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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02216-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02216-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de junio de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el mecanismo de amparo, pero por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 20 Mayoritariamente la Sala aclara que, ello no quiere significar que toda violación al debido proceso puede ser tramitada a través del recurso extraordinario de revisión, pues la eventualidad que se presente debe necesariamente enmarcarse en alguna de las causales de revisión consagradas en el artículo 250 del CPACA. 21 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997). 14 Radicación: 11001-03-15-000-2022-02216-01 Accionante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02216-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02216-01
Accionante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado que declaró improcedente, pero por el
incumplimiento del requisito atinente a la subsidiariedad - los
argumentos que sustentan la supuesta vulneración del debido
proceso dan lugar a que se promueva el recurso extraordiona de
revisión, con fundamento en la causal quinta de revisión

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte
accionante en contra de la sentencia de 3 de junio de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a través de la cual
se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras
a obtener el amparo de su derecho fundamental «al debido proceso», cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 1° de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 68001-33-33-014-2014-00272-
01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que: «la señora PAOLA KARINA LEMUS JAIMES prestó sus servicios a
la CDMB desde el 10 de junio de 2008 como Supernumerario; posteriormente
suscribió Contrato de Prestación de Servicios y tuvo nombramientos en
provisionalidad, siendo su última vinculación la sostenida del 16 de mayo de 2012
al 09 de enero de 2014, desempeñando el cargo de SECRETARIO, CÓDIGO 4178

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02216-01
Accionante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga

GRADO 14, en provisionalidad, por nombramiento efectuado mediante Resolución
No. 000592, posesionada según Acta 00075/2012».

2.2. Indicó que, «mediante Acuerdo No. 1263 de 20 de diciembre de 2013, el Consejo
Directivo de la entidad modifica la planta de personal y en relación con el cargo de
SECRETARIO, CÓDIGO 4178 GRADO 14, decide suprimirlo», y agregó que:
«mediante comunicación del 9 de enero de 2014 se le informa a la funcionaria
PAOLA KARINA LEMUS JAIMES que a través del Acuerdo No. 1263 de 20 de
diciembre de 2013 se suprimió el empleo SECRETARIO, CÓDIGO 4178 GRADO
14, que ella desempeñaba en la entidad en provisionalidad».

2.3. Manifestó que la señora Lemus Jaimes promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento en contra de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con el
propósito de que se declarara nulo el Acuerdo No. 1262 de 20 de diciembre de 2013
y el acto administrativo por medio del cual le fue comunicada la supresión de su
empleo y, como consecuencia de ello, solicitó su reintegro y el pago de todas las
prestaciones sociales.

2.4. Indicó que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
profirió sentencia de primera instancia en la que «declaró la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio del 9 de enero de 2014 mediante el cual se
concretó la supresión del cargo que ocupaba la demandante en la CDMB; ordenó a
la CDMB el reintegro definitivo y sin solución de continuidad de la demandante, en
provisionalidad, a un cargo de Secretaria Código 4178 Grado 14 o a uno de similares
o mejores condiciones y le ordenó además, el pago a favor de la demandante, de
los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir como Secretaria Código
4178 Grado 14, desde la fecha de su desvinculación y hasta su efectivo reintegro.
Finalmente declaró que para todos los efectos legales y prestacionales no ha
existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de la
demandante a la entidad demandada, y denegó las demás pretensiones de la
demanda».

2.5. Puntualizóque «la decisión del A quo, fue objeto del recurso ordinario de
apelación, instaurando por parte de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, <y en lo pertinente para la presente acción
constitucional> el recurso interpuesto formuló reparos concretos contra la orden de
reintegro proferida como parte del restablecimiento del derecho».

2.6. Señaló que la «sentencia de segunda instancia, fue proferida por parte del
Tribunal accionado, el día primero de marzo de la corriente anualidad, y en
aplicación de la sentencia de unificación SU-556 de 2014, resolvió modificar los
artículos 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, confirmado el fallo en todo lo
demás».

