Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02133-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02133-01
Demandante: Adalberto Quintero Torregrosa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02133-01
Demandante ADALBERTO QUINTERO TORREGROSA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN A
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto
sustantivo. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento tiempos dobles de servicio.
Incidencia en reconocimiento de asignación de retiro.
Requisitos generales de procedencia: la relevancia
constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Adalberto Quintero Torregrosa contra
la sentencia del 18 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que resolvió:
“1) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de abril de 20221, el señor Adalberto Quintero Torregrosa, interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Por los hechos antes anotados, solicito se me tutelen los derechos fundamentales a la
seguridad social, debido proceso y libre acceso a la administración de justicia, revocando la
sentencia proferida en fecha 10 de mayo de 2019 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BARRANQUILLA (sic), los magistrados CRISTOBAL CHISTIANSEM MARTELO, LUIS
CARLOS MARTELO Y JUDITH ROMERO IBARRA Y por la SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, LOS MAGISTRADOS WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ, GABRIEL
VALBUENA HERNANDEZ Y RAFAEL FRANSISCO (sic) SUAREZ VARGAS, y se revoque en
todas sus partes dichos fallos concediéndome todas y cada una de las pretensiones
contenidas en la demanda principal, tal como son el reconocimiento de la pensión, pago del
retroactivo pensional, pago de intereses, a fin de que se me garanticen los derechos mínimos
fundamentales”.
1 Fecha de radicación al correo de tutelas y habeas corpus en línea.
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Demandante: Adalberto Quintero Torregrosa
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El accionante Adalberto Quintero Torregrosa prestó sus servicios en la Policía
Nacional así: (i) en la escuela de formación del 25 de febrero de 1971 al 1º de
septiembre de 1972 y (ii) en la Institución como Agente del 1º de septiembre
de 1971 hasta el 6 de noviembre de 1982 cuando fue retirado del servicio por
mala conducta.
2.2. El 22 de septiembre de 2015 el actor presentó solicitud con el fin de que le
fuera reconocida asignación de retiro, lo que se negó mediante Oficio Nro.
20978/GAG SDP del 11 de noviembre de 2015, por no haber completado 15
años de servicio, sino únicamente 14 años, 2 meses y 22 días.
2.3. El actor manifestó que con ocasión de perturbación del orden público, debió
ser trasladado al Departamento del Atlántico, donde prestó sus servicios entre
el 26 de junio de 1975 y el 22 de junio de 1976 y desde el 7 de octubre de 1976
y el 20 de junio de 1982 y que, el reconocimiento de esos tiempos le permitiría
acreditar 15 años de servicio.
2.4. Por lo anterior, el señor Alberto Quintero Torregrosa en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional CASUR, con el fin de que se declarara la nulidad del acto que
negó el reconocimiento de la asignación de retiro a su favor y como
consecuencia, pidió el reconocimiento y pago de tal prestación por tiempo de
servicio prestado como consecuencia de los tiempos dobles de servicio, con
el retroactivo correspondiente e indexado incluidas las primas de junio y
diciembre desde cuando adquirió el derecho a pensionarse hasta la fecha, así
como la respectiva inclusión en nómina de pensionados.
2.5. En primera instancia correspondió conocer al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A, el proceso con la radicación Nro. 08001-23-33-000-2016-
01044-00 y en providencia del 10 de mayo de 2019 negó las súplicas de la
demanda.
Consideró que para que procediera el reconocimiento de tiempos dobles de
servicio en las fechas señaladas por el actor, era necesario que acreditara la
prestación del servicio en la zona afectada y el decreto que lo determinó a su
favor, ya que no bastaba enunciar los decretos que declaraban turbado el
orden público y el estado de sitio, sino que debía demostrarse qué zona y cuál
era el decreto que reconocía el beneficio, tal como lo indicaba la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
Expuso que de acuerdo con lo probado en el expediente, se le reconoció un
tiempo doble conforme al Decreto 1386 de 1974 por el periodo
correspondiente entre el 26 de febrero de 1972 al 29 de diciembre de 1973, en
los términos del Decreto 1211 de 1990, pero que respecto de los tiempos que
anunciaba en la demanda no había constancia en el expediente que
demostrara que efectivamente la prestación del servicio en zona declarada por
el Gobierno Nacional con perturbación del orden público y estado de sitio ni
norma que reconociera tal prebenda.
