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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02156-00

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02156-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, a elegir libremente profesión u oficio e igualdad del señor Ernesto Matallana Camacho. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02156-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de julio de 2022

Demandante: Ernesto Matallana Camacho
Demandados: Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02156-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02156-00
Demandante: ERNESTO MATALLANA CAMACHO
Demandados: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL – Y EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TEMA: Tutela de fondo – convocatoria para ocupar el cargo de director
ejecutivo de Administración Judicial – niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Ernesto Matallana
Camacho contra la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Consejo Superior
de la Judicatura, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 7 de abril de 2022, el señor Ernesto Matallana Camacho,
en nombre propio, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a elegir libremente profesión u oficio e
igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial al expedir la lista de preseleccionados, publicada el
15 de marzo de 2022, dentro de la convocatoria para ocupar el cargo de director ejecutivo
de Administración Judicial para el periodo 2021-2025 donde no resultó incluido y, a su
vez, el oficio N° CIRJO22-25 de 28 de marzo del mismo año, mediante el cual se le
resolvió una consulta sobre los motivos de su exclusión.

1
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Demandante: Ernesto Matallana Camacho
Demandados: Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02156-00

1.2. Pretensiones

La tutela fue inicialmente interpuesta con pretensiones dirigidas a que el actor fuera
incluido en el listado de personas que fueron llamadas a entrevista dentro del proceso de
selección del director ejecutivo de Administración Judicial; no obstante, ya que el 22 de
abril de 2022 se efectuó dicho trámite administrativo, esto es, el día siguiente a que el
despacho ponente recibiera el expediente1, el actor modificó sus pretensiones y, en
consecuencia, actualmente persiste en las siguientes2:

“OCTAVA (se agrega): Que, en virtud de los fundamentos facticos y jurídicos
expuestos previamente, ORDENE este despacho a la COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, APLICAR LA EQUIVALENCIA de
los requisitos exigidos por el Artículo 99 de la Ley 270 de 1996 en los términos que
demanda la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 y demás disposiciones
normativas, legales y reglamentarias aplicables. Equivalencia que se solicita, se de
en razón a la hoja de vida presentada por el suscrito accionante, ERNESTO
MATALLANA CAMACHO. O, en su defecto, que la referida aplicación de la
EQUIVALENCIA de los señalados requisitos, la realice directamente el juez de tutela.

NOVENA (se agrega): Que, en virtud de los fundamentos facticos y jurídicos
expuestos previamente, y, en el evento en que este despacho considere que por la
naturaleza del cargo de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA O JUDICIAL, no resulta procedente la aplicación de la EQUIVALENCIA
DE LOS REQUISITOS exigidos para conformar la terna, ORDENE este despacho a
la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, APLICAR LA
COMPENSACIÓN de los requisitos exigidos por el Artículo 99 de la Ley 270 de 1996
en los términos que demanda la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 y demás
disposiciones normativas, legales y reglamentarias aplicables. Equivalencia que se
solicita, se de en razón a la hoja de vida presentada por el suscrito accionante,
ERNESTO MATALLANA CAMACHO, previa intervención de la PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, requisito que demanda la Ley 909 de 2004. O, en su defecto, que la
referida aplicación de la COMPENSACIÓN de los señalados requisitos, la realice
directamente el juez de tutela.

DECIMA (se agrega): Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y
ordenes, este despacho en iguales términos, ORDENE a la COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL que, una vez aplicada la
EQUIVALENCIA Y/O COMPENSACIÓN de los requisitos exigidos para proveer el
cargo de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O
JUDICIAL señalados en el Artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y demás disposiciones
reglamentarias aplicables, según aplique, PROCEDA A INGRESAR O INSERTAR a
la LISTA DE PRESELECCIONADOS, al suscrito accionante, ERNESTO
MATALLANA CAMACHO. O, en su defecto, que la referida inserción a la LISTA DE
PRESLECCIONADOS la realice directamente el juez de tutela.

1
El magistrado Pedro Pablo Vargas Gil, a quien le fue repartida la tutela inicialmente, manifestó su
impedimento en escrito de 20 de abril de 2022 y el cambio de ponente fue realizado el 21 de abril siguiente
y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial publicó la terna final mediante el Acuerdo CIRJA22-6
de 22 de abril de 2022.
2
Las pretensiones corresponden a las incluidas en el memorial de 18 de mayo de 2022, donde el actor
modificó parcialmente su escrito inicial, variación que fue aceptada en el auto de 21 de junio de 2022.
2
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DECIMA PRIMERA (se agrega): Que, como consecuencia de lo anterior, este
despacho ORDENE a la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA
JUDICIAL que, una vez ingresado el suscrito accionante a la LISTA DE
PRESELECCIONADOS, le ASIGNE EL PUNTAJE en los términos y bajo las reglas
contenidas en las REGLAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA proferida por la
entidad accionada, que hacen parte del acerbo (sic) probatorio. O, en su defecto, que
la referida ASIGNACIÓN DE PUNTAJE del suscrito accionante, la realice
directamente el juez de tutela. Siempre que, en uno y otro evento, se haga en
aplicación de la EQUIVALENCIA DE REQUISITOS Y/O COMPENSACIÓN DE
ESTOS y, bajo las reglas señaladas por la COMISIÓN.

DECIMA SEGUNDA (se agrega): Que, como consecuencia de lo anterior, este
despacho ORDENE a la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA
JUDICIAL que, una vez asignado el puntaje al suscrito accionante y, este
encontrándose escalafonado en la LISTA DE PRESELECCIONADOS, proceda la
entidad accionada a CONVOCAR Y CITAR A ENTREVISTA en audiencia pública y,
bajo los mismos supuestos que fueron llamados a esta etapa del proceso de
selección, los demás integrantes de la LISTA DE PRESELECCIONADOS. Y, de
manera consecuente, le asigne al futuro entrevistado, ERNESTO MATALLANA” (Sic
a toda la cita).

