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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-02166-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-02166-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., en contra de la Sección Cuarta de esta corporación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02166-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

25 de agosto de 2022

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 02 1 66 - 01
Ac c i o na nt e : S ID E RÚ RG I C A N AC IO N A L S I DE N A L S. A .

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

F.T: 212
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02166-01
Accionante: SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial que resolvió medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en materia tributaria, sobre sanción por
compensación improcedente. Revoca el amparo concedido.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide las impugnaciones presentadas por la autoridad judicial accionada y
por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN)
en contra de la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por la Subsección B de
la Sección Tercera de esta corporación.

La presente providencia se dicta en cumplimiento del auto del 5 de agosto de 2022
expedido por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, a través del cual
ordenó remitir el expediente de la referencia a este despacho, luego de que la
ponencia por él presentada no fuera aprobada mayoritariamente por esta
Subsección.

HECHOS RELEVANTES

a) Procedimiento administrativo tributario

La accionante indicó que presentó la declaración de renta para el año gravable
2010, con un saldo a favor, respecto del cual solicitó compensación que fue
aceptada por la DIAN, mediante la Resolución 1759 del 19 de diciembre de 2011.
Expuso que, posteriormente, la autoridad tributaria inició dos procesos, uno de
determinación del impuesto, ante el rechazo del saldo a favor liquidado por la
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. en la declaración referida, y otro

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sancionatorio, por haber requerido, en compensación, el saldo a favor no
aceptado.

Agregó que la DIAN, en la primera actuación, modificó la liquidación privada e
incrementó el impuesto a cargo y, en la segunda, ordenó el reintegro del dinero e
impuso la sanción por compensación improcedente, decisiones contra las que
interpuso el recurso de reconsideración. A través de la Resolución 900.418 del 30
de abril de 2015, la entidad citada aceptó la corrección del impuesto y modificó la
liquidación oficial, en el sentido de mantener la adición de ingresos brutos
operacionales por $ 15.353.738.000, sin reconocimiento de los costos por
operaciones simuladas y depreciación de maquinaria y equipo, además, impuso la
sanción por inexactitud de $ 23.499.512.000 y determinó un saldo a pagar de
$27.359.447.000; por otra parte, en el acto administrativo 003666 del 31 de mayo
de 2017, ordenó la devolución de la suma de $10.753.477.000 como valor
compensado improcedente y los intereses moratorios correspondientes al 20 % de
dicha cantidad.

b) Medio de control de nulidad y restablecimiento 2015-01751

Sostuvo que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la DIAN, en la que solicitó la anulación de la Liquidación Oficial de
Revisión 312412014000080 del 20 de junio de 2014 y de la Resolución 900.418
del 30 de abril de 2015, que modificó la declaración de renta del año gravable
2010. El 31 de enero de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones y, en ese
sentido, definió que el saldo por pagar era de $ 8.396.635.960. Inconformes con la
anterior decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación.

El 15 de abril de 2021 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, corrigió el ordinal
primero de la sentencia recurrida, que anuló parcialmente los actos demandados,
en cuanto a la razón social de la demandante, y modificó el ordinal segundo, en el
entendido de fijar como saldo a pagar por SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL
S.A. , por concepto del impuesto de renta y complementarios del año gravable
2010, el valor determinado en la liquidación, es decir, la suma de $6.834.047.000 y
como sanción por inexactitud el monto equivalente a $8.839.167.000.

c) Medio de control de nulidad y restablecimiento 2017-01485

Advirtió que instauró otra demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la autoridad tributaria, en la que solicitó la nulidad de las resoluciones
312412016000065 del 8 de junio de 2016, en la que aquella le impuso una
sanción por compensación improcedente, y de la 003666 del 31 de mayo de 2017,
que resolvió el recurso de reconsideración. El 5 de diciembre de 2019 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión interpuso recurso de
apelación.

