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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02140-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02140-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02140-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de junio de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02140-00
Demandantes: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02140-00
Demandante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por privación injusta de la libertad. Defecto
por desconocimiento del precedente judicial, fáctico y
sustantivo. Incumplimiento del requisito de procedencia de la
inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 28 de
mayo de 2021, mediante la cual revocó el fallo que había negado las pretensiones
de la demanda, para en su lugar acceder a estas, en el marco del medio de control
de reparación directa que el señor Jamal Hay Hassan Alid Abdel Mutte promovió
contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les
declarara administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad
que soportó.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La entidad accionante manifestó que el señor Jamal Hay Hassan Alid Abdel Mutte
presentó demanda de reparación directa en contra la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, por la presunta privación injusta de la libertad soportada a
raíz de la medida privativa de la libertad impuesta en su contra, con ocasión de un
proceso penal adelantado por el delito de tráfico de migrantes.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección "B", en sentencia de primera instancia de 11 de noviembre de 2011,
negó las pretensiones de la demanda.
1

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Finalmente, adujo que luego de que contra la referida providencia la parte actora
interpusiera recurso de apelación, la Sección Tercera, Subsección "B" de Consejo
de Estado, a través de sentencia de segunda instancia de 28 de mayo de 2021,
revocó la sentencia del a-quo y, en su lugar, dispuso declarar patrimonialmente
responsables a la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los
perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del señor Jamal Hay Hassan
Alid Abdel Mutte, y ordenar a estas emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria
de esa providencia, un comunicado en el cual pidieran disculpas al demandante
por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su
libertad.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y a la igualdad, supuestamente vulnerados con la sentencia de 28
de mayo de 2021, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo
que había negado las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder a
estas, en el marco del medio de control de reparación directa que el señor Jamal
Hay Hassan Alid Abdel Mutte promovió contra la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.

En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, de los que resaltó que en el
caso se cumple el requisito de inmediatez, en tanto, adujo, la sentencia de 28 de
mayo de 2021 solo fue ejecutoriada el 8 de octubre de 2021, fecha en la que se
ejecutorió el auto de 8 de septiembre de 2021, en el que se resolvió la corrección
de la sentencia solicitada por el demandante, y desde la que solicita que se
contabilice el mencionado requisito.

Posteriormente, sostuvo que, en su criterio, la sentencia objetada incurre en i)
defecto por desconocimiento del precedente judicial, por cuanto i) se apartó
de los lineamientos y de la construcción jurisprudencial que en materia de régimen
de responsabilidad por privación injusta de la libertad, expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y la SU-072 de 2018, pues,
sostuvo, para revocar el fallo de primera instancia argumentó que el caso debía
estudiarse bajo la óptica del daño especial, al considerarse que si bien no se
allegó la decisión por la cual se impuso la medida de aseguramiento, se probó que
la víctima sufrió un daño especial, “acudiendo así al régimen objetivo, porque no
se contaba con las decisiones (y razones) por las cuales se dictó la medida de
aseguramiento”.

Agregó que en el caso también se configuró el desconocimiento de ii) las
sentencias de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferidas
el 14 de septiembre de 20111 y el 28 de agosto de 20142, relativas a las
afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente amparados,
en las que, afirma, “se sostiene que dicho tipo de daños deben ser reconocidos
1
Expediente 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).
2
Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
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como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos y que, su eventual
reconocimiento, procede siempre y cuando se encuentren acreditados dentro del
proceso, se verifique su concreción y se precise su reparación integral, teniendo
en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos”.

Sobre el particular, añadió que la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha indicado que el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo significa que esta no puede actuar de oficio, sino que su actividad
se desarrolla únicamente cuando los particulares acuden a ella en ejercicio de las
acciones de origen constitucional y legal existentes en el ordenamiento jurídico,
por lo que el principio de la justicia rogada rige el actuar de la jurisdicción
contencioso administrativa y ha sido entendido en dos ámbitos que se encuentran
conexos, “que consisten en que el juez no puede iniciar de oficio un juicio, pues es
el libelista quien debe identificar e individualizar sus pretensiones, y que el
funcionario judicial se encuentra vinculado a lo solicitado en la demanda, de modo
que, en principio, está impedido para estudiar temas y pronunciarse sobre puntos
que no han sido planteados o sustentados por el actor”.

