Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02215-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por la E.S.E. Hospital del Rosario de
Campoalegre (Huila) contra el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 18 de abril de la presente anualidad 1 , la E.S.E. Hospital del Rosario de
Montealegre (Huila) interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad 2 , con ocasión de la sentencia de segunda instancia
proferida el 2 de noviembre de 2021, en el proceso de reparación directa con
radicado 41001-33-31-703-2012-00069-01. Formuló las siguientes pretensiones:
[…]SE TUTELEN LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES
DEL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO PROBATORIO, ACCESO A LA
EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EFICACIA DE LOS DERECHOS
1
La Sala advierte que, el 20 de mayo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También alega que se afectaron sus garantías a la no discriminación y la efectividad de los
derechos sustanciales.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
SUSTANCIALES, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, dentro de los
presupuestos fácticos y jurídicos precisados en la presente Tutela, y cualquier
otro que se evidencie en el plenario.
En consecuencia, solicito SE ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia oral del 2 de noviembre
de 2021 y notificada el 26 de enero de 2022, en su lugar, CONCEDER el amparo
constitucional de los derechos fundamentales invocados.
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos jurídicamente relevantes de la solicitud de amparo se
resumen así:
Los señores Albenis Peña Vega, Diego Mauricio Peña, Lina Paola Peña y Cristian
Andrés Serrato Peña instauraron demanda de reparación directa contra la E.S.E.
Hospital del Rosario de Campoalegre, para que fuera declarada responsable de
los perjuicios atribuidos al deceso del señor Leonardo Vega Peña, como
consecuencia de la no prestación oportuna de los primeros auxilios y el no
suministro de los medicamentos requeridos para su recuperación.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 21 de mayo
de 2020, negó las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a quien se remitió el
proceso para decisión de segunda instancia en cumplimiento del Acuerdo
PCSJA21-11817 de 2021 emanado del Consejo Superior de la Judicatura, en
providencia del 2 de noviembre de 2021, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, el 21 de mayo de 2020.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonialmente
responsable al Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre por los
perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. En consecuencia, CONDENAR al Hospital del Del Rosario del
Municipio de Campoalegre, a pagar las siguientes sumas de dinero:
A título de pérdida de oportunidad las sumas que a continuación se refieren:
Albeni Peña Vega 50 SMLMV
Lina Paola Peña Vega 25 SMLMV
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
Cristian Andrés Serrato Peña 25 SMLMV
Diego Mauricio Peña Vega 25 SMLMV
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
«siguientes vicios de trascendencia constitucional»:
1.3.1 Transgresión del principio de congruencia (fallo extra y ultra petita), al
reconocer situaciones no planteadas por los apelantes, con lo cual «se
desconoció el principio de justicia rogada» desarrollado por el Consejo de Estado.
Explicó que la tutela tiene relevancia constitucional, para examinar si es posible
que el juez de segunda instancia, cuando se trata de apelante único, tiene la
potestad de modificar el objeto de la litis y resolver aspectos que no fueron
alegados en la apelación.
Sostuvo que, al contrastar la demanda con la sentencia de primera instancia,
objeto de tutela, resulta claro que el tribunal modificó la tesis del demandante y el
objeto del litigio definido en la audiencia inicial, sin una motivación razonable y
justificada.
1.3.2. «Indefinición del presunto contenido obligacional omitido por la ESE»,
puesto que no fue delimitado en la demanda, en el recurso de apelación ni en la
sentencia, desconociéndose, además, el Nivel I de atención de la ESE en un
municipio de sexta categoría, así como los servicios habilitados para dicho
régimen.
1.3.3 Desatención de las diferentes categorías de los servicios de ambulancia o
transporte de traslado asistencial básico, en relación con el anexo técnico de
condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio de salud para su
habilitación, contenidas en la Resolución 1043 del 3 de abril de 2006, emanada
del Ministerio de Protección Social.
