Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02212-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02212-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02212-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
14 de julio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02212-00
Demandantes: Carlos Andrés Rojas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02212-00
Demandantes: CARLOS ANDRÉS ROJAS, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE
PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO
DUVAN ANDRÉS ROJAS ORTIZ, ADELAIDA ROJAS
CARVAJAL, JUSTO PASTOR LARA BRICEÑO, SANDRA
MILENA LARA ROJAS, FERLEY ROJAS CARVAJAL Y
ADONAY CARVAJAL ROJAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO
TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por privación injusta de la libertad. Defecto
fáctico y violación directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Carlos Andrés Rojas, quien actúa en nombre propio y
en representación de su menor hijo Duván Andrés Rojas Ortiz, Adelaida Rojas
Carvajal, Justo Pastor Lara Briceño, Sandra Milena Lara Rojas, Ferley Rojas
Carvajal y Adonay Carvajal Rojas contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo Circuito de Bogotá, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales consideraron vulnerados con las sentencias de 14 de octubre
de 2021 y 30 de septiembre de 2019, respectivamente, que negaron las
pretensiones de la demanda del medio de reparación directa promovida contra la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación promovida con el fin de que se
declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación injusta de
la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Andrés Rojas.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que el 13 de diciembre de 2012, el señor Carlos Andrés
Rojas fue capturado en el marco de una investigación penal que se adelantaba en
su contra por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado y le
fue impuesta medida de aseguramiento que cumplió en el centro penitenciario y
carcelario Cunduy, en Florencia, Caquetá.
1
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Demandantes: Carlos Andrés Rojas y otros
Manifestó que la Fiscalía General de la Nación fundamentó la imposición de la
medida de aseguramiento en los siguientes elementos probatorios, de los cuales
solo uno de carácter testimonial sugería que el señor Carlos Andrés Rojas era el
posible autor de los delitos imputados.
• Informe ejecutivo FPJ3 del 07 de julio del 2012, que señala que “por fuente
humana” no identificada, se encontraba un cuerpo sin vida de sexo
masculino en el área rural del municipio de Florencia.
• Informe de necropsia de medicina legal que señalaba que la causa de la
muerte fue “shock hipovolémico”, a raíz de las diferentes heridas que
presentaba en el cuerpo el occiso.
• Recibo N° 7440 del establecimiento de comercio “Mi tío”, en el municipio de
Garzón, Huila, donde se evidencia que la moto Suzuki tipo GN125 con las
placas EAH21C fue vendida el mismo día de la muerte de su propietario por
el señor Yorman Jair Bravo Ramos.
• Contrato de compraventa suscrito por el señor Yorman Jair Bravo Ramos
quien presentó los documentos del occiso que figuraba como propietario de
la motocicleta.
• Interrogatorio rendido por el señor Yorman Jair Bravo Ramos que luego de
haber sido imputado, señaló al señor Carlos Andrés Rojas como autor
material del homicidio y aceptó que él solo había “empeñado” la moto.
• Informe investigador de laboratorio de 14 de octubre de 2012 sobre plena
identidad del señor Carlos Andrés Rojas
Relató que el 12 de junio de 2013, se celebró la audiencia de juicio oral y se
profirió fallo absolutorio en favor del señor Carlos Andrés Rojas. Agregó que el 1
de octubre de 2013 se dictó sentencia condenatoria contra el señor Yorman Jair
Bravo Ramos por el delito de homicidio en concurso con hurto calificado y
agravado.
Indicó que presentaron demanda de reparación directa contra la Rama Judicial,
Fiscalía General de la Nación, la cual fue decidida en primera instancia por el
Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá por sentencia de 30
de septiembre de 2019, que negó las pretensiones al considerar que no fue
posible determinar si la medida de aseguramiento fue adecuada o no porque no se
aportaron los documentos y audiencias preliminares que se surtieron en el
proceso penal.
Por último, señaló que presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, por sentencia de 14 de octubre de 2021 confirmó la decisión
recurrida, al considerar que la medida de aseguramiento atendió criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia e igualdad, los cuales consideraron vulnerados con las sentencias de 14
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de octubre de 2021 y 30 de septiembre de 2019, respectivamente, que negaron
las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas por la
privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Andrés Rojas el
13 de octubre de 2012. Luego de referirse al cumplimiento de los presupuestos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales alegaron la
configuración de los siguientes defectos:
2.1. Defecto fáctico, por la indebida valoración de los medios de prueba en los
que se fundamentó la decisión de detener preventivamente al señor Carlos Andrés
Rojas, en tanto desatendieron las reglas de la sana crítica.