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Accionante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga

2.7. Advirtió que «formuló solicitud de adición, aclaración y corrección, frente a la
sentencia del tribunal aquí accionando, por considerar: (i) que el Tribunal
Administrativo de Santander, había aplicado de manera incompleta la ratio
decidendi de la sentencia de unificación SU-556 de 2014, al excluir, precisamente,
el aparte que se refiere a los condicionamientos que deben darse para que proceda
la orden de reintegro en el restablecimiento del derecho. (ii) que el tribunal no se
había pronunciado respecto del problema jurídico planteado en el recurso de
apelación por medio del cual, se formuló oposición a la procedencia de la orden de
reintegro. (iii) porque se consideró una ruta procesal que podría subsanar un defecto
sustantivo de la sentencia, derivado de la falta de motivación frente a la procedencia
o improcedencia de la orden de reintegro, y (iv) que se estaba vulnerando la garantía
del debido proceso».

2.8. Destacó que la presente solicitud de amparo se «promueve para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, en la medida que, al ordenarse el
reintegro de un funcionario cuyo cargo fue suprimido, se le tendría que indemnizar
sustitutivamente por la imposibilidad del reintegro, muy a pesar de no tener derecho
preferente de reincorporación debido a que no se trata de un funcionario público con
derechos de carrera administrativa, y con ello, se le hará incurrir a mi representada
en la satisfacción de una erogación económica que no tiene sustento jurídico».

2.9. Afirmó que en la sentencia objeto de tutela se incurrió en defecto sustantivo, en
desconocimiento del precedente y en decisión sin motivación porque «la decisión
del reintegro se profirió sin motivación ni justificación razonable». En desarrollo de
ello, expuso, en síntesis, lo siguiente:

[…] Acorde con lo anterior, las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y SU-
354 de 2017, proferidas por la Corte Constitucional expresan que es viable
ordenar el “reintegro del servidor público desvinculado a su empleo, siempre y
cuando, el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido
provisto mediante concurso, no haya sido suprimido” (…) <negrillas y
subrayas propias>

La expresión: siempre y cuando, indica una condición que se ha de cumplir
necesariamente para que sea cierto o para que se produzca lo que se expresa.
Luego, el tribunal debía resolver un silogismo disyuntivo, y manifestar, <sí al
adicionar el aparte solicitado en adición: siempre y cuando; el cargo que venía
ocupando antes de la desvinculación no haya sido suprimido> es procedente
ordenar el reintegro o la condición para que se produzca el reintegro no se
cumple.

[…]

El Tribunal Administrativo de Santander impartió una orden de condena a título
de restablecimiento del derecho, que trasgrede el derecho fundamental a la
igualdad y al debido proceso de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, pues, no resolvió el problema jurídico
planteado en el recurso de apelación, y como se ha explicado líneas atrás,
ordenó el reintegro de una funcionaria sin derechos de carrera administrativa, y

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Accionante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga

sin entregar ningún argumento de valoración fáctica o jurídica que respalde tal
determinación.

[…]

En ese orden de ideas, se encuentra acreditado que la orden impartida como
restablecimiento del derecho por el A quo, en punto al reintegro y, confirmada
por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso administrativo, son
contrarias al precedente constitucional de la sentencia de unificación SU-566 de
2014, y al deber de motivar la sentencia en garantía del derecho fundamental
al debido proceso. […]

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 2.1. Amparar el derecho al debido proceso de la Corporación Autónoma
Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, vulnerado
por defecto sustantivo por insuficiencia y/o ausencia de motivación de la
decisión judicial, y por el desconocimiento del precedente constitucional de las
sentencias de unificación SU-556 de 2014, en materia de limite indemnizatorio
del daño, por sustraerse de resolver, si bajo las salvedades escritas en la
sentencia de unificación era viable ordenar el reintegro o no.

Consecuencial Principal:

2.2. Revocar parcialmente la sentencia de fecha 01 de marzo de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso radicado con el
No. 68001333301420140027201, en cuanto ordenó el reintegro de la
funcionaria sin motivación, ni justificación razonada, inadvirtiendo que,
conforme a la sentencia de unificación SU-566 de 2014, el reintegro no procede
en los casos en los cuales, el cargo ha sido suprimido; y porque la empleada no
tiene el derecho preferente de reincorporación previsto en el artículo 44 de la
ley 909 de 2004, para los empleados públicos de carrera administrativa.

