Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02204-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02204-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02204-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
27 de octubre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02204-01
Demandante: FABIO ALFONSO ZÁRATE QUINTERO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02204-01
Demandante: FABIO ALFONSO ZÁRATE QUINTERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de repetición.
Defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 1 de julio de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo
de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante relató que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Popayán en sentencia de 16 de marzo de 2011, condenó a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, al pago de $432.087.660 por los hechos
ocurridos el 9 de marzo de 2006, durante el desarrollo de la operación en la que el
señor Fabio Alfonso Zárate Quintero adelantó en ejercicio de su labor como
comandante de la Estación de Policía de Santander de Quilichao.
Afirmó que la Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia mediante la
Resolución No. 1151 de 19 de septiembre de 2011 y expidió el comprobante de
egresos y transferencias No. 125523511 de 26 de septiembre del mismo año.
Sostuvo que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de
Defensa Nacional y de la Policía Nacional, accedió a repetir en contra del
accionante y los demás agentes que participaron en el operativo, por el total del
capital pagado, basados en que las conductas cometidas el 9 de marzo de 2006,
dieron origen a la condena contra el Estado.
Indicó que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, en ejercicio
del medio de control de repetición presentó demanda contra los señores Fabio
Alfonso Zárate Quintero, Daiver Urrego Pareja, Hugo Torres Gallego, Fabio García
Mora y John Moreno Gaviria, con el fin de que reintegraran los valores cancelados
en cumplimiento de la condena impuesta en la sentencia de 16 de marzo de 2011.
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Demandante: FABIO ALFONSO ZÁRATE QUINTERO
Señaló que el Tribunal Administrativo del Cauca en fallo de 16 de marzo de 2011,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no existió suficiente
material probatorio que acreditara la exigencia del requisito subjetivo para
condenar en repetición.
Por último, manifestó que contra la anterior decisión la parte demandante
interpuso recurso de apelación. La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo
de Estado por sentencia de 11 de octubre de 2021, revocó el fallo de primera
instancia y condenó a la parte demandada. En relación con el señor Zárate
Quintero, ahora accionante, le ordenó el pago de $280.580.172, en atención al
exceso en el uso de las armas de fuego y un desconocimiento del manual de
procedimientos policiales en su calidad de comandante de la Estación de Policía
de Santander de Quilichao.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, así como
el principio de legalidad, supuestamente vulnerados por la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, con la sentencia de 11 de octubre de
2021, en la que revocó la decisión de primera instancia y accedió a la pretensión
de repetir contra el señor Fabio Alfonso Zárate Quintero.
Luego de referirse al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, afirmó que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto fáctico, toda vez que “los argumentos citados, los
cuales fueron expuestos por el Juez dentro del análisis de la acción de reparación
directa, se puede evidenciar claramente que el daño no fue causado por los
disparos hacia arriba accionados por mi parte, sino que el daño a la integridad de
los lesionados fue ocasionado directamente por los disparos que los demás
agentes policiales ejecutaron frente a las humanidades de los afectados, razón
suficiente para exonerarme de alguna conducta cometida con dolo o culpa grave”.
Agregó que la sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa,
no puede ser un elemento de juicio que brinde la certeza suficiente para acreditar
la culpa grave y el dolo.
Indicó que en la sentencia objetada se realizó un debate probatorio que no fue
objeto de la acción de reparación directa, respecto del cual no tuvo la oportunidad
de defenderse, como quiera que se reabrió el debate de una manera diferente,
como si se estuviera fallando de nuevo la reparación directa.
Resaltó que el título de imputación por el cual se condenó a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, fue objetivo, en razón a que la conducta
desplegada por los agentes no fue la causa del daño, sino la actividad peligrosa
en sí misma, lo que excluye cualquier tipo de apreciación subjetiva de la conducta
del agente y lo que impide calificar la misma como dolosa o gravemente culposa,
lo que hace improcedente repetir en contra del accionante.
Afirmó que los hechos dañinos no ocurrieron como consecuencia de una
operación en la que era posible planear la manera como se debía actuar, sino que
fue una situación imprevista.
Señaló que si bien era el comandante de la estación de policía, la sentencia de
segunda instancia en el medio de control de repetición se equivoca al señalar que
el accionante tenía el grado de teniente, toda vez que para ese momento era
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subteniente, grado que obtuvo el 1 de diciembre de 2004, por lo que para la fecha
de los hechos llevaba un año y cinco meses de graduado.
Expresó que la autoridad judicial accionada realizó afirmaciones sobre los hechos
ocurridos y lo que motivó la condena impuesta sin sustento probatorio, que,
adicionalmente, no se dijeron en el fallo de la acción de reparación directa, toda
vez que no se probó que el demandante tuviera claridad respecto a los civiles, si
estos se encontraban o no armados, pues era un espacio abierto y un lugar oscuro
que impedía una buena visibilidad.