Al respecto, señalaron que al analizar el acta de audiencia de acusación se otorgó
un valor probatorio que no corresponde a la declaración rendida por el señor
Yorman Jair Bravo Ramos que señaló al señor Carlos Andrés Rojas como autor
de los delitos imputados y al informe del investigador que identifica plenamente al
señor Rojas. Sin embargo, a su juicio, estos dos elementos son insuficientes para
fundamentar la restricción de la libertad de la que fue objeto.
Del mismo modo, indicaron que el expediente correspondiente al proceso penal no
fue valorado completamente porque las entidades demandadas no lo remitieron al
proceso de reparación directa desatendiendo el requerimiento efectuado en ese
sentido por auto de 27 de enero de 2016 que admitió la demanda, proferido por el
Juzgado accionado, que expresó lo siguiente:
“Parágrafo: La entidad demanda, (Sic) dentro del término de contestación de la
demanda deberá dar cumplimiento al numeral 4 y al parágrafo 1 del artículo
175 del C.P.A.C.A., en el sentido de allegar todas las documentales que tenga
en su poder y las que pretenda hacer valer como pruebas en el proceso, así
como también deberá allegar el expediente administrativo y/o judicial que
contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso”.
Por último, afirmó que en el medio de control de reparación directa quedó
evidenciado que la Fiscalía General de la Nación en ningún momento contó con
un medio probatorio válido que le permitiera inferir que el señor Carlos Andrés
Rojas fuera el autor o partícipe de los delitos imputados, tanto así que obtuvo una
sentencia absolutoria, de manera que no se cumplía con los requisitos
establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y nunca debió haberse
restringido su libertad.
2.2. Violación directa de la Constitución. La parte actora desarrolló esta causal
a partir del desconocimiento de los presupuestos superiores que consagran los
derechos fundamentales respecto de los cuales invoca la protección
constitucional, por no aplicar el precedente judicial vigente al momento de la
presentación de la demanda en virtud del cual bastaba con que se absolviera a la
persona privada de la libertad para declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado, en tanto dio aplicación al nuevo criterio de interpretación fijado en la
sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado que establece que debe verificarse la
proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de la medida de aseguramiento a partir
de las pruebas que se contaban al momento de dictar la medida de aseguramiento
para determinar si de ahí se podía inferir razonablemente que el imputado pudo
haber cometido un delito.
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3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, que nos fueron
vulnerados producto de las sentencias dentro del proceso de Reparación
Directa que se surtió en contra del NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
2. Se deje sin efectos la Sentencia del 14 de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A,
que CONFIRMÓ negar las pretensiones de la demanda.
3. Que en su lugar se ordene a el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección A, proferir sentencia de fondo, que corresponda
en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad jurídica y con ello el derecho de
acceso a la administración de justicia, pero sobre todo, aplicando los criterios
jurisprudenciales vigentes al momento de radicar la demanda.
4. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales,
imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice los
derechos vulnerados de las víctimas”.
4. Pruebas relevantes
Obra copia digitalizada del expediente No. 11001-33-36-031-2015-00571-01
correspondiente al medio de control de reparación directa promovido por Carlos
Andrés Rojas y otros contra la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.
5. Trámite procesal
5.1. Por auto de 25 de abril de 2022 se requirió al señor Carlos Andrés Rojas para
que allegara copia del documento que lo acredita para actuar en representación
de su hijo Duván Andrés Rojas Ortiz. Para tal efecto, el accionante aportó registro
civil de nacimiento del menor.
5.2. A través del auto de 12 de mayo de 2022, el despacho de la Magistrada
Sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes y a las
autoridades judiciales accionadas, así como a la Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” y al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para
que allegara copia digitalizada del proceso No. 11001-33-36-031-2015-00571-01,
demandante: Carlos Andrés Rojas y otros.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 55427 a 55432 todos
de 18 de mayo de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión1.
1
La notificación fue enviada a los correos: reparaciondirecta@condeabogados.com,
scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co, uridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co,
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, carrera.especialfgn@fiscalia.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co,
jadmin31bta@notificacionesrj.gov.co, admin31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera Subsección “A”
La Magistrada ponente de la sentencia objeto de reproche constitucional pidió que
se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional, pues el actor emplea la acción de
tutela como una instancia adicional para dar continuidad al debate superado en el
proceso ordinario. Adujo que no basta con invocar la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de
justicia, también debe cumplirse una carga argumentativa mínima.
Del mismo modo, señaló que no se configuró el defecto fáctico alegado por cuanto
en la sentencia se efectuó un análisis de los elementos probatorios que obraban
en el expediente y explicó las razones por las cuales no era posible determinar el
carácter injusto de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos
Andrés Rojas.
