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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02148-00

Fecha
25 de julio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02148-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional en relación con los defectos fáctico, decisión sin motivación y procedimental absoluto. SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora en relación con los defectos sustantivo, error inducido y desconocimiento del precedente, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02148-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

25 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02148-00
Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Se declara improcedente con respecto a unos
defectos y se niega con respecto a otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02148-00
Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Caducidad del medio de control de
reparación directa / Delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos / Se
declara improcedente con respecto a unos defectos y se niega con respecto a otros.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra los autos del 29 de abril
de 2021 y del 20 de enero de 2022 proferidos por el Juzgado 60 Administrativo de
Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa No. 11001-33-43-060-2020-
00066-00/01, por medio de los cuales se declaró la caducidad del medio de control1.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

1 La ponencia presentada por el Dr. Alberto Montaña fue derrotada y pasó al despacho para elaborar la ponencia

mayoritaria.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02148-00
Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Se declara improcedente con respecto a unos
defectos y se niega con respecto a otros

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 18 de abril de 2022 Yulis Andrea Romaña Quejada y su grupo familiar2 presentaron
-mediante apoderado judicial- una acción de tutela para obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por los autos del 29 de abril de 2021 y del 20 de
enero de 2022 proferidos por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá y la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso
de reparación directa No. 11001-33-43-060-2020-00066-00/01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<DEJAR SIN EFECTOS las providencias proferidas por Auto expedido el día
veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) -notificada por Estados del día 30
siguiente por EL JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ
D.C. EN ORALIDAD, [y] […] por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A, Magistrada Ponente Bertha Lucy Ceballos
Posada, que resolvió la segunda instancia. Ambas por medio de las cuales se decidió la
ocurrencia de la caducidad de la acción con base en hechos no probados por ser
inexistentes.

2. En su lugar, ORDENAR al fallador de primera instancia proferir nuevo
pronunciamiento, donde tenga en cuenta los hechos realmente acaecidos, y que son los
siguientes:

2.1. Que existió imposibilidad física para impetrar la demanda, por confinamiento sufrido
hasta el 23 de julio de 2022. (sic)

2 Yulis Andrea Romaña Quejada, Erleth Romaña Quejada en representación de Daniela Romaña Quejada (menor de

edad), Edwin Romaña Quejada, Edilda Silgado Ruiz, Juana María Silgado Ruiz, Cándida Silgado Ruiz, Raquelina
Galvis Silgado, Ana Francisca Monterrosa Silgado, Elvis Enrique Monterrosa Silgado, Manuel Francisco Padilla
Silgado, Roselia García Silgado, Franquelina González David, Lidis Rosa Silgado Guerrero, Nélfida Silgado Salas,
Livis Silgado Salas, Nellys Silgado Salas, Carmen Celina Córdoba Correa en representación de Daniel Andrés Silgado
(menor de edad), Cristian Silgado Pineda, Arledys Díaz Beltrán, Ana Lucía Silgado Ballestero, Andrea Ramírez
Pineda, Dolores Silgado Pineda, Jhojan David Medina Silgado, Yosner Silgado Pineda, Eder Davinson Silgado
Pineda, Emilse Paola Silgado Cordero, Oladis Silgado Pineda, Yarley Silgado Pineda, Karolina Córdoba Silgado,
Trinidad Silgado Pineda, Keyvis Silgado Cordero, James Sánchez Silgado, Yunier David Sánchez Silgado, Lucía
Silgado Ruiz, Luz Mercy Silgado Ballesteros y Yudis Palacios Silgado.

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Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Se declara improcedente con respecto a unos
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2.2. Que existió imposibilidad intelectual de impetrar la demanda, por la condición de
campesinos de los demandantes, que los hizo ignorar su derecho a reclamar; ello, al no
entender que, tras la victimización directa por parte del GAO Clan del Golfo, hubo la
configuración de una actuación victimizante indirecta por parte del Estado que
eventualmente podía ser declarada judicialmente.

2.3. Que existió intimidación en los demandantes, durante al menos un año con
posterioridad a los hechos, que causó su desplazamiento y ocultamiento, por haber sido
declarados objetivos militares por parte del GAO Clan del Golfo. Y que dicha intimidación
fue suficiente para impedirles exponer su ubicación para impetrar una demanda judicial.