1.3. Hechos

De lo informado por la parte actora y lo aportado con su escrito inicial, se resalta lo
siguiente:

1.3.1. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial mediante convocatoria pública
de 15 de junio de 2021 invitó a todos los interesados en ocupar el cargo de director
ejecutivo de Administración Judicial, para el periodo 2021-2025, a inscribirse en el
respectivo proceso de selección.

1.3.2. El 13 de julio de 2021, se publicó el listado de inscritos, el cual ascendió a 73
aspirantes, incluido el accionante.

1.3.3. El 15 de marzo de 2022, se emitió aviso en el que se encontraban las personas
que serían citadas a entrevista, este grupo fue conformado por 15 aspirantes dentro de
los cuales no se encontraba el señor Ernesto Matallana Camacho.

1.3.4. Por lo anterior, el actor radicó una petición3 en la que solicitó que le fuera explicado
el motivo de la exclusión de la convocatoria, la cual fue resuelta con el oficio N° CIRJO22-
25 de 28 de 2022, en el cual la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial le recordó
que para el cargo al que aspiraba debía acreditar un título de maestría en ciencias
económicas, financieras o administrativas, lo cual no se efectuó pues el aportado con su
inscripción correspondía al de magíster en derecho público y, en ese sentido, no cumplía
con la exigencia para continuar en el proceso de selección.

3
En el escrito no se informa la fecha de la radicación de la solicitud.
3
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1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Ernesto Matallana Camacho expuso que, si bien el proceso de selección para
ocupar el cargo de director ejecutivo de Administración Judicial no es un concurso de
méritos, sino que corresponde a una actuación discrecional, esta sí debe respetar las
reglas consagradas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y aquellos lineamientos que,
en virtud de la convocatoria, expida la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Partiendo de lo anterior, manifestó que ni en el acuerdo de convocatoria, ni en el manual
de funciones del cargo a proveer, se estipuló que, respecto de los requisitos para su
nombramiento, se aplicarían o se prohibirían las equivalencias o su compensación, lo que
a su juicio constituye un vacío normativo.

En ese orden de ideas, expresó que ante la falta de estipulaciones por parte de la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial respecto de la posibilidad de utilizar
equivalencias para los requisitos, debía acudirse a la Ley 909 de 2004, por tratarse de la
normatividad de referencia a la que deben remitirse todos los regímenes especiales de
carrera sobre temas que no se encuentren regulados, al artículo 2.2.2.5.1 del Decreto
1083 de 2015, por analogía y demás normas que reglamentan la materia, como el artículo
25 del Decreto 785 de 2005 y 11 del Decreto 770 del mismo año.

Basado en una interpretación en conjunto de dichas normas, llegó a la conclusión que, si
bien su maestría en derecho público no corresponde a la exigida para ser nombrado como
director ejecutivo de Administración Judicial, por pertenecer a un área de estudio distinta
a las económicas, administrativas o financieras, lo cierto es que sí acreditó una
experiencia superior a tres años en cargos de gerencia pública, lo que es equivalente a
una maestría en dicha área.

Posteriormente, explicó cómo, el presunto vacío normativo, afectó sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la libre escogencia de profesión u oficio pero, en
especial, hizo énfasis en el derecho a la igualdad pues, en su sentir, una persona que
tenga un título de maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas no
puede gozar de la oportunidad de ejercer el cargo ofertado sobre quien acreditó la
experiencia de tres años como gerente público.

Esto por cuanto en ambos casos se trata de funcionarios idóneos para actuar como
directores administrativos. Para el efecto, se refirió a la sentencia C – 862 de 2008, donde
se llegó a la conclusión que “en el régimen excepcional de la Mipymes, consagrado en la
reforma del Estatuto de Contratación de la Administración Pública, la Corte consideró que se
trataba de un problema jurídico de discriminación, por cuanto todo el sector no se manejó de igual
manera al excluirse de los beneficios que se consagraron a la Mipymes, aquellas sometidas a la
vigilancia de la Superintendencia Financiera. Supone, entonces, si la diferencia de trato para
acceder a los beneficios otorgados por la ley de contratación a las Mipymes con respecto a las
vigiladas por la superintendencia presenta discriminación o es una diferencia constitucionalmente
admisible.” (sic a toda la cita)

4
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Cerró su argumentación con consideraciones doctrinarias4, relativas al papel de los
principios en la interpretación normativa, la ley de ponderación de principios en casos de
colisión entre ellos, las limitaciones a la intervención en los derechos fundamentales y la
prioridad que debe tener el interés general al momento que se decidan afectar estas
garantías superiores, a fin de colegir que para el objetivo superior propuesto con la
convocatoria, esto es, nombrar como director ejecutivo de administración judicial a un
funcionario idóneo, puede escogerse tanto a quien tenga la maestría exigida como a
quien acredite la experiencia, pues en ambos casos se satisface el objetivo en igual
medida.