También adujo que no se configura la causal por violación directa de la
Constitución porque se aplicó el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia C-
037 de 1996 que establece que debe verificarse si la medida de aseguramiento
fue razonable, proporcional y legal, el cual estaba vigente al momento de
presentar la demanda y era de conocimiento de los demandantes.
Finalmente, precisó que en el caso bajo análisis se estudió el carácter injusto de la
medida privativa de la libertad, que no fue acreditado, y no la imputabilidad de los
delitos denunciados.
6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
Quien ocupa el cargo de Profesional Especializado de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
bajo el argumento de que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad
porque no se agotaron los mecanismos de defensa ordinarios que tiene a su
disposición para controvertir la sentencia de segunda instancia, sin embargo, no
precisó cuáles herramientas judiciales resultarían procedentes.
Adujo que la parte actora no “logra identificar la afectación de derechos
fundamentales, ni la causal en que incurrieron las providencias controvertidas,
razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la
sentencia para identificar dichos defectos”.
Aseveró que no se demostró la configuración del defecto fáctico alegado, en tanto
las pruebas fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, así como
tampoco la del defecto sustantivo pues no se acreditó que se hubiese interpretado
erróneamente el ordenamiento jurídico aplicable para resolver el caso concreto.
6.3. El Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, remitió copia
digitalizada del expediente sin pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones
de la demanda.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. La parte actora alegó la causal violación directa de la Constitución, sin
embargo, los fundamentos desarrollados se enmarcan en la caracterización del
desconocimiento del precedente judicial en tanto, en su criterio, se aplicó un
criterio jurisprudencial que supuestamente no estaba vigente al momento de que
se presentó la demanda. De igual manera, se abordará el estudio del defecto
fáctico invocado en el escrito de tutela.
Valga indicar que la Sala circunscribirá el análisis de fondo, de llegar a realizarse,
a la providencia de segunda instancia, en tanto fue la que resolvió de manera
definitiva la controversia propuesta en el medio de control de reparación directa.
2.2. En esas condiciones, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” con la
sentencia de 14 de octubre de 2021, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad, en tanto
incurrió en (i) defecto fáctico por valoración indebida de los siguientes
elementos probatorios: (a) acta de la audiencia de acusación, (b) interrogatorio del
indiciado Yorman Jair Bravo Ramos, (c) informe del investigador de laboratorio del
14 de octubre de 2012 sobre la plena identidad del señor Carlos Andrés Rojas, y
no requerir a las demandadas para que aportaran el expediente correspondiente al
proceso penal antes de proferir una decisión de fondo (ii) desconocimiento del
precedente judicial al aplicar un criterio jurisprudencial relativo a la
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad que fue fijado con
posterioridad a la presentación de la demanda ordinaria promovida con el fin de
que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación
injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Andrés Rojas.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
2
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7
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En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional, pues debe definirse si las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en
desconocimiento del precedente judicial en el que se encuentra consolidadas las
reglas fijadas por el Consejo de Estado para determinar la responsabilidad
patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad y si vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la
administración de justicia con las sentencias de 14 de octubre de 2021 y 30 de
septiembre de 2019. Además, la decisión de segunda instancia cambió los
argumentos para confirmar el fallo apelado, por cuanto al abordar el análisis sobre
el cargo de la demanda de reparación directa relativo al carácter injusto de la
medida de aseguramiento, consideró que el mismo no fue demostrado. Por lo
tanto, para la Sala resulta claro que la parte actora no pretende reabrir el debate
legal ya resuelto y que se trata de un genuino debate constitucional.
Adicionalmente, (ii) contrario a lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación
en la contestación de la acción de tutela, el accionante no cuenta con otro medio
de defensa judicial para controvertir la sentencia de segunda instancia, en tanto
los reproches no se enmarcan dentro de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez
que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico enviado el
21 de octubre de 2021 y la acción de tutela se presentó el 19 de abril de 2022,
esto es, cinco (5) meses y veintiocho (28) días después, dentro del término
prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional16; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un
fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en defecto fáctico ni en
desconocimiento del precedente judicial
4.2.1. Los señores Carlos Andrés Rojas, quien actúa en nombre propio y en
representación de su menor hijo Duván Andrés Rojas Ortiz, Adelaida Rojas
Carvajal, Justo Pastor Lara Briceño, Sandra Milena Lara Rojas, Ferley Rojas
Carvajal y Adonay Carvajal Rojas, presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá con el objeto de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad, los cuales consideran vulnerados por las
sentencias de 14 de octubre de 2021 y 30 de septiembre de 2019,
16
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandantes: Carlos Andrés Rojas y otros
respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda de reparación
directa contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación promovida con el
fin de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de las
entidades demandadas, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto
el señor Carlos Andrés Rojas entre el 13 de octubre de 2012 y el 18 de julio de
2013, en el marco del proceso penal que cursó en su contra por los delitos de
homicidio y hurto calificado y agravado, conforme con los presupuestos
establecidos en la Ley 906 de 2004, y que se ordenara pagar la indemnización de
perjuicios derivados de esa circunstancia.