2.4. Que los demandantes presentaron la solicitud de conciliación prejudicial el día
dieciocho (18) de julio de 2019, cinco (05) días antes del fenecimiento del término de
caducidad de la acción.

2.5. Que el requisito de procedibilidad fue declarado mediante Acta de […] Conciliación
del 01 de octubre de 2019, lo que posibilitó impetrar la acción judicial a partir del 02 de
octubre de 2019.

2.6. Que entre el 18 de julio de 2019 y el 02 de octubre de 2019 se interrumpió el término
de caducidad de la acción, quedando cinco (05) días para impetrar la demanda.

2.7. Que la demanda fue presentada el 04 de octubre de 2019, dentro de los tres días
siguientes; o sea, dos días antes de terminar de agotarse el término de caducidad de la
acción.

2.8. Que la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, contempla la necesidad de examinar las
condiciones particulares de los demandantes, para determinar la inexistencia de
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción; y
que existiendo esas circunstancias, ello conlleva a la inaplicación del término estricto de
caducidad de la acción, para las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión
de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.

3. EXHORTAR a los falladores de primera y de segunda instancia, para que no incurran
nuevamente en trasgresiones a los derechos fundamentales constitucionales de la parte
demandante>>.

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Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Se declara improcedente con respecto a unos
defectos y se niega con respecto a otros

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- A mediados de julio de 2017, en la zona rural del corregimiento de Titumate
(Unguía-Chocó), el Ejército Nacional desplegó un operativo con el fin de desmantelar el
denominado Clan del Golfo.

3.2.- Días antes del operativo, algunos miembros del Ejército Nacional fueron dejados
por un helicóptero en las inmediaciones de la finca de Yulis Andrea Romaña Quejada y
su grupo familiar, y acamparon en zonas aledañas al predio; ellos retuvieron a Edwin
Silgado Pineda para obtener información acerca de su relación con el objetivo militar.

3.3.- Posteriormente, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que agradeció la
ayuda de la población civil en el operativo en contra de los cabecillas del Clan del Golfo,
el cual dio como resultado la muerte de alias <<CuloE´Toro>> y <<Alacrán>>. En virtud
de lo anterior, miembros del Clan del Golfo decidieron vigilar la zona para determinar
cuáles civiles habían colaborado en el operativo militar.

3.4.- El 22 de julio de 2017, tras relacionar la llegada de un mercado a la finca de la
familia Silgado como contraprestación del Ejército Nacional por su colaboración en la
mencionada operación, miembros del Clan del Golfo se dirigieron a la casa de Edwin y
lo retuvieron bajo el argumento de que sería interrogado; ese mismo día el señor Silgado
Pineda fue encontrado muerto con signos de tortura. Paralelamente, en horas de la
mañana, Berísimo Silgado Pineda fue retenido por miembros del mencionado grupo
armado y, en esa misma fecha, también fue hallado muerto.

3.5.- El 4 de octubre de 2019 Yulis Andrea Romaña Quejada y su grupo familiar
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional por los daños y perjuicios (materiales y morales) derivados
de la muerte de Edwin Silgado Pineda y Berísmo Silgado Pineda a manos del Clan del
Golfo ocasionadas por las acciones y omisiones del Ejército Nacional.

3.6.- Mediante auto del 29 de abril de 2021, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá
declaró probada la excepción de caducidad con fundamento en la sentencia de

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unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado3.
Indicó que trascurrieron más de dos años entre la fecha en que las víctimas fallecieron
debido a la conducta de un grupo armado al margen de la ley (22/7/2017) y la
presentación de la demanda (4/10/2019); estableció que el término para presentar el
medio de reparación directa feneció el 23 de julio de 2019. Adujo que los demandantes
no acreditaron ningún impedimento que justificara la omisión en el ejercicio de la acción.

3.7.- La parte actora interpuso recurso de apelación porque consideró que la omisión de
las demandadas en sus deberes de protección no se concretó solo en los homicidios de
las víctimas, sino en <<todo el asedio que sufrió la familia Silgado, incluso
posteriormente>>. Adujo que dicho asedio, posterior a los homicidios, debió
considerarse como un impedimento para presentar la demanda. Añadió que a la fecha
de ocurrencia de los hechos no estaba vigente el precedente jurisprudencial que citó el
juez de primera instancia para declarar la caducidad del medio de control4.