Finalmente, concluyó que “la previsión del artículo 99 de la ley 270 de 1996 para regular los
requisitos que deben cumplir los aspirantes al cargo DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL tales como profesional con titulo de maestría en ciencias
económicas, financieras o administrativas, se torna en desproporcionada al calificarse dicha
medida como innecesaria, en tanto que al consultar las normas que regulan la función publica
como el artículo 2º de la ley 909 de 2004 cuyos principios de la función pública resultan aplicables
a provisión de empleos públicos de la rama judicial, y su reglamento Decreto 1083 de 2015, que
prevé esta equivalencia para maestrías, se debió prever que al exigir la maestría en ciencias
económicas, financieras o administrativas, se autorizara la equivalencia de tres años de
experiencia profesional, los cuales no disminuyen ni aumentan los requisitos para ejercer el cargo
de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.” (sic a toda la cita)

1.5. Trámite de la acción de tutela

El proceso fue inicialmente repartido al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas
Gil quien, mediante escrito de 20 de abril de 2022, manifestó estar incurso en la causal
de impedimento contemplada en el numeral 5 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 5. A
su vez, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, como presidente del Consejo de
Estado y miembro de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, solicitó que se le
permitiera apartarse de la Sala de Decisión por estar incurso en la causal descrita en el
numeral 1° de la misma norma6.

Por lo anterior, ante la falta de quórun decisorio, se designó como conjueces para esta
causa a los doctores Jesús Vall de Ruten Ruiz y Humberto Antonio Sierra Porto; no
obstante, luego de discutir sobre las manifestaciones de impedimento no hubo acuerdo
frente a lo expuesto por el doctor Pedro Pablo Vanegas Gil y, en consecuencia, se integró
a la Sala de Decisión como conjuez al doctor José Rodrigo Vargas Del Campo y, con su
participación. En auto de 26 de mayo de 2022 se aceptaron los impedimentos referidos
y la ponencia del proceso fue asumida por este despacho.

4
Acude a las consideraciones de Pedro Duräo, Robert Alexy y Carlos Bernal.
5
“5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial.”
6
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación
procesal.
5
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Surtidos los trámites correspondientes, por auto de 21 de junio de 2022 se admitió la
acción de tutela y se ordenó notificar como entidades demandadas a la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura y se vinculó,
como terceros interesados, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a los
demás aspirantes al cargo de director ejecutivo de Administración Judicial para el periodo
2021-2025, por asistirles un interés directo en el resultado de la acción constitucional.

Adicionalmente, se negó la solicitud de medida provisional7, se aceptó la modificación de
las pretensiones que se allegó en memorial de 18 de mayo de 20228 y no se accedió a
la vinculación del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión
Nacional Del Servicio Civil y de la Presidencia de la República9.

Finalmente, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela de la
referencia, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo
electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial

El presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial concurrió al proceso
para solicitar que se declare la improcedencia de la acción constitucional, esto por cuanto
el actor debió solicitar oportunamente que se modificaran los términos de la convocatoria
si no se encontraba de acuerdo con los establecidos.

En todo caso, si se resuelve estudiar de fondo la controversia, expuso que la Ley 909 de
2004 solo es aplicable de manera supletoria en caso de que existan vacíos normativos
en la Ley 270 de 1996. No obstante, en el caso de las equivalencias de los requisitos
para ocupar los cargos de los que trata la norma estatutaria, se trata de un hecho que
simplemente el legislador no quiso incluir, en tanto que las exigencias para el ejercicio de
esas funciones es necesario llenar un perfil específico, para el caso en discusión, el título
de maestría en áreas de ciencias económicas, financieras o administrativas.

En ese sentido, no compartió la postura del actor relativa a la existencia de un vacío
normativo y, a su vez, estimó que no es posible intentar dotar de contenido una ley
estatutaria con lo dispuesto en una ley ordinaria.

7 El actor solicitó la suspensión del proceso de selección mientras se decidía la acción de tutela.
8 En resumen, como su pretensión inicial iba dirigida a que fuese citado a entrevista dentro de la referida

convocatoria, hecho que acaeció el 18 de abril de 2022 , ahora persigue se ordene la equivalencia de su
maestría en derecho público a la maestría en ciencias económicas, financieras y administrativas que se
exigen para el cargo de director ejecutivo de la Administración judicial.
9 El actor consideró que estas entidades debían comparecer al proceso en calidad de coadyuvantes o

impugnadores de la demanda.
6
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Puntualmente, respecto del requisito de tener un título de maestría en áreas económicas,
financieras o administrativas, recalcó que se encuentra contenido en el artículo 99 de la
Ley 270 de 1996, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia
C – 037 de ese mismo año. Adicionalmente, señaló que ya la Sección Quinta del Consejo
de Estado en providencia de 6 de septiembre de 201210 había encontrado que la razón
de ser de esta exigencia obedece a la naturaleza del cargo.

Finalmente concluyó que, al analizar el título de maestría en derecho público aportado
por el actor en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, esta tiene
un núcleo básico que no es concordante con el exigido por la norma estatutaria.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura

A través del despacho de presidencia intervino en la oportunidad respectiva y, tras un
recuento de las actuaciones realizadas por dicho Consejo y por la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, concluyó que en la acción de tutela no se está
discutiendo alguna decisión de esta entidad. Igualmente, resaltó que, según el
cronograma de actividades del concurso, la elección del próximo director ejecutivo de
administración judicial está programada para el 19 de julio de 2022.

Por lo anterior, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Señor Luis Eduardo Carrascal Quintero

El ciudadano manifestó que es una de las 15 personas que fue escogida luego del filtro
en donde se excluyó al accionante. Explicó que nunca tuvo claro los criterios de
evaluación y selección y, específicamente, se refirió a que le llamó mucho la atención que
otros aspirantes sí conocían los temas sobre los cuales iban a dialogar en la etapa de la
entrevista a pesar de que dicha información no era pública.

Cuestionó el actuar de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, pues finalmente
en la terna para escoger quien ocuparía la vacante se decantó por un participante que,
hasta antes de la entrevista, tenía un puntaje menor al suyo y concluyó que no existía
una verdadera meritocracia ya que a pesar de sus múltiples estudios y preparación, los
altos cargos de nivel nacional están reservados para ciudadanos de una cierta clase
social.

