RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02172-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02172-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02172-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confírmase la sentencia del 26 de mayo de 2022, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02172-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

7 de julio de 2022

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-02172-01
Demandante: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR -
FIDUCOLDEX
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad. Falta de
congruencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 26 de mayo de 2022, a través del cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 13 de abril de 2022 al correo electrónico del Tribunal
Administrativo de Santander1, la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – en
adelante Fiducoldex –, por conducto de apoderada, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander con el objeto de que se protegiera
su derecho fundamental al debido proceso.

Estimó quebrantada tal garantía con ocasión del fallo del 12 de octubre de 2021,
que confirmó la sentencia del 29 de octubre de 2020, a través de la cual el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-33-33-009-2018-00426-01, promovida por Fiducoldex contra el
municipio de Floridablanca, Santander.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

“1. TUTELAR el Derecho Constitucional Fundamental al Debido proceso de
FIDUCOLDEX S.A. vocera del patrimonio autónomo PROCOLOMBIA.
!
1
Remitido por competencia el 18 de abril de 2022 al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado.
! "!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

2. Se proceda a REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander No. 133 proferida el 12 de octubre de 2021.

3. En su lugar ACCEDER a las suplicas (sic) de la demanda, declarando que
FIDUCOLDEX no es sujeto pasivo del IPU lo que genera que el pago realizado
se constituya como un pago de lo no debido, y por consiguiente se decrete la
nulidad de las resoluciones invocadas al carecer de motivación adecuada; así
como a título de restablecimiento del derecho la devolución de las sumas
solicitadas” (Resaltado del texto original)

2. Hechos

La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Informó que el Banco de Comercio Exterior – Bancóldex, es una sociedad de
economía mixta del orden nacional, creada mediante el artículo 21 de la Ley 7 de
1991 y el Decreto 2505 del mismo año, y organizada como un establecimiento de
crédito bancario vinculado al Ministerio de Comercio Exterior y vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Mencionó que Bancóldex, en calidad de fideicomitente, y Fiducoldex, en calidad
de fiduciario, suscribieron un contrato de fiducia mercantil mediante Escritura
Pública No. 8851 del 5 de noviembre de 1992, a partir del cual se conformó el
patrimonio autónomo Fideicomiso de Promoción de Exportaciones Proexport
Colombia, hoy Procolombia.

Señaló que los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 300-
361739, 300-361670, 300-361671 y 300-361672 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga, fueron adquiridos a título de compraventa
por Fiducoldex mediante Escritura Pública No. 815 del 21 de junio de 2013, en su
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo Procolombia.

Indicó que la Secretaría de Hacienda de Floridablanca, Santander, expidió las
facturas del impuesto predial unificado para dichos predios por las vigencias 2014,
2015 y 2016, las cuales sumaron un valor total de $9’184.740, el cual fue pagado
oportunamente por Fiducoldex para no incurrir en mora.

Adujo que el 11 de octubre de 2017, actuando como vocera del patrimonio
autónomo Procolombia, Fiducoldex solicitó a la Alcaldía de Floridablanca la
devolución del impuesto predial cancelado para esas vigencias, por considerar
que se trataba de un pago de lo no debido.

Resaltó que su solicitud fue negada por la Secretaría de Hacienda de dicho
municipio mediante Acto Administrativo RV No. 0035050 del 24 de octubre de
2017.

Expuso que el 4 de enero de 2018 interpuso recurso de reconsideración contra la
anterior decisión, el cual fue inadmitido por la entidad a través de la Resolución
! #!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

No. 1159 del 14 de marzo del mismo año.

Sostuvo que el 17 de abril siguiente presentó recurso de reposición frente a la
precitada resolución, argumentando que se cumplían todos los requisitos para que
se admitiera el recurso de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el
artículo 501 del Acuerdo No. 045 de 2016, expedido por el municipio de
Floridablanca.