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2.6. La decisión fue apelada por la parte demandante, hoy accionante.
Correspondió conocer al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
que, en sentencia del 19 de agosto de 2021 (notificada por correo el electrónico
el 14 de octubre de 2021), confirmó la decisión del a quo.
Encontró que en el caso concreto, no aparecían relacionados los decretos
donde se demostrara que el Gobierno Nacional otorgó esos tiempos dobles a
los miembros de la Policía Nacional.
Advirtió que dentro de las pretensiones se buscaba la inclusión de los tiempos
dobles en la hoja de servicios y, una vez estos se computaran se diera trámite
al reconocimiento de una asignación de retiro, pero que no aparecía
demostrado en el proceso las zonas donde se prestó el servicio y que si bien
era cierto se habían expedido los Decretos 1249 de 1975, 2131 de 1976 y
1038 de 1984, que declararon turbado el orden público y el estado de sitio en
todo el territorio nacional, era indispensable indicar cuáles fueron los decretos
por medio de los cuales el gobierno ordenó su reconocimiento como tiempos
dobles a los oficiales y suboficiales por haber prestado sus servicios y que, en
el presente caso no aparecían relacionados los decretos donde se demostrara
por parte del Gobierno que se otorgaron esos tiempos dobles a los miembros
de la Policía Nacional.
3. Fundamentos de la acción
Si bien en el escrito de tutela, el accionante no manifiesta la configuración de un
defecto en concreto contra la providencia de segunda instancia proferida el 19 de
agosto de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 08001-
23-33-000-2016-01044-00 /01, entiende la Sala que alude a la configuración de un
presunto defecto sustantivo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que cita las siguientes normas: Artículo 23 de la
Constitución Política; Decreto 2131 de 1976, por el cual se declaran la turbación del
orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional; Decreto 1386 de
1974, por el cual se reconoce un tiempo doble de servicio; Decreto 609 de 1977,
por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional, artículo 58.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 25 de abril de 2022 el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionadas y,
ordenó la vinculación como tercero con interés a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional CASUR, quien fue parte demandada en el proceso
ordinario.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, rindió informe en
el que hizo un recuento de lo solicitado en el proceso ordinario por el
accionante y de lo resuelto en segunda instancia por la Corporación en la
providencia cuestionada. Consideró que no se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora, no se incurrió en ningún defecto contra
providencia judicial y por tanto, pidió se declarara improcedente el amparo
solicitado.
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4.3. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, sostuvo que lo que
pretende la parte actora es revivir un asunto concluido por los jueces ordinarios
y destacó que la tutela no es el mecanismo idóneo para el control de legalidad
de las providencias judiciales.
Por lo anterior, pidió se niegue el amparo constitucional y no se revoque el fallo
ordinario.
4.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, no se pronunció.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 18 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente el amparo solicitado.
Sostuvo que los fundamentos de la tutela se dirigían de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso ordinario y que estaban dirigidos al reconocimiento del tiempo doble por
los servicios prestados por el señor Quintero Torregrosa entre el 7 de octubre de
1976 al 20 de junio 1982, dada la declaración del estado de sitio así dispuesta en el
Decreto 2131 de 1976 y que, como consecuencia de ello, se reconociera la
asignación de retiro establecida en el Decreto 609 de 1977.
Anunció que, en el recurso de apelación del proceso ordinario, el demandante
indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que era beneficiario del Decreto
1386 de 1974, por lo que debía contarse doble el tiempo laborado durante el periodo
que estuvo en Estado de Sitio todo el territorio nacional y, en esa medida, acceder
al reconocimiento de su asignación de retiro, por haber trabajado durante 19 años,
11 meses y 3 días.