Adujo que la sentencia objetada omitió que en la Policía Nacional impera el
principio de la “obediencia reflexiva”, por lo que cada policial es autónomo para
hacer uso de su arma de dotación, por lo que no es aceptable señalar que por el
hecho de que un policial observe a su comandante disparar hacia arriba, los
subalternos deban también hacer uso de sus armas.
Indicó que no es posible concebir que dos disparos hacia arriba lleven a
determinar la responsabilidad de una agente policial y el pago de una condena de
repetición, pues no se pudo concluir que el daño fue causado por los disparos
hacia arriba, sino que el daño a la integridad de los lesionados fue ocasionado
directamente por los disparos que los demás agentes policiales ejecutaron frente a
los afectados.
Expresó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial del Estado
ocurrieron en el año 2006, esto es, con posterioridad a la vigencia de la Ley 678
de 2001, por consiguiente, es bajo las disposiciones de esta norma que se debía
analizar la responsabilidad del demandante dentro del medio de control de
repetición, no con el artículo 63 del Código Civil.
Agregó que en el presente asunto se configuró el defecto sustantivo por la errónea
aplicación de la ley al caso en concreto, pues si no se constataba ningún supuesto
fáctico dentro de las presunciones de dolo o culpa grave que contempla la ley, lo
que debió realizar la autoridad judicial accionada fue confirmar el fallo de primera
instancia.
Manifestó que se incurrió en violación directa de la Constitución, pues se
desconoció el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001 al
calificar la conducta del agente, toda vez que no fueron valoradas correctamente
las pruebas aportadas en el proceso ordinario, razón por la cual no había lugar a
repetir en su contra.
Finalmente, en escrito adicional de 8 de junio de 2022, el actor solicitó que en el
presente asunto se diera aplicación a la sentencia SU-259 de 20211 de la Corte
Constitucional, en lo atinente al análisis de responsabilidad subjetiva de la culpa
grave.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formuló la siguiente:
“PRIMERA: DECLARAR la afectación del derecho fundamental al debido proceso, de contradicción
y derecho de defensa, vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B en la decisión que tomó en Segunda
Instancia dentro del medio de control de repetición ejercido en mi contra, por parte de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.
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M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: FABIO ALFONSO ZÁRATE QUINTERO
SEGUNDA: En consecuencia, solicito al despacho que avoca conocimiento del asunto que se sirva
TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, de contradicción y derecho de defensa, los
cuales fueron vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B en la decisión que tomó en Segunda
Instancia dentro del medio de control de repetición ejercido en mi contra, por parte de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.
TERCERA: Como consecuencia de lo previo ORDENE DEJAR SIN EFECTO el fallo proferido por
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera- Subsección B en
segunda instancia de fecha 11 de octubre de 2021, de conformidad con los hechos y fundamentos
de derecho expuestos y en su lugar, se profiera una nueva decisión que se ajuste al ordenamiento
jurídico”.
4. Pruebas relevantes
A través de correo electrónico de 2 de mayo de 2022, la Secretaría General del
Tribunal Administrativo del Cauca allegó el expediente físico y digital No. 19001-
33-31-006-2013-00128-01, que contiene las actuaciones del medio de control de
repetición iniciado por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
contra los señores Fabio Zárate Quintero, Daiver Urrego Pareja, Hugo Torres
Gallego, Fabio García Mora y John Moreno Gaviria.
5. Trámite procesal
Por auto de 21 de abril de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela, razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a la
autoridad judicial accionada. Adicionalmente, vinculó “a las partes y a las
personas que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 19001-33-
31-006-2013-00128-01”.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”
En escrito de 27 de abril de 2022, el magistrado ponente pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional, toda vez que lo que pretende la parte actora es revivir un
debate procesal, como si se trata de una tercera instancia.
Indicó que la sentencia objetada se encuentra soportada en los elementos fácticos
y jurídicos aplicables al caso, sobre la base de una debida valoración probatoria
en el ámbito de la autonomía funcional de la que goza la autoridad judicial
accionada.
Agregó que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de la relevancia
constitucional, pues las supuestas irregularidades advertidas por el actor no
cumplen con la exigencia jurisprudencial, toda vez que pretende crear una tercera
instancia.
Señaló que, contrario a lo que estima el accionante, se decidió no dar aplicación a
las presunciones de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 en aras
de salvaguardar el debido proceso de los demandados en el medio de control de
repetición, esto, por cuanto la demanda no aludió puntualmente a ellas, por tal
razón se expresó que era deber de la entidad demandante probar si los
demandados actuaron con culpa grave y no a los agentes desvirtuar las
presunciones.