Sostuvo que en la sentencia enjuiciada se hizo un reconocimiento extra petita de
un perjuicio de carácter no pecuniario, no solicitado en el libelo demandatorio, que
rompió el equilibrio procesal existente entre la parte actora y la Rama Judicial, en
materia de defensa probatoria, lo que “provoca una grave vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la contradicción, así
como de los principios del derecho contencioso administrativo de justicia rogada y
de congruencia en la decisión judicial”.

Refirió que la medida restaurativa ordenada desnaturaliza el ámbito de las
funciones estatutarias del Director Ejecutivo de Administración Judicial, en tanto
de acuerdo con los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, lo que le compete es
ejecutar las políticas administrativas ordenadas por el Consejo Superior de la
Judicatura, y agregó que las autoridades judiciales gozan de autonomía e
independencia por disposición de la Constitución Política y la ley, y que ese
funcionario no es orientador, ni superior jerárquico, ni nominador, ni director de las
autoridades judiciales, ni aún menos incide en sus decisiones, pues si lo hiciera
transgrediría flagrantemente el principio de autonomía e independencia judicial.

De otra parte, sostuvo que la providencia objetada incurre en ii) defecto fáctico,
por cuanto, indicó, en el plenario no obraba ninguna prueba que lograra avizorar la
ocurrencia de la vulneración de bienes y derechos constitucional y
convencionalmente protegidos, y si bien es cierto que la parte demandante en los
hechos de la demanda manifestó superficialmente las consecuencias que le
produjo su reclusión, en el proceso no se demostró de forma alguna que tales
dichos hubieren ocurrido.

Afirmó que el funcionario judicial está en el deber de analizar la procedencia de la
indemnización, siempre y cuando su concreción esté acreditada dentro del
proceso y ello no ocurrió en el caso, y que en sentencia de 28 de febrero de
2020,3 la Sección Tercera del Consejo de Estado fue clara en señalar que el
3
Expediente: 25000-23-26-000-2012-00162-01 (50520).
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desinterés de la parte demandante en la carga de la prueba impide al juez de
instancia completar el material probatorio.

Sostuvo que en la sentencia de 28 de agosto de 20144, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado se impone la necesidad de que el juez realice una
exigente verificación en la que debe examinar: (i) que se trate de una vulneración
o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional, (ii) que
sea antijurídica, (iii) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no
esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya
reconocidos, y (iv) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas,
pertinentes y adecuadas al daño generado.

Finalmente, refirió que la sentencia objetada también incurre en iii) defecto
sustantivo, por la indebida aplicación e interpretación errónea de las normas
previstas en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil, y el
desconocimiento de sub-reglas jurídicas fijadas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en los casos de privación de la libertad, conforme con el cual
el análisis de la culpa exclusiva de la víctima debe hacerse desde la perspectiva
del Código Civil, en consonancia con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

Sobre el particular, añadió que el fallo cuestionado ignoró por completo que la
orden de captura, la resolución de acusación y la respectiva medida de
aseguramiento en contra del señor Jamal Hay Hassan Alid Abdel Mutte fueron
proferidas única y exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación, razón por
la cual, era evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva de la rama
judicial.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama
Judicial, dentro del expediente de reparación directa No. 25000-23-26000-
2006-01121-01 en el que actúan como demandantes el señor Jamal Hay
Hassan Alid Abdel Mutte H, y demandadas la Nación - Rama Judicial y Nación
-Fiscalía General De La Nación.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de
fecha 8 de mayo de 2021, dentro del proceso de reparación directa No. 25000-
23-26000-2006-01121- 01 en el que actúan como demandantes el señor Jamal
Hay Hassan Alid Abdel Mutte H ; y, se ordene, por consiguiente, a la Sección
Tercera, Subsección "B" del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el
que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera,
Subsección "B" del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -
quo, por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial”.