Establecido lo anterior, revisó el fallo cuestionado y encontró que se resolvió el
recurso de alzada en el que, después de hacer el análisis de las pruebas allegadas
al proceso y el estudio del marco normativo y jurisprudencial sobre la materia, indicó
que no se acreditaron las autorizaciones por parte del Gobierno nacional, previo
concepto del Consejo de Ministros, de las zonas que justificaban la medida, lo cual
resultaba necesario para el reconocimiento de los tiempos dobles de servicio
reclamados, pues que la declaración del estado de sitio o turbación del orden
público, por sí sola, no daba lugar a acceder a ello.
Concluyó que la acción de la referencia no cumplía con la relevancia constitucional
porque el objeto de la demanda de tutela era reabrir un debate jurídico procesal que
era propio del proceso ordinario, con el fin de que se estudiara nuevamente si tenía
o no el derecho al reconocimiento de los tiempos dobles solicitados, y que al juez
constitucional le estaba vedado pronunciarse sobre materias que desbordaran su
competencia como en el presente caso.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión.
Indicó que precisamente acudía a la acción de tutela, ya que los argumentos
expuestos en la demanda no fueron acogidos en ninguna de las instancias, lo que
configuraba una vulneración del derecho al debido proceso.
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Afirmó que no podía argumentar razones ni normas distintas a las inicialmente
invocadas, y que se estaba frente a la vulneración de otro derecho fundamental
como lo era el libre acceso a la administración de justicia, que las normas eran
creadas para darles aplicación y que lo que pidió en su caso concreto fue que se
diera aplicación a una norma de carácter nacional y no regional, esto es, el Decreto
2131 de 1976 que señala que el estado de sitio tenía efecto en todo el territorio
nacional, de manera que no había necesidad de señalar ningún territorio del
departamento donde este decreto tuviera vigencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que
deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será
procedente.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Precisado lo anterior, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y el escrito de
impugnación, corresponde a la Sala analizar si asistió razón al juez de tutela de
primera instancia en declarar improcedente la acción, de acuerdo con los
argumentos expuestos, por no encontrar satisfecho el requisito de relevancia
constitucional, en relación con la providencia del 19 de agosto de 2021 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 08001-23-33-000-2016-01044-00
/01.
De encontrar que la decisión de primer grado no es acertada, deberá entrar la Sala
a analizar el fondo del asunto y establecer si se configuró el defecto sustantivo en
relación con las normas que anunció en relación con los tiempos dobles para el
personal de la Policía Nacional y la perturbación del orden público en el territorio
nacional y el consecuente derecho al pretendido reconocimiento de la asignación
de retiro.
4. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto.
4.1. En relación con el requisito de la relevancia constitucional la jurisprudencia
ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia
judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de
la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse
en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo
de Estado en Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 y la Corte
Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018 han señalado algunos criterios
orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no,
en entre otros, que la acción de tutela no se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada y que se reiteren los argumentos propuestos al juez natural, pues
existe la obligación del interesado de presentar la demanda de tutela con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, sin que
se trate entonces de controvertir las mismas como si se tratara de una
instancia adicional del proceso ordinario.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
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Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural3.
4.2. El juez de tutela de primera instancia al analizar el caso concreto encontró que
no se cumplía con este requisito, al encontrar que los argumentos tanto de la
demanda de tutela como del recurso de apelación eran, en síntesis, los
mismos y que, de la lectura al fallo cuestionado era posible concluir que la
discusión al respecto había sido resuelta.
La Sala encuentra que asistió razón al a quo en la decisión objeto de
impugnación, pues en efecto, no se cumple con el requisito de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial de relevancia constitucional al estarse
reiterando los argumentos expuestos en la debida oportunidad procesal al juez
natural, pretendiendo de esta manera que la tutela se convierta en una
instancia adicional.
4.3. En el recurso de apelación presentado por el actor contra la providencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
A, los argumentos presentados fueron los siguientes:
4.3.1. Sostuvo que estaba probado que laboró al servicio de la Policía
Nacional del 25 de febrero de 1971 al 6 de noviembre de 1982, que
por el Decreto 2131 de 1976 se declaró turbado el orden público en el
territorio nacional y que, en ese orden de ideas, debía aplicársele dicha
norma y, en consecuencia, sumarse los tiempos como dobles y
accederse entonces al reconocimiento y pago de la asignación de
retiro.