Resaltó que se garantizaron los derechos fundamentales del demandante, al
impedir que se invirtiera la carga de la prueba, es decir, salvaguardó la garantía
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procesal de defensa y contradicción, toda vez que no le correspondía al
demandado realizar el esfuerzo de desvirtuar presunción alguna, sino al ente
estatal probar la culpa grave.
Afirmó que la referencia al concepto de culpa grave contenido en el artículo 63 del
Código Civil, como norma sustantiva y no procesal, no implica un cambio en la
forma como debe tramitarse el proceso de repetición, pues simplemente sirve de
parámetro al juez para poder esclarecer qué entiende el ordenamiento jurídico por
culpa grave, esto es, si hubo una negligencia tal que pudiera equipararse con la
que despliega la persona más descuidada.
Sostuvo que en la sentencia atacada se valoró el hecho de que fue el primer
agente que descendió de la patrulla, sin embargo, se determinó de manera crítica
que ello no impedía asignarle responsabilidad, toda vez que la operación se
encontraba a su cargo y omitió impartirle instrucciones a sus subalternos sobre el
uso prudente de las armas. Al contrario, su actuar propició la respuesta
inadecuada de los demás agentes, pues dio a entender que se hallaban
autorizados para hacerlo, además, su versión de disparar al aire no fue
concordante con la versión de su compañero Hugo Fernando Torres, quien dijo
verlo disparar de frente.
Indicó que no tenía relevancia para este caso las consideraciones realizadas por
el juez penal militar acerca de su responsabilidad en el delito de lesiones
personales, pues se trató de un juicio distinto cuyas conclusiones el órgano de
cierre ha considerado que no atan al juez de la repetición, toda vez que la
responsabilidad no se encamina a verificar la participación del accionado en el
ilícito sino en los hechos que dieron lugar a la condena contra el ente estatal.
Finalmente, manifestó que si bien en la sentencia de reparación directa se dio
aplicación al régimen objetivo de responsabilidad de riesgo excepcional, lo cierto
es que esas conclusiones tampoco eran obligatorias para el juez de la repetición
debido a que con las pruebas existentes se demostró el actuar gravemente
culposo de algunos de los integrantes del operativo, quienes hicieron un uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza sin que, por otra parte, se observara que
alguno de los lesionados haya justificado una respuesta armada.
6.2. Respuesta de la Policía Nacional
En oficio de 3 de junio de 2022, el jefe del Área Jurídica solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a su improcedencia y la falta de
vulneración de derechos fundamentales alegados por el demandante.
Resaltó que la Policía Nacional puede utilizar la figura de la repetición contra todo
servidor público que en el ejercicio de sus funciones por acción u omisión, sea
responsable a título de dolo o culpa grave en un proceso donde se debate la
responsabilidad de la administración.
Afirmó que en la sentencia objetada se estudió en debida forma el actuar del
accionante como comandante de la Estación de Policía de Santander de
Quilichao, para lo cual analizó las pruebas del proceso ordinario y concluyó que el
demandante incurrió en culpa grave al emplear armas de uso oficial sin prever que
las víctimas nunca actuaron contra la integridad de los agentes de policía ni
ejercieron actos sobre los cuales se permitiera validar el uso de estas.
Sostuvo que el hecho de que el accionante no tuviera la intención de causar daño,
no conlleva que no deba responder por la condena impuesta a la Policía Nacional.
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Por último, manifestó que la parte actora no demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que permita la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado por sentencia de 1 de
julio de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
los requisitos de la relevancia constitucional y subsidiariedad.
Afirmó que el señor Fabio Alfonso Zárate Quintero presentó los mismos
argumentos que ahora alega en la acción de tutela como defectos, tal como
aparecen en los alegatos de conclusión, así como en otras oportunidades
procesales.
Sostuvo que los argumentos presentados en sede de tutela no cumplieron con los
criterios para demostrar la configuración de una causal específica de procedencia,
toda vez que le exigirían al juez de tutela para emitir un pronunciamiento de fondo,
volver sobre un asunto que ya fue objeto de discusión y análisis por parte de las
autoridades judiciales que resolvieron el caso en el medio de control de repetición,
como lo es la responsabilidad del señor Zárate Quintero en los hechos sucedidos
el 9 de marzo de 2006.
Resaltó que los cargos de la acción quedan desprovistos de relevancia
constitucional, pues la parte actora lejos de exponer las circunstancias en que la
providencia de 11 de octubre de 2021 vulneró sus derechos fundamentales desde
la configuración de un defecto, pretende utilizar este mecanismo para plantear de
nuevo el debate que ya fue resuelto en el proceso ordinario.