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El 1.° de julio de 2021 la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el ordinal
2.º del fallo proferido en primera instancia y, en su lugar, ordenó que, a título de
restablecimiento del derecho, la empresa demandante debía reintegrar la cuantía
compensada en forma improcedente, con los intereses moratorios, e impuso
sanción por compensación improcedente correspondiente a $. 1.758.752.000.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2021 dictó sentencia complementaria, en la
que: (i) negó la solicitud de aclaración del proveído; (ii) precisó que el saldo
compensado de forma improcedente ascendía a la suma de $ 8.793.762, siendo
aquel el valor que la demandante estaba obligada a reintegrar; y (iii) corrigió y
adicionó la parte resolutiva del fallo del 1.° de julio del año citado, en el sentido de,
primero, revocar el ordinal 1.° de la decisión apelada para, en su lugar, declarar la
nulidad parcial de los actos administrativos acusados y ordenar, a título de
restablecimiento del derecho, a SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. que
devolviera la cuantía compensada improcedentemente, con los correspondientes
intereses moratorios, e impuso una multa de $ 1.758.752.000, como sanción por
compensación improcedente.

d) Acción de tutela

Mencionó que instauró una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, con ocasión de la expedición de las sentencias del 31 de
enero de 2019 y 15 de abril de 2021, en el proceso ordinario 2015-01751, en la
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

El 25 de febrero de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación concedió el amparo solicitado y, en consecuencia, dejó sin efectos la
sentencia de segunda instancia y ordenó a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que expidiera, en el término de cuarenta días contados desde la
notificación de esa providencia, una decisión de remplazo, en la que tuviera en
cuenta las pruebas allí referidas. Contra dicha decisión, la DIAN interpuso recurso
de impugnación, el cual, a la fecha, se encuentra pendiente de resolución.

El 16 de julio de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cumplimiento
del fallo de tutela, dictó la sentencia de reemplazo.

e) Inconformidad

SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. consideró que con la vigencia de la
sentencia del 1.° de julio de 2021, complementada el 28 de octubre de esa misma
anualidad, en el proceso 2017-01485, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, se están transgrediendo sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia. Al respecto, explicó que la decisión
precitada debe dejarse sin efectos, comoquiera que tuvo como fundamento una
providencia inconstitucional y que fue revocada en la acción de tutela núm. 2021-
06994 y que, por ende, tiene incidencia directa en el asunto, en tanto que las

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actuaciones administrativas de la autoridad tributaria están concatenadas y son
interdependientes, ello dado que la Liquidación Oficial de Revisión del año 2010 y
la no aceptación del saldo a favor solicitado fue la que dio lugar a la orden de
reintegro de esas sumas y la imposición de sanciones.

Asimismo, advirtió que, en virtud de la razonabilidad de las decisiones judiciales y
las garantías constitucionales señaladas, no puede mantenerse la firmeza de las
sanciones tributarias impuestas, cuando el pronunciamiento en el que se examinó
la conducta que las originó, en este caso, la liquidación de un saldo a favor
improcedente fue dejado sin efectos y aun no se cuenta con una decisión definitiva
sobre el particular.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos la sentencia del 1.° de
julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para, en su
lugar, ordenarle que emita una nueva decisión, acorde con el fallo de reemplazo
que debe dictar esa misma sala de decisión, en cumplimiento del fallo de tutela del
25 de febrero de 2022.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Consejo de Estado, Sección Cuarta.

El magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela de la referencia o, subsidiariamente, negar las súplicas en ella
formuladas. En ese sentido, explicó, en primer lugar, que la accionante no
sustentó y tampoco acreditó las causales específicas de procedibilidad que, a su
juicio, se configuran frente a la decisión judicial objeto de cuestionamiento, sino
que se limita a aseverar que las violaciones de los derechos fundamentales
halladas respecto de otro proceso judicial le son extensibles al presente caso,
razón por la cual consideró que el asunto no tiene relevancia constitucional.

Aunado a lo anterior, arguyó que la solicitud tampoco cumple con el requisito de la
subsidiariedad, comoquiera que lo pretendido por la SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A. podría satisfacerse con la simple invocación de la pérdida de
ejecutoria de los actos que impusieron la sanción por devolución improcedente, de
conformidad con lo previsto en los artículos 91 y siguientes de la Ley 1437 de
2011. Además, indicó que un eventual cobro coactivo de la deuda tributaria
dependería de la existencia del título y de su ejecutoria, por lo que en la medida en
que esté pendiente la litis en contra de los actos de liquidación oficial de revisión,
la autoridad tributaria debe observar los términos en que sea decidida esa
actuación.