Concretamente alegaron la configuración de los defectos fáctico por indebida
valoración de los elementos probatorios por cuanto de los mismos no era posible
determinar que la Fiscalía General de la Nación tuviera razones suficientes para
inferir que el señor Carlos Andrés Rojas había incurrido en los delitos que se le
imputaban, y por desconocimiento del precedente judicial vigente al momento de
presentación de la demanda, en virtud del cual, según el relato de la parte actora,
basta con que se profiera una sentencia absolutoria para determinar la
responsabilidad del Estado por la privación injusta de libertad.
4.2.2. La Sala observa que los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, con el objeto de
que se declarara la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por
la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Andrés Rojas
entre el 13 de octubre de 2012 y el 18 de julio de 2013 y que, en consecuencia, se
condenara al pago de la indemnización de perjuicios materiales e inmateriales
derivados de esa circunstancia.
Por sentencia de 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la parte demandante no probó la antijuridicidad del daño, es decir,
que el señor Carlos Andrés Rojas no hubiera tenido el deber jurídico de soportar
la privación de la libertad “ya que no aportó las copias de las audiencias
preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de la medida de
aseguramiento”, en tanto señaló que únicamente aportó copia del expediente
correspondiente al proceso penal desde el escrito de acusación, en el que se
observa que el señor Yorman Jair Bravo Ramos acusó al señor Rojas de haber
causado la muerte del occiso y hurtarle la motocicleta. Sin embargo, precisó que
esas diligencias no dan cuenta de las inferencias que realizó el ente acusador y el
juez de control de garantías para dictar la medida de aseguramiento, por lo que
no era posible concluir que esa decisión estuviera infundada. Recordó que la
responsabilidad del Estado no surge per se del hecho que la persona que fue
privada de la libertad resulte absuelta en el proceso penal.
Contra esa decisión la parte demandante presentó recurso de apelación en el que
expresó lo siguientes argumentos:
• Controvirtió lo manifestado en torno a que el expediente correspondiente al
proceso penal estaba incompleto, en tanto, a su juicio, debió haberse hecho
uso de las facultades oficiosas del juez para solicitarlo con el objeto de
alcanzar el convencimiento necesario para proferir sentencia.
• Adujo que en el expediente obraban elementos probatorios suficientes para
determinar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por
la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Andrés
Rojas, tales como: (i) informe Ejecutivo FPJ3 de 7 de julio de 2012, expedido
el mismo día en que se encontró el cuerpo del occiso, que señala que la
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muerte se produjo por hurtarle su motocicleta la cual fue recuperada en el
establecimiento de comercio “Mi tío” en donde el señor Yorman Jair Bravo
Ramos la vendió, entregando los documentos personales de la víctima; (ii)
escrito de acusación en el que no se hace referencia a ninguna prueba que
vinculara al señor Carlos Andrés Rojas con el homicidio del señor Sierra
Alvarado y (iii) declaraciones del propietario del establecimiento de comercio
“Mi tío”, la cual fue desestimada porque ser un testigo de oídas.
Por sentencia de 14 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, confirmó la sentencia. Para
efectos de fundamentar esa decisión, precisó que la absolución en el proceso
penal no genera una responsabilidad del Estado “pues se trata de procesos
distintos por las partes, el objeto, la causa, los principios y normas que los rigen,
así como la naturaleza de la responsabilidad”.
Asimismo, explicó que con fundamento en la Sentencia C-037 de 1996 para
determinar la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad,
debe determinarse si la restricción fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada
o arbitraria a partir de los fundamentos expresados por las autoridades que
intervinieron en el proceso penal para proferir la medida de aseguramiento.
Asimismo, indicó que conforme con lo dispuesto en dicha sentencia por la Corte
Constitucional, el juez define el título de imputación, sin embargo, estableció como
preferente el subjetivo, bajo el título de falla en el servicio.
En ese marco, aseveró que en el expediente obran como elementos probatorios,
entre otros, la sentencia dictada en el proceso penal y la certificación sobre el
tiempo de detención del señor Carlos Andrés Rojas, los cuales no evidencian que
la privación de la libertad en su contra hubiese sido injusta, “porque ninguno de
ellos se refiere a las decisiones en las que la Fiscalía solicitó imponer la medida y
el juez penal la aprobó”.