4.3.2. Señaló que a su vez era beneficiario del Decreto 1386 de 1974 que
otorgó un beneficio de tiempo doble para efectos de prestaciones
sociales y pensión y que, por tanto, debía contarse como doble el
tiempo comprendido entre el 26 de junio de 1975 al 20 de junio de
1976, periodo durante el que estuvo en estado de sitio todo el territorio
nacional.
4.4 En el escrito de tutela, cuyos argumentos reiteró en el escrito de impugnación,
manifestó que le eran aplicables las siguientes normas: (i) Decreto 2131 de
1976, por el cual se declaran la turbación del orden público y el estado de sitio
en todo el territorio nacional, (ii) Decreto 1386 de 1974, por el cual se reconoce
un tiempo doble de servicio y (iii) Decreto 609 de 1977, por el cual se
reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional, artículo 58, insistiendo
en el escrito de impugnación presentado ante esta instancia que el Decreto
2131 de 1976 señaló que el estado de sitio tenía efecto en todo el territorio
nacional, de manera que no había necesidad de señalar ningún territorio del
departamento donde este decreto tuviera vigencia y que por tanto, le era
aplicable.
3 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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4.5. La Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación en la providencia
cuestionada, con el propósito de resolver lo planteado en el recurso de
apelación, consideró:
“Ahora, dentro de las pretensiones se busca la inclusión de los tiempos dobles en la hoja
de servicios y, una vez estos se computen se dé trámite al reconocimiento de una
asignación de retiro; no obstante no aparece demostrado en el proceso, las zonas donde
se prestó el servicio, pues si bien es cierto se expidieron los Decretos 1249 de 1975, 2131
de 1976 y 1038 de 1984, que declararon turbado el orden público y el estado de sitio en
todo el territorio nacional; era indispensable indicar cuáles fueron los decretos por medio
de los cuales el gobierno ordenó su reconocimiento como tiempos dobles a los oficiales y
suboficiales por haber prestado sus servicios.
En el presente caso no aparecen relacionados los decretos donde se demuestre por parte
del Gobierno que se otorgaron esos tiempos dobles a los miembros de la Policía Nacional,
lo que claramente indica que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda.
De conformidad con lo precedente, se observa que en el sub lite no se acreditaron las
autorizaciones por parte del Gobierno nacional, previo concepto del Consejo de Ministros,
de las zonas que justifican la medida, lo cual resultaba necesario para el reconocimiento,
pues, como ya se dijo, la declaración del estado de sitio o turbación del orden público, por
sí sola, no da lugar al reconocimiento de tiempo doble.
Lo anterior dado que la competencia del Gobierno nacional para determinar en qué zonas
del país se reconocía el estado de sitio, fue prevista en las Leyes 2ª de 1945 y 126 de
1956, y en el Decreto con fuerza de Ley 2337 de 1971, dictado en virtud de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970, motivo por el cual fue el mismo legislador
el que instituyó dicho beneficio y los criterios a tener en cuenta para su reconocimiento.
Corolario, los decretos ejecutivos que dictó el Gobierno nacional para fijar qué zonas del
país merecieron tal reconocimiento por los problemas de orden público que tuvieron,
constituyeron un simple desarrollo de las normas referidas, toda vez que era precisamente
el Gobierno Nacional quien determinaba las condiciones de reconocimiento del cómputo
doble del servicio prestado.
Debe precisarse que i) una cosa es la declaratoria del estado de sitio, y otra muy diferente,
ii) la determinación de los supuestos en los cuales habrían de incursionar quienes por razón
de tal declaratoria debieron desempeñarse en los lugares y circunstancias señalados por
el Gobierno.