De otra parte, manifestó que, en caso de que se asuma el conocimiento de fondo,
debe tenerse en cuenta que la sentencia del 1.° de julio de 2021, complementada
el 28 de octubre de ese mismo año, no fue producto de una indebida aplicación

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normativa o del desconocimiento del material probatorio obrante en el expediente,
pues el análisis de esos ítems llevo a la Sección a concluir que se configuraba la
infracción que dio lugar a la imposición de la sanción por devolución improcedente.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

El magistrado Nicolás Yepes Corrales, ponente del fallo de tutela del 25 de febrero
de 2021, refirió las actuaciones en el proceso constitucional núm. 2021-06994 y
precisó que no tiene ninguna relación con el trámite en el que fue proferida la
sentencia cuestionada.

DIAN

Diana Astrid Chaparro Manosalva, subdirectora de Representación Externa de la
entidad, advirtió que la acción de tutela de la referencia es improcedente por
varias razones, la primera, debido a que no cumple con los requisitos de
procedencia contra providencias judiciales ni se sustentó la causal en que incurrió
la corporación accionada; la segunda, porque la empresa accionante pretende que
se aplique un fallo de tutela que versa sobre una situación fáctica diferente, la cual
no tiene efectos inter comunis y, en ningún caso, implica una decisión favorable al
contribuyente; y la tercera, al carecer de relevancia constitucional, en tanto que
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. busca que se realice una nueva
valoración fáctica y jurídica que ya fue planteada y decidida por las autoridades
competentes.

Aunado a lo anterior, adujo que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en la sentencia de tutela del 25 de febrero de 2022, ordenó que en
la sentencia de remplazo se tuviera en cuenta una prueba pericial relacionada con
la contabilidad del contribuyente, así como los documentos e indicios recaudados,
por lo que hasta que se cumpla la orden se desconoce si afecta lo resuelto en la
providencia acusada o la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 25 de mayo de 2022 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. amenazado y, en ese sentido, dispuso
lo siguiente:

«SEGUNDO: SUSPÉNDENSE los efectos de la sentencia del 1º de julio de
2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, complementada
por la sentencia del 29 (sic) de octubre de 2021, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. (sic) 25000-23-37-
000-2017-01485-01 hasta el momento en que (i) se resuelva la impugnación
presentada en contra de la sentencia de tutela de primera instancia proferida
el 25 de febrero de 2022 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de
Estado en el proceso con radicado No. (sic) 11001-03-15-000-2021-06994-00
y, en caso de confirmarse dicha decisión, (ii) la Sección Cuarta del Consejo de
Estado profiera la sentencia de reemplazo en el proceso de nulidad y

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restablecimiento del derecho de radicado No. (sic) 25000-23-37-000-2015-
01751-01.

TERCERO: En caso de que la sentencia de reemplazo en el proceso de
radicado No. (sic) 25000-23-37-000-2015-01751-01 modifique la parte
resolutiva de la sentencia del 15 de abril de 2021 de dicho proceso, DÉJASE
SIN EFECTOS la sentencia del 1º de julio de 2021 y aquella de reemplazo del
29 de octubre de 2021 en el proceso de radicado No. (sic) 25000-23-37-000-
2017-01485-01, y ORDÉNASE a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de dicha
providencia de reemplazo, una nueva sentencia en el proceso de radicado No.
(sic) 25000- 23-37-000-2017-01485-01 que se ajuste a lo dispuesto en la parte
motiva de la providencia de reemplazo en el proceso 25000-23-37-000-2015-
01751-01».

Como fundamento de lo anterior, indicó, de manera previa, que si bien la parte
accionante no planteó un defecto en el que, a su juicio, haya incurrido la sentencia
objeto de cuestionamiento, sino que aludió a las censuras externas y posteriores a
esa decisión, lo cierto era que el amparo procedía como mecanismo transitorio,
para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que si no se suspenden los
efectos del pronunciamiento que puso fin al proceso sancionatorio, luego no
tendría ningún mecanismo de defensa idóneo para oponerse al cobro coactivo que
eventualmente pudiera inicial la DIAN con fundamento en aquel.