Señaló que frente al cargo relacionado con la falta de congruencia, el actor cuenta
con el recurso extraordinario de revisión para formular ese debate.
Finalmente, manifestó que el demandante radicó memorial el 9 de junio de 2022,
en el que adicionó lo planteado en el escrito inicial, sin embargo, este se presentó
con posterioridad a la admisión de la acción de tutela, por lo que se había vencido
el término de traslado y el expediente se encontraba en etapa de fallo, es decir, se
allegó de manera extemporánea. En consecuencia, no podía tenerlo en cuenta,
pues se vulnerarían los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la
parte accionada.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante, impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara
para que se accediera al amparo solicitado.
En primer término, afirmó que el presente asunto “sí existe una relevancia
constitucional, por cuanto la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de
Estado, al proferir la decisión de segunda instancia desarrolló una teoría jurídica o
teoría del caso, que no había sido expuesta ni en la demanda de repetición, ni
durante el proceso, así como tampoco en la sentencia de primera instancia, es
decir, omitió el debate jurídico que permitiera que el suscrito en calidad de
demandado pudiera defenderse, afectando sin lugar a dudas los derechos
fundamentales al debido proceso, derecho de contradicción y de defensa,
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precisamente expuestos en el ejercicio de la acción constitucional, como derechos
vulnerados”.
De otra parte, señaló que supeditar la presentación de la acción de tutela al
recurso extraordinario de revisión sacrificaría el requisito de la inmediatez y,
además, desconoce el perjuicio irremediable que se le causa, toda vez que tiene
que pagar una condena por $280.580.172 que debe cumplirse en los 6 meses
siguientes a la ejecutoria de la decisión, término que ya se superó.
En tercer lugar, el accionante reiteró sus argumentos relacionados con que i) se
realizó un nuevo juicio de responsabilidad y ii) se dio aplicación al artículo 63 del
Código Civil que no está autorizado por la Ley 678 de 2001.
Afirmó que es cierto que pretende reiterar el debate que se surtió en el proceso
ordinario, porque en realidad la responsabilidad por culpa grave que se le endilga
bajo el artículo 63 del Código Civil, solo se desarrolló en la sentencia objetada, lo
cual no fue planteado durante el desarrollo del proceso, por lo que no fue posible
su debate jurídico.
Por último, manifestó que el propósito de la acción de tutela no fue obtener una
nueva valoración probatoria, porque nunca existió durante el proceso de repetición
señalamiento alguno de que su actuación dentro del operativo sería objeto de
valoración bajo la culpa grave del Código Civil.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 1 de julio de 2022, dictada por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela, y si debe acceder a la protección constitucional solicitada por la parte
actora, por cuanto la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado con
la decisión de 11 de octubre de 2021, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y contradicción, así como el principio de legalidad, al
supuestamente incurrir en un defecto i) fáctico, pues se desarrolló un nuevo juicio
de responsabilidad y se realizó un debate probatorio que no fue objeto de la
acción de reparación directa, respecto del cual no tuvo la oportunidad de
defenderse y ii) sustantivo, por la errónea aplicación de la ley al caso en
concreto, pues no se contaba con elementos para dar por probadas las
presunciones de dolo o culpa grave que contempla la Ley 678 de 2001, ni se debió
dar aplicación del artículo 63 del Código Civil.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
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constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
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Demandante: FABIO ALFONSO ZÁRATE QUINTERO
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El requisito de la relevancia constitucional no se cumple respecto del
defecto fáctico
4.1.1. La parte demandante considera que la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado con la decisión de 11 de octubre de 2021, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, así como
el principio de legalidad, con la sentencia de 11 de octubre de 2021, en la que
revocó la decisión de primera instancia y accedió a la pretensión de repetir contra
el señor Fabio Alfonso Zárate Quintero.
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 1 de
julio de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional, pues se evidenció, a su juicio, la intención
de convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional, y el de
subsidiariedad, toda vez que el cargo de falta de congruencia debió plantearse en
el recurso extraordinario de revisión.
En el escrito de impugnación el accionante afirmó que sí cumplió con la relevancia
constitucional, pues en la sentencia objetada se resolvió un problema jurídico
diferente al planteado en el medio de control de repetición, por lo que no pudo
ejercer su derecho a la defensa, y que no podía interponer el recurso
extraordinario de revisión, pues también se desconocería el requisito de la
inmediatez, además que se configuró un perjuicio irremediable en razón a que ya
se superó el término para cancelar la condena equivalente a $280.580.172.
