación
para entenderla como de ejecución continuada, situación que le impidió manifestarse
en otra etapa sobre la presunta conducta continuada.
2.5. Lo anterior demuestra que el a quo no acertó al señalar que la tutela no cumplía
con el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, pues, como se vio, la modificación
en la clasificación de la conducta a la que alude el demandante sólo tuvo lugar con la
sentencia de segunda instancia, de modo que no le fue dable oponerse en otra etapa
procesal.
2.5.1. En consecuencia, como la Sala también advierte que están cumplidos los demás
requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, pasa a estudiar
el fondo del asunto en los términos propuestos en la impugnación, esto es, si la
providencia controvertida violó el principio de congruencia.
3. Del principio de congruencia en materia disciplinaria
3.1. La congruencia debe entenderse como el principio que constituye una garantía de
que el proceso transita alrededor de un eje conceptual fáctico - jurídico que le sirve
como marco y límite de desenvolvimiento10 y asegura la consonancia entre el auto de
cargos, con las variaciones que pudo haber tenido, respecto de la calificación jurídica
de la falta, con el fallo dado que esta situación marcará el derrotero de este, sin que
10 Consejo Superior de la Judicatura, sentencia 1 de octubre de 2014. M.P. José Ovidio Claros Polanco.
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ello pueda entenderse como una exigencia de estricta identidad entre el pliego de
cargos y la sentencia11..
3.2. Esta Corporación sobre el principio de congruencia ha señalado12:
El principio de congruencia entre la formulación del pliego de cargos y la decisión sancionatoria
disciplinaria se refiere a la correspondencia que debe existir entre dichos actos en la denominación
jurídica que se endilga al disciplinado. En tal virtud, se proscribe que se formule un cargo por una
falta y el fallo disciplinario atribuya una distinta a aquella que fue imputada en el pliego de cargos.
El desconocimiento del principio de congruencia trae como consecuencia la posibilidad de invalidar
la actuación por violación del debido proceso del disciplinado.
(...)
En la medida en que la decisión de formulación de cargos constituye un acto provisional, el artículo
165 del CDU permite su variación luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo,
pero tal modificación no es discrecional, sino que solo procede por error en la calificación jurídica
o por la aparición de una prueba sobreviniente.
Además, la decisión que en este sentido se tome también supone la obligación de notificación, de
la misma forma en que se hace para el pliego de cargos, así como la de otorgar un nuevo término
para solicitar y practicar otras pruebas. Una vez agotada la oportunidad procesal antes señalada,
la autoridad disciplinaria no podrá modificar en la decisión sancionatoria elementos esenciales de
la imputación tales como la conducta reprochada, la ilicitud sustancial o la culpabilidad.
Esto implicaría la vulneración del principio de congruencia entre la imputación que pudo ser
controvertida por el investigado y la realizada en el fallo disciplinario. Dicho acto constituiría una
evidente vulneración del derecho al debido proceso administrativo del disciplinado, el cual no
tendría oportunidad alguna para controvertir los aspectos objeto de la variación.
3.3. El reproche efectuado por el demandante recae sobre la modificación hecha por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la clasificación de su conducta de
permanente a de ejecución continuada, situación que. a su juicio, rompe el principio de
congruencia frente al pliego de cargos.
3.4 Al respecto, la Sala advierte que, mediante auto del 30 de junio de 2020, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca,
formuló pliego de cargos en los siguientes términos:
PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra el doctor PABLO BARON GARCIA, en su
calidad de Juez Civil Del Circuito de Funza, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No.
19.263.340, por la presunta incursión en falta disciplinaria al tenor de lo descrito en el artículo 153
numeral 1, en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Ley 270 de 1996, falta calificada
provisionalmente como GRAVE a título de CULPA GRAVE, conforme a lo expuesto en la parte
motiva del presente proveído.
3.4.1. En la parte considerativa del pliego de cargos se expuso que las conductas del
señor Barón García eran constitutivas de una sola falta: la continua desatención a las
11 Concepto 101 del 11 de junio de 2009, Procuraduría General de la Nación.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Exp. 119411. M.P. William
Hernández Gómez.