1.3.4. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, según los criterios
adoptados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-129 de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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De otra parte, señaló que la pérdida de la oportunidad no releva a la parte
demandante de acreditar los supuestos de hecho alegados en la demanda, y
acorde con el salvamento de voto de la sentencia no hay certeza de la existencia
de una oportunidad legítima, seria, verídica, real y actual que la entidad haya
privado.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Inicialmente, la demanda de tutela fue repartida al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Campoalegre (Huila), el que, mediante auto del 18 de
abril de 2022, ordenó remitirla a esta Corporación, en cumplimiento de las reglas
de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021.
Asignado el asunto a esta Subsección, mediante auto del 22 de abril de 2022, el
Despacho sustanciador admitió la solicitud de amparo y ordenó que aquel se
notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, como parte demandada, y a los señores
Albenis Peña Vega, Diego Mauricio Peña, Lina Paola Peña y Cristian Andrés
Serrato Peña, como terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
2.2. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se
opuso a las pretensiones de la tutela, para lo cual adujo la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de subsidiariedad, en lo concerniente a la transgresión del
principio de congruencia, porque en esos casos se debe acudir al recurso
extraordinario de revisión.
De otra parte, señaló que la sentencia hizo un minucioso análisis de la demanda,
del recurso y de las pruebas, sin incurrir en ninguna violación de los derechos
alegados.
2.3. El apoderado judicial de los terceros con interés afirmó que en el proceso de
reparación directa no se presentó alguna anomalía que justifique la intervención
del juez constitucional, razón por la cual la petición de amparo es improcedente.
Igualmente desestimó (i) que se hubiese violado el principio de congruencia,
porque en el proceso sí se alegó la pérdida de la oportunidad; (ii) que tampoco
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Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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existió indefinición del contenido obligacional a cargo de la entidad demandada,
ya que la obligación está determinada en los reglamentos del uso de la
ambulancia; (iii) que no existió indebida valoración probatoria, puesto que el
tribunal valoró no solo la prueba documental, sino también los testimonios a la luz
del precedente constitucional y del Consejo de Estado.
2.4. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
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Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
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Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
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Sentencia de tutela de primera instancia
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 4 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el
estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuró alguno de los
vicios atribuidos por la parte demandante a la sentencia proferida el 2 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
3. Análisis del caso
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 2 de noviembre de 2021,
mientras que la solicitud de amparo se presentó el 18 de abril del año en curso,
esto es, dentro de los seis meses siguientes a la expedición y notificación de la
decisión. Este término resulta razonable.
3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
4
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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3.1.3. De la subsidiariedad5:
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 6 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 7 prevén como causal de improcedencia de la acción de
tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En
ese sentido, la Corte Constitucional manifestó8:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente
a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no
5
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
6
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
7
«Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
8
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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Sentencia de tutela de primera instancia
puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con
la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de atentar
contra los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así 9 : «es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».
• Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto.
La parte actora afirma que la autoridad judicial cuestionada incurrió en violación al
principio de congruencia al proferir un fallo ultra y extra petita, puesto que decidió
aspectos que no fueron motivo de apelación ni de debate en la demanda de
9
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando
a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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reparación directa, al punto de variar la fijación del litigio que se hizo en la
audiencia inicial y condenar a la demandada por pérdida de oportunidad.
Por tanto, para discutirse el desconocimiento de la máxima de la congruencia, la
entidad demandante cuenta con otro medio de defensa, como lo es el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 24810 de la Ley 1437 de 2011,
específicamente bajo la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», que incluye el vicio
por incongruencia.
Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión 11 es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el
rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la
justicia como del ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos por
hechos externos al proceso judicial12.
El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad
interpretativa del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De
hecho, la mayoría de las causales del recurso extraordinario de revisión previstas
en el artículo 25013 de la Ley 1437 de 2011 tienen que ver justamente con vicios
10
«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos».
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de
2004. M.P. María Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
12
En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras,
providencia del 30 de noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, expediente N° 1999-0207, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
13 «Artículo 250. C. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.
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Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
de naturaleza procesal, mas no sustancial, como ocurre, por ejemplo, con la
causal de revisión denominada «nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede el recurso de apelación». Según lo ha
entendido la Sala Plena de esta Corporación14, la causal de revisión mencionada
está ligada a las causales de nulidad procesal del artículo 140 C.P.C. (hoy artículo
133 del C.G.P)15.