Por lo demás, insistió en que se desarrolló un nuevo juicio de responsabilidad y,
además, que se realizó un debate probatorio que no fue objeto de la acción de
reparación directa, respecto del cual no tuvo la oportunidad de defenderse y por la
errónea aplicación de la ley al caso en concreto, pues no se contaba con
elementos para dar probadas las presunciones de dolo o culpa grave que
contempla la Ley 678 de 2001, ni se debió dar aplicación del artículo 63 del
Código Civil.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9
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4.1.2. Previo a cualquier análisis, la Sala advierte que en el presente asunto se
confirmará la decisión que declaró improcedente la acción de tutela, pero solo
frente al defecto fáctico, tal como se expone a continuación:
En efecto, los alegatos relacionados con el defecto fáctico desarrollados en el
escrito de tutela y la impugnación no cumplen con el requisito de la relevancia
constitucional, toda vez que desatiende la carga argumentativa y explicativa rígida
necesaria al momento de atacar decisiones dictadas por altas cortes.
En efecto, se observa que el demandante al desarrollar sus cargos expuso de
manera general la supuesta configuración del defecto fáctico, pues no indicó con
claridad las pruebas que se omitieron o que se estudiaran de manera caprichosa,
irracional o ilegal, y que esto fuera determinante o incidiera en la decisión final.
Aunado a lo anterior, se debe recordar que la sentencia objetada fue dictada por la
Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, por lo que la verificación
del requisito de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna
más estricto en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia
emitida por una Alta Corte.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201016, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida
en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión”.
Aunado a lo anterior, se resalta que el defecto fáctico es una de las causales
especiales de procedencia de acción de tutela contra providencias judiciales más
estrictas. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que en dicho defecto
“la intervención del juez constitucional es excepcional. En consecuencia, esta
intervención procede siempre y cuando (i) se vislumbre un error ostensible,
flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración probatoria, que obedezca a un
proceder caprichoso o incorrecto; (ii) debe tener la entidad suficiente para tener
‘incidencia directa’, ‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la
decisión”17.
En síntesis, la Sala evidencia que el accionante no demostró que la valoración
probatoria que se realizó en la sentencia objetada fuera abiertamente contraria a
la Constitución Política o incompatible con la jurisprudencia constitucional sobre el
alcance de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, así como el principio de legalidad, lo que es motivo suficiente para
concluir que no cumplió con exponer una carga argumentativa y explicativa rígida
que evidencie una grave violación de los derechos fundamentales y, en
consecuencia, no se encuentra superado el requisito de la relevancia
constitucional.
16
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
17
SU-573 de 2017, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
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Así las cosas, respecto del defecto fáctico planteado por el señor Fabio Alfonso
Zárate Quintero no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, por
falta de carga argumentativa mínima.
4.2. Verificación de los restantes requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, en relación con el defecto sustantivo
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
respecto del defecto sustantivo, por cuanto (i) contrario a resuelto en la sentencia
impugnada, la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, pues se reprocha el fallo de segunda instancia en el que fue
condenado en un proceso de repetición, con sustento en el artículo 63 del Código
Civil, por lo que se debe verificar si la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado incurrió en esa anomalía, sin que ello implique acudir a este
mecanismo de protección constitucional como instancia adicional, o con el fin de
resolver, nuevamente, la discusión litigiosa propuesta ante los jueces naturales.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación y los cargos alegados no se enmarcan dentro de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión u otro mecanismo de defensa
judicial que sea procedente, por lo que el accionante no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial; (iii) La solicitud de amparo se instauró dentro de
18
los seis (6) meses establecidos como plazo razonable precisado por esta
Corporación19; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.3. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo
alegado en el escrito de impugnación
4.3.1. El accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo, por la errónea aplicación de la ley al caso en concreto, pues no
se contaba con elementos para dar por probadas las presunciones de dolo o culpa
grave que contempla la Ley 678 de 2001, ni se debió dar aplicación del artículo 63
del Código Civil.
El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser
pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio
decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La
disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la
Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor
18
La providencia atacada se profirió el 11 de octubre de 2021 y si bien, no se pudo constatar la fecha exacta de notificación
de la decisión, lo cierto es que se puede concluir que la acción de tutela se instauró el 19 de abril de 2022, es decir, dentro
de un plazo razonable.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta
derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución,
o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 20.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido
y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o
de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes;
y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que
en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de
la hermenéutica jurídica aceptable”21 (Negrillas y subrayas de la Sala).