Por lo anterior, solicitó que su intervención “sea analizada junto con las situaciones fácticas
antes y después de la lista de preseleccionados y obviamente, también, se nos de cuenta de la
forma en que se ponderó todas y cada una de las fases o etapas en la ya mencionada
convocatoria pública para proveer el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial.”

1.6.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y y a los demás aspirantes
al cargo de director ejecutivo de Administración Judicial para el periodo 2021-2025, pese

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Proceso: 11001-03-28-000-2011-00058-00, C.P., Susana Buitrago Valencia.
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haber sido notificados no emitieron pronunciamiento alguno dentro del término concedido
para intervenir.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Ernesto Matallana Camacho contra la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a
los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, a elegir libremente profesión u
oficio e igualdad del tutelante por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial al no aplicar, para su caso, las normas de equivalencia por experiencia para el
requisito contemplado en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, relativo a que el director
ejecutivo de Administración Judicial debe contar con un título de maestría en ciencias
económicas, financieras o administrativas, dentro del proceso de convocatoria para
ocupar el cargo de director ejecutivo de Administración Judicial para el periodo 2021-
2025.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de
la acción de tutela; (ii) subsidiariedad y la excepcionalísima procedencia de la misma
frente a actos pasibles de control ante el juez contencioso administrativo; (iii) procedencia
del mecanismo constitucional en el proceso de selección de director ejecutivo de
administración judicial; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Cuestiones previas

2.3.1 El ciudadano Luis Eduardo Carrascal Quintero, quien se presentó como una de las
personas que se postuló para el cargo de director ejecutivo de administración judicial,
intervino en el proceso y, luego exponer lo que a su juicio son unas irregularidades en el
proceso de selección, solicitó que la entidad accionada explique todos los criterios de
ponderación para cada una de las etapas.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, cuando se dispuso la vinculación de los demás
inscritos a la mencionada convocatoria, esta obedeció al interés directo que les asistía
por cuanto la discusión traída por parte del actor, genera un cambio en los requisitos
exigibles para ocupar el puesto ofertado, situación que podría cambiar el listado final que
la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial puso a consideración del Consejo
Superior de la Judicatura.

8
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Demandante: Ernesto Matallana Camacho
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Esto quiere decir, que dicho llamado se encuentra circunscrito a los hechos y argumentos
esgrimidos en la demanda, por lo que los comparecientes deben limitar su intervención a
apoyar u oponerse a la solicitud de amparo del señor Ernesto Matallana Camacho. Por
el contrario, se observa que el señor Luis Eduardo Carrascal Quintero intenta someter a
juicio de esta Sala hechos distintos a los que suscitaron la acción de tutela, incluso,
relativos a la etapa a la que justamente no pudo llegar el actor.

Siendo así, no se realizará consideración alguna frente a lo expresado por este
interviniente, en tanto que se trata de observaciones y apreciaciones subjetivas que no
guardan relación con lo discutido en este proceso, sin perjuicio de que el señor Luis
Eduardo Carrascal Quintero decida acudir a otras vías judiciales para discutir las
censuras que tiene respecto del proceso de selección.

2.3.2. Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura, solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no se advierte que el actor haya
señalado algún hecho vulnerador de su parte.

Al respecto, se advierte que, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la
elección del director ejecutivo de Administración Judicial es un trámite en el que
intervienen tanto la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial como el Consejo
Superior de la Judicatura. De hecho, la Corte Constitucional ha definido la decisión que
allí se profiera como un acto complejo11, en ese sentido, si bien la tutela se dirige contra
las decisiones adoptadas por la referida comisión, lo cierto es que la actuación
administrativa respecto de la cual se suscita el debate le concierne a ambas entidades,
por lo que no se accederá a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva al
existir un vínculo jurídico procesal entre el demandante y el Consejo Superior de la
Judicatura.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de
1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción
de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos
fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su
ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir

11
SU – 339 de 2011: “…la provisión del cargo de Director ejecutivo de Administración Judicial es un acto
complejo, toda vez que combina un mecanismo dual, la integración de la terna por parte de la Comisión
Interinstitucional y la elección y nombramiento entre los nominados a cargo de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.”
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a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable12.

2.5. Procedencia del mecanismo constitucional en el proceso de selección de
director ejecutivo de Administración Judicial.

Si bien es cierto que el proceso de selección del director ejecutivo de administración
judicial no corresponde a un concurso de méritos, las consideraciones jurídicas sobre la
procedencia de la acción de tutela para esos casos sí son aplicables a este tipo de
controversias, pues finalmente se trata del acceso al ejercicio de un empleo público
condicionado al agotamiento previo de un proceso en el que compiten distintos
aspirantes13.

Aclarado lo anterior, se tiene que la Corte Constitucional en la sentencia SU – 913 de
2009, dispuso respecto del derecho al debido proceso en materia de concursos que:

“(…) la Corte mediante la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se quebranta el
derecho al debido proceso –que, según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas
las actuaciones administrativas- y se infiere un perjuicio cuando el nominador
cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante
que se sujetó a ellas de buena fe. Así mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando
una persona es privada del acceso a un empleo o función pública a pesar de que el
orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con ciertas condiciones –ganar el
concurso-, sería escogida para el efecto. En idéntica línea se conculca el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, cuando se otorga trato
preferente y probadamente injustificado a quien se elige sin merecerlo, y trato
peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado”. (Resaltado
de la Sala)

A su vez, frente a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos en
materia de concursos, esta Sala ha sostenido que “es procedente, siempre y cuando no se
haya expedido la lista de elegibles, pues, en este caso, al existir derechos subjetivos en favor de
los participantes, lo procedente es ejercer los medios ordinarios de defensa, para debatir los vicios
en que se hubiere incurrido, tesis que coincide con los pronunciamientos que esta Corporación
ha emitido14.”15

