Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02160-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de mayo de 2022
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02160-00
Demandante: RAFAEL DAVID OVALLE GAMBOA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Improcedencia por encontrarse en curso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el
señor Rafael David Ovalle Gamboa, contra el Tribunal Administrativo de Santander.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Mediante escrito remitido el 8 de abril de 2022 al buzón electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, el señor Rafael David Ovalle Gamboa,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.
2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la providencia del 11 de octubre de
2021 proferida por la citada autoridad judicial. En esta providencia, se revocó la
decisión del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, de 23 de
septiembre de 2019, que accedió a las pretensiones formuladas al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–, para en su lugar, negarlas. Dicho proceso se
identificó con el número de radicado N.º 68001-33-33-012-2016-00278-00/1.
1.2. Pretensión
3. A título de amparo constitucional, solicitó lo siguiente:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
PRIMERA.- AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, al Trabajo,
al Mínimo Vital y a la Igualdad de tratamiento ante la Ley.
SEGUNDA.- DEJAR SIN EFECTOS jurídicos la sentencia de segunda instancia
emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER- M.P. JULIO
EDISSON RAMOS SALAZAR con fecha 11 de octubre de 2021 y notificada mediante
correo electrónico el día 14 de octubre de 2021, con ocasión del proceso ordinario,
medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, identificado
con el radicado No.680013333012-2016-00278-01, mediante el cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER- M.P. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR,
emitir dentro de un término prudencial, una nueva sentencia que incluya dentro de su
motivación la garantía efectiva del debido proceso administrativo, bajo los parámetros
y lineamientos que el Despacho considere necesarios para el restablecimiento de mis
derechos.
CUARTA. – ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER- M.P.
JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR, que la nueva decisión proferida en segunda
instancia, contemple expresamente a mi favor, el pago, a titulo indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la
sentencia, dentro del rango mínimo y máximo establecido por la Ley y la
Jurisprudencia para este tipo de asuntos. (sic a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Rafael David Ovalle Gamboa se vinculó al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) –Dirección Territorial de Santander–, mediante la
Resolución N.º 1149 del 10 de septiembre de 2015. En esta se le nombró
provisionalmente, por el término de seis (6) meses, en el cargo denominado Oficial
de Catastro Código 3110 Grado 7. El actor se posesionó el 5 de octubre de 2015 y
fue desvinculado del mismo el 5 de abril de 2016, día en el cual le fue comunicado
verbalmente que no continuaría laborando en la entidad.
5. Mediante escrito de 2 de mayo de 2016, el demandante solicitó al IGAC que
le fuera remitido el acto administrativo mediante el cual se plasmaba la voluntad de
la administración de efectuar formalmente su desvinculación.
6. En respuesta a aquella petición, el 19 de mayo de 2019 la coordinadora GIT
de Planta y Carrera Administrativa del IGAC le informó que:
(…) La Resolución No. 1149 del 10 de septiembre de 2015 es muy clara en indicar en
su Artículo 1- nombrar provisionalmente y a partir de la fecha de posesión y hasta por
seis (6) meses al (…) Por lo anterior no era necesaria la expedición de un acto
administrativo para la terminación del nombramiento, toda vez que la misma
normatividad establece el término.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
7. Inconforme con la respuesta interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual se identificó con el radicado N.º 68001-33-33-
012-2016-00278-00/1. Este proceso fue resuelto, en primera instancia, por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, autoridad que
accedió a sus pretensiones, en sentencia de 23 de septiembre de 2019.
8. En atención a lo anterior, la entidad demandada apeló dicha decisión, y en
providencia de 10 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó lo resuelto por el a quo, para en su lugar, negar lo solicitado por el actor.
Para esta autoridad judicial no es necesario motivar los actos de desvinculación
cuando el funcionario es nombrado para un periodo determinado y el retiro de la
entidad se realizó en acatamiento de esa estipulación
9. El 27 de octubre de 2021, el demandante interpuso ante el tribunal
demandado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Este fue
concedido por aquella institución mediante auto de 24 de noviembre de 2021,
encontrándose pendiente de su resolución.