En efecto, era al Gobierno nacional a quien le correspondía indicar en qué lugares
existieron disturbios y en dónde no, por ello este debía definir a quiénes se les extendía el
beneficio reclamado, en razón a que el hecho de que se hubiese decretado el estado de
sitio en todo el territorio nacional no significaba que en todos los departamentos o
municipios estuviese turbado el orden público dado que esta medida lo que buscaba era
dotar al ejecutivo de facultades para contrarrestar los problemas de orden público y mitigar
sus efectos.
Por ello los períodos reclamados por el demandante no pueden reconocerse como tiempos
dobles de servicios para efectos prestacionales, pues como lo ha reiterado en varias
oportunidades esta Corporación4, para ser acreedor al primer reconocimiento ha debido
acreditar, además de otras exigencias, la prestación del servicio en la zona afectada y el
decreto que lo consagre a su favor.
Ahora bien, debido a que la pretensión del pago de una asignación de retiro depende,
necesariamente, de que prosperara la pretensión de reconocimiento de los tiempos dobles
de servicios solicitados para efectos prestacionales, pues sería la sumatoria de los
periodos comprendidos entre el 26 de junio de 1975 y el 22 de junio de 1976 y, el 7 de
octubre de 1976 a 20 de junio 1982, lo que desembocaría en el reconocimiento de una
4 Al respecto se pueden consultar entre otras, las sentencias proferidas por esta Sección del Consejo de
Estado dentro de los procesos 440012333000201300140 01 (3354-2015) de fecha 31 de enero de 2018 y
la del 6 de julio de 2011 Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02445-01(1548-10).
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asignación de retiro, no hay lugar a conceder dicha súplica, en que se encuentra acreditado
que el señor Adalberto Quintero Torregrosa fue retirado del servicio por mala conducta
comprobada, tal y como consta en el documento denominado liquidación de servicios,
emitido por la Secretaría General de la Policía Nacional, el 18 de enero de 1983, es decir
que en su caso se presenta una de las causales establecidas en el artículo 58 del Decreto
609 de 1977, siendo necesario acreditar más de 15 años de servicio, requisito que no
cumple el accionante pues en el mismo documento se indicó que laboró un total de 14
años, 2 meses y 22 días”.
4.6 En ese orden de ideas, la Sala considera que la autoridad judicial accionada en
la decisión de segunda instancia hizo un análisis del planteamiento presentado
del recurso de apelación y en síntesis, concluyó que de acuerdo con las
directrices jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos
análogos al del actor, no era procedente el cómputo de los tiempos dobles
solicitados en la demanda en calidad de agente de la Policía Nacional, para el
periodo comprendido entre el 26 de junio de 1975 y el 22 de junio de 1976 y,
desde el 7 de octubre de 1976 y el 20 de junio 1982, al no estar acreditados
los requisitos previstos en los decretos que declararon la perturbación del
orden público y dejó claro que la declaración del estado de sitio o turbación del
orden público por sí sola, no daba lugar al reconocimiento de tiempo doble, lo
que para la Sala resulta razonable.
4.7. Al igual que lo hizo el juez de tutela de primer grado, esta Sala considera que
no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, al reiterar los
argumentos que en su momento fueron propuestos en el recurso de apelación,
buscando que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional en la
que se discutan de nuevo asuntos que fueron puestos a consideración y que
fueron resueltos por el juez natural, olvidando que el propósito de la acción
tutela no es prolongar la discusión que se presentó y se definió por el juez
natural en el respectivo medio de control, ni tampoco erigirse como una
instancia adicional en la que se vuelvan a presentar argumentos que en su
momento se pusieron en conocimiento del juez natural y frente a los que tuvo
la oportunidad de pronunciarse.
Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el sentido de la
decisión adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos fundamentales
y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no debe olvidarse que
la simple disparidad de criterio no constituye per se una vulneración a los
derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela como
mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales. Es por
este motivo que la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido
que, cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo
está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional que
se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto.
4.8. Por último, es importante precisar que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas cortes –quienes cumplen la función de unificar la
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones–, se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02133-01
Demandante: Adalberto Quintero Torregrosa
y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no
acontece en el sub examine.
5. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de tutela de primera instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas
en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 18 de mayo de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones
expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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