Consecuencial Subsidiaria:

2.3. Dejar parcialmente sin efectos la sentencia de fecha primero de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso
radicado con el No. 68001333301420140027201, y ordenar a dicha autoridad
judicial, que dentro de un término razonable, profiera una sentencia
complementaria, en la que sean tenidos en cuenta los argumentos planteados
en el recurso de apelación; en su integridad, la sentencia de unificación SU-566
de 2014, en punto a las excepciones allí́ previstas para la orden de reintegro en
los casos en los cuales el cargo ha sido suprimido; y el derecho preferente de
reincorporación previsto en el artículo 44 de la ley 909 de 2004.

2.4. Las demás medidas que se estimen pertinentes para salvaguardar los
derechos constitucionales indicados en la presente acción constitucional. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La
magistrada de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 22 de abril de

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de la Meseta de Bucaramanga

2022, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó
como tercero con interés directo en los resultados del proceso a la señora Paola
Karina Lemus Jaimes.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a la vinculada, estas
optaron por guardar silencio dentro del presente trámite constitucional.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 3 de junio de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
deprecado por la entidad accionante, luego de considerar que no se cumplía con el
requisito de la relevancia constitucional, dado que se estaba ejerciendo esta acción
constitucional como si se tratara de una tercera instancia.

7. Como sustento de lo anterior, el a quo expuso las siguientes consideraciones:

[…] Revisada la demanda, se evidencia que la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga acudió a la acción de tutela con
el propósito de reabrir el debate jurídico suscitado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho respecto de las órdenes de reintegro
dispuestas, en el proceso promovido por la señora Paola Karina Lemus Jaimes
contra dicha corporación, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de
protección de derechos fundamentales no comporta una instancia adicional al
proceso ordinario.

Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se plantearon
los mismos argumentos que dieron lugar al recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
[…]

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante, a través de apoderado judicial, impugnó la sentencia de tutela
de primera instancia, al considerar que:

[…] Revisada en su integridad la sentencia de tutela de primera instancia, se
aprecia que el A quo, no abordó el problema jurídico planteado por el suscrito
apoderado, ni tuvo en cuenta los antecedentes fácticos que motivan la
trasgresión al derecho fundamental al debido proceso. Se erró desde el
recuento mismo de los antecedentes, al omitirse los más relevantes, y se erró
en la formulación del problema constitucional.

Puntualmente, el juzgador de primera instancia omitió, o pasó inadvertidos los
fundamentos jurídicos y de hecho establecidos en la demanda con los números
1.6, 1.7 y 1.10, en virtud de los cuales, se explicó que en el proceso judicial,
radicado 68001333301420140027200, mi representada promovió recurso de

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apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, y en dicho recurso
formuló reparos concretos contra la pretensión consecuencial del reintegro; sin
que el Tribunal Administrativo de Santander se pronunciara sobre esos motivos
de disenso.

En ese sentido, el yerro atribuido al Tribunal Administrativo de Santander, en
punto a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por confirmar
la orden de reintegro de un empleado, sin resolver ninguno de los problemas
jurídicos que sobre el particular se plantearon en el recurso de apelación,
(léase: empleado sin derechos de carrera administrativa, y cuyo cargo había
sido suprimido), resulta semejante al yerro que se le puede atribuir a la
sentencia de tutela de primera instancia, pues el juez constitucional no advirtió,
ni estudió, ni revisó la demanda de tutela en su integridad, y ello es claro, pues
si lo hubiese hecho, en efecto, habría llegado a una conclusión diametralmente
distinta.

[…]

Ahora, obsérvese que el problema constitucional en el presente caso, no es que
se tenga rencilla con una decisión judicial, es que mi representada formuló
reparo concreto frente a la pretensión consecuencial del reintegro de la señora
Paola Karina Lemus Jaimes a través del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, y el Tribunal Administrativo de Santander, en
sede de segunda instancia, no lo resolvió, pero sí confirmo la condena
consecuencial. (Léase: incurrió en defecto sustantivo por insuficiencia y/o
ausencia de motivación de la decisión judicial).