Manifestó que a través del Acto Administrativo RV No. 007867 del 2 de mayo de
2018, la Secretaría de Hacienda de Floridablanca confirmó la inadmisión del
recurso y además advirtió que Fiducoldex, como administradora del patrimonio
autónomo Procolombia, estaba encargada de realizar los pagos del impuesto
predial sobre los inmuebles antes relacionados, de acuerdo con lo establecido en
el parágrafo del artículo 7 del Acuerdo 032 de 2012.

Afirmó que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
anteriores decisiones, al considerar que la entidad desconocía que el sujeto pasivo
de la obligación tributaria era el fideicomitente y/o beneficiario del patrimonio
autónomo, que para el caso concreto era la Nación a través de Bancóldex, y no
Fiducoldex, quien únicamente actuaba como fiduciaria y administradora del
patrimonio autónomo.

Expresó que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, a través de sentencia del 29 de octubre de 2020, negó las
pretensiones de la demanda bajo el argumento de que Fiducoldex sí era el sujeto
pasivo del impuesto predial, al ser el administrador de los bienes que conforman el
patrimonio autónomo Procolombia.

Añadió que dicha decisión fue confirmada en su integridad por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante fallo del 12 de octubre de 2021.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander no se realizó un análisis de fondo en relación con la determinación del
sujeto pasivo del impuesto predial.

En su criterio, existe una falta de congruencia entre lo alegado por Fiducoldex a lo
largo del proceso y lo finalmente resuelto en el fallo de segunda instancia, debido
a que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre el argumento central de la
demanda y el recurso de apelación, esto es, la aplicabilidad del parágrafo 2 del
artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.

Al respecto, consideró que en la providencia cuestionada no se hizo referencia
alguna a la aplicación de esta norma, la cual establece que los responsables de
ese tributo en virtud de un contrato de fiducia son el fideicomitente y/o el
beneficiario, categoría ostentada en el caso concreto por Bancóldex y no por la
parte demandante, quien únicamente actuaba como fiduciaria.

! $!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

Recalcó que el tribunal demandado llegó a una conclusión errada al establecer
que Fiducoldex es sujeto pasivo del impuesto predial, ya que solo se percató de
que figura como propietario de los predios en los certificados de libertad y
tradición, y no tuvo en cuenta la normatividad que establece claramente quiénes
son los obligados a pagar ese tributo en un contrato de fiducia mercantil.

Precisó que la falta de motivación de la sentencia condujo a la falta de
congruencia, comoquiera que no existe consonancia entre los hechos y las
pretensiones, con lo resuelto por el juez en segunda instancia.

Recalcó que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre puntos esenciales
alegados por la parte demandante en el curso del proceso, especialmente en la
demanda y en el recurso de apelación, que de haber sido tenidos en cuenta
hubieran llevado a una conclusión diferente.

Alegó que el caso fue resuelto de forma incongruente con la controversia
planteada, ya que el tribunal no “conectó” correctamente su argumentación con el
problema jurídico a resolver, lo que conllevó a que se decidiera el caso teniendo
en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de fiducia y la existencia de unos
certificados de libertad y tradición, cuando el conflicto versaba sobre la sujeción
pasiva del impuesto predial unificado, en los términos del artículo 54 de la Ley
1430 de 2010.

Aseguró que, si la judicatura demandada se hubiera limitado a lo planteado por las
partes, hubiera concluido que debía aplicarse dicha norma, pero contrario a ello se
apartó de la ley y de lo solicitado en la demanda y en el recurso de apelación.

Por lo anterior, consideró que también se incurrió en defecto sustantivo por
indebida aplicación e interpretación errónea de las normas sobre la materia.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 26 de abril de 2022, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Santander.

Así mismo, dispuso la vinculación del juez Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, del alcalde de Floridablanca, Santander y del presidente
de Bancóldex, en atención al interés que les asiste en las resultas del presente
trámite constitucional.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga

El titular del despacho consideró que la acción de tutela es improcedente por no
acreditar que se haya incurrido en alguna irregularidad procesal.