Es decir, se trata de irregularidades procesales que surgen justamente con la
expedición de la sentencia y que, como no son pasibles del recurso de apelación,
pueden cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión, por tratarse
de la nulidad originada en la sentencia. Esto es, la causal está prevista para
proteger el debido proceso que fue desconocido al momento en que se dictó la
sentencia, que es el momento en que se advierte la violación.
Esta Corporación, en sentencia de Sala Plena del 8 de mayo de 2018, recopiló y
fijó el alcance de la causal de revisión alusiva a la nulidad originada en la
sentencia, señalando que:
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada». (se destaca).
14 Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente No. REV-93. M.P. Mario Alario Méndez. En
sentido similar, ver, entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia del 20 de abril de 2004.
Expediente No. 11001-03-15-000-1996-0132-01 (REV). M.P. María Inés Ortiz Barbosa; (ii)
sentencia del 9 de marzo de 2010. Expediente No. 11001-03-15-000-2002-1024-01. M.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia (e), y (iii) sentencia del 31 de mayo de 2011. Expediente No. 11001-
03-15-000-2008-00294-00. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
15 A cuyo tenor: «el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o
de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se
omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión
o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas,
que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (…)» (se destaca).
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia 16 , ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación,
sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente de la invocada en ésta17, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión 18 o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número
de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la
ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación 19 . 20
(Negrilla fuera de texto)21
Esta Corporación ha sostenido que la nulidad originada en la sentencia se puede
invocar como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión por
vicios de incongruencia. Al respecto, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo
Contencioso Administrativo señaló lo siguiente:
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia.
[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250
del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras
razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas
implica una actuación sin competencia.
(…)En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080. Cita original de la sentencia.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093. Cita original de la sentencia.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170. Cita original de la sentencia.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062. Cita original de la sentencia.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de
2011, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00. Cita original de la sentencia.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, Rad. 11001 03-15-000-1998-00153-01 (REV) C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
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Sentencia de tutela de primera instancia
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio de la
congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista
armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga,
sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o
cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”:
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.22
La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la
violación al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo
consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de
litis que se ha planteado desde la demanda.
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión
cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la
cual la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos,
cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA23 (se resalta).
Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió un recurso
extraordinario de revisión en el cual se alegó como causal de procedencia la falta
de congruencia, para lo cual manifestó:
22
Cita original del texto: «Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668).
Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca.
C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié».
23
Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
2.4. El principio de congruencia.
La congruencia es un principio general del derecho procesal, entendido
como un criterio de forzoso acatamiento que tiene relación directa con los
derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia, en la medida en que debe existir una decisión armónica entre los
hechos, las pretensiones y la decisión judicial.
Ahora bien, en este punto la Sala considera oportuno señalar que la
congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho
fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política y una manifestación del derecho de contradicción y
defensa de las partes24, de manera que la incongruencia de la decisión
judicial puede generar inclusive, la invalidez de la decisión judicial.
Hechas las anteriores precisiones acerca del principio de congruencia
entre lo pedido en la demanda, lo resuelto en el problema jurídico y en el
evento de la apelación, en relación con los cargos formulados que
demarcan la competencia del superior jerárquico, la Sala analizará si la
entidad demandada incurrió en el yerro a que se refiere el recurrente en
el presente mecanismo judicial, de manera que vicie el fallo objeto del
recurso de revisión de nulidad y en consecuencia, deba invalidarse de
conformidad con el inciso primero del artículo 138 del Código General
del Proceso (…).
En el sub lite, como se expuso ab initio (…) la causal invocada es la
consagrada en el numeral 5º del 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo25 (se destaca).
De otra parte, frente al recurso de revisión, como mecanismo idóneo y eficaz, la
Corte Constitucional, en sentencia SU-659 de 2015, señaló:
La Sala Plena ha expuesto que este mecanismo judicial, prima facie, es un
espacio de protección de derechos fundamentales; su finalidad es revertir
decisiones que hacen tránsito a cosa juzgadas al vulnerar la justicia material;
así como eventos en los que nuevos hecho evidencian que una providencia
se tomó a partir de evidencia ilegal.
