Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02155-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02155-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02155-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
3 de agosto de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02155-00
Demandante: EDGAR URIEL USECHE TRIBIÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL Y
CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
HABÍAN SIDO DEMANDADOS EN EL PROCESO
ORDINARIO. SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA
JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
DE INMEDIATEZ Y SE DECLARA EL FENÓMENO DE
LA COSA JUZGADA FRENTE A LAS PRETENSIONES
DIRIGIDAS CONTRA LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS PUES LA SENTENCIA QUE
ANALIZÓ SU LEGALIDAD HIZO TRÁNSITO A COSA
JUZGADA.
Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales
por motivo de la sentencia en la que se negaron las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos de Colpensiones
que negaron la reliquidación de su pensión como miembro del Grupo de Vigilancia
y Custodia del INPEC y con ocasión de los actos administrativos proferidos por
Colpensiones. La Sala encontró que la acción de tutela no superó el requisito de
inmediatez por lo que se declara su improcedencia. Se declara la cosa juzgada
respecto de la pretensión dirigida a cuestionar los actos administrativos que ya
fueron objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Edgar Uriel Useche
Tribiño en contra del Tribunal Administrativo del Meta y la Administradora
Colombiana de Pensiones, para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, igualdad, dignidad y seguridad social previstos en los artículos 12,
13, 29 y 48 de la Constitución Política.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02155-00
Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Es beneficiario de una pensión de jubilación concedida por Colpensiones con
Resolución GNR 194213 de 30 de mayo de 2014, en virtud del régimen del artículo
96 de la Ley 32 de 1996 aplicable al personal del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria y carcelaria nacional del INPEC.
2) Ese acto administrativo se fundó en la sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 26 de marzo de 2009 y en la Circular 01 de 2012
de Colpensiones que precisan que la pensión debe liquidarse con el 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio con todos los factores
salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
3) Con Resolución VPB 16528 de 24 de febrero de 2015 la autoridad confirmó el
primer acto al resolver el recurso de apelación.
4) La erogación fue reliquidada mediante Resolución GNR 194615 de 1 de julio de
2015.
5) A través de Resolución GNR 290921 de 23 de septiembre de 2015 se incluyó al
actor en la nómina de pensionados con fundamento en la Circular Interna 15 de
2015 de Colpensiones.
6) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que
se declarara la nulidad de los actos administrativos mencionados
7) Mediante Sentencia de 5 de octubre de 2017 el Juzgado 5 Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y ordenó a Colpensiones que reliquide la pensión de jubilación del
demandante con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicio.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02155-00
Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
Acción de tutela
8) El Tribunal Administrativo del Meta resolvió la apelación que presentó la autoridad
demandada y en sentencia de 15 de agosto de 2019 revocó el fallo del juzgado para
en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
2. Fundamentos de la vulneración
1) El actor alegó que a pesar de que en la Resolución GNR 194213 de 30 de mayo
de 2014 se anunció que la pensión sería liquidada con los factores del Decreto 1045
de 1978, lo cierto es que la liquidó con fundamento en la Ley 100 de 1993 lo que
configuró una falsa motivación.
2) Reclamó que las resoluciones GNR 194615 de 1 de julio de 2015 y GNR 290921
de 23 de septiembre de 2015 también se sustentaron en esa norma, lo que
desconoció el régimen legal que le era aplicable, el parágrafo 5 del artículo 48 de la
Constitución Política y la fecha en que el demandante adquirió el estatus pensional.
3) Para el demandante la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta adolece de
un defecto sustantivo porque “no tuvo en cuenta el Ordenamiento Jurídico y la
Prevalencia de la Constitución Política de Colombia, sobre cualquier otra Norma
Jurídica (...) llámese Tratado de Derecho Internacional o Sentencias de las Altas
Cortes, Conceptos y Circulares de COLPENSIONES.”.
4) El único régimen de transición aplicable a las pensiones del personal del cuerpo
de custodia y vigilancia del INPEC es el que consagró el parágrafo 5 del artículo 48
de la Constitución Política de Colombia que distingue el régimen general del
especial y protege los derechos adquiridos de los funcionarios para que obtengan
la pensión con las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
5) Si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió una sentencia de
unificación en 2018 en la que señaló que el régimen especial previsto en el artículo
92 de la Ley 32 de 1986 es aplicable a los servidores que acrediten las condiciones
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal afirmación contradice lo ordenado por el
parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución Política que distingue al régimen
general del especial.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02155-00
Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i) Dignidad Humana, a la ii)
Igualdad, al iii) Debido Proceso por las Vías de Hecho y a la iv) Seguridad
Social, del Sr. Useche Tribiño Edgar Uriel, en consecuencia,
2. Se ordene la revocatoria del fallo del Tribunal Contencioso
Administrativo del Meta de fecha 15/08/2019, al ser ilegal por no tener un
sustento jurídico en el que se funda su decisión, por desconocer las leyes
especiales, por desconocer la norma constitucional, la supremacía de la
Constitución Política de Colombia, el ordenamiento jurídico, los derechos
fundamentales, los Principios Generales del Derecho y los Derechos
humanos de los diferentes Tratados de Derecho Internacional en Materia
Laboral adoptados por el gobierno colombiano y el ordenamiento jurídico.