1.4. Sustento de la vulneración
10. Indicó que, aunque se encuentra en trámite el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, lo cierto es que la decisión de la autoridad accionada
incurrió en los siguientes defectos:
11. Sustantivo: por cuanto se interpretó de manera errónea la Ley 906 de 2004
(especialmente el artículo 41 parágrafo)1, el Decreto 1227 de 2005 (artículo 10) -
disposición que fue reiterada en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 2-.
Todo ello en lo concerniente a la forma en que se debe efectuar el retiro de
empleados provisionales.
12. Fáctico: ante la omisión de valorar el Oficio del 19 de mayo de 2016
mediante el cual la coordinadora GIT Planta y Carrea Administrativa del IGAC
respondió a la petición del actor de aclarar las razones de su retiro.
1 ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce
en los siguientes casos: (…) PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los
empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la
ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no
motivado.
2 ARTÍCULO 2.2.5.3.4 Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el
término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por
resolución motivada, podrá darlos por terminados.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Trámite de admisión
13. Mediante auto de 21 de abril de 2022, el magistrado ponente resolvió admitir
la acción de tutela. En esta providencia se ordenó, entre otras cosas, (i) notificar a
la parte actora y (ii) al Tribunal Administrativo de Santander, como autoridad
accionada. También se vinculó, en calidad de terceros con interés: (iii) al Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga3, (iv) al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi4 y (v) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos y para los efectos del artículo 610 del Código General del
Proceso.
1.5.2. Intervenciones
14. Remitidos los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.2.1. Instituto Geográfico Agustín Codazzi
15. De manera breve indicó que la entidad ha actuado dentro del marco legal sin
que de ello devenga una irregularidad, y precisó que estará presta a cumplir con las
eventuales órdenes a las que haya lugar sea en la acción de tutela o en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
1.5.2.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
16. Precisó que las providencias judiciales proferidas en el trámite ordinario se
fundaron en los principios de autonomía, independencia, acceso a la administración
de justicia, legalidad e imparcialidad, dirigidas esencialmente a asegurar que las
personas puedan reivindicar sus derechos constitucionales y legales, conforme a
los procedimientos diseñados para ello por el legislador y desarrollados por la
jurisprudencia. En tal sentido, solicitó la declaratoria de improcedencia.
17. El Tribunal Administrativo de Santander y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, pese a haber sido notificados en debida forma de la existencia
de este proceso, guardaron silencio.
3 Autoridad judicial de primera instancia en el mentado medio de control.
4 Entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la cual se
impetró la acción constitucional.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
18. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Rafael David Ovalle Gamboa contra el Tribunal Administrativo de Santander,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 20195 de la Sala Plena
de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
19. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
20. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19916, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales7.
21. Con fundamento en el marco conceptual expuesto8, la Sala advierte que el
señor Rafael David Ovalle Gamboa es el titular de los derechos fundamentales que
reclama, en razón a que es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.
22. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.
23. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Santander, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual,
se encuentra legitimada por pasiva.
5 Reglamento interno de la Corporación.
6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
8 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras, sentencia
de 10.02.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00332-00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
2.3. Problemas jurídicos
24. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se superan en el caso bajo estudio los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
25. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• El Tribunal Administrativo de Santander, ¿vulneró los derechos
invocados, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y fáctico
al proferir la sentencia del 11 de octubre de 2021, mediante la cual revocó
la emanada del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
26. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y de superarse lo anterior; iii) nociones de los defectos invocados y; iv) el
análisis del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales11.
28. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia se
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia13 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial14.
29. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.
30. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
31. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.
13 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
32. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
33. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
34. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 11 de octubre de 2021 comoquiera que, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. Por tanto, considera que la autoridad accionada realizó
una interpretación equivocada sobre el marco normativo relativo a cómo debe
efectuarse el retiro de empleados provisionales y la omisión probatoria que
demostraría la vulneración de la administración.
35. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos al debido proceso, al
trabajo y a la igualdad.
36. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.
37. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de las garantías
constitucionales y libertades públicas.