En ese sentido, señaló que la sentencia del 15 de abril de 2021, en la que se
resolvió sobre la determinación oficial del impuesto de la SIDERÚRGICA
NACIONAL SIDENAL S.A. y la multa por haber autoliquidado de manera inexacta
su obligación tributaria, incidía en las decisiones relativas al proceso tributario
sancionatorio, por lo que, si la primera de ellas cambiaba, la segunda también
variaría. Así, consideró que en caso de negarse el amparo deprecado y que,
posteriormente, se confirmara el fallo de tutela del 25 de febrero de 2022 y la
sentencia de reemplazo determinara una liquidación distinta, la parte accionante
no tendría un mecanismo para obtener la protección de sus derechos.

IMPUGNACIONES

Consejo de Estado, Sección Cuarta.

El magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez impugnó el fallo de tutela de primera
instancia y requirió revocar el amparo concedido. En ese sentido, insistió que la
acción de la referencia no satisface el requisito general de la subsidiaridad, puesto
que la sociedad accionante puede acudir a la institución jurídica de la pérdida de
ejecutoria de los actos que impusieron la sanción por devolución improcedente, de
conformidad con lo previsto en los artículos 91 y siguientes del CPACA y, en todo
caso, el eventual cobro de la deuda tributaria está supeditado a la existencia del
título y su ejecutoria y en la medida en que la litis sobre la liquidación oficial y el
acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración esté en curso, la
autoridad tributaria está en la obligación de observar los términos que allí se fijen.

Agregó que la Sala de Decisión, en cumplimiento de la orden de tutela del 25 de
febrero de 2022, el 16 de junio hogaño profirió la decisión de reemplazo, en la cual

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realizó el análisis probatorio indicado por el juez constitucional, pero, mantuvo
incólumes las decisiones sobre la legalidad de los actos administrativos
demandados por SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., por haber declarado
un menor tributo a cargo y un saldo a favor que en realidad se convirtió en uno a
pagar. En ese punto, explicó que ratificó la conclusión sobre la improcedencia de
la adición de ingresos brutos ocupacionales y el reconocimiento de costos por
depreciación de maquinaria y equipos; además, recalculó la sanción por
inexactitud impuesta y se redujo al equivalente del 100 % del mayor tributo a
cargo, en aplicación del principio de favorabilidad en materia punitiva, por lo que
no varió la deuda a cargo de la contribuyente y, en ese sentido, no podía avalarse
la tesis de la parte accionante frente a que los actos sancionadores sufrirían
modificaciones.

Resaltó que en la sentencia de reemplazo se tuvo en consideración la suma
establecida en la providencia que anuló parcialmente la liquidación oficial de
revisión, con el fin de fijar el cálculo de la multa sobre la suma compensada de
forma impropia, sin incluir la sanción por inexactitud y por corrección, al tiempo
que la multa por compensación improcedente se disminuyó como consecuencia
de la aplicación del principio constitucional precitado, de acuerdo con la regla de la
sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-001 del 20 de agosto de 2020.

DIAN

La entidad vinculada impugnó la sentencia que amparó el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia de SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL
S.A. Como fundamento del recurso, advirtió que el 16 de junio de 2022 la Sección
Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de remplazo, en la que realizó el
análisis probatorio, de acuerdo con lo ordenado por el juez de tutela y, a partir de
lo anterior, iteró que las pruebas allegadas no eran determinantes para desvirtuar
el estudio realizado respecto a los actos demandados y la inexistencia y
consecuente improcedencia de los costos de venta por compra de chatarra
incluidos por la demandante en su declaración privada de renta del año 2010.

Así, resaltó que la decisión de reemplazo no implicó una modificación de fondo en
la decisión de segunda instancia que se había adoptado en el año 2021, por lo
que no existe una transgresión de derechos fundamentales que habilite el amparo
constitucional.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 1, en
cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿Está demostrada que la afectación de los derechos fundamentales
reclamados en protección por SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A.
es actual, cierta y concreta y, de este modo, es posible conocer de fondo el
asunto y conceder el amparo invocado de manera transitoria?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
improcedencia de la acción de tutela frente a hechos futuros e inciertos y (II)
análisis del caso bajo estudio. Veamos:

I. Improcedencia de la acción de tutela frente a hechos futuros e inciertos

La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial para la protección
inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la
actuación u omisión de una autoridad pública o por un particular, en los casos
previstos en la ley, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política.
En esa medida, aquella se torna improcedente, entre otras causas, cuando se
pretende el amparo sobre hechos futuros e inciertos, dado que no es posible
mediante la acción de tutela salvaguardar derechos que no han sido vulnerados o
frente a los cuales no existe una amenaza real.