4
Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
4

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4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del expediente del medio de control de reparación directa
con radicado Nº 2006-01121-01, actor: Jamal Hay Hassan Alid Abdel Mutte.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de abril de 2022, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la entidad accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, a la
Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

En la misma decisión se denegó la medida provisional solicitada por la accionante,
consistente en suspender la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
emitida dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-26000-2006-
01121-01.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 46488 a 46492, todos
de 27 de abril de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión5.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El ponente de la decisión objeto de tutela rindió informe en el que manifestó que
no participará en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y
que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en ella.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la entidad rindió informe en el que, luego de sintetizar los hechos del
proceso que originó la controversia, solicitó que se accediera a las pretensiones
de la demanda.

Sostuvo que la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la contradicción y a la igualdad de la Fiscalía General de la Nación,
pues en esta no se analizó si la medida privativa de la libertad fue abiertamente
desproporcionada o violatoria de los procedimientos legales, tal y como lo precisó
la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, para declarar la
exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

Indicó que en esta tampoco se dilucidó si la privación de la libertad provino del
cumplimiento de deberes constitucionales y legales, y de la materialización de las

5
La notificación fue enviada a los correos: tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co,
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co, s03tadcund@cendoj.rama judicial.gov.co.
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disposiciones procedimentales contempladas para los casos en los que se cuenta
con material probatorio que permite inferir razonablemente la posible autoría o
participación de la persona en el hecho punible y que impide que el daño le sea
imputado a las entidades demandadas.

Afirmó que la condena a presentar excusas públicas no cumple con los
parámetros jurisprudenciales sentados por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 para indemnizar la
tipología de perjuicio inmaterial denominado afectación de bienes
constitucionalmente protegidos que, en asuntos de privación injusta de la libertad,
se presenta cuando se vulneran derechos amparados por la Constitución Política
o se encuentran establecidos en tratados o convenios suscritos y ratificados por el
Estado colombiano.

Finalmente, refirió que la Sala de Decisión no valoró los medios de prueba
aportados al proceso a efectos de determinar si se encontraba demostrada una
afectación relevante al derecho fundamental al buen nombre, tal como lo exige la
sentencia de unificación, pues procedió a decretar una medida de reparación no
pecuniaria, como las excusas públicas, sin tener por demostrada una afectación
relevante de dicho derecho.

6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente vinculados al trámite constitucional y efectuada la notificación del
auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 28 de mayo de 2021,
mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo que había negado
las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder a estas, en el marco del
medio de control de reparación directa que el señor Jamal Hay Hassan Alid Abdel
Mutte promovió contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, incurre
en i) desconocimiento del precedente judicial en materia del régimen de
responsabilidad por privación injusta de la libertad, expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y la SU-072 de 2018, y del
contenido en las sentencias de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, proferidas el 14 de septiembre de 20116 y 28 de agosto de 20147,
6
Expediente 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).
7
Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
6

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relativas a las afectaciones a bienes o derechos constitucional o
convencionalmente amparados, en las que, afirma, se sostiene que dicho tipo de
daños deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales
autónomos y que, su eventual reconocimiento, procede siempre y cuando se
encuentren acreditados dentro del proceso, se verifique su concreción y se precise
su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de
los hechos.

De igual forma, corresponde determinar si la providencia objeto de tutela incurre
en ii) defecto fáctico, por cuanto, indicó la entidad accionante, en el plenario no
obraba ninguna prueba que lograra avizorar la ocurrencia de la vulneración de
bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, y si bien es
cierto que la parte demandante en los hechos de la demanda manifiestó,
superficialmente, las consecuencias que le produjo su reclusión, en el proceso no
se demostró de forma alguna que tales dichos hubieren ocurrido, y en iii) defecto
sustantivo, por la indebida aplicación e interpretación errónea de las normas
previstas en el artículo 70 de La ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil, y el
desconocimiento de sub-reglas jurídicas fijadas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en los casos de privación de la libertad.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional8 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en