3.8.- Mediante auto del 20 de enero de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia.
Señaló que (i) la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 24 de julio de
2019, es decir, 2 años y 1 día después de la ocurrencia de los hechos; por ello, consideró
que ni siquiera se suspendió el término de caducidad; (ii) la parte actora no demostró
ningún motivo de impedimento para acudir a la administración de justicia; (iii) el
Ministerio Público no tiene la facultad para declarar la caducidad de la demanda, ya que
dicha función le corresponde al juez.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La parte actora alega que las autoridades accionadas incurrieron en seis defectos.
Señala que hubo un (i) defecto procedimental absoluto debido a que en el proceso no
se escuchó al Ministerio Público, <<quien no contó con oportunidad legal de
pronunciamiento frente a la actuación judicial, cuyo traslado personal debía efectuarse
a continuación del traslado de las contestaciones a las partes>>. Aduce que el Ministerio
Público muy probablemente habría respaldado la tesis según la cual la demanda fue
presentada dentro del plazo legal. Afirma que también se presentó un (ii) defecto fáctico

3 Radicado No. 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033).
4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 85001-33-33-002-

2014-00144- 01(61033).

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y para sustentar su configuración señala que <<no puede ser más literal el sustento de
la existencia de esta causal, que la misma definición que la H. Corte Constitucional ha
dado de esta figura […]5 sobra extenderse más>>.

4.1.- Señala que se incurrió en un (iii) defecto sustantivo porque las dos instancias
fallaron con base en hechos inexistentes y aplicaron indebidamente el artículo 164 del
CPACA <<al extender las fechas de actuación en el tiempo la parte demandada y la
primera instancia, pretenden hacer suponer inactividad, desinterés o descuido de la
parte procesal por la defensa de sus propios intereses, para aplicar [el artículo 164 del
CPACA]>>. Agrega que <<la segunda instancia falsea la finalidad de la actuación de
solicitud de conciliación, […] exige que debía haberse interpuesto la demanda desde el
mismo momento en que se solicitó la conciliación el 18 de julio de 2019>>.

4.2.- Considera que en el auto atacado hubo un (iv) error inducido en tanto allí se afirma
que la solicitud de conciliación fue radicada el 24 de julio de 2019, cuando en realidad
fue el 18 de julio de 2019. Con base en dicha imprecisión, se adujo que había pasado
más de dos años desde los hechos. Agrega que también se inventó que la demanda
había sido radicada el 20 de agosto de 2020, cuando los sistemas evidencian que la
misma fue interpuesta el 4 de octubre de 2019. Afirma que (v) hubo decisión sin
motivación ya que las decisiones se basaron <<en hechos inexistentes y por tanto no
probados, en imaginarios e ideas de la propia autoría de los aplicadores de la ley,
quienes se alejan completamente de lo relatado y probado por las partes>>.

4.3.- Añade que las autoridades accionadas (vi) desconocieron el precedente que
afirman seguir, es decir, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. En su criterio, no tuvieron en cuenta que dicha
sentencia exige estudiar la inaplicabilidad de los términos de caducidad en los casos en
que se presenten situaciones que materialmente hubiesen impedido el ejercicio del
derecho de acción; aduce que para su caso esto se concreta en el desplazamiento
forzado y la intimidación a que fueron expuestos por parte del Clan del Golfo, que los
obligó a permanecer ocultos al declararlos objetivo militar. Además, cita la sentencia T-
044 de 2022 de la Corte Constitucional, según la cual la aplicación de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2022 debía suponer un análisis detallado de las
circunstancias de la parte procesal afectada.

5 <<[…] surge cuando el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el sentido

en el que se sustenta la decisión […] (Sentencia T-419 de 2011)>>.

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D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(accionada) señala que los accionantes no cumplieron con su carga de argumentar la
relevancia constitucional del caso y que, por tanto, debe declararse la improcedencia de
la acción de tutela.