12 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
13
Ver SU – 339 de 2011 “Si bien el proceso de selección del Director Ejecutivo de administración judicial
no se adelanta por medio de un concurso de méritos, a juicio de esta sala de revisión son aplicables los
precedentes sentados en estos casos sobre la procedibilidad de la acción de tutela porque en definitiva se
trata de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad en el
acceso a cargos y funciones públicas.”
14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda,

Subsección “A”, M.P. Alfonso Vargas Rincón, Sentencia 17.01.13, Rad: 25000-23-42-000-2012-01030-01.
M.P. William Giraldo Giraldo, Sentencia 17.01.13. Rad:13001-23-31-000-2012-00435-01. y, Sección
Quinta, M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 19.07.12. Rad: 23001-23-31-000-2011-00627-01.
15
Sentencia de 29 de abril de 2021 dentro del proceso 11001-03-15-000-2021-01087-00(AC) C.P. Rocío
Araújo Oñate
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No obstante, ya que el proceso de selección del director ejecutivo de administración
judicial no es un concurso de méritos en el que se expida un listado de elegibles, es
imperativo acudir a la sentencia SU – 339 de 2011, en la cual al respecto dispuso:

“En estos casos se ha establecido que las acciones ordinarias como son la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, retardan la protección de los derechos
fundamentales de los actores, así mismo se ha señalado que estas acciones carecen, por
la forma como están estructurados los procesos, de la capacidad de brindar un remedio
integral para la violación de los derechos del accionante[13], razón por la cual, la tutela es el
mecanismo idóneo para dar protección inmediata y definitiva a los derechos al debido
proceso, al trabajo y a la igualdad del concursante que no obstante, debido a sus méritos,
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, no fue nombrado en el respectivo cargo
público.

Las anteriores consideraciones son plenamente aplicables en esta oportunidad pues las
acciones contencioso administrativas no resultan idóneas y eficaces para proteger
los derechos fundamentales del actor. En primer lugar por no ser lo suficientemente
rápidas y efectivas para garantizar la reparación de las supuestas vulneraciones
iusfundamentales alegadas por el actor con ocasión de la elaboración de la terna
para la elección del Director Ejecutivo de administración judicial y en segundo lugar
al no proporcionar un remedio idóneo para subsanar el supuesto desconocimiento
de la normativa que rige el procedimiento de provisión de dicho cargo.” (Resaltado
fuera de texto).

Debe resaltarse que, en el caso analizado en la sentencia de unificación citada, el
demandante era uno de los aspirantes que no fue incluido en la terna final respecto de la
cual, el Consejo Superior de la Judicatura, debía escoger al director ejecutivo de
Administración Judicial; no obstante, la Corte Constitucional fue enfática en que, ninguno
de los aspirantes, podía alegar un derecho subjetivo a ser nombrado en el cargo pues, a
diferencia del concurso de méritos, en el proceso de selección la administración tiene un
grado de discrecionalidad para escoger al candidato que les parezca adecuado.

2.6. Caso concreto

En el presente asunto, se tiene que el actor pretende que, por vía de tutela, se estudie la
presunta vulneración a sus derechos fundamentales por la exclusión del proceso de
selección para ocupar el cargo de director ejecutivo de Administración Judicial, decisión
que se justificó por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, con los
argumentos contenidos en el oficio N° CIRJO22-25 de 28 de marzo de 2022, en síntesis,
no acreditar título de maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas.

Por su parte, como primer argumento de defensa, la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, expuso que la acción de tutela es improcedente por cuanto el actor, tuvo
en su momento, la posibilidad de solicitar la modificación de la convocatoria, en donde
propusiera la inclusión de equivalencias.

Al respecto, la Sala concuerda en que, si la tutela se interpone con la finalidad de que se
modifique el acuerdo de una convocatoria pública, ésta se tornará de plano improcedente,
pues para ese resultado existen los medios de control de nulidad simple o nulidad y

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restablecimiento del derecho, según corresponda y, al tratarse del acto administrativo
general que inició el proceso, corresponde a una decisión que fue publicada y se pudo
controvertir antes de que transcurriera la selección.

No obstante, en el presente asunto se advierte que el actor más allá de exponer
inconformidades con los avisos de la invitación pública o las reglas de la convocatoria16,
plantea un reproche dirigido a que, el estudio de los requisitos exigibles al cargo que se
ofertó sea acorde con lo que, a su juicio, es la manera en que se debe interpretar el
artículo 99 de la Ley 270 de 1996 frente al proceso de selección.

Nótese que la convocatoria publicada por la entidad accionada, frente a las exigencias
se limita a disponer que “Podrán inscribirse los ciudadanos que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 99 de la Ley Estatutaria 270 de 1996” y, sobre este texto, el
accionante sólo manifestó que, ya que allí no se prohibió expresamente la aplicación de
equivalencias o compensación de requisitos, entonces debe entenderse que sí están
permitidos. Por tanto, se insiste que la tutela propone un problema de interpretación, no
de legalidad de los actos administrativos generales.

De ahí que, en el escrito de tutela se manifestó que esta se dirige, puntualmente, contra
la lista de preseleccionados expedida el 15 de marzo de 2022, quienes serían citados a
entrevista, y la respuesta brindada en el oficio N° CIRJO22-25 de 28 de marzo siguiente,
que contienen decisiones puntuales sobre su exclusión del proceso de selección, no
contra la convocatoria.

Por lo anterior es que, en principio y atendiendo la regla general, la tutela no sea la vía
procedente para discutir la legalidad de ese acto administrativo; no obstante, debe
recordarse que, en la sentencia SU – 339 de 2011, la Corte Constitucional consideró que
los medios de control de lo contencioso administrativo carecen de idoneidad y eficacia
para proteger los derechos fundamentales de quien, en aquella oportunidad, presentaba
la acción de tutela.