3. Que se declare la Nulidad por defecto sustantivo o material de los Actos
Administrativos GNR 194213 del 30 MAY 2014 (concede Pensión), VPB
16528 del 24 FEB 2015 (resuelve apelación confirma GNR 194213), GNR
290921 del 23 SEP 2015 (Reliquida e Inclusión en Nómina de
Pensionados), GNR 4615 del 01 JUN 2016 (Reliquida) y todas de
COLPENSIONES, en lo que tiene que ver a la forma de liquidación de la
Pensión, por falsa motivación al ser contrarios a Derecho, por desconocer
los Principios Generales del Derecho, los Derechos Fundamentales y los
Derechos Humanos de los diferentes Tratados de Derecho Internacional
en Materia Laboral adoptados por el Gobierno Colombiano, pero en
especial por la inobservancia del Orden Jurídico y del Parág. (sic) 5 del
Art. 48 de la Constitución Política de Colombia, la cual es Norma de
Normas y prevalece sobre cualquier norma o tipo de norma jurídica en
virtud del Art. 4 ibídem, en consecuencia,
4. Se ordene la Materialización del Derecho, pues éstos (los derechos) no
son de papel, que se respete la Constitución y el Ordenamiento Jurídico,
los Principios Generales del Derecho, los Derechos fundamentales y los
Derechos Humanos, que se dé cumplimento a lo ordenado en la
Constitución en el Parág 5 del Art 48, la cual prima sobre cualquier otra
norma jurídica, tratado, concepto, opinión, fuente formal de derecho o
sentencias de los magistrados o altas cortes, jueces y magistrados, en
virtud del Art. 4 ibídem, en consecuencia,
5. Que se ordene a COLPENSIONES reliquidar la Pensión del Sr. Useche
Tribiño Edgar Uriel, con el 75% del promedio de lo devengado durante el
último año de servicio y con todos los factores salariales del Art. 45 del
Dto. 1045/78, entre otros factores devengados en esa última vigencia
fiscal de 2014-15, haya o no haya cotizado el INPEC a los mismos, pues
esta responsabilidad de era del funcionario por lo cual no tiene por qué
afectar la liquidación de la pensión.
6. Que se ordene a COLPENSIONES reliquidar la pensión del Sr. Useche
Tribiño Edgar Uriel tal y como lo ordeno (sic) el Juzgado Quinto (5)
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio en fallo de fecha 23 de
marzo de 2018 Radicado 50 001 33 33 005 2017 – 00022 00, con la
inclusión de todos los factores salariales y en observancia a los Principios
de Favorabilidad e in dubio pro operario de la reciente Sentencia T-
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Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
Acción de tutela
012/2022 de la Corte Constitucional, con observancia del Ordenamiento
Jurídico y la Prevalencia de la Ley especial sobre la general.
7. Que se Ordene a COLPENSIONES cancelar el correspondiente
retroactivo, con ocasión a la nueva reliquidación de la pensión, por el
tiempo de causación de la misma
8. Que se ordene la compulsa de copias a la procuraduría y fiscalía
general de la nación, para que se investigue disciplinaria y penalmente a
los funcionarios responsables de emitir actos administrativos, circulares y
conceptos, contrarios a los principios generales del derecho a los
derechos fundamentales, a los derechos humanos de los diferentes
tratados de derecho internacional adoptados por el gobierno colombiano
y en especial por la inobservancia de la constitución política de Colombia
y el ordenamiento jurídico.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI – mayúsculas del documento original).
4. Actuación procesal
Con auto de 11 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela y se notificó al
presidente y los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Meta, al
presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones y el director general del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La magistrada ponente de la sentencia cuestionada afirmó que se remitiría a las
consideraciones plasmadas en esa providencia, la cual contiene la fundamentación
jurídica, normativa, jurisprudencial y fáctica analizada para resolver el caso del
demandante.
La directora de la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se materializó un
defecto o vulneración a los derechos fundamentales del actor y no se agotaron los
mecanismos judiciales idóneos para debatir las consideraciones de la tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02155-00
Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
Acción de tutela
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Meta y a Colpensiones con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, dignidad y seguridad
social presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 15 de agosto de
2019 en el proceso 50001-33-33-005-2017-00022-01 en la que se revocó la decisión
del Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y, en su lugar,
negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que presentó el actor.
Adicionalmente, el actor cuestionó la legalidad de los siguientes actos
administrativos: 1) Resolución GNR 194213 de 30 de mayo de 2014 (que reconoció
la pensión de vejez a favor del demandante), 2) VPB 16528 de 24 de febrero de
2015 (resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto contra
el anterior acto, 3) GNR 290921 de 23 de septiembre de 2015 (que reliquidó la
pensión del demandante por retiro definitivo del servicio) y 4) GNR 194615 de 1 de
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Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
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julio de 2016 (reliquidó la pensión del actor por acreditación de nuevos tiempos de
servicio).