6.- El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá (tercero con interés) solicita que se declare
la improcedencia de la acción de tutela pues la parte actora contó con otro medio de
defensa judicial, el recurso de apelación, el cual fue interpuesto y debidamente resuelto.
Señala que la parte actora no acreditó la vulneración de los derechos invocados, y
considera que la decisión de declarar probada la excepción de caducidad estuvo
debidamente motivada.

7.- El Ministerio de Defensa Nacional (tercero con interés) pide que se niegue la solicitud
de amparo porque (i) no existió afectación alguna a los derechos fundamentales de la
parte actora, (ii) ambas instancias profirieron decisiones ajustadas al marco legal
vigente, y (iii) la actora acude a la acción de tutela como una tercera instancia del
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

8.- Se declararán improcedentes los cargos formulados bajo los defectos fáctico y
decisión sin motivación por falta de carga argumentativa; en cuanto al primero, pues la
parte accionante se limita a citar una definición de dicho defecto y agrega que <<sobra
extenderse más>>, de manera que no es posible entender cuáles pruebas considera
fueron ignoradas o indebidamente valoradas; en cuanto al segundo, pues su único
argumento consiste en que las autoridades accionadas fallaron con base en hechos no
probados, sin especificar en este punto a cuáles se refiere. Además, la argumentación
del segundo defecto se subsume en aquella desplegada para sustentar el presunto error
inducido, el cual se analiza más adelante.

8.1.- Por otra parte, se declarará improcedente porque el defecto procedimental absoluto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, según el cual el Ministerio Público <<no
contó con oportunidad legal de pronunciamiento frente a la actuación judicial, cuyo

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traslado personal debía efectuarse a continuación del traslado de las contestaciones a
las partes>>. Se deduce que la parte actora se refiere al traslado de las excepciones
durante el trámite de primera instancia adelantado por el Juzgado 60 Administrativo de
Bogotá, el cual corresponde a un término de tres días. En consecuencia, el cargo es
improcedente en tanto que en la apelación al auto de primera instancia no se incluyó
ese argumento que ahora aquí se eleva, esto es, que el Ministerio Público no contó con
la oportunidad para pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por el
Ministerio de Defensa Nacional6.

8.2.- Aunque la parte accionante también cuestiona el auto de primera instancia
proferido el 29 de abril de 2021 por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, el análisis
se centrará en el auto del 20 de enero de 2022 por ser el que, al decidir el recurso de
apelación formulado contra el auto del 29 de abril de 2021, resolvió de manera definitiva
el trámite cuestionado.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales con respecto a los defectos
sustantivo, error inducido y desconocimiento del precedente

9.- Los requisitos se cumplen pues: i) la parte accionante indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, y se explican los
defectos en los que habría incurrido la providencia acusada (sustantivo, error inducido y
desconocimiento del precedente)7; iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la parte actora utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se presentó
en un término prudencial (inmediatez), puesto que el auto cuestionado se profirió el 20

6 El Ministerio Público puede pronunciarse durante el término del traslado de las excepciones (3 días). En CPACA

(parágrafo 2, art. 175), D.806/20 (art. 12) y Ley 2080/21 (art. 38). Al analizar esos artículos con el art. 303 del CPACA
(atribuciones del Ministerio Público) se deduce que el Ministerio Público puede pronunciarse sobre las excepciones
durante el traslado de 3 días que establecen las tres normas.
7 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional porque

los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, pues los reparos se originan en la providencia de
segunda instancia en tanto allí fue donde presuntamente la autoridad accionada; (i) aplicó indebidamente la norma
sobre la caducidad de la acción en relación con la presunta inacción de la parte accionante y la solicitud de conciliación
(defecto sustantivo); (ii) sustentó su decisión con base en fechas equivocadas (error inducido); y (iii) aplicó
indebidamente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
(desconocimiento del precedente).