Puntualmente, debe tenerse en cuenta que, en el caso que conoció el órgano de cierre
constitucional, lo ocurrido fue que, surtidas las etapas del proceso administrativo, la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial remitió la terna final al Consejo Superior
de la Judicatura para su elección, entidad que consideró que ninguno de los postulados
reunía los requisitos para ocupar la vacante y, en consecuencia, el proceso de selección
se dilató indefinidamente, en tanto que se generó un conflicto entre las dos autoridades.

En ese escenario, donde no había una regulación que resolviera la controversia y en la
que un deber superior de las autoridades en conflicto17, como lo es designar al director

16
Visibles en la página web de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-interinstitucional/2021-2025
17
SU – 339 de 2011: “De lo anterior se desprende que se presentó un conflicto entre dos órganos de la
rama judicial, que paralizó la elección de un funcionario que desempeña importantes atribuciones
relacionadas con la Administración de Justicia en Colombia, situación del todo anómala y con potenciales
efectos negativos para el funcionamiento de esta rama del poder público.”
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ejecutivo de Administración Judicial, estaba suspendido en el tiempo sin una solución
visible, fue que la Corte Constitucional decidió emitir una orden que permitiera al proceso
seguir su curso en un tiempo razonable18.

Cómo puede observarse, la situación fáctica presentada por el actor en este expediente
no es del todo asimilable al caso de referencia que suscitó la sentencia unificación, en el
entendido que, si bien se demanda una decisión adoptada dentro del proceso de
selección del director ejecutivo de Administración Judicial, lo cierto es que en este caso
dicho trámite no se encuentra suspendido por una discusión entre las entidades
encargadas; por el contrario, en la respuesta brindada por el Consejo Superior de la
Judicatura se informó de una fecha en la que se efectuará la elección; sin embargo, en
ambos casos los accionantes alegan que sí cumplen los requisitos para haber continuado
a la siguiente etapa.

Lo anterior, indica que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sí
es una medida idónea para que el actor presente su caso ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues la censura se centra en que, a su juicio, para la
designación del director ejecutivo de Administración Judicial, el requisito de tener un título
de maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas, debe poder
equipararse a poseer tres años de experiencia en labores de administración pública,
controversia que puede agotarse al estudiar la legalidad del oficio N° CIRJO22-25 de 28
de marzo de 2022.

No obstante, si bien el medio resulta idóneo, no puede predicarse lo mismo sobre la
eficacia, teniendo en cuenta que el cargo de director ejecutivo de Administración Judicial
se ocupa por un periodo específico, en este caso 2021-202519, por lo que el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho puede, por su procedimiento,
conducir a que, para el momento en que se resuelva definitivamente, el lapso restante
para ejercer la función sea mínimo para quien acredite tener el derecho.

Ahora bien, frente a la posibilidad de que se decreten medidas cautelares en un eventual
proceso ordinario, como la suspensión del proceso de selección, esto implicaría una
afectación al interés general, en tanto que generaría un vacío en el trámite para proveer
el cargo, conduciendo a que deba subsanarse con un nombramiento provisional que no
atiende el procedimiento de la Ley 270 de 1996 o a la prolongación en el ejercicio de la
función de quien se encuentre como director ejecutivo de Administración Judicial, más
allá del término estipulado legalmente, eventualidades que solo redundan en la afectación
que presupone que no se cumpla de forma expedita con el trámite de la designación.

De hecho, dicha circunstancia, esto es, que el trámite para la selección de un cargo de la
importancia para el correcto funcionamiento de la administración de justicia como lo es el
del director ejecutivo de Administración Judicial se viera suspendido, fue parte de la

18
Puntualmente, la Corte Constitucional ordeno a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial dentro
de los 30 días siguientes, señalando unas pautas para el cumplimiento de esa instrucción.
19
Corresponde a 4 años según dispone el artículo 98 de la Ley 270 de 1996.
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motivación para que la Corte Constitucional abordara el estudio material del caso que
suscitó la SU – 339 de 2011.

En ese orden de ideas, ya que contra el oficio N° CIRJO22-25 de 28 de marzo de 2022
solo procedería el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, a
pesar de ser idóneo no es eficiente, en especial para el interés general, se procederá a
resolver de fondo los argumentos del accionante, resaltando que, el conocimiento de
fondo de la presente tutela es una situación excepcional que se efectuará en virtud de las
particularidades del caso, atendiendo a la singularidad del proceso de selección y a la
naturaleza del cargo en discusión, que distinguen la presente controversia de aquellas
suscitadas dentro de los concursos de méritos.

Para el efecto, se tiene que el derrotero de la justificación planteada en la tutela es: (i)
que en las normas que regulan la selección del director ejecutivo de Administración
Judicial existe un vacío por cuanto no se estipularon las formas de equivalencias de los
requisitos para ocupar el cargo; (ii) que ante el vacío normativo, son aplicables la Ley 909
de 2004 (artículo 3) y los Decretos 770 (artículo 25) y 785 (artículo 8°) de 2005 junto con
el 1083 de 2015 (artículo 2.2.2.5.1) normas que brindan la posibilidad de equiparar títulos
académicos con experiencia específica y (iii) que atendiendo a la finalidad superior de
contar con un funcionario idóneo para ejercer las labores administrativas del director
ejecutivo de Administración Judicial no resulta lesivo y, por el contrario, es benéfico para
el interés general, que se permita participar a quien cuente con tres o más años de
experiencia como administradores públicos, en consecuencia, la limitación de requisitos
contenida en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 es, a su juicio, desproporcionada e
injustificada.