El recurso extraordinario de revisión puede presentar dificultades en casos
concretos, en virtud a que su procedencia está prevista en causales taxativas
y regladas. En ocasiones, las mismas no se adecuan a los defectos que se
señalan de una sentencia ejecutoriada. De esta manera, puede ocurrir que
nos encontremos ante una sentencia injusta y violatoria de derechos
fundamentales, pero no exista manera de atacarla a través de las causales
del recurso extraordinario de revisión. Se lee la Sentencia C-649 de 2011:
La Corte ha sostenido que para concluir que el mecanismo ordinario es
idóneo y eficaz, el actor debe estar en la capacidad de encuadrar el defecto
que considera tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas
establecidas en el código correspondiente. De lo contrario, no puede
considerarse improcedente la tutela.
24
Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 10 de marzo de 2017, expediente No. 11001-03-25-000-2014-00897-00(2747-14),
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. También se puede consultar, entre otros, sentencia del 8 de
marzo de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00401-00(1278-14), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
Tratándose del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción
contenciosa administrativa, la Corte ha apuntado que cuando una decisión de
un juez administrativo, potencialmente vulnera no solo el debido
proceso, sino otros derechos, y estos tienen el carácter de fundamental, el
recurso de revisión pierde eficacia e idoneidad. Esto lo ha desarrollado a
propósito del proceso de nulidad electoral. En él, un juez administrativo
puede, eventualmente vulnerar el derecho al debido proceso. Hasta este
momento, el recurso de revisión es procedente. Sin embargo cuando implica,
además la restricción del ejercicio de un derecho político (elegir y ser elegido
a cargos públicos), u otros fundamentales, el recurso extraordinario pierde
idoneidad.
Concluye que el recurso será eficaz cuando: i) la única violación alegada sea
el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no
tienen carácter fundamental, o ii) cuando el derecho fundamental cuya
protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral
dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión
evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna
el derecho26 (se destaca).
Bajo ese entendimiento, no hay duda de que los reparos atribuidos a la
incongruencia de la sentencia no pueden ser examinados por el juez de tutela y,
en consecuencia, la tutela debe declararse improcedente, ante la existencia de
otro mecanismo judicial de defensa. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de lo
que eventualmente decida el juez natural sobre la admisibilidad o no del recurso
extraordinario de revisión.
En lo atinente a los cargos restantes (defecto fáctico, falta de claridad sobre el
contenido obligacional desconocido por la EPS y el desconocimiento de las
condiciones exigidas a un centro de salud nivel I), en general, la tutela cumple el
requisito de subsidiariedad, sin perjuicio del análisis de aspectos puntuales
referidos a la defensa de la accionante en el proceso de reparación directa.
3.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
En sentencia del 5 de agosto de 201427, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
26
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente T-3.795.843, M.P. Alberto Rojas Ríos.
27
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto.
Los señores Albenis Peña Vega, Diego Mauricio Peña, Lina Paola Peña y Cristian
Andrés Serrato Peña, instauraron demanda de reparación directa contra la E.S.E.
Hospital del Rosario de Campoalegre, para que se declarara responsable de los
perjuicios atribuidos a la falla médica derivada de la prestación inoportuna e
inadecuada de los servicios médicos.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la
demanda; sin embargo, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina revocó la decisión y, en su lugar, declaró la responsabilidad de la
E.S.E. demandada y la condenó al pago de unos perjuicios «a título de pérdida de
oportunidad»
La E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre acude a la acción de tutela para
discutir los siguientes reparos –con exclusión del vicio de incongruencia,
descartado por falta de subsidiariedad–:
• «Indefinición del presunto contenido obligacional omitido por la ESE»,
puesto que no fue delimitado en la demanda de reparación directa, en el
recurso de apelación ni en la sentencia, desconociéndose, además, el
Nivel I de atención de la ESE en un municipio de sexta categoría y a los
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
servicios habilitados para dicho régimen.
• Desatención de las diferentes categorías de los servicios de ambulancia o
transporte de traslado asistencial básico, en relación con el anexo técnico
de condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio de salud
para su habilitación, contenidas en la Resolución 1043 del 3 de abril de
2006, emanada del Ministerio de Protección Social.
• Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, según los criterios
adoptados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-129 de 2021.
Al revisar los argumentos en los que se edifica la solicitud de amparo, la Sala
constata que esta carece de relevancia constitucional, de un lado, porque (i)
algunos de ellos no contienen suficiente carga argumentativa o (ii) no se
relacionan directamente con el sentido de la decisión, es decir, no atacan el
razonamiento del tribunal; y, de otro, porque los que cumplen esa exigencia, (iii)
en el fondo se dirigen a convertir la acción de tutela en una instancia adicional al
proceso de reparación, dejando de lado el deber (iv) de exponer verdaderos
argumentos de orden constitucional que pongan de relieve la necesidad imperioso
de intervención del juez constitucional. Veamos:
En primer lugar, la parte demandante se limitó a señalar que la sentencia no fue
clara en identificar el contenido obligacional a cargo de la EPS y que desconoció la
categoría y el nivel del centro asistencial; sin embargo, no expresa claros
argumentos del vicio que se genera a partir de la supuesta indefinición del
contenido obligacional de la entidad. De hecho, ni siquiera se exponen elementos
constitucionales que justifiquen adentrarse en el fondo del asunto para cuestionar
la decisión del tribunal.
Aún más, la entidad demandante no contestó la demanda de reparación directa ni
hizo manifestación alguna en las instancias del proceso ordinario, y ahora
pretende introducir por vía de tutela argumentos contra la decisión, una vez se
obtuvo un fallo adverso a sus intereses. La acción de tutela no es un espacio para
revivir oportunidades no aprovechadas en el proceso, ni suscitar una tercera
instancia.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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Lo mismo concluye la Sala de la supuesta desatención de las categorías de los
servicios de vigilancia. En ese punto la demanda se circunscribe a señalar que se
desconocieron las reglas del anexo técnico adoptado en la Resolución 1043 de
2006 proferida por el «Ministerio de Salud y/o Protección Social», sin revelar
cuáles son los aspectos concretos del anexo o la resolución que el tribunal echó
de menos o aplicó de manera indebida.
Tampoco se advierte una carga argumentativa mínima y seria cuando se afirma
que el tribunal incurrió en un defecto fáctico. La demanda deja de explicar la
arbitrariedad o contraevidencia de los medios de prueba, así como la supuesta
conclusión irracional y la que en realidad se deducía de las pruebas aportadas.
En todo caso, sin que implique que la Sala está haciendo un análisis sobre la
existencia o no del vicio por incongruencia que deberá ser examinado por en el
recurso extraordinario de revisión, conviene señalar que la decisión del tribunal sí
contiene un análisis de las pruebas. Nótese que luego de citar los testimonios la
sentencia determinó:
Con relación a los testimonios presentados relativos a la oportunidad y
calidad de la atención pre-hospitalaria que recibió el Sr. José Leonardo Peña,
la Sala da cuenta que el análisis de la cadena de sucesos susceptibles de
comprometer la responsabilidad de la entidad demandada en dicha fase, pese
a la multiplicidad de relatos aportados por testigos de los hechos, los mismos
fueron ignorados íntegramente por el juez de instancia, quien fundamentó el
fallo reprochado únicamente a partir de la atención médica que una vez
ingresado al servicio de urgencias recibió el paciente, ignorando a juicio de
esta Corporación graves y evidentes falencias en la prestación del servicio de
ambulancia terrestre.
Así, de la lectura de los testimonios recaudados se obtiene como común
denominador que el tiempo transcurrido entre el primer llamado de
emergencia realizado de forma presencial por el señor Didier Augusto
Gutiérrez, fue de aproximadamente 30 minutos, lapso que si bien por sí solo
no representa una morosidad en la prestación del servicio, cuando es puesto
de cara a la distancia existente entre el punto de atención médica y el lugar
de encuentro con el paciente, se observa que entre dichas locaciones
mediaban no más de 200 metros, correlación que configura una seria falencia
en la oportunidad de la atención pre-hospitalaria del Sr. José Leonardo Peña,
pues del expediente no es posible extraer una causa o motivo que justifique la
exagerada tardanza, como podría pensarse de una ocupación de las
unidades de emergencia en otros casos vitales al momento del pedido de
socorro del hoy occiso, por el contrario, de los testimonios allegados se pudo
entrever que el conductor del vehículo de emergencia no se encontraba
inmediatamente dispuesto a trasladarse al lugar de los hechos.