Ahora bien, resulta importante aclarar que no puede confundirse una amenaza con
un hecho futuro e incierto. Al respecto, para efectos de determinar la primera, la
Corte Constitucional, en su jurisprudencia5, ha señalado que debe ser

5 Sobre el tema ver, entre otras, las sentencias T-247/00, T-647/03, T-365/04, T-424/11, T-652/12 y T-469-14.

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«contundente, cierta, ostensible, inminente y clara», lo cual se opone al segundo
de los eventos, los cuales, por su imprevisibilidad e incertidumbre, no son
susceptibles de amparo.

En esos términos, es evidente que la acción de tutela no es un medio para
prevenir hechos futuros e inciertos, de tal forma que esta solo será procedente
cuando se origine en circunstancias ciertas y actuales, que permitan proteger un
derecho, que está siendo transgredido o amenazado indiscutiblemente. En ese
sentido, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional determinó que «carece
de objeto la tutela instaurada contra alguien por hechos que constituyen apenas
una posibilidad futura remota, en cuanto están atados a otros todavía no
ocurridos»6.

II. Análisis del caso bajo estudio

La Sección Cuarta del Consejo de Estado y la DIAN impugnaron la decisión del 25
de mayo de 2022, a través de la cual la Subsección B de la Sección Tercera de
esta corporación amparó el derecho de acceso a la administración de justicia de
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. De manera similar, expusieron que no
existía una afectación de los derechos fundamentales referidos por la parte
accionante, puesto que el 16 de junio de 2022 la autoridad judicial accionada dictó
la sentencia de reemplazo, en cumplimiento a la orden de tutela emitida en el
proceso radicado con el núm. 2021-06994, y en aquella, analizó de manera
minuciosa las pruebas allegadas al proceso, en particular, las que el juez
constitucional indicó que se habían omitido, pero había mantenido sin ninguna
modificación la motivación de la decisión. Aunado a lo anterior, resaltaron que la
providencia mencionada no afectó el fondo de la controversia, por lo que la
sentencia del 1.° de julio de 2021, complementada el 28 de octubre de ese mismo
año, no sufrió ninguna alteración o cambio, en los términos expuestos por la parte
accionante.

Pues bien, luego de revisar las pruebas obrantes en el proceso, se advierte que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 15 de abril de
2021, corrigió el ordinal primero de la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento núm. 2015-01751, en cuanto a la razón social
de la demandante y, modificó el ordinal segundo, en el sentido de fijar como saldo
a pagar por la demandante, por concepto del impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2010, el valor determinado en la liquidación,
correspondiente al monto de $8.839.167.000.

Igualmente, se avizora que la sociedad aquí accionante instauró acción de tutela,
en la que discutió la anterior decisión judicial, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuyo conocimiento, en primera instancia, correspondió al Consejo de

6 Ver sentencia T-247/00.

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Estado, Sección Tercera, Subsección C, el cual, mediante proveído del 25 de
febrero de 2022, concedió el amparo constitucional solicitado y, en consecuencia,
dejó sin efectos la sentencia dictada el 15 de abril de 2021 y ordenó a la Sección
Cuarta de la corporación que, en el término de cuarenta días contados desde la
notificación de esa providencia, profiriera una decisión de remplazo, en la que
analizara el dictamen pericial de Deloitte Asesores y Consultores Ltda., los
documentos contables y los indicios recaudados por la DIAN en el contexto del
tipo de la actividad económica en que tuvieron lugar. Dicha decisión fue
impugnada por la entidad tributaria vinculada, recurso que a la fecha no ha sido
resuelto.

