Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02194-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02194-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02194-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 27 de julio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02194-01
Demandante: Wilfredo Andrés Avendaño Rozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/ Mora
judicial.
Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales
de cara a la presunta configuración de mora judicial en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que cursa en el Tribunal Administrativo de Arauca.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por el demandante contra la Sentencia de 12 de
mayo de 2022, por medio de la cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado “rechazó por improcedente” el amparo
solicitado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 18 de abril de 2022, Wilfredo Andrés Avendaño Rozo, en nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Arauca, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, dada la presunta mora injustificada
en el trámite de un recurso de apelación, en el marco del proceso de
nulidad y establecimiento del derecho con radicado No. 81001-33-31-001-
2009-00087-02.
2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02194-01
Demandante: Wilfredo Andrés Avendaño Rozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-ampara
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“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales invocados en la presente
acción y en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48 horas,
no se continue con la violación de los derechos fundamentales, y se tomen las
medidas necesarias para tal cometido y resarcimiento.
SEGUNDO: Compulsar copias a la autoridad disciplinaria judicial para que
investigue las negligencias del caso.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 26 de enero de 2016, ingresó al Tribunal Administrativo de
Arauca el proceso de nulidad y establecimiento del derecho No. 81001-33-
31-001-2009-00087-02, para que se surtiera el recurso de apelación
interpuesto por el demandante en contra de la sentencia de primera
instancia.
5. 2) A la fecha, pese a los múltiples impulsos procesales interpuestos, el
Tribunal Administrativo de Arauca no se ha pronunciado al respecto.
6. Como fundamento de la vulneración, el señor Avendaño Rozo
señaló que el Tribunal demandado, al no resolver el recurso de apelación
interpuesto por él hace más de 6 años, incurrió en una grave omisión que
conllevó a la trasgresión de su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia contenido en el artículo 229 de la Constitución
Política.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
7. Mediante Sentencia de 12 de mayo de 2022, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado “rechazó por improcedente” el
amparo, tras considerar que se configuró la causal de improcedencia
contenida en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, ya que
no se agotaron todas las medidas establecidas por el ordenamiento
jurídico para evitar la mora injustificada.
8. En concordancia con lo anterior, adujo que (se trascribe) “conviene
precisar que para los casos en que las partes consideren que las
corporaciones judiciales o jueces están incurriendo en mora judicial y
requieren una pronta resolución del caso, tienen a su alcance otro medio
de defensa, esto es, la vigilancia judicial administrativa. En efecto, en el
artículo 101-6 de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-
8113 de 4 de mayo de 2011 la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, se atribuyó como función a las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, ejercer la vigilancia judicial
administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y
cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados
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Demandante: Wilfredo Andrés Avendaño Rozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-ampara
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de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción”.
Así, indicó que dicho instrumento goza de un procedimiento preferente
para su resolución.
9. La parte actora impugnó la anterior providencia porque, a su juicio,
la vigilancia judicial administrativa no es efectiva para darle celeridad a los
procesos. Además, desconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia [Sentencia STC-059 de 2020], en la que se dispuso que la
protección efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es
injustificada.
10. Por otro parte, adujo que la mora judicial sí le ha causado un
perjuicio irremediable, pues su proceso lleva en curso 12 años, respecto del
cual más de 6 años han sido en el trámite de un recurso, por lo cual es
apenas razonable que dicha demora le ha causado daños.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Verificación de la presunta
afectación a derechos. 2.3. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
11. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección del derecho fundamental2 de acceso a la administración de
justicia. Wilfredo Andrés Avendaño Rozo es el titular del derecho invocado
como violado, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa
en la causa3.
12. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Arauca tiene
legitimación pasiva en la causa4, porque de esta se predica la vulneración
y de sus competencias se desprende la relación con el presente asunto.
13. En relación con el requisito de inmediatez5, este se satisface,
comoquiera que se está ante una situación actual y continua, como lo es
el presunto retardo o mora el trámite de un recurso de apelación.
14. Frente al requisito de subsidiariedad6, contrario a lo afirmado por el
juez de tutela de primera instancia, la Sala considera que este requisito se
superó, en la medida que, si bien la vigilancia judicial administrativa se
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem.