Reprocha también el apelante la ausencia de valoración probatoria sobre las
declaraciones realizadas por los testigos con relación a la idoneidad del
personal que asistió al lugar de los hechos, así como la supuesta precaria
19
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Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
atención y dotación técnica que dicho personal empleó al momento de
recolección del hoy occiso, aseverando que la ambulancia fue tripulada
únicamente por su conductor y una enfermera, quienes además no
acompañaron su labor de los implementos necesarios para prestar siquiera
los primeros auxilios.
El tribunal no solo reprochó la valoración del a quo, por no haber estudiado los
testimonios, sino que hizo un análisis de estos, respecto de lo ocurrido en el lugar
inicial, el relato sobre la llegada y el desplazamiento de la ambulancia, la atención
final ofrecida en el centro médico, la necropsia y la historia clínica. Y cada una de
esas situaciones fue valorada de manera independiente, es decir, la oportunidad
en la prestación del servicio del transporte, la idoneidad del personal del servicio
de ambulancia, el momento de diligenciamiento y el contenido de la historia
clínica, la eficiente o ineficiente prestación del servicio en el centro asistencial.
La demanda de tutela pasa por alto que la sentencia no encontró falta de
idoneidad en el personal del servicio de ambulancia o errores en la prestación del
servicio, una vez el paciente llegó al centro médico:
[E]sta Sala comparte las conclusiones realizadas por el juez de primera
instancia en lo concerniente a la actividad hospitalaria recibida por el occiso,
quien fue asistido de manera pronta, diligente y eficaz una vez fue ingresado
al Hospital del Rosario de Campoalegre, empero, la prestación integral del
servicio médico asistencial que elude la responsabilidad patrimonial por la
falla médica involucra no sólo el acto médico propiamente dicho, que se
refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y
comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,
incluidas las intervenciones quirúrgicas, sino que también se refiere a todas
aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención
profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es
llevada a un centro médico estatal, hasta que culmina su demanda del
servicio, actividades que están a cargo del personal paramédico o
administrativo.
Tanto que el punto central de la decisión fue la falla en el servicio de transporte
derivada de la cercanía entre el punto inicial en que se encontraba el paciente y la
ubicación del centro hospitalario. A partir de ello, se evidenció una tardía
prestación de ese servicio como «causante de la pérdida de oportunidad o pérdida
de chance de ser atendido rápidamente en la entidad demandada».
Es por ello que para esta Corporación se encuentra acreditada la falla del
servicio médico con fundamento en la defectuosa prestación del servicio de
transporte de ambulancia, pues se reitera, la cercanía entre el punto de
encuentro del occiso y la locación del centro asistencial demandado implicaba
una rápida satisfacción del trayecto de recolección e ingreso del mismo, lo
20
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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que aunada a la naturaleza de la causa de muerte (choque hipovolémico de
origen hemorrágico) permite afirmar a esta Sala que la tardía prestación del
servicio de ambulancia pudo hacer nugatorios los esfuerzos médicos que
pretendían salvar la vida del Sr. Peña Vega.
Sin embargo, el mencionado retardo en la prestación del servicio de
ambulancia pudo no ser la causa adecuada del daño, resumido en la muerte
del señor Peña Vega, pero sí la causante de la pérdida de oportunidad o
pérdida de chance de ser atendido rápidamente en la entidad demandada…
De modo que la autoridad judicial demandada sí motivó la obligación concreta que
advirtió desconocida por la entidad y derivada del análisis integral de lo que se
entiende por prestación de servicios de salud.
Las razones anotadas son suficientes para concluir que no se cumple el requisito
de relevancia constitucional, dado que el análisis sobre la prueba de la pérdida de
oportunidad y su configuración se relaciona con la falta de congruencia de la
sentencia, circunstancia que, como se vio, podría alegarse mediante el recurso
extraordinario de revisión.