Asimismo, se tiene que el 16 de junio de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de
Estado dictó la sentencia de reemplazo, en la que: (i) corrigió el ordinal primero de
la decisión apelada, en cuanto a la nulidad parcial de la Liquidación Oficial
312412014000080 del 20 de junio de 2014 y la Resolución 900.418 del 30 de abril
de 2015, mediante las cuales fue modificada la declaración del impuesto de renta
y complementarios del año 2010 y resolvió el recurso de reconsideración,
respectivamente; y (ii) modificó el ordinal segundo de la providencia recurrida
para, en su lugar, fijar, a título de restablecimiento del derecho, como saldo por
concepto del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2010, el valor
determinado en la liquidación, correspondiente a $ 6.834.047.000 y la sanción por
inexactitud equivalente a $ 8.839.167.000.

Ahora bien, realizado el anterior recuento, se denota que en el escrito inicial de
esta acción la parte accionante mencionó que al haberse dejado sin efectos la
sentencia del 15 de abril de 2021, se afectaba la decisión objeto de
cuestionamiento, comoquiera que las actuaciones tributarias de determinación del
impuesto de renta y complementarios del año 2010 y las sancionatorias estaban
concatenadas y eran interdependientes.

Sin embargo, la Subsección evidencia que, contrario a lo manifestado por aquella,
actualmente no existe una afectación real y concreta de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
reclamados en protección por la SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A.,
puesto que, primero, la determinación adoptada en el fallo de tutela consistente en
dejar sin efectos la sentencia del 15 de abril de 2021 no implicaba forzosamente
un cambio en el sentido de la decisión que fue dejada sin efectos y, segundo, la
corporación citada, al dictar la providencia de reemplazo, mantuvo su postura
inicial en cuanto a la definición del fondo del asunto.

Ciertamente, se observa que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, únicamente, ordenó a la Sección Cuarta de esta corporación que emitiera una
nueva sentencia, en la que tuviera en cuenta las pruebas que dejó de valorar,
pero, en ningún momento, dispuso que la autoridad judicial accionada debía
alterar la resolución judicial o su análisis sobre la legalidad de los actos
administrativos demandados, a efectos de modificar el valor de la liquidación o
cualquier otra situación que afectara lo definido en el proceso administrativo

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sancionatorio que se originó por las inexactitudes en la liquidación de la
declaración de renta del año 2010.

En esos términos, la Subsección considera que, en el sub examine, no se
demostró la existencia de una situación concreta que transgreda las garantías,
cuya salvaguarda se solicitó, de manera que amerite una intervención del juez
constitucional. De hecho, ni siquiera es posible predicar una posible amenaza,
puesto que no se aprecia la contundencia, certeza, ostensibilidad, inminencia ni
claridad que esta requiere, dado que a la fecha la acción de tutela que dio lugar a
esta controversia ni siquiera ha finalizado ni mucho menos se ha adoptado una
decisión que ponga fin, de forma definitiva, a la discusión allí planteada, y tampoco
se denota un perjuicio irremediable en caso de no accederse a la protección
deprecada.

En esa medida, conviene precisar que, si bien la acción de tutela es un
mecanismo expedito, sumario e informal que busca la protección de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las entidades
públicas o de algunos particulares, lo cierto es que se requiere demostrar, siquiera
de forma sumaria, la existencia de una vulneración o una amenaza concreta y real
de las garantías constitucionales, de modo que se habilite la intervención del juez
constitucional. Empero, en el presente asunto, se vislumbra que las afirmaciones y
apreciaciones formuladas en los escritos de tutela tienen fundamento en
suposiciones o hipótesis que no son concretas ni tienen una actual y real
incidencia en la sentencia aquí cuestionada. En ese orden de ideas, no se
encuentra probada ni se observa la vulneración ni amenaza de algún derecho
fundamental de la solicitante de la salvaguarda.

Por lo anterior, se revocará la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que concedió el amparo
constitucional deprecado y, en su lugar, se rechazará por improcedente la acción
de tutela instaurada por la SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. en contra de
la Sección Cuarta de esta corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, rechazar por improcedente
la acción de tutela instaurada por la SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., en
contra de la Sección Cuarta de esta corporación, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

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Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Salvamento de voto
Firma electrónica

LYGR

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