4.3.2. La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 11 de
octubre de 2021, revocó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda de repetición y, en su lugar, condenó a la parte
demandada a reintegrar a la Policía Nacional los valores cancelados como
consecuencia de la condena impuesta en la sentencia de 16 de marzo de 2011,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, así:
“1º) Revócase la sentencia del 26 de noviembre de 2015 del Tribunal Administrativo del
Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
2º) Declárase que los señores Fabio Alfonso Zárate Quintero, Daiver Urrego Pareja y
John Jader Moreno Gaviria están obligados a reintegrar a la Nación – Ministerio de
Defensa Policía Nacional los valores pagados por esa entidad con ocasión de los
perjuicios causados a los señores Pablo José García Ocampo, Luis Fernando Rosero
Gómez y Sergio Luis Carabalí en hechos ocurridos el 9 de marzo de 2006 cuya
indemnización fue pagada por la entidad demandante tras ser condenada en proceso
de reparación directa.
3º) Como consecuencia de lo anterior condénase a las personas antes mencionadas al
pago de los siguientes valores en favor de la Nación – Ministerio de Defensa Policía
Nacional:
a) A cargo de Fabio Alfonso Zárate Quintero la suma de doscientos ochenta millones
quinientos ochenta mil ciento setenta y dos pesos con cuarenta y cuatro centavos
($280.580.172,44).
b) A cargo de Daiver Urrego Pareja la suma de ciento cuarenta millones doscientos
noventa mil ochenta y seis pesos con veintidós centavos ($140.290.086,22).
c) A cargo de John Jader Moreno Gaviria la suma de ciento cuarenta millones
doscientos noventa mil ochenta y seis pesos con veintidós centavos ($140.290.086,22).
Para el cumplimiento de lo anterior los obligados disponen de un término de seis (6)
meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
4º) Condénase en costas a la parte demandante las cuales deberán liquidarse por la
primera instancia en caso de haberse causado.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21
Ibíd.
12
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5º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma total de catorce millones
veintinueve mil ocho pesos con sesenta y dos centavos $14.029.008,62 que serán
pagados por cada uno de los demandados aquí condenados de la siguiente forma:
a) A cargo de Fabio Alfonso Zárate Quintero la suma de siete millones catorce mil
quinientos cuatro pesos con treinta y un centavos ($7.014.504,31).
b) A cargo de Daiver Urrego Pareja la suma de tres millones quinientos siete mil
doscientos cincuenta y dos pesos con quince centavos ($3.507.252,15).
c) A cargo de John Jader Moreno Gaviria la suma de tres millones quinientos siete mil
doscientos cincuenta y dos pesos con quince centavos ($3.507.252,15).
6º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las
correspondientes constancias”.
En primer lugar, se refirió al régimen legal aplicable, para lo cual, precisó que los
hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2006, fecha en la que estaba vigente la Ley
678 de 2001. Asimismo, resaltó que los artículos 5 y 6 de dicha norma
desarrollaron una presunción frente a la culpa grave o el dolo, lo cual le
correspondía a los agentes desvirtuar, sin embargo, señaló que en virtud de la
sentencia C-374 de 200222 de la Corte Constitucional, le corresponde a la entidad
probarlo, pero como en la demanda no se dijo nada al respecto se procedió a
analizar la negligencia que se alegó a partir del artículo 63 del Código Civil, tal
como se expone a continuación:
“Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe tenerse en cuenta que
los hechos se refieren a las presuntas actuaciones de los demandados tuvieron lugar el
9 de marzo de 2006 en su calidad de agentes de la Policía Nacional a partir de su
participación en un operativo en el que resultaron lesionados tres jóvenes con armas de
fuego, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 20017 bajo cuyo ordenamiento
podría ser posible analizar el presente caso pero con las precisiones que más adelante
se señalaran respecto de las presunciones allí establecidas.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 previeron los eventos en los que es posible
presumir la culpa grave o el dolo del agente o exagente estatal, presunciones que
corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que pueden ser desvirtuadas
probatoriamente.
La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las
presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la
prueba no comprometen el debido proceso y no implican atribución de culpabilidad en
cabeza del demandado, sin embargo, es deber de la entidad actora expresar la causal
derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que el demandado
tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo
específico, igualmente la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que
estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.
En la demanda no se hizo alusión a ninguna de las presunciones que contemplan los
artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, solo que hubo un exceso en el uso de las armas
de fuego ya que mientras varios ciudadanos resultaron heridos los agentes de policía no,
también se aludió al desconocimiento del manual de procedimientos policiales y al
accionamiento irresponsable de las armas, pero no se encuadró ese comportamiento en
ninguna de las presunciones de la mencionada ley.
Es evidente entonces que el ente actor no enmarcó ni precisó ninguno de esos
comportamientos que reprocha ya sea en culpa grave o dolo, tampoco los encuadró en
ninguna de las presunciones a las que aluden las referidas normas.
Esas imprecisiones impiden aplicar las presunciones de la Ley 678 de 2001 pues es
deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa
grave, a lo cual se agrega que debe hacerlo de manera clara para que el demandado
cuente con la certeza de conocer qué causal se le endilga y en esa medida tenga la
22
M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
13
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oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo
específico.