Resaltó que la parte demandante no incluyó los documentos sobre la audiencia
preliminar del proceso penal en el que se legalizó la captura e impuso la medida
de aseguramiento al señor Rojas. En ese sentido, afirmó que en las decisiones
que obran en el expediente correspondiente al proceso penal, se mencionan las
razones que tuvo la Fiscalía General de la Nación para proferir orden de captura
tales como: (i) la declaración rendida por el señor Yorman Jair Bravo Ramos quien
vendió la motocicleta del occiso y señaló al señor Carlos Andrés Rojas como la
persona quien se la entregó para que realizara el negocio de compraventa, (ii)
declaración del propietario del establecimiento de comercio “Mi tío”, en el que se
encontró la motocicleta hurtada al occiso y quien adujo haber sido jefe del señor
Carlos Andrés Rojas. Aquél relató que la esposa del señor Rojas lo acusó de
haber hurtado y asesinado al propietario de la motocicleta que le vendió el señor
Yorman Jair Bravo, no obstante, ese testigo fue desestimado en el juicio por
tratarse de un “testigo de oídas”.
De ahí, concluyó que de los elementos probatorios que obraban en el expediente
no era posible determinar el incumplimiento de las reglas fijadas en el artículo 307
de la Ley 906 de 2004 al dictar la medida de aseguramiento contra el señor Carlos
Andrés Rojas “bien porque las labores de investigación no fueron debidas, o
porque los indicios de autoría no eran serios y razonables, o porque la prueba no
era idónea según los requisitos del artículo 308, etc”.
En ese marco, el Tribunal accionado manifestó que la omisión probatoria de la
parte demandante no tiene relación con las pruebas de oficio a las que hace
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referencia el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, pues no se advirtió la necesidad
de esclarecer la verdad o de puntos oscuros o difusos.
Precisó que la sentencia absolutoria se fundamentó en elementos probatorios
presentados en la etapa del juicio oral que permitieron determinar que el señor
Carlos Andrés Rojas no incurrió en los delitos imputados, sin embargo, esa
circunstancia per se no permitía concluir que al momento de dictar la medida de
aseguramiento la Fiscalía General de la Nación no tuviera razones de peso para
inferir razonablemente que aquél había cometido un delito.
En definitiva, señaló que no puede determinarse que la medida de aseguramiento
fue injusta por el hecho de que se dictó sentencia absolutoria porque esa decisión
no tuvo como fundamento que el hecho no existió o que la conducta fuera atípica y
no se probó la producción de un daño especial.
4.2.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el actor alega la
configuración de un defecto fáctico por cuanto consideró que se efectuó una
valoración indebida de los siguientes elementos probatorios que obraban en el
expediente:
• Adujo que en el acta de audiencia de acusación se señalaron los elementos
materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida
que fundamentaron la decisión de imponer la medida privativa de la
libertad, esto es, el interrogatorio del indiciado y luego condenado el señor
Yorman Jair Bravo Ramos.
• El informe del investigador Ronald Jahid García del 14 de octubre de 2012,
sobre la plena identidad del señor Carlos Andrés Rojas.
Al respecto, afirmó que de esos elementos probatorios que obraban en el
expediente se advertía con claridad que “no existía mérito legal para despachar
favorable la medida privativa de la libertad”.
Del mismo modo, reprochó que en las sentencias cuestionadas se echara de
menos las diligencias del proceso penal que se surtieron antes de la audiencia de
acusación, en tanto “el resto del expediente penal no fue introducido por culpa
atribuible a la demandada en el curso del proceso contencioso administrativo”. Al
respecto, afirmó que en el auto admisorio de la demanda se dispuso que “La
entidad demandada dentro del término de contestación de la demanda deberá dar
cumplimiento al numeral 4 y al parágrafo 1 del artículo 175 del C.P.A.C.A., en el
sentido de allegar todas las documentales que tenga en su poder y las que
pretenda hacer valer como pruebas en el proceso, así como también deberá
allegar el expediente administrativo y/o judicial que contenga los antecedentes de
la actuación objeto del proceso.”
4.2.4. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
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Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución , o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión .
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
4.2.5. La Sala advierte que centrará el análisis a la sentencia de 14 de octubre de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, por tratarse de la decisión de segunda instancia que puso fin al
proceso de reparación directa objeto de la acción de tutela.
4.2.6. Se evidencia que el Tribunal Administrativo accionado fundamentó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda al considerar que de los
elementos probatorios que obraban en el expediente y los cuales el actor
consideró indebidamente valorados: (i) audiencia de acusación y (ii) el informe del
investigador sobre la plena identificación del indiciado), no se evidenciaba el
carácter injusto de la medida de aseguramiento de la que fue objeto el señor
Carlos Andrés Rojas, “porque ninguno de ellos se refiere a las decisiones en las
que la Fiscalía solicitó imponer la medida el juez penal la aprobó”.