2.5.2. Tutela contra sentencia de tutela
38. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor
Rafael David Ovalle Gamboa contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
2.5.3. Inmediatez
39. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia de 11 de octubre de 2021, notificada por
correo electrónico el 14 siguiente y cuya ejecutoria se dio el 20 de aquel mes y año,
proferida al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, la Sala considera que la acción de tutela contra providencia judicial
radicada el 8 de abril de 2022, se presentó dentro de un término razonable.
40. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200516, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad17
41. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
42. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no al presente mecanismo constitucional.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
17 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
43. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia18.
44. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
45. De esta manera, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional19 como de
esta Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la
tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: i)
el accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales:
ii) el accionante acude directamente a esta acción a pesar de existir otro mecanismo
de defensa judicial a su disposición o; iii) el proceso o asunto se encuentra en
trámite.
46. Al descender al caso concreto se tiene que, el 27 de octubre de 2021 el actor
interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, siendo
concedido mediante auto de 24 de noviembre de 2022, como se observa:
18 En sentencia, la Corte Constitucional en sentencia T-313 de 2005, se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.
19 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
47. Ahora bien, aun cuando el demandante adujo en su escrito constitucional que
los reproches del recurso extraordinario no atacan todos los defectos invocados en
su acción de tutela, al revisar la solicitud de aquel, en este expuso:
La decisión del Tribunal Administrativo de Santander, se da en el segundo sentido,
ósea (sic) se trata de una desvinculación por culminación del periodo de
nombramiento y por tanto determina que la culminación del periodo en cuestión es
suficiente (legal) para que desaparezca la vinculación laboral del demandante (…) La
falta de motivación de los actos de insubsistencia o retiro de empleados que ocupan
cargos en provisionalidad involucra, por esa sola circunstancia, un vicio de nulidad,
en la medida en que, además de la violación del derecho fundamental al debido
proceso (art. 29 CP), desconoce otras normas de superior jerarquía como la cláusula
de Estado de Derecho (art. 1 CP), el principio democrático y el principio de publicidad
en el ejercicio de la función pública (art. 209 CP), donde se hace imperativo asegurar
la interdicción a la arbitrariedad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
48. Para la Sala el presente asunto no supera el requisito de la subsidiariedad
porque para resolver el defecto sustantivo es necesario estudiar la manera en que
fueron interpretadas las normas invocadas como desconocidas, en las sentencias
de unificación20. Por lo tanto, el actor deber esperar que el juez natural resuelva su
recurso extraordinario, en el que se deberá analizar si la interpretación de las
disposiciones que invocó el Tribunal Administrativo de Santander para negar las
pretensiones de la demanda se ajusta a las reglas establecidas en sede de
unificación por la Sección Segunda de esta Corporación.
49. En similar sentido, el defecto fáctico tampoco supera el requisito adjetivo de
la subsidiaridad porque para determinar si se realizó una adecuada valoración de
los elementos probatorios es indispensable aplicar las reglas y criterios
interpretativos de las citadas sentencias de unificación.
50. En definitiva, lo pretendido tanto en sede extraordinaria como constitucional
es resaltar que el juez de nulidad y restablecimiento del derecho no tuvo en cuenta
los presupuestos que permiten establecer que, tratándose de funcionarios
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, la terminación
de su vínculo legal y reglamentario debe hacerse mediante acto motivado.
51. Por último, es importante resaltar que el actor no puso de presente, y la Sala
tampoco pudo advertir, que en este asunto existan circunstancias y particularidades
excepcionales que permitan superar el requisito de la subsidiaridad para evitar que
se configure un perjuicio irremediable.
52. Por lo anterior, atendiendo a que existe un medio judicial idóneo en curso, la
Sala estima que este requisito adjetivo no se supera, debiéndose declarar la
improcedencia de la acción.
20 Es importante resaltar que el escrito en el que interpuso el recurso extraordinario de revisión el
actor invocó como desconocidas las sentencias de la Corte Constitucional SU 917 de 2010 y SU 556
de 2014.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rafael David Ovalle Gamboa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02160-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por el
señor Rafael David Ovalle Gamboa por no superar el requisito de la subsidiaridad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.