! %!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

Agregó que no se identificaron los hechos que generaron la presunta vulneración
de las garantías de la parte actora.

Sostuvo que en primera instancia se acataron las normas procesales y
sustanciales aplicables al caso, y que el fallo se soportó en los hechos y las
pruebas legalmente aportadas y recaudadas en el proceso.

Alegó que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia, pero no demostró la configuración de algún defecto en la providencia
censurada.

5.2. Municipio de Floridablanca

El apoderado del ente territorial solicitó que se declare la improcedencia de la
acción por no cumplir el requisito de inmediatez y por no acreditarse la vulneración
alegada.

Señaló que en el proceso ordinario se demostró que Fiducoldex, además de ser
propietaria de los predios objeto de gravamen, también actuaba en calidad de
vocera y administradora del fideicomiso Procolombia, motivo por el cual era el
sujeto pasivo de la obligación tributaria y, por ende, no estaba excluida del pago
del impuesto predial.

Mencionó que en el Acuerdo 031 de 2019, que correspondía al Estatuto Tributario
Municipal anterior, se estableció que los inmuebles que figuraran en la base de
datos estarían sujetos al cobro del impuesto predial unificado y sus sobretasas, y
que la obligación tributaria tenía como hecho generador la propiedad, el usufructo,
la posesión o la tenencia de un bien raíz, los cuales podían estar en cabeza de
una persona natural o jurídica.

Refirió que, para el caso concreto, la propiedad de los inmuebles estaba en
cabeza de Fiducoldex como vocera y administradora del patrimonio autónomo
Procolombia, tal y como lo demostraba la Escritura Pública No. 815 del 21 de junio
de 2013.

Destacó que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1234 del Código de
Comercio, es deber indelegable del fiduciario el llevar la personería para la
protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del
beneficiario y aún del mismo constituyente.

Explicó que tal obligación surge debido a que los patrimonios autónomos carecen
de personería jurídica, por lo que la representación de la masa de bienes
sometidas a fiducia recae en el fiduciario, así que es su responsabilidad adelantar
las gestiones y actuaciones administrativas tendientes a proteger los bienes que le
son encomendados.

Aclaró que en el evento en el que Bancóldex llegara a figurar en los certificados de
libertad y tradición como propietario de los predios en cuestión, igualmente sería

! &!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

sujeto pasivo del impuesto predial.

Por lo tanto, consideró que el municipio de Floridablanca actuó conforme a los
lineamientos legales frente al asunto y obró de forma correcta al rechazar las
solicitudes de devolución de los dineros por concepto de ese impuesto.

De otra parte, aseguró que la sentencia cuestionada se notificó electrónicamente
el 13 de octubre de 2021, mientras que la solicitud de amparo se radicó el 19 de
abril de 2022, es decir, luego de transcurridos más de 6 meses, razón por la cual
la acción no cumplía el requisito de inmediatez.

5.3. Tribunal Administrativo de Santander y Bancóldex

No contestaron la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio
les fue notificado electrónicamente mediante los Oficios Nros. 48462 y 48464 del 2
de mayo de 2022.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 26 de mayo de
2022, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.

Al respecto, consideró que la parte actora empleó la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario en el que fue dictada la sentencia
cuestionada.

Como sustento de su afirmación, expuso que las inconformidades planteadas por
la accionante son las mismas en las que se sustentó el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 29 de octubre de 2020, en la que el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las
pretensiones de la demanda.

Recalcó que frente a esos argumentos ya existe un pronunciamiento por parte del
Tribunal Administrativo de Santander, autoridad que, en relación con el sujeto
pasivo del impuesto predial y el responsable de la obligación sustancial del pago
del tributo en el municipio de Floridablanca, estableció puntualmente que el
patrimonio autónomo era el titular del derecho real de dominio sobre los bienes
objeto de gravamen y, por lo tanto, Fiducoldex como su vocera y representante,
era la encargada del pago del impuesto con cargo a los recursos del propio
patrimonio.