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de enero de 2022 y la tutela se presentó el 18 de abril de 2022, es decir, dentro del
término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación8 como por la Corte
Constitucional9; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

F. No se configuran los defectos sustantivo, error inducido y desconocimiento del
precedente en tanto la autoridad judicial accionada (i) aplicó adecuadamente el
artículo 164 del CPACA; (ii) sustentó su decisión con base en fechas correctas; y
(iii) no desconoció la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado

10.- En cuanto al defecto sustantivo, la parte actora alega que el tribunal accionado
alteró los hechos, incluida la solicitud de conciliación, para decidir desfavorablemente
frente a sus pretensiones y que esto supone una indebida aplicación del artículo 164 del
CPACA. Al respecto, el tribunal precisó en el auto atacado que el daño alegado proviene
de la muerte de Edwin Silgado Pineda y Berísmo Silgado Pineda, hecho que se presentó
el 22 de julio de 2017 y que se atribuye al actuar de un grupo al margen de la ley. Precisó
que en esa misma fecha aparecieron los cadáveres de las víctimas, por lo que los
accionantes conocieron en esa fecha la muerte de sus familiares y al siguiente día
realizaron el respectivo sepelio. Adujo también que el mismo 23 de julio de 2017 el grupo
familiar señaló que se desplazó de manera paulatina del municipio por temor a que el
grupo al margen de la ley tomara represalias contra otros de sus integrantes, sin que tal
circunstancia haya servido de fundamento a las pretensiones de la demanda, pues solo
se circunscribió a la muerte de sus familiares.

10.1.- Esta Sala no encuentra que la aplicación del artículo 164 del CPACA sea indebida.
En relación con el argumento según el cual el daño no solo es consecuencia de la muerte
de las víctimas, sino de <<todo el asedio que sufrió la familia Silgado, incluso
posteriormente>>, esta Sala observa que el tribunal abordó de forma explícita el
argumento sobre el desplazamiento; sin embargo, precisó que la parte demandante
pretendió una indemnización por la muerte de sus familiares, de manera que el término
de la caducidad debía contarse desde que se enteraron de dicha muerte. Lo mismo
ocurre con el argumento según el cual los demandantes <<solo comprendieron en
términos de imputación de responsabilidad al Estado, hasta que contaron con una

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ),

C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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asesoría jurídico-legal adecuada>>. El tribunal aclaró que el término de caducidad no
está supeditado a la voluntad de las partes de buscar una asesoría legal, sino que
establece la oportunidad de acudir a la administración de justicia y contar con la debida
representación legal, o si, con motivo del daño, no les fue posible hacerlo. El tribunal
determinó que nada de eso se demostró en el proceso.

10.2.- Adicionalmente, el tribunal accionado señaló que la solicitud de conciliación no
suspendió el término de la caducidad, pues esta fue presentada el 24 de julio de 2019,
es decir, por fuera del término de los dos años con los que contaba la parte demandante
para ejercer oportunamente el derecho de acción. Lo anterior en ningún momento
pretendió sugerir que la demanda debe interponerse en la misma fecha que se presenta
la solicitud de conciliación, como equivocadamente sugiere la parte actora.

11.- En cuanto al supuesto error inducido, no se aprecia la presunta confusión de fechas
por parte de la autoridad accionada. En criterio de la parte actora, la autoridad accionada
(i) afirmó que la solicitud de conciliación fue presentada el 24 de julio de 2019, cuando
en realidad sucedió el 18 de julio de 2019; y (ii) que la demanda se radicó el 20 de agosto
de 2020, cuando en realidad se hizo el 4 de octubre de 2019. Esta Sala observa que la
decisión de declarar la caducidad se fundamentó en que la demanda fue presentada el
4 de octubre de 2019, es decir, más dos meses después de vencido el término de
caducidad, esto es, el 23 de julio de 2019. No es cierto que la autoridad accionada haya
tomado como fecha de presentación de la demanda el 20 de agosto de 2020, como se
observa de manera clara en los numerales 210 y 3611 del auto atacado.

11.1.- En cuanto a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, según el acta
de conciliación del 1º de octubre de 2019 de la Procuraduría 147 Judicial II para Asuntos
Administrativos, la fecha de radicación de la solicitud de conciliación fue el 24 de julio de
2019. Por esto, no existe prueba en el proceso que permita inferir que la afirmación de
la parte accionante sea cierta, esto es, que la solicitud de conciliación fue presentada el
18 de julio de 2019 y no el 24 de julio del mismo año.