Para facilitar la metodología de estudio la Sala analizará, en primer término, las
pretensiones dirigidas a cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta y, como segunda consideración, estudiará si hay lugar a
declarar que operó el fenómeno de cosa juzgada respecto a las pretensiones que
cuestionan la legalidad de los actos administrativos mencionados ante el hecho de
que ya existe una decisión proferida por la autoridad judicial competente.
2.1. De la pretensión dirigida a dejar sin efectos la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta.
1) De entrada, basta con señalar que la providencia de segunda instancia atacada
en sede de tutela y proferida por el Tribunal Administrativo del Meta fue notificada
por correo electrónico al actor el 29 de agosto de 20191.
2) Por su parte la acción de tutela fue presentada por la parte actora el 8 de abril de
2022 ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías Meta, esto es 2 años, 7 meses y 7 días contados desde el día siguiente de
su notificación al interesado, lo cual permite a la Sala denotar que la tutela se ejerció
extemporáneamente.
3) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses
puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa y que no siempre el simple
transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado
de forma tardía, ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no
solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término
razonable sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho
fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea
siempre actual.
4) No obstante, para esta Sala resulta claro que la solicitud de tutela carece de
argumentos para excusar la presentación tardía de la acción de tutela y esta
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Así consta en la constancia de notificación número 4706 de 29 de agosto de 2019 expedida por la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta. Archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI.
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Corporación, de oficio, tampoco encuentra ninguna circunstancia que permita
flexibilizar el término de inmediatez.
5) Además, la parte actora no demostró ninguna situación personal especial que
permita tener por demostrado que esa exigencia sea desproporcionada.
6) En suma, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional o permita atenuar la interposición
tardía del proceso de acción de tutela presentado por el actor y, en esa medida, se
declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez respecto de la pretensión encaminada a cuestionar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
2.2. De las pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad de los actos
administrativos proferidos por Colpensiones y remitir copias de las
actuaciones de la autoridad judicial accionada a la Procuraduría General
de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
1) En el presente caso esta Sala concluye que se presentó el fenómeno jurídico de
la cosa juzgada para la pretensión 3 de la acción de tutela (ver folio 4) en la que se
solicitó que por esta vía se declare la nulidad de actos administrativos proferidos por
Colpensiones porque esa controversia ya fue decidida por el Tribunal Administrativo
del Meta en la sentencia de 15 de agosto de 2019 que aquí se cuestiona.
2) Lo anterior en atención a que la precitada controversia, relacionada con la
legalidad de los actos relacionados con las erogaciones prestacionales del señor
Useche Tribiño, ya se debatió con ocasión del mecanismo judicial ordinario que el
actor presentó para el efecto, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo trámite correspondió a la autoridad judicial
demandada.
3) Para esta Sala la acción de tutela no es la llamada a sustituir y complementar un
procedimiento judicial que feneció en legal forma, so pena de atentar con el principio
constitucional de la seguridad jurídica y cosa juzgada.
4) No puede admitirse, bajo ningún argumento, que el mecanismo de amparo
constitucional sea un medio adicional o complementario de los establecidos por la
ley para la defensa de los derechos, pues no tiene la entidad de reemplazar los
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procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos
dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten.
5) El proceso de acción de tutela no puede convertirse en un medio judicial
alternativo o complementario por lo que este trámite constitucional no es el llamado
a sustituir o complementar el medio de control concluido en legal forma, pues tal
posibilidad conllevaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, siendo esta
una garantía del debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la
seguridad jurídica, pilares sobre los que se edifica el Estado Social y Democrático
de Derecho.
6) Cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de
la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio favorable del derecho.
7) Bastan las anteriores razones para declarar que operó el fenómeno jurídico de la
cosa juzgada frente a la pretensión dirigida a cuestionar la legalidad de los actos
administrativos proferidos por Colpensiones en los que decidió sobre la situación
pensional del demandante, pues dichos actos ya fueron demandados y la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronunció sobre su legalidad a
través de una sentencia que se encuentra ejecutoriada y que hizo tránsito a cosa
juzgada.
8) Por otra parte, frente a la pretensión relacionada con la remisión de copias a la
Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, se advierte
que tal solicitud resulta consecuencial al amparo de los derechos fundamentales del
actor, razón suficiente para estimar que deviene en improcedente.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
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Actor: Edgar Uriel Useche Tribiño
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FALLA
1º) Declárase la cosa juzgada sobre la pretensión “3.” de la acción de tutela
presentada por el señor Edgar Uriel Useche Tribiño, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Decláranse improcedentes las demás pretensiones de la acción de tutela
presentada por el señor Edgar Uriel Useche Tribiño.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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