Adujo que la demandante no puede ejercer la acción de tutela para insistir en los
mismos hechos que ya fueron expuestos, analizados y resueltos por los jueces
naturales de conocimiento.

7. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó mediante memorial

! '!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

radicado el 7 de junio de 20222, en el que reiteró íntegramente los argumentos del
escrito inicial de tutela.

Además, aseguró que con la presente acción no pretende reabrir una discusión
judicial ni constituir una tercera instancia, sino poner en evidencia la configuración
de un defecto sustantivo que ha afectado su derecho fundamental al debido
proceso, razón suficiente para establecer que el presente asunto sí tiene
relevancia constitucional.

Insistió en que, contrario a lo establecido por el a quo, el hecho de que se procure
la protección de la garantía establecida en el artículo 29 de la Constitución
Política, descarta que el estudio se base en un juicio meramente legal.

Por tal razón, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su
lugar, se ampare el derecho fundamental al debido proceso de Fiducoldex, en el
sentido de ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que emita una
sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta lo establecido en el parágrafo 2
del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en
primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de primera instancia, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.

Para el efecto, deberá determinarse si la solicitud cumple con los requisitos de
procedencia adjetiva contra providencias judiciales, que permitan a esta Sala de
Decisión hacer el estudio de fondo correspondiente.

En caso de superarse lo anterior, deberá analizarse si, tal y como lo argumenta la
parte actora, el Tribunal Administrativo de Santander vulneró su derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de la sentencia del 12 de octubre de
2021, que confirmó el fallo del 29 de octubre de 2020, a través del cual el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-33-33-009-2018-00426-01, promovida por Fiducoldex contra el

!
2
La sentencia de primera instancia fue notificada electrónicamente el 2 de junio de 2022.
! (!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

municipio de Floridablanca, Santander.

En tal sentido, se deberá verificar si la decisión cuestionada incurrió en defecto
sustantivo por inaplicación del parágrafo 2 del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010,
en el que se establece que en los contratos de fiducia los responsables del pago
del impuesto predial son el fideicomitente y/o el beneficiario y no el fiduciario.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio
sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)3, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4,
conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio
de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.”5.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción
!
3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Idem.
! )!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia6 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, por conducto de
apoderada, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander con el objeto de que se protegiera su derecho fundamental al debido
proceso.

Estimó quebrantada tal garantía con ocasión del fallo del 12 de octubre de 2021,
que confirmó la sentencia del 29 de octubre de 2020, a través de la cual el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-33-33-009-2018-00426-01, promovida por Fiducoldex contra el
municipio de Floridablanca, Santander.

Concretamente, la parte actora considera que se desconoció su derecho al debido
proceso al no declarar la nulidad de los actos administrativos con los que la
!
6
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
! *!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

Secretaría de Hacienda de Floridablanca, Santander, negó su petición de
devolución del dinero pagado por concepto de impuesto predial, sobre unos
predios que había adquirido a título de compraventa como vocera y administradora
del patrimonio autónomo Procolombia.

En su concepto, el valor asumido por Fiducoldex correspondía a un pago de lo no
debido, ya que no era el sujeto pasivo de dicho tributo, pues el encargado de
pagar esta obligación, en el marco de un contrato de fiducia, es el fideicomitente
y/o el beneficiario, que para el caso concreto era Bancóldex, mientras que
Fiducoldex ostentaba la calidad de fiduciaria.

En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción al considerar que no cumplía el requisito de relevancia
constitucional.

Al respecto, consideró que la parte actora empleó la solicitud de amparo como una
instancia adicional del proceso ordinario, ya que planteó las mismas
inconformidades que ya habían sido alegadas a través del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia cuestionada, y frente a las cuales ya existe un
pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Santander.