4 Ídem
5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
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Decisión: Revoca-ampara
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ejerce por parte de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura para que la justicia se administre oportuna y eficazmente
y se verifique el desempeño de las labores de funcionarios y empleados de
los despachos judiciales, ello no es óbice para declarar la improcedencia
de la acción de tutela, comoquiera que, en términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe):
“la vigilancia administrativa, aunque debe comprender, entre otros factores,
la defensa de los derechos de las personas, no sustituye a los jueces en el
ejercicio de la función constitucional a ella confiada mediante el artículo 86
de la Constitución, de proteger de manera cierta e inmediata los derechos
fundamentales conculcados o en peligro7”.
15. Por lo anterior, existen razones suficientes para revocar la decisión de
primer grado adoptada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual se “rechazó” por improcedente
de la acción de tutela, y estudiar de fondo la solicitud de amparo de la
referencia.
2.2. Verificación de la presunta afectación de derechos
16. La Sala amparará el derecho de acceso a la administración de
justicia del señor Avendaño Rozo, por las razones que pasan a explicarse:
17. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Arauca
incurrió en una injustificada dilación para dar trámite y resolución, en
segunda instancia, al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 81001-33-31-001-2009-00087-02.
18. Al respecto, es preciso señalar que (se trascribe) “la mora judicial es
un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que
superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos.”8. Asimismo, la Corte Constitucional
ha precisado9 que la mora judicial no se configura por el solo transcurso del
tiempo, sino que ella debe ser injustificada, esto es, (se trascribe):
“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial”.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-533 de 1996.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
9 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, T-052 de 2018 y T-364 de 2020.
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19. En el presente caso, la Sala revisó la página web de consulta de
procesos de la Rama Judicial, así como el aplicativo SAMAI, y advirtió que,
(1) el mencionado proceso ingresó al despacho para fallo de segunda
instancia el 18 de julio de 2016, (2) el 7 de julio de 2017 se presentó una
solicitud de impulso procesal y (3) el 18 de septiembre de 2019, el
apoderado de la parte actora solicitó la expedición de una constancia de
su calidad en ese proceso, requerimientos (2 y 3) que hasta la fecha de
presentación de la tutela, no han sido resueltos.
20. En ese orden, el despacho sustanciador del tribunal señaló
expresamente que el expediente (se trascribe) “al momento se encuentra
para fallo, y luego de lograr su escaneo (como es bien sabido las
circunstancias suscitadas por la pandemia trajeron consigo la imperiosa
necesidad de digitalizar los procesos que —como este que nos ocupa— se
iniciaron en papel, lo que ha implicado un esfuerzo adicional para la Rama
Judicial, fruto del cual recientemente la empresa contratada por el CSJ ha
iniciado esa tarea en este Distrito Judicial), de acuerdo al turno
establecido se programa llevar el proyecto a la Sala de Decisión en la
segunda semana del mes de mayo hogaño”.
21. Sin embargo, el informe rendido no permite desconocer que (1) se
trata de un proceso que inició en vigencia del Decreto 1 de 1984 – CCA,
(2) no se alegaron causas como la congestión judicial o las condiciones
especiales del asunto, (3) pese a que se informó que en mayo de 2022 se
preferiría el fallo, a la fecha no ha sido registrado proyecto de fallo, y (4) el
asunto presenta inactividad desde el año 2016.
22. De lo anterior, se tiene, entonces, que existe retardo en el trámite y
resolución del litigio en segunda instancia, el cual, en este escenario
constitucional de protección de derechos fundamentales, puede
calificarse de injustificado ante la ausencia de gestión por parte de la
autoridad accionada que amerita la intervención del juez de tutela.
2.3. Conclusión
23. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará la
decisión de primera instancia, amparará el derecho de acceso a la
administración de justicia de la parte actora y, en consecuencia, ordenará
a la autoridad accionada que, dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esta providencia, gestione todas las acciones necesarias
para dictar Sentencia de segunda instancia, que le interesa a la parte
actora.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02194-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-ampara
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 12 de mayo de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho de acceso a la administración de justicia
de Wilmer Andrés Avendaño Rozo.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Arauca que, dentro de
los 10 días siguientes a la notificación de esta sentencia, si no lo ha hecho,
presente y registre, ante la respectiva sala de decisión, la providencia que
en derecho corresponda para dar solución al litigio de segunda instancia
presentado por Wilfredo Andrés Avendaño Rozo, proceso No. 81001-33-31-
001-2009-00087-02.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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