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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02188-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02188-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada del 1 de junio de 2002, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Hugo Armando Granja Arce contra el Tribunal Administrativo de Nariño. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 8 Entre otras, ver,sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente con radicado número : 11001-03-15-000- 2022-04017-00, M.P Milton Chaves Carcía, Sección Cuarta del Consejo de Estado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01 Demandante: Hugo Armando Granja Arce

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02188-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01
Demandante: Hugo Armando Granja Arce

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01
Demandante: HUGO ARMANDO GRANJA ARCE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra condena en costas.
Defecto por desconocimiento del precedente judicial. Revoca
y niega.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 1 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por Hugo
Armando Granja Arce, por las razones expuestas en esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Hugo Armando Granja Arce interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. - Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso al Señor HUGO ARMANDO
GRANJA ARCE, de conformidad con las consideraciones establecidas en la presente acción de tutela.

SEGUNDA. - Que, en consecuencia, se deje sin efectos el Artículo 2o de la parte resolutiva de la
sentencia de segunda instancia proferida en cumplimiento de tutela No. D003-32-2022 del 24 de marzo
de 2022, dentro del proceso de acción de cumplimiento, Rad. No. 52001-33-33-003-2021-00090-01
(10280)”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 18 de mayo de 2021 el señor Hugo Armando Granja Arce interpuso acción de
cumplimiento contra el municipio de Los Andes, Nariño, a fin de que se ordenara el
cumplimiento del artículo 5 del Decreto 1678 de 1958, modificado por el Decreto
2759 de 1997, por haber instalado un letrero en el parque principal del que se leía:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01
Demandante: Hugo Armando Granja Arce

“¡Sembrando progreso para todos! Yonny Delgado Alcalde de Los Andes 2020-2023. Vive el
Cambio”.

El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, en sentencia del 11 de junio de 2021,
declaró improcedente la acción de cumplimiento por considerar que no cumplía con
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, por lo que interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 27 de julio de
2021, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró que el municipio
de Los Andes incumplió el artículo 5 del Decreto 1678 de 1958, modificado por el
Decreto 2759 de 1997, por instalar el referido letrero en el parque principal.

El municipio de Los Andes ejerció acción de tutela contra la sentencia del 27 de
julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar que
le fue vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, acción de la que
conoció la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado1, que, en
sentencia del 11 de octubre de 2021, negó el amparo solicitado, sin embargo, en
sede de impugnación, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del
17 de febrero de 2022, revocó a decisión y dejó sin efectos la sentencia del 27 de
julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en su lugar, ordenó
a esta ultimo corporación que dictara sentencia de reemplazo.

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, en sentencia del
24 de marzo de 2022, dio cumplimiento al fallo de tutela, en el sentido de confirmar
la sentencia del 11 de junio de 2021, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Pasto y dispuso condenar en costas al demandante, en favor de
la parte demandada.

3. Argumentos de la acción de tutela

Afirmó la parte actora que la acción de tutela de la referencia cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular, el de relevancia constitucional,
para lo cual indicó que se solicita la protección del derecho fundamental al debido
proceso.

A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en el defecto
por desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, en relación
con la condena en costas en el marco de los procesos judiciales de acción de
cumplimiento, para lo cual expuso los siguientes argumentos.

Se refirió a las sentencias del: (i) 28 de julio de 2014, radicado número 05001-23-
33-000-2014-00286-01(ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia, Sección Quinta del
Consejo de Estado, según la cual, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del
Código General del Proceso “solo habrá́ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación” y, (ii) del 20 de noviembre de 2003,
radicado número: 25000-23-15-000-2003-1957-01(ACU), M.P Darío Quiñones
Pinilla, Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme con la cual, la acción de
cumplimiento es pública y, en ese sentido, también podría pensarse que no procede
la condena en costas a la parte vencida en el proceso porque el Código
Contencioso Administrativo las niega en las acciones públicas.

1 Radicado número: 11001-03-15-000-2021-05824-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01
Demandante: Hugo Armando Granja Arce

Agregó que, si bien, el artículo 21 de la Ley 393 de 1997 señala que “concluida la
etapa probatoria, si la hubiere, el Juez dictará fallo, el cual deberá contener: (...) 7. Si hubiere lugar,
la condena en costas”, esa norma no puede ser analizada de manera aislada, sino que
también debe ser interpretada en concordancia con el Código General del Proceso
y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Consejo de Estado.

En este sentido, dijo que el numeral 8 del artículo 364 del Código General del
Proceso plantea que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación” y que, en el presente caso, no reposa en el
expediente algún tipo de prueba en la que se establezca y demuestre que se
causaron gastos dentro del proceso judicial.

Considera que a pesar de que el numeral 7 del artículo 21 de la Ley 393 de 1997
autoriza la condena en costas en la acción de cumplimiento esa decisión es
excepcional porque está limitada al hecho de que “hubiere lugar” a ella, por lo que,
a su juicio, esa expresión debe ser entendida de manera estricta, de acuerdo con
los principios de eficacia e informalidad de la acción de cumplimiento y con su
naturaleza de acción pública.

Igualmente, adujo que, de conformidad con el precedente jurisprudencial citado,
para la procedencia de la condena en costas en la acción de cumplimiento debe
demostrarse: 1. Que, probatoriamente las partes, demandante o demandada,
hubieran demostrado que con ocasión del proceso judicial se causaron gastos y,
2. Que, para el caso particular de la parte demandante, esta última hubiera actuado
de mala fe, o hubiera abusado del ejercicio de sus derechos procesales u obró con
temeridad en las pretensiones de la demanda, que, en el caso concreto, no reposó
en el expediente alguna prueba que demostrara la causación de gastos dentro del
proceso, ni que actuó con mala fe o temeridad.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión fue más
allá de lo en la sentencia de tutela que ordenó emitir nueva decisión y, además de
confirmar la improcedencia de la acción de cumplimiento en el caso objeto de
estudio, condenó en costas al suscrito accionante, dentro del artículo 2 de la parte
resolutiva.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en auto del 21 de abril de
2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal
Administrativo de Nariño y vinculó al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto y al
municipio de Los Andes, Nariño, como terceros con interés en el proceso.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto allegó el expediente del proceso
solicitado y explicó que en la sentencia del 11 de junio de 2021, además de haber
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

declarado improcedente la acción de cumplimiento, se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida porque no se demostró la mala fe ni la temeridad, no
obstante, el Tribunal demandado sí lo hizo, tanto en la sentencia de segunda
instancia como en la de reemplazo, ante lo cual, el juzgado procedió a dictar auto
de obedecimiento del 27 de abril de 2022.

Indicó que sus actuaciones se surtieron con observancia de la ley procesal y
cumplimiento de los postulados que orientan la función judicial y, en consecuencia,
solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela.

El municipio de Los Andes, Nariño afirmó que el artículo 21 de la Ley 393 de
1997, que regula la acción de cumplimiento, en el numeral 7 refiere que este debe
contener, “(...) si hubiere lugar, la condena en costas”, que, en ese sentido, desde el punto
de vista normativo, no se puede predicar la violación al debido proceso, porque el
Tribunal acogió en su decisión este criterio.

Sostuvo que lo que ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, que
incluso se observa en las citas traídas por parte del accionante, es que para que
proceda la condena en costas debe encontrarse demostrada su causación y, no,
que no sea procedente condenar en costas, porque la jurisprudencia no puede ir
en contravía de las normas que aplica, a menos que se inapliquen por considerarlas
inconstitucionales.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar
el amparo, porque dentro del marco de interpretación razonable del Tribunal, de
conformidad con las previsiones de la Ley 393 de 1997, consideró causadas las
costas y agencias en derecho y ello no se avizora contrario a las piezas procesales,
si se observa que el municipio de Los Andes se encontró representada en primera
y segunda instancia por apoderado judicial y el resultado de su gestión fue útil.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 1 de
junio de 2022, declaró improcedente el amparo solicitado porque la acción de tutela
no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, en la medida en
que la controversia planteada no comporta vulneración a algún derecho
fundamental y, por ende, escapa del ámbito de protección del juez de tutela.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual indicó que el
fallo de tutela de primera instancia vulnera el precedente jurisprudencial que la
Corte Constitucional, en donde ha amparado la violación del debido proceso que
se podría generar el reconocimiento de costas procesales dentro de un
determinado proceso judicial, al efecto, citó las sentencias T-420 de 2009, en la que
la Corte Constitucional analizó un caso en el cual la accionante interpuso acción de
tutela en contra de una sentencia judicial, por incurrir en vía de hecho, al condenarla
en costas en un proceso en el que se solicitaba el incremento de una cuota
alimentaria y la sentencia T-616 de 2016 en que la Corte Constitucional concluyó
frente al requisito de la relevancia constitucional, que el mismo sí cumplía, por
cuanto la discusión se circunscribe a la posible vulneración de derechos
fundamentales al debido proceso por una decisión proferida por un juzgado.
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

Agregó que el hecho de que el asunto tenga contenido patrimonial, ello no implica
que no se haya violado derechos fundamentales, como es el caso de la condena
en costas por parte del Tribunal Administrativo de Nariño en una acción de
cumplimiento, cuando el Consejo de Estado y su reiterada jurisprudencia han sido
enfáticos en el hecho de que no debe condenarse en costas en este tipo de
procesos judiciales, por ser de naturaleza pública.

9. Sorteo de conjuez

Comoquiera que, la ponencia presentada a la Sala en sesión del 29 de septiembre
de 2022 no obtuvo la votación suficiente para ser aprobada, en auto del 30 de
septiembre de 2022, se ordenó que, por Secretaría General, se procediera a sortear
un conjuez para que integre el cuórum y participe en la decisión de la presente
acción de tutela, sorteo que se llevó a cabo el 4 de octubre de 2022 y en el que
resultó elegido el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, cuya designación fue
comunicada el 11 de octubre de 2022.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
2
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora solicita que sea revocada la decisión
de tutela de primera instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado por
falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar procede confirmar o no la decisión
de tutela impugnada.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Hugo Armando Granja Arce
cuestiona la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, en cuanto dispuso condenarlo
en costas en el marco de la acción de cumplimiento que ejerció contra el municipio
de Los Andes y en la que resultó vencido.

En el trámite de tutela de primera instancia el a quo declaró improcedente el amparo
solicitado por considerar que el asunto no tiene relevancia constitucional. En el
escrito de impugnación, el accionante cuestionó lo relacionado con dicha
conclusión, para lo cual, se refirió a las sentencias T-420 de 2009 y T-616 de 2016
de la Corte Constitucional.

Al respecto, la Sala anota que, pese a que las sentencias que citó no guardan
identidad con el caso objeto de estudio5, lo cierto es que en el presente asunto el
actor invocó vulnerado el derecho fundamental al debido proceso e indicó con
claridad el defecto que, a su juicio, se configuró con la decisión cuestionada.

En consecuencia, corresponde dar por superado el requisito general de relevancia
constitucional, pues, a pesar de que la controversia plantea un asunto de carácter
patrimonial y económico, se reitera que el demandante señala que con la
providencia impugnada se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
Por tanto, la Sala pasará a estudiar los argumentos en que sustentó el defecto
invocado.

3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
En la sentencia T-420 de 2009, la Corte Constitucional se pronunció frente a la falta de cumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez en ese caso en particular. Por su parte, la sentencia T-616 de 2016 la Corte Constitucional, se
refirió al amparo de pobreza como institución procesal para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

Del desconocimiento del precedente judicial 6 en el caso concreto

De acuerdo con lo anterior, la Sala procede con el estudio del defecto por
desconocimiento del precedente judicial invocado, previo a hacer referencia al
análisis frente a la imposición de las costas que llevo a cabo el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, así:

“5.6. Costas

De conformidad con el art. 21 de la Ley 393 de 1997, se tiene lo siguiente:

“Artículo 21. Contenido del fallo. Concluida la etapa probatoria, si la hubiere, el Juez dictará fallo,
el que deberá contener:

1. La identificación del solicitante.
2. La determinación de la obligación incumplida.
3. La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento.
4. La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido.
5. Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el fallo. En caso de que fuese
necesario un término mayor, el Juez lo definirá previa sustentación en la parte motiva de la
sentencia.
6. Orden a la autoridad de control pertinente de adelantar la investigación del caso para efectos
de responsabilidades penales o disciplinarias, cuando la conducta del incumplido así lo exija.
7. Si hubiere lugar, la condena en costas” (negrita original).

La Corporación considera que la frase mencionada no puede ser interpretada en el sentido
de establecer al momento de la sentencia, si hay lugar a condenar en costas en punto de su
comprobación, puesto que, ha sido criterio del Tribunal que ese aspecto es cuestión de otro
momento procesal y ha de establecerse en auto posterior conforme al art. 366 del C.G.P.; de
tal forma que, en esta oportunidad, debe entender que “hay lugar” a la condena en costas,
cuando se es parte vencida en el proceso conforme a un criterio objetivo.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la decisión de no condenar en costas en primera instancia
no fue motivo de apelación y que el demandante figura como apelante único, se impondrán
costas en segunda instancia en contra del demandante y a favor del municipio de Los Andes,
Nariño”. (Se destaca)

Como se anticipó, la parte actora invoca desconocidas las sentencias del: (i) 28 de
julio de 2014, radicado número 05001-23-33-000-2014-00286-01(ACU), M.P.
Susana Buitrago Valencia, Sección Quinta del Consejo de Estado, según la cual,
de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso “solo
habrá́ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación” y, (ii) del 20 de noviembre de 2003, radicado número: 25000-23-15-
000-2003-1957-01(ACU), M.P Darío Quiñones Pinilla, Sección Quinta del Consejo
de Estado, conforme con la cual, la acción de cumplimiento es pública y, en ese
sentido, también podría pensarse que no procede la condena en costas a la parte

6 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el

pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal,
que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las
decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto
el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los
mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de
vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Sim plemente se busca armonizar y
salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por
esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del p recedente fijado por el
superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad .
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

vencida en el proceso porque el Código Contencioso Administrativo las niega en
las acciones públicas.

La Sala advierte que no se encuentran desconocidos dichos precedentes judiciales,
como se pasa a explicar.

En relación con la sentencia del 28 de julio de 2014, proferida dentro de la acción
de cumplimiento con radicado número 05001-23-33-000-2014-00286-01, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, se observa que no tiene identidad de
presupuestos fácticos con el caso objeto de estudio, en la medida en que, en esa
oportunidad, se estudió lo relacionado con la petición de declarar la terminación
anticipada del proceso de cumplimiento y si en ese contexto resultaban causadas
las costas procesales. De manera que, ese pronunciamiento no resulta aplicable al
caso objeto de estudio.

Y respecto a la sentencia del 20 de noviembre de 2003, proferida dentro del
radicado número: 25000-23-15-000-2003-1957-01(ACU), la Sala advierte que,
aunque dicho precedente judicial fue proferido en vigencia del Decreto 01 de 1984,
algunas de sus consideraciones resultan pertinentes para evidenciar que no se trata
del desconocimiento del precedente judicial, como pasa a explicarse:

“(…)

La Ley 393 de 1997 no hace especial referencia al tema sub iúdice, pues solamente indica
que el fallo que se profiera en el proceso de acción de cumplimiento deberá contener, entre
otros puntos, la condena en costas “si hubiere lugar”. Ello muestra dos aspectos. El
primero, que la condena en costas no es ajena ni está prohibida en esta acción
constitucional, pues el legislador la autorizó en aquellos casos en los que las
circunstancias la ameriten. El segundo, que no en todas las sentencias proferidas en
ejercicio de la acción de cumplimiento procede esta condena, comoquiera que está
limitada a la ocurrencia fáctica y jurídica de aquellas.

No obstante, lo anterior, el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 remite al Código Contencioso
Administrativo [actualmente, entiéndase Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo] en los aspectos no contemplados en esa ley en lo que sean
compatibles con la naturaleza de las acciones de cumplimiento. Por ello, podría sostenerse
que es aplicable el artículo 171 de esa normativa que a su tenor literal dispone:

“En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo
en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la
vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil”. 7

Ahora, es evidente que la acción de cumplimiento es pública porque, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 4º de la Ley 393 de 1997, “cualquier persona podrá
ejercer la acción de cumplimiento frente a normas con fuerza material de ley o actos
administrativos”. Entonces, también podría pensarse que en la acción objeto de estudio
no procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso porque el Código
Contencioso Administrativo la niega en las acciones públicas.

Sin embargo, a pesar de que la remisión al artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo [artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo] es válida, lo cierto es que la ley especial que regula la

7
En el CPACA, el artículo 188, sobre el particular dispone: “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil [entiéndase Código General del Proceso] .
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01
Demandante: Hugo Armando Granja Arce

acción de cumplimiento autoriza esta figura procesal en las acciones de
cumplimiento, pero cuando “hubiere lugar”. No obstante, lo anterior no significa que para
condenar a la parte vencida al pago de costas basta que se hubiere accedido a las
pretensiones de la demanda de cumplimiento o que se hubiere conseguido el cumplimiento
reclamado del acto administrativo o la norma con fuerza material de ley, puesto que el
artículo 30 de la Ley 393 de 1997 es claro en señalar que la condena en costas a la
parte vencida solamente se reconocerá cuando “hubiere lugar”, esto es, en casos
realmente excepcionales.

De hecho, el carácter excepcional de este pago en las acciones de cumplimiento no
sólo deriva de la interpretación literal del artículo 30 de la Ley 393 de 1997 sino de la
hermenéutica teleológica de la misma, comoquiera que dicha autorización no puede
ser entendida de tal manera que le reste eficacia a su naturaleza de acción pública
(artículo 2º de la Ley 393 de 1997). Evidentemente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, la condena en costas no sólo podría
imponerse al demandado sino también al demandante vencido en el proceso, lo cual podría
impedir el ejercicio informal y público de esta acción. Por ejemplo, el numeral 3º de esa
norma procesal civil señala que procede “en la sentencia de segundo grado que confirme
en todas sus partes la del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda
instancia”. Ello muestra que la condena en costas en esta acción pública podría limitar su
eficacia y, al mismo tiempo, impondría una carga desproporcionada a las partes que no
requieren ser abogados para defender sus intereses en el proceso.

Así las cosas, se considera que a pesar de que el artículo 21, numeral 7º, de la Ley 393
de 1997 autoriza la condena en costas en la acción de cumplimiento esa decisión es
excepcional porque está limitada al hecho de que “hubiere lugar” a ella. Entonces, esa
expresión debe ser entendida de manera estricta, de acuerdo con los principios de eficacia
e informalidad de la acción de cumplimiento y con su naturaleza de acción pública.

Por lo expuesto en precedencia, se concluye que para que proceda la condena en costas a
la parte vencida en las acciones de cumplimiento es necesario no sólo que se demuestre
que con ocasión del proceso se causaron gastos, tal y como lo señala el artículo 393 del
Código de Procedimiento Civil , sino lo siguiente: si se trata de condenar al demandante
porque fue vencido en el proceso debe demostrarse que actuó de mala fe, o abusó
del ejercicio de los derechos procesales, u obró con temeridad en sus pretensiones.
Pero, si se trata de condenar al demandado, como parte vencida en el proceso,
además de la prueba de los gastos, deberá demostrarse su mala fe, su arbitrariedad
o la obstinada renuencia al cumplimiento de la norma o del acto administrativo que
es objeto del proceso. En otras palabras, en este último caso, procede la condena en
costas en contra del demandado vencido en el proceso cuando su omisión obligó al
demandante a interponer la acción de cumplimiento y era evidente que su negativa a cumplir
con el deber jurídico impuesto se producía por una decisión arbitraria u obstinada de éste.

(…)”. (Se destaca)

Del anterior precedente es posible advertir que, si bien en esa oportunidad la
Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que «podría pensarse que en la acción
objeto de estudio no procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso porque
el Código Contencioso Administrativo la niega en las acciones públicas», seguidamente
señaló: «lo cierto es que la ley especial que regula la acción de cumplimiento autoriza esta figura
procesal en las acciones de cumplimiento, pero cuando “hubiere lugar”. No obstante, lo anterior no
significa que para condenar a la parte vencida al pago de costas basta que se hubiere accedido a las
pretensiones de la demanda de cumplimiento o que se hubiere conseguido el cumplimiento reclamado del acto
administrativo o la norma con fuerza material de ley, puesto que el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 es claro
en señalar que la condena en costas a la parte vencida solamente se reconocerá cuando “hubiere
lugar”, esto es, en casos realmente excepcionales ».

En ese sentido, la sentencia que la parte actora cita como precedente judicial
desconocido prevé que es posible condenar en costas en las acciones de
cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar. De ahí que no se trata del

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02188-01
Demandante: Hugo Armando Granja Arce

desconocimiento de una postura jurisprudencial.

En coherencia con lo anterior, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo
de Estado, ha mantenido una tesis reiterada y pacífica en los últimos años,
conforme con la cual en las acciones de cumplimiento es viable condenar en costas,
como se pasa a evidenciar:

(i) Sentencia del 30 de enero de 2020, proferida en el expediente número:
66001-23-33-000-2019-00632-01(ACU), según la cual: “(…) Advierte la Sala
que la Ley 393 de 1997 señaló en el artículo 21 que el fallo deberá contener la condena
en costas en caso de que hubiere lugar. Corolario, el artículo 30 dispuso que en los
aspectos no contemplados en esta norma se seguirá el Código Contencioso
Administrativo, hoy Ley 1437 de 2011, en lo que sea compatible con la naturaleza de
las acciones de cumplimiento. Sin embargo, el procedimiento relativo a las costas no
fue establecido en la citada norma. Ahora bien, el artículo 306 del CPACA estableció
que, en los aspectos no regulados por esta norma, se seguirían las disposiciones del
Código General del Proceso, cuyo artículo 365 en dicha materia estipuló lo siguiente:
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación. […]”. Advierte la Sala que las costas
solicitadas por el apoderado de la actora no aparecen causadas ni probadas, por lo que
no hay lugar a la imposición de la condena. (…)”.

(ii) Sentencia del 6 de febrero de 2020, proferida en el expediente número:
66001-23-33-000-2019-00640-01(ACU), que indica: “(…) Advierte la Sala
que no le asiste razón, por cuanto el a quo expresamente señaló que en el expediente
no existen elementos de prueba que demuestren y justifiquen las erogaciones por
concepto de costas, como tampoco evidenció conducta que amerite la condena. (…)”.

(iii) Sentencia del 6 de febrero de 2020, proferida en el expediente número:
66001-23-33-000-2019-00644-01(ACU), la cual afirma: “(…) Advierte la Sala
que no le asiste razón, por cuanto el a quo expresamente señaló que en el expediente
no existen elementos de prueba que demuestren y justifiquen las erogaciones por
concepto de costas, como tampoco evidenció conducta que amerite la condena. (…)”.

(iv) Sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida en el expediente número:
52001-23-33-000-2019-00429-01(ACU), conforme la que: “(…) Observa la
Sala que, al regular la acción de cumplimiento, la Ley 393 de 1997 señaló en el artículo
21 que el fallo deberá contener la condena en costas en caso de que hubiere lugar.
Luego, en el artículo 30 dispuso que en los aspectos no contemplados en esta norma
se seguirá el Código Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que sea compatible con la
naturaleza de las acciones de cumplimiento. En el artículo 306, el CPACA remitió, a su
vez, a las disposiciones del Código General del Proceso, cuyo artículo 365 en dicha
materia estipuló, entre otras cosas, lo siguiente: “Artículo 365. Condena en costas. En
los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. (…)”.

(v) Sentencia del 18 de agosto de 2022, proferida dentro del expediente con
radicado número: 25000234100020220024301, que prevé: “(…) 85. Reitera
la sala, que como ya lo ha manifestado, las costas deben estar probadas dentro del
proceso para poder ser decretadas, lo que no ocurre en este caso, razón por la cual
no hay lugar a su fijación. (…)”.

(vi) En el mismo sentido, se pueden consultar las sentencias del: 23 de enero
de 2020, radicado número: 66001-23-33-000-2019-00598-01; del 23 de

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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

enero de 2020, radicado número: 66001-23-33-000-2019-00650-01; del
18 de diciembre de 2019, radicado número: 66001-23-33-000-2019-
00603-01; del 12 de diciembre de 2019, radicado número: 66001-23-33-
000-2019-00662-01.

Así las cosas, en el presente caso no se encuentra configurado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial invocado.

Frente a los demás argumentos en que la parte actora sustentó la vulneración
invocada, la Sala advierte que tampoco tienen vocación de prosperidad, por las
razones que se pasan a explicar.

Respecto al planteamiento según el cual no es posible condenar en costas por
tratarse de una acción de cumplimiento, que es de carácter público, se advierte que
no está llamado a prosperar. Lo anterior, porque, justamente, el numeral 7 del
artículo 21 de la Ley 393 de 1997, que regula de manera especial la acción de
cumplimiento, prevé que “concluida la etapa probatoria, si la hubiere, el Juez dictará fallo, el
cual deberá contener: (...) 7. Si hubiere lugar, la condena en costas”. Así, la norma especial en
acción de cumplimiento contempla la posibilidad de condenar en costas, si a ello
hay lugar, de no ser así, tal disposición no permanecería vigente en el
ordenamiento jurídico.

En coherencia con lo anterior, el artículo 30 de la Ley 393 de 1997, prevé que «en
los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el Código Contencioso Administrativo
[entiéndase Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo]
en lo que sea compatible con la naturaleza de las acciones de cumplimiento».

Precisamente, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, se refiere a un aspecto no
contemplado en la ley especial de acción de cumplimiento al prever que la
“liquidación y ejecución [de las costas] se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

De ahí que, el Tribunal Administrativo de Nariño, de manera razonada, se
pronunciara sobre la condena en costas, pues, la acción de cumplimiento que se
cuestiona por esta vía se inició en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y del Código
General del Proceso. Por lo tanto, fue en ese contexto normativo que el tribunal
demandado impuso la condena en costas.

Ahora, respecto al argumento del actor que va dirigido a señalar que no se probó
que actuó con temeridad y en esa medida no debió ser condenado en costas, tal
es un argumento que tampoco resulta acertado, porque no se puede pasar por alto
que la acción de cumplimiento que se cuestiona por esta vía fue proferida en
vigencia de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y, en ese sentido, el artículo 188 del
CPACA prevé la posibilidad de condenar en costas sin condicionamiento adicional,
contrario a lo que ocurría en al artículo 171 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, que
establecía que el juez «teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes» podría
condenar en costas.

De hecho, así lo ha señalado esta Sala, en el sentido de indicar que el CPACA y el
CGP no contienen como exigencia para que el juez determine la condena en costas
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

el actuar temerario de las partes 8 y, dado que fue en este contexto normativo que
se profirió la decisión objeto de cuestionamiento, el argumento de la parte actora
no está llamado a prosperar.

Finalmente, en relación con el argumento que no se probaron las costas, la Sala
anota que será en la etapa de liquidación de las costas, que establece el artículo
366 del CGP, que el juzgado proveerá sobre el particular y en la medida de su
comprobación, tal como lo dispuso el Tribunal demandado, al indicar que no es la
sentencia la oportunidad para establecer “si hay lugar a condenar en costas en punto de su
comprobación, puesto que, ha sido criterio del Tribunal que ese aspecto es cuestión de otro
momento procesal y ha de establecerse en auto posterior conforme al art. 366 del C.G.P.; (…)”.

En suma, en el presente caso, no se encontró acreditado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que la sentencia del 28
de julio de 2014 de la Sección Quinta del Consejo de Estado no tiene identidad de
presupuestos fácticos con el presente asunto, pues se refiere a la terminación
anticipada en un proceso de cumplimiento. Y la sentencia del 20 de noviembre de
2003 de la misma Sección, no es una postura que impida la condena en costas en
tratándose de acciones de cumplimiento y los restantes argumentos de
inconformidad, relacionados con la condena en costas impuesta en el fallo
cuestionado, no tuvieron vocación de prosperidad.

Por lo anterior, no se advierte que la autoridad judicial demandada haya adoptado
una decisión arbitraria, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo
aquí se reclama y, en ese orden, no se encuentra vulnerado el derecho fundamental
al debido proceso que invoca desconocido la parte actora.

Siendo así, se impone revocar la sentencia impugnada del 1 de junio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar,
negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Hugo Armando
Granja Arce contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada del 1 de junio de 2002, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar,

2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Hugo Armando
Granja Arce contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

8 Entre otras, ver,sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente con radicado número : 11001-03-15-000-

2022-04017-00, M.P Milton Chaves Carcía, Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Hugo Armando Granja Arce

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Salvo voto

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo voto

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Conjuez

13
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