Sin embargo, contrario a lo establecido por el a quo, la Sala advierte que el caso
objeto de estudio sí es relevante desde el punto de vista constitucional, por cuanto
al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que la
parte actora pretende poner de presente las presuntas irregularidades en las que
incurrió la autoridad judicial cuestionada al decidir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en tanto involucra la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, más allá del debate legal surtido ante el juez
natural de la especialidad.

A pesar de lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción, pero por las razones que se exponen a
continuación:

La parte actora considera que en la sentencia cuestionada no se realizó un
análisis de fondo en relación con la determinación del sujeto pasivo del impuesto
predial.

En su criterio, existe una falta de congruencia entre lo alegado por Fiducoldex a lo
largo del proceso y lo finalmente resuelto en el fallo de segunda instancia, debido
a que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre el argumento central de la
demanda y el recurso de apelación, esto es, la aplicabilidad del parágrafo 2 del
artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.

En síntesis, la accionante aduce que la autoridad judicial omitió pronunciarse
sobre puntos esenciales alegados por la parte demandante en el curso del
proceso, especialmente en la demanda y en el recurso de apelación, que de haber
sido tenidos en cuenta hubieran llevado a una conclusión diferente.

! "+!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

Además, refirió que el caso fue resuelto de forma incongruente con la controversia
planteada, ya que el tribunal no “conectó” correctamente su argumentación con el
problema jurídico a resolver, lo que conllevó a que se decidiera el caso teniendo
en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de fiducia y la existencia de unos
certificados de libertad y tradición, cuando el conflicto versaba sobre la sujeción
pasiva del impuesto predial unificado, en los términos del artículo 54 de la Ley
1430 de 2010.

Aseguró que, si la judicatura demandada se hubiera limitado a lo planteado por las
partes, hubiera concluido que debía aplicarse dicha norma, pero contrario a ello se
apartó de la ley y de lo solicitado en la demanda y en el recurso de apelación.

Así las cosas, la Sala entiende que la inconformidad de la accionante radica en
una falta de congruencia entre lo planteado tanto en la demanda como en el
recurso de apelación y lo finalmente decidido por el Tribunal Administrativo de
Santander en la sentencia cuestionada.

Al margen de la razonabilidad de los argumentos planteados por la parte actora, lo
cierto es que el juez constitucional no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, ya que tal análisis
corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión.

Por lo tanto, la Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de
subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta Corporación7, la incongruencia da lugar a la nulidad
originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el
recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250
de la Ley 1437 de 20118.

La tesis de la referida Sala Especial de Decisión fue expuesta en los siguientes
términos:

“El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

(…)

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad

!
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
8
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
(…)”
! ""!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

(…)

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en Tercera instancia o única, si
se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se
puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo
170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe
estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante
como por la parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la
congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar (…)” (Destacado por la Sala)

En consideración a la anterior postura, la inobservancia del principio de
congruencia da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el
numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.”

Debido a lo expuesto, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

Sobre este presupuesto, el artículo 86 de la Constitución Política consagró la
acción de tutela en los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

! "#!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

(…)

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)

De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo
pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla
fuera de texto)

Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:

“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario,
proceda al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias
de que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger
de manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que
existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el
mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de
manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”

De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.

En el caso concreto, es evidente que frente a la decisión que se cuestiona a través
de la solicitud de amparo procede el recurso extraordinario de revisión,
mecanismo judicial idóneo al cual puede acudir la parte actora para plantear ante
el juez natural el yerro advertido en el escrito de tutela.

Por lo tanto, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las
pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la misma no cumple con
el requisito de subsidiariedad que debe caracterizarla.
! "$!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - FIDUCOLDEX
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2022-02172-01

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, a través de la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción, pero por las razones expuestas en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 26 de mayo de 2022, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la improcedencia de la acción de
tutela, pero por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”!

! "%!
!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.