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peticiones de corrección, por lo que fue clasificada como una conducta con carácter
permanente.
3.5. Por su parte, en la providencia del 3 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial realizó una adecuación a la clasificación de la conducta del
disciplinable y precisó que se trataba de una conducta de ejecución continuada y no
de carácter permanente, pues la configuración de la falta no tuvo que ver con el simple
error de proferir una providencia con yerros de forma, sino con el descuido del
funcionario hacia el trámite del proceso y, con ello, la negligencia de proferir una
sentencia que tuvo que ser corregida en tres oportunidades.
3.5.1. Finalmente, confirmó la sentencia del 25 de junio de 2021 proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, que declaró la
responsabilidad disciplinaria del demandante en su condición de Juez Civil Del Circuito
de Funza, para la época de los hechos, por la infracción del articulo 196 de la Ley 734
de 2002, en concordancia con el numeral 1° del articulo 153 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con los artículos 4° y 7° de la Ley 270 de 1996, falta calificada como
grave a título de culpa grave, sancionándolo con suspensión de dos meses en el
ejercicio del cargo, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
3.6. A juicio de la Sala, la sentencia controvertida no modificó ninguno de los hechos,
situaciones, cargos o calificación de la gravedad de la conducta descritos en el pliego
de cargos. Por el contrario, el demandante resultó declarado disciplinariamente
responsable por los mismos hechos: (i) la continuada desatención del proceso que lo
llevó a tener que corregir en múltiples oportunidades la sentencia; (ii) infracción de
deberes: la falta disciplinaria prevista en el artículo 153 numeral 1º, en concordancia
con los artículos 4 y 7 de la Ley 270 de 1996, y (iii) calificación de la conducta: grave a
título de culpa grave.
3.6.1. El hecho de que en sede de segunda instancia el juzgador hubiera resuelto
adecuar la clasificación del tipo de conducta desplegada por el demandante no genera
una ruptura del principio de congruencia, pues, como se expuso, ninguno de los
elementos exigidos por el artículo 163 del Código Único Disciplinario para el pliego de
cargos fue modificado con la sentencia.
3.7. En cuanto al argumento en el que señala que la conducta disciplinable de ejecución
continuada no se encuentra reglada en el ordenamiento jurídico disciplinario y solicita
que por analogía se apliquen las disposiciones jurisprudenciales del ordenamiento
penal, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada no infringió el ordenamiento
jurídico con el análisis realizado, como pasa a explicarse.
3.7.1. Al respecto, la providencia del 3 de diciembre de 2021 señaló:
En el caso bajo estudio, debe precisar esta Corporación que las conductas desplegadas por el
funcionario no son conductas de ejecución permanente, sino que son conductas de ejecución
continuada toda vez que la configuración de la falta no tiene que ver con el simple error de proferir
una providencia con yerros de forma, sino por el contrario, tiene que ver con el descuido del
funcionario hacia el trámite del proceso y con ello, la negligencia que se evidenció al momento de
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02124-01
Demandante: Pablo Barón García
proferir la sentencia ya que no fue en una sino en tres ocasiones que se tuvo que proceder a
corregir la referida sentencia.
3.7.2. Dicho lo anterior es necesario precisar que si bien la clasificación de las faltas
establecidas en el artículo 30 del Código Único Disciplinario tiene un origen penal, no
por ello resulta aplicable el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-551 de 2001 sobre el hecho punible continuado preceptuado en el artículo
31 de la Ley 599 de 2000, pues dicho estudio se realizó sobre una norma autónoma
aplicable sólo en materia penal y no disciplinaria. Luego, a juicio de la Sala, no incurrió
la providencia cuestionada en defecto sustantivo por la clasificación efectuada sobre la
conducta del demandante, máxime cuando justificó las razones de su adecuación.
3.8. Por todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, denegará las pretensiones
de la tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo
constitucional solicitado por Pablo Barón García. En su lugar:
2. Denegar las pretensiones de la tutela por las razones expuestas.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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