Es decir, no encontró razones para concluir que la medida de restricción de la
libertad desatendió criterios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad porque
en el momento en que se ejecutó aquella decisión, la Fiscalía General de la
Nación no hubiera contado con elementos suficientes para inferir razonablemente
que aquél pudo cometer un delito y, en consecuencia, declarar la responsabilidad
del Estado por la esa circunstancia. Al respecto, expresó lo siguiente:
“20. Es decir que para establecer la razonabilidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento, es necesario examinar la justificación que las
autoridades que participan en el proceso penal hayan dado sobre su caso
particular.
21. En el presente caso, la prueba documental aludida para demostrar la
responsabilidad extracontractual del Estado no incluyó documentos sobre la
audiencia preliminar del proceso penal en el que se legalizó la captura e
impuso la medida de aseguramiento al señor Carlos Andrés Rojas.
22. Así con las providencias referidas en la sentencia penal y la certificación del
INPEC sobre el tiempo de detención del demandante, se demuestra que el
señor Carlos Andrés Rojas fue capturado y privado de la libertad en
establecimiento carcelario, debido al proceso penal que se tramitó en su contra
por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y
agravado.
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23. Sin embargo, estos documentos no prueban que la privación de la libertad
haya sido injusta, porque ninguno de ellos se refiere a las decisiones en las que
la Fiscalía solicitó imponer la medida y el juez penal la aprobó
24 En las decisiones del juez penal que obran en este expediente se indicó lo
siguiente sobre las pruebas aportadas por la Fiscalía al solicitar la medida, pero
nada se dijo sobre las razones del Juez de Control de Garantías para
imponerla:
25. Al efecto, en la sentencia del proceso penal se dijo:
2. De los hechos materia de acusación. Luego de superada la audiencia de
imputación en la cual los procesados no se allanaron a cargos el Fiscal 23
Seccional presentó escrito de acusación en contra de YORMAN JAIR BRAVO
RAMOS Y CARLOS ANDRÉS ROJAS por el delito de homicidio y hurto
calificado y agravado artículos 103 y 104 numeral 2 del artículo 239, 240, 241
numeral 9 del código penal respectivamente, a partir de los hechos que a
continuación se resumen:
“Según informe ejecutivo FPJ3 del 7 de julio de 2012 proveniente de la Sijin
de la Policía Nacional se tiene conocimiento que para la fecha el informe y por
fuente humana se informó que en la entrada de la finca Picacho vereda la
Morena de la plata se hallaba un cadáver (…) que logró obtener información
en el sentido de que la motocicleta GN125 había sido empeñada en la
compraventa Mi Tío por 1.500.000 a nombre de YORMAN JAIR BRAVO en el
municipio de Garzón Huila, 2 horas después del deceso de SIERRA
ALVARADO que el indiciado en declaración precisa que fue CARLOS
ANDRÉS ROJAS quien le entregó la motocicleta de propiedad de éste fue
quien lo había asesinado para hurtarle el automotor
26. Y luego el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de la Plata- Huila
consideró lo siguiente sobre la falta de la prueba necesaria para decretar la
responsabilidad del investigado:
En ese orden de ideas, debemos entrar a valorar todo el acervo probatorio
arrimado al juicio oral, en especial si existen elementos probatorios que
demuestren la responsabilidad del encartado respecto al hurto y la muerte
de SIERRA ALVARADO, concluyendo sin entrar a hacer el más mínimo
esfuerzo intelectual que no existe prueba alguna que lo responsabilice en
los cargos que se le hicieron, si bien es cierto JUAN CARLOS ORTIZ
propietario de la compraventa mi Tío, ex empleador de CARLOS ANDRÉS
ROJAS lo responsabiliza en forma directa, el señor ORTIZ no es testigo
presencial de hecho alguno, pues da cuenta de ser testigo de oídas de lo
que le informó la señora YORELI esposa del encartado, pero no es testigo
presencial de suceso alguno en especial que CARLOS ANDRÉS ROJAS
haya perpetrado los punibles que se le imputan, ante lo cual se debe
absolver por los cargos imputados.
27. De ahí que esta sala no encuentre que la medida preventiva de
aseguramiento en centro carcelario dictada contra el demandante hubiese
incumplido las reglas del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, bien porque
las labores de investigación no fueron debidas o porque los indicios de
autoría no eran serios y razonables o porque la prueba no era idónea
según los requisitos del artículo 308, etc.”