En ese sentido para el caso concreto se entenderá que es deber de la demandante
probar que los accionados obraron con dolo o culpa grave y no de estos desvirtuar
presunción alguna.
De este modo con apoyo en los postulados del artículo 63 del Código Civil le atañe a
esta Corporación determinar si los demandados actuaron con negligencia tal que esta se
pueda equiparar con la que despliega la persona más descuidada en sus negocios
propios; o si hubo una intención de los involucrados en provocar los daños por los cuales
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada en el proceso de
reparación directa”.
Precisado ese contexto normativo, la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado al analizar las pruebas allegadas al proceso, se refirió al actuar
del señor Fabio Alfonso Zárate Quintero, para lo cual expresó:
“Acerca del subteniente Fabio Alfonso Zárate Quintero las pruebas reflejan que se
desempeñaba como comandante de la Estación de Policía de Santander de Quilichao
persona a cargo de quien se realizó el operativo del 9 de marzo de 2006.
Son abundantes los elementos de prueba que indican que no solo disparó su arma de
dotación oficial (una pistola Jerichó de 9 mm) sino que fue quien lo hizo primero, pues así
lo aceptó en varias oportunidades no solo cuando rindió versión libre dentro del proceso
disciplinario sino también en la indagatoria rendida ante la justicia penal militar.
Aquello encuentra respaldo en lo dicho por el subintendente Urrego Pareja, el patrullero
John Jader Moreno Gaviria y el agente Hugo Fernando Torres Gallego quien sobre el
comandante agregó “si observé que la disparó, lo miré que se paró del volcó y disparó
hacia el frente”.
Ahora no existe constancia que indique qué munición devolvió dicho comandante al final
del operativo por cuanto este expresó en versión libre que no la devolvió al armerillo de
la estación, sino que esta posteriormente fue solicitada y embalada por el funcionario de
policía judicial (fl. 534 cdno. 16).
Sobre el comportamiento de dicho policial también hay versiones de agentes como de
víctimas que indican que fue el primer policial que se bajó de la patrulla con el propósito
de quedarse junto a Felipe García Canaval quien se hallaba montado sobre su
motocicleta.
Lo anterior no impide asignarle responsabilidad al entonces comandante Fabio Alonso
Zárate Quintero so pretexto de que quedó lejos del broche o de la entrada al potrero
donde resultaron heridos los civiles, ya que la operación se hallaba a su cargo y no
impartió instrucciones a sus subalternos sobre el uso prudente de las armas, al contrario,
con su actuar propició una respuesta inadecuada de los demás agentes pues al tomar la
iniciativa de disparar dio a entender a sus subalternos que se hallaban igualmente
autorizados para hacerlo.
A pesar de que dicho comandante aseguró que disparó al aire con propósitos disuasivos,
su afirmación no coincide con lo expresado por el citado agente Hugo Fernando Torres
quien dijo verlo disparar de frente.
Además, el subteniente Zárate Quintero se desplazaba al frente de la patrulla al lado del
conductor, posición que le otorgaba la suficiente visibilidad para percatarse de que los
jóvenes hallados en la zona industrial no se encontraban armados, no comportaban
ningún peligro inminente y no estaban disparando hacia ellos.
Igualmente fue quien dio la orden de transitar con las luces apagadas lo cual constituye
un indicio de que la finalidad de tal instrucción en medio de la noche en donde existía
poca visibilidad tenía por propósito que la patrulla no fuera advertida como de la Policía
Nacional al punto que no fueron encendidas sino hasta cuando se advierte movimiento
por parte los presuntos sospechosos y aunque diga que dio la voz de “alto policía” y
disparó al aire para disuadir las acciones de los sospechosos, ello no refleja un
14
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comportamiento razonable ya que la reacción de los afectados consistente en huir frente
a las balas era una conducta previsible para efectos de salvaguardar sus vidas.
Se trata entonces de una persona entrenada para el uso de las armas y defensa
personal con cierto rango en la institución y el de más alto grado en la Estación de
Policía de Santander de Quilichao misma que presidía, para quien era perfectamente
predecible que al disparar en la noche en un lugar donde arribó con las luces apagadas
bien podría tener como resultado igual respuesta de sus subalternos, la huida de los
civiles y las lesiones que en efecto se dieron sobre tres personas no armadas.
En este orden de ideas, si bien se descarta el dolo en el actuar de dicho agente porque
que su intención claramente no era que los jóvenes resultaran lesionados sino que estos
se detuvieran y lograran ser aprehendidos, su comportamiento sí se califica como
gravemente culposo en este caso debido a su imprudencia consistente en disparar un
arma de fuego sin que tal acto fuera necesario o proporcional para afrontar una situación
en la que la patrulla no estaba siendo atacada y no se encontraba en riesgo su vida o la
de sus compañeros.