De corolario, no resulta admisible para este profesional del derecho, que el
sentenciador de primera instancia, exprese como razón de la decisión, que mi
representada otea la presente acción constitucional como una instancia judicial
adicional; contrario a ello, lo pretendido es que se garantice el debido proceso
y se ordene el pronunciamiento del juez competente sobre el recurso de
apelación y el reparo concreto que efectuó mi poderdante frente al derecho de
reincorporación que se le confirió a la señora Paola Karina Lemus Jaimes, eso
sí, se itera sin resolver el problema jurídico planteado, sin derecho de carrera
administrativa y frente a un cargo suprimido de la planta de personal de la
entidad que represento.

En el presente asunto, la acción de tutela se promovió para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, en la medida que, al ordenarse el
reintegro de un funcionario cuyo cargo fue suprimido, se le tendría que
indemnizar sustitutivamente por la imposibilidad del reintegro, muy a pesar de
no tener derecho preferente de reincorporación, debido a que no se trata de un
funcionario público con derechos de carrera administrativa, y con ello, se le hará
incurrir a mi representada en la satisfacción de una erogación económica que
no tiene sustento jurídico. […]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de

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noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la sentencia objeto de tutela y que fue proferida
en segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 68001-33-33-014-2014-
00272-01, vulneró el derecho fundamental del debido proceso de la parte
accionante, al incurrir presuntamente en defecto sustantivo, en
desconocimiento del precedente y en decisión sin motivación.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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de la Meseta de Bucaramanga

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

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de la Meseta de Bucaramanga

VIII.4. El caso concreto

19. LaCorporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras
a obtener el amparo de su derecho fundamental «al debido proceso», cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 1° de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 68001-33-33-014-2014-00272-
01.

VI.4.1.1. Subsidiariedad y/o agotamiento de todos los medios de defensa
judicial en el caso sub examine

20. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla
general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede
reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y
residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 9, que
expresamente prescribe: «La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

21. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

22. a Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia
que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende

9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
10
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una
instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos
judiciales […]11.

23. En ese sentido, se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril
de 2019, en la que expuso lo siguiente: «la tutela no puede ser utilizada como acción
judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios
ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales
controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable»12.

24. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

25. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

26. La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio
irremediable en los términos siguientes:

[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar,
el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […].13

27. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, en el caso sub examine, la
parte accionante consideró que el Tribunal accionado, al proferir la sentencia de
1° de marzo de 2022, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto
«la decisión del reintegro se profirió sin motivación ni justificación razonable».

11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
12
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de 2019.
Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Sentencia T-1316 de 2001.

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28. A partir de lo expuesto, la parte impugnante advirtió que se incurrió en defecto
sustantivo, en desconocimiento del precedente y en decisión sin motivación; sin
embargo, para la Sala, aunque se alega la configuración de tres (3) causales de
procedibilidad, cualquier pronunciamiento que se emita en el presente trámite
constitucional, estará dirigido a determinar si la autoridad judicial accionada profirió
una decisión sin motivación.

29. Ello es así porque, tanto del escrito de tutela como de aquel contentivo de la
impugnación, se advierte que la parte accionante controvierte la decisión objeto de
censura luego de considerar que en ella no se resolvió el reparo concreto que
planteó respecto de la orden de reintegro, tal como se evidencia de los siguientes
apartes del mecanismo de amparo:

[…] Ahora, obsérvese que el problema constitucional en el presente caso, no es
que se tenga rencilla con una decisión judicial, es que mi representada
formuló reparo concreto frente a la pretensión consecuencial del reintegro
de la señora Paola Karina Lemus Jaimes a través del recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, y el Tribunal Administrativo de
Santander, en sede de segunda instancia, no lo resolvió, pero sí confirmo la
condena consecuencial. (Léase: incurrió en defecto sustantivo por insuficiencia
y/o ausencia de motivación de la decisión judicial).