Entonces, de lo anterior resulta claro que la autoridad judicial accionada efectúo
una valoración a los elementos probatorios que, a juicio de la parte actora, fueron
indebidamente valorados y los cuales aportó con la demanda de reparación
directa, y explicó las razones por las cuales de ahí no era posible acreditar el
carácter injusto de la medida de aseguramiento alegado en la demanda, a lo que
agregó que, de esos elementos de prueba, la medida de aseguramiento no
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incumplió los requisitos previstos en el artículo 307 de la Ley 906 de 2004. De lo
cual, la Sala no advierte la configuración de un error que vulnere los derechos
fundamentales invocados, ya sea porque se omitió algún aspecto o porque se
hubiesen acreditado aspectos inexistentes, que hubiesen conllevado una
conclusión abiertamente caprichosa y alejada de la realidad.
Ahora bien, la Sala advierte que la parte actora da una lectura errada a lo que
debería ser una correcta valoración probatoria por parte del Tribunal accionado, en
tanto considera que, como quiera que de los citados elementos no se avizoran las
razones en las que la Fiscalía General de la Nación y el Juez de Control de
Garantías fundamentaron la decisión de proferir la medida de aseguramiento per
se, debe entenderse que no existían y, en razón a ello, debía concluirse que la
restricción de la libertad fue injusta.
Para la Sala, ese argumento desconoce, sin un fundamento válido, la existencia
de actuaciones en el proceso penal que sí permitían analizar los argumentos
expuestos por las autoridades que intervinieron en la decisión de ordenar la
medida de aseguramiento y que no obraban en el expediente. De ahí que resulte
razonable, concluir que no se demostró que la medida de aseguramiento hubiese
desconocido los requisitos consagrados en el artículo 307 de la Ley 906 de 2004,
es decir, que no fuese legal, razonable y proporcional.
En definitiva, lo que ocurrió en este caso y en lo que se fundamentó la decisión
cuestionada, es que no se probó el carácter injusto de la medida, porque de los
documentos que se aportaron como pruebas para tal efecto no se avizoraban las
razones para proferir la medida de aseguramiento lo que es necesario para
determinar si la misma cumplió criterios de proporcionalidad, razonabilidad y
legalidad. Empero, el Tribunal accionado concluyó a partir de las pruebas que para
el demandante supuestamente fueron indebidamente valorados, que la medida de
aseguramiento sí cumplió los presupuestos establecidos en el estatuto procesal
penal.
Al respecto, contrario a lo considerado por la parte actora para la Sala esa
conclusión no deviene en un error en la valoración probatoria por el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica que torne la decisión cuestionada
caprichosa, carente de fundamentos fácticos, en tanto se valoraron los elementos
probatorios aportados en la demanda, los cuales la parte demandante a bien tuvo
aportar para acreditar los hechos en los que fundamentó las pretensiones de la
demanda.
Así entonces, no puede considerarse un error en la decisión objetada que hubiera
cuestionado a la parte demandante por no aportar con la demanda las diligencias
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación al momento de la imposición de
la medida de aseguramiento, pues para la Sala no es desproporcionado, ni
irrazonable lo considerado en torno a que de esa manera correspondía probar lo
afirmado en la demanda de reparación directa relativo a que el ente acusador no
contaba con elementos suficientes para inferir de manera razonable que el señor
Carlos Andrés Rojas había podido incurrir en los delitos imputados y que de ahí
surgía la responsabilidad estatal por la privación injusta de la libertad.
En ese orden, resulta necesario precisar que las consecuencias de la omisión de
la parte demandante de aportar los elementos probatorios necesarios para probar
los supuestos de hecho que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda
(art. 167 de la Ley 1437 de 2011), no puede trasladarse a los jueces
administrativos y menos bajo las aplicaciones de las facultades oficiosas que el
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legislador le ha otorgado “sólo de manera subsidiaria y siempre que las partes no
logren aportar los elementos necesarios para resolver de fondo el litigio17”.
18
Del mismo modo, es necesario aclarar que esta Sala ha manifestado
reiteradamente que las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son
distintas a aquellas que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el
primero van encaminadas a determinar si la conducta es típica, antijurídica y
culpable. En cambio, en el contencioso, en los casos de privación de la libertad se
realiza un análisis con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, al punto
que el hecho de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la
responsabilidad del Estado.