8
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
7

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un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 9

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar10, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
201611, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el
que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a
los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en
cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados.
De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de
la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales
que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos
invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más
estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los
efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que
justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”12

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional14.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Como quiera que la accionante solicita que la contabilización del término de
inmediatez se efectúe desde la fecha de ejecutoria del auto que resolvió la

9
Ibídem.
10
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño ,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
12
Ibídem.
13 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
14
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
8

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corrección de la sentencia solicitada en el caso que originó la controversia, la Sala
debe verificar si la presente acción de tutela cumple dicho requisito objetivo,
pertinente para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en tanto valoración de la oportunidad en la presentación de la acción de
tutela de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

4.2. Revisado el aplicativo web para consulta de procesos de la Rama Judicial15, la
Sala observa que el 25 de junio de 2021, dentro del término de ejecutoria de la
sentencia de 28 de mayo de 2021 (notificada el 24 del mismo mes y año), objeto
de tutela, el señor Jamal Hay Hassan Alid Abdel Mutte, parte activa en dicho
proceso, solicitó la aclaración de la sentencia, en específico de su nombre en el
numeral octavo de la parte resolutiva, el cual había sido consignado erradamente.

De igual forma, allí consta que, dada su naturaleza, a dicha solicitud el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, le dio trámite de corrección, misma que
fue resuelta mediante auto de 8 de septiembre de 2021, en el que se corrigió el
mencionado numeral, auto que fue notificado por estado el 4 de octubre de 2021,
fecha a partir de la cual se contabilizará el requisito de la inmediatez.

Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente imagen:

15

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=RXpYfrLHnnBO%2f0d0EJ
Q8b4BH2%2fk%3d
9

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Demandantes: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Como la solicitud de amparo fue presentada por correo el 18 de abril de 202116,
transcurrieron seis (6) meses y trece (13) días entre el momento de la
notificación del auto que resolvió la corrección de la sentencia y el de la
interposición de la acción constitucional, término que desborda el límite
establecido de seis meses, por regla general, jurisprudencialmente por la Sala
Plena de esta Corporación y la Corte Constitucional.

Como se indicó, en la solicitud de amparo constitucional, la entidad accionante
aduce que la solicitud fue interpuesta dentro del término de seis (6) meses
posteriores a la ejecutoria del auto de 8 de septiembre de 2021, mediante el que
se resolvió la solicitud de corrección del nombre del demandante en el ordinal
octavo de la sentencia objeto de tutela con ocasión de la solicitud elevada por la
parte activa en dicho proceso, la cual aduce que ocurrió el 8 de octubre de 2021,
fecha desde la que considera debe contarse la inmediatez.

Para la Sala en el caso que el requisito de la inmediatez no se encuentra
cumplido, en tanto desde la notificación del auto que dispuso la corrección de la
sentencia objeto de tutela se desconoció el plazo razonable de los seis meses que
ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
echándose de menos alguna circunstancia que le permita al juez excepcionar este
requisito, por lo que se deberá preservar el valor de la cosa juzgada y el principio
de seguridad jurídica.

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. En el presente caso, no se
presentaron circunstancias especiales, y la parte actora no manifestó ningún
motivo para justificar el retardo en la interposición de la solicitud de amparo, por lo
que el requisito se encuentra incumplido.

En ese sentido la Sala declarará improcedente la solicitud por falta del requisito
general de procedibilidad de inmediatez, habida cuenta de que en el escrito de
tutela el accionante no ofrece ninguna razón que justifique el retardo en la
interposición de la acción constitucional, ni aquel contiene ninguna referencia que
tenga la vocación de justificar su inacción para interponer la acción constitucional
dentro del término fijado jurisprudencialmente.

Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales dictadas en el marco
de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso
administrativa, la oportunidad de la solicitud de amparo, por regla general, es de
seis (6) meses, que se determinan a partir del momento en que se notifica la
providencia acusada, pues, se reitera, la notificación supone que las partes tienen
conocimiento de las decisiones judiciales.

En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
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Acta individual de reparto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02140-00
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requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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