10 <<La demanda fue radicada el 4 de octubre de 2019 y le correspondió por reparto al Magistrado Juan Carlos

Garzón Martínez, que el 24 de octubre de ese año la remitió a los juzgados por competencia en razón de la cuantía>>
(negrilla fuera de texto).
11 <<Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 24 de julio de 2019. Es decir, por fuera del

término de los dos años con los que contaba la parte demandante para ejercer oportunamente el derecho de acción,
por lo que dicho trámite ni siquiera suspendió el término de la caducidad. Además, la demanda fue radicada más
de dos meses después de surtido el requisito de procedibilidad (4 de octubre de 2019)>> (negrilla fuera de
texto).

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12.- Por último, en lo que respecta al alegado desconocimiento del precedente, este
tampoco ocurrió. En cuanto a los casos de caducidad en eventos de lesa humanidad, el
tribunal trajo a colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado12 para precisar
que el artículo 164 del CPACA aplica a eventos relacionados con este tipo de delitos,
pues la imprescriptibilidad es propia de la acción penal cuando no se conoce al
responsable de estos delitos, en tanto que la caducidad del medio de control de
reparación directa se configura desde cuando el afectado pudo advertir la participación
del Estado, situaciones que son totalmente diferentes.

12.1.- En relación con la caducidad de la acción de reparación directa en los casos de
muerte de un civil causada por miembros de la fuerza pública y la aplicación de la
mencionada sentencia de unificación, en sentencia SU-312 del 13 de agosto de 202013
la Sala Plena de la Corte Constitucional, estimó que: (i) la aplicación del término legal
de caducidad para este medio de control en casos de daños originados en delitos de
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra está acorde a los mandatos
constitucionales; (ii) unificó su jurisprudencia en el sentido de aplicar la caducidad de
dos años del artículo 164 del CPACA para estos casos; y (iii) encontró plausible las
reglas de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

12.2.- Por otra parte, en decisión reciente en la sentencia T-210 de 2022 la Corte
Constitucional concluyó que <<la interpretación del término de caducidad de la acción
de reparación directa se encuentra plenamente unificada en la jurisprudencia
colombiana, en particular respecto de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra
y genocidio>>. También reiteró lo planteado en la sentencia T-044 de 2022, la cual fue
citada por la parte accionante en el escrito de tutela, y aclaró que en efecto <<la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado aplica a partir de su expedición, incluso en los casos iniciados con
anterioridad>>.

12.3.- No obstante, la Corte Constitucional precisó que, para las acciones radicadas
antes de la sentencia de unificación, los jueces deben valorar las <<circunstancias
particulares de cada caso para observar si aplicar la regla de unificación pone en riesgo

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala plena, Sentencia del 29 de enero

de 2020, Rad. 85001333300220140014401(61033), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02148-00
Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Se declara improcedente con respecto a unos
defectos y se niega con respecto a otros

derechos fundamentales de las partes dentro del proceso>>. En este caso el tribunal
accionado sí tuvo en cuenta los planteamientos de los accionantes; no obstante,
aquellos no varían el conocimiento del hecho dañoso y, en consecuencia, la fecha a
partir de la cual se debía contar el término de la caducidad. Esto, máxime en tanto la
parte actora pudo manifestar sus reparos frente a la aplicación de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 en el recurso de apelación interpuesto ante el auto
de primera instancia, el cual tuvo en cuenta dicha sentencia para su decisión.

12.4.- En consecuencia, esta Sala considera adecuado el criterio del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para contar el término de caducidad: la muerte de las
víctimas ocurrió el 22 de julio de 2017 y en esa misma fecha los familiares tuvieron
conocimiento del daño, pues ese día aparecieron sus cadáveres; por lo tanto, el término
de caducidad empezó a correr desde el día siguiente al que los demandantes tuvieron
conocimiento del daño, esto es, el 23 de julio de 2017. Así las cosas, la demanda debió
ser radicada, a más tardar, el 23 de julio de 2019.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional en relación con
los defectos fáctico, decisión sin motivación y procedimental absoluto.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora en relación con los defectos sustantivo, error inducido y
desconocimiento del precedente, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02148-00
Accionantes: Yulis Andrea Romaña Quejada y otros
Se declara improcedente con respecto a unos
defectos y se niega con respecto a otros

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

13

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