En definitiva, la Sala observa que el accionante no demostró que la autoridad
judicial accionada incurriera en el defecto fáctico alegado, toda vez que valoró los
elementos probatorios que fueron aportados con la demanda ordinaria para
efectos de demostrar el carácter injusto de la medida de aseguramiento y los
cuales el actor consideró como indebidamente valorados, y de ese análisis no se
advierte algún yerro que origine la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, a lo que debe agregarse que la carencia probatoria
no es un aspecto que pueda reprocharse al Tribunal demandado, en tanto
correspondía a la parte demandante probar en el medio de control de reparación
directa que las entidades demandadas no tenían elementos para inferir
razonablemente que el señor Carlos Andrés Rojas había podido incurrir en un
delito y decretar la medida de aseguramiento en su contra, es, decir, que habían
incurrido en una falla en el servicio.
4.2.7 Sobre el desconocimiento del precedente judicial la parte actora
consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en esta causal al
no aplicar el precedente judicial vigente al momento de la presentación de la
demanda en virtud del cual bastaba con que se absolviera a la persona privada de
la libertad para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido,
señaló que se dio aplicación a un criterio de interpretación fijado en la sentencia
de unificación de 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que establece que debe verificarse la proporcionalidad,
razonabilidad y legalidad de la medida de aseguramiento a partir de las pruebas
que se contaban al momento de dictar la medida de aseguramiento para
determinar si de ahí se podía inferir razonablemente que el imputado pudo haber
cometido un delito.
4.2.8. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que19: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
17
SU-129 de 2021 M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 27 de agosto de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-02585-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; sentencia de 17 de febrero de 2022, exp. No°. 11001-03-15-000-2021-10435-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
19
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02212-00
Demandantes: Carlos Andrés Rojas y otros
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas20:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció21.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto22.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
4.2.9. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el Tribunal accionado se refirió
a la sentencia C-037 de 199623 como fundamento jurídico de la decisión
cuestionada, señalando que en virtud de esa providencia “el juez administrativo
define el título de imputación según el caso y para establecer si la privación de la
libertad es injusta debe examinar si la restricción fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria”, lo cual no es un aspecto del cual pueda inferirse un
error por parte de las autoridades judiciales accionadas que configure el defecto
por desconocimiento del precedente judicial.
Al respecto, la Sala debe precisar que para el momento en que se profirió la
sentencia de 14 de octubre de 2021, el precedente judicial vigente estaba
contenido en la regla jurisprudencial precisada en la sentencia SU-072 de 201824,
que fue la postura aplicada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, en donde no se afirmó que hubiese una formula
20
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una
sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que
efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a
partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii)
que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
22
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del
caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el
fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
23
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
24
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
16
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Demandantes: Carlos Andrés Rojas y otros
automática conforme con la cual los casos de privación de la libertad en los que
se desvirtuaran las circunstancias que inicialmente dieron paso a la aplicación de
la medida de aseguramiento debieran ser estudiados con base en el régimen
objetivo de responsabilidad, sino que, al contrario, se dejó abierta la posibilidad
para que fuera el juez administrativo el que, en virtud del principio iura novit curia,
definiera en cada caso el título de imputación que se adaptara mejor según sus
particularidades, como, en efecto, se resolvió el caso bajo análisis.
En efecto, en esa providencia, la Corte Constitucional analizó entre otros cargos
de tutela, el desconocimiento de la sentencia C-037 de 1996 y recordó que “[e]l
primer y más importante precedente respecto de la responsabilidad del Estado
cuando se priva preventivamente de la libertad a una persona que finalmente fue
absuelta, es la sentencia C-037 de 1996, que tuvo por objeto verificar la
constitucionalidad del proyecto de ley n.° 58/94 Senado, 264/95 Cámara, el cual
se convirtió en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia”.
De acuerdo con ello, la Corte Constitucional concluyó que “determinar como
fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no
haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio
pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es
decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera
automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió
preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o
arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996”. (Negrilla fuera del texto original)
Finalmente, en tanto el actor se refirió a la aplicación indebida sentencia de
unificación de 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, la Sala debe señalar que en la sentencia cuestionada no se hizo
referencia a dicha providencia, como se explicó. La sentencia objetada dio
aplicación al criterio de unificación de la Corte Constitucional citado en
precedencia, el cual es obligatorio y vinculante y no tuvo sustento en la aplicación
de la sentencia señalada.
En definitiva, la Sala encuentra que no se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, porque aplicó el criterio de interpretación vigente al momento
de proferir la sentencia.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la demanda de
tutela, al encontrar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial alegados por la parte actora.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por
los señores Carlos Andrés Rojas, quien actúa en nombre propio y en
representación de su menor hijo Duván Andrés Rojas Ortiz, Adelaida Rojas
Carvajal, Justo Pastor Lara Briceño, Sandra Milena Lara Rojas, Ferley Rojas
Carvajal y Adonay Carvajal Rojas contra el Tribunal Administrativo de
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Demandantes: Carlos Andrés Rojas y otros
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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