Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02177-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02177-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02177-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
25 de mayo de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02177-00
Demandante: JOHNNY MAURICIO QUINTERO BEDOYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: se cuestiona la providencia que negó las pretensiones encaminadas a
obtener la reparación por los perjuicios causados con ocasión del accidente de tránsito que
sufrió el actor mientras conducía por una vía del municipio de Cali.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Johnny Mauricio Quintero
Bedoya contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la protección de
su derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 19 de abril de 2022 el demandante formuló acción
de tutela con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental antes referido.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Johnny Mauricio Quintero Bedoya sufrió un accidente de tránsito en una
de las calles de Cali debido a que no pudo esquivar un hueco que había en la vía,
situación que llevó a que sufriera trauma de tórax y lesiones en ambos miembros
superiores.
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Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
2) Como consecuencia del accidente tuvo 70 días de incapacidad y fue sometido a
varios tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas con las que no logró una
recuperación plena.
3) Presentó demanda de reparación directa contra el municipio de Cali para que se
le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones
padecidas por la falla del servicio derivada de la negligencia de no mantener en
buen estado la malla vial.
4) El 4 de abril de 2017 el Juzgado Quince Administrativo Oral de Cali profirió
sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en razón a que el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali incumplió su deber de velar por el
mantenimiento y conservación de la vía en la cual ocurrió el accidente puesto que
el siniestro fue causado por un hundimiento, hueco o desnivel en la carretera en la
que, además, no había señales preventivas.
5) No obstante, consideró que ante la inobservancia de las normas de tránsito por
parte del demandante por conducir a alta velocidad, se configuraba también una
concurrencia de culpas, y por tanto, redujo las sumas de la condena en un 50%.
6) Las partes apelaron1 y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia
de 31 de enero de 2022 revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones en
consideración a que si bien el informe policial de accidente de tránsito daba cuenta
de la presencia de la deformidad asfáltica y plasma como hipótesis la presencia del
“hueco”, el Consejo de Estado ha indicado que dicha prueba documental, a pesar
de ser un documento público que demuestra la ocurrencia de un accidente, la fecha,
la hora y las partes involucradas en el mismo, constituye un mero indicio, hipótesis,
conjetura o suposición que requiere de otros medios de prueba para su valoración
en conjunto.
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La parte demandante, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, turístico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali y la Previsora SA. En su escrito de apelación el demandante manifestó su
desacuerdo frente a la decisión de declarar una concurrencia de culpas, en tanto señaló que no se
acreditó fehacientemente la culpa compartida, pues dicha declaratoria se sustentó en una versión
que dio el señor Johnny Mauricio Quintero Bedoya unos minutos después de sufrir el accidente, es
decir, cuando no estaba en pleno uso de sus facultades, sumado a que no se probó que este se
movilizara con exceso de velocidad.
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Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
7) Por lo tanto, el solo informe de accidente de tránsito no era suficiente para
acreditar la causa eficiente del daño.
8) Además, la historia clínica allegada al expediente no permitía establecer la forma
ni el lugar donde ocurrió́ el siniestro, pues solamente quedó acreditada la existencia
del daño ya que dicho documento hace referencia a los reportes efectuados por los
galenos que trataron al actor y las condiciones médicas en las que este se
encontraba en el momento de su ingreso a la institución de salud, los
procedimientos realizados y la evolución del paciente hasta que se produjo su
egreso, lo que significa que no se probó cuál fue la causa eficiente del accidente.
El fundamento de la vulneración
La parte demandante manifestó que en la providencia cuestionada el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
Sobre el fáctico adujo que no existió ninguna prueba que acreditara que conducía
en exceso de velocidad, pues lo que hubo fue un indicio derivado de una declaración
que hizo al momento en que se encontraba herido en el hospital y que de ninguna
manera puede tomarse como una confesión.
Del defecto sustantivo expuso que los artículos 74 y 94 de la Ley 769 de 2022 no
eran aplicables al caso, por cuanto la autopista es una vía rápida en la que se puede
transitar a 60 km/h y no estaba próximo a una intersección, además, el artículo 94
no restringe el tránsito de motociclistas a esa vía.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Con base en los hechos narrados, de manera comedida y respetuosa
solicito la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
art. 29 y en consecuencia:
1. Se deje sin valor ni efectos el contenido de la sentencia de segunda
instancia del 31 de enero de 2022, notificada el 14 de febrero de 2022.
2. Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
que dicte una sentencia en la que se reconozcan las pretensiones de la
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Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
demanda y se analicen los argumentos del recurso de apelación
formulado por los demandantes.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 25 de abril de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados de la Sala Segunda de Decisión Oral
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; al Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali; a la Previsora
SA Compañía de Seguros y al titular del Juzgado Quince Administrativo Oral del
Circuito de Cali con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
Actuación de las autoridades demandadas
El apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali solicitó que se declare
improcedente la tutela por cuanto el demandante pretende reabrir el debate que se
dio en las instancias ordinarias y frente a la sentencia cuestionada no se solicitó
aclaración, corrección o adición.
Adicionalmente, el análisis efectuado comprendió todos los puntos de la
controversia, los cuales fueron desatados de manera clara y coherente, ajustándose
a la normativa, jurisprudencia aplicable y a las pruebas obrantes dentro del proceso.
La Previsora SA manifestó que no se vulneró el derecho del debido proceso del
actor, pues la sentencia fue motivada y estuvo soportada en el material probatorio.
Puso de presente que el informe de tránsito es un documento público que reseña la
ocurrencia de un accidente y la hipótesis que en él se señala es una mera causa
probable del accidente de tránsito, pero no establece un juicio de responsabilidad
absoluto.
Igualmente debe tenerse en cuenta que el agente de tránsito no es un testigo, pues
llega con posterioridad a la ocurrencia del hecho y si bien es cierto que existía un
hueco en la vía, esa no fue la causa eficiente del accidente pues la valoración
conjunta del material probatorio arrimado al proceso demostró lo contrario.
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Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
Del interrogatorio de parte del lesionado y los tres testimonios se evidenció que el
demandante iba en exceso de velocidad por el carril de alta velocidad y superó el
límite de 30 k/m permitido por ser una zona hospitalaria.
En cuanto al defecto sustantivo alegó que el tribunal fundó la decisión en normas
constitucionales sobre la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio, así
como en la jurisprudencia del Consejo de Estado y las normas del Código Nacional
de Tránsito que regulan la conducción de motocicletas
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se proteja el derecho
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Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
constitucional fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado con la
sentencia de segunda instancia que negó la reparación por las lesiones que sufrió
el señor Johnny Mauricio Quintero con ocasión de un accidente de tránsito que
sufrió en una vía del municipio de Cali.
En su informe las autoridades vinculadas consideraron que debe declararse
improcedente la acción de tutela por cuanto se pretende emplear el mecanismo
como una tercera instancia por haber sido desfavorable a los intereses de la parte
actora, en su defecto, pidieron que se niegue el amparo debido a que la valoración
probatoria fue razonable, adecuada y se aplicaron las normas correspondientes.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no satisfizo el presupuesto general de
relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse:
1) Pues bien, la parte demandante alegó como un defecto fáctico el hecho de que
la autoridad judicial accionada dio por probado que el demandante conducía en
exceso de velocidad, lo cual, según afirmó, no quedó acreditado en el expediente,
pues no podía tomarse como una confesión la declaración que hizo en el momento
en que se encontraba herido en el hospital.
2) Sobre el particular, para la Sala resulta claro que los fundamentos que soportan
la interposición del escrito de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debatidos en las instancias del proceso ordinario de
reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por
las lesiones padecidas por el señor Johnny Mauricio Quintero Bedoya con ocasión
del accidente de tránsito que sufrió en una vía pública.
3) Al respecto, la Sala observa que los argumentos del reparo expuesto concuerdan
con lo planteado en el recurso de apelación, en el cual la parte demandante expuso
lo siguiente:
“Según lo indicado por el juez la concurrencia de culpas se da por el
supuesto exceso de velocidad (80 km/h) al que iba transitando el sr.
Johnny Quintero al momento del accidente. Según se observa en la
sentencia el Juzgado sustentó este hecho en el informe del accidente de
tránsito allegado en donde el funcionario reportó que el accidentado
afirmó conducir con esa velocidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02177-00
Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
Ahora bien, en el testimonio rendido por el agente de tránsito John Jairo
Montoya este precisó que por las condiciones en que quedó la escena del
accidente en su experiencia el accidentado podía estar transitando una
velocidad promedio de entre 50 km/h y 60 km/h, situación que se
evidencia sobre todo en la huella de frenado la cual alcanzó una distancia
de 6.60 metros. Aun cuando el mismo agente de tránsito señaló en su
declaración que lo indicado respecto a este hecho es una opinión dada de
acuerdo a su experiencia, estimo que ella tiene mucho más validez que la
declaración del accidentado quien para el momento de suministrarla se
encontraba agobiado por el dolor y/o posiblemente sedado.
Así entonces considero que la culpa compartida que se le endilga al Sr.
Jhonny Quintero Bedoya no está acreditada de una manera fehaciente,
ellos pues, reitero, la “confesión” hecha unos minutos después de haber
sufrido un accidente de las características ampliamente conocidas en el
proceso no puede constituirse como prueba de la supuesta violación de
las normas de tránsito que se le atribuye al actor.”.
4) Frente a los planteamientos citados el tribunal de manera expresa en la
providencia de segunda instancia expuso de acuerdo con la valoración detallada
que hizo de las pruebas lo siguiente:
“De la declaración dada por el propio lesionado y el señor JHORMAN
STIK IRIARTE BEDOYA, se extrae que para el momento del siniestro el
primero se desplazaba a una velocidad aproximada de 55 km/h. En igual
sentido se refirió el Agente de Tránsito, quien señaló que el conductor de
la motocicleta debía ir a una velocidad de entre 50 y 60 km/h.
Es de resaltar, que si bien dentro del expediente no existe prueba pericial
que acredite la velocidad con la cual conducía el demandante en el
momento en que sufrió el accidente, es del caso señalar que, en
aplicación de la prueba indiciaria, la cual se encuentra consagrada en los
artículos 240 y 242 del Código General del Proceso, y los elementos de
juicio en referencia, es posible establecer que el señor JHONNY
MAURICIO QUINTERO BEDOYA conducía a más de 30 kilómetros por
hora.
Se tiene entonces como hecho indicadores adicionales que, luego de caer
en el hueco la víctima pierde el dominio de la motocicleta para caer en la
vía y terminar a una distancia de 6,60 metros respecto del hueco, de
conformidad con la medida tomada por la Agente de Tránsito al momento
del accidente; siendo así, se puede realizar el siguiente razonamiento que,
de acuerdo con las reglas de la experiencia, quien conduzca a menos de
30 kilómetros por hora y pierda el equilibrio de su vehículo no termina
desplazado sobre el pavimento a esa distancia, por lo que debemos
concluir que el hecho que aparece indicado es que el motociclista
conducía a una velocidad que superaba los 30 kilómetros por hora.”.
5) Ahora bien, por otro lado en la tutela se alegó como un defecto sustantivo la
aplicación errónea de los artículos 742 y 94 de la Ley 769 de 2002 en razón a que
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“ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores deben reducir la velocidad a
treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:
En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.
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la autopista es una vía rápida en la que se puede transitar a 60 km/h y el motociclista
no estaba próximo a una intersección, sumado a que el artículo 94 no restringe el
tránsito de motos por esa vía.
6) Sobre el particular, el tribunal con fundamento en las normas aplicables al caso
expuso las razones por las cuales consideró que no había lugar al reconocimiento
del referido derecho de la siguiente manera:
“Dentro de este marco debe considerarse que los artículos 94 y 74 de la
Ley 769 de 2002, disponen que los conductores de motocicletas deben
respetar los límites de velocidad, y establece que en lugares de
concentración de personas la velocidad máxima es de treinta (30)
kilómetros por hora, pues conforme al informe de tránsito, el sector donde
ocurrió el accidente es comercial y en particular, es una zona hospitalaria,
por lo tanto, se infiere que hay desplazamiento permanente de personas.
Así las cosas, se colige que toda persona que se encuentre ejecutando la
acción de conducción de un velocípedo se encuentra en la obligación de
acatar las normas generales que regulan ésta actividad para ésta clase
de automotores y deberán someterse a los límites de velocidad que la ley
les impone, con el fin de garantizar su vida e integridad física y la de los
peatones.
Adicional a lo expuesto, entiende la Sala que el actor se encontraba
transgrediendo el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, en la medida en que
transitaba por un sector prohibido para motos, pues de acuerdo con el
croquis, se movilizaba por el lado derecho pero del separador auxiliar, es
decir, no iba el lado derecho respecto de la acera u andén de la vía”.
7) Así pues, como este punto corresponde a un asunto de mera legalidad
correspondiente a la interpretación sobre la aplicación de una norma que ya fue
resuelto por el juez natural no es procedente la acción de tutela, pues las
discusiones sobre los contornos estrictamente legales sobre la correcta aplicación
de una norma son del resorte exclusivo del juez ordinario sin que le sea dado al juez
constitucional inmiscuirse en tales discusiones para proponer una mejor solución al
caso, pues ello implicaría desconocer principios como la autonomía e judicial, así
como la estructura de la Rama Judicial y las diferentes funciones que corresponden
a cada jurisdicción.
En las zonas escolares.
Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.
Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.
En proximidad a una intersección”
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Acción de tutela
8) Como lo ha señalado de manera reiterada la Corte Constitucional3, en los casos
en que “el debate se restringe a determinar cuál es la interpretación más adecuada
que puede darse a la normatividad” sin que la discusión involucre un asunto que
transcienda el ámbito de un conflicto de orden estrictamente legal la acción de tutela
carece de relevancia constitucional porque en tales eventos es claro que el interés
de los demandantes es ventilar “una cuestión de interpretación meramente legal,
que no impacta la garantía de derechos fundamentales”.
9) La inconformidad del actor se restringe a una simple desavenencia con la
interpretación del tribunal accionado referida a si los artículos 74 y 94 de la Ley 769
de 2002 son o no aplicables al asunto porque, en su criterio, la vía por la que
transitaba era una vía rápida en la que no estaba obligado a conducir bajo los límites
que prescriben dichas normas, sin embargo, no aportó pruebas que permitieran
corroborar su dicho ni explicó con suficiencia y cumpliendo la carga que le
correspondía en qué consistió la presunta equivocación del tribunal quien señaló
que sí estaba obligado a conducir con las restricciones allí impuestas por tratarse
de una carretera que se encontraba en una zona comercial y hospitalaria.
10) Es decir, lejos de tratarse de una discusión que involucre derechos
fundamentales el interés del actor es controvertir el análisis del juez natural de la
causa basado en una mera discordancia con el análisis de instancia, sin que, se
reitera, se haya explicado o siquiera justificado la trascendencia desde el punto de
vista constitucional de tal debate que se agotó en el proceso ordinario.
11) En esa medida, si bien la parte accionante pretende darle la apariencia de vicio
o defecto sustantivo y fáctico a dicha situación es evidente que los fundamentos que
soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los
planteamientos del recurso de apelación y que fueron resueltos en la segunda
instancia del proceso de reparación directa.
12) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico que era propio del proceso ordinario y al juez
3
Entre otras se sugiere ver sobre el tema: Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, Corte
Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2017, Corte
Constitucional, sentencia T-548 de 2016.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02177-00
Demandante: Johnny Mauricio Quintero Bedoya
Acción de tutela
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
13) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela en
atención a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA
1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte demandante
por incumplimiento del presupuesto de la relevancia constitucional, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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