Compártanse o no los argumentos y la decisión del tribunal accionado, la Sala no
puede adentrarse en un juicio de corrección de una labor que es propia del juez
ordinario, máxime si no es palmaria la existencia de un debate que revele o
genere dudas sobre su disconformidad con la carta política. Los reparos de la
tutela se limitan a una cuestión legal, sin trascendencia de afectación de derechos
fundamentales, sin perjuicio del debate que, se insiste, deberá hacerse en otra
instancia sobre la supuesta incongruencia del fallo.
La importancia iusfundamental o constitucional de un asunto no surge por el solo
hecho de invocarse la violación de derechos fundamentales, pues de ser así todos
los conflictos o discrepancias de orden procesal serían definidos mediante la
acción de amparo, en la medida en que siempre habrá un debate, al menos en lo
que concierne al derecho al debido proceso.
Tampoco quiere decirse que la tutela deba hacer abstracción de las disposiciones
legales sobre las cuales versa el proceso jurisdiccional o el punto de discordia,
solo que debe limitarse a las discrepancias con clara y marcada importancia
constitucional, para evitar vaciar la competencia del juez natural y sustituirla por el
juez constitucional, circunstancia que, vale decir, restaría todo sentido a la
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
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Providencia y Santa Catalina
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estructura de la administración de justicia y a la adopción de jueces con
especialidades en ciertas áreas del derecho.
No es labor del juez de tutela fijar el criterio de interpretación correcto y único que
debe guiar la labor de los jueces naturales de la causa en los asuntos que,
precisamente, a ellos confió el legislador al determinar tanto el objeto de la
jurisdicción como la competencia de cada una de las autoridades judiciales que la
integran.
Definitivamente, la acción de tutela no puede ejercerse a manera de juicio de
corrección, pues, como lo afirmó recientemente la Corte Constitucional:
[L]a la tutela contra providencias judiciales como un “juicio de validez” y no
como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado. 28 Este enfoque impide
que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial. En el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir
las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus
derechos. Si luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad
judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales29. (Se destaca)
Cuando la tutela no contenga una carga argumentativa mínima y coherente, o
pretenda reiterar y reabrir el debate de la causa en clave de instancia adicional, es
claro que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional porque este
no se limita a (i) señalar los derechos vulnerados, (ii) identificar los defectos y (iii)
presentar unos argumentos suficientes y coherentes. Los reparos, desde luego y
necesariamente, deben estar relacionados con los temas debatidos, pero no con
miras a que el juez constitucional asuma el papel de los jueces naturales, ni que
se agregue una instancia más a las que el legislador, dentro de su margen de
configuración legislativa, a bien tuvo prever. La jurisprudencia constitucional insiste
en que estos debates no satisfacen la existencia de relevancia constitucional:
La Corte ha establecido que “la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”72F30. Esto se justifica en el hecho de que la competencia del juez
28
Cita original de la providencia: Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
30
Cita Original de la providencia: sentencias T-131 de 2021, SU-573 de 2019 y T-102 de 2006.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
de tutela se restringe a asuntos de relevancia constitucional y con el propósito
de salvaguardar los derechos fundamentales. Tal premisa implica que la
autoridad judicial valore si la cuestión planteada gira en torno a derechos
fundamentales o si, por el contrario, encierra un debate legal como si se tratara
de una instancia adicional. (…)
102. En el presente caso, la tutela es empleada con el propósito de reabrir un
debate procesal que ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Esto es evidente si se tiene en cuenta que, tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, el accionante acudió al recurso de
amparo con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de controversias contractuales. Incluso la
petición de la tutela es que se profiera una sentencia sustitutiva que, en
últimas, persigue que se ordene el pago de la cuota de éxito solicitada. Es
decir, el objetivo de la acción constitucional es obtener un provecho
económico. De manera que se trata de una pretensión propia de un trámite
ordinario.31
En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por falta de
subsidiariedad y por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por la E.S.E.
Hospital del Rosario de Campoalegre, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la
fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
31
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
23
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02215-00
Demandante: E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Sentencia de tutela de primera instancia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
24
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