De corolario, no resulta admisible para este profesional del derecho, que el
sentenciador de primera instancia, exprese como razón de la decisión, que mi
representada otea la presente acción constitucional como una instancia judicial
adicional; contrario a ello, lo pretendido es que se garantice el debido
proceso y se ordene el pronunciamiento del juez competente sobre el
recurso de apelación y el reparo concreto que efectuó mi poderdante
frente al derecho de reincorporación que se le confirió a la señora Paola
Karina Lemus Jaimes, eso sí, se itera sin resolver el problema jurídico
planteado, sin derecho de carrera administrativa y frente a un cargo suprimido
de la planta de personal de la entidad que represento. […] (Negrillas por fuera del
texto original)

30. En este contexto, es pertinente señalar que, tal como lo ha considerado con
anterioridad esta Sección14, los argumentos asociados con la ausencia de
motivación en la sentencia dan lugar a que se promueva el recurso extraordinario
de revisión, bajo la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, en consideración a que
así lo precisó esta Corporación15 al pronunciarse respecto del alcance de la referida
causal:

[…] IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión

La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida
para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata
de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser
14
Frente al cargo de decisión sin motivación, ha señalado esta Sala que procede el recurso de extraordinario de revisión, Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de abril del 2020, número único
de radicación: 11001 03 15 000 2020 00579 00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de julio de 2020, número único de radicación: 11001-03-15-
000-2020-02431-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del 5 de abril del
2016, número único de radicación: 11001 03 15 000 2008 00320 00. C.P. Danilo Rojas Betancourt.

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desoídas y “ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían
groseramente”16.

Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la
sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe
alegarse por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo 140
del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de
declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia”17.

La regla precedente no excluye, claro está, “la posibilidad de alegar como
nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento
anterior a la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida
por el recurrente durante el curso del proceso”18.

En este último caso, sin embargo, como también lo ha advertido la Sala Plena
de esta Corporación, “el afectado tiene la carga de probar que no tuvo la
oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se
convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en el
proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad
prevista en el artículo 142 C.P.C.”19.

[...]

Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso […]”
(Resalta la Sala)

31. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine existe otro
mecanismo de defensa judicial para garantizar la protección del derecho
fundamental del debido proceso de la parte accionante y controvertir lo decidido en
la sentencia objeto de tutela, como lo es, el recurso extraordinario de revisión.

32. Sumado a lo anterior debe señalarse que, conforme a lo sostenido por la Corte
Constitucional en sentencia SU-263 de 2015, reiterada en providencia SU-026 de
2021, «la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso
contencioso administrativo se alega la vulneración del debido proceso y este
derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión», circunstancias que se presentan en el sub examine ya

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, expediente 6390, C.P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, expediente 1164-08, C.P. Gustavo Gómez Aranguren y de 20
de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiterada
en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas y de 7 de abril de 2015,
rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
18
Ibíd.
19
Consejo de Estado. Sala Plena, sentencia de agosto 6 de 2013, rad. 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02216-01
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que únicamente se alega la vulneración del debido proceso20 y los argumentos que
sustentan tal afectación encuadran de manera integral dentro de la causal quinta de
revisión, tal como se expuso previamente.

33. Por los anteriores razonamientos, para la Sala resulta forzoso concluir que, en el
sub lite, ante la existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses de
la parte accionante, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de la
pretensión de amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados en el
escrito de tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez de la causa
y, además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable para que su solicitud de amparo procediera como mecanismo
transitorio21.

34. Por
tanto, se confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente el
mecanismo de amparo, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de junio de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el mecanismo de amparo, pero por las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

20
Mayoritariamente la Sala aclara que, ello no quiere significar que toda violación al debido proceso puede ser tramitada a
través del recurso extraordinario de revisión, pues la eventualidad que se presente debe necesariamente enmarcarse en
alguna de las causales de revisión consagradas en el artículo 250 del CPACA.
21
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02216-01
Accionante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

P(18)

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