Todo lo anterior encaminado al centro de la controversia planteada por el actor, esto es,
que a pesar de que el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 exige que el director ejecutivo
de Administración Judicial tenga un título de maestría en ciencias económicas,
financieras o administrativas, en su caso, al estudiarse su continuidad en el trámite de
selección debió tenerse por cumplida esta exigencia, a causa de su experiencia en
labores de administración pública.

Establecido lo anterior, debe abordarse primero lo correspondiente al presunto vacío
normativo. Sobre este punto, aseguró que, ni el manual de funciones del director ejecutivo
de Administración Judicial, ni la ley 270 de 1996, ni las reglamentaciones expedidas por
la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial contemplaron un sistema de
equivalencias para los requisitos que exige el cargo, lo que a su juicio, implica que se
trata de un aspecto que debe ser complementado con la remisión a normas del régimen
general de carrera.

Sobre este punto se tiene que los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996 disponen:

“ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la
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Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.

El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial.

De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de
Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las demás que cree el
Consejo conforme a las necesidades del servicio.

El Director Ejecutivo de Administración Judicial, será el Secretario General del Consejo
Superior de la Judicatura y Secretario de la Sala Administrativa del mismo.
El Director tendrá un período de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala
conducta.

ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. El
Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá tener título profesional, maestría en
ciencias económicas, financieras o administrativas y experiencia no inferior a cinco años
en dichos campos. Su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y
contratos que deban otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la
suma de cien salarios mínimos legales mensuales, se requerirá la autorización previa
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus
situaciones administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no
correspondan a las Salas de esa Corporación.
5. Nombrar a los Directores Ejecutivos Seccionales de ternas preparadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que
correspondan.
7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
8. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá
constituir apoderados especiales; y,
9. Las demás funciones previstas en la ley.”

Frente al razonamiento contenido en la solicitud de tutela, la falencia que encuentra la
Sala es que el libelista acusa la existencia de un vacío por el solo hecho que la
normatividad sobre la selección del director ejecutivo de Administración Judicial no
dispuso una manera de equipar los requisitos formalmente exigidos con otras medios
para demostrar la idoneidad para ejercer el cargo.

Este argumento resulta insuficiente, en tanto que, no por el hecho que el legislador decida
dejar de pronunciarse sobre algún tema, necesariamente se está ante un vacío
normativo; nótese que, la potestad legislativa implica no solo un grado de discrecionalidad
al momento de incluir elementos a la norma, sino también la facultad para excluir
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aspectos que no sean necesarios o que no se acompasen con lo que se pretende plasmar
en la ley.

De la lectura del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, se extrae claramente que el cargo de
director ejecutivo de Administración Judicial puede ser ejercido por quien acredite: (i)
título profesional; (ii) maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y;
(iii) experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Como puede observarse, el
postulado normativo es claro y no se advierte que, por no incluir una manifestación sobre
cómo se pueden compensar dichos requisitos, no sea posible desarrollar su contenido
material.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que, junto con el artículo 98, estas normas contienen la
descripción del empleo, el grado de remuneración, las funciones, los requisitos, la manera
de proveerlo y el tiempo de duración de este, elementos suficientes para entender de
manera integral lo necesario sobre el cargo ofertado.

Puntualmente, para el caso bajo estudio, el actor desarrolla su exposición como si
existiera un deber de la administración de establecer equivalencias en los requisitos que
se exigen para ocupar un cargo público al momento de efectuar la convocatoria; no
obstante, no esgrime el fundamento normativo que sustente dicha premisa y, por el
contrario, al leer las normas que, a su juicio, deben servir de referencia, el resultado es
que aquellas contradicen el sustento de la solicitud de tutela, como pasa a exponerse.

El numeral 2 del artículo 3° de la Ley 909 de 2004, establece que el régimen allí contenido
es aplicable a empleados de la Rama Judicial, solo en caso de que existan vacíos en su
normatividad especial, circunstancia que, se insiste, no se observa en el presente caso
pero que, si en gracia de discusión se permitiera acudir a sus decretos reglamentarios,
se encontraría lo siguiente:

• Artículo 11 del Decreto 770 de 2005:

“ARTÍCULO 11. Compensación de requisitos en casos excepcionales. Para la provisión
de empleos de libre nombramiento y remoción, en casos excepcionales, el Presidente de la
República podrá autorizar la compensación de los requisitos señalados en este decreto,
por experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio,
previa recomendación que formule una comisión evaluadora de los méritos del candidato,
integrada por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien la
presidirá, el Rector de la Universidad Nacional y el Director de Colciencias.” (Resaltado
incluido por la Sala)

• Artículo 25 del Decreto 785 de 2005:

“ARTÍCULO 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales
competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán
disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos
señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la
aplicación de las siguientes equivalencias:” (Resaltado de la Sala)

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• Artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015

“ARTÍCULO 2.2.2.5.1 Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente decreto no
podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades
competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio,
podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:” (Resaltado de la Sala)

Nótese, como elemento común, que la aplicación de equivalencias de que tratan estas
normas en momento alguno es un imperativo normativo, sino una potestad de la
administración. Esto confirma que no existe el vacío legal que alega el actor, pues si no
es obligatoria su aplicación en el régimen general de carrera administrativa, mucho
menos puede exigírsele al legislador estatutario que lo incluya en el régimen especial de
la Rama Judicial y, confirma que si en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 no se hace
referencia al respecto, es porque se decidió no autorizar equivalencias para los requisitos
exigidos para el cargo de director ejecutivo de Administración Judicial.

Igualmente, esta potestad no puede ser ejercida en cualquier momento del proceso, es
decir, si la administración decide permitir las equivalencias deberá así expresarlo de
forma motivada desde el principio del trámite de selección, de otra forma implicaría un
cambio en las reglas de la convocatoria lo que la Corte Constitucional ha identificado
como una flagrante vulneración al debido proceso para los demás participantes del
mismo.

Desvirtuada la hipótesis del vacío normativo y, de contera, la de la aplicación de las
normas enunciadas por el tutelante, le resta a la Sala estudiar el último argumento relativo
a que, tras una evaluación de ponderación del artículo 99 de la Ley 270 de 1996 se llega
a la conclusión de que, entender que el cargo de director ejecutivo de Administración
Judicial solo pueda ocuparse por quien tenga un título de maestría en ciencias
económicas, financieras o administrativas es una medida desproporcionada e
injustificada.

En contraposición a este reparo, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, resaltó
que la mencionada norma fue declara exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-037 de 1996, por encontrar que los requisitos allí contenidos son
concordantes con la naturaleza de las funciones del cargo, igualmente, resaltó que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia de 6 de septiembre de 2012, había
llegado a la misma conclusión.

Sobre este punto, debe resaltarse que el artículo 152 constitucional señala la posibilidad
de que el Congreso de la República regule la administración de justicia, a través de una
ley Estatutaria. En ese orden de ideas, dicha corporación de elección popular dictó la ley
270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.

Puntualmente, sobre el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional en la
sentencia C – 037 de 1996, dispuso:
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“Encuentra la Corte que, en términos generales los requisitos y las funciones de índole
administrativa que se le asignan al director ejecutivo de Administración Judicial, responden
a la naturaleza de dicho cargo y no vulneran precepto constitucional alguno.
Conviene, eso sí, aclarar que el requisito de tener “título profesional”, hace referencia a
cualquier título reconocido por una institución de educación superior en los términos
previstos en la Constitución y en la ley. Igualmente, deberá advertirse que, como se anotó
sobre el artículo anterior, el ejercicio de las prerrogativas señaladas en la presente
disposición deberá sujetarse siempre a las políticas y decisiones de carácter administrativo
que adopte la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto, no
conlleva actuaciones totalmente autónomas e independientes por parte de dicho
funcionario.”

Así las cosas, la Corte Constitucional en la providencia señalada, encontró que los
requisitos establecidos en el Artículo 99 constitucional, entre ellos, la exigencia de
maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas se encontraba ajustado a
la Constitución; y solamente en punto del requisito de “título profesional” se hizo un
condicionamiento específico.

Bajo ese asidero, la Sala debe recordar que el estudio de constitucionalidad que realiza
la Corte Constitucional sobre proyectos de ley estatutaria es, entre otros, definitivo e
integral20, lo que implica que dicho órgano de cierre ya emitió su decisión al respecto,
impidiendo que se reabra el debate pues se ha configurado la cosa juzgada
constitucional.

Como excepción a esta regla, la Corte Constitucional ha aceptado realizar un nuevo
estudio de una norma estatutaria cuando: (i) el vicio de constitucionalidad surja con
posterioridad al control previo21 o; (ii) se presente un cambio de las disposiciones
constitucionales que sirvieron de fundamento para el estudio previo22, lo que implica que,
incluso para el alto tribunal, el análisis de constitucionalidad de una ley estatutaria se
encuentra vedado de manera posterior, por regla general.

Consecuencia de lo anterior, los demás jueces tampoco pueden hacer un control difuso
de constitucionalidad de la norma, invocando el artículo 4 superior, pues aquella ya se
encontró ajustada a la carta magna por el órgano de cierre y, esto excluye la aplicación
de la excepción de inconstitucionalidad contenida en dicha norma.

Ahora bien, aunque el accionante no solicitó expresamente la aplicación de dicha figura,
resulta evidente que, si pretende que para su caso particular se interpreten los requisitos
para aspirar al cargo de director ejecutivo de Administración Judicial con base en una
confrontación entre la ley y los principios que rigen el ordenamiento jurídico, lo invocado
es un estudio propio de una excepción por inconstitucionalidad.

20
Ver sentencia C- 523 de 2005
21
Sentencia C - 011 de 1994
22
Sentencia C - 238 de 2006
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Demandante: Ernesto Matallana Camacho
Demandados: Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02156-00

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, una conclusión como la que solicita el actor
implicaría que, luego de transcurrido el proceso de selección se concluyera que las
personas que, sin tener el grado de maestría en ciencias económicas, financieras o
administrativas, sí podían aspirar al cargo ofertado si acreditaban la experiencia
suficiente.

Lo anterior, conduce a una clara vulneración de los derechos fundamentales de todas
aquellas personas que, encontrándose en esa situación, se abstuvieron de inscribirse a
la convocatoria justamente en respeto a la norma estatutaria. A su vez, generaría una
afectación a aquellos participantes que, cumpliendo con la exigencia normativa, sí
acreditaron su título de maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas.

2.8. Conclusión

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala concluye que se negará el amparo
de los derechos fundamentales referentes al debido proceso, trabajo, a elegir libremente
profesión u oficio e igualdad del señor Ernesto Matallana Camacho, con ocasión a que
no se evidencia motivo alguno por el cual la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial debiera aplicar un régimen de equivalencias al momento de estudiar el
cumplimiento de los requisitos por parte del actor para aspirar al cargo de director
ejecutivo de Administración Judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de protección constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, a elegir libremente profesión u oficio e igualdad
del señor Ernesto Matallana Camacho.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Ernesto Matallana Camacho
Demandados: Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02156-00

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ RODRIGO VARGAS DEL CAMPO
Conjuez

(Firmado electrónicamente)
LUÍS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
JESÚS VALL DE RUTEN RUIZ
Conjuez

(Firmado electrónicamente)
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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