De ahí que sea uno de los llamados a reintegrar la suma por la cual la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue obligada a pagar indemnización en favor de
terceros”.
De lo anterior, la autoridad judicial accionada, luego de establecer el marco
normativo aplicable (artículo 63 del Código Civil) y de valorar las pruebas en su
conjunto y bajo los criterios de la sana crítica, concluyó que el señor Fabio Alonso
Zárate Quintero incurrió en culpa grave, pues de las declaraciones de las víctimas,
así como la de sus demás subalternos de la Policía Nacional se evidenció un
actuar imprudente, toda vez que quiso desarrollar el operativo sin luz para que no
los reconocieran, fue el primero en bajarse de la patrulla, disparó contra los civiles
sin que tal acto fuera necesario o proporcional para afrontar una situación en la
que la patrulla no estaba siendo atacada y no se encontraba en riesgo su vida o la
de sus compañeros, no ordenó a sus subalternos prudencia con el manejo de las
armas de fuego y, además, uno de los agentes afirmó que evidenció cuando este
disparó de frente y no hacia al aire.
4.3.3. En el sub examine, la Sala observa que en la sentencia de 11 de octubre de
2021, la autoridad judicial accionada verificó que la parte demandante en el
proceso de repetición no encuadró bajo cuál de las presunciones establecidas en
el artículo 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 se debía abordar el asunto, por lo que
decidió realizar el análisis del caso a partir del artículo 63 del Código Civil, con el
fin de establecer si la parte demandada incurrió en una conducta gravemente
culposa o dolosa.
Ahora bien, el actor alegó el hecho de que se diera aplicación del artículo 63 del
Código Civil, a pesar de que la conducta reprochable ocurrió en vigencia de la Ley
678 de 2001.
Sobre ese alegato, la Sala considera necesario precisar, en primer término, que el
artículo 223 de la Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción
de carácter civil, lo que implica que su fundamento y propósito se circunscriben a
un ámbito netamente patrimonial, pues el objeto de esta es reembolsar el dinero
pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño
antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.
23
“ARTÍCULO 2º. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá
ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.”
15
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Igualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado de manera reiterada ha
considerado procedente aplicar normas del Código Civil, en el marco de la acción
de repetición, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que
se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los
elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la
responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible
con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de
responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la
Constitución Política)”24.
Asimismo, ha considerado que el juicio subjetivo de responsabilidad que recae
sobre el agente estatal debe construirse bajo diversos criterios, pues para
determinar la existencia del dolo o de la culpa grave, el juez natural del asunto
debe observar lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, y además
interpretar y aplicar el artículo 63 del Código Civil, y armonizar éstas con los
fundamentos constitucionales, específicamente, con los postulados de los
artículos 6, 90, 91 y 123 de la Constitución Política.
Significa lo anterior, que no fue desacertada la aplicación del artículo 63 del
Código Civil con el fin de realizar el estudio de la culpa grave en la que incurrió el
señor Fabio Alfonso Zárate Quintero, en tanto no se trata de una norma aislada o
incompatible con la Ley 678 de 2001, pues como ya lo ha manifestado de manera
reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, al momento de resolver una
demanda de repetición, el juez natural del asunto debe hacer un estudio
armonizado entre los preceptos desarrollados en la Constitución Política y el
Código Civil, junto con la normativa antes mencionada, siempre y cuando la
conducta que se reprocha ocurra en vigencia de dicha ley.
En consecuencia, se evidencia que el accionante no demostró que la decisión
objetada incurriera en un análisis caprichoso o ilegal que configure el defecto
sustantivo alegado.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada y procederá a declarar la
improcedencia de la solicitud por falta de relevancia constitucional frente al defecto
fáctico y negará las pretensiones relacionadas con el defecto sustantivo, por las
razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 1 de julio de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado. En consecuencia,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con el
defecto fáctico, por las razones expuestas.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo de 8 de marzo de 2007, radicado No. 25000-23-26-000-2002-01304-01, C.P.:
Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 16 de julio de 2015,
radicado No.: 25000-23-26-000-1999-02960-01, C.P.: Hernán Andrade Rincón, la sentencia de 19 de julio de 2018, radicado
No.: 11001-33-31-034-2007-00262-01, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 19 de febrero de 2021, radicado
No.: 54001-23-31-000-2002-01577-01, C.P.: María Adriana Marín.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02204-01
Demandante: FABIO ALFONSO ZÁRATE QUINTERO
Tercero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela respecto del defecto
sustantivo, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Fabio Alfonso
Zárate Quintero contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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