Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02179-00
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Acción de tutela: improcedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02179-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02179-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202202179 00
Accionante: JOSÉ ANTONIO GARCÍA LOZADA
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD –
Incumplimiento / NIVELACIÓN SALARIAL – Debe solicitarse ante la entidad
correspondiente o hacer uso del medio de control respectivo.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor José Antonio García Lozada, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El señor José Antonio García Lozada instauró demanda de tutela contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Defensa Nacional, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la vida digna. El tutelante elevó las
siguientes pretensiones (trascripción literal, con posibles errores incluidos):
… le solicito señor juez que se tutelen mis derechos fundamentales derechos
a la igualdad mínimo vital, vida digna, violados por el PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA, MINISTRO DE DEFENSA y ordene
que se realice la nivelación salarial ordenada en la ley 4 de 1992 esta se
refleje en mi asignación de retiro, y esta petición la hago en razón de que me
encuentro muy enfermo y con muchas obligaciones bancarias que no puedo
cubrir no tengo posibilidades de trabajar y sacar adelante a mi familia.
1
Radicación número: 110010315000202202179 00
Accionante: José Antonio García Lozada
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
2. Hechos relevantes
El tutelante se desempeñó como Sargento Primero del Ejército Nacional y se
encuentra retirado desde noviembre de 2011; que en el 2018, se le certificó una
pérdida de la capacidad laboral del 78,14%, lo que le ha impedido conseguir
trabajo.
Dijo que, con ocasión de lo anterior, ha tomado varias tarjetas de crédito y
préstamos para pagar los estudios de su hija y su sustento y, además, ayudar a su
suegra, pero que, con ocasión de las patologías que presenta y que le impiden
trabajar, ha tenido que “sacrificar el pago de algunas obligaciones financieras”.
Agregó (trascripción literal con posibles errores incluidos):
Posterior a esta junta medica siguieron mis problemas de salud lo cual me
impiden conseguir trabajo ya que debo estar en control médico por mi
hipotiroidismo, hipoacusia bilateral, estrés postraumático, trombosis venosa
profunda y además mis dolores en la columna continúan además los
problemas de diabetes, hipertensión, hiperplasia reumatología han seguido
afectando mi vida normal motivo por el cual e seguido consultando a los
médicos especialistas. El ortopedista al ver que después de varias terapias no
mejoro mi dolor de espalda solicito un RX de columna el cual arrojo como
resultado SEVEROS CAMBIOS ESPONDILOSICOS LUMBARES
SUPERIORES E INFERIORES, motivo por el cual nuevamente el ortopedista
solicita resonancias magnéticas de columna cervical y lumbar así; resonancia
columna cervical CAMBIOS POR DISCOPATIAS CON ABOMBAMIENTO
CONCÉNTRICO DEL ANILLO FIBROSO DESDE C2-C3 A C6-C7,
HIPERTROFIA DEL LIGAMENTO AMARILLO C6-C7, LEVE REDUCCIÓN DE
LA AMPLITUD DEL CANAL CENTRAL A LA ALTURA DE C6-C7, en la
resonancia magnética de columna lumbosacra el resultado es DISCOPATIA
DEGENERATIVA DESDE L3-L4 A L5-S1, HEMANGIOMA EN L4,
OSTEOFITOS MARGINALES EN CUERPOS VERTEBRALES.
Posteriormente a estos resultados y en vista que no había citas con el
ortopedista y el dolor continúa afectándome pago una cita médica con
especialista de columna el cual al ver estos resultados ordena sacar una
gammagrafía la cual pague con mi dinero se obtuvo el siguiente resultado;
HALLAZGOS EN L4 EN RELACIÓN CON HEMANGIOMA CONOCIDO,
CAMBIOS DEGENERATIVOS EN COLUMNA TORÁCICA MEDIA Y LUMBAR,
CAMBIOS OSREOARTROSICOS INCIPIENTES EN MANO DERECHA,
RODILLAS Y PIES DE PREDOMINIO DERECHO. Al consultar nuevamente
con el ortopedista del Dispensario Médico de Bucaramanga ordeno que me
remitieran al especialista de columna para la valoración en la clínica
Chicamocha y al mismo tiempo al reumatólogo para que valore el estado de
mi salud ósea.
Por otro lado, el médico especialista en medicina interna desde hace tiempo
ha venido tratando mi diabetes que desde el año 2011 se presentaba en forma
mínima pero la cual ha venido complicándose llegar a DIABETES MELLITUS
INSULODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES, lo cual me obliga
a usar degludec + liraglutina y pastillas empagliflozina12,5mg + clorhidrato de
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Accionante: José Antonio García Lozada
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
metformina 1000mg. Igualmente se viene tratando mi hipertensión arterial con
Valsantran de 160mg cada 12 horas. Como se puede deducir que todas estas
enfermedades me impiden seguir trabajando y llevar una vida normal ya que
además estoy en tratamiento por hiperplasia con finasteride y tamsulosina y
tomo medicamentos para los triglicéridos ácido fenofibrico 135/20mg; para el
estrés postraumático tomo risperidona de 3mg dos veces al día, venlafaxina
7mg 2 veces al día, sertralina una vez al día, valcolte 50mg 2 veces al día,
trazodona dos pastillas en la noche quetiapina una tableta al día. Igualmente
hace 5 años me hicieron reemplazo total de cadera izquierda lo cual limita mi
movilidad disminuyendo mis posibilidades de conseguir trabajo…
Indicó que, como miembro del Ejército Nacional, tiene derecho a la nivelación
salarial, en aplicación de lo previsto en la Ley 4º de 1992, pero esta “…
desafortunadamente no se realizo y se nos dejo rezagados en el tiempo con este
beneficio y que al momento de pasar a la reserva no se tuvo en cuenta para la
liquidación de mi asignación de retiro y consultada la página de la Caja de retiro de
las Fuerzas Militares se verifica que ellos no hacen estos reajusten sin una orden
del ministerio de Hacienda o fallo judicial”.
Concluyó que el incumplimiento de dicha norma por parte de las entidades
accionadas “va en contra del orden constitucional y del Estado de Derecho”.
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
3.1. Mediante providencia de 25 de abril de 2022, se admitió la demanda de tutela
presentada y se ordenó notificar a las entidades accionadas, las que se
pronunciaron en los siguientes términos:
3.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL), informó que, si bien es cierto que su objeto es reconocer y pagar la
asignación de retiro a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las
Fuerzas Militares –Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional–, también lo es que
el señor García Lozada no ha solicitado el reajuste de la asignación de retiro y, en
ese sentido, el amparo reclamado es improcedente porque no se cumple el
requisito de la subsidiariedad.
Añadió que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio sino que el
accionante “se limita a indicar que se está vulnerando su mínimo vital, sin acreditar
que efectivamente no cuenta con ningún otro sustento económico, máxime cuando
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a la vista está que está percibiendo su asignación de retiro mes a mes”.
Concluyó que la nivelación de la asignación de retiro pretendida por el tutelante es
“… propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previo el
agotamiento de la vía administrativa y NO de la acción de tutela”, por lo que
solicitó que se declare la improcedencia del amparo solicitado.
3.1.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se le desvinculara
de la presente actuación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no tiene vínculo ni participación en los hechos descritos por el tutelante.
Como fundamento de lo anterior, explicó que dentro de sus funciones no se
encuentra la de reconocimiento y pago de prestaciones a miembros retirados de
las fuerzas armadas, dado que dicha función corresponde a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares – CREMIL, de conformidad con lo establecido en el Decreto
4433 de 2004.
Agregó que no es a esta entidad a la que puede atribuírsele la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del señor García Lozada, dado que no
atiende de manera individual cada caso que se presente en las circunstancias
expuestas y, además, porque es al Ministerio de Defensa al que le corresponde
disponer la nivelación de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública, en el marco de la autonomía presupuestal que le otorga la Constitución
Política y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
3.1.3. La Presidencia de la República señaló que se configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad, habida cuenta de que
no tiene competencia para pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda
de tutela y que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, adscrita al Ministerio de
Defensa Nacional, es la encargada de resolver lo solicitado por el tutelante.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela
“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 1991.
En ese sentido, se ha considerado de manera reiterada que existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la acción de tutela.
Respecto del requisito de la subsidiariedad, la Corte Constitucional ha sostenido:
… tal y como lo ha puesto de manifiesto esta Corporación, la tutela no es el
mecanismo de defensa principal en los casos en que se invoca la protección
del derecho a la seguridad social, incluso cuando las pretensiones giran en
torno al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. En estos casos el
interesado debe acudir a los medios ordinarios previstos para el efecto, habida
cuenta de que una controversia de esta estirpe debe ser dirimida, prima
facie y según sea el caso, ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo1.
70. En todo caso, la jurisprudencia constitucional también ha sido reiterativa
en afirmar que en el examen de procedencia de la acción de tutela en materia
pensional el juez constitucional está llamado a analizar las circunstancias
específicas en las que se encuentra el accionante, de suerte que sea posible
determinar la eficacia de los medios ordinarios de defensa judicial. Así, la
Corporación ha decantado cuatro factores o presupuestos que deben
analizarse en el caso concreto2, a saber:
71. (1) Que se trate de sujetos que por su situación de vulnerabilidad
demanden una especial protección constitucional (en este punto deberá
examinarse, por ejemplo, la edad, las condiciones de salud y la pertenencia
étnica de quien acude al mecanismo de protección constitucional).
72. (2) Que la falta del reconocimiento y pago de la prestación afecte los
derechos fundamentales del actor, en particular, el mínimo vital (a este
respecto, el juez de tutela está llamado a observar la situación económica del
accionante).
1
Original de la cita: “Consultar, entre otras, las sentencias T-121 de 2014, T-507 de 2019 y T-075
de 2020”.
2
Original de la cita: “Para efectos de precisar estos factores o presupuestos de análisis, se ha
tenido en cuenta lo dispuesto en las sentencias T-063 de 2013, T-315 de 2017, T-370 de 2018 y
T-075 de 2020”.
5
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Accionante: José Antonio García Lozada
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
73. (3) Que se haya desplegado cierta actividad administrativa y/o
judicial tendiente a obtener la prestación objeto de discusión.
74. (4) Que se acrediten, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el
medio judicial es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos
fundamentales presuntamente afectados3 (se destaca).
Pues bien, se tiene que el señor José Antonio García Lozada pretende que se le
ordene a las entidades accionadas que “se realice la nivelación salarial ordenada
en la ley 4 de 1992 esta se refleje en mi asignación de retiro”, pero, según lo
certificó la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL4–, esa petición no se
ha tramitado ante dicha entidad, que tiene dentro de sus funciones la de
“reconocer y pagar oportunamente las asignaciones de retiro, pensiones y demás
prestaciones que la ley señale, a quienes adquieran este derecho”5.
En ese sentido, la Subsección estima que no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión del señor García Lozada,
porque no se han adelantado las actuaciones administrativas necesarias para
obtener el reconocimiento prestacional al que considera tiene derecho.
Aunado a lo anterior, debe advertirse que, en caso de que CREMIL decida negar
la nivelación salarial solicitada por el ahora tutelante, este cuenta con la posibilidad
de acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 1386 del CPACA, para cuestionar la decisión adoptada
en vía administrativa.
3
T-035 de 23 de febrero de 2021, M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
4
En la certificación expedida el 29 de abril de 2022 por la Coordinadora del Grupo Centro integral
de Servicio al Usuario de CREMIL, se lee:
“Que Revisado el Sistema de Administración Documental SADE-NET módulo CRC y el
sistema BIZAGI, se pudo establecer que NO se encuentra registro de derecho de petición
presentado por el señor JOSÉ ANTONIO GARCÍA LOZADA, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 91.268.942, donde solicite el Reajuste de su Asignación de Retiro , ni
remisión por competencia de otras entidades”.
5
https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=26.
6
“Artículo 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
“Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel”.
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En ese contexto, es evidente que el amparo solicitado por el señor García Lozada
es improcedente, toda vez que cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos
para obtener el fin perseguido por vía de tutela. Frente a un caso similar, esta
Corporación sostuvo:
Del contenido de la Ley 142 de 1994, citada por el accionante, y la
jurisprudencia constitucional que la ha desarrollado los artículos 152 y 154 de
dicha normativa disponen los mecanismos de defensa de derechos frente a
las decisiones de facturación y suspensión del servicio, entre las cuales se
encuentran las peticiones y recursos que ante la empresa prestadora del
servicio se pueden presentar y, como instancia superior, el recurso de
apelación que será́ de conocimiento de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
Como fue señalado recientemente por esta Sala en un caso de connotaciones
fácticas idénticas7, una vez agotado el anterior procedimiento, y en caso de
resultarle desfavorable, el usuario cuenta con la posibilidad de acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, para cuestionar la legalidad de los
actos administrativos que culminen la actuación. En este escenario, el
interesado podrá solicitar la adopción medidas cautelares de conformidad con
los presupuestos, requisitos y términos establecidos en el capítulo XI del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En la solicitud el accionante afirmó que, frente a la suspensión del servicio de
energía en su domicilio, había presentado la correspondiente reclamación
ante la empresa, obteniendo una respuesta negativa, por lo que interpuso el
recurso de reposición y en subsidio de apelación, e indicó que en la actualidad
este ultimo se encuentra en trámite.
En este sentido, para la Sala es claro que en el caso se encuentra en curso el
procedimiento administrativo idóneo con miras a decidir las inconformidades
del actor respecto del cumplimiento por ruptura de solidaridad y suspensión
del servicio de energía eléctrica que narró en la solicitud de amparo, por lo
que aun no se ha agotado la vía administrativa y, como se anotó, en caso de
decisión desfavorable el accionante aún cuenta con la oportunidad de
promover el medio de control contra los actos administrativos
correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De allí que la acción de tutela incoada por el señor (…) es improcedente, en
tanto en la actualidad existen otros mecanismos de defensa idóneos para que
sus inconformidades con la prestación del servicio eléctrico domiciliario sean
resueltas, aunado al hecho de que el accionante no indicó las razones por las
que considera que estos mecanismos no son idóneos y eficaces para la
protección de sus derechos presuntamente vulnerados8.
Finalmente, la Subsección advierte que no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio; menos aun si se tiene en cuenta que, como lo refiere el mismo señor
7
Original de la cita: “Rad. 11001-03-15-000-2020-00452-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello”.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 25 de
febrero de 2021, radicado: 20001-23-33-000-2020-00447-01.
7
Radicación número: 110010315000202202179 00
Accionante: José Antonio García Lozada
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
García Lozada en la demanda de tutela, percibe una asignación de retiro y se le
prestan servicios médicos requeridos por cuenta de la Dirección de Sanidad
Militar.
Por lo expuesto, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado
por el señor José Antonio García Lozada, porque